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EL NUEVO PROCEDIMIENTO  DE  INSTANCIA  FRENTE  A  RESOLUCIONES  DE  LAS  ADMINISTRACIONES  PÚBLICAS  DICTADAS  POR  EL CONSEJO DE MINISTROS AUTOR: ALMA Mª PERDOMO ROMERO    

 


EL NUEVO PROCEDIMIENTO DE INSTANCIA FRENTE A RESOLUCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DICTADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS

Autor: Alma Mª Perdomo Romero Abogada Laboralista- Lda ADE- Lda CC Trabajo


La Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, por fin cumple el mandato legislativo que en el año 1998 trajo la propia LRJCA en su Disposición Adicional Quinta, dando nueva redacción al artículo 3 de la LPL, disponiendo en su apartado 2 que “los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán, en todo caso, de las pretensiones sobre:… (b) las resoluciones administrativas relativas a la regulación de empleo”. Esta atribución competencial plena al Orden Social entró en vigor el 14 de diciembre de 1998, a los cinco meses de la publicación en el BOE (13.07.1998) según la vacatio legis fijada en la redacción original de su Disposición Final 3ª. Sin embargo, esta atribución competencial perdió su eficacia en virtud del apartado dos de la Disposición Adicional 24ª de la Ley 50/1998 de 30 de diciembre (Ley de Acompañamiento para 1999), que operó la "suspensión" de la entrada en vigor de esta atribución competencial, disponiendo un mandato al Gobierno para que en el plazo de 9 meses introdujera las modificaciones legislativas pertinentes en la LPL y fijara la definitiva entrada en vigor de tan esperada atribución competencial plena al Orden Social.

Es evidente que el incumplimiento del mandato legislativo por parte del Gobierno generó diversidad jurisprudencial, gratuita ambigüedad e incertidumbre jurisdiccional que no se compadecen con la necesaria Seguridad Jurídica que exige el artículo 9.3 de la CE. Esa Seguridad Jurídica que debe garantizarse en general en todas las áreas del ordenamiento, es particularmente exigible cuando se trata de regular el Derecho de Acceso a la Justicia de todo justiciable.

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Sumario: 1.-INTRODUCCIÓN. 2.- EL NUEVO PROCESO DE INSTANCIA DE IMPUGNACION DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO DE MINISTROS ANTE LA SALA IV DEL TRIBUNAL SUPREMO: UN PROCESO DIFERENTE DEL RECURSO DE CASACIÓN. 3.- LA COMPETENCIA DEL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL SOBRE LAS RESOLUCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS

DICTADAS

POR

EL

CONSEJO

DE

MINISTROS. 3.1.- Razón de ser de esta nueva competencia. 3.2.- Relación entre LRJCA y LRJS e inadecuación de la Ley 36/2011 en los apartados 4 y 5 del artículo 9 LOPJ. 3.3.Competencia objetiva y resoluciones impugnables del Consejo de Ministros. 3.3.a) Actos de poder o actos administrativos. 3.3.b) Derecho Administrativo Laboral, Derecho Privado Laboral. 3.4.- Órganos que pueden emitir los actos administrativos objeto del proceso de instancia y estudio de la existencia de derecho material en vigor que respalde las competencias de esos órganos. 3.5.- Competencias del Consejo de Ministros y del Ministro de Empleo que podrían ser susceptibles de actos impugnables. 3.6.- Reducción competencial que introduce el RDL 3/2012 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral de 2012 y conservada por la ley 3/2012. 4.-PROCEDIMIENTO. 4.1.Inicio. 4.1.a) Representación. 4.1.b) Defensa. 4.1.c) Legitimación. 4.1.e) Fin vía administrativa. 4.1.f) Cómputo de plazo. 4.1.g) Lugar de presentación. 4.1.h) Control de admisión del recurso. 4.2. Tramitación. 4.2.a) Reclamación del expediente. 4.2.b) Puesta a disposición del expediente y formalización de la demanda. 4.2.c) Contestación a la demanda. 4.2.d) Práctica de la prueba documental. 4.2.e) Práctica de otras diligencias de prueba. 4.2.f) Conclusiones. 4.2.g) Votación y fallo. 4.3.- Sentencia. 4.3.a) Efectos de la sentencia. 4.4.- Otros modos de terminación del procedimiento. 4.4.a) Desistimiento. 4.4.b) Renuncia. 4.4.c) Allanamiento. 4.4.d) Transacción. 4.4.e) Terminación del proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto. 5.- CONCLUSIONES. 6.BIBLIOGRAFÍA. 7.- ABREVIATURAS.

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1. INTRODUCCIÓN

El 12 de diciembre de 2011 entró en vigor la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social, concentrando en el orden social, por su mayor especialización, el conocimiento de todas aquellas materias que, de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse como sociales. Como indica la Exposición de Motivos de la LRJS, con su promulgación se “completa la modernización procesal en ese orden, racionalizando y fijando un nuevo texto normativo consolidado y actualizado a la realidad de la organización actual del trabajo”.

El origen inmediato de esta concentración lo encontramos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo, que dispone que “en el plazo de 6 meses el Gobierno aprobará un Proyecto de Ley de reforma del texto refundido de la LPL, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995 de 7 de abril, que contemple la atribución al orden jurisdiccional social, entre otras cuestiones, de los recursos contra las resoluciones administrativas de la Autoridad laboral en los procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los Arts. 47 y 51 del Estatuto de los Trabajadores”. Ahora bien, el resultado trasciende con creces los postulados de la indicada norma. Quizás por el convencimiento de que “ha llegado el momento de racionalizar la distribución competencial entre los órdenes jurisdiccionales en el ámbito de las relaciones laborales” y con ello proceder a la ansiada consolidación competencial, cerrando “el proceso de maduración del proceso social iniciado por la Ley de 1980 y continuado por el Texto Refundido de 1995, como jurisdicción con competencia unificada para conocer todos los litigios sobre materias sociales”

En cumplimiento de esas pretensiones, la LRJS atribuye al orden social la revisión de determinados actos administrativos hasta ahora encomendados a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y regula los procedimientos necesarios para su control. Este trabajo no pretende abordar de forma exhaustiva ese salto competencial y nuestro estudio presenta un objeto limitado. Exclusivamente nos hemos querido detener en el procedimiento de instancia previsto para la impugnación de las resoluciones del Consejo -4-


de Ministros atribuidas a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y que la norma ubica en su Título III del Libro Tercero bajo la rúbrica “De los medios de Impugnación”.

La novedad de este procedimiento de primera instancia, que se incardina dentro de los que el propio título denomina “y demás procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo” como modalidad cuasiprocesal1, ha sido la razón para iniciar el presente análisis que a lo largo de los siguientes apartados pretende dar una primera respuesta a los interrogantes sustantivos y procesales que su aparición plantea. A saber:

• ¿Se trata de una modalidad procesal del Recurso de Casación o es un procedimiento de instancia independiente de aquél? • ¿Si fuera un procedimiento de instancia independiente de aquél por qué se ubica dentro de la regulación del Recurso de Casación? • ¿Esa ubicación sistemática tiene alguna repercusión? • ¿A qué resoluciones concretas se refiere el artículo 205 de la LRJS2 cuando menciona las resoluciones de las Administraciones Públicas dictadas por el Consejo de Ministros? • ¿Tenemos ya normas que permitan emitir resoluciones susceptibles de ser impugnadas en el orden social a través de este procedimiento o existe aún un vacío legal? • ¿Se pueden referir incluso a resoluciones dictadas resolviendo Recursos de Alzada frente a actos del Ministro? • ¿Qué repercusión puede tener en este nuevo procedimiento la supletoriedad de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa en los supuestos de impugnación de actos administrativos que regula la Disposición Final Cuarta de la LRJS?

1

RIESCO IGLESIAS, J. M.; Magistrado. Sala de lo Social de Valladolid Superior de Justicia de Castilla y León. Ponencia “Las nuevas competencias en la LRJS” 2012, pág. 29. 2

Artículo 205.1.a) LRJS atribuye a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo “de los procesos de impugnación de actos administrativos en los supuestos de la letra a) del artículo 9, esto es, de “los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros.”

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2. EL NUEVO PROCESO DE INSTANCIA DE IMPUGNACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONSEJO DE MINISTROS ANTE LA SALA IV DEL TRIBUNAL SUPREMO: UN PROCESO DIFERENTE DEL RECURSO DE CASACIÓN La regulación de este nuevo procedimiento de impugnación de los actos administrativos del Consejo de Ministros atribuidos al orden jurisdiccional social dentro del articulado que la nueva ley rituaria dedica al Recurso de Casación, suscita la duda de si estamos ante una modalidad procesal de este Recurso o si por el contrario se trata de un procedimiento independiente de aquél. El análisis histórico del Recurso de Casación3 (de casser: romper, anular), nos muestra que su origen tiene lugar con la Revolución Francesa. La Ley 27 de noviembre de 1790, en su artículo 3, encomienda al Tribunal Supremo el encargo de anular "todos los procedimientos en los cuales las formas hubiesen sido violadas y toda sentencia que contuviera una contravención expresa al texto de la ley". Tal mandato tenía su razón de ser en el recelo existente hacia los jueces del Ancien Régime que habían sido nombrados por el Rey para que se ajustaran al texto de las leyes4. Por ello, parte de la doctrina científica considera que el objetivo inicial de este recurso no era jurisdiccional, ni la actuación del Tribunal Supremo estaba condicionada por un “pouvoir” o recurso de parte5.

Sin embargo, la importación del Recurso de Casación a España se realizó con unos perfiles propios y se le dotó de un objeto más ambicioso. De tal manera que tuvo como notas características la facultad de revisar no sólo la infracción de la ley (material o procesal), sino la infracción de la jurisprudencia o doctrina legal6.

3

Véase, TARBÉ, A.P., “Cour de Cassation. Lois et Réglements a L´Usage de la Cour de Cassation”, Saint Germain-en- Laye, 1840, pág 9. 4 CORTES DOMÍNGUEZ, V.; GIMENO SENDRA V.; MORENO CATENA, V; ALMAGRO NOSETE, J., “Derecho Procesal. Tomo I (Vol. II). Proceso Civil (2)”.Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992. 6ª edición, pág. 59. 5 Así, GÓMEZ ORBANEJA, E.; HERCE QUEMADA, V. “Derecho Procesal Civil”. Madrid, 1955. 4ª edición, pág. 600. 6 CORTES DOMÍNGUEZ, V.; GIMENO SENDRA V.; MORENO CATENA, V; ALMAGRO NOSETE, J., “Derecho Procesal…, op. cit, pág. 59. -6-


Así GUASP7 defendió la idea de que el Recurso de Casación es un acto procesal de impugnación que se dirige exclusivamente contra una resolución judicial. Carácter impugnativo judicial que lo marca el termino de “recurso” que, como es sabido, es el término genérico con el cual se identifican todos los actos procesales especiales que tienen por objeto impugnar el resultado de otros actos procesales originarios o principales8.

El estudio histórico pormenorizado de este recurso, al que remitimos pues escapa con creces el limitado objeto del presente análisis,9 refleja que tradicionalmente las resoluciones de las que conoce la Sala IV del TS a través del Recurso de Casación son las clásicas: sentencias, autos y providencias. Esta Sala no ha conocido de las impugnaciones de las resoluciones del Consejo de Ministros dictadas en el ámbito laboral, actualmente atribuidas parece que a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se le encomienda unas competencias cercanas al origen del Recurso de Casación francés.

Al margen de estas reflexiones, la importante novedad del nuevo procedimiento de instancia que regula el artículo 205.2 de la LRJS reside en que por medio de él, el TS no falla frente a resoluciones judiciales dictadas anteriormente por otros órganos judiciales sitos en un escalafón inferior, sino que conoce de actos administrativos dictados por un órgano administrativo: el Consejo de Ministros. Es por ello por lo que estimamos que no se trata de una modalidad del Recurso de Casación del que conoce la Sala Cuarta del TS.

A esta conclusión ayuda el hecho de que el propio Título de III de la LRJS se presenta en la actualidad bajo el epígrafe “del recurso de casación y demás procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo”. Dentro de esos “demás procesos” se encuentra el proceso del que nos ocupamos.

Pero más aún, esa modalidad procesal no es la única que contempla la LRJS y consideramos que está en íntima relación con la modalidad procesal del artículo 151 LRJS al tratar la tramitación del procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social excluido los relativos a prestaciones.

