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MASACRE AWA:

CRONICA DE UN GENOCIDIO

MASACRE AWA

D E N U C I A

C O N T R A

L A S

FA R C

Fundaci贸n

DECIDE 麓 CRONICA DE UN GENOCIDIO


MASACRE AWA 2

´ CRONICA DE UN GENOCIDIO


DENUNCIA CONTRA LAS FARC

MASACRE AWÁ Crónica de un Genocidio

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Foto: Moisés Gaitán

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F u e r o n encontrados ocho cadáveres. Dos de ellos eran de mujeres que estaban en período de gestación.

1. Reconocimientos 2. Presentación 3. Síntesis conceptual sobre el caso tipo de un genocidio CAPÍTULO I La comunidad una cosmovisión de paz. 1. Los Awá una cosmovisión pacífica. 2. La importancia de la ubicación geográfica de los Awá 3. Los indígenas como escudos humanos, un estorbo a los intereses de las FARC CAPÍTULO II Cronología de los hechos 1. La masacre 2. El temor a llamar las cosas por su nombre y la soledad de un pueblo indefenso 3. Una presunción de inocencia sospechosa 4. La incertidumbre de la solidaridad nacional e internacional 5. Consecuencias

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CAPÍTULO III Elementos existentes para la protección de los Awá 1. Mecanismos de prevención y protección a las comunidades indígenas 2. El contrasentido de las alertas tempranas 3. Reglamentación internacional

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CAPÍTULO IV Perspectivas para una comunidad Awá en paz 1. El genocidio desde el accionar político 2. Un llamado a la solidaridad mundial

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E PÍLOGO Cinismo y perfidia. La instalación de minas anti personas desafía los más elementales derechos humanos, entre ellos una despedida digna a sus víctimas 1. Fuentes bibliográficas

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Síntesis conceptual sobre caso tipo de un genocidio

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El exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad es lo que se conoce como genocidio. La historia de la humanidad documenta un sinnúmero de episodios aterradores en los que grupos étnicos o comunidades religiosas fueron objeto de persecuciones sistemáticas solo porque no encajaban dentro de una concepción específica de sociedad o espacio territorial. El caso de Awá, una etnia aborigen colombiana, objeto de una inaceptable agresión por un viejo grupo guerrillero de Colombia, llama poderosamente la atención sobre el alcance de los esfuerzos que las naciones han realizado tras la última guerra total, que consumió en hornos crematorios, cámaras de gas, paredones de fusilamiento y campos de trabajos forzados más de 5 millones de judíos, gi´ CRONICA DE UN GENOCIDIO

tanos y otras minorías sociales que no se acomodaban a los estándares del ideal Nacional-Socialista. Sea cual fuere la razón que argumente el grupo insurgente FARC, la muerte de estos indígenas se enmarca dentro de un esquema perverso que pone de presente una vez más como las ideologías no son otra cosa que una excusa para satisfacer las ambiciones humanas. Los acontecimientos denunciados en este documento se basan en los testimonios de la comunidad indígena, los comunicados de las FARC y la evidencia forense hallada hasta el momento.

Estas muertes no pueden pasar como otras víctimas más y los análisis que se presentan a continuación, revelan los verdaderos móviles tras el genocidio y el drama de una población indígena inerme que clama al mundo por justicia y paz. La comunidad internacional no puede conformarse con un comunicado condenatorio, debe haber no solo repudio, sino castigo ejemplar para los autores intelectuales y materiales de semejante infamia.


Presentación

La comunidad internacional en pleno derecho y aplicación de las resoluciones que protegen los más elementales derechos humanos, exige un castigo ejemplar por lo que no es simplemente un juicio de responsabilidad por un crimen, sino un execrable atentado contra la humanidad. Ninguna facción regular o irregular, gubernamental o rebelde tiene derecho a disponer de la vida de ningún ser humano y cualquier excusa que intente situar a la población en bandos opuestos no hace más que deslegitimar al agresor.

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El martes 17 de febrero el nuevo comandante en jefe de las FARC hizo pública su responsabilidad en la masacre de 8 miembros de la etnia Awá, argumentando que eran informantes del Ejército de Colombia. Este comunicado confirmó los rumores que circulaban desde hace días, según los cuales esta agrupación guerrillera había ejecutado un grupo de indígenas en el sur de Nariño. El comunicado del comandante Alfonso Cano fue preciso y sitúa los hechos el día 6 de febrero de 2009. Pero qué es lo que hay detrás de la escueta misiva y cuál fue la verdadera razón para la ejecución de este crimen? Son preguntas que deben obtener respuestas inmediatas y tendrán, más temprano que tarde, que convertirse en el auto cabeza de proceso de un genocidio que bajo ninguna circunstancia debemos permitir que se repita.

