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Tribunal Supremo (Sala de lo Civil).Sentencia de 9 marzo 1992RJ\1992\2009

Tribunal Supremo (Sala de lo Civil). Sentencia de 9 marzo 1992 RJ\1992\2009

SOCIEDAD MERCANTIL IRREGULAR: concertación para la explotación comercial de un negocio de ferretería: constitución: voluntad societaria manifestada por actos inequívocos: falta de escritura pública e inscripción registral: carencia de personalidad frente a terceros: calificación como sociedad irregular colectiva: procedencia. PRINCIPIOS PROCESALES: CONTRADICCION: prueba anticipada: no requiere la intervención en ella del potencial demandado; INMEDIACION: exige que los jueces vean por sí mismos los pleitos que han de fallar, pero no que hayan de fallarlos quienes intervinieron en la prueba; «IURA NOVIT CURIA»: no incurre en incongruencia la sentencia que califica como mercantil la sociedad que en la demanda se calificaba de civil.

Jurisdicción: Civil Recurso núm. 275/1990 Ponente: Excmo Sr. josé almagro nosete

D. Jerónimo D.B. promovió juicio declarativo de menor cuantía contra D. Eusebio G-A y cuatro más, solicitando en su demanda se declarara constituída entre ellos una sociedad civil y el derecho del demandante a obtener su disolución y liquidación, con la consiguiente distribución del activo resultante entre los socios. El Juzgado de Primera Instancia nº 1 de Madrid estimó la demanda en lo esencial. Recurrida en apelación por los demandados, la Sección 13ª de la Audiencia Provincial revocó la sentencia de primera instancia en el solo particular relativo a la calificación de la sociedad como mercantil irregular.Los demandados interpusieron recurso de casación.El T.S. declara no haber lugar al recurso interpuesto.

FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.Impugnan los recurrentes, por medio del primer motivo del recurso, que se apoya en el núm. 4.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, las resultancias probatorias que han conducido en las dos instancias a la apreciación de la existencia de una sociedad entre los litigantes, adjetivada como civil inicialmente y, luego, en la sentencia recurrida como sociedad mercantil, no unos particulares concretos, que son los apropiados para dirigir, rectamente, la denuncia del error de hecho que este ordinal ampara, poniendo en confrontación el dato o punto erróneo tenido como probado con la opuesta veracidad del documento, ignorado, omitido o tergiversado en su contenido, sino con la inaceptable intención de revisar todo el resultado de la prueba, mediante la cita de unos documentos que han sido valorados de manera diferente a como lo hace la parte, pero no errónea, en el conjunto de una serie de medios probatorios, entre los que ha destacado, precisamente, por las características del asunto, la valoración dada a la prueba testifical y la declaración que prestó como prueba anticipada en su domicilio por imposibilidad física y ante la judicial presencia la ya fallecida doña Purificación B. J., junto a elementos documentales de significación coincidente con el juicio de hecho establecido. Ni el testamento, ni los justificantes del pago de impuestos, ni los contratos laborales, ni las pólizas de seguros, son, dados los términos en que el litigio se planteó, documentos que por sí mismos desvirtúen el resultado de la prueba a que se llegó; y,


mucho menos, puede invocarse, como principal documento, que patentiza el error de hecho, unas manifestaciones mecanografiadas y suscritas por la anciana doña Purificación, con posterioridad al acto de la declaración judicial, para contradecir las manifestaciones que prestó ante «la presencia judicial» y con las demás formalidades legales, razones que llevan a la desestimación del motivo, ya que no cabe en este momento declarar la inadmisión, tal como solicitó en su día el Ministerio Fiscal. SEGUNDO.Carece de viabilidad casacional, la supuesta violación del art. 24 de la Constitución ( RCL 1978\2836 y ApNDL 2875) que se dice cometida, apoyándose, además, en el art. 2.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985\1578, 2635 y ApNDL 8375), formulado bajo la tutela procesal del núm. 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con el argumento de que «no se respetó en ningún momento principio de inmediación», infracción que deduce de la circunstancia de no haber sido la misma persona el Juez que intervino en las diligencias probatorias y el Juez que dictó la sentencia, suceso que ninguna regla constitucional ni procesal vulnera ; aún más, se produce con relativa frecuencia, y ello, con independencia de las consideraciones de «lege ferenda» que puedan hacerse sobre la conveniencia de acentuar las exigencias de tal principio en nuestras leyes procesales, aunque nunca con consecuencias extremadas, como serían las de exigir que todas las pruebas se practicaran ante el mismo Juez que dicta la sentencia o que nunca el Juez que comenzó el asunto pueda ser sustituido, conforme a la ley, por otro: la única obligación que en este orden impone la Ley de Enjuiciamiento Civil a los jueces y magistrados es que vean por sí mismos los pleitos y actuaciones para dictar autos y sentencias (art. 318), norma que no ha sido conculcada .