7

GUASP, J. “Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. Madrid 1956, pág. 1482. GUASP, J. “Derecho Procesal Civil, op. cit., pág. 1482. 9 Arts. 489, 779, 1687, 1688, 1690 LEC 1881, Arts. 469, 477 de LEC 2000 tras la reforma de la Ley 8

38/2011 de 10 de octubre, Arts. 203 y 204 LPL y Arts. 205 y 206 de LRJS -7-


Ahora bien, concluyendo que el Recurso de Casación y el proceso de impugnación de las resoluciones del Consejo de Ministros son modalidades procesales distintas, hemos de entrar a valorar dos cuestiones. La primera, el por qué está ubicado dentro del artículo 205 LRJS del Título III, cuyo epígrafe se denomina “del recurso de casación y demás procesos atribuidos al conocimiento del Tribunal Supremo - en el Libro Tercero -. De los medios de impugnación”, y la segunda, si la ubicación de este nuevo procedimiento dentro de la regulación del Recurso de Casación tiene alguna repercusión.

Como respuesta a la primera de las cuestiones planteadas, sólo podemos entender que su ubicación responde a una necesidad marcadamente práctica, cual es la voluntad del legislador de mantener en la medida de lo posible el articulado y estructura de la LPL, que sólo difiere en dos el número de artículos que contiene la LRJS (305 artículos la LRJS y 303 la LPL), reduciendo las consecuencias de la variación de la numeración de la norma que podrían crear confusión en su intérprete, al analizar y estudiar la Jurisprudencia ya creada.

Teniendo en cuenta que el azar en el mundo jurídico no existe y que no creemos que la ubicación de este proceso dentro del Recurso de Casación sea debido al capricho del legislador, la segunda de las cuestiones ha de responderse afirmativamente, y entender que, aunque con particularidades, las notas esenciales del Recurso de Casación son extrapolables a este procedimiento del que también conoce el Tribunal Supremo, pues las notas de aquél en gran medida están relacionadas con el rango del órgano en el que se dirimen las actuaciones.

Como es sabido, las notas esenciales del Recurso de Casación son las relativas a su jurisdicción, a su carácter extraordinario, a no constituir una tercera instancia, a su rigor formal y a su tecnicismo10.

La primera de las notas esenciales, la jurisdicción, es también aplicable al nuevo procedimiento de instancia, pues de conformidad con el artículo 205 LRJS serán los 10

CORTES DOMÍNGUEZ, V.; GIMENO SENDRA V.; MORENO CATENA, V; ALMAGRO NOSETE, J., “Derecho Procesal. Op. Cit , pág. 60 y UGALDE GONZÁLEZ, J. I.; “El Recurso de Casación Laboral”. La Ley, Madrid, 2009.1ª edición, pág 33 -8-


Magistrados de la Sala IV del Tribunal Supremo los que conozcan de este procedimiento y, en consecuencia, para la resolución de estos conflictos deberán seguir utilizando criterios estrictamente jurídicos sin significado político.

De la segunda de las notas antes mencionadas, hemos de decir que el carácter extraordinario, como nota propia del Recurso de Casación y que afecta a toda la regulación del mismo, es distinta a lo inusual del hecho de que únicamente sean objeto de este procedimiento de instancia la impugnación de unas resoluciones muy concretas como son las dictadas por el Consejo de Ministros en materia laboral y de las que conoce el orden jurisdiccional social. Esa reflexión nos lleva a poder hablar de un proceso extraordinario, pero a no poder aplicarlo como tal.

Otro de los rasgos que se debe analizar al tratar esta nota característica es la posibilidad o no de introducir hechos nuevos en este procedimiento, que el Recurso de Casación niega. Como ya hemos dicho, se trata de un procedimiento en primera instancia en el que desde luego el Juez ve por primera vez los hechos. Obviamente esos hechos deberán ser congruentes con lo alegado por las partes en el procedimiento administrativo de origen.

En nuestro caso y puesto que, como argumentaremos en los apartados posteriores, los actos a revisar son actos de Derecho Administrativo Laboral tradicionalmente encomendados a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y deben ser impugnados de conformidad con los artículos 52 y siguientes de la LRJCA que establece los requisitos de la Demanda, los hechos no se limitarían a las alegaciones de las partes durante el procedimiento administrativo. Sin embargo, si aplicamos en este caso el carácter revisor de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no podrían plantearse pretensiones que antes no se hayan planteado a la Administración. La prohibición obedece a una razón sustantiva, vinculada al principio de congruencia, y no a una obligación meramente formal. Así se establece para la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de julio de 2000 y en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de

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Cataluña de fecha 3 de noviembre de 2005. En consecuencia, en vía judicial no pueden adicionarse cuestiones no planteadas en vía administrativa, pues en tal caso se haría el recurso inadmisible por la falta de agotamiento de la vía administrativa previa como bien recogen los artículos 25 y 69.c LJCA y artículos 69 y 205 LRJS.

La tercera nota característica, es sin duda mucho más evidente que en el propio Recurso de Casación laboral porque no sólo no constituye una tercera instancia, ni una segunda apelación, sino que es en sí una primera y única instancia. El propio artículo 205.2.e de LRJS establece expresamente que contra la sentencia dictada en este procedimiento “no cabrá ulterior recurso”.

La cuarta nota esencial del Recurso de Casación es el rigor formal. Esta nota es aplicable al procedimiento que nos ocupa aunque, en mí opinión, su aplicación será menos rigurosa porque no podemos olvidar que, si bien se tramita ante el TS y su objeto son las resoluciones del Consejo de Ministros, se trata de un proceso de instancia y por tanto se exigirá mucho más rigor al Recurso de Casación que a este procedimiento. No obstante, estamos seguros de que el TS será estricto en su aplicación práctica, sencillamente porque sólo conoce de actos formales; ante él no tienen lugar las vistas orales, los actos de juicio.

La redacción del propio artículo 205 LRJS muestra visos de formalidad en la exigencia de que el procedimiento se inicie “mediante escrito” y en que sólo será solicitado el expediente administrativo y emplazados los interesados “de no concurrir causa de inadmisión”. En la misma línea, las exigencias que rodean a este proceso continúan cuando se establece que “se procederá a la reclamación del expediente administrativo a (…), se pondrá a disposición del recurrente (…) para que en el plazo común de quince días procedan a la formalización de la demanda, con expresión de las infracciones formales y sustantivas en que hubiera incurrido el acuerdo recurrido” El resto de requisitos y formalidades de la demanda se regulan en los artículos 52 y ss de LRJCA que se aplica como norma supletoria, confirmando nuevamente que el carácter formal del presente procedimiento. - 10 -


La última nota, la del tecnicismo, también es de aplicación a este procedimiento porque aunque no presenta la dimensión que es dable esperar en el rigor formal del Recurso de Casación, que exige un conocimiento forense experto por la complejidad jurídica de la técnica del recurso, no es menos cierto que será necesaria la especialización y el conocimiento profundo del derecho material administrativo-laboral, así como del derecho procesal laboral y procesal-administrativo para plantear, entre otros, los escritos de anuncio y la demanda. En consecuencia y por prudencia es recomendable que la instrucción de estos procesos sean encargados a profesionales especializados. Sobre esto volveremos a incidir cuando nos ocupemos de las exigencias de postulación de este recurso y de las carencias de su regulación actual.

En fin, el procedimiento que nos ocupa, la impugnación de los actos administrativos del Consejo de Ministros cuyo conocimiento es atribuible al orden jurisdiccional social, pese a que su marco jurídico se ubique dentro del capítulo que la LRJS dedica al Recurso de Casación, no es una modalidad de éste. Estamos en presencia de otro proceso distinto al que, no obstante, sí le son aplicables los principios informadores de aquél.

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3.- LA COMPETENCIA DEL ORDEN SOCIAL SOBRE LAS RESOLUCIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS DICTADAS POR EL CONSEJO DE MINISTROS. 3.1.- RAZÓN DE SER DE ESTA NUEVA COMPETENCIA:

Este nuevo procedimiento, que aparece por primera vez en el Orden Social con la LRJS, nos lleva necesariamente a plantearnos:

¿Cuáles han sido las necesidades reales que llevaron al legislador a

introducir ese nuevo procedimiento?

La Exposición de Motivos de la LRJS no hace alusión alguna a esta cuestión y ello, en mi opinión, obedece a la ampliación competencial que hace la nueva ley, atribuyendo el control de actos administrativos, en materias que “de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse de sociales”, a la Jurisdicción Social y uno de cuyos ejemplos lo tenemos en el artículo 2 n) LRJS.

En consecuencia, esa atribución competencial hace necesario regular un procedimiento para el control por el orden social de actos administrativos emitidos por el Consejo de Ministros y el legislador ha optado por reservar su conocimiento a la Sala IV del TS.

La siguiente cuestión, que es inevitable intentar resolver, se refiere a por qué de esta reserva al TS cuando la AN, de conformidad con la redacción original del artículo 8 LRJS, tenía entre sus competencias conocer en única instancia de “las resoluciones adminitrativas recaídas en expedientes de regulación de empleo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, cuando los procesos o resoluciones referidos extendieran sus efectos a un ámbito territorial superior al de una CCAA, así como a conocer “en única instancia de los procesos de impugnación de actos de Administraciones públicas atribuidos al orden jurisdiccional social en las letras n) y s) del artículo 2, cuando hayan sido dictados por órganos de la Administración General del Estado,” con independencia de su ámbito territorial de afectación, aunque excluye los actos dictados por Consejo de Ministros.

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La Exposición de Motivos de la LRJS tampoco aclara esta duda. Sin embargo creemos que ello responde a la voluntad del legislador que ha querido copiar por analogía, el modelo dado por el artículo 12 LRJCA, al encomendar el conocimiento de los actos emitidos por el Consejo de Ministros a la Sala III del TS y todo ello con el fin de respetar el mandanto constitucional del artículo 96 CE.

3.2.- RELACIÓN ENTRE LA LRJS Y LA LRJCA Y ENTRE LA LRJS Y LOS APARTADOS 4 Y 5 DEL ARTÍCULO 9 LOPJ.

De lo visto hasta el momento se desprenden sin duda, dos cuestiones a analizar: a)

¿La nueva LRJS entra en contradicción con lo regulado por la LRJCA en

sus artículos 12 y 96 y ss.? b)

¿Es posible entender que hay fricciones entre el artículo 9.4 de la LOPJ y la

nueva atribución competencial que recoge la LRJS?

La posible contradicción entre la LRJS y LRJCA es fácilmente salvable porque, al ser normas de igual rango, las diferencias se podrían solucionar jurisprudencialmente, aplicando los criterios ordinarios de interpretación y aplicación entre leyes, de tal forma que la nueva atribución competencial a la Sala IV del TS para la revisión de determinados actos administrativos con contenido social no debe verse afectada porque una norma anterior, como la LRJCA, atribuya en exclusiva la revisión de esos actos a la Jurisdicción Contencios-Administrativa.

Pero además el artículo 3 LRJCA expresamente aclara que “no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo: a. las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración Pública.

La segunda de las cuestiones, en mi opinión, es también salvable pues la revisión de los actos administrativos objeto de este procedimiento no son los descritos por el apartado 4 del artículo 9 LOPJ al decir “Los del orden Contencioso-Administrativo conocerán de (…) los recursos contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho. Conocerán, asimismo, de las pretensiones que se deduzcan en relación con la responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas - 13 -


y del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que se derive”.

Consiguientemente, no existe fricción entre ambas normas ni existe el peligro de considerar inconstitucional la LRJS porque no entra a regular en contra de materias reservadas a Ley Orgánica de conformidad con el artículo 81.1 CE, al no atribuir al orden social competencias relacionadas con las descritas en el apartado 4 del artículo 9 LOPJ.

Pero además el artículo 9.4 LOPJ atribuye la competencia “de conformidad con lo que establezca la Ley de esa jurisdicción” y, la misma LRJCA excluye las cuestiones expresamente atribuidas al orden jurisdiccional social. Entendido así, la redacción actual del artículo 9.5 LOPJ11 no precisaría de una adaptación a la LRJS, pues resulta suficiente para abordar los nuevos cauces competenciales que se otorgan a la jurisdicción social.

3.3.- COMPETENCIA OBJETIVA Y RESOLUCIONES IMPUGNABLES DEL CONSEJO DE MINISTROS

Dos cuestiones no ofrecen duda alguna:

a)

En primer lugar, que las resoluciones impugnables serán los actos de las Administraciones Públicas atribuidos al orden social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros (artículos 205.1 y 9. a) LRJS).

b)

En segundo lugar, el órgano competente para revisar en única instancia esos procesos de impugnación es la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, sencillamente porque así lo establece el indicado artículo 9 LRJS.

Sentadas esas premisas se nos suscitan una serie de interrogantes, tales como: 11

Artículo 9.5 LOPJ “Los del orden jurisdiccional social conocerán de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del derecho, tanto en conflictos individuales como colectivos, así como las reclamaciones en materia de Seguridad Social o contra el Estado cuando le atribuya responsabilidad la legislación laboral.”