Enfatizando la gravedad del crimen cometido, este estudio pretende desenmascarar una política sistemática de dominio de territorio y exterminio, maquillada con argumentaciones confusas encaminadas a desorientar a la opinión pública y denunciar al mundo el trasfondo mafioso que mueve a las FARC a quitar de su camino un obstáculo para la producción y transporte de base de coca, único recurso de supervivencia de una guerrilla desnaturalizada y moribunda.

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CAPÍTULO I

La cosmovisión pacífica de los Awá

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se enfrenta a la cosmovisión mafiosa de las Farc

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Lo que el país conoce hasta ahora a través de los medios es solo la punta del “iceberg” de una realidad cruel que ya cobra la vida de aproximadamente 47 indígenas en diferentes episodios individuales y colectivos. 27 son las cifras conocidas más recientes. 17 producto de un horrendo asesinato con arma blanca, 10 algunas semanas atrás y posiblemente 20 en asesinatos selectivos desde septiembre de 2008 a la fecha. El comunicado de las FARC acusa a los indígenas de ser informantes de la fuerza pública, pero el asunto es mucho más complejo. La cosmovisión de la comunidad Awá tropezó con los intereses mafiosos de las FARC y bandas del narcotráfico en la zona, que para el caso son los mismos. Lo que Cano omite en el comunicado es que la presencia del Ejército en la zona obedece a la necesidad de combatir la lucrativa industria de la coca, de la cual ella es la principal accionista. La verdadera razón de la masacre Awá es que a sus territorios recónditos llegó la maldita droga y detrás de ella la verdadera destrucción de cualquier cultura: la codicia, ´ CRONICA DE UN GENOCIDIO

la maldad y la violencia. En pocas palabras, la ancestralmente pacifica familia Awá enfrenta la cosmovisión de una guerrilla que deriva su supervivencia del narcotráfico y hará hasta lo imposible por conservar su negocio. Los territorios que por generaciones ocuparon los indígenas hoy son un baluarte geoestratégico de guerrilleros, narcotraficantes y bandas emergentes, que prefirieron conformar sus microempresas tras la desmovilización. Son las PYMES del narcotráfico. Y es que aquellos asentamientos, son la antesala a la selva chocoana, mucho más agreste y difícil en muchos sentidos que los enmarañados territorios que ocupó el secretariado de las FARC durante generaciones. En términos militares un punto o porción de territorio considerado de valor geoestratégico significa

una ventaja militar para quien lo domine. En este caso, el bien a proteger es la garantía de producir, almacenar, transportar y exportar toneladas de coca, cuyo valor es incalculable, considerando las nuevas rutas y los cada día más novedosos mecanismos de evasión a los controles marítimos y terrestres. Para las FARC los Awá, irónicamente, están en el lugar equivocado.

Los territorios que por generaciones ocuparon los indígenas hoy son un baluarte geoestratégico de guerrilleros, narcotraficantes y bandas emergentes, que prefirieron conformar sus microempresas cocaleras tras la desmovilización.


CAPÍTULO 2

Cronología de los hechos 1.

La masacre

El 4 de febrero de 2009, las FARC retuvieron aproximadamente a 17 personas (hombres y mujeres, algunas de ellas embarazadas), las cuales fueron llevadas amarradas y luego asesinadas a cuchillo en la quebrada denominada El Hojal de la comunidad el Bravo. Luego de los hechos algunas familias indígenas Awá se encuentran confinadas, los terroristas sembraron minas antipersonas en las zonas de desplazamiento de esa comunidad, y otras 400 personas se desplazaron al Predio El Verde.

El 11 de febrero, la columna Mariscal Sucre de las FARC, que opera en el departamento de Nariño, emitió un comunicado en el que informa de la ejecución de ocho indígenas Awá por colaborar con el Ejército colombiano. Según los gobernadores Awá los asesinados serían 17, aunque otras fuentes elevan la cifra a 25. Los indígenas, desarmados, fueron pasados a cuchillo por la guerrilla, entre las víctimas había dos mujeres embarazadas. Las narraciones son impactantes: la masacre perpetrada contra los Awá por las Farc recuerda la antipatía que el grupo terrorista

Con un cinismo enfermizo, Alfonso Cano, actual cabecilla de las Farc, explica la masacre diciendo que “Ellos – los indígenas-, saben del respeto nuestro por la comunidad civil.”2 Es decir, acuchillar a 17 indígenas no fue una masacre contra una comunidad indígena, sino una invitación a no colaborar con el gobierno; la masacre, dicen las Farc “no fue contra indígenas, fue contra personas que independiente de su raza, religión, etnia, condición social, etc, aceptaron dinero y se pusieron al servicio del ejército en un área que es objeto de un operativo militar”3.