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TERCERO.Denuncia el tercero de los motivos, al amparo del núm. 5 del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la falta de aplicación de la doctrina jurisprudencial reiterada sobre falta de litisconsorcio pasivo necesario que establece el deber de declararlo incluso de oficio, cuestión que basan los recurrentes en no haber sido demandada la sociedad que de haber existido tendría como accionistas a numerosos herederos. Lo inane de la argumentación resulta del propio planteamiento, si se atiende a que la sentencia recurrida sostiene el carácter irregular de la dicha sociedad, y, por tanto, la inexistencia de personalidad jurídica de la misma al margen de los socios que la constituyeron o sus derechohabientes (que nunca serían accionistas sino partícipes), amén de ser la existencia de la referida sociedad lo que se discute, de manera que mal puede entenderse que sea incompleto el cupo de los demandados, puesto que lo que ventilan son las relaciones contractuales, y su naturaleza social, habidas entre las partes y sus herederos, a los que se circunscribe el alcance de la cosa juzgada. En consecuencia el motivo perece. CUARTO.-Bajo en núm. 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil acusan los recurrentes, numerado como cuarto motivo, la infracción, otra vez, del art. 24 de la Constitución porque entienden que la prueba testifical anticipada consistente en la declaración que prestó doña Purificación, al realizarse sin intervención de la parte demandada y sin respetar el principio de contradicción , a su juicio, ha producido indefensión para aquéllos. En realidad, la declaración de la luego demandada se solicitó como prueba testifical y no como prueba de confesión, según la califican los recurrentes, pero este extremo no es básico a los efectos que se discuten, pues aun habiéndose admitido, según se pidió, como prueba testifical, la naturaleza del acto excluye la participación de una parte demandada que todavía es sólo potencial dado que el art. 502 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, configura las pruebas anticipadas, como actos de prueba anteriores a la demanda, esto es como actos preparatorios que, necesariamente, no tienen que ir seguidos de la demanda , pues el resultado de los mismos cabe que determine su no presentación; de aquí, que el referido precepto, emplee la expresión «informaciones de testigos», que es el mismo que se utiliza en otros lugares de la Ley de Enjuiciamiento Civil (arts. 1636 y 1653 v.g.) cuando todavía no hay intervención de parte contraria, ni, por tanto, contradicción. De todos modos, cuando los recurrentes-demandados conocieron la demanda presentaron las manifestaciones por escrito de la interesada, desdiciéndose de lo declarado, esto es, arguyeron cuanto pudieron en su defensa; pero lo más importante, con todo, es que la parte recurrente trata de fijar, exclusivamente, la atención en un punto que sólo adquiere interés dentro de las demás declaraciones prestadas y en razón de todos los elementos de prueba que han servido para formar la convicción judicial. Por tanto, el motivo decae. QUINTO.Por medio del quinto motivo, que sustenta el núm. 5.º del art. 1692 y explicita la infracción del art. 1282 del Código Civil, los recurrentes, intentan hacer supuesto de la cuestión ya decidida en cuanto a los hechos, pues, de la falta de contrato escrito que exprese la voluntad societaria, se trata de establecer 04 de marzo de 2011