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¿Las resoluciones comprenden actos de poder o actos administrativos?

¿Refiriéndose a actos administrativos serían disposiciones generales o actos concretos?

¿Sobre qué materias han de versan las resoluciones impugnables? ¿Derecho Administrativo Laboral o Derecho Privado Laboral?

¿Qué repercusión ha tenido la nueva atribución competencial de la Ley 36/2011 sobre los actos revisables del Consejo de Ministros?

¿Tenemos ya normas que permitan emitir resoluciones susceptibles de ser impugnadas en el orden social a través de este procedimiento o existe aún un vacío legal?

Veamos las posibles respuestas: A) ACTOS DE PODER O ACTOS ADMINISTRATIVOS.

La nueva redacción de los artículos 9 y 205.1 de la LRJS sólo menciona actos de las Administraciones Públicas atribuidos al orden social sin concretar si se trata de “actos de poder” o “actos administrativos”. Entendiendo, según describe Enterría12, los primeros como actos de autoridad, realizados con imperium y los segundos como actos de simple gestión, en los que la Administración actúa como mero particular y definidos por Enterría como “una declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de deseo realizada por la Administración en el ejercicio de una potestad reglamentaria”

No obstante, la posibilidad de atribución del control de “actos de poder” a la Jurisdicción Social podría descartarse fácilmente si tenemos en cuenta que el límite entre las actuaciones sujetas a control o no, se esclarece en el apartado a) del artículo 2 de la LRJCA, cuando atribuye a los Órganos Judiciales del Orden Contencioso-Administrativo el conocimiento de "la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, 12

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T-R: “Curso de Derecho Administrativo I”. Cívitas, Madrid, 1996. Reimpresión de 7ª edición, pág. 47.

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todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos." Pero, además, dichos actos son expresamente excluidos en el apartado a) del artículo 3 de la LRJS que dispone que “no conocerán los órganos jurisdiccionales del orden social: a) de la impugnación directa de disposiciones generales de rango inferior a la ley y decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación, aun en las materias laborales, sindicales o de Seguridad Social enumeradas en el artículo anterior”. De tal forma que esta limitación incidirá de forma clara sobre el derecho laboral que tiene una importante desarrollo a través de Reglamentos y Reales Decretos sirviendo de ejemplo, el reciente Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

En esta línea, aún nos quedan dos cuestiones por clarificar:

¿Sobre qué materias versarán eso actos administrativos revisables por el procedimiento de instancia del artículo 205 LRJS?

¿Serán actos de Derecho Administrativo Laboral o de Derecho Privado Laboral?

B) DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL O DERECHO PRIVADO LABORAL

Para intentar esclarecer las cuestiones planteadas al final del apartado anterior y saber qué derecho material es el que debe contener las Resoluciones susceptibles de ser impugnadas por medio de este procedimiento, debemos acudir al ámbito competencial atribuido al orden social por la LRJS. A tales efectos también tenemos en cuenta que la regulación inicial, desde su entrada en vigor13 el día 12 de diciembre de 2011, ha sido modificada por el Real Decreto-ley 3/2012 de 10 de febrero, de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral14.

Social

13

Disposición Final Séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción

14

Entró en vigor el día 12 de febrero de 2012.

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Esas nuevas atribuciones para conocer de los litigios sobre la actuación administrativa laboral y relativo a prestaciones se recogen en los artículos 2 y 3 LRJS al plasmar los límites positivos y negativos.

Concretamente la ampliación de competencias, que tiene relevancia para nuestro estudio como límites positivos la encontramos en el artículo 2 LRJS:

1.-El apartado e) atribuye al orden social la competencia para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones Públicas en materia de prevención de riesgos laborales respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de los servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercer sus acciones a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral y siempre sin perjuicio de las competencias plenas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones.

2.- El apartado i) al referirse a que son competencia del orden social los procesos sobre materia electoral, incluidas las elecciones a órganos de representación del personal al servicio de las Administraciones Públicas, vislumbra que la Resolución que designa al personal laboral que forma parte de los servicios mínimos también pueda ser objeto de este procedimiento como perfilará en detalle el artículo 3 d) LRJS.

3.-El apartado n) que atribuye al orden social, sustrayéndolo del orden Contencioso-Administrativo:

Primero: desde el día 12 de diciembre de 2011, fecha en la que entra en vigor la LRJS, hasta el día 11 de febrero de 2012 que es modificada por el Real Decreto-Ley 3/2012, la impugnación de resoluciones administrativas de la autoridad laboral en procedimientos de suspensión temporal de relaciones laborales, reducción de jornada y despido colectivo, regulados en los artículos 47 y 51 del ET. Tal atribución da respuesta a

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un clamor común y ampliamente compartido, que evidenciaba la existencia de “interferencias jurisdiccionales”15.

Segundo: el conocimiento de las impugnaciones de resoluciones administrativas de la autoridad laboral recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en materia laboral y sindical y respecto de las demás impugnaciones de otros actos de las Administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia laboral y sindical que pongan fin a la vía administrativa, siempre que en este caso su conocimiento no esté atribuido a otro orden jurisdiccional.

4.- El apartado s) amplía la competencia a la impugnación de actos de las Administraciones Públicas, sujetos a derecho administrativo y que pongan fin a la vía administrativa, dictadas en el ejercicio de sus potestades y funciones en materia de Seguridad Social, distintas de las comprendidas en el apartado o) de este artículo, incluyendo las recaídas en el ejercicio de la potestad sancionadora en esta materia y con excepción de las especificadas en la letra f) del artículo 3.

El apartado o) se refiere a prestaciones de Seguridad Social, incluidas la protección por desempleo y la protección por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, así como de la imputación de responsabilidades a empresarios o terceros respecto de las prestaciones de Seguridad Social en los casos legalmente establecidos. Igualmente las cuestiones litigiosas relativas a la valoración, reconocimiento y calificación del grado de discapacidad, así como sobre las prestaciones derivadas de la Ley 39/2006 de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, teniendo a todos los efectos de esta Ley la misma consideración que las relativas a las prestaciones y los beneficiarios de la Seguridad Social.

15

La Sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo de 26.09.2011, explicaba con detalle el problema, al sostener que tanto la coctrina científica como la propia doctrina judicial tienen el convencimiento absoluto de que los conflictos relativos a expedientes de regulación de empleo corresponden a la Rama Social del Derecho y deberían residenciarse en el Orden Social de la Jurisdicción, sin necesidad de más precisiones o distingos. De hecho, la propia Sentencia de la Sala del Tribunal Supremo de 19.12.2007 recaída en el Procedimiento individual de Tutela de Derechos Fundamentales señalaba al respecto el “loable” propósito de la LRJCA de intentar “encauzar el problema de una manera más consecuente con la dogmática jurídica”.

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Los límites negativos los encontramos en el artículo 3 LRJS en:

1.- Los apartados c) y d), confirmando la tradicional exclusión del orden social de los litigios sobre personal funcionario y sobre los actos gubernativos de fijación de servicios mínimos. La principal innovación en lo referente a los servicios mínimos y que es relevante para nuestro estudio, es la diferenciación entre la decisión sobre el porcentaje de personal que habrá de atenderlos (cuestión excluida de la jurisdicción social) y la designación concreta del personal laboral incluido en los servicios mínimos (cuestión atribuida al la jurisdicción social).

2.- Apartado f) que ratifica la exclusión de la jurisdicción social hasta ahora existente de los actos de encuadramiento, gestión recaudatoria y asistencia y prestación social al excluir de este orden, el conocimiento de las impugnaciones de los actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a inscripción de empresas, formalización de la protección frente a riesgos profesionales, tarifación, afiliación, alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como en materia de liquidación de cuotas, actas de liquidación y actas de infracción vinculadas con dicha liquidación de cuotas y con respecto a los actos de gestión recaudatoria, incluidas las resoluciones dictadas en esta materia por su respectiva entidad gestora en el supuesto de cuotas de recaudación conjunta con las cuotas de Seguridad Social y, en general, los demás actos administrativos conexos a los anteriores dictados por la Tesorería General de la Seguridad Social, así como de los actos administrativos sobre asistencia y protección social públicas en materias que no se encuentren comprendidas en las letras o) y s) del artículo 2.

Tras ese catálogo de actos administrativos impugnables, consideramos que la ampliación del campo competencial es fundamentalmente de Derecho Administrativo Laboral y no de Derecho Laboral Administrativo16, ni de Derecho Privado Laboral.

Concretamente en lo referente al Derecho Laboral Administrativo hemos de fijarnos en el artículo 3.e) LRJS que expresamente los excluye al referirse a los Pactos o acuerdos del personal funcionario o estatutario de las Administraciones Públicas, 16

Entendiendo por Derecho Laboral Administrativo el relacionado con la función pública.

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incluyendo los pactos sobre materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral que regula el artículo 36.2 de la Ley 7/2007 EBEP.

En cuanto al Derecho Privado Laboral, la regulación de la LRJS tampoco es especialmente novedosa en Actos de Derecho Privado Laboral, entendiendo por éstos los actos que se basen en la normativa que regula los litigios entre particulares sobre la existencia y contenido del vínculo contractual laboral y que se resuelven aplicando el Derecho Privado del Trabajo.

Es más, como argumento adicional que soporte la tesis de que el contenido de los actos a impugnar debe ser de Derecho Administrativo Laboral lo encontramos en el artículo 205.2 LRJS al disponer “deberá presentarse en el plazo de dos meses siguientes a la notificación del acto impugnado o de los dos meses siguientes a la desestimación expresa o presunta del recurso”.

De esa redacción se desprende, en primer lugar, que el inicio del procedimiento es igual al establecido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa para la impugnación de actos de la Administración. En este sentido hay que destacar que no se hace mención a la obligatoriedad de interponer reclamación previa y no queda claro, pues, si ésta es exigible o no.

En mi opinión, si el legislador hubiese querido hacer mención a la obligatoriedad de la reclamación previa, lo hubiera hecho evitando contradicciones en la norma procesal laboral y contraria a la norma del proceso Contencioso-Administrativo. Sin embargo, no lo ha hecho y consideramos que ello se debe a que el contenido de los actos no es de Derecho Privado Laboral sino de Derecho Administrativo Laboral y es por tal razón que la reclamación previa no ha de ser preceptiva.

Así, el artículo 120 de Ley 30/1992 establece que la reclamación en vía administrativa es requisito previo al ejercicio de acciones fundadas en derecho privado o laboral contra cualquier Administración Pública, salvo los supuestos en que dicho requisito esté exceptuado por una disposición con rango de Ley. Dicha reclamación se tramitará y resolverá por las normas contenidas en este Título y por aquellas que en cada caso, sean de aplicación y, en su defecto, por las generales de esta Ley. - 20 -


Y como es sabido, con igual exigencia, el artículo 69 de la LRJS regula que para poder demandar al Estado, Comunidades Autónomas, Entidades Locales o Entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, será requisito necesario haber interpuesto reclamación previa a la vía judicial social.

Como complemento a la cobertura que ha de dar la LRJS a esta nuevo campo competencial, esta ley establece en la Disposición Final Cuarta, que la LRJCA, en su calidad de norma supletoria, ha de completar los vacíos de LRJS. Además, el apartado segundo de la Disposición Transitoria Cuarta de la LRJS completa las lagunas que pudieran quedar al establecer que “la impugnación de los actos administrativo en dichas materias, dictadas con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuará atribuida al orden jurisdiccional Contencioso Administrativo, y los recursos contenciosos administrativos interpuestos contra actos administrativos en materia laboral, sindical y de seguridad social, con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, continuarán sustanciándose ante el orden jurisdiccional Contencioso Administrativo conforme a las normas aplicables a dicho orden.”

3.4.- ÓRGANOS QUE PUEDEN EMITIR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS OBJETO DEL PROCESO DE INSTANCIA Y ESTUDIO DE LA EXISTENCIA DE DERECHO MATERIAL EN VIGOR QUE RESPALDE LAS COMPETENCIAS DE ESOS ÓRGANOS.

De la redacción dada por el artículo 205.2 en relación con el art. 9 a) LRJS se desprende que el órgano competente para emitir esas resoluciones, objeto de la competencia de este procedimiento de instancia, es el Consejo de Ministros. La cuestión que se suscita entonces es si se refiere solo a las resoluciones directas emitidas por el Consejo de Ministros o si también se incluyen las resoluciones indirectas que resuelvan mediante los Recursos Potestativos de Reposición.

