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1. EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 1.1 CARACTERÍSTICAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO El ordenamiento jurídico no es una mera agrupación de normas, sino una unidad en sí misma, no obtenida mediante la abstracción científica, sino unidad concreta y efectiva. La teoría de las fuentes es justamente aquella disciplina que se centra en el análisis de los procedimientos de produción normativa que, como tales, quedan enunciados básicamente en la Constitución. Se puede entender entonces que el objeto básico de esta teoría sean las normas, y fundamentalmente aquellas normas que se destinan a regular los mecanismos de creación del Derecho. De ahí que el ordenamiento sea contemplado como un sistema normativo. El ordenamiento jurídico puede caracterizarse a través de rasgos esenciales tales como la unidad, la coherencia y la plenitud. Estas cualidades están orientadas a hacer del ordenamiento un sistema realmente operativo que permita dar respuestas a las necesidades de los ciudadanos y haga posible la seguridad jurídica. 1.2 PLURALIDAD DE ORDENAMIENTOS Sólo es procedente el planteamiento de aquellas relaciones que tengan relevancia jurídica, entendiendo por tales aquellas que se generan en virtud de un título jurídico, mediante el cual un ordenamiento puede condicionar la existencia, el contenido o la eficacia de otro ordenamiento. El ordenamiento estatal sigue siendo el centro de imputación de las diversas relaciones que pueden producirse entre los ordenamientos que vamos a considerar. El ordenamiento internacional se puede definir como un ordenamiento superior al estatal. Pero esa superioridad debe compaginarse con el hecho de que los ordenamientos estatales son a la vez presupuesto de existencia del Derecho internacional, constituyen el fundamento de su validez. Además, el ordenamiento estatal es siempre un orden originario, que no depende, en cuanto a su validez, de otros ordenamientos. 1


El ordenamiento constitucional es el centro de imputación de las relaciones que se producen dentro de su ámbito de validez. No sólo determina la validez de los ordenamientos internos, sino también la del ordenamiento europeo dentro de su propio territorio, en la medida en que el reconocimiento del Derecho europeo fue una condición previa para su validez dentro del Estado. El Derecho estatal no puede identificarse con el ordenamiento constitucional (ya que es sólo una parte del mismo), por lo que es preciso plantearse la relación entre uno y otro en términos de validez-legitimidad, esto es, de adecuación al parámetro de constitucionalidad. Desde esa perspectiva, ordenamiento autonómico y ordenamiento estatal se sitúan en un plano de igualdad ante el ordenamiento constitucional. El ordenamiento constitucional define las condiciones de validez del Derecho estatal ( emanado del poder general del Estado ) y del Derecho autonómico ( emanado de los poderes territoriales del Estado ). Esta paridad de los dos ordenamientos no está reñida con el reconocimiento constitucional de potestades superiores al poder general del Estado, que tienen su fundamento en determinados principios constitucionales. 2. PRINCIPIOS ESTRUCTURADORES DEL O. J. Artículo 9.3 de la Constitución Española: "La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irrectroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos." 2.1 LA UNIDAD DEL ORDENAMIENTO La unidad del ordenamiento es una exigencia básica de su condición de orden jurídico. Unidad no es equivalente a uniformidad, indica tan sólo que debe existir un punto de referencia hacia donde se puedan reconducir todas las normas. La determinación de la juridicidad de las normas, reconducida siempre a otras normas que la fundamentan, conduce finalmente a una norma primera, cuya juridicidad no puede explicarse, porque 2