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conforme a actos coetáneos y posteriores de los socios (que no se especifican con amplitud y detalle cuáles son), la carencia de intención asociativa que pugna con lo declarado con fuerza de hechos probados. De aquí que, también, el motivo decaiga. SEXTO.Denuncian, en el sexto motivo, bajo el núm. 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la inaplicación del art. 119 del Código de Comercio, al considerar que no existe sociedad, dado que la creación de una sociedad mercantil, exige el otorgamiento de escritura notarial y la inscripción en el Registro mercantil, requisitos que sólo tienen carácter constitutivo en las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, pero no en las «compañías colectivas» , según, además, reconoce, con carácter más general, el art. 120 siguiente al invocado como infringido, por inaplicación, que expresamente contempla las consecuencias para los encargados de la gestión social con la contravención de las disposiciones del artículo precedente, y, de donde se infiere, por otra parte, la exacta calificación de sociedad irregular colectiva que atribuye la sentencia recurrida a las actividades societarias de los litigantes cuyo objeto consiste en la explotación comercial de un negocio de ferretería. Ergo, el motivo perece. SEPTIMO.Sin, prácticamente, ninguna argumentación conducente a la explicación del motivo, salvo algunas referencias inconexas a la prueba documental y su valoración que ya fue objeto de examen y de desestimación al tratar del motivo primero, por medio del articulado bajo el número séptimo, que se apoya como los anteriores en el núm. 5.º del art. 1692 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se acusa una pretendida violación del art. 1281, párr. 2.º del Código Civil, que carece de toda aplicación al caso, puesto que la prueba de la sociedad se ha establecido, no con base en un contrato escrito, ni con apoyo en un contrato verbal relatado oralmente por testigos o por medio de confesión en todas sus partes, cuyas cláusulas fueran oscuras, sino como consecuencia de una serie de actos inequívocos expresivos de la voluntad contractual societaria, corroborados en cuanto a la intención de las partes por medio de pruebas testificales. Asimismo, el motivo decae. OCTAVO.-Con apoyo erróneo en el núm. 5.º del art. 1692, se denuncia, como motivo octavo, la interpretación inadecuada del art. 548, párr. 2.º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que prohíbe alterar las pretensiones que sean objeto principal del pleito, causa, impugnatoria, íntimamente relacionada, con la que, finalmente, bajo el mismo equivocado ordinal, tratan los recurrentes, como motivo noveno, lo que permite su examen conjunto, y, en el que acusa la incongruencia de la sentencia, sustentándose en el párr. 1.º del art. 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En síntesis los recurrentes ponen de relieve que, en ningún momento, la parte actora, calificó como mercantil el contrato de sociedad cuyo reconocimiento solicitó, sino antes bien en repetidas ocasiones (así en el suplico de la demanda) se refirió a la existencia de una sociedad civil, extremos que, a su juicio, deberían conducir a que se estimase no congruente con las pretensiones del actor la sentencia de segunda instancia, que, a diferencia, de la de primera instancia que mantuvo la existencia de una sociedad civil ha decantado su posición jurídica, a favor de esta otra segunda calificación, no pedida por el actor, ni contemplada, por tanto, en su pretensión, según se deduce de los respectivos escritos de alegaciones. La incertidumbre del actor, que en su escrito de demanda, habla, efectivamente, «del derecho a pedir y obtener la disolución y liquidación de la sociedad civil propietaria de la Ferretería Arevalillo», al tiempo que, en otro lugar, del suplico, se refiere «a la declaración de la aportación de dinero para la creación y puesta en marcha del negocio mercantil de ferretería que funciona en el tráfico bajo el nombre de Ferretería Arevalillo», no permite establecer que la petición del mismo excluyera la calificación de mercantil, que, además, dados los términos en que el debate se planteó, con expresa negativa de los recurrentes a reconocer cualquier tipo de sociedad (civil, mercantil, regular o irregular), no incide en la sustanciación fáctica de la pretensión, ni altera la «causa petendi» desenvolviéndose el punto de vista jurídico que sostiene la Sala sentenciadora, dentro del margen que, sin cambio de pretensión, admite la regla «iura novit curia», habiéndose limitado a corregir el concepto calificatorio de la sociedad, que, a juicio de esta Sala es también más acertado, puesto que materialmente la actividad societaria es actividad mercantil y el establecimiento, como el mismo demandado lo reconoce tiene carácter igualmente mercantil , aunque las dudas sobre la cuestión sean explicables teniendo en cuenta las vacilaciones doctrinales sobre la nítida separación entre sociedades civiles y mercantiles, especialmente acentuadas en el caso de las irregulares; mas, en todo caso, la diferencia de calificación no altera básicamente los pedimentos ni los pronunciamientos que, en su día se hicieron y confirmó la sentencia recurrida. Consecuentemente, los motivos son desestimados. NOVENO.-


La desestimaci贸n de todos los motivos apareja la declaraci贸n de no haber lugar al recurso de casaci贸n y la imposici贸n de costas (art. 1715 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).

Sentencia de 9 marzo 1992 mercantil  

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