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Microeconomía Resumen IX

Departamento de Economía Aplicada

IX. FALLOS DEL MERCADO 9

Una asignación es óptima en el sentido de Pareto o Pareto eficiente si no existe otra que permita mejorar la posición de un individuo sin que los otros se vean perjudicados. El equilibrio competitivo conseguido mediante el sistema de precios permite alcanzar un óptimo paretiano. Por consiguiente, la equivalencia

P = C Mg

muestra una situación que no es sus-

ceptible de alteración por parte de los consumidores ni de las empresas. 9

Para que el sistema de precios asegure la consecución de un resultado eficiente se requiere que se satisfagan ciertas condiciones, entre las que cabe destacar: Ausencia de incertidumbre. Existencia de mercados para cualesquiera bienes y/o servicios. Definición nítida de los derechos de propiedad. Inexistencia de poder o dominio de mercado. Ausencia o imputación completa de efectos externos. Información perfecta asequible para todos los agentes sin costes de transacción significativos.

© 2008, miguel guerrero

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Cuando se identifica alguna de las condiciones reseñadas, se dice que existe un fallo del mercado, i.e., que el equilibrio competitivo genera una asignación subóptima o ineficiente de los recursos.

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Una asignación ineficiente persistirá por alguna de las razones siguientes: Porque los agentes tengan un control insuficiente sobre las mercancías como para efectuar intercambios ventajosos o actividades de producción que rindan beneficio. Porque dispongan de información incompleta para alcanzar tales oportunidades. Cuando las partes individuales en un intercambio estén en desacuerdo sobre cómo distribuirse las ganancias de forma mutuamente provechosa.

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Los fallos del mercado se refieren a situaciones concretas en las que están presentes todas o algunas de las causas de ineficiencia mencionadas (competitivas, informativas, imputativas). Dichas situaciones son consecuencia de: Presencia de monopolios. Interdependencias extramercado. Existencia de bienes públicos. Persistencia de recursos de acceso común.

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Un bien público es aquel de cuyo disfrute no puede excluirse a ningún miembro de la población (principio de no exclusividad), independientemente de quién pague, y cuyo consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad disponible para otros individuos (principio de no rivalidad). Las características del bien público propician la aparición del individuo free-rider, “gorrón”, que pretende disfrutar de dichos bienes sin contribuir a su provisión pública vía impuestos, tributos o tasas principalmente. Cf. img. IX.1

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Se generan efectos externos o externalidades económicas cuando una proporción de los costes (externalidades negativas o deseconomías externas) o beneficios (externalidades positivas o economías externas) de una actividad económica revierten sobre agentes distintos de los que han provocado esos efectos.

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Internalizar una externalidad económica consiste en alterar los incentivos para que las personas tengan en cuenta los efectos externos de sus actos.

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La forma habitual de internalizar a fortiori una externalidad negativa, e.g. la contaminación medioambiental, consiste en su regulación pública por medio de alguno o varios de los siguientes instrumentos económicos:

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Prohibición total de la actividad contaminante. Umbrales máximos de contaminación permisible. Impuestos pigouvianos que graven la actividad y que reviertan en los agentes perjudicados. Licencias de contaminación que permitan contaminar hasta un nivel considerado aceptable. 9

El teorema de Coase puede enunciarse diciendo que en un sistema competitivo, y suponiendo que los efectos renta y los costes de transacción son irrelevantes, los acuerdos voluntarios entre los distintos agentes pueden conducir a una situación socialmente óptima incluso si existen efectos externos, siendo el resultado independiente de cómo se asignen los derechos de propiedad del recurso en cuestión.

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Los costes de transacción de mercado se definen como los recursos usados para establecer, mantener e intercambiar los derechos de propiedad, i.e., como la suma de costes, explícitos e implícitos, requeridos para llevar a cabo la actividad económica. Los costes de transacción pueden clasificarse en: Costes de búsqueda de información. Costes de decisión y negociación. Costes de ejecución y control.

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Las externalidades negativas (positivas) hacen que los mercados produzcan una cantidad mayor (menor) que la socialmente deseable.

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Un mercado con una externalidad positiva asociada a la producción o al consumo de un bien será ineficiente. En el equilibrio del mercado el beneficio marginal de todas las partes es mayor que el coste marginal de todas ellas. Cf. img. IX.2 a IX.4

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Existe información asimétrica cuando la información sobre la calidad y características de los bienes y servicios intercambiados o sobre las acciones o características de los agentes que influyen en aquellas no está distribuida de forma equilibrada entre los consumidores y los productores. La información imperfecta se refiere a situaciones de incertidumbre, sorpresa, riesgo o ignorancia insalvable en las que los costes de transacción inherentes al incremento substancial de la información son muy considerables.

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Existe riesgo o azar moral cuando la cobertura de un seguro induce a la reducción de los incentivos de las personas para evitar o prevenir el suceso arriesgado y, por tanto, altera la probabilidad de experimentar pérdidas.

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Existe selección adversa cuando las personas que corren los mayores riesgos son las que compran con mayor probabilidad el seguro que ampara el suceso de que se trate.

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La intervención del sector público, al pretender la corrección de los fallos del mercado, genera, de hecho, distorsiones e ineficiencias adicionales que se conocen como fallos del Estado o fallos del sector público. Algunos de los más relevantes son:

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La información imperfecta. La ausencia de competencia. Las distorsiones impositivas derivadas del grado de incidencia y del exceso de carga o de gravamen de los impuestos. El corto plazo electoral de las actuaciones. Las motivaciones e intereses de burócratas, políticos, grupos de presión (lobbies), y

buscadores de rentas

(rent-seekers). Cf. img. IX.5 a IX.9

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