Para responder a ese interrogante hemos de partir primero del apartado 3.3.c de este estudio que llegaba a la conclusión de que los actos impugnables por el Consejo de - 21 -


Ministros son los de Derecho Administrativo Laboral y, en segundo lugar, se debe tener en cuenta la redacción dada por el artículo 205 LRJS al disponer que “el procedimiento se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de dos meses siguientes a la notificación del acto impugnado o de los dos meses siguientes a la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición potestativo” 17. Ante tal evidencia, podemos afirmar que podrán ser impugnadas por este procedimiento de instancia, tanto las resoluciones directas como las resoluciones que resuelvan el Recurso de Potestativo de Reposición frente a los propios actos del Consejo de Ministros y siempre de conformidad con el artículo 107 Ley 30/1992.

No obstante se precisa una mayor reflexión y hemos de preguntarnos si son también revisables las Resoluciones del Consejo de Ministros resolviendo Recursos de Alzada interpuestos frente a actos del Ministro de Empleo y Seguridad Social.

El artículo 114 de la Ley 30/1992 establece que los actos podrán ser impugnados en Alzada cuando no pongan fin a la vía administrativa, pues de lo contrario estaríamos ante actos que “causan estado”. El apartado c) del artículo 109 de la Ley 30/1992 establece que las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico pueden ser objeto de Recurso de Alzada y en nuestro caso, el superior jerárquico del Ministro de Empleo es el Consejo de Ministros. No obstante, la Disposición Adicional 15 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, establece de manera positiva que ponen fin a la vía administrativa los actos emanados de los Ministros. Desde esa perspectiva el Consejo de Ministros no podría emitir actos que resuelvan Recursos de Alzada del Ministro. Sin embargo la solución no es tan sencilla, pues el apartado c) del artículo 109 de la Ley 30/1992 excepciona esta regla general al matizar, “salvo que la ley establezca lo contrario”. Por tanto deja la puerta abierta a la existencia de actos del Ministro de Empleo

17

El art. 107 de la Ley 30/1992 establece que contra las resoluciones y los actos de trámite podrá interponerse por los interesados recurso de alzada y potestativo de reposición. - 22 -


que puedan ser revisados en Alzada por el Consejo de Ministros si hubiera una disposición legal que así lo regulara. Desde esta perspectiva, lo sometido a impugnación por este procedimiento de instancia no sería el acto en sí del Ministro de Empleo, sino la Resolución del Consejo de Ministros resolviendo el Recurso de Alzada planteado frente al acto del Ministro de Empleo. La causa de impugnación, si seguimos lo regulado en el art. 205 a) in fine, podrá ser formal o sustantiva, dependiendo de las infracciones en que hubiera incurrido el acuerdo recurrido.

Llegados a este punto, a continuación es imprescindible plantearse si el Consejo de Ministros y el Ministro de Empleo ya tienen entre sus competencias materias cuyas resoluciones puedan ser susceptibles de impugnación.

3.5.- COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE MINISTROS Y DEL MINISTRO DE EMPLEO.

Tras un estudio de las normas más significativas en materia de Derecho Administrativo Laboral sólo hemos encontrado que en este momento, son competencia del orden social los actos del Consejo de Ministros y del Ministro de Empleo, referidos a lo estipulado en el artículo 48 apartados 1 y 2 de la LISOS, que atribuyen competencias sancionadoras en dos supuestos: 1º.- Competencia para sancionar las infracciones en el orden social, en el ámbito de la Administración General del Estado a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al “Ministro de Trabajo e Inmigración” hasta 125.000€ y al Consejo de Ministros, a propuesta del de “Trabajo e Inmigración”, hasta 187.515€. 2º.- En el ámbito de las competencias de las Administración General del Estado, las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, a propuesta de la Inspección de trabajo al Ministro de "Trabajo e Inmigración" hasta 125.000€ y al Consejo de Ministros a propuesta del de "Trabajo e Inmigración", hasta 187.515€.

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Contra esas resoluciones se podrán interponer los recursos administrativos y jurisdiccionales que legalmente procedan de conformidad con el artículo 54 de la LISOS. Concretamente, y en lo que al objeto de nuestro estudio interesa, frente a los actos del Consejo de Ministros cabrá Reposición y frente a los actos del Ministro de Empleo cabrá Reposición y Alzada. Salvando aquí la norma general, que regula la Disposición Adicional 15 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, al decir que los actos emanados de los Ministros ponen fin a la vía administrativa, lo que ya fue desarrollado en el apartado anterior.

Ciertamente, tras lo expuesto, su trascendencia práctica existe, pero no es menos cierto que puede ser ampliada porque la posibilidad de atribuir nuevas materias y competencias al Consejo de Ministros y al Ministro de Empleo es ilimitada y dependerá de la voluntad política. Y ello es así, porque: Primero; en las competencias del Consejo de Ministros enumeradas en los apartados del a) al i) del artículo 5 de la citada Ley 50/1997 del Gobierno, no se hace mención alguna a resoluciones incluidas en el ámbito del artículo 9.5 de LOPJ. Pero en ese artículo se establece, no obstante, una lista abierta de competencias ya que el apartado k) dispone que podrá ���ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las leyes y cualquier otra disposición”.

Segundo; las competencias de los Ministros se regulan en el artículo 4 de la citada Ley 50/1997. En este precepto, aunque tampoco se hace mención expresa al ámbito competencial del artículo 9.5 de LOPJ, encontramos en su apartado c) la fórmula abierta que le permite “ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organización y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones”. Atribución abierta de competencias que, al margen de los problemas de habilitación que genera, también dependerá de la referida voluntad política para desarrollarlas.

3.6.- REDUCCIÓN COMPETENCIAL QUE INTRODUCE LA REFORMA LABORAL DE 2012 EN LOS APARTADOS ANTERIORES Y CONSERVADA POR LA LEY 3/2012. - 24 -


El Real Decreto-Ley 3/2012 ha sido decisivo para reducir el número de resoluciones que pueden ser revisadas por este procedimiento, pues se elimina la necesidad de la autorización administrativa para proceder a despedir colectivamente18 tras la modificación del apartado n) del artículo 2 de la LRJS y tras establecer un procedimiento especial para el control de esos despidos en el artículo 124 de la LRJS.

La razón esgrimida para justificar esta supresión se encuentra en la Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley 3/2012, al decir literalmente que “la caracterización del despido colectivo, con un expediente administrativo y posibles impugnaciones administrativas y judiciales, se ha revelado contraria a la celeridad que es especialmente necesaria cuando se trata de acometer reestructuraciones empresariales. De ahí seguramente la tendencia a alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores durante el período de consulta como modo de asegurar la autorización por parte de la autoridad laboral. Sin embargo, ello se ha hecho muchas veces a costa de satisfacer indemnizaciones a los trabajadores despedidos por encima de la legalmente prevista para este despido.”

Además, el Real Decreto-Ley 3/2012, no sólo ha suprimido la autorización administrativa para los despidos colectivos, con la excepción de los casos de fuerza mayor que reitera la Ley 3/2012, sino que siguiendo la misma argumentación de “celeridad”, ha modificado el régimen jurídico sustantivo de la suspensión temporal del contrato y de la reducción temporal de la jornada en lo relativo a la supresión de la autorización administrativa de la autoridad laboral, obligando a adaptar el tratamiento procesal de dichas instituciones y reduciendo por tanto también el ámbito competencial del procedimiento de instancia que es objeto de estudio.

Con todo, en la actualidad, esta reducción competencial no tiene en nuestro estudio la trascendencia práctica que parece desprenderse de su nueva concepción, pues, ni antes ni después de la Reforma, el Consejo de Ministros posee competencias en la articulación

18

Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 3/2012: “una de las principales novedades reside en la supresión de la necesidad de autorización administrativa, manteniendo la exigencia comunitaria de un período de consultas, pero sin exigirse un acuerdo con los representantes de los trabajadores para proceder a los despidos. - 25 -


administrativa de los EREs19. En la actualidad, para el caso de que los trabajadores afectados por un Despido Colectivo impugnado por los representantes de los trabajadores estén radicados en más de una CCAA, la competencia en la instancia corresponderá a la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional de conformidad con el artículo 8.1 LRJS que determina la competencia atendiendo a un criterio territorial y no de jerarquía administrativa.

19

MARTINEZ MOYA, J: “Jurisdicción Social. Nuevas Competencias”. Curso L 36/2011, de 10 de

octubre. Pág 47. - 26 -


4.- PROCEDIMIENTO

El artículo 205 LRJS regula el procedimiento diferenciando dos momentos claros cuales son: el inicio o su apertura y la tramitación. El momento de la resolución es mencionado en un único apartado dentro la fase de tramitación.

Para el desarrollo del procedimiento y de conformidad con la Disposición Final Cuarta LRJS que dice “En lo no previsto en esta Ley regirá como supletoria (…), en los supuestos de impugnación de los actos administrativos cuya competencia corresponda al orden social, la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa”, hemos tenido en cuenta los artículos 35 a 77 LRJCA, que regulan el Procedimiento Ordinario. Si el objeto del Acto del Consejo de Ministros fuera sobre cuestiones de extranjería o sobre cuestiones cuya cuantía no supere los 30.000 € habría que adaptar las particularidades que a continuación describiremos a las peculiaridades del Procedimiento Abreviado, que se regulan en el artículo 78 LJCA.

Sin embargo, a este respecto cabe matizar que los ius laboralistas podrán aplicar la supletoriedad de la LRJCA de forma flexible amparándose en la redacción de la Disposición Final Cuarta de la LRJS que establece que se realizará “con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios”. De hecho, en la práctica, esa reticencia ya se está comprobando en la tramitación de los procesos sobre el procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad social, excluidos los relativos a prestaciones que regula el artículo 151 LRJS, y del que algunos autores mantienen que su regulación ha de entenderse como supletoria a lo no contemplado por el artículo 205 LRJS. Si bien, en mi opinión, ese planteamiento último no es afortunado.

4.1.- INICIO

Este procedimiento de instancia, como dice literalmente el artículo 205.2 LRJS, “se inicia mediante escrito” que habrá de presentarse “en el plazo de dos meses siguientes a la - 27 -


notificación del acto impugnado o de los dos meses siguientes a la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición potestativo”, “solicitando se tenga por anunciada la impugnación jurisdiccional, acompañando copia del acto impugnado”

Y, por tanto, los únicos requisitos a que hace mención el precitado artículo para la preparación de ese escrito son: el anuncio, el acompañamiento del acto impugnado y los plazos de interposición, quedando en duda las siguientes cuestiones:

¿Cuáles son los demás requisitos que debe reunir el escrito de anuncio para

que no incurra en causa de inadmisión? ¿Quién asume las funciones de control para admitir o inadmitir el escrito?

La redacción del artículo 205.2 LRJS es sin duda parca para resolver la primera de las cuestiones porque no hace una enumeración detallada de los requisitos que ha de cumplir ese escrito de anuncio. A los efectos de esclarecer cuáles deben ser esos requisitos y quiénes son los sujetos que lo pueden interponer, deberemos acudir a los artículos 45 y siguientes de la LRJCA que se encuentran dentro del Título IV “el Procedimiento Contencioso-Administrativo, del Capítulo I sobre Procedimiento en Primera o única Instancia” y de la Sección 2ª sobre “Interposición del Recurso y Reclamación del Expediente”.

El artículo 45 LRJCA hace mención a la impugnación de actos, disposiciones, inactividad o actuación de la administración y por tanto en relación al presente proyecto, sólo nos fijaremos en los requisitos del escrito frente a la impugnación de actos.

Lo primero y más destacable, es que al tratar cuál debe ser el contenido del escrito sólo se hace mención a la obligatoriedad de citar el acto impugnado para a continuación en el apartado segundo del artículo 45 LRJCA, dar un catálogo detallado de documentos que deben acompañar al escrito de anuncio. Siendo cuatro los bloques de documentos exigidos:

a) El documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podrá solicitarse que se expida certificación para su unión a los autos. - 28 -


b) El documento o documentos que acrediten la legitimación del actor cuando la ostente por habérsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro título. c) La copia o traslado de la disposición o del acto expreso que se recurra, o indicación del expediente en que haya recaído el acto. d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurídicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicación, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento de representación.

Si bien el artículo 45 LRJCA no regula más requisitos, aún faltaría, en mi opinión, un requisito que debería ser contemplado en la preparación del escrito y es la acreditación de haber cumplido lo dispuesto en el artículo 69 de LRJS que establece que “para poder demandar al Estado (…) será requisito necesario (…) haber agotado la vía administrativa, cuando así proceda, de acuerdo con lo establecido en la normativa de procedimiento aplicable”

De esas redacciones podemos extraer la existencia de los siguientes requisitos que ha de observar el escrito de anuncio y que a continuación desarrollaremos:

Representación.

Defensa.

Legitimación.

Acreditación de haber puesto fin a la vía administrativa.

Temporal de interposición.

Lugar de presentación.