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El sitio donde miembros de la comunidad indígena testificaron entonces, que se encontraban las víctimas asesinadas con arma cortopunzante, es un paraje empinado entre las comunidades de Picadero y El Bravo; zona montañosa y selvática, a dos días de camino de herradura desde el Municipio de Samaniego y un día de camino de herradura de Buenavista, municipio de Barbacoas. De los 26 resguardos que hacen parte de la Unidad Indígena del Pueblo Awá UNIPA, 5 comunidades del resguardo de Tortugal Telembí, como: Alto Telembí, La Naya, Voltiadero, Bravo y Picadero, cuya población asciende a más de 1.300 indígenas Awá, se encuentran confinados, y ya varios de ellos se encuentran desplazados, de forma permanente por temor a volver a sus veredas, en el corregimiento de Bellavista, Municipio de Barbacoas, Nariño.

siente por la vida y lo bien entrenados que están sus integrantes para asesinar sin derrochar los escasos recursos. Ya los miembros de las Farc saben que es necesario ahorrar munición y por eso utilizan el cuchillo o el machete contra víctimas indefensas, que no representan amenaza alguna para los narcoterroristas 1.

Tal justificación no puede ser aceptada, en tanto es un deber constitucional y legal de los colombianos, poner en conocimiento de

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las autoridades la posible comisión de acciones delictivas o su desarrollo. En Colombia, como en el resto del mundo, todas las personas tienen el deber de denunciar a las autoridades los delitos de los que tengan conocimiento y que deban investigarse. Éste deber tiene como excepciones la denuncia contra sí mismo, su cónyuge, compañero (a) permanente o contra parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, ni cuando exista secreto profesional.

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De tal manera que justificar la masacre de los Awá de cualquier manera, acudiendo al expediente de que los masacrados habían informado al Ejército de la presencia de delincuentes, simplemente sería legitimar el derecho del agresor para asesinar a sus víctimas si estas acuden a la justicia para denunciar el atropello, el delito o la violación de sus derechos. Lo que precisamente persiguen los “intelectuales” de Anncol, de Colombianos por la Paz, otras ONGs y los cabecillas de las Farc en el monte: y nada mejor que culpar a la Política de Seguridad Democrática, y específicamente al tema de la red de informantes, como la motivación y justificación para la masacre4. Para completar el infame cuadro, las Farc asesinaron posteriormente, a un padre y uno de sus hijos, dejando al otro gravemente herido, con las minas antipersonas sembradas en el territorio Awá. Pero los crímenes contra el pueblo Awá por parte de las Farc no son nuevos, ya en septiembre de 2007, el Gobierno Nacional había denunciado que las Farc estaban atentando contra la comunidad indígena Awá. En los últimos 20 meses anteriores, ese grupo había asesinado a 32 indígenas y había bloqueado el paso de misiones médicas y humanitarias a la región5. El pueblo Awá, no era desconocido en Colombia, ya en el 2002, habían cuestionado de manera vertical la presencia de los grupos de narcotraficantes y los grupos armados ilegales en su región,

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Nariño y Putumayo, al señalar y condenar el desplazamiento de las comunidades nativas por cuenta de los cultivos ilícitos, que según ellos, amenaza con extinguirlos. Los cultivos de coca generan destrucción del medio ambiente, altos grados de violencia y cambian nuestra cultura. Nos perjudican grandemente cada vez se nos cierran los caminos por donde tradicionalmente pasamos, dijeron entonces los voceros de esa comunidad.6 Esta denuncia fue la que le valió la animosidad de las Farc y por ello, los consideraron desde entonces, como informantes del Ejército y colaboradores del gobierno. La masacre de los indígenas simplemente fue postergada y tardó 7 años, de tal manera que no puede caber duda sobre la premeditación del crimen. 2. El temor a llamar las cosas por su nombre y la soledad de un pueblo indefenso Lo indignante de este caso, es la actitud asumida por algunos sectores afines al terrorismo, que tenían la esperanza de que las Farc mintieran una vez más y negaran la autoría de la masacre. Por eso, cuando se conocieron los pri-


meros datos, el movimiento que lidera la senadora liberal Piedad Córdoba Ruíz, Colombianos por la Paz, tuvo el cinismo de exigirle al Gobierno “el esclarecimiento total de los hechos, al mismo tiempo que solicita al Secretariado de las Farc un pronunciamiento público respecto de ese vergonzoso suceso”7. Es decir, para Colombianos por la Paz, el responsable de la masacre es el Estado, mientras que los narcoterroristas apenas son llamados a pronunciarse sobre el crimen de lesa humanidad que cometieron.