implica a su vez la juridicidad del ordenamiento jurídico, y que debe asumirse como un dato, un postulado del que necesariamente hay que partir en el análisis dogmático del Derecho. La Constitución es generalmente la Norma Fundamental de la que se deriva la validez del resto de las normas del sistema jurídico. 2.1.1 EL PRINCIPIO DE CONSTITUCIONALIDAD En el artículo 9.1 de la Constitución Española se establece que " Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico". Una primera constatación de ese significado es la relevancia que se otorga a la propia Constitución respecto de la vinculación de los ciuadanos y de los poderes públicos, los cuales están sometidos primero a la Constitución, y después al resto del ordenamiento jurídico. Se reconoce así el principio de constitucionalidad como principio básico del sistema jurídico. Una segunda cuestión que plantea este precepto es la de los destinatarios de las normas. La tradicional asignación de las normas a los órganos jurisdiccionales propia de una concepción imperativista del Derecho, se sustituye aquí por una noción más cercana a la idea de ordenamiento, y en virtud de la cual todos los ciudadanos y los poderes públicos están sometidos al orden jurídico. Esta vinculación se manifiesta como obligación de cumplimiento ( de los ciudadanos y de los poderes públicos ) y de aplicación (de los poderes públicos) de las normas del sistema jurídico. Ante la ley, expresión del principio democrático dentro de la Constitución, los tribunales ordinarios sólo pueden acatar sus mandatos, o impugnarlos planteando la cuestión de inconstitucionalidad para que el Tribunal Constitucional decida sobre su legitimidad (art. 163 CE). En modo alguno podrán inaplicar un precepto legal por entender que vulnera el contenido esencial de un derecho constitucional. Si no es posible acomodar, por medio de la interpretación del precepto legal, la normativa legal a la constitucional, lo procedente es plantear la cuestión de inconstitucionalidad. 2.1.2 LA SEGURIDAD JURÍDICA

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Puede destacarse los siguientes rasgos: 1) La posibilidad de conocimiento por parte de los ciudadanos de las normas en virtud de las cuales serán evaluadas jurídicamente sus acciones. 2) La conciencia de que su interpretación del derecho aplicable coincide con la que la propia sociedad asume. 3) La confianza en la efectividad del ordenamiento y, por tanto, en la adhesión al mismo por parte de los ciudadanos y en la aplicación consiguiente de sus normas. Estos rasgos confluyen, en cuanto a su resultado, en la capacidad de previsión, por parte del individuo, de las consecuencias jurídicas de sus acciones, y de las acciones de los demás. La seguridad jurídica es así la seguridad que el individuo tiene en el Derecho, en cuanto a la valoración que el ordenamiento realice de su actividad social. La seguridad jurídica es suma de los principios constitucionales: irretroactividad, seguridad, interdicción de la arbitrariedad, legalidad, jerarquía normativa y responsabilidad; equilibrada de tal suerte que permita promover, en el ordenjurídico, la justicia y la igualdad en libertad. 2.2 LA COHERENCIA DEL ORDENAMIENTO La coherencia no debe enfocarse desde la inexistencia de antinomias, sino desde la previsión por el ordenamiento de principios que hagan posible la solución de las colisiones normativas y la determinación del Derecho aplicable. Por conflicto normativo hay que entender aquella situación de incompatibilidad que se produce entre dos normas que pertenecen al mismo ordenamiento y tienen el mismo ámbito de validez, en virtud de la cual la aplicación de una de las normas conduce a resultados contrarios a los que se generan con la aplicación de la otra. 2.2.1 EL PRINCIPIO DE JERARQUÍA Aunque el criterio jerárquico ya no es prinipio único de estructuración del ordenamiento, su importancia no puede obviarse 4


en modo alguno. Podríamos caracterizar la relación jerárquica señalando que esta relación implica un deber de obediencia de la norma inferior respecto de la superior, manifestado a través de una relación internormativa directa, y que va unido a la ausencia de obligación de respeto de la norma superior en relación con la norma inferior. Otros rasgos del principio de jerarquía son: 1) En función del origen de la norma. 2) En virtud de la fuerza que desarrolla cada una de las normas. 3) De acuerdo con las consecuencias que se pueden derivar del incumplimiento del deber de obediencia que se manifiesta. 2.2.2 EL PRINCIPIO DE COMPETENCIA La competencia en sentido estricto supone la atribución de poder normativo a un órgano. Así pues, la competencia implica un deber de respeto recíproco entre dos normas (por tanto entre sus órganos productores) en las que no coincide el ámbito material de validez, tratándose de una relación indirecta que se produce a través de otra norma interpuesta (la Constitución). El incumplimiento del deber de respeto puede ser sancionado con la invalidez de la norma que se exceda respecto de su competencia. 2.2.3 EL PRINCIPIO DE PREVALENCIA El principio de prevalencia va unido a la delimitación de competencias entre el poder general y los poderes territoriales,su estructura depende de cómo se distribuyan las competencias.Se podría definir al principio de prevalencia como una categoría intermedia entre competencia y jerarquía. Esto es, la prevalencia consiste en una relación que se produce sobre el mismo ámbito material de validez al contrario de lo que ocurre cuando se aplica el principio de competencia. A diferencia de la jerarquía, puede operar también sobre la misma categoría normativa de regulación: al igual que en la relación competencial, puede haber prevalencia entre dos normas de distinto o de igual rango, ya que, en definitiva, este elemento resulta irrelevante desde el punto de vista de la prevalencia.