A) REPRESENTACIÓN:

La representación en el nuevo procedimiento merece ser analizada con detenimiento pues tendrá una particularidad frente al recurso contencioso-administrativo, pues si bien en el recurso contencioso-administrativo la representación por procurador será, según el artículo 23.1 LRJCA, sólo voluntaria por ser en la mayor parte de los casos una actuación ante un órgano unipersonal, en el procedimiento de instancia que es objeto de - 29 -


estudio, a tenor del artículo 23.2 LRJCA la representación por un procurador siempre será preceptiva dado que la actuación se realiza ante un órgano colegiado como es la Sala IV del Tribunal Supremo.

Ha de acompañarse al escrito de anuncio, el documento que acredite la representación del compareciente, salvo si figura unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo órgano, como ya vimos que recogía el artículo 45 LRJCA.

B) DEFENSA:

En este apartado debemos aclarar:

¿Quién asume la defensa en el procedimiento de instancia?

¿A qué norma debemos acudir para encontrar la respuesta?

En mi opinión, al tratarse de impugnación de actos administrativos y dada la complejidad del acto a impugnar, debemos tener en consideración que la Disposición Final Cuarta de la LRJS establece como norma supletoria para la impugnación de actos administrativos la LRJCA y desde ese punto de vista el apartado primero del artículo 23 LRJCA es claro al decir que: “serán asistidas, en todo caso, por Abogado”. En esa redacción se excluye la figura del Graduado Social que, evidentemente, no tiene un campo competencial en el derecho administrativo, pudiendo ser recogido en el futuro por el legislador.

Para cumplir con este requisito el procurador, como representante, encabezará el escrito y podrá atribuir la asistencia letrada al Abogado o Graduado Social, bien en el encabezamiento del escrito o en un otrosí.

No obstante, esa interpretación podría contravenir a la propia Disposición Final Cuarta de la LRJS que en su redacción final establece que sea “con la necesaria adaptación a las particularidades del proceso social y en cuanto sean compatibles con sus principios”, pues, desde una interpretación flexible de la norma, no tendría por qué haber sido intención del legislador obviar al Graduado Social en la fase de anuncio del Inicio del procedimiento - 30 -


de instancia cuando en la nueva LRJS le otorga una nueva competencia como es la del anuncio del Recurso de Casación, recogida además en el propio artículo 205 regulador de ambas figuras: Casación y el procedimiento de instancia.

A favor de esta segunda tesis, también se posicionaría el artículo 21.1 LRJS cuando establece que “La defensa por Abogado y la representación técnica por Graduado Social colegiado tendrá carácter facultativo en la instancia”.

C) LEGITIMACIÓN

Nuevamente, acudiendo a la norma administrativa como supletoria, podemos aseverar que, como dice la letra a) del apartado primero del artículo 19 LRJCA, “Están legitimados ante el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo: a.- Las personas físicas o jurídicas que ostenten un derecho o interés legítimo.”

Tal redacción, desde luego, no contraviene en absoluto lo establecido en el artículo 17 LRJS, que concreta los sujetos legitimados de la siguiente manera: 1. Los titulares de un derecho subjetivo o un interés legítimo podrán ejercitar acciones ante los órganos jurisdiccionales del orden social, en los términos establecidos en las Leyes. 2. Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales tendrán legitimación para la defensa de los intereses económicos y sociales que les son propios”

Y por tanto la legitimación se obtiene, no sólo con la acreditación de un interés legítimo sino con la personación actual o potencial en el procedimiento.

Al impugnar un acto administrativo será, en principio, fácilmente acreditable quién es el sujeto que originariamente posee el interés legítimo, pues constará en el acto impugnado. Sin embargo no es tan sencillo conocer a los sujetos que se han colocado en la posición originaria y es por ello que la norma prevé que, obligatoriamente, se aporte la acreditación de la transmisión de la legitimación por herencia – “mortis causa”- o por cualquier otro título -“inter vivos”-.

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El momento temporal para la acreditación de la transmisión de la legitimación, se produce una vez terminado el procedimiento administrativo e iniciada la vía judicial pues si la transmisión se hizo durante el procedimiento administrativo deberá aparecer el causahabiente en el acto impugnado y si la transmisión se produce durante el proceso contencioso-administrativo y antes de la terminación, se deberá resolver mediante la sustitución.

D) ACREDITACIÓN DE HABER PUESTO FIN A LA VÍA ADMINISTRATIVA.

El artículo 205 LRJS establece de manera clara, que sólo se podrá interponer el presente recurso si el acto ha puesto fin a la vía administrativa y por tanto si el acto no es susceptible de ulterior recurso ante la propia administración.

Agotar la vía administrativa previa es una prerrogativa de los poderes públicos que permite al órgano autor del acto o a su superior jerárquico, poder revisarlo previamente por la denominada tradicionalmente vía administrativa o gubernativa.

Entendemos que el acto administrativo agota la vía administrativa cuando no permite recurso administrativo ordinario alguno, salvo el Potestativo de Reposición porque así lo establece el artículo 116 de la Ley 30/1992.

No obstante, si se hubiera optado por presentar el Recurso Potestativo de Reposición, la vía administrativa previa no habría terminado pues el propio artículo 205.2 LRJS establece en ese caso, que el inicio del procedimiento no podría ser hasta “los dos meses siguientes a la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición potestativo”.

Esa definición genérica ve su concreción en dos normas. La primera es la Disposición Adicional 15ª de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, al contemplar de manera expresa que ponen fin a la vía administrativa, salvo lo que pueda establecer una Ley o norma especial, los actos administrativos de los miembros y órganos de Gobierno y los - 32 -


actos emanados de los ministros. Y la segunda es el artículo 109 de la Ley 30/1992, al establecer que “ponen fin a la vía administrativa: a. las resoluciones de los recursos de alzada”

E) CÓMPUTO DEL PLAZO

Ya hemos visto que el cómputo del plazo de los dos meses comienza con “la notificación del acto impugnado” o ”la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición potestativo”, de tal manera que es indispensable conocer cuál es el “dies a quo” de esos tres momentos enunciados.

En cuanto al cómputo del plazo desde “la notificación” y desde “la desestimación expresa”, se entenderá que comienza al día siguiente de la notificación del acto como aclara el artículo 46.1 LRJCA.

Se entenderá que debe comenzar el inicio del cómputo del plazo a partir de la desestimación presunta del recurso -desde el día siguiente-, cuando, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto pues así lo establece también el artículo 46.1 LRJCA.

F) LUGAR DE PRESENTACIÓN

De conformidad con los artículos 268.1 de LOPJ y 135.3 LEC, el escrito se presentará en el local o sede del órgano jurisdiccional competente. Sólo de ese modo, el Secretario puede hacer constar mediante diligencia el día y hora de la presentación del escrito.

Con la entrada en vigor de la Ley 13/2009 de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina judicial, el artículo 135.5 LEC establece que la presentación podrá hacerse, en su caso, en la oficina judicial o en el servicio común procesal, si lo hubiera.

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El artículo 135.5 LEC regula otra forma de presentación del escrito por medios técnicos que permitan la emisión y recepción del documento quedando constancia fehaciente de la emisión y recepción íntegras, y de la fecha. El órgano judicial deberá acusar recibo de los documentos. En aquellos casos que se deba disponer de documentos originales o copias fehacientes, se deberán hacer llegar al tribunal dentro de los tres días posteriores como prevé el artículo 162.2 LEC.

G) CONTROL DE LA ADMISIÓN DEL RECURSO

El control de los sujetos que han de interponer el escrito de anuncio y el control del cumplimiento de los requisitos antes mencionados es encomendado al Secretario judicial que de conformidad con el apartado 3 del artículo 45 LRJCA “deberá examinar de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposición. Si estima que es válida, admitirá a trámite el recurso” (en nuestro caso el inicio del procedimiento de instancia) “Si con el escrito de interposición no se acompañan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Secretario judicial estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerirá inmediatamente la subsanación de los mismos, señalando un plazo de diez días para que el recurrente pueda llevarla a efecto y, si no lo hiciere, el Juez o Tribunal se pronunciará sobre el archivo de las actuaciones”

A estas causas de inadmisión se le debe unir la del artículo 128 LRJCA, que al regular que los plazos en la vía jurisdiccional Contencioso-Administrativa son improrrogables, obliga al Secretario judicial a tener por caducado el derecho y por perdido el trámite que hubiere dejado de utilizarse con las consecuencias que eso conlleva.

Sin embargo, y usando por analogía el artículo 47.1 LRJCA, una vez cumplido lo dispuesto en el artículo 45.3 LRJCA, el Secretario judicial en el siguiente día hábil acordará, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la presentación del recurso y remitirá el oficio para su publicación por el órgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, a un periódico de ámbito nacional, por ser el ámbito de los actos del Consejo

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de Ministros o del Ministro de Empleo. El Secretario judicial podrá también acordar de oficio la publicación.

4.2.- TRAMITACIÓN

Como bien sigue el artículo 205 Ley 36/2011, en la tramitación del proceso de instancia se observarán las siguientes reglas y etapas:

A) RECLAMACIÓN DEL EXPEDIENTE

Si no concurre causa de inadmisión y una vez se hayan subsanado en el plazo de diez días los defectos apreciados, se procederá a la reclamación del expediente administrativo a la Administración autora del acto.

La cuestión que se nos plantea es cómo habrá que reclamar el expediente. En mi opinión, y siguiendo con el artículo 48 LRJCA, el Secretario judicial, al acordar lo previsto para el anuncio del recurso o mediante diligencia si la publicación no fuere necesaria, requerirá a la Administración que le remita el expediente administrativo, ordenándole que practique los emplazamientos a los interesados. El expediente se reclamará al órgano autor del acto impugnado. Se realizará siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.

De conformidad con el apartado 3 del artículo 48 LRJCA, el expediente deberá ser remitido en el plazo improrrogable de 20 días, a contar desde que la comunicación judicial tenga entrada en el registro general del órgano requerido. La entrada se pondrá en conocimiento del órgano jurisdiccional.

La forma de envío del expediente es una de las grandes diferencias con el procedimiento administrativo, pues no será necesario el envío del expediente en papel que establece el apartado 4 del artículo 48 LRJCA, sino que será suficiente su remisión por medios electrónicos para poder cumplir con la puesta a disposición mediante acceso informático que establece, como única vía, el artículo 205 LRJS. Sin que en mi opinión, - 35 -


sea descartable el envío en papel del expediente si existieran problemas técnicos que impidieran la puesta a disposición electrónica. No obstante, esta puesta a disposición no impide que no sean de aplicación el resto de los requisitos del artículo 48.4 LRJCA y que el expediente haya de ser enviado completo, foliado, autentificado y acompañado de un índice, asimismo autentificado de los documentos que contenga.

El apartado 6 del artículo 48 continúa diciendo que se podrán excluir del expediente, mediante resolución motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, haciéndolo constar así en el índice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.

Transcurrido el plazo de remisión del expediente sin haberse recibido completo, se reiterará la reclamación y si no se enviara en el término de diez días, tras constatarse su responsabilidad previo apercibimiento del Secretario judicial notificado personalmente para formulación de alegaciones, el Juez o Tribunal impondrá una multa coercitiva de 300 a 1200€ a la autoridad o empleado responsable. La multa será reiterada cada veinte días, hasta el cumplimiento de lo requerido.

De darse causa de imposibilidad de determinación individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administración será la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta posteriormente contra el responsable.

Como continúan estableciendo los apartados 8, 9 y 10 del artículo 48 LRJCA, contra los autos en los que se acuerde la imposición de multas a las que se refiere el apartado anterior podrá interponerse Recurso de Súplica en los términos que regula la LRJCA. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas declaradas firmes se harán efectivas por la vía judicial de apremio.

Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondrá los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatención pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendrá el oportuno apercibimiento.

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B)

PUESTA

A

DISPOSICIÓN

DEL

EXPEDIENTE

Y

EMPLAZAMIENTO DE LOS INTERESADOS

De conformidad con el artículo 205 LRJS, recibido el Expediente con simultáneo emplazamiento de los interesados que resulten de éste, se pondrá a disposición del recurrente o recurrentes en la oficina judicial, mediante acceso informático o soporte electrónico de disponerse de tales medios.

De la redacción del artículo 205 LRJS, nos surgen las siguientes cuestiones:

¿Al decir “recibido el Expediente, con simultáneo emplazamiento de los

interesados” se debe entender que el emplazamiento debe ser hecho por el órgano jurisdiccional y no por el órgano administrativo como es lo común en el procedimiento administrativo de conformidad con su artículo 49 LRJCA?. •

¿Las notificaciones deben practicarse de conformidad con la Ley de

Procedimiento Administrativo como marca el artículo 49 LRJCA o se deben seguir las reglas generales de la LEC con las particularidades del proceso social?.