En la misma dirección se han pronunciado las ONGs que se denominan defensoras de los derechos humanos, morigeran la condena a los asesinos con la pretensión de trasladar al Estado la responsabilidad del crimen por cumplir con las obligaciones de control de la seguridad en el territorio nacional, utilizando el dolor de la comunidad indígena simplemente como instrumento para sustentar sus tesis. Es entonces incomprensible que luego del escándalo creado contra el Estado colombiano, se haya abandonado a su suerte a la comunidad Awá, y que se trate por medios políticos y jurídicos dejar en manos de las Farc el control de los territorios de esos pueblos, al exigir nacional e internacionalmen-

te que el Estado colombiano no pueda ejercer las acciones de soberanía que le corresponden. 3.

Una presunción de inocencia sospechosa

El principio de inocencia o presunción de inocencia, es un principio jurídico penal que establece la inocencia de la persona como regla. Solamente a través de un proceso o juicio en el que se demuestre la culpabilidad de la persona, podrá el Estado aplicarle una pena o sanción. Aún hoy, y pese a la aceptación de culpa de las Farc en la masacre del pueblo Awá, los movimientos políticos opositores al actual gobierno, insisten en desconocer esa realidad y en justificar que los Awá asesinados mediante acuchillamiento, lo fueron por haber colaborado con el Ejército Nacional. ¿Acaso el pueblo Awá no hace parte de nuestra nacionalidad, de nuestra Constitución y de nuestras leyes?

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Lo cierto es que Colombianos por la Paz es el colectivo cuyos miembros, individualmente, acumulan el mayor número de descalificaciones y señalamientos contra el Gobierno, por lo que no extraña, que de repente, ese grupo decida exigirle al Gobierno una investigación que, ateniéndonos a los pronunciamientos sobre la falta de credibilidad de sus integrantes en el Gobierno, sería rechazada si culminaba con la acusación contra Para ellos desafortulas Farc8. nadamente, las Farc asumieron su responsabilidad en el crimen de lesa humanidad que cometieron.

No tiene ninguna justificación ética, moral o legal, el querer sustraer la responsabilidad de las Farc en esta masacre; no se pueden aceptar, bajo ninguna consideración, los argumentos de las Farc y sus voceros, que buscan atenuar o eximir a la guerrilla del deber de responder ante La Corte Penal Internacional. CPI, nacional e internacionalmente, por el crimen cometido. Ellos aceptaron la comisión de la conducta punible, es más, de manera perversa la justifican públicamente, así que cualquier discurso para justificarla se cae por su peso. 4.

La incertidumbre de la solidaridad nacional e internacional

La solidaridad de las ONGs y, en general, de la comunidad nacional e internacional, apenas ha llegado al repudio de la masacre, pero no se han generado protestas y condenas contra las Farc por el crimen, a pesar de que son consideradas mundialmente como una organización terrorista; así las cosas, la masacre termina siendo legitimada con el silencio de las comunidades nacionales e internacionales. Las tragedias dantescas que produce el terrorismo, conmueven ´ CRONICA DE UN GENOCIDIO


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a la sociedad civil y a los gobernantes, pero es efímera la solidaridad con las victimas y sus familiares. Parece que se actuara bajo el efecto del acto reflejo, de la inmediatez del punzón reciente de la tragedia, porque al poco tiempo olvidamos del dolor ajeno, y sólo quedan los familiares cargando el inmenso pesar que produce el terrorismo9. En Colombia son muchas las evidencias catastróficas que demuestran que la solidaridad es emotiva y momentánea, basta con mencionar algunos casos: el episodio cruel de la voladura del oleoducto de la población de Machuca, por parte del ELN10, que dejó un saldo de más de 150 muertos y la destrucción casi total del poblado. Hubo repudio nacional y expresiones de solidaridad. La ironía y lo infame del grupo armado responsable, sólo pidió disculpas por su error, y para el gobierno de turno, eso fue suficiente. Hoy, a excepción de los familiares, ya casi nadie recuerda este dantesco episodio11, lo mismo ha sucedido con la masacre de Tacueyó, donde cerca de 200 jóvenes fueron asesinados a garrotazos, porque se sospechó, por parte del grupo terrorista, que eran infiltrados del Ejército, hecho sucedido entre noviembre de 1985 y enero de 1986 y cuya responsabilidad recae sobre la entonces Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, de la que hacían parte las Farc, el Eln y el M-19; la misma suerte ha corrido la masacre de Bojayá, en el Chocó, donde 120 personas murieron a consecuencia de los cilindros-bomba arrojados por la Farc contra una iglesia, la masacre del pueblo Awá está condenada al mismo tránsito, exigencias al Estado y silencio a los perpetradores del crimen, las Farc una vez más cuentan con su silencio cómplice. 5.