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2.2.4 EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD El principio de especialidad es sin duda el antecedente más inmediato del principio de competencia. Puesto que tienen la misma finalidad: hacer posible la aplicación de normativas singulares a grupos sociales también singulares, permitir que determinados sectores no se rigan por el patrón general, habilitándoles una regulación específica que se adapte en mayormedida a sus necesidades. La especialidad, sin embargo, supone una autolimitación de la misma fuente de tal modo que mientras la autolimitación permanezca prevalecerá siempre la ley especial sobre la general ( incluso sobre leyes generales posteriores). Se produce así un mero desplazamiento de la norma general, que no pierde su validez sino que simplemente se inaplica en el ámbito más limitado establecido para la ley especial. La ley general sigue desarrollando su eficacia fuera de ese ámbito. 2.2.5 EL PRINCIPIO CRONOLÓGICO El criterio cronológico tiene utilidad para resolver conflictos normativos producidos por manifestaciones sucesivas de voluntad del mismo órgano normador. Implica, por tanto, que la voluntad expresada posteriormente se impone sobre la que había vertido el órgano con anterioridad. Se formula mediante el principio de que la norma posterior en el tiempo deroga a la anterior, principio que debe corresponderse con una norma tácita o expresa de Derecho positivo. 2.3. LA PLENITUD DEL ORDENAMIENTO La plenitud no se considera ya un presupuesto o un punto de partida previo al proceso de interpretación y aplicación del Derecho, sino el resultado tendencial de un proceso. El ordenamiento, por consiguiente, no es ya completo, sino completable, en la medida en que los agentes jurídicos pueden integrar los vacíos normativos, las lagunas, mediante los procedimientos establecidos en le ordenamiento. La plenitud es una exigencia formal de todo ordenamiento que se base en: 1) La obligación del juez de dar una respuesta a cualquier 6


controversia jurídica que se le plantee. 2) La exigencia de que esa respuesta sea jurídica, esto es, se ajuste a las normas pertenecientes al ordenamiento. 2.3.1 AUTOINTEGRACIÓN La autointegración es la integración de lagunas mediante normas de la misma fuente. Se puede hablar de autointegración cuando se recurre al mismo ordenamiento para integrar las lagunas. Técnicas de autointegración son la analogía de ley o la analogía de derecho. El procedimiento analógico es aquel a través del cual se atribuye a un caso o a una materia, que no está expresamente regulada por el ordenamiento, la misma disciplina que el ordenamiento ha previsto para un caso o una materia similar. Para que esa extensión sea posible, es necesario que exista una semejanza relevante entre los dos supuestos que constituya razón suficiente de la extensión. Esa razón suficiente es la ratio legis, de tal manera que la extensión es legítima cuando los dos casos tienen en común la ratio legis, cuando existe la misma razón entre los dos casos. La analogía del Derecho es una técnica a través de la cual la disciplina del caso no regulado no se extrae directamente del principio en que se basa el caso expresamente regulado, como la analogía de ley, sino de un principio general. 2.3.2 HETEROINTEGRACIÓN La heterointegración es la integración de lagunas mediante otras fuentes u ordenamientos. Las técicas de heterointegración pueden considerarse tan sólo aquellas que suponen la apelación a otro ordenamiento para completar determinados aspectos del ordenamiento propio. La remisión normativa admite dos variantes: la recepción y el reenvío. La recepción es un procedimiento de integración del ordenamiento mediante el recurso al contenido de normas de otro ordenamiento. La norma << recibida>> no se toma en realidad como tal norma sino como un mero dato de hecho. El reenvío consiste en una técnica mediante la cual el ordenamiento remite no ya a los contenidos normativos, sino a las propias normas 7


de otro ordenamiento, renunciando por tanto a regular esa materia y aceptando la disciplina que le otorgue encada momento el otro ordenamiento.

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Copia de ordenamiento jurídico final  

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