Estas cuestiones tendrán gran trascendencia práctica, no por el emplazamiento y personación del Consejo de Ministros que se tiene por efectuado el primero por la reclamación del expediente y el segundo con el envío del expediente de conformidad con el apartado 1º del artículo 50 LRJCA, sino por el gran número de interesados que pueden verse afectados al versar sobre sanciones cuya competencia se otorga al Consejo de Ministros y al Ministro de Empleo como establece la LISOS.

Si utilizamos por analogía el artículo 151 LRJS sobre impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad social excluidos los relativos a prestaciones, y poniendo atención al término "simultaneidad" que menciona el artículo 205 LRJS, deberíamos concluir que el emplazamiento lo debe hacer el órgano jurisdiccional.

No obstante, y puesto que el encargado de la revisión es el TS y que la norma permite la doble interpretación, en mi opinión, lo normal será que la Sala IV entienda que - 37 -


el emplazamiento lo debe hacer el órgano administrativo y que la simultaneidad se perfile como la celeridad que hay que dar al proceso de conformidad con la Exposición de Motivos de la LRJS. Entendido así, debemos seguir con la regulación que da la LRJCA y que establece que: 1. La resolución por la que se acuerde remitir el expediente se notificará en los cinco días siguientes a su adopción a cuantos aparezcan como interesados en él, emplazándoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve días. La notificación se practicará con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regula el Procedimiento Administrativo Común.

2. Practicadas las notificaciones, se remitirá el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificación del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisión del expediente, en cuyo caso éste se enviará sin demora y la justificación de los emplazamientos una vez se ultimen.

3. Recibido el expediente, el Secretario judicial, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposición y documentos anejos, comprobará que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenará a la Administración que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.

4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algún interesado en el domicilio que conste, el Secretario judicial mandará insertar el correspondiente edicto en el periódico oficial que proceda, atendiendo al ámbito territorial de competencia del órgano autor de la actividad administrativa recurrida. Los emplazados por edictos podrán personarse hasta el momento en que hubiere de dárseles traslado para contestar a la demanda. No obstante, en este sentido, no es descartable la aplicación supletoria de la LEC que exige, antes de la publicidad edictal, que por el Secretario judicial se usen los medios oportunos para averiguar el domicilio o residencia del demandado, pudiendo dirigirse, en su caso, a los registros, organismos, colegios profesionales, entidades y empresas a que se refiere el

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apartado 3 del artículo 155 de LEC y todo en aras a la “prohibición de indefensión” que propugna el artículo 24 CE. De esta forma responderíamos a la segunda de las cuestiones que nos planteamos al inicio de este apartado.

Los demandados legalmente emplazados, podrán personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendrá por parte para los trámites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuará el procedimiento en toda su tramitación, sin que haya lugar a practicar en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Transcurrido el término para la remisión del expediente administrativo sin que éste hubiera sido enviado, la parte recurrente podrá pedir, por sí o a iniciativa del Secretario judicial, que se le conceda el plazo para formalizar la demanda. Si después de que la parte demandante hubiera usado ese derecho, se recibiera el expediente, el Secretario judicial pondrá éste de manifiesto a las partes demandantes y, en su cao, demandadas por el plazo común de diez días para que puedan efectuar las alegaciones complementarias oportunas como bien recoge el artículo 53 LRJCA.

Si las partes estimasen que el expediente administrativo no está completo, podrán solicitar, dentro del plazo para formular demanda o la contestación, que se reclamen los antecedentes para completarlo. Esa solicitud suspenderá el curso del plazo correspondiente y el Secretario judicial resolverá lo pertinente en el plazo de tres días. Todo ello de conformidad con el artículo 55 LRJCA.

Recibido el expediente, y aunque la LRJS no lo mencione, en este momento procesal “aparecería” nuevamente el control jurisdiccional por el Secretario que habiendo examinado el expediente dará cuenta a la Sala de lo Social de conformidad con el artículo 52 LRJCA. Si entendiera que a la vista del expediente se podría estar en alguno de los supuestos del artículo 51 LRJCA, la Sala acordará la no admisión del recurso cuando de un modo inequívoco y manifiesto considerara que: 1º.- Existe falta de jurisdicción o la incompetencia de la Sala. 2º.- La falta de legitimación del recurrente. 3º.-Haberse interpuesto el recurso contra la inactividad no susceptible de impugnación. 4º.- Haber caducado el plazo de interposición del recurso. - 39 -


El apartado 2 del artículo 51 LRJCA continúa diciendo que se podrá inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado por el fondo del asunto, otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, debiendo mencionar, en este último caso, la resolución o resoluciones desestimatorias.

No obstante y de conformidad con el apartado 4 del artículo 51 LRJCA, la Sala antes de pronunciarse sobre la inadmisión del recurso, hará saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo común de diez días, aleguen lo que estimen procedente y acompañen los documentos a que hubiera lugar.

Contra el Auto que declare la inadmisión podrá interponerse los recursos previstos en la LJCA como bien establece el apartado 5 del artículo 51 LRJCA. Sin embargo, el auto de admisión no será recurrible pero no impedirá oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en un momento procesal posterior.

La inadmisión por declaración de incompetencia será fundada y se efectuará indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente (artículo 5.3 LRJCA). La declaración de incompetencia adoptará forma de auto y deberá efectuarse antes de la sentencia, remitiéndose las actuaciones al órgano de la Jurisdicción que se estime competente para que ante éste siga el curso del proceso (artículo 7.3 LRJCA).

C) FORMALIZACIÓN DE LA DEMANDA Y CONTESTACIÓN

De conformidad con el artículo 205 LRJS, recibido el expediente, con simultáneo emplazamiento de los interesados que resulten del expediente, se pondrá a disposición del recurrente o recurrentes en la oficina judicial, mediante acceso informático o soporte electrónico de disponerse de tales medios, para que en el plazo común de quince días procedan a la formalización de la demanda, con expresión de las infracciones formales y sustantivas en que hubiera incurrido el acuerdo recurrido.

Del escrito o escritos de demanda presentados se dará traslado a la representación de la Administración del Estado y demás partes personadas para el trámite de contestación en plazo común de quince días como continúa diciendo el artículo 205 LRJS. - 40 -


Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, podemos entender que, de conformidad con el artículo 54 LRJCA, el Secretario judicial emplazará a la Administración demandada para contestar, apercibiéndola de que no se admitirá la contestación si no va acompañada de dicho expediente.

Si el defensor de la Administración demandada estima que la disposición o actuación administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podrá solicitar la suspensión del procedimiento por un plazo de veinte días para comunicar su parecer razonado sobre dicha cuestión. El Secretario judicial, previa audiencia del demandante, acordará lo procedente20.

La contestación se formulará primero por la Administración demandada. Cuando hubieren de hacerlo, además de la Administración, otros demandados y aunque no actuare bajo la misma dirección, la contestación se formulará simultáneamente por todos ellos21.

La norma tan sólo menciona de manera genérica la obligación de expresar las infracciones formales y sustantivas en que hubiera incurrido el acuerdo recurrido pero no establece los requisitos que ha de tener la demanda. Nuevamente, y si nos fijamos en el artículo 205 LRJS, se hace un guiño al procedimiento Contencioso-administrativo al hablar de “recurrente” o “recurrentes”, de tal manera que tendremos que acudir a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa como supletoria, como bien recoge la Disposición Final Cuarta de la LRJS.

El artículo 56 LRJCA establece que en los escritos de demanda y de contestación se consignarán con la debida separación los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificación de las cuales podrán alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administración.

20 21

Artículo 54.2 LRJCA Artículo 54.3 LRJCA

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De conformidad con el artículo 52.1 in fine de LRJCA, cuando los recurrentes fuesen varios, y aunque no actuasen bajo una misma dirección, la demanda se formulará simultáneamente por todos ellos.

El Secretario judicial examinará de oficio la demanda y requerirá que se subsanen las faltas de que adolezca en el plazo no superior a diez días. Realizada la subsanación, admitirá la demanda. En otro caso, dará cuenta al Juez para que resuelva lo que proceda sobre su admisión22.

Con la demanda y la contestación las partes acompañarán los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designarán el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren23.

Después de la demanda y la contestación no se admitirán a las partes más documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos en el proceso civil. No obstante, el demandante podrá aportar, además, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones.

El artículo 52.2 LRJCA continúa diciendo que si la demanda no se hubiese presentado dentro de plazo, la Sala, de oficio, declarará por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitirá el escrito de demanda, y producirá sus efectos legales si se presentare dentro del día en que se notifique el auto. Sin embargo, dada la dificultad que esa celeridad plantea en la práctica, lo normal será que se aplique supletoriamente el artículo 135.1 LEC que permite la presentación de escritos dentro de las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo, en el servicio común procesal creado a tal efecto o, de no existir éste, en la sede del órgano judicial.

Los apartados 2, 3 y 4 del artículo 56 LRJCA completan esta fase al concretar que el Secretario judicial declarará concluso el pleito, sin más trámite, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que tiene de acordar de oficio el recibimiento a prueba si:

22

Artículo 56.2 LRJCA.

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1º.- El actor pide por otrosí en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones y la parte demandada no se oponga. 2º.- Si en los escritos de demanda y contestación no se solicita el recibimiento a prueba ni los trámites de vista o conclusiones, salvo que el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la índole del asunto, acuerde la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.

En los dos supuestos anteriores, si el demandado solicita la inadmisión del recurso, se dará traslado al demandante para que en el plazo de cinco días formule las alegaciones que estime procedentes sobre la posible causa de inadmisión y seguidamente se declarará concluso el pleito.

Si bien la LRJS sólo hace mención al trámite de contestación a la demanda haciendo referencia al plazo, en mi opinión y puesto que la LRJCA es la que se aplica en sustitución, también cabrían las alegaciones previas que regula la Sección 5ª LRJCA en los artículos 58 y 59 de tal manera que:

1º.- Las partes demandadas podrán alegar, dentro de los primeros cinco días del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del órgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 69 LRJCA, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del órgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestación, incluso si hubiesen sido desestimados como alegación previa. Para hacer uso de este trámite la Administración demandada habrá de acompañar el expediente administrativo si no lo hubiera remitido antes. 2º.- Del escrito formulando alegaciones previas el Secretario judicial dará traslado por cinco días al actor, el cual podrá subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez días. Evacuado el traslado, se seguirá la tramitación prevista para los incidentes. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no será susceptible de recurso y dispondrá que se conteste la demanda en el plazo que reste.

23

Artículo 56.3 LRJCA.

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El auto estimatorio de las alegaciones previas declarará la inadmisibilidad del recurso y, una vez firme, el Secretario judicial ordenará la devolución del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. Si se hubiere declarado la falta de jurisdicción o de competencia, será fundada y revestirá la forma de auto.

D) PRÁCTICA DE LA PRUEBA DOCUMENTAL

La prueba documental, distinta de la que obre en el expediente administrativo, se aportará con los escritos de demanda y contestación.

E) PRÁCTICA DE OTRAS DILIGENCIAS DE PRUEBA

El artículo 205.2.b LRJS continua diciendo que es posible solicitar la práctica de otras diligencias de prueba cuando exista disconformidad en los hechos y lo estime necesario el Tribunal, que señalará a tal efecto una vista única para su práctica, pudiendo delegar en uno de sus Magistrados o en una Sala o juzgado para este fin, en función de las circunstancias concurrentes.

Este en un tema que reviste gravedad, por dos razones:

Primera: Es profundamente criticable que la LRJS deje a la discrecionalidad del órgano el recibimiento del juicio a prueba en los casos que exista disconformidad en los hechos, cuando por el contrario la LRJCA en su artículo 60.3 exige el recibimiento del pleito a prueba por lo menos en los casos de sanción administrativa o disciplinaria si hay disconformidad en los hechos. Este incongruencia puede tener importancia si se relaciona con el hecho de que los actos objeto de impugnación puedan ser las sanciones del artículo 48 LISOS. Desde nuestro punto de vista, no sería difícil argumentar que vulnera el derecho de defensa previsto en el artículo 24.2 CE, por lo que sería acertada la aplicación supletoria de la LRJCA en este apartado, al menos desde el punto de vista constitucional.

Segunda: porque da la posibilidad de que el Tribunal delegue en otro órgano - 44 -


jurisdiccional la práctica de la prueba. Pero además, la norma no concreta qué órgano jurisdiccional sería el competente y por tanto en mi opinión, esta posibilidad supone una vulneración flagrante del principio de inmediación, que no se justifica por el hecho de que se trate del TS, teniendo en cuenta que no es un recurso sino un proceso de instancia. El recibimiento del proceso a prueba solo se podrá solicitar por medio de otrosí en los escritos de demanda y contestación y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos deberán expresarse, de forma ordenada, los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba y los medios que se propongan24.