Consecuencias

Es evidente, que la falta de solidaridad con el pueblo colombiano, y especialmente con la comunidad Awá, y de una condena internacional a las Farc y Eln, por los crímenes y delitos de lesa humanidad que a diario cometen, permiten que esa organización narcoterrorista crea legitimados sus actos.

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La acción sistemática de los grupos políticos y otras organizaciones que desvían la atención de los crímenes y delitos de lesa humanidad cometidos por las Farc, a nivel nacional e internacional, terminan condenando al Estado colombiano, como si fuere éste el que desde 1964 declarara la guerra terrorista contra sus habitantes, y no, como es, que la situación de violencia que vive nuestro país es fruto de la decisión del Partido Comunista, que organizó las Farc, como un mecanismo para la toma del poder y la imposición de una pretendida dictadura proletaria. La sociedad colombiana ha sido silenciada por la presión de unos grupos minoritarios, que a fuerza de repetirse con los mismos actores, pretenden arrebatarnos el derecho a expresarnos contra las organizaciones narcoterroristas como se evidenció el 4 de febrero y el 20 de julio de 2008. El crimen de los indígenas Awá no puede quedar en la impunidad, ni puede olvidarse. Sus responsables deben ser juzgados como criminales y como perpetradores de delitos de lesa humanidad conforme a las normas del Estatuto de Roma.


CAPÍTULO 3

Elementos existentes para la

protección de los Awá 1. R e g l a m e n t a c i ó n internacional

En medio del conflicto, la legislación internacional expresa que los pueblos indígenas (como parte de la sociedad civil) no pueden ser convertidos por las partes enfrentadas en objetivo militar de sus ataques, y deben ser diferenciados entre combatientes y no combatientes, estos últimos no pueden en ninguna circunstancia

ser objetivo de la acción bélica. 2. Mecanismos nacionales para la prevención y protección a las comunidades indígenas En la legislación nacional encontramos importantes mecanismos para la prevención y protección de los indígenas, desde la Constitución de 1991 hasta sentencias que garantizan los derechos dentro de una jurisdicción

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Los organismos inter nacionales se han preocupado especialmente por la protección de los pueblos indígenas, lo cual está consagrado desde la Declaración Universal de Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y de los numerosos instrumentos internacionales sobre la prevención de la discriminación.

debe emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de estas comunidades.

El avance más significativo en cuanto reconocimiento de los pueblos indígenas a escala internacional es el Convenio 16712 sobre pueblos indígenas y tribales de la Organización Internacional del Trabajo sobre la cual se basan las legislaciones nacionales para determinar sus marcos normativos nacionales en este tema. En este Convenio se establece la protección de los derechos de los pueblos indígenas y el respeto a su integridad, el gozo pleno de los derechos humanos y libertades fundamentales, sin obstáculos ni discrimInación. Frente al uso de la fuerza se consagra que no ´ CRONICA DE UN GENOCIDIO


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especial. A las comunidades indígenas se les garantiza mediante las leyes internas los principios de autonomía y autodeterminación, el Estado colombiano reconoce las particularidades de estas comunidades y con base a esto profiere los marcos jurídicos que reconozcan están singularidades. La Constitución de 1991 expresa la importancia de estas comunidades y de la reglamentación de la su jurisdicción especial a partir de cuatro elementos: la posibilidad de que existan autoridades judiciales propias de los pueblos indígenas, potestad de éstos para establecer normas y procedimientos propios, la competencia del legislador para señalar la forma de coordinación con el sistema judicial nacional, y la sujeción de dicha jurisdicción y normas a la Constitución y la ley.13 La Constitución de 1991, consagra de manera expresa los derechos de los indígenas y la protección de estos. Uno de los artículos más relevantes es el 246 que establece la autonomía de los pueblos indígenas para impartir sus propias funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial sin que estas sean contrarias a la Constitución y las leyes de la República. Los miembros de los pueblos indígenas son contemplados dentro de la Constitución en el artículo 96 como nacionales colombianos, por tanto gozan de todos los derechos y libertades de la legislación 12

