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Nueva época - 1.er Trimestre - 2010 - Núm. 20

Revista del Consejo General de

Entrevista a

Javier San Martín Presidente del CGCOGSE

Las fases del Recurso de Suplicación Alfonso González González (Magistrado de la Jurisdicción Social)


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Editorial

A propósito de la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de Reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social

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odos los sectores sociales somos conscientes de la realidad del fenómeno de la inmigración, el cual en los últimos años ha alcanzado unas dimensiones tales en España, que exige una respuesta legal al respecto para regular todas y cada una de las facetas que se derivan de tal circunstancia, y ello sin olvidar que la inmigración es una realidad que está en constante cambio, y por ende, la respuesta legal aludida debe ser igualmente ágil y dinámica. En este sentido, nuestro ordenamiento jurídico debe dar acogida no sólo a las normas de Derecho internacional que sean relevantes en materia de inmigración, sino y muy especialmente a toda la normativa europea emanada al respecto y que en ocasiones implica adaptar el propio ordenamiento jurídico, para incorporar la normativa comunitaria. A pesar de la enorme cantidad de Directivas de la UE emanadas en materia de inmigración, nuestro ordenamiento jurídico, y aún antes de incorporar al mismo, muchas de las Directivas aludidas, ya había entrado a regular los aspectos contenidos en la mismas con carácter previo, porque desde hace ya muchos años, hemos sido conscientes del impacto de la inmigración en todos los niveles y la consecuente necesidad de tener un marco normativo a la altura de las circunstancias, y en segundo lugar porque en ningún momento hemos sido ajenos al convencimiento de que un marco normativo compartido con nuestros hermanos europeos es necesario y positivo para nosotros y para todos. Sin embargo, no podemos dejar de reconocer que durante mucho tiempo, la incorporación de inmigrantes, y sobre todo, la incorporación de trabajadores inmigrantes se ha venido realizando en condiciones jurídicas muy deficientes e inadmisibles desde el punto de vista de un Estado de Derecho. Y fruto de ese convencimiento en la necesidad de dar respuesta legal al fenómeno de la inmigración considerado ya como algo estructural y no coyuntural, fue la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, ley esta que no ha estado exenta de polémica, pues ya sufrió la primera reforma apenas un año después de su promulgación (LO 8/2000, de 22 de diciembre). Sin embargo, esta era solo la primera de las otras tres reformas que vinieron después, así en el año 2003 fue reformada en dos ocasiones (LO 11/2003, de 29 de septiembre y LO 14/2003, de 20 de noviembre). En cualquier caso, la primera reforma fue la que motivó la presentación de varios recursos de inconstitucionalidad, y es que la misma, exigía para el ejercicio por parte de los extranjeros de los derechos fundamentales de reunión, asociación, sindicación y huelga, que tuvieran residencia legal en España, ante lo que el Tribunal Constitucional respondió declarando que tales derechos los ostentaban todas las personas sin excepción, y por ende la inconstitucionalidad de tal restricción (STC 236/2007, de 7 de noviembre y STC 259/2007, de 19 de diciembre). Sin embargo, quedaba aún por venir otra reforma, la protagonizada por la LO 2/2009, de 11 de diciembre, la cual tal y como establece su propio Preámbulo se considera permitirá que en España se desarrolle una política migratoria integral, integrada y sostenible necesaria para los próximos años. De hecho, estamos en condiciones de afirmar que esta nueva reforma era muy necesaria por varios motivos: • Primero, para dar respuesta una vez más a los grandes cambios sociales y económicos sucedidos desde la última reforma de la Ley, cambios estos que no sólo han afectado a nuestro país, sino también a la Unión Europea y al resto del mundo. • Segundo, para incorporar la nueva Jurisprudencia del Tribunal Constitucional reseñada en líneas anteriores. • Y tercero, para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico las últimas Directivas Europeas emanadas en la materia.

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Editorial

José Antonio Landaluce Pérez de Turiso Vocal del Consejo General de Graduados Sociales de España.

De la lectura de la LO 2/2009 de 11 de diciembre se deducen cuáles son los objetivos que se pretenden alcanzar y que en síntesis podemos decir son los siguientes: • La lucha contra la inmigración irregular, para ello, se considera necesario reforzar las medidas de control existentes, así como endurecer el régimen sancionador, persiguiendo de manera especial a todos aquellos que colaboran con la inmigración irregular. En este sentido se considera necesario igualmente agilizar el procedimiento de devolución a sus países de origen de aquellos inmigrantes que hayan recalado en nuestro territorio de manera ilegal. • Conseguir que el flujo de inmigrantes sea equitativo con nuestras necesidades de mano de obra. • Garantizar el pleno ejercicio de los derechos fundamentales a los inmigrantes legales. • Coordinación entre la política estatal y las políticas autonómicas en materia de inmigración. • Reforzar la integración cultural favoreciendo el diálogo entre las organizaciones de inmigrantes y los sectores sociales más representativos de nuestro país. Es evidente que los objetivos a alcanzar son muy loables, sin embargo, también es evidente que a pesar de las medidas adoptadas y a pesar de que cada paso que da el legislador se acerca más a un modelo de integración ideal, aún hoy existen graves deficiencias y vacíos legales que permiten el fraude, la explotación y el fomento de la delincuencia. Y es que cuando resulta ya tan evidente que la inmigración que está aconteciendo no es un fenómeno coyuntural sino una realidad permanente, los Estados deben esforzarse hasta el infinito por controlar la entrada masiva de inmigrantes, por regularizar la situación de los que aterrizan con fines constructivos, y por reprimir las conductas delictivas y fraudulentas que tales circunstancias traen como consecuencia. En definitiva, hay que llevar a cabo un ejercicio de crítica constructiva y trabajar para acabar con las deficiencias existentes. Si hay algo que caracteriza a esta ley, es que más que nunca establece una línea divisoria entre los inmigrantes legales y los ilegales. Es decir, parece estar pensada o dirigida para aquellos inmigrantes que residen en nuestro territorio de una forma legal esto es, con los correspondientes permisos de residencia y trabajo y parece restringir los derechos de los que se encuentran en nuestro país de modo ilegal. Es evidente que esta diferenciación en el trato puede interpretarse de dos modos muy distintos. Así, por un lado, y como ya exponíamos en líneas precedentes, es obligación de un país garantizar la seguridad de sus ciudadanos y frenar toda forma de delincuencia o fraude que por la clandestinidad y falta de regularización se pueda generar, pero a la vez también es obligación de un Estado de Derecho garantizar los derechos y el bienestar de las personas, y en la medida de sus posibilidades canalizar con fines positivos el flujo de personas que aterrizan en nuestras fronteras. En este último caso, con el fin también de evitar que la situación límite de precariedad en la que se pueda encontrar un inmigrante ilegal, si se le restringen sus derechos en relación con sus homólogos en situación legal, desemboque en nuevas formas de delincuencia o nuevas mafias que podrían en la práctica desembocar en situaciones que paradójicamente se tratan de evitar o erradicar con la supeditación del reconocimiento del más amplio elenco de derechos a la situación legal en el país. La verdad es que la presente ley únicamente garantiza a los extranjeros ilegales el acceso a los derechos sociales más básicos o fundamentales, que de hecho tienen todas las personas por el hecho de serlo, pero sin perder de vista, que ello tampoco va a ser un impedimento para imponer límites a su permanencia en nuestro país. En definitiva la única vía de acceso a un estatus más amplio de derechos sólo puede alcanzarse por la vía de la residencia legal. Además del abismo profundo que se abre entre los dos tipos de inmigrantes, también llama la atención la visión ciertamente instrumental o incluso utilitarista con que parece tratarse al inmigrante legal, de hecho, y como ya apuntamos, uno de los fines perseguidos con la Ley es precisamente adaptar la entrada de personas, a nuestras necesidades de mano de obra, de tal manera que la tendencia o la intencionalidad, aunque de facto no se haya logrado, e incluso se esté a años luz de conseguirse, es la inmigración como una respuesta a nuestras necesidades más que la inmigración como derecho de cualquier ser humano a desarrollar su proyecto de vida en el lugar que él elija.

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REVISTA DEL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS OFICIALES DE GRADUADOS SOCIALES DE ESPAÑA Rafael Calvo, 7 - bajo 28010 Madrid Tel. (+34) 902 152 018 914 454 354 914 455 214 Fax (+34) 914 488 571 www.graduadosocial.com e-mail:info@graduadosocial.com

DIRECTOR DE LA REVISTA: Ilmo. Sr. D. Francisco A. Rodríguez Santana DIRECTORA DE GABINETE DE COMUNICACIÓN Y RESPONSABLE DE PUBLICIDAD: Marta López Ortiz Tel. 902 152 018 e-mail:martalopez@graduadosocial.com EDICIÓN:

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Declaración institucional

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Sumario

Opinión 7

ENTREVISTA A...

Javier San Matín

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La indemnización por accidente de circulación no es computable...

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ENTREVISTA A...

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La subida del IVA: letal para la economía

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La acción de extinción del artículo 50.1. b) del Estatuto de los Trabajadores

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El Recurso de Suplicación. Intervención del Graduado Social

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Cambios operados en materia de prevención de riesgos laborales

JOSÉ LÓPEZ ANTUÑA

Albert Duaigues

JOSÉ BLAS FERNÁNDEZ SÁNCHEZ

ALFONSO HERNÁNDEZ QUEREDA

ALFONSO GONZÁLEZ GONZÁLEZ

RAFAEL RODRÍGUEZ CALATRAVA y ANTONIO ÁVILA GUTIÉRREZ

Consejo General 36

Pleno del Consejo General

38

Reuniones con el Ministerio de Justicia

50

Apertura y clausura de la VII edición Escuela «Alonso Olea»

Colegios Colón, 1 - 5.ª planta 46004 Valencia www.ciss.es

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Libros 54

CORRECCIÓN DE TEXTOS: Felipe J. Nieva IMPRESIÓN: Jomagar, S.L. C/ Moraleja de Enmedio, 16 28938 Móstoles (Madrid)

Doctrina 56

Jurisprudencia y Doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (septiembre a diciembre 2009) MARÍA DOLORES REDONDO VALDEÓN, MARÍA SILVA GOTI, CARMEN MURILLO GARCÍA y PAZ MENÉNDEZ SEBASTIÁN

D.L. M-32.372-2004 ISSN: 1698-2010

Esta revista informativa está abierta a toda clase de colaboraciones sobre temas laborales y sociales. No se hace responsable ni obligatoriamente se solidariza con lo expresado por los autores. TIRADA: 25.000 ejemplares

Jurisprudencia 68

Actualidad Fiscal 76

Actualidad Social 80 5

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Entrevista a...

Javier San Martín Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España

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AVIER SAN MARTÍN es la cabeza visible del Consejo General de Graduados Sociales desde que hace siete años ganase las primeras elecciones a la presidencia de esta Corporación.

Esta Institución que a nivel nacional representa a nuestro Colectivo es una Corporación de Derecho Público que por su función «quizás» sea la más desconocida para los propios colegiados, pues su centralización en Madrid y sus actuaciones no están habitualmente dirigidas directamente al Colegiado. A través de esta entrevista queremos acercar la actividad que se desarrolla en el Consejo General de Graduados Sociales, cuáles son sus funciones, conocer las acciones ejecutadas a lo largo de estos últimos años, y qué objetivos se quieren alcanzar en un futuro. Por ello, hemos pensado que la mejor manera de conocer estos proyectos es a través de la persona que está al mando de todo ello: su Presidente, D. Javier San Martín Rodríguez.

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Entrevista a...