Si en la contestación a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolución del pleito, el recurrente podrá pedir el recibimiento a prueba y expresar los medios que se propongan dentro de los cinco días siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de sus derecho a aportar los documentos que tengan por objeto desvirtuar las alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citación de vista o conclusiones25.

La prueba se desarrollará con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, siendo el plazo para practicarla de treinta días. No obstante, podrán aportarse al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso26.

De acuerdo con las leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones discriminatorias por razón de sexo, corresponderá al demandado probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad. A estos efectos, el órgano judicial a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes27.

24

Artículo 60.1 LRJCA. Artículo 60.2 LRJCA. 26 Artículo 60.4 LRJCA. 27 Artículo 60.7 LRJCA. 25

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El Tribunal podrá acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la práctica de cuantas estime pertinentes para la más acertada decisión del asunto28.

Finalizado el periodo de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el órgano jurisdicccional podrá también acordar la práctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria29. Las partes tendrán intervención en las pruebas que se practiquen30.

Si el Tribunal hiciere uso de la facultad de acordar de oficio la práctica de una prueba y las partes carecieran de oportunidad para realizar alegaciones en la vista o en el escrito de conclusiones, el Secretario judicial pondrá de manifiesto el resultado de la prueba a las partes, las cuales podrán alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia31 en el plazo de cinco días.

El juez podrá acordar de oficio, previa audiencia de las partes o bien a instancia de las mismas, la extensión de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos. A los efectos de la aplicación de las normas sobre costas procesales en relación a estas pruebas, se entenderá que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensión de sus efectos, prorrateándose su importe entre los obligados en dichos procesos al pago de las aquellas32.

F) VISTA Y CONCLUSIONES

De conformidad con los artículos 62 y siguientes de la LRJCA, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso para sentencia sin más trámites,.

28

Artículo 61.1 LRJCA Artículo 61.2 LRJCA 30 Artículo 61.3 LRJCA 31 Artículo 61.4 LRJCA 32 Artículo 61.5 LRJCA 29

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Dicha solicitud habrá de formularse por medio de otrosí en los escritos de demanda o contestación, o por escrito presentado en el plazo de cinco días contados desde que se notifique la diligencia de ordenación declarando concluso el período de prueba.

El Secretario judicial proveerá según lo que coincidentemente hayan solicitado las partes, en otro caso sólo acordará la celebración de la vista o la formulación de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habiéndose practicado la prueba, lo solicite cualquiera de las partes sin perjuicio de la facultad de acordar la prueba de oficio.

De conformidad con el artículo 205.2 b LRJS, de haberse practicado prueba, el Tribunal resolverá dar traslado para conclusiones por un plazo común de diez días a todas las partes, salvo que estime necesaria la celebración de vista.

El artículo 62 y siguientes de la LRJCA continúa diciendo que si las partes no hubieran formulado solicitud alguna, el Juez o Tribunal, excepcionalmente atendida la índole del asunto, podrá acordar la celebración de vista o la formulación de conclusiones escritas.

Si se acordara la celebración de vista, el Secretario judicial señalará la fecha de la audiencia por riguroso orden de antigüedad del asunto, excepto las fundadas en circunstancias excepcionales.

En el acto de la vista se dará la palabra a las partes por su orden para que, de forma sucinta, expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por sí o a través de Magistrado ponente, podrá invitar a los defensores de las partes, antes o después de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto de debate.

El desarrollo de la vista se registrará en soporte apto para la grabación y reproducción del sonido y de la imagen. El Secretario judicial deberá custodiar el documento electrónico que sirva de soporte a la grabación. Las partes podrán pedir, a su costa, copia de las grabaciones originales.

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Siempre que se cuente con los medios tecnológicos necesarios, el Secretario judicial garantizará la autenticidad e integridad de lo grabado o reproducido mediante la utilización de la firma electrónica reconocida u otro sistema de seguridad conforme a la ley que ofrezca tales garantías. En este caso, la celebración del acto no requerirá la presencia en la sala del Secretario judicial salvo que lo hubieran solicitado las partes, al menos dos días antes de la celebración de la vista o que, excepcionalmente, el Secretario judicial lo considere necesario atendiendo a la complejidad del asunto, al número y naturaleza de las pruebas a practicar, al número de intervinientes o la posibilidad de que se produzcan incidencias que no pudieran registrarse, o a la concurrencia de otras circunstancias igualmente excepcionales que lo justifiquen, supuesto en el cual el Secretario judicial extenderá acta sucinta.

Si los mecanismos de garantía no se pudieran utilizar, el Secretario judicial deberá consignar en el acta los siguientes extremos: número y clase de procedimiento, lugar y fecha de celebración, tiempo de duración, asistentes al acto, alegaciones de las partes, resoluciones que adopte el Juez o Tribunal así como las circunstancias e incidencias que no pudieran constar en aquel soporte. A este acta se incorporarán los soportes de la grabación de las sesiones.

Cuando los medios de registro previstos no se pudiesen utilizar por cualquier causa, el Secretario judicial extenderá acta de cada sesión, recogiendo en ella con la extensión y detalle necesarios, las alegaciones de las partes, las incidencias y reclamaciones producidas y las resoluciones adoptadas.

El acta prevista, se extenderá por procedimientos informáticos, sin que pueda ser manuscrita más que en las ocasiones en que la sala en que se esté celebrando la actuación careciera de medios informáticos. En estos casos, al terminar la sesión, el Secretario judicial leerá el acta haciendo en ella las rectificaciones que las partes reclamen, si las estima procedentes. Este acta se firmará por el Secretario judicial tras el Juez o Presidente, las partes, sus representantes o defensores y, en su caso, los peritos.

Cuando se acuerde el trámite de conclusiones, las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos en que apoyen sus pretensiones. - 48 -


Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declarará que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultadad de acordar una nueva diligencia de prueba, en cuyo caso dicha declaración se hará inmediatamente después de que finalice la práctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas.

En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación.

Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondrá en conocimiento de las partes mediante providencia, dándoles plazo de diez días para ser oídas sobre ello. Contra esta providencia no cabrá recurso alguno.

En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones, el demandante podrá solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuantía de los daños y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constasen ya probados en autos.

G) VOTACIÓN Y FALLO

Los autos se señalarán para votación y fallo en el plazo de los diez días siguientes a la presentación de la contestación de la demanda o, en su caso, de la presentación de conclusiones o de la celebración de la vista, de conformidad con el artículo 205.2.d. LRJS.

El señalamiento de día para votación y fallo se ajustará a un riguroso orden de antigüedad de los asuntos, excepto aquellos que fundados en circunstancias excepcionales deban tener preferencia de conformidad con los artículos 64.3 y 63 de LRJCA.

4.3.- SENTENCIA

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La sentencia se dictará en el plazo de los diez días siguientes a la votación y fallo, y en ella se efectuarán los pronunciamientos que correspondan en los términos establecidos en el apartado 9 del artículo 151 LRJS.

Como vemos hay una remisión directa al procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y de seguridad social que aclara que la sentencia efectuará los pronunciamientos que correspondan según las pretensiones oportunamente formuladas por las partes y concretamente:

1.

Declarará la inadmisibilidad de la demanda por carencia de jurisdicción, por no ser susceptible de impugnación el acto recurrido, haberse formulado aquélla fuera del plazo establecido o cuando se aprecie la falta de cualquier otro presupuesto procesal, así como cuando se impugnen actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

2.

Desestimará la demanda cuando se ajuste a derecho el acto impugnado.

3.

Estimará la demanda si se aprecia infracción del ordenamiento jurídico, incluida la desviación de poder por haberse utilizado las potestades administrativas para fines distintos de los legalmente previstos. En este caso la sentencia declarará no conforme a derecho el acto impugnado y lo anulará total o parcialmente y, cuando así proceda, ordenará el cese o la modificación de la actuación impugnada o impondrá el reconocimiento de una determinada situación jurídica individualizada.

4.

En caso de declaración de nulidad del acto o resolución por omisión de requisitos de forma subsanables de carácter esencial que hayan ocasionado indefensión, podrá disponerse la nulidad del procedimiento seguido a los solos efectos de retrotraerlo al momento de producción. La declaración de la caducidad del expediente no impedirá la nueva iniciación de la actuación administrativa si por su naturaleza no estuviera sujeta a un plazo extintivo de cualquier clase, sin que el procedimiento caducado tenga eficacia interruptora de dicho plazo.

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A) EFECTOS DE LA SENTENCIA

El artículo 205.2.e in fine LRJS establece claramente que contra la sentencia que se dicte no cabrá ulterior recurso y por tanto será FIRME con los efectos propios de la misma.

De conformidad con el artículo 72 LRJCA, la sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.

La anulación de un acto producirá efectos para todas las personas afectadas.

La estimación de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situación jurídica individualizada sólo producirá efectos entre las partes.

4.4.- OTROS MODOS DE TERMINACIÓN DEL PROCEDIMIENTO A) DESISTIMIENTO

Como bien establece el artículo 74 LRJCA, el recurrente podrá desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello.

El Secretario judicial dará traslado a las demás partes. Si prestaren su conformidad con el desistimiento o no se opusieran a él, dictará decreto en el que se declarará terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo a la oficina de procedencia.

En otro caso o cuando apreciare daño para el interés público, dará cuenta al Juez o Tribunal para que resuelva lo que proceda.

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Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuará respecto de aquellos que no hubieren desistido.

El desistimiento no implicará necesariamente la condena en costas.

Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administración demandada hubiera reconocido totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante y posteriormente la Administración dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podrá pedir que continúe el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendiéndose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, concederá a las partes un plazo común de diez días para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocación.

B) RENUNCIA Si bien la LRJCA no hace mención a la posibilidad que tiene cualquier actor de renunciar a la acción ejercitada, hemos de entender que es de aplicación supletoria el artículo 20 de la LEC que la permite, salvo que la renuncia fuese legalmente inadmisible. En este caso se dictará auto mandando seguir el proceso adelante.

C) ALLANAMIENTO

De conformidad con el artículo 75 LRJCA, para que el allanamiento produzca efectos será necesario que lo ratifique el recurrente o que esté autorizado para ello.

Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin más trámites, dictará sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infracción manifiesta del ordenamiento jurídico, en cuyo caso el órgano jurisdiccional comunicará a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimación de las pretensiones y las oirá por plazo común de diez días, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

Si los demandados fueran varios, el procedimiento seguirá respecto de aquellos que no se hubiesen allanado. - 52 -


Si iniciado el procedimiento la Administración demandada reconociese totalmente en vía administrativa las pretensiones del demandante, cualquier de las partes podrá ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal cuando la Administración no lo hiciera.

El Secretario judicial mandará oír a las partes por plazo común de cinco días y, previa comprobación de lo alegado, el Juez o Tribunal dictará auto en el que declarará terminado el procedimiento y ordenará el archivo y la devolución del expediente administrativo si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurídico. En este último caso dictará sentencia ajustada a Derecho.

D) TRANSACCIÓN.

El artículo 77 LRJCA, establece que en los procedimientos en primera o única instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de una parte, una vez formuladas la demanda y la contestación podrá someter a la consideración de las partes el reconocimiento de hechos o documentos así como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transacción y, en particular, cuando verse sobre estimación de cantidad.

Los representantes de las Administraciones Públicas demandadas necesitarán la autorización oportuna para llevar a efecto la transacción, con arreglo a las normas que regulan la disposición de la acción por parte de los mismos.

El intento de conciliación no suspenderá el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podrá producirse en cualquier momento anterior al día en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.

Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparición de la controversia, el Juez o Tribunal dictar auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico ni lesivo del interés público o de terceros.

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E) TERMINACIÓN DEL PROCESO POR SATISFACCIÓN EXTRAPROCESAL O CARENCIA SOBREVENIDA DEL OBJETO Si bien ni la LRJS, ni la LRJCA mencionan la posibilidad de terminar el proceso por satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto, no deja de ser de aplicación subsidiara el artículo 22 de la LEC y por tanto, cuando por circunstancias sobrevenidas a la demanda dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida porque se hayan satisfecho fuera del proceso las pretensiones del actor o por cualquier otra causa, se pondrá de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretará por el Secretario judicial la terminación del proceso, sin que proceda condena en costas. Si alguna de las partes sostuviere la subsistencia de interés legítimo, negando motivadamente que se haya dado satisfacción extraprocesal a sus pretensiones o con otros argumentos, el Secretario judicial convocará a las partes en el plazo de diez días a una comparecencia ante el Tribunal que versará sobre ese único objeto. Terminada la comparecencia, el tribunal decidirá mediante auto dentro de los diez días siguientes, si procede o no continuar el juicio, imponiéndose las costas de estas actuaciones a quien viere rechazada su pretensión. Contra el auto que ordene la continuación del juicio no cabrá recurso alguno. Contra el que acuerde su terminación, cabrá Recurso de Apelación.

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5.- CONCLUSIONES

Las principales conclusiones sustantivas y procesales alcanzadas en el presente estudio son las siguientes:

Primera: la LRJS trae como novedad un procedimiento de instancia frente a actos del Consejo de Ministros que se ubica sistemáticamente dentro del mismo artículo que el que regula el Recurso de Casación sin formar parte de él pues su objeto no son las resoluciones judiciales sino las resoluciones administrativas.

Segunda: su ubicación en el artículo 205 LRJS responde a la voluntad del legislador de mantener, en la medida de lo posible, el artículado y estructura de la LPL, reduciendo las consecuencias de la variación de la numeración del articulado y la confusión que podría crear en el intérprete al analizar y estudiar la Jurisprudencia ya creada.

Tercera: dada su ubicación, le serán de aplicación las notas características del Recurso de Casación con matices y debiendo relativizar el carácter extraordinario y la nota de rigor formal predicables del Recurso de Casación. En cuanto a la primera, el carácter extraordinario, como nota propia del Recurso de Casación, que afecta a toda la regulación del mismo, es distinta a lo inusual del hecho de que únicamente sean objeto de este procedimiento de instancia, la impugnación de unas resoluciones muy concretas como son las dictadas por el Consejo de Ministros en materia laboral y de las que conoce el orden jurisdiccional social. Esa reflexión nos lleva a poder hablar de un proceso extraordinario pero a no poder aplicarlo como tal. Y en cuanto al rigor formal, se exigirá mucho más rigor al Recurso de Casación que a este procedimiento que, al fin y al cabo, es de instancia aunque se tramite en el TS y su objeto sean las resoluciones del Consejo de Ministros, sin perjuicio de que el TS sea muy riguroso en su aplicación práctica.

Sin embargo, en cuanto a la posibilidad o no de introducir hechos nuevos en este procedimiento, que el Recurso de Casación niega, al tratarse de un procedimiento en primera instancia en el Juez conoce por primera vez, los hechos aparecerán al comienzo de - 55 -


la litis pero sin obviar que deben ser congruentes con lo alegado por las partes en el procedimiento administrativo de origen.

Cuarta: la posible contradicción entre lo regulado en la LRJS y los artículos 12, 96 y ss de la LRJCA es fácilmente salvable dado que al ser normas de igual rango, las diferencias se podrán solucionar jurisprudencialmente, aplicando los criterios ordinarios de interpretación y aplicación entre leyes, de tal forma que la nueva atribución competencial a la Sala IV del TS para la revisión de determinados actos administrativos con contenido social no debe verse afectada porque una norma anterior de igual rango, como la LRJCA, atribuya en exclusiva la revisión de esos actos a la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa.

Quinta: la relación entre la LOPJ y la LRJS también es pacífica si tenemos en cuenta que la última no entra a regular y atribuir al orden social materias reservadas a Ley Orgánica de conformidad con el artículo 81.1 CE y por tanto no fricciona con las competencias relacionadas en el apartado 4 del artículo 9 LOPJ.

Sexta: la Exposición de Motivos de la LRJS no hace mención alguna a la razón de ser de este nuevo proceso de instancia, si bien en mi opinión, obedece a la ampliación competencial que hace la nueva ley, atribuyendo el control de actos administrativos en materias que “de forma directa o por esencial conexión, puedan calificarse de sociales” a la Jurisdicción Social. Dentro de esa atribución, y respetando los principios del Derecho Contencioso-Administrativo, la norma, reserva al TS el conocimiento de aquellos actos administrativos que hayan sido dictados por el Consejo de Ministros y este procedimiento pretende regular esta atribución competencial.

Séptima: el artículo 205 LRJS establece con claridad que el órgano competente para conocer de este procedimiento será la Sala IV del TS y que los actos revisables serán los actos de las Administraciones Públicas atribuidos al orden social cuando hayan sido dictados por el Consejo de Ministros. No obstante, la redacción no aclara si las resoluciones comprenden Actos de Poder o Actos Administrativos, o si siendo Actos

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Administrativos nos encontramos ante Disposiciones Generales o Actos concretos. Tampoco se concretan las materias sobre las que versan esas resoluciones.

Octava: en mi opinión es evidente que el conocimiento ha de ser sobre actos administrativos puesto que el artículo 2 a) LRJCA atribuye a los organos judiciales del orden Contencioso-Administrativo el conocimiento de la protección jurisdicciónal de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos de Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las CCAA, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

Novena: una vez delimitado que el objeto del estudio son los actos administrativos, serán objeto de este procedimiento los actos concretos, pues el artículo 3. a) LRJS expresamente excluye del conocimiento de esta Jurisdicción la revisión de disposiciones generales.

Décima: la materia sobre la que han de versar esos actos, en mi opinión, es de Derecho Administrativo Laboral por ser la gran novedad competencial atribuida al orden social y puesto que primero, el procedimiento no contempla la reclamación preceptiva previa que sería imprescindible en materias de Derecho Privado Laboral y segundo, que el artículo 3.e) LRJS excluye expresamente el conocimiento de los pactos y acuerdos del personal funcionario o estatutario de las Administraciones Públicas del Orden Social.

Undécima: las resoluciones emitidas por el Consejo de Ministros a que se refiere el artículo 205 LRJS, en nuestra opinion, serán aquellas emitidas de forma directa por el Consejo de Ministros, aquellas que resuelvan Recursos de Reposición interpuestos contra resoluciones del propio Consejo de Ministros y resoluciones que resuelvan Recursos de Alzada frente a actos del Ministro de Empleo si esas resoluciones tuvieran contenido en Derecho Administrativo Laboral y una norma expresamente estableciera que no ponen fin a la vía administrativa salvando la Disposición Adicional 15 de la Ley 6/1997 de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

Duodécima: el Real Decreto-Ley 3/2012 ha sido decisivo para reducir el número de resoluciones que pueden ser revisadas por este procedimiento, pues se elimina la necesidad - 57 -


de la autorización administrativa para proceder a despedir colectivamente, tras la modificación del apartado n) del artículo 2 de la LRJS y tras establecer un procedimiento especial para el control de esos despidos en el artículo 124 de la LRJS.

Décimotercera: tras un estudio de las normas más significativas en materia de Derecho Administrativo Laboral sólo hemos encontrado que en este momento, son competencia del orden social los actos del Consejo de Ministros y del Ministro de Empleo, referidos a lo estipulado en el artículo 48 apartados 1 y 2 de la LISOS que atribuye competencias sancionadoras en dos supuestos: 1º.- Competencia para sancionar las infracciones en el orden social en el ámbito de la Administración General del Estado a propuesta de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al "Ministro de Trabajo e Inmigración" hasta 125.000€ y al Consejo de Ministros, a propuesta del de "Trabajo e Inmigración", hasta 187.515€.

2º.- En el ámbito de las competencias de las Administración General del Estado, las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales a propuesta de la inspección de trabajo, al Ministro de "Trabajo e Inmigración" hasta 125.000€ y al Consejo de Ministros a propuesta del de "Trabajo e Inmigración", hasta 187.515€.

Ciertamente su trascendencia práctica existe, pero no es menos cierto que puede ser ampliada porque la posibilidad de ampliar la atribución competencial en estas materias al Consejo de Ministros y al Ministro de Empleo, es ilimitada y dependerá de la voluntad política. Y ello es así porque los artículos 4 o 5 de la Ley 50/1997, del Gobierno, establecen una lista abierta de competencias.

Décimocuarta: la aplicación supletoria de la LRJCA, que estipula la disposición adicional cuarta de la LRJS, en los supuestos de impugnación de los actos administrativos, podrá ser aplicada con flexibilidad por los ius laboralistas, teniendo en cuenta que se trata de un proceso social y en atención a la mención que hace esa misma disposición, a las particularidades y principios del proceso social. De hecho en la práctica, esa reticencia ya - 58 -


se está notando en la tramitación de los procesos sobre el procedimiento de impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad social, excluidos los relativos a prestaciones que regula el artículo 151 LRJS y del que algunos autores mantienen que su regulación ha de entenderse como supletoria a lo no contemplado por el artículo 205 LRJS. Si bien, en mi opinión, ese planteamiento último no es afortunado, porque la norma si así lo hubiera querido prever lo hubiera hecho y precisamente sólo se remite a él para regular los pronunciamientos que pueden tener las sentencias. Décimoquinta: en el desarrollo del presente procedimiento el legislador ha obviado al graduado social a pesar de haberle atribuido la competencia del anuncio del Recurso de Casación y este olvido dejará abierto el campo de las interpretaciones, sobre todo a la luz de lo mencionado sobre las particularidades y principios del proceso laboral. Décimosexta: al regular el emplazamiento y la personación, el artículo 205 LRJS, establece que se procederá a la reclamación del expediente con simultáneo emplazamiento a los interesados, sin concretar cuál es el órgano encargado del emplazamiento y a pesar de la gran trascendencia práctica que esto supondrá por el gran número de interesados que pueden verse afectados si el acto versa sobre sanciones cuya competencia se otorga al Consejo de Ministros y al Ministro de Empleo por la LISOS. En mi opinión y tras el razonamiento hecho en el cuerpo del estudio consideramos que, puesto que el encargado de la revisión es el TS y que la norma permite la doble interpretación, lo normal será que la Sala IV interprete que el emplazamiento lo debe hacer el órgano administrativo y que la simultaneidad se perfile como la celeridad que hay que dar al proceso de conformidad con la Exposición de Motivos de la LRJS.

Decimoséptima: es profundamente criticable que la LRJS deje a la discrecionalidad del órgano, el recibimiento del juicio a prueba en los casos que exista disconformidad en los hechos cuando por el contrario la LRJCA en su artículo 60.3 exige el recibimiento del pleito a prueba por lo menos en los casos de sanción administrativa o disciplinaria si hay disconformidad en los hechos. Este incongruencia puede tener importancia si se relaciona con el hecho de que los actos objeto de impugnación puedan ser las sanciones del artículo

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48 LISOS. Desde nuestro punto de vista, no sería difícil argumentar que vulnera el derecho de defensa previsto en el artículo 24.2 CE, por lo que sería acertada la aplicación supletoria de la LRJCA en este apartado, al menos desde el punto de vista constitucional.

Decimoctava: también es criticable que la norma conceda la posibilidad de que el Tribunal delegue en otro órgano jurisdiccional la práctica de la prueba, sin concretar qué órgano jurisdiccional sería el competente y por tanto en mi opinión, esta posibilidad supone una vulneración flagrante del principio de inmediación, que no se justifica por el hecho de que se trate del TS, teniendo en cuenta que no es un recurso sino un proceso de instancia. Conclusión Final: el presente estudio no deja de ser un primer análisis y acercamiento a las cuestiones que plantea la nueva norma en relación a este procedimiento de instancia y habrá que esperar a que la práctica consolide criterios unificados de interpretación que completarán de manera precisa la regulación.

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6.- BIBLIOGRAFÍA

GARCÍA DE ENTERRÍA, E.; FERNÁNDEZ, T-R: “Curso de Derecho Administrativo I”. Cívitas, Madrid, 1996. Reimpresión de 7ª edición. GÓMEZ ORBANEJA, E.; HERCE QUEMADA, V. “Derecho Procesal Civil”. Madrid, 1955. 4ª edición. Derecho Procesal Civil, Cuarta edición, Madrid, 1955. GUASP, J. “Derecho Procesal Civil. Instituto de Estudios Políticos. Madrid 1956. MARTINEZ MOYA, J: “Jurisdicción Social. Nuevas Competencias”. Curso L 36/2011, de 10 de octubre. CORTES DOMÍNGUEZ, V.; GIMENO SENDRA V.; MORENO CATENA, V; ALMAGRO NOSETE, J., “Derecho Procesal. Tomo I (Vol. II). Proceso Civil (2)”.Tirant Lo Blanch, Valencia, 1992. 6ª edición. TARBÉ, A.P., “Cour de Cassation. Lois et Réglements a L´Usage de la Cour de Cassation”, Saint Germain-en- Laye, 1840.

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7.- ABREVIATURAS LPL: Ley de Procedimiento Laboral TS: Tribunal Supremo LRJCA: Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa CCAA: Comunidad Autónoma. CE: Constitución Española. LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial ET: Estatuto de los Trabajadores. EBEP: Estatuto Básico del Empleado Público. LISOS: Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social. ERE: Expediente de Regulación de Empleo. LEC: Ley de Enjuiciamiento Civil.

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El nuevo procedimiento de instancia