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nacional, siendo la vida el más importante derecho que el Estado colombiano tiene la obligación de velar. Otros artículos que menciona la Constitución para el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas tienen que ver con: Art. 10 (oficialidad de las lenguas indígenas y derecho a educación bilingüe e intercultural), Art. 68 (educación que respete y desarrolle la identidad cultural), Art. 70 (principio igualdad cultural), y Art. 171 (derecho a elección en circunscripción especial).14 La prevención que permite que los derechos y libertades de los indígenas sean garantizados están a cargo principalmente del Ministerio Público. Dentro de la Procuraduría fue creada a partir de la ley 201 de 1995, la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos, a la cual se le asignan funciones preventivas y disciplinarias en relación con las violaciones a los derechos humanos. Es asuntos preventivos, con el Decreto 262 de 2000 se creó la Procuraduría Delegada para la prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. La entidad también vela por el derecho de las comunidades indígenas en temas como autonomía, educación, salud, desplazamiento forzado, justicia, entre otros15. Atendiendo a otras necesidades de los pueblos indígenas y a las demandas en cuanto a políticas públicas que mejoren su situación, el Estado colombiano también ha creado la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, la Defensoría Delegada para las Comunidades Indígenas, las Circunscripciones Especiales Indígenas y la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas.

Igual relevancia tienen instituciones internacionales como “la Relatoría Especial sobre la situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, adscrita a la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas”16. De otra parte, el Estado colombiano ha ratificado instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos, al Derecho Internacional Humanitario y particularmente a los derechos de los grupos étnicos, incorporando de esta manera en el ordenamiento jurídico interno esta normativa, que tiene rango constitucional e implica obligaciones de forzoso cumplimiento frente a los integrantes de los sectores poblacionales destinatarios de las medidas, especialmente de los pueblos indígenas.


A pesar de estas particularidades el Estado colombiano no ha dejado de proteger y responder a las necesidades principalmente jurídicas de los pueblos indígenas ya que son considerados como actores fundamentales para la historia de nuestro país, y son actores que cada día cobran mayor relevancia en el escenario político, gracias

al desarrollo jurídico nacional que les garantiza el acceso a instancias institucionales.

capacidad de asombro, ante el cinismo y frialdad de sus crímenes.

3. El contrasentido de las alertas tempranas

Teniendo como base un panorama como el descrito verificable en cada silaba de lo que se ha escrito la conclusión es que Las FARC en asocio con las mafias del narcotráfico viene ejerciendo una política de exterminio y desplazamiento contra el pueblo Awá que no puede denominarse de otra manera que genocidio. Esta es una acción calculada y sistemática que tiene un solo objetivo: proteger la industria mafiosa del narcotráfico pasando por encima de quien se interponga frontal o potencialmente a la archicapitalista cosmovisión del narcotráfico.

La historia se repite. Lanzar truenos y centellas desde lujosas oficinas en la sede de la ONU o la OEA en Nueva York, por la evidente falta de control de un territorio como el descrito es fácil. Lo cierto es que el dominio de una geografía impenetrable como lo es la selva chocoana, pondría en aprietos a los ejércitos más competentes del mundo. Sin embargo no es el caso y aun aceptando la responsabilidad del gobierno central por lo que humanamente hace o deja de ser, el punto central no es si se controla o no el territorio sino la responsabilidad única e intransferible de una guerrilla que desbordó hace tiempo la

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La legislación nacional contempla así los derechos de los pueblos indígenas y busca garantizarlos teniendo en cuenta las especificidades que se debe tener con estas comunidades, ya que su desarrollo histórico, sus costumbres y demandas no son iguales a las de otros ciudadanos colombianos.

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CAPÍTULO 4

Perspectivas para una comunidad

Awá en paz 1.

El genocidio desde el accionar político

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Ha sido una constante en la historia universal, que los regímenes totalitarios recurran al genocidio y la masacre de pueblos, como arma política para consolidar su poder; el terror es el arma preferida de las organizaciones armadas ilegales en Colombia, y en el mundo, para imponer sus tesis. Entre los numerosos crímenes cometidos por Stalin, se cuenta el de la hambruna forzosa de Ucrania durante los años 1932-1933. Como es común en los países en los que reina el socialismo, las hambrunas intencionadas se han usado como arma política utilizada para alcanzar los deseados objetivos contra varias clases. Las víctimas señaladas en esta ocasión fueron los kulaks, los agricultores campesinos que tenían propiedad y contrataban a trabajadores17. Los ejemplares alumnos de José Stalin, como son los miembros de las Farc, no sólo aíslan a las poblaciones para ejercer el terror, no sólo las privan de los productos de consumo básicos o dinamitan acueductos como lo hicieron en Villavicencio, Meta, sino que recurren al asesinato masivo de pobladores para imponerse sobre las gentes indefensas.

Resguardos indigenas AWA en Nariño 14

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El pueblo Awá, sólo ha reclamado su derecho a vivir en paz, a regirse por sus propios modos y costumbres como se lo garantiza la Constitución Política de Colombia, por eso en septiembre de 2002 condenaron y rechazaron la presencia en sus territorios de los grupos armados ilegales y del narcotráfico, por ello nunca se sumaron a las movilizaciones presionadas por las Farc y así lo hicieron saber públicamente. La masacre de los indígenas Awá, a manos de la columna móvil ‘Mariscal Sucre’ de las Farc hace parte de la estrategia, Plan Renacer, puesta en marcha en Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Tolima y Huila; por orden de alias Alfonso Cano como “plataforma para la toma del poder” que había intentado hacerse en el centro y oriente del país, a través de “la toma militar de Bogotá”, con los resultados ya conocidos (que fracasó por la operación Libertad Uno)”, debía trasladarse al occidente, y los esbirros de esta organización criminal la vienen cumpliendo con actos terroristas como el asesinato de indígenas, la quema de vehículos, el minado de zonas rurales y hostigamiento a la población civil. Para las Farc, la zona limítrofe con el Ecuador es estratégica, allí brindan refugio y recuperación a las cuadrillas que huyen de la persecución oficial y tienen puerta franca para asentarse


Debe recordarse que en el Plan Renacer las Farc contemplan todas estas acciones. En la orden, alias ‘Alfonso Cano’ menciona, como prioridad, “infiltrar y controlar” los corredores que atraviesan Nariño, Cauca y Valle; las salidas hacia el cañón de Las Hermosas por Cauca y Tolima; y el corredor que lleva al Huila. “Todas las zonas tienen la fortaleza de las represas (Anchicayá y Salvajina) y las comunidades indígenas, que tienen que trabajarlas para que estén de nuestra parte...”, señala uno de los apartes de dicho Plan. De tal manera que los indígenas o son reclutados o son asesinados, contraviniendo toda norma de protección y respeto por la vida y por la comunidad Awá. Nada diferencia pues, las acciones de las Farc a las que

cometió Stalin para asegurar el poder del sóviet en la fenecida URSS; lo que se quiere, es repetir en Colombia esa fracasada intención de modelo de Estado, a costa del sufrimiento y el dolor que las Farc decretaron en 1964, incluyendo la masacre de los pueblos indígenas para asegurar que estén de su parte como lo señala Alfonso Cano en sus directrices. Nada los diferencia, que hoy se llamen socialistas del siglo XXI, o bolivarianos, o cualquier denominación que quieran adoptar, los principios y los actos que desarrollan son los mismos que el mundo vio caer en el 91. 2. Un llamado a la solidaridad mundial

sangrientas organizaciones de narcotraficantes que operan en el país. La masacre del pueblo Awá no puede ser nada más que otro capítulo de la ignominia mundial de la violación a los Derechos Humanos, no se puede esperar a que se configure la extinción absoluta del pueblo Awá para que ustedes reaccionen; ellos están en nuestras selvas del Nariño y el Putumayo esperando una respuesta, que las Farc no van a dar, ni mucho menos las organizaciones que se convirtieron en voceras de la guerrilla, ellos y nosotros esperamos su respuesta.

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en el territorio del país vecino, con la complacencia de algunos miembros del gobierno de Correa, como ha quedado evidenciado en los mismos procesos penales que se adelantan en esa Nación, a partir de los descubrimientos obtenidos en la Operación Fénix.

El mundo no puede seguir siendo engañado sobre la naturaleza de las Farc y el Eln, se requiere una reacción unánime para evitar que estos hechos se reproduzcan. Las Farc y el Eln son hoy cárteles de la droga, no guerrillas que luchan por un estado socialista. Estas organizaciones terroristas están vinculadas directamente con las ´ CRONICA DE UN GENOCIDIO


Epílogo

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Al tener en sus manos este escrito, usted adquiere un compromiso con la supervivencia del pueblo Awá en Colombia, por favor, hágale saber a las Farc y Eln que sus acciones no cuentan con la aprobación mundial, sino que son rechazadas y condenadas por constituir crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad; hágale saber a las organizaciones o personas que auspician a las Farc y Eln, con el pretendido cuento del intercambio humanitario, que la humanidad rechaza y condena el tráfico de seres humanos como herramienta política o militar. De usted depende también la consolidación de la paz.

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Fuentes Bibliográficas ANNCOL. Esta acción nuestra no fue contra indígenas. Martes, 17 de febrero de 2009. En: http://anncol.eu/index. php?option=com_content&task=view&id=1835&Itemid=9 Atrabilioso. La masacre de los Awá: sólo un tropiezo para los “humanitarios”. Jueves 19 de febrero de 2009. En: http://atrabilioso2007.blogspot.com/2009/02/la-masacre-de-los-awa-solo-un-tropiezo.html ATUESTA MINDIOLA, José. La efímera solidaridad contra el terrorismo. El Pilón. Valledupar. Viernes, 10 de febrero de 2008. En: http://www.elpilon.com.co/noticias/op00001872.htm EL TIEMPO.COM. 22 de septiembre de 2007. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2664497 EL TIEMPO.COM. 15 de noviembre de 2002. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1316842 Revista Derechos y valores. Universidad Militar Nueva Granada. Pág. 14. WILDE, Jonathan. El hambre como arma política. Traducido por José Carlos Rodríguez. meristation.com/foros/viewtopic.php?t=475354

En: http://zonaforo.

1. Atrabilioso. La masacre de los Awá: sólo un tropiezo para los “humanitarios”. Jueves 19 de febrero de 2009. En: http://atrabilioso2007. blogspot.com/2009/02/la-masacre-de-los-awa-solo-un-tropiezo.html 2. ANNCOL. Esta acción nuestra no fue contra indígenas. Martes, 17 de febrero de 2009. En: http://anncol.eu/index.php?option=com_content &task=view&id=1835&Itemid=9 3. Ibíd. 4. Atrabilioso. Ob.cit. 5. EL TIEMPO.COM. 22 de septiembre de 2007. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2664497 6. EL TIEMPO.COM. 15 de noviembre de 2002. En: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1316842 7. Atrabilioso. Ibíd. 8. Atrabilioso. Ibíd. 9. ATUESTA MINDIOLA, José. La efímera solidaridad contra el terrorismo. El Pilón. Valledupar. Viernes, 10 de febrero de 2008. En: http://www.elpilon.com.co/noticias/op00001872.htm 10. El hecho criminal de Machuca sobrepasa cualquier forma de terror, lo que permite concluir, sin lugar a equivocaciones, que las estrategias y tácticas diseñadas por el Ejército de Liberación Nacional, Eln, y las demás organizaciones narcoterroristas, para tomarse el poder, desbordan los límites del respeto por la vida y la dignidad humana. Lo de Machuca no fue un simple error, como han querido plantear los máximos cabecillas del Eln para justificar su conducta terrorista, por el contrario, el hecho es la repetición de una historia de horror que ha caracterizado las actuaciones de este y los demás grupos irregulares. 11. Ibíd. 12. En Colombia este Convenio es ratificado mediante la Ley 21 de 1991. 13. NIÑO CUBILLOS, Javier Ignacio. “Los derechos humanos de las etnias indígenas en Colombia. Un acercamiento desde el multiculturalismo y los derechos colectivos”. En: Revista Derechos y Valores. Universidad Militar Nueva Granada. Pág. 14. 14. Otros artículos de la constitución a tener en cuenta son: 176, 246, 329, 330, 357 15. La Procuraduría interviene a partir de: a)Derechos Humanos: Documento “Función Preventiva de la Procuraduría General de la Nación en Materia de Derechos Humanos”; b) Territorio: a través de los Procuradores Judiciales Agrarios se adelantan actividades dentro de la Ley 160 de 1994 y su Decreto reglamentario 2164 de 1995 sobre resguardos; c) Educación: con labores de control, gestión y seguimiento antes instituciones responsables de políticas y programas etnoeducativas aplicando la Ley 115 de 1994 y el decreto 804 de 1995; d) Autonomía: promoción y difusión del derecho de los pueblos indígenas de ejercer su propio gobierno conforme al artículo 330 de la Constitución. Con base a: Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos. El Ministerio Público y los derechos de los pueblos indígenas. Pág. 3. 16. NIÑO, Pág. 8. 17. WILDE, Jonathan. El hambre como arma política. Traducido por José Carlos Rodríguez. En: http://zonaforo.meristation.com/foros/ viewtopic.php?t=475354

MASACRE AWA

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´ CRONICA DE UN GENOCIDIO


MASACRE AWÁ: Crónica de un genocidio.  

El exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad es lo qu...

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