Lleva dos mandatos encabezando el organigrama del Consejo General de Graduados Sociales, y casi lo primero que debemos preguntar es ¿Cansa tanta responsabilidad? ¿Merece la pena? La verdad es que han sido siete años que se han pasado rápidamente, como suelen ser los principios, estos fueron duros, pues me encontré con un Consejo General muy dividido que llevó a enfrentamientos y ataques que rozaban más lo personal que lo profesional, si debo ser sincero, reconozco que me dolieron, pero como todo en la vida, el tiempo pone a cada uno en su sitio y poco a poco con el trabajo, el diálogo y la buena voluntad, se ha demostrado que lo único que quise hacer cuando llegue aquí y es lo que quiero continuar haciendo es trabajar para que nuestro Colectivo tenga el lugar que le corresponde por derecho propio y que nuestra profesión pueda avanzar y no retroceder. ¿Qué aspecto piensa que ha cambiado sustancialmente del Consejo General? Yo creo, sinceramente, que han cambiado muchas cosas, desde la implicación de los miembros de la Comisión Permanente como la de los Presidentes de Colegios; siempre he tenido claro que era necesario la creación de Comisiones de Trabajo que se especializarán en temas concretos al objeto de que se pudiera plasmar los conocimientos de nuestro colectivo a través de la involucración de todos los Presidentes de Colegios y ello además, ayuda para agilizar los asuntos plenarios. Este tipo de organización considero que es necesaria para desmitificar esa sensación que siempre ha estado latente de que el Consejo General era un órgano ajeno a los Colegios y casi «contrario» a los intereses colegiales, yo creo que en la actualidad todos los Presidentes saben que ellos son el Consejo General y que su Presidente y Comisión Permanente son los instrumentos para hacer efectivos los acuerdos plenarios, pero siempre contando no solamente con su aprobación sino con su implicación directa en las actividades del Consejo General. ¿En qué pilares se ha apoyado usted durante su mandato? ¿Háblenos de las funciones de la Comisión Permanente? Como anteriormente mencioné me he basado mucho en diversificar los trabajos al objeto de poder tener todas las opiniones y conocimientos de todos

los Presidentes de Colegios, pues debemos reconocer que la geografía española es amplia y variada y eso hace que debamos de saber qué pasa en cada provincia. La Comisión Permanente me ayuda a tener rápidamente una visión del panorama nacional, sin necesidad de grandes convocatorias, de hecho las herramientas de internet han permitido el podernos comunicar de manera conjunta y económica con la Permanente para saber lo que en ese momento precisaba conocer al objeto de establecer prioridades a la hora de preparar una reunión o un informe técnico. Supongo que una de las cuestiones que al principio más problemas puede causar es la relación con el personal contratado del Consejo General. ¿Cómo fueron sus comienzos?, ¿qué cambios consideró necesarios realizar? y ¿cómo son sus relaciones en la actualidad? Nunca he tenido ningún problema con el personal del Consejo General y ello a pesar de que fui consciente, desde el principio, que algunos de los trabajadores fueron contratados por mi predecesor y, ello, obviamente, genera lealtad a la persona, por eso desde un primer momento a sabiendas de las circunstancias que rodearon mi aterrizaje, al personal le exigí profesionalidad; como la tuve, en estos siete años que han transcurrido desde entonces me he ocupado de mejorar su trabajo, sus medios de producción y sobre todo el salario. En la actualidad habría que preguntarles a ellos si tienen queja del Consejo General. ¿Considera que todas las actuaciones llevadas a lo largo de estos últimos años han calado dentro del Colectivo? ¿Siente que ha sido valorada su actuación? Como en todas las cosas, algunas habrán sido valoradas y otras no, pero en líneas generales sí que me siento reconfortado al percibir las muestras de cariño que los Colegiados me han manifestado en los actos colegiales a los que asisto. También en honor a la verdad estoy muy orgulloso de cómo me han tratado todos los Presidentes, las palabras tan amables y menciones que me han querido otorgar tras el logro del Recurso de Suplicación, han causado una enorme emoción en mí, y creo, sinceramente, que es una muestra de la calidad de las personas que conforman este Consejo General.

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Graduados Sociales y muy especialmente en la facilidad con la que nos hemos adaptado a los cambios, facilidad institucional ya que gracias a determinados convenios que hemos hecho con el Ministerio de Trabajo podemos sin lugar a dudas manifestar que somos el más importante colaborador del Ministerio, sin ir más lejos, en el convenio que dio lugar a la normalización de inmigrantes sin papeles en nuestro país, los Graduados Sociales legalizamos a más de 230.000 inmigrantes. España está viviendo una de sus peores crisis que se recuerdan. ¿Cómo afecta esta situación al Colectivo de Graduados Sociales?

De los objetivos alcanzados ¿De cuáles se siente más orgulloso? La Escuela de Práctica Profesional Dr. Alonso Olea, es para mí un logro muy importante porque tiene por finalidad otorgar una beca a los alumnos de relaciones laborales con mejor expediente en cada comunidad autónoma. Son 17 alumnos, cada año y con esta edición, la sexta, llevamos formando ya a más de 90 Graduados Sociales. La Representación Técnica reconocida como función esencial exclusiva y excluyente al Graduado Social en la LOPJ define con precisión nuestra labor ante los Tribunales de Justicia del Orden Social y, por fin, el Recurso de Suplicación. De lo que más orgulloso me siento es, sin duda, del Recurso de Suplicación, por lo difícil que ha sido. Y sobre todo por lo importante que es para el colectivo. La normalización de las relaciones con las instituciones y muy especialmente con la Secretaría de Estado y Seguridad Social, Dirección General de la TGSS y el INSS, ha dado lugar a un trabajo de los Graduados Sociales adoptado a las necesidades de la sociedad española. Pero no olvidemos también que tanto el Sistema DELTA, como el Sistema CONTRATA hoy en día son posibles gracias a la intervención de los

Esta crisis sí que está afectando directamente al Graduado Social, pues su contacto directo con la pequeña y mediana empresa es tan estrecho que si «algo» pasa a la PyME española, nuestros profesionales lo notan rápidamente. Es lamentable no solo la situación de pérdida de empleo sino algo más grave que es la destrucción del tejido microempresarial que siempre ha existido en nuestro país y que ha sido uno de los mayores generadores de riqueza a nivel nacional. Los Graduados Sociales nos hemos esforzado en esta crisis en evitar la destrucción de las microempresas y autónomos, y hemos desarrollado todo nuestro conocimiento para informar al empresario de las medidas en contra de la crisis y ante la terrible situación, pero obviamente no ha sido suficiente, esta crisis nos afecta como colectivo y sobre todo como consejeros de las empresas. Es terrible como mes tras mes, se producen cierres empresariales y destrucción de empleo. ¿Qué medidas sugeriría al ejecutivo español para paralizar la destrucción de empleo y fomentar la contratación? Una inminente Reforma Laboral. El abaratamiento del despido, reduciendo el despido improcedente de 45 a 25 días, por año de trabajo y con un tope de 25 mensualidades, posibilitando la ampliación de la jornada laboral, permitiendo el pacto individual en los contratos, tanto a efectos salariales como indemnizatorios y especialmente modificando los privilegios de los trabajadores pertenecientes a un sindicato, suprimiendo las horas sindicales y reduciendo de 4 a 2 el período de mandato de los representantes de los trabajadores. 9

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En otro orden de cosas, reformando la Invalidez Permanente, reformando el periodo de carencia, unificando en una sola la citada invalidez refundiendo la total y la absoluta y por último controlando las bajas, especialmente la baja médica por depresión. Qué fácil tiene el médico de cabecera dar la baja y continuar dándola, semana tras semana. En suma, se requiere de una reforma seria y profunda del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Y esa reforma sólo será efectiva si en el proceso técnico dan acogida a los Graduados Sociales. El Gobierno sigue cerrando los ojos ante la realidad, y evita crear grupos de trabajo con Graduados Sociales, pero mientras esta tendencia no cambie las reformas que se lleven a cabo no serán completas. ¿Nos gustaría saber si el Gobierno de la Nación y más exactamente el Ministerio de Trabajo ha solicitado la opinión de nuestro colectivo en materia laboral? Reconozco que en estos años de mandato las relaciones con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y con la Tesorería General de la Seguridad Social además de ser fluidas han sido muy buenas, hemos

trabajado en muchos proyectos conjuntos, como ha sido la regularización de la inmigración, el RETA, el sistema DELTA, el RED DIRECTO, CIRCE, etc., pero sí que debo indicar, que en estos momentos echo en falta la convocatoria por parte del Ministro de Trabajo para reunirnos y sentarnos como aquellos expertos que en materia laboral tienen y deben decir muchas cosas, pues como una Corporación de Derecho Publico adscrita a dicho Ministerio esta actividad debería ser lo frecuente y habitual, algo que por el momento no lo es. El actual Ministro de Trabajo, Sr. Corbacho, no se encuentra próximo al Colectivo por decisión propia. Me gustaría que esto cambiase. Justicia es otra de las bases fundamentales en los que se sustenta la actividad de los Graduados Sociales, ¿cómo son las relaciones con el Ministerio de Justicia? Excelentes, no hay otra forma de definirlo, estamos muy contentos del trato que nos han dispensado el Ministerio de Justicia, tanto en la etapa de Juan Fernando López Aguilar como con el actual Ministro y Secretario de Estado. Reconozco que desde el principio han apoyado nuestras peticiones, no viéndolas como

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reivindicaciones, sino ayudando a que situaciones que eran totalmente injustas fueran subsanadas y me refiero con esto no solamente al Recurso de Suplicación sino también a la Representación Técnica. Además considero que están realizando unos pasos muy certeros con el Plan de Modernización de la Justicia, un plan que por supuesto tendrá sus fallos, pero que era necesario realizar, por no decir que era vital para la actual Justicia. Espero y deseo que este Plan de Modernización que ha contado con las aportaciones que nuestro Colectivo ha considerado necesarias trasmitir, tenga el éxito, no solo que se merezca, sino que la propia sociedad necesita urgentemente. Repasando las Memorias Corporativas editadas en estos últimos años, me llama la atención varias cuestiones como son: La concesión de la Medalla de San Raimundo de Peñafort hacia su persona, la aprobación del Recurso de Suplicación, su presencia en el Acto de Inauguración del Año Judicial en las mismas condiciones que el resto de las profesiones jurídicas y la organización conjunta de un congreso anual con el Consejo General del Poder Judicial. Esto me plantea una duda: ¿Comprende mejor nuestra labor el propio Ministerio de Justicia que el Ministerio de Trabajo al cual estamos adscritos por tradición histórica? Efectivamente viendo estas cuestiones parece que sí que ha existido más predisposición para ayudarnos desde la cartera de Justicia que la de Trabajo, quizás sea cierto, que hemos visto una mayor predisposición hacia nuestro Colectivo, pero también hemos hecho muchas cosas en colaboración con el Ministerio de Trabajo, pues siempre hemos querido estar al lado del que por referencia es nuestro ministerio, acciones como las mencionadas en su otro pregunta (RED DIRECTO, RETA, SISTEMA DELTA, regularización de extranjeros, CIRCE) han sido difundidas a través de nuestras corporaciones con el único objetivo de ayudar al Ministerio en su difusión y aplicación. También en la actualidad se ha firmado un acuerdo de colaboración con el INSHT para lanzar las campaña de Prevención 10.es, y con el INSS para difundir el programa TESOL, espero que vean en estas acciones nuestra «predisposición» a trabajar conjuntamente al igual

que espero que valoren nuestras propuestas no como reivindicaciones, sino como necesarias y justas. Para finalizar, ¿díganos que piensa del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos? ¿Esta titulación garantiza la supervivencia de la profesión de Graduado Social? En efecto, quizá el logro más importante para el colectivo de Graduados Sociales bajo mi mandato ha sido el título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Esto garantiza la pervivencia de la profesión. Para mí a título personal ha sido todo un triunfo y así se lo he hecho saber a todos los Presidentes de los Colegios y a los miembros de la Comisión Permanente que tanto han trabajado en ello. En el mes de diciembre se celebran las elecciones al cargo de Presidente, Vicepresidente 2.º y dos vocalías de la Comisión Permanente, ¿va a presentar su candidatura para otros cuatro años más? Pues sí, la voy a presentar porque creo que estoy en el mejor momento de mi vida profesional, tengo una gran ilusión por hacer cosas para el colectivo, tengo experiencia y, sobre todo, tengo vocación de servicio, así que sí: la presentaré. ¿Qué propuestas tiene para que ese periodo de cuatro años, que sin querer ofender serán los últimos (tal y como estipula los Estatutos del Consejo General) y que quizás cierre un ciclo que podríamos denominarlo como «Etapa San Martín»? Por favor, indíquenos sus proyectos. Fundamentalmente intentaré mantener las relaciones institucionales que son muchas y muy buenas, con todos los poderes del Estado, intentaré mejorarlas, intentaré igualmente mantener la unión entre los Presidentes de los Colegios y la Comisión Permanente, como es ahora pero especialmente, intentaré conseguir que un miembro del colectivo, un Graduado Social forme parte del Consejo General del Poder Judicial como vocal, creo que ha llegado el momento, intentaré conseguir que los Graduados Sociales firmemos el Recurso de Casación ante el TS, intentaré que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita contemple también a los Graduados Sociales, intentaré avanzar en nuestras competencias profesionales y sobre todo intentaré que el Graduado Social sea la profesión del presente y del futuro. 11

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Opinión

La indemnización por accidente de circulación no es computable a los efectos de determinar el límite de ingresos para el percibo de la prestación de jubilación no contributiva

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A Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 30 de abril de 2009 estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por una pensionista que venía percibiendo una pensión de jubilación no contributiva, en cuantía mensual, primero de 185,95 euros —y posteriormente de 312,43 euros— con efectos de 1 de enero de 2007, y a la que el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) suprimió, en fecha 16 de mayo de 2007, dicha prestación, requiriéndole la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas desde el 1 de febrero de 2007, por entender que disponía de rentas suficientes, al computarle una indemnización de 6.421,34 euros percibida por la demandante como víctima de un accidente de tráfico. La sentencia de instancia estimó la demanda de la actora, por lo que el IASS interpuso recurso de suplicación, el cual fue estimado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón en sentencia de fecha 11 de

febrero de 2008, revocando la resolución de instancia, por entender que debía tenerse en cuenta la generalidad del contenido de los artículos 144.5 de la Ley General de la Seguridad Social y 12 del Real Decreto 357/1991, así como que la indemnización percibida por la demandante no representa sustitución patrimonial ninguna, y que la prestación debatida posee una indiscutible naturaleza asistencial. Por su parte, la recurrente en casación eligió para el contraste la Sentencia de 22 de febrero de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, dictada en el recurso de suplicación núm. 3426/2001, de acuerdo con la cual se estimó la demanda en un supuesto en el que el IMSERSO declaró la extinción de la jubilación no contributiva que percibía y el reintegro de lo indebidamente percibido, por superar los ingresos de la unidad familiar de convivencia, compuesta por tres miembros, el límite legal de recursos. Al igual que en el caso que exa-

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José López Antuña Licenciado en CC. del Trabajo y Relaciones Industriales, Graduado Social, Experto en Admón. General y Jefe Unidad Revisión de Pensiones de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda del Principado de Asturias

minamos, la controversia se centró en determinar si se incluía en el importe de los ingresos obtenidos por la unidad familiar la indemnización por importe de 22 millones de pesetas abonada al esposo a raíz de una accidente de trabajo. La Sala interpretó los artículos 144.5 de la Ley General de la Seguridad Social y el artículo 12 del Real Decreto 357/1991, en el sentido de que lo que se computan son las rentas y no el patrimonio, llegando a la conclusión de que la indemnización percibida es de naturaleza patrimonial y no de rendimiento. A tenor de los datos expuestos, y de acuerdo con lo sostenido por el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, estima la Sala, que entre ambas resoluciones, recurrida y de contraste, concurre la contradicción a la que se refiere el artículo 217 de la Ley de Procedimiento Laboral, que hace viable el recurso de casación para la unificación de doctrina, al tratarse de supuestos sustancialmente iguales, centrándose la controversia en si una indemnización percibida como consecuencia de un accidente de tráfico por un miembro de la unidad de convivencia, debe incluirse o no en los ingresos obtenidos a los efectos de determinar el límite legal para el percibo de la prestación no contributiva, y habiendo llegado las sentencias comparadas a soluciones opuestas procede entrar en el fondo de dicha controversia. En el caso examinado no se cuestionan los requisitos de edad y residencia legal —que junto con el de carencia de rentas o ingresos—, determinan, conforme a lo dispuesto en el artículo 167 en relación con el artículo 144, ambos de la Ley General de la Seguridad Social, el reconocimiento del derecho al disfrute de la pensión de jubilación no contributiva, puesto que la recurrente ya tenía reconocido dicho derecho y venía percibiendo la prestación correspondiente, sino que el tema objeto del recurso se centra en si, una vez que la demandante percibió una indemnización en cuantía de 6.421,34 euros por un accidente de circulación sufrido, deja ya de reunir, como consecuencia del percibo de dicha cantidad, el citado requisito de carencia de ingresos o rentas, que es lo que ha entendido el Instituto demandado, suprimiéndole la pensión y reclamándole las prestaciones devengadas desde el 1 de febrero de 2007, por estimar que las ha percibido indebidamente. Sin embargo, y como señala el Ministerio Fiscal en su preceptivo informe, la cuestión suscitada radica en la interpretación que se realice del alcance de lo establecido en el artículo 144.5 de la Ley General de la Seguridad Social —precepto que se denuncia como infringido— y de la naturaleza jurídica que se atribuya a la indemnización percibida por la recurrente. Pues bien, si el mencionado artículo

144.5 dispone que «A efectos de lo establecido en los apartados anteriores, se considerarán como ingresos o rentas computables, cualesquiera bienes y derechos, derivados tanto del trabajo como del capital, así como los de naturaleza prestacional», es claro, que dentro de estos conceptos no tiene encaje la indemnización percibida como víctima de un accidente de tráfico, que, en ningún caso puede considerarse como una renta, ya que, si bien se trata de un ingreso, no es derivado del trabajo ni del capital, y tampoco tiene naturaleza prestacional, sino indemnizatoria, siendo su finalidad la de reparar los daños y perjuicios causados. Por tanto, dicha indemnización, ni está incluida expresamente entre los conceptos computables que señala el precepto, ni es posible su inclusión por vía interpretativa —como lo hace la sentencia recurrida— dada su distinta naturaleza jurídica, siendo de destacar, por otra parte, que los requisitos para el acceso a una prestación de la Seguridad Social, tanto contributiva, como no contributiva, han de ser interpretados de forma y manera que su aplicación no frene su dinamismo progresivo, acorde con las garantías de asistencia y prestaciones sociales que postula la Constitución, en cuanto inherentes al Estado Social y de Derecho, como recuerda la sentencia de esta Sala de 27 de enero de 2009 (rec. 1354/2008), con cita de sus sentencias anteriores de 3 de junio de 1975 y 27 de diciembre de 1988. En base a los razonamientos precedentes la sentencia acuerda casar y anular la sentencia recurrida y resolver el debate planteado en suplicación desestimando el de tal clase interpuesto en su día por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales, confirmando los pronunciamientos de la sentencia de instancia, sin que proceda efectuar pronunciamiento sobre costas (artículo 233.1 de la Ley de Procedimiento Laboral). 13

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Entrevista a...

Albert Duaigues Director General de EGARSAT y de SUMA INTERMUTUAL

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N marzo de 2008, se constituyó una nueva entidad mancomunada de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social: SUMA Intermutual.

La nueva alianza mutual da cobertura a más de un millón y medio de trabajadores españoles que cuentan con una red de 220 centros entre asistenciales y administrativos. La Agrupación SUMA Intermutual nació como un proyecto común que respeta, al mismo tiempo, las identidades y especificidades de cada uno de los integrantes de la misma. SUMA Intermutual es una asociación de mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales constituida como una iniciativa novedosa en la que cada mutua pone al servicio de las demás y a disposición de sus empresas y trabajadores protegidos, medios, recursos y centros asistenciales, sin renunciar a su identidad y personalidad jurídica. 14 REVISTA GRADUADOS SOCIALES


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¿En los últimos años se han producido numerosas fusiones y alianzas entre diferentes mutuas. ¿Cómo se han vivido estas fusiones dentro de su Mutua? ¿Cree que este nuevo panorama beneficiará en una mejora de la calidad de las prestaciones que ofrecen? Efectivamente, estos últimos años se han producido numerosas fusiones y alianzas estratégicas entre mutuas de accidentes de trabajo. Sin ir más lejos, Egarsat es el fruto de la fusión, el 1 de enero de 2007, de dos mutuas centenarias: Mutua Egara y SAT Mutua. Posteriormente, en el año 2008, nuestra entidad se incorporó a SUMA Intermutual, la alianza estratégica formada por Mutua Montañesa, Maz, Umivale, Mutua Navarra y Egarsat, orientada a compartir centros, servicios, medios, procesos, protocolos, etc., con el objetivo de obtener una mayor eficacia y racionalización en el uso de los recursos gestionados por cada una de dichas mutuas. Sin duda, esta mayor dimensión y mayor número de recursos que proporciona la entidad mancomunada, así como las sinergias generadas, son factores que han incidido directamente en una atención más eficaz a nuestros mutualistas. Igual que en el caso de Egarsat y de SUMA Intermutual, se han producido en el sector bastantes movimientos en este sentido, lo cual ha conducido a una reducción considerable del número global de operadores. Estos movimientos tienen, a nuestro entender, como objetivo último ofrecer una mayor calidad en las prestaciones, lo que sin duda se está consiguiendo. Los procesos de coordinación supongo que son complicados pues se deben respetar una serie de culturas empresariales, donde la premisa fundamental sería la coherencia y el establecimiento de unos valores compartidos para así abordar este proyecto común. ¿Cómo ve este proceso, qué resulta lo más difícil de adaptar y qué lo más fácil? Aunque encajar piezas en un nuevo engranaje nunca es tarea sencilla, desde el principio se crearon grupos de trabajo que, mediante reuniones periódicas, se encargaron de poner en común todos los detalles de la integración (como decía, en cuanto a procesos, medios, protocolos, etc.), con el objetivo de que cada una de sus facetas culmine con éxito. Cabe destacar la dificultad, por ejemplo, del des-

arrollo de procesos comunes puesto que la forma de trabajar de cada mutua es distinta y en consecuencia, también sus procesos. Como positivo, decir que la buena disposición de los distintos integrantes de la corporación ha facilitado mucho aquello que a priori podía parecer complicado. De esa unión de culturas empresariales, ¿díganos en tres palabras qué valores constituyen el eje central de SUMA? y ¿cómo definiría la política actual de esta entidad mancomunada? Uno de los aspectos que caracterizan a SUMA, es precisamente que cada uno de sus integrantes ha conservado aquellos aspectos culturales esenciales que han marcado su personalidad, por los que nuestros mutualistas nos identifican y valoran. Cada mutua procede de una Comunidad Autónoma y tiene una larga tradición, de la que en ningún momento pretende deshacerse. Se trata, contrariamente, de ir sumando. Así, tras la creación de SUMA Intermutual, cada mutua ha incorporado en sus ejes de actuación tres valores clave cuyo objetivo es garantizar un óptimo servicio: la confianza (basada en el cumplimiento de la misión y de los compromisos hacia el mutualista), la cercanía física y emocional, y la calidad. La suma de ellos, da como resultado el valor añadido que queremos ofrecer en nuestros servicios. La tasa de siniestralidad laboral es todavía muy alta para un país desarrollado como España, ¿qué medidas plantean ustedes para combatir dicha lacra social? A mi entender, las claves para reducir la siniestralidad laboral radican en la integración de la gestión de la prevención de riesgos laborales en la organización de las empresas. Es decir, que se considere la prevención de riesgos como una actuación normal, cotidiana en la empresa y no meramente como una recopilación de documentación para justificar el cumplimiento de la ley. Se está avanzando en la cultura preventiva, y prueba de ello es, por ejemplo, la I+D llevada en materia de prevención de riesgos, la proliferación de nuevos profesionales en este campo y su introducción en las plantillas de las empresas, la implicación de los mandos intermedios en el fomento de la prevención o el constante incremento de foros en los que se trata la prevención de riesgos laborales. 15

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Entrevista a... Albert Duaigues Director General de EGARSAT y de SUMA INTERMUTUAL

Además, conviene no olvidar que cada mutua de SUMA sigue ofreciendo una atención muy personalizada, cosa que probablemente sea más difícil que se produzca en aquellas mutuas que de por sí tienen un tamaño mayor. Como oportunidad, diría que el hecho de haber trabajado hasta ahora con éxito en la integración de los miembros de la entidad nos permitiría integrar en SUMA Intermutual otras entidades si la administración así lo creyera conveniente, sin excesiva problemática. Creo que todos hemos aprendido mucho, y la experiencia es un grado. En cuanto a las amenazas, aparte de la actual difícil coyuntura económica quizás destacaría que al ser un sector no solamente regido por el mercado, sino también por un marco legal definido por el Ministerio de Trabajo e Inmigración —las mutuas de accidentes somos entidades colaboradoras de la Administración—, no podemos incidir en los posibles cambios que puedan darse en este sentido. Por otro lado, cabe decir que este mismo factor nos ha obligado a tener una estructura altamente ágil y flexible, capaz de adaptarse rápidamente a las novedades que puedan producirse. Finalmente, no creo que SUMA Intermutual presente ninguna debilidad destacada en relación al resto de mutuas y corporaciones del sector, precisamente por este marco legal tan estructurado que, si bien por un lado limita, por el otro garantiza un estándar mínimo que todas las mutuas de accidentes cumplimos. ¿Desde el punto de vista de la gestión y utilizando una herramienta de marketing (DAFO) analícenos las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que considera que SUMA tienen ante su futuro? Particularmente creo que la Entidad cuenta en estos momentos con una clara fortaleza, que es precisamente la nueva dimensión derivada de la alianza. Todos sus miembros podemos ofrecer ahora un mayor servicio y de más calidad, con cobertura en todo el país.

Como Colectivo tradicionalmente relacionado con las mutuas, ¿qué influencia considera que tiene el Graduado Social en su actividad empresarial? Los Graduados Sociales tienen un papel muy importante como colaboradores con las mutuas en toda la gestión administrativa y en la tramitación de incidencias. Para nosotros, resulta imprescindible la actividad que desarrolla este colectivo profesional como inter-

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S Para nosotros, resulta imprescindible la actividad que desarrolla el colectivo de los Graduados Sociales como intermediario entre la empresa, generalmente PyME, y la mutua.

mediario entre la empresa, generalmente PyME, y la mutua. Nos facilita enormemente la labor y muchas veces es nuestro único interlocutor con la empresa.

¿Tiene prevista una política de expansión a nivel nacional de las Mutuas que componen la Entidad mancomunada?

Nos gustaría que nos diera su opinión desde un punto de vista objetivo de cómo se percibe en la sociedad a los Graduados Sociales. ¿Qué aspectos considera que se deberían potenciar?

Actualmente, las mutuas de SUMA Intermutual estamos plenamente centradas en la consolidación de la alianza, y en la integración en todos los aspectos.

Los Graduados Sociales son en la mayoría de las ocasiones la mano derecha de la empresa. En las empresas de menor dimensión, no suele haber personal especializado en temas laborales, por lo cual confían plenamente su gestión al Graduado Social y en este sentido su tarea es clave.

Nuestro ámbito de actuación es plenamente nacional por lo que no está prevista ninguna expansión de la entidad. Nuestro modelo de actuación se basará, probablemente, en potenciar y hacer más eficiente nuestra red actual consolidando nuestros centros más potentes.


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La subida del IVA: letal para la economía TVE,

hora de máxima audiencia, entrevista personal al presidente del Gobierno, y éste afirma: «la subida del IVA no va a afectar a las empresas, tampoco afectará al trabajo al no tocar el IRPF, ni perjudicará a las exportaciones». Si a esta misma conclusión llegara un alumno que se presente a Selectividad: suspendería. Estupefactos, los españoles comprobamos cómo tenemos un presidente que, hoy por hoy, no aprobaría ni el bachiller.

Ya no nos sorprende que en la Unión Europea no le convoquen a las reuniones en las que se toman decisiones importantes, porque todo el mundo sabe lo que Zapatero da de sí. ¿Cómo puede una persona medianamente cabal pensar que las empresas no van repercutir el IVA? ¿En qué mundo vive? Es evidente que no conoce lo que es una empresa, y que todo gira en torno a la administración y vive a costa de los presupuestos públicos. Situación que pone al descubierto otras realidades, tales como que bajo esa imagen de no romper un plato, no hay quien se atreva a decirle la verdad. Que una vez descabalgado el Sr. Solbes, quién jamás hubie-

ra caído en semejantes despropósitos, el nuevo equipo de asesores económicos, o teme decirle la verdad, o vive en la misma ficción. Con este razonamiento, debe pensar que las empresas disfrutan de tan amplios márgenes comerciales, que le permiten asumir la reducción de éstos, asumiendo la subida de impuestos, sin repercutirlo en los precios. Siempre ha habido y habrá, personas que se han alejado de la realidad, o que viven en la suya, lo cual es perfectamente legítimo. Pero si esto le ocurre a un presidente de Gobierno, al que su equipo o no sabe, o no se atreve contestar, resulta ser un drama para el país. No soy quién para dar lecciones de economía, pero si sé muy bien que al Ayuntamiento de Cádiz, que como todos los ayuntamientos es consumidor final, por lo que no puede deducirse el IVA soportado, le costará esta subida más de tres millones de euros, con su repercusión en la ciudad. También sé como cualquier ciudadano con los pies en el suelo, que no es cierto lo que dice el Gobierno, que no subirán los precios. Todo lo contrario, se producirá una pérdida de poder adquisitivo de todos los salarios y de todas las pen-

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José Blas Fernández Sánchez Ex Presidente del Consejo General y Presidente del Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz

Esta medida de subir el IVA, lejos de lograr los objetivos que «dice» el Gobierno, producirá más paro, al disminuir la actividad, más pobreza, al perderse nivel adquisitivo, y menos recaudación.

siones, se reducirá el consumo interior, pues comprar resultará más caro, las empresas españolas perderán competitividad al resultar a su vez más caras su facturas incrementadas por el IVA, vendrá menos turismo y el que venga consumirá menos, y todo ello no puede conducir más que al aumento aún más, del paro. No es ser catastrofista, está la realidad, que como ocurrió con la crisis, se quiere ignorar. Se pretende desde el Gobierno justificar la subida por el enorme déficit público a que ellos mismos nos han conducido, y porque, según palabras del Presidente, con este dinero se podrá pagar el desempleo a 500.000 parados. ¿Qué nos está diciendo, que ya no hay dinero ni para pagar el paro? ¿Y con qué se pagarán los parados, que a su vez genere la subida del IVA? El Presidente sí parece haberse enterado de que lo público se sostiene con los impuestos que paga la actividad privada, pero no parece llegar a entender, que si cuando estamos padeciendo una crisis sin precedentes, subimos la presión fiscal, serán muchas más las empresas que tendrán que cerrar. Que la gallina de los huevos de oro no es lo público aunque a ellos evidentemente les parece, por lo bien que se vive en ello, sino la actividad privada, que sostiene los servicios públicos, y que si no hay empresas con beneficios, y trabajadores empleados, no hay quien pague los impuestos, y no hay estado, ni justicia social que se mantenga, y se producirá un retroceso en todos los sentidos, como siempre ha ocurrido, cuando a un pueblo, padeciendo la mayor crisis económica en 80 años, con sus jóvenes parados y sin expectativas, el gobierno tira hacia delante, con gran miopía política, imponiendo una subida de la presión fiscal. Usted nos habla de desempleo y su financiación cuando de lo que queremos hablar es de empleo, y éste no aumenta con la minoración del consumo que provocará la subida del IVA. No podemos estar de acuerdo, en su limitado Plan de Austeridad, en el que sólo se exponen objetivos, pero no cómo se van a lograr, en el que la única medida concreta es

precisamente ésta, la subida de impuestos. No podemos estar desde junio del año pasado sin hacer una operación de reestructuración del sistema financiero, porque el crédito no llega, y mientras no haya crédito no habrá recuperación. No podemos estar de acuerdo, en negar la reforma laboral. No podemos estar de acuerdo con que los costes energéticos en las empresas por electricidad hayan subido un 35%, ¡Esto sí que crea paro! Todo lo anterior, se puede resumir en que: «La vía para reducir el déficit es reducir el gasto». No hay otra, además de acometer las reformas estructurales necesarias, y nunca subir los impuestos en plena crisis económica, esta medida de subir el IVA, lejos de lograr los objetivos que «dice» el Gobierno, producirá más paro, al disminuir la actividad, más pobreza, al perderse nivel adquisitivo, y menos recaudación, por el efecto de todo lo anterior, y al aumento de la economía sumergida, lo dicho: un desastre.

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La acción de extinción del artículo 50.1. b) del Estatuto de los Trabajadores en el Procedimiento Concursal

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L artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores establece las causas por las que se puede pedir la extinción de la relación laboral a instancia del trabajador, siendo estas causas las siguientes: Artículo 50.—Extinción por voluntad del trabajador. 1.— Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del contrato: a) Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad. b) La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. c) Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario…

La causa que vamos a valorar en el presente artículo es la del apartado b) del mencionado artículo 50 y, sobre todo, su tramitación y efectos en aquellas situaciones donde se haya solicitado por la empresa procedimiento concursal y éste haya sido declarado por el Juzgado de lo Mercantil, en cuanto a la competencia y efectos de la mencionada acción.

Competencia del Juzgado de lo Mercantil En tal sentido tenemos que considerar lo establecido en el artículo 64.10 de la Ley Concursal, en cuanto que ésta remite la competencia para su tramitación al Juez de lo Mercantil, no estableciendo nada el mencionado artículo en cuanto al aspecto sustantivo del mismo. Es decir, que una vez declarada la empresa en concurso, el artículo 64 de la mencionada Ley establece que será competente el Juez de lo Mercantil para su tramitación y conocimiento, debiéndose tramitar por el procedimiento establecido para el despido colectivo, pero sin establecer que este procedimiento y, por tanto, sus efectos sean los del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, por lo que en principio se entiende que debe seguir tramitándose con los efectos del artículo 50.2 del mencionado texto legal, entendiéndose que los efectos de la extinción deben ser los establecidos para el despido declarado improcedente, es decir, 45 días de indemnización por año de servicio, con un tope máximo de 42 mensualidades.

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Alfonso Hernández Quereda Vicesecretario del Consejo General de Graduados Sociales de España. Vicepresidente del Colegio oficial de Graduados Sociales de Murcia.

Efectos Procesales Esto es por cuanto que la Ley Concursal, solamente establece la competencia a efectos procesales y no regula nada en el aspecto sustantivo del mencionado procedimiento, es decir, aunque la consideración sea la de despido colectivo, las consecuencias y por tanto la Resolución debe estar ajustada a lo establecido en el 50.2 del Estatuto y ésta se debe extinguir con la condena establecida para este tipo de despidos, siempre que estemos hablando de que la causa de la extinción sea la establecida en el punto b) del artículo 50 del ET. Ahora bien, qué sucede en los casos que una vez declarado el concurso, los administradores tramitan Expediente de Regulación de Empleo, consistente en la extinción de los contratos de trabajo de la totalidad de la plantilla y algunos de los trabajadores, no todos, hayan iniciado la acción de extinción de la relación laboral por impago o retraso de salarios.

Principio de Igualdad y No Discriminación En este caso y a pesar de que tanto el artículo 8.2 como el 64 de la LC se puede producir una situación discriminatoria que quebrantaría el principio de igualdad, por lo que algunas Salas de lo Social, como la del TSJ de Madrid, de 28 de noviembre de 2008, establece el mismo trato igualitario para los dos procedimientos de extinción establecidos, tanto el del expediente de regulación de empleo, como el de la extinción del artículo 50.1 b) del Estatuto de los Trabajadores y estableciendo como la misma causa de extinción la del expediente colectivo del artículo 51 del ET, lo que desde este punto de vista podría ser contradictorio con el primer criterio establecido de darle la consideración de despido colectivo, pero rigiéndose por la causa del 50.2 del ET. Es decir, la situación contradictoria se da por el hecho de que al no querer producir una situación de desigualdad, se perjudica a todos los trabajadores, (a los que no iniciaron la acción de extinción y a los que sí la iniciaron), cuando lo más lógico sería, en virtud del principio «pro operario», establecer como causa de extinción, las del artículo 50.2 y no las del artículo 51, como finalmente establece la mencionada sentencia. Máxime cuando se daban las causas de extinción para la totalidad de la plantilla, ya que si no hubiese sido así (es decir, que a unos les pagara y a otros no), estaríamos en otro supuesto del impago de salarios.

Sentencia contradictoria En este sentido se pronuncia la sentencia del TSJ de Galicia de 23 de enero de 2007, en la que se establece

«Que las acciones individuales que, atendiendo al artículo 64.10 de la Ley concursal, se asimilan a colectivas, no lo son más que a efectos de esa norma», (esto es, a los efectos meramente procesales). De esta manera, las acciones individuales de resolución contractual al amparo del artículo 50.1.b) del ET que ejercitaron 8 de los 31 trabajadores de la plantilla con posterioridad a la declaración del concurso deben tener la consideración de extinciones de carácter colectivo, pero solo a los efectos de su tramitación por el Juez mercantil del Concurso. Es decir, que tales acciones individuales siguen amparadas en el artículo 49.1 del ET, por tanto no pierden su carácter individual, manteniendo su propia naturaleza, sin que puedan ser transformadas en las extinciones colectivas de la letra i) de ese mismo precepto. Dicho con mas claridad: no se trata de un despido colectivo, puesto que la norma, como se indicó, las considera colectivas únicamente a efectos procesales, no sustantivos, resultando más cercana la naturaleza de dicha conversión procesal a la de acumulación de autos, regulada en los artículos 29 y ss. de la Ley de Procedimiento Laboral. Se trataría en definitiva, de un supuesto particular de acumulación de autos en el ámbito mercantil de la jurisdicción, sin que, de este modo, dicha conversión procesal pueda afectar a la naturaleza de las acciones ejercitadas. Teniendo por tanto dos criterios contradictorios y la lucha de dos principios, uno el del principio de Igualdad y el de no Discriminación y el mantenimiento de un derecho, como es el de la acción ejercitada por aquellos trabajadores que con anterioridad a la tramitación o aprobación del expediente de regulación de empleo, hayan instado sus demandas de extinción de la relación laboral. Y el propio hecho de que aquellos trabajadores que por las circunstancias que sean no hayan tramitado dicha extinción y por ello perciban o se les reconozca una indemnización inferior a los anteriores. Esta cuestión se deberá resolver mediante el criterio que finalmente establezca el Tribunal Supremo o bien por la modificación del artículo 64.10 de la LC o más bien la aclaración del mismo en el sentido de cuál sea finalmente la tramitación que se le deba dar al procedimiento de extinción, no solo en cuanto al carácter colectivo o individual sino sobre qué base debe extinguirse la relación laboral: si sobre el artículo 50.2 o sobre lo regulado en el artículo 51 del ET. 21

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Fases del Recurso de Suplicación. INTERVENCIÓN DEL GRADUADO SOCIAL COLEGIADO SUMARIO: I.

ANUNCIO DEL RECURSO 1. Plazo. 2. Formas de anunciar el recurso. 3. ¿Quién puede realizar el anuncio? 4. Requisitos necesarios para recurrir en suplicación: 4.1. El Trabajador; 4.2. El Empresario; 4.3. Organismos Públicos; 4.4. Materia de Seguridad Social: a) Prestaciones periódicas. b) Prestaciones de pago único. 5. Causas de inadmisión del recurso de suplicación. 6. Causas de subsanación del recurso de suplicación.

II.

INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 1. Plazo. 2. Lugar y contenido. 3. Actos del órgano judicial.

III. IMPUGNACIÓN DEL RECURSO 1. Plazo. 2. Lugar y contenido.

IV. IMPOSICIÓN DE COSTAS EN SUPLICACIÓN V.

INTERVENCIÓN DEL GRADUADO SOCIAL

I. ANUNCIO DEL RECURSO El anuncio del recurso es la primera fase de toda la tramitación del recurso de suplicación. Por medio del anuncio la parte recurrente pone en conocimiento del órgano judicial su voluntad de recurrir en suplicación la resolución dictada por el Juzgado de lo Social. En esta primera fase no es necesario que el recurrente exprese los motivos por los que pretende recurrir, siendo únicamente necesario que se haga constar el propósito de la parte de entablar el recurso y designar el abogado o graduado social colegiado que lo formalizará. El escrito de anuncio debe presentarse ante el mismo juzgado que dictó la resolución que se pretende recurrir.

1. Plazo El recurso de suplicación deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia o auto que se pretende recurrir (artículo 192 de la LPL). Para el cómputo del plazo deben tenerse en cuenta únicamente los días hábiles a efectos procesales. Son inhábiles a

efectos procesales los sábados y domingos, los días 24 y 31 de diciembre, los días de fiesta nacional y los festivos a efectos laborales en la respectiva Comunidad Autónoma o localidad (artículo 182 de la LOPJ). Los días del mes de agosto serán inhábiles salvo para las modalidades procesales (artículo 43.4 de la LPL).

2. Formas de anunciar el recurso a) Por la mera manifestación de la parte que pretenda recurrir al hacerle la notificación de la sentencia. b) Por comparecencia en el órgano judicial. c) Por escrito presentado en el juzgado. La tercera de las formas es la más habitual y se lleva a efecto mediante la presentación de un escrito ante el Juzgado que dictó la resolución que se pretende recurrir. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 135 de la LEC, por lo que podrá presentarse el escrito hasta las quince horas del día hábil siguiente al del vencimiento del plazo.

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Alfonso González González Magistrado de la Jurisdicción Social

3. ¿Quién puede realizar el anuncio? a) La propia parte personalmente. b) El representante de la parte que pretende recurrir (Graduado Social Colegiado, Procurador, etc.). c) El abogado que asistió a la parte en el acto del juicio, aunque no tuviese otorgada la representación.

4. Requisitos necesarios para recurrir en suplicación 4.1. El Trabajador Está exento de efectuar los depósitos y consignaciones fijados en los artículos 227 y 228 de la LPL. Únicamente deberá designar el nombre del abogado o graduado social colegiado que interpondrá el recurso de suplicación. Los trabajadores están exentos de constituir el depósito para recurrir aunque el litigio se refiera al recurso presentado por un afiliado a un sindicato contra la sanción impuesta por éste (STS de 21 de junio de 1999). 4.2. El Empresario Deberá ingresar en la cuenta del Juzgado el depósito de 150 euros. Esta cantidad no puede ser sustituida por aval bancario, ya que la ley exige que se consigne en la cuenta de depósitos y consignaciones correspondiente al órgano que hubiera dictado la resolución recurrida. También deberá consignar la cantidad objeto de condena en la cuenta del juzgado, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario, en el que deberá hacerse constar la responsabilidad solidaria del avalista. Es importante resaltar que en los supuestos en que sean varias las empresas recurrentes deberán cada una de ellas consignar el depósito y la cantidad objeto de condena para poder recurrir, sin que la consignación efectuada por una de ellas exima al resto de las empresas condenadas solidariamente. El riesgo de una única consignación de los condenados solidarios estriba en que si el recurso de quien ha depositado o afianzado es estimado, habrán de serle devueltas, ex artículo 201.1 LPL, todas las consignaciones y del depósito y el aval establecido respecto de él, con lo que quedará sin caución la obligación de los restantes obligados. Cuando se haya declarado le existencia de un grupo de empresas la consignación efectuada por una de las empresas del grupo tendrá validez para el resto de sus integrantes. Si lo que se pretende con el recurso es precisamente que se declare la inexistencia de grupo de empresa, entonces será necesario que cada una de las recurrentes consigne la cantidad objeto de condena (STS de 5 de junio de 2000). Si la sentencia declara la improcedencia del despido el empresario deberá consignar la indemnización, independientemente que haya optado por la readmisión o la indemnización (STS de 14 de julio de 2000). Si el despido es declarado nulo el empresario deberá consignar los salarios de tramitación fijados en la sentencia que se pretenda recurrir.

El incumplimiento de la obligación de consignar o avalar el importe de los salarios de tramitación provoca la declaración de tener por no anunciado el recurso, sin que el abono directo de dicha cantidad al trabajador subsane dicho defecto (STS de 26 de septiembre de 2001). 4.3. Organismos Públicos El Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales, los Organismos Autónomos dependientes de todos ellos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en la LPL. Por consiguiente, cuando el recurrente sea un organismo de una Administración Pública estará exento de consignar tanto el depósito como la cantidad objeto de condena. 4.4. Materia de Seguridad Social a) PRESTACIONES PERIÓDICAS Si el recurrente fuese la entidad gestora deberá presentar certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación de pago periódico y que lo proseguirá puntualmente durante la tramitación del recurso. De no cumplirse efectivamente este abono se pondrá fin al trámite del recurso. Si la sentencia reconociese el derecho a percibir prestaciones, el condenado recurrente habrá de constituir el capital importe de la prestación declarada en el fallo, con objeto de abonarla a los beneficiarios durante la sustanciación del recurso, presentando en la Oficina judicial el oportuno resguardo de haber ingresado el capital coste en la Tesorería General de la Seguridad Social. Las entidades gestoras no están obligadas a constituir el capital coste de la pensión reconocida al beneficiario (STS de 14 de mayo de 2000). La constitución del capital coste libera plenamente de su obligación y responsabilidad a la Mutua que lo constituye (STS de 18 de marzo de 2004). b) PRESTACIONES DE PAGO ÚNICO Si el recurrente fuese una Entidad Gestora estará exenta de consignar la cantidad objeto de condena al gozar del beneficio de justicia gratuita. Los diferentes servicios de salud constituidos en cada una de las Comunidades Autónomas al haber sustituido a una Entidad Gestora merecen el reconocimiento del carácter de Entidades gestoras y, en consecuencia, gozan del derecho de justicia gratuita (STS de 27 de febrero de 2006). Si el recurrente fuese la empresa o la mutua deberán efectuar el depósito de 150,25 euros (después 150) y consignar o avalar la cantidad objeto de condena.

5. Causas de inadmisión del recurso de suplicación El recurso de suplicación se inadmitirá en los siguientes supuestos: Cuando la resolución no sea recurrible en suplicación. Cuando el recurrente infringiera su deber de consignar o de asegurar la cantidad objeto de condena. 23

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Opinión El incumplimiento de la obligación de consignar o avalar la cantidad objeto de condena provoca la declaración de tener por no anunciado el recurso. Es insubsanable la falta total de consignación (STS de 26-09- 2001). El Tribunal Supremo, en Sentencia de 3 de noviembre de 2008, manifiesta que si el empresario consigna los salarios de tramitación y no consigna la indemnización cuando opta por la readmisión en el despido declarado improcedente, el Juzgado deberá concederle un plazo de cinco días para que subsane la insuficiente consignación. Si requerido para que lo subsane, no procede a su cumplimiento en el plazo concedido, es cuando se declarará la inadmisión del recurso de suplicación. Cuando el recurso no se haya anunciado en tiempo. Cuando la Entidad Gestora no presente la certificación acreditativa de que comienza el abono de la prestación. Cuando el recurrente no ingrese en la Tesorería General de la Seguridad Social el capital importe de la prestación a favor del beneficiario.

En estos casos el órgano judicial declarará, mediante auto motivado, tener por no anunciado el recurso. Contra este auto podrá recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

6. Causas de subsanación del recurso de suplicación El Secretario judicial acordará subsanar los requisitos para poder recurrir en suplicación en los siguientes supuestos: Cuando el recurrente haya consignado o avalado insuficientemente la cantidad objeto de condena. Es subsanable una consignación insuficiente siempre que no manifieste una voluntad de incumplir parcialmente la sentencia (ATS de 22 de noviembre de 2000). Cuando el recurrente no haya presentado el resguardo del depósito de 150 euros. La falta de constitución del depósito para recurrir es defecto subsanable (STS de 30 de enero de 2002). Cuando el recurrente no acredite la representación debida por el que anuncia el recurso. Cuando no se designe un domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia. En estos casos el Secretario judicial concederá a la parte el tiempo que estime pertinente para la aportación de los documentos omitidos o para la subsanación de los defectos apreciados, que en ningún caso será superior a cinco días. De no efectuarlo, se dictará auto que ponga fin al trámite del recurso, quedando firme la sentencia impugnada. Contra dicho auto podrá recurrirse en queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia.

II. INTERPOSICIÓN DEL RECURSO 1. Plazo Si la parte hubiera anunciado el recurso en tiempo y forma y cumplido las demás prevenciones establecidas, el Secretario

judicial tendrá por anunciado el recurso, y acordará poner los autos a disposición del letrado o graduado social colegiado designado para que en el plazo de una audiencia se haga cargo de aquéllos e interponga el recurso en el de los diez días siguientes al del vencimiento de dicha audiencia. Este plazo correrá cualquiera que sea el momento en que el letrado o graduado social colegiado recogiera los autos puestos a su disposición.

2. Lugar y contenido El artículo 194 de la LPL dispone que el escrito interponiendo el recurso de suplicación se presentará ante el Juzgado que dictó la resolución impugnada, con tantas copias cuantas sean las partes recurridas. En el escrito de interposición del recurso han de citarse las normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas, pues su no cita conduce a la desestimación del motivo, al tratarse de un recurso extraordinario (STS de 8 de abril de 2002). No puede rechazarse el escrito de interposición del recurso de suplicación por defectos formales o deficiencias técnicas cuando el escrito suministra datos suficientes para conocer precisa y realmente la argumentación de la parte (STC 230/2000, de 2 de octubre).

3. Actos del órgano judicial Cuando el recurrente presente el escrito de interposición, el órgano judicial deberá adoptar alguna de las siguientes decisiones: a) Admitir el escrito de interposición cuando se hayan cumplido los requisitos de tiempo y forma legalmente establecidos. b) Mandar subsanar el escrito de interposición cuando se haya incurrido en defectos u omisiones subsanables: Falta de acreditación de la representación. Ausencia de firma de letrado o graduado social colegiado. No designación de domicilio en la sede del Tribunal Superior de Justicia. Insuficiencia de copias del escrito para las partes. c) Inadmitir el escrito de interposición en los siguientes casos: Cuando la interposición se realice fuera del plazo legalmente establecido. Cuando se hubiera mandado subsanar y no se realice dentro del plazo concedido.

III. IMPUGNACIÓN DEL RECURSO El artículo 195 de la LPL establece que interpuesto el recurso en tiempo y forma o subsanados sus defectos u omisiones, el Secretario judicial proveerá en el plazo de dos días dando traslado del mismo a la parte o partes recurridas por un plazo único de cinco días para todas. Transcurrido este plazo, háyan-

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Fases del Recurso de Suplicación. INTERVENCIÓN DEL GRADUADO SOCIAL COLEGIADO

se presentado o no escritos de impugnación, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, junto con el recurso y con aquellos escritos, dentro de los dos días siguientes. En este trámite de impugnación del recurso no está previsto que se entreguen los autos a la parte impugnante. Ello no impide el derecho a la defensa, ya que la parte puede comparecer en el propio Juzgado y solicitar el examen de las actuaciones para poder impugnar el recurso.

1. Plazo y lugar Todas las partes recurridas cuentan con un plazo de cinco días, común a todas ellas, para impugnar el recurso de suplicación interpuesto por el recurrente. El escrito de impugnación deberá presentarse ante el propio Juzgado de lo Social.

2. Forma y contenido El escrito de impugnación tiene que ir firmado por letrado o graduado social colegiado y designar, a efectos de notificaciones, un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia que sea competente para resolver el recurso. La parte que impugne el recurso tiene que fundamentar su escrito en dos cuestiones esencialmente: En primer lugar, tiene que verificar que el recurrente ha cumplido todos los requisitos legalmente establecidos para poder recurrir. En segundo lugar, tiene que oponerse a los motivos invocados por el recurrente en el escrito de interposición e ir rebatiendo uno por uno todos los argumentos utilizados. El recurrido solicitará que se desestime el recurso de suplicación y que se confirme la sentencia en todos sus términos, condenando al recurrente al abono de las costas causadas en el recurso. Transcurrido el plazo de cinco días, háyanse presentado o no escritos de impugnación, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Con el escrito de interposición y de impugnación, el órgano judicial forma una pieza separada que se une a la carpeta de los autos. En esta pieza separada el Secretario Judicial pone una diligencia para hacer constar los folios que ocupaban los citados escritos y si ha existido alguna fiesta local. La pieza separada queda siempre en la Sala, sin que con la devolución de los autos al Juzgado se remitan los escritos que la componían.

IV. IMPOSICIÓN DE COSTAS EN SUPLICACIÓN La imposición de costas se realiza al recurrente que ve íntegramente desestimado su recurso de suplicación, siempre que no goce del beneficio de justicia gratuita. Por el contrario, no se condena en costas a la parte recurrida cuando el recurso es estimado. Las costas incluirán los honorarios del abogado o del gra-

duado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso, sin que dichos honorarios puedan superar la cantidad de 600 euros. Si hubiere varios escritos de impugnación, se abonarán los honorarios correspondientes a cada uno de los letrados o graduados sociales colegiados que hayan impugnado el recurso. No se impondrán costas cuando se trate de proceso sobre conflicto colectivo, en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia. Ello no obstante, la Sala podrá imponer el pago de las costas a la parte que en dicho proceso hubiera recurrido con temeridad. Las partidas incluidas en la tasación de costas comprenden únicamente el pago de los honorarios de la parte recurrida, ya que el proceso laboral es gratuito.

V. INTERVENCIÓN DEL GRADUADO SOCIAL La Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la legislación procesal para la implantación de la Nueva Oficina Judicial, ha supuesto la reforma de diversos preceptos de la Ley de Procedimiento Laboral para autorizar la firma del recurso de suplicación por parte de los graduados sociales. El artículo 545.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce la capacidad de representación técnica a los graduados sociales debidamente colegiados. Ahora se elimina el requisito de intervención preceptiva de letrado para el recurso de suplicación, con lo que se adapta la norma legal a la realidad social. Hemos visto cómo la nueva ley reforma diferentes artículos de la Ley de Procedimiento Laboral para otorgar al graduado social colegiado plena intervención en el recurso de suplicación. El graduado social venía realizando en la práctica estas funciones. Sin embargo, se exigía que el escrito de interposición y de impugnación del recurso de suplicación fuese firmado por abogado. Ahora la nueva ley reconoce que el graduado social colegiado ostenta la representación técnica de su cliente para defender sus intereses en las distintas fases del recurso de suplicación. La equiparación con el abogado es plena para intervenir en igualdad de condiciones en los distintos trámites que se tienen que realizar durante la tramitación del recurso de suplicación. También hemos visto cómo los honorarios que se fijan en las costas del recurso de suplicación son los mismos para el abogado que para el graduado social colegiado, lo que confirma la plena equiparación entre ambos profesionales en su intervención en el recurso de suplicación. La nueva ley no posibilita que el graduado social pueda ser nombrado de oficio para realizar el recurso de suplicación en aquellos supuestos en que el recurrente no hiciere designación expresa de letrado o de graduado social colegiado, si es un trabajador o un empresario que goce del beneficio de justicia gratuita. Es de esperar que una futura reforma del artículo 229.4 de la Ley de Procedimiento Laboral permita que el recurrente elija el profesional que quiere que le defienda sus intereses en el recurso de suplicación. 25

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ISBOR SOLUCIONES: Servicios de Digitalización y Protección de Datos

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L pasado día 24 de marzo de 2010 el Consejo General de Graduados Sociales de España suscribió un Acuerdo de Colaboración con la empresa ISBOR SOLUCIONES, S.L. ISBOR SOLUCIONES, S.L. es una empresa que cuenta con unas excelentes instalaciones, un elenco de expertos y cualificados profesionales y una amplia experiencia en los siguientes ámbitos: GESTIÓN DOCUMENTAL: Digitalización (Certificada o no), Destrucción confidencial, Inventario, Indexación, Custodia y archivo, Consultoría documental, etc. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. FORMACIÓN, en estas materias. La colaboración del CGCOGSE con ISBOR SOLUCIONES va a proporcionar a nuestros colegiados, no sólo la posibilidad de mejorar los procesos de sus empresas (y de las de sus clientes), mediante una Gestión Documental adecuada, sino que nos abre una nueva vía de negocio, que hasta el momento nos estaba vetada o a la que nos era muy difícil acceder, ofreciéndonos la herramienta y los medios necesarios para convertirnos en prestadores de servicios de protección de datos, de una forma sencilla y asequible.

Se entiende por GESTIÓN DOCUMENTAL el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de documentos, de todo tipo, en una organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos pueden guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. Las principales ventajas que aporta un sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL en una empresa u organización son los ahorros que genera a diferentes niveles: Ahorro físico en espacio utilizado para archivos tradicionales en papel. Ahorro en infraestructura y personal dedicado a las tareas de gestión de archivos. Ahorro de tiempo. Una de las ventajas principales de la GESTIÓN DOCUMENTAL es la disponibilidad de los datos, que permite realizar búsquedas por diferentes conceptos, campos o criterios, facilitando la localización rápida de cualquier documento, independientemente del puesto de trabajo desde el que se realiza la consulta, o las amplias posibilidades de clasificación automática de documentos.

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Departamento de Comunicación ISBOR SOLUCIONES

Los procesos internos de una empresa u organización pueden mejorar u optimizarse con las amplias posibilidades de control de gestión en circuitos de aprobación de documentos y work-flow, facilitando todos aquellos procedimientos internos en que un mismo documento debe pasar por diferentes personas o departamentos que interactúan de una forma u otra, ya sea en visados, aprobaciones o acciones a realizar sobre el mismo.

Gestión y control efectivo: sencillez, rapidez y ahorro. De una forma sencilla, la organización tiene acceso instantáneo a toda la documentación necesaria para su actividad de negocio, con las ventajas añadidas de la eliminación de desplazamientos, reducción de tiempo de consultas y tareas de archivo, ahorro de espacio físico, resolución del problema de localización de documentos…

Otro de los aspectos más importantes que los sistemas de GESTIÓN DOCUMENTAL pueden aportar es el control de acceso a los documentos, y por tanto la seguridad de la documentación y de la información que contiene, posibilitando sistemas de acceso a la misma dependiendo de diferentes criterios, como niveles de usuario, roles, departamentos, visualización, etc… facilitando la implementación de políticas de protección de datos orientadas al cumplimiento de la LOPD.

Uso racional de los recursos. Facilita que la información se comparta y se aproveche de forma más eficiente y como un recurso colectivo. Como consecuencia, se reducen drásticamente situaciones como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias y sin control, dobles grabaciones de datos, etc.

La optimización y organización de los documentos, mediante una adecuada y planificada GESTIÓN DOCUMENTAL, son una oportunidad de aligerar la estructura de costes, permitiendo una mayor agilidad, flexibilidad y control sobre los gastos de la empresa, y con ello una mejoría del alojamiento de sus recursos y de los servicios ofrecidos. Este «círculo virtuoso» lleva a una mayor satisfacción y consecuente retención de los clientes. En definitiva, proporciona una importante ventaja competitiva. Resumiendo las ventajas de un sistema de GESTIÓN DOCUMENTAL:

Seguridad y fiabilidad. Información, documentos, etc. de gran valor para la organización pueden custodiarse en locales de alta seguridad, garantizando su perfecto estado de conservación, mientras que, para el uso diario, se dispone de su réplica electrónica, que sirve, además, como copia de seguridad de los documentos en papel. La información se encuentra más segura contra pérdidas y contra accesos no autorizados. Productividad y valor añadido. Además de ahorro de costes, genera una productividad y valor añadido adicionales, originados por el rápido acceso a la información dentro de la organización y su posterior distribución, sin necesidad de trasladar los documentos, con el riesgo que ello supone de deterioro y pérdida.

Polígono Industrial Sur – C/ Platino, 64 - 28770 COLMENAR VIEJO (Madrid) T 91 846 71 25 / 902 190 844 M 630 313 484 F 91 845 26 60 www.isbor.es lrp@isbor.es ADAPTACIÓN LOPD: Ofrecemos a los Graduados Sociales la posibilidad de prestar, ellos mismos, este servicio a sus clientes, con el mínimo esfuerzo y coste económico. Les facilitamos la formación y la aplicación web que les permitirá ser prestadores de servicios de Protección de Datos a sus clientes. UNA NUEVA VÍA DE NEGOCIO.

EL DESPACHO SIN PAPELES: Ayudamos a los Graduados Sociales, y a sus clientes, a optimizar sus costes (de espacio, de tiempo, de personal), mediante la Digitalización (normal y certificada). HEIMDALL es el software de digitalización certificada, homologado por la AEAT, que le permitirá eliminar las facturas en papel.


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Colaboración ISBOR SOLUCIONES: Servicios de Digitalización y Protección de Datos

Digitalización de Datos ISBOR SOLUCIONES, S.L. presta servicios avanzados para la Adecuación, Implantación, Mantenimiento, Auditorías y Asesoramiento jurídico y técnico sobre la normativa vigente en materia de PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL. Hoy en día todas las entidades en sus procesos de negocio tratan datos de carácter personal: de clientes, de trabajadores, de candidatos a empleo, de proveedores de bienes y servicios, de socios, etc. Ello obliga a todas la entidades públicas o privadas, independientemente de su actividad o tamaño, a cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal; Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de los Datos de Carácter Personal (LOPD) y Reglamento que la desarrolla, aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (RLOPD). ISBOR ayuda a las organizaciones a responder eficazmente a esta obligación, gestionando el riesgo asociado al tratamiento de datos personales: sanciones (aumenta el riesgo operativo) y perjuicio a la imagen corporativa de empresas e instituciones (pérdida de confianza de clientes, socios, accionistas...).

tar, lo cual suponía una amenaza para la fidelización o retención de sus clientes. La aplicación capacita al usuario, prestador de servicios de PD, de una forma interactiva y amigable, para ofrecer los servicios de adecuación, mantenimiento, auditoría y otros, a cualquier empresa o entidad.

Es una herramienta de gran productividad Realiza con precisión, rigor y rapidez la cumplimentación personalizada de todos los documentos exigibles legalmente, proporcionando un considerable ahorro de esfuerzo y de tiempo y exigiendo unos mínimos conocimientos de la normativa aplicable.. A partir de una sencilla introducción de los datos requeridos de la entidad, la aplicación: Automatiza y personaliza el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa de protección de datos y de otras normas relacionadas con ella. Genera y envía la notificación telemática de los ficheros al Registro General de Protección de Datos de la AEPD.

ISBOR puede prestar directamente sus servicios a los clientes, actuando como colaborador subcontrado por los Colegiados que oferten este servicio a sus clientes.

Elabora los Documentos de Seguridad, así como los procedimientos y las cláusulas para su cumplimiento, personalizados y exclusivos para cada entidad.

Pero, asimismo, ISBOR pone a disposición de los Graduados Sociales una aplicación web, concebida como herramienta profesional para la prestación de servicios de protección de datos. De esta forma, será el propio Graduado Social el que pueda prestar directamente esos servicios a sus clientes, abriéndose así una nueva vía de negocio.

Resuelve todos los Contratos de Servicio y Acuerdos de Encargo de Tratamiento entre las distintas partes.

Los principales obstáculos a los que se enfrenta una empresa que esté interesada en la prestación a sus clientes de los servicios de Protección de Datos, son: Falta de formación del personal de la empresa respecto a la normativa vigente. Falta de medios técnicos adecuados para la prestación de dichos servicios, con el mínimo coste y esfuerzo. La solución que le propone ISBOR SOLUCIONES le permitirá acceder a esta vía de negocio a la que no podía, o le era muy difícil y costoso, acceder, por falta de formación suficiente y de medios técnicos para prestar ese servicio a sus clientes que, sin embargo, lo reclamaban. No sólo podrá ampliar su negocio mediante otra actividad complementaria, con unas enormes expectativas de futuro, sino que podrá ofrecer un servicio que no podía pres-

Permite la llevanza de los Registros de Usuarios, de Soportes, de Incidencias, etc, de un modo sencillo y permanentemente actualizado. Facilita la actualización permanente de los Documentos de Seguridad. Además de las Licencias de Uso y/o de Servicio de la aplicación, ISBOR SOLUCIONES le proporciona: La formación necesaria para el conocimiento de la normativa sobre protección de datos necesario para la prestación de servicios, así como para el manejo de la aplicación. El apoyo y asesoramiento continuos para facilitar la prestación de servicios, a través de los expertos y cualificados profesionales de ISBOR, que estarán en todo momento a su disposición. El coste de la solución propuesta por ISBOR resulta, en todo caso, asequible y adaptado a las necesidades y posibilidades de cada empresa interesada en la prestación de servicios de Protección de Datos.

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La formación: un valor estratégico

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NICIO el presente artículo mencionando a uno de los filósofos griegos que, en los tiempos actuales puede ser que necesitemos recordar y sacar a la luz aquellos pensamientos por lo que se guió la humanidad. Puede ser irónico y alguno se preguntará que menos filosofar y mas soluciones. ¡Lo que faltaba con la crisis que hay, nada de filosofía y más realidad! Como si la filosofía no fuera una ciencia de análisis real. Veamos lo que nos dice el filósofo griego Sócrates a través de los Diálogos de Platón «El saber es lo que permite actuar bien y sólo se actúa mal por ignorancia, porque se desconoce la virtud, de ahí que sea necesario ejercerla a través del conocimiento racional de uno mismo». Y todo esto, ¿por qué? Hoy leo en una publicación de enseñanza que «el paro se ceba con los jóvenes que tienen menos formación académica». Por el contrario, aquellos en los que la formación es una constante en su vida profesional no sólo están adquiriendo conocimientos sino están consolidando el empleo y, en especial, las empresas. Ante la difícil situación económica que estamos viviendo, se vienen repitiendo mensajes en torno a la necesidad de cambiar el modelo de crecimiento económico y basarlo en la innovación, las TIC, la internacionalización y la formación.

La formación es, ahora más que nunca, un valor estratégico. Es también un sector económico en sí mismo, un sector empresarial. Como sector debemos adaptarnos a las nuevas situaciones que se nos presentan. La formación capacita a cada empleado para su puesto actual de trabajo y para crecer profesionalmente útil para que los trabajadores mejoren su empleabilidad. Por otra parte El Sistema de Formación Profesional para el empleo tiene como objetivos fundamentales: • Favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores, mejorando su capacidad profesional. • Proporcionar los conocimientos y prácticas adecuados a los requerimientos del mercado y a las necesidades de las empresas. • Contribuir a la mejora de la productividad y competitividad de las empresas. • Mejorar las empleabilidad de los trabajadores. • Promover las competencias profesionales adquiridas por los trabajadores tanto por procesos formativos como por experiencia profesional. El sector al que se dirige el presente programa de formación, Oficinas y Despachos, no cabe duda que es el que más directamente está soportando y observando los graves problemas sociales y laborales.

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Francisco J. López Rodríguez Presidente de EUROFORO 2000

EUROFORO 2000 ha diseñado en colaboración con el Consejo de Graduados Sociales una serie de Cursos que son demandados bien por los Colegios de Graduados Sociales, bien por los trabajadores que nos proponen lo que realmente necesitan o pueden necesitar. En nuestra trayectoria como empresa de formación que ha sido pionera y que desde el año 1996 con el Primer Plan de Formación Continua —antiguo FORCEM—, participó en diversas mesas con el fin de poner en marcha, por una parte, estudios de necesidades de formación de los distintos sectores y, por otro, adaptar la formación a las necesidades reales de las empresas, nos hemos preocupado de presentar una formación a la carta. Para poner en marcha los planes de formación es necesario tener medios o bien establecer Convenios con aquellas entidades que disponen de ellos Con EUROFORO 2000 colaboran empresas de servicios que nos proveen de todos los medios necesarios para impartir una formación de calidad Se ha demostrado, en especial en la última convocatoria en los Master de Prevención Riesgos Laborales y a fines, la calidad del servicio prestado. Ante el nuevo reto de formación para este año, se están diseñando los cursos solicitados y adaptando a las necesidades que se demandan. No dudamos que la mayoría de las solicitudes serán atendidas y que la formación responderá al principio básico de: calidad y eficacia. En el Plan de Formación del presente año se ponen en marcha Acciones formativas de máxima actualidad, tales como: Recurso de Súplica; Auditor Socio-Laboral; Ley

Concursal, Legislación y Normativa Tributaria; Gestión Fiscal de la Empresa; Gestión de Recursos Humanos; Gestión de Calidad; Relaciones Laborales y otros más que cubrirán la demanda de los solicitantes. El número de personas que demandan formación por parte del colectivo de Oficinas y Despachos es elevado. Como hemos dicho pretendemos atender a todos, en especial, a los asociados de los Colegios de Graduados Sociales. En el momento actual, estamos procediendo a la clasificación de las solicitudes y lo antes posible iniciar el proceso formativo. Finalizo el presente artículo recordando aquella máxima socrática «el saber es lo que permite actuar bien».


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Opinión

Cambios operados en materia de prevención de riesgos laborales El pasado día 23 de marzo de 2010 ha sido publicado el Real Decreto 337/ 2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de los Servicios de Prevención Ajeno y afecta a normas conexas relacionadas con el sector de la construcción y cuya entrada en vigor se produce a partir del día siguiente.

S

E pretende así, la incorporación a nuestro ordenamiento jurídico, de una parte muy significativa de las medidas contempladas en la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012 y se adapta la normativa reglamentaria en materia de prevención de riesgos, a las modificaciones legislativas introducidas por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, más conocida como Ley Ómnibus, con la finalidad de implementar básicamente dos objetivos:

• Simplificación de la prevención para las empresas de

a) Facilitar a las empresas, en especial a las PyMEs, el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, sin merma de los niveles de protección de los trabajadores.

• Asunción de la prevención de forma personal por el

b) Potenciar la mejora de la calidad y eficacia de los servicios de prevención para poner en valor la actuación de los mismos al definir mejor y de modo más completo la índole de las actividades preventivas que deben desplegar hacia empresas y trabajadores.

PRINCIPALES MODIFICACIONES • Aperturas centros de trabajo en construcción: En las

obras de construcción, a partir del 24-3-2010 la comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente debe ser presentada por los

empresarios que tengan la condición de contratistas, con carácter previo al comienzo de los trabajos y debe incluir el plan de seguridad y salud. menos de 50 trabajadores, que no sean de anexo I: Se reduce a un único documento la planificación preventiva que engloble el plan de prevención, la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva. empresario: Se amplía para las empresas de hasta 10 trabajadores (antes eran de 6). • Comités de Seguridad y Salud Laboral: En concordan-

cia con la modificación de la LPRL por la Ley 25/2009, (en concreto de su artículo 39.1 a) se prevé que las empresas tengan a su disposición la memoria y la programación anual. • Requisitos de los SPA: Para su acreditación se les

exige más ratios que antes, ya que se dejaba más a la discrecionalidad de la autoridad laboral, estableciéndose una acreditación única y eliminándose el trámite de acreditación provisional.

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Rafael Ruiz Calatrava Antonio Ávila Gutiérrez Graduados Sociales

• Concierto de prevención: Cuando la empresa concier-

te con un SPA el desarrollo de la actividad preventiva debe hacerlo por escrito, debiendo incluir obligatoriamente una serie de aspectos en dicho concierto. De esta forma se garantiza a las empresas y los trabajadores la cobertura que dicha entidad debe prestarles. Los conciertos actualmente en vigor tienen que adaptarse antes de 1/09/2010. • Modificación de la regulación de los Servicios de

Prevención Mancomunados: — Han de contar con, al menos, tres especialidades o disciplinas preventivas. — Las empresas que tienen obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no pueden formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas del mismo grupo. — Pueden constituirse servicios de prevención mancomunados entre aquellas empresas que desarrollen simultáneamente actividades en un mismo centro de trabajo, edificio o centro comercial, siempre que quede garantizada la operatividad y eficacia del servicio. — Desde el 24-3-2010, las empresas que tengan obligación legal de disponer de un servicio de prevención propio no pueden formar parte de servicios de prevención mancomunados constituidos para las empresas de un determinado sector, aunque sí de los constituidos para empresas del mismo grupo. — El acuerdo de constitución del servicio de prevención mancomunado debe comunicarse con carácter previo a la autoridad laboral del territorio donde radiquen sus instalaciones principales en el supuesto de que dicha constitución no haya sido decidida en el marco de la negociación colectiva.

— El SPM debe tener a disposición de la autoridad laboral y sanitaria la información de las empresas que lo componen y el grado de participación de las mismas — Los servicios de prevención mancomunados ya constituidos a fecha 24-3-2010, tienen un plazo de un año a partir de esta fecha para cumplir las exigencias anteriores. • Auditorías de los SP: Las empresas de hasta 50 traba-

jadores que no realicen actividades clasificadas como especialmente peligrosas y que desarrollen las actividades preventivas con recursos propios, pueden realizar una auditoría simplificada. También se contempla la ampliación del plazo de revisión de la auditoría en dos años en los supuestos en que la modalidad de organización preventiva de la empresa haya sido acordada con la representación especializada de los trabajadores en la empresa. • Formación para la actividad preventiva: Para desem-

peñar las funciones de nivel superior es necesario contar con una titulación universitaria oficial y poseer una formación mínima acreditada por una universidad. Desaparece la posibilidad de acreditar dicha formación sin efectos académicos a través de una certificación expedida por una entidad con capacidad para desarrollar actividades formativas. • Subcontratación en el sector de la Construcción: Se

modifica el modo de computar, en las cooperativas de trabajo asociado, el porcentaje mínimo de trabajadores contratados con carácter indefinido cuando se trate de empresas contratistas y subcontratistas que intervengan en obras del sector de la construcción. • Guías: El INSHT elaborará una guía no vinculante para

la elaboración del documento único para las empresas de menos de 50 trabajadores y anexo I. 33

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Símbolos y Ritos de la Justicia

La Justicia nace del pueblo

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L artículo 117.1 de nuestra Constitución dice que la Justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados. Esto quiere decir que la Justicia tiene su origen en todos y cada uno de los españoles, que es, como Estado democrático, donde reside la soberanía nacional. Los Jueces y Magistrados administran Justicia todos los días en nombre del Rey, como Jefe del Estado de la nación y representante de todos nosotros.

La foto oficial En este cuadro que se encuentra en el despacho oficial del Presidente del Tribunal Supremo, el Rey aparece ataviado con toga de Magistrado. Es, de hecho, el Primer Magistrado del país. Una copia exacta se encuentra en todos los despachos de los Jueces y Magistrados y en la mayor parte de las salas de Justicia.

El primer Magistrado del país

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Carlos Berbell Bueno y Yolanda Rodríguez Vidales Asesoría de Imagen de la Justicia Consejo General del Poder Judicial

España entrega el collar de la Justicia a la Magistratura El fresco de José Garnelo y Alda, pintado en la cúpula del despacho oficial del Presidente del TS, muestra una alegoría que plasma con rotundidad el concepto: España, representada por una reina, impone el collar de la Justicia a un Magistrado, concediéndole así, la legitimidad para impartirla.

España entrega el collar de la Justicia a la Magistratura

Constitución Española Es la norma suprema del ordenamiento jurídico español, a la que están sujetos todos los poderes públicos y los ciudadanos. Aprobada por las Cortes Generales el 31 de octubre de 1978, fue refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de ese mismo año. Siguiendo la línea de las constituciones modernas, la española propugna como «valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político». Además, reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado.

Constitución Española

El gran collar de la Justicia

El gran collar de la Justicia

Lo utiliza el Presidente del Tribunal Supremo en las grandes solemnidades: Fue creado en 1844 por orden de la reina Isabel II por la máxima consideración que Su Majestad daba a la Justicia. El gran collar está hecho de oro esmaltado, tiene dieciocho eslabones, dieciséis de ellos unidos y dos sueltos o pendientes. Nueve llevan en su centro un libro atravesado por una espada con la inscripción «Justicia y Ley»; los restantes tienen también en el centro una balanza, un haz de mimbres, las fasces romanas y un hacha. De la parte inferior del collar pende otro eslabón formado por dos serpientes esmaltadas de verde y en el centro un ojo con una ráfaga, del cual penden un escudo con las armas reales. Costó 150.000 pesetas de su tiempo.

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PLENO DEL CONSEJO GENERAL

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L pasado 5 de febrero tuvo lugar en el Hotel InterContinental Madrid, la celebración del Pleno del Consejo General de Graduados Sociales de España, donde se debatieron importantes cuestiones a desarrollar en este primer trimestre del año 2010. Uno de los puntos que más atención despertó fue la «Ley Ómnibus», donde anteriormente al debate de este primer punto del Orden del Día se pudo escuchar la conferencia impartida por el Excmo. Sr. D. Rafael Fernández Valverde, Magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. El Sr. Fernández Valverde hizo una exposición detallada de aquellas partes de la Ley que tendrán una relación directa con nuestras Corporaciones, subrayando la importancia de saber adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Asimismo, expuso algunas cuestiones que en su opinión no están recogidas de manera precisa y clara en el texto de la Ley, y que por tanto, habrá que estar atentos a su evolución.

Al finalizar esta interesante exposición, se realizó un debate con preguntas que formularon los Presidentes de los Colegios, que en esta ocasión, vinieron muchos de ellos acompañados por miembros de su Junta de Gobierno. La intensidad de las preguntas formuladas dejó de manifiesto la preocupación de los Sres. Consejeros ante esta nueva ley, que por su trasversalidad, afecta a muchos sectores de la población. Posteriormente a esta intervención, se desarrolló la sesión plenaria de acuerdo al Orden del Día establecido, donde entre otras cuestiones, se expuso por parte del Sr. Tesorero a los señores Consejeros el avance de la liquidación presupuestaria, así como el presupuesto para el presente ejercicio acordándose por unanimidad su aprobación. Otro de los puntos del orden del día que despertó interés es el reciente acuerdo firmado por este Consejo General de Graduados Sociales de España con el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo, acuerdo que fue presentado por la propia Directora General del Instituto.

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LA HUÍDA HACIA ADELANTE

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a creación del euro vino acompañado de un compromiso de los países de un déficit del 3% del PIB y un límite de la deuda pública del 60%. Normas precisas para transmitir credibilidad, confianza y equilibrio a los mercados. Pasados unos años el BCE, que fija la política monetaria, desconfía que algún país cumpla estas previsiones en los tres próximos años y habla ya de un déficit para el conjunto de la eurozona del 5,6% en 2011 (casi el doble de lo permitido) del 3,9%, en 2012 y una deuda del 87,3%.

Dña. Concepción Pascual, Directora General del Instituto que vino acompañada de Dña. Marta Jiménez, Directora de Programas Estratégicos, expuso personalmente el importante acuerdo suscrito, pues esta colaboración que comienza en el año 2010 pretende prolongarse en años consecutivos. Prevención10.es, es una herramienta de asesoramiento público al empresario que está diseñada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene con la colaboración de las Comunidades Autónomas. Este servicio de asesoramiento está dirigido a las empresas de hasta diez trabajadores, donde el empresario podrá realizarse su propia autoevaluación en materia preventiva. La colaboración de nuestras Corporaciones será fundamental para la difusión de esta herramienta pues los Graduados Sociales desde sus despachos podrán prescribirla a sus clientes y al mismo tiempo aplicarla en sus despachos. Al finalizar la exposición de la Directora, D. Javier San Martín solicitó a todos los Presidentes su colaboración para que este acuerdo obtenga los frutos esperados pues debemos aprovechar este tipo de acuerdos para adelantar a nuestro Colectivo aquellas medidas que se pondrán en marcha por parte del Ministerio, y así demostrar que nuestras Corporaciones tienen un continuo contacto con la Administración, y que ésta cuenta con nuestra estructura colegial para avanzar en el campo del correcto asesoramiento en materia laboral. Con esta intervención se puso punto y final a un pleno que informó detalladamente de las actuaciones realizadas por parte de este Consejo General y donde se pudo debatir aquellas cuestiones que deberán desarrollarse a lo largo del 2010.

A España sus pronósticos la dejan en mal lugar, cuando prevé que el déficit será del 5,3% en 2012, segundo puesto de este dudoso podio de endeudamiento público, sólo superada por Irlanda. No puede extrañar que Bruselas pida aclaraciones al plan de austeridad, que estima un incremento del PIB, 2011-2013 del 1,8%, 2,9% y 3,1% respectivamente, algo que tampoco se creen otros organismos nacionales e internacionales que, ni en el mejor de los escenarios, aventuran más del 2%, sobre todo cuando el Gobierno no se ha caracterizado por su acierto a la hora de hacer previsiones. Tampoco entienden que se vaya a conseguir la reducción de gasto de personal funcionarial en el 1,9 por ciento del PIB (4% en términos nominales), sobre todo sabiendo ya que este año la remuneración subirá el 0,2% por lo que el ajuste tendría lugar en los tres años siguiente –1,9% en 2011; el –0,6%, en 2012 y el –1,7, en 2013. Remuneración del –0,2% en 2010 que viene acompañada de una bajada de empleos públicos del –1,8%, o lo que es lo mismo 50.400 trabajadores y eso hoy por hoy es una quimera ya que, incluso si así fuera, la remuneración real por asalariado público tendría que caer un 5% de aquí al 2013, utilizando el IPC que el plan plantea, algo impensable. Tampoco cuadra la reducción del gasto previo en las autonomías. El plan sólo lo contempla en 2012 con lo que el ajuste recaería todo en el Estado, lo que lo hace más difícil. Parecen lógicas y coherentes las dudas de Bruselas, máxime tras conocer que la recaudación tributaria sigue en caída libre y que en enero superó, por primera vez en la historia, la barrera de los 100.000 millones. Vistas así las cosas, el plan parece más bien una huída hacia delante a la espera de que escampe, aprovechando el rebufo de las economías emergentes.

JOSÉ GARRIDO Periodista especializado en temas económicos

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Reuniones entre el Ministerio de Justicia y el CG de Graduados Sociales

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N el mes de febrero tuvo lugar la reunión de Dña. Caridad Hernández García y Dña. Judit González Pedraz, Directora General y Subdirectora, respectivamente, de Relaciones con la Administración de Justicia, con D. Javier San Martín Rodríguez, que estuvo acompañado por D. José Ruiz, Vicepresidente del CGCOGSE y Presidente del Colegio de Murcia y por D. José Antonio Landaluce Pérez de Turiso, Vocal de la Comisión Permanente de este Consejo General. La modernización de la Administración de Justicia junto con su acercamiento al ciudadano, es un objetivo fundamental del Gobierno de España que se pretende consolidar en gran parte en esta IX legislatura. El Ministerio de Justicia tiene el firme compromiso de alcanzar este objetivo y para ello está realizando un arduo trabajo. Entre las diferentes actividades que están desarrollando, una de las cuestiones primordiales es la de conocer las impresiones de los profesionales de la Justicia y utilizar dicho intercambio de información para realizar un cambio sustancial en la actual Administración de Justicia. El Consejo General ha propuesto iniciativas que serán analizadas y previsiblemente recogidas en el Plan Estratégico de Modernización sirviendo estas propuestas para alcanzar una Justicia en el Orden de lo Social más ágil y efectiva. El Presidente del Consejo General de Graduados Sociales comparte este proyecto apoyándolo firmemente puesto que considera que este proceso es también una aspiración de los distintos colectivos profesionales, pues es a ellos a quienes les corresponden la puesta en marcha y funcionamiento diario de estas medidas en los diferentes Juzgados y Tribunales de España.

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L lunes 3 de abril el Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, volvió a ser convocado por el Ministerio de Justicia para mantener una reunión con Dña. Caridad Hernández García, Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia para tratar asuntos relacionados con el ambicioso proyecto que está llevando a cabo el equipo del Ministro Caamaño. En esta ocasión por parte del Ministerio también asistió D. José de la Mata, Director General de Modernización de la Administración de Justicia, que expuso las últimas actuaciones desarrolladas en materia tecnológica, aspecto fundamental para la puesta en marcha de una Justicia tecnológicamente avanzada. Con este nuevo encuentro, se demuestra una vez más, la disponibilidad del Ministerio de Justicia en escuchar las voces de aquellos colectivos que tienen un papel fundamental dentro de la operativa judicial, para así desarrollar actuaciones, que conllevarán cambios sustanciales y estructurales dentro de la propia Justicia. En esta reunión, D. Javier San Martín estuvo acompañado por D. Francisco Rueda, y por D. Pedro Bonilla, Vicepresidente 2º y Tesorero, respectivamente de este Consejo General de Graduados Sociales.

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Reunión con el Secretario de Estado de la Seguridad Social

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N el mes de febrero y por indicación de las primeras conclusiones del Observatorio de la Profesión, en su informe de fecha 22 de enero del 2010, el Presidente del Consejo General acompañado por dos miembros de la Comisión Permanente se reunió con el Secretario de Estado para la Seguridad Social, donde se trataron diversos asuntos de gran actualidad social. Esta reunión estuvo basada en un punto primordial que es la búsqueda de fórmulas de colaboración entre ambas organizaciones al objeto de aprovechar sinergias comunes. Esta acción se podría concretar en la realización de diversas actividades que dieran la oportunidad de establecer continuos canales de comunicación entre la profesión y su conocimiento profundo de la realidad empresarial. El acercamiento que tiene el Graduado Social a la pequeña y mediana empresa junto con su preparación técnica hace que las voces de nuestros profesionales, ahora más que nunca, deban ser escuchadas, con planteamientos que respeten las posiciones de empresarios y trabajadores.

El Sr. San Martín resaltó a D. Octavio Granado, que la necesidad de llegar a un acuerdo entre sindicatos y patronal es primordial, pero que estas Instituciones defenderán cada una de ellas, las posiciones lógicas a sus propios intereses. Por ello, el Presidente del Consejo General cree que es el momento de aprovechar a los Colegios Profesionales como Corporaciones de Derecