OPINIÓN
Un despilfarro que limita el bienestar social
C
Lic. Sergio Hernández Reyes* hapala está teniendo ingresos cuantiosos. De acuerdo al INEGI, en 2009, el ayuntamiento tuvo ingresos de 188 millones de pesos (3.4 millones en 1990) y fue uno de los municipios en los que no aparece el ingreso de 2010; de hecho, éste debe de ser similar al 2009 porque la gran parte viene de transferencias federales (55 por ciento más o menos), las cuales no se redujeron según las cifras del INEGI. Mas aún, los ingresos propios locales en Chapala han aumentado de manera cuantiosa. En 2005, estos eran de 45 millones de pesos; mientras que en 2009 eran de 86 millones de pesos. Reconociendo que en 2009 estaba el PRI, es técnicamente imposible reducir ese incremento a los niveles de 2005; mas aún, los ingresos han mantenido un patrón de crecimiento desde 1990. Por tanto, puede decirse que en ésta administración, en el peor de los casos, los ingresos propios oscilaron entre los 86 millones de pesos para el 2010. Con estos ingresos cuantiosos viene el despilfarro administrativo. El gasto corriente (nómina) se ha venido inflando de manera vertiginosa desde 1990, a la par del incremento de los ingresos; sugiriendo que el aumento en ingresos municipales se ha destinado principalmente al gasto burocrático. En 1990, cada ciudadano pagaba 63 pesos constantes para el gasto operativo del ayuntamiento; en 2009, cada ciudadano pagó 2 mil 360 pesos constantes para la operación del ayuntamiento—para su burocracia. Esta cifra es 38 veces mayor que la de 1990; ¿a qué se debió este aumento? ¿en dónde está el beneficio de la ciudadanía ante dicho aumento? ¿a caso la burocracia de 2009-2010 se modernizó en capacidades técnicas sofisticadas? La verdad que no encuentro diferencia alguna entre la calidad burocrática de 1990 con la de 2010; sólo veo una diferencia en cantidad. Este patrón ha mantenido un patrón de crecimiento irresponsable desde 1990, con lo que incluye a los dos partidos. Este
patrón de crecimiento es irresponsable por dos razones concretas: la capacidad operativa limitada del ayuntamiento y el inadmisible decrecimiento de la cobertura de agua potable, drenaje y cobertura eléctrica; considerándose el crecimiento de la población. Primero toco el concepto de capacidad operativa. Con éste me refiero a qué tanta capacidad tiene el ayuntamiento en cubrir su gasto de burocracia con los ingresos de participaciones federales y sus ingresos propios. Esto es, este número nos permite ver qué tanto por ciento del gasto burocrático es la suma de ingresos propios más los ingresos por transferencias del gobierno federal. En 1990, dicho ingreso era 150 por ciento del gasto burocrático, mientras que en 2009 fue de 118 por ciento del gasto burocrático. Con esto, podemos implicar que los ingresos fuertes de Chapala están siendo destinados casi en su integridad al pago de nómina; sólo quedando un 18 por ciento del gasto en nómina para inversiones productivas y generadoras de empleo. Y esto se ve reflejado en los servicios públicos, ya que la inversión en bienes públicos compite con el gasto en nómina. Con base a cifras del INEGI, en 1995, el 98 por ciento de población contaba con cobertura eléctrica; en 2005 sólo 94.5 por ciento de la población contaba con este servicio. De igual forma, en 1995 por ciento, 95 por ciento de la población contaba con cobertura de agua potable; en 2005, sólo el 92.3 por ciento. Finalmente, en 1995, el 95.5 por ciento contaba con cobertura de drenaje; en 2005, sólo el 94.1 por ciento. Frente a los aumentos vertiginosos de prepuesto y de gasto en nómina, la falta de avance en la cobertura de estos servicios me resulta inadmisible. Ahora bien, dejando los matices técnicos a un lado, ¿la ciudadanía cree que la calidad de sus servicios públicos—empedrados/ pavimentación, limpieza de calles, recolección de basura, alumbrado, mercados y policía preventiva— hayan cambiado a la velocidad del aumento en presupuesto?.
Mas aún, considerando que el ayuntamiento ahora es también participante de la promoción económica y generación de empleos en nuestro municipio, ¿creemos que el ayuntamiento ha incidido en mejores oportunidades económicas y de empleo con sus acciones? Con esta panorámica política-económica pregunto a los candidatos: ¿cuáles son sus objetivos de gestión? ¿qué proyecto económico pondrán en marcha para lograrlos? ¿cuál es el proyecto político-administrativo que implementarán para lograr los mismos? ¿cómo desarrollarán sus proyectos?
Con todo respeto al Ing. Joaquín Huerta, que ha sido el encargado de gestionar las aportaciones federales, le hago las siguientes preguntas: ¿Puede decirme cómo administró el Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)?
Como la normatividad del FISM lo exige, debe de involucrarse a la ciudadanía en la decisión de los proyectos de dicho fondo; esto a través de la constitución del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun). Le pregunto al ingeniero: ¿hubo transparencia en el proceso de constitución del comité? ¿Cómo y cuándo se hizo la convocatoria que, estoy muy seguro, la gran mayoría de la ciudadanía no supo? Es más, hasta ahora algunos más sabrán de la existencia del Coplademun. ¿Quiénes integran el Coplademun? ¿Cuál criterio siguió para elegirlos? ¿Cuál es la alineación política de esta gente? ¿Representan a los barrios más marginados? ¿Cómo lo sabe? Lic. Sergio Hernández Reyes es Licenciado en Ciencias Políticas por UC Berkeley y Candidato a la Maestría en Políticas Públicas por UCLA, shr_288@hotmail.com
Febrero 18 de 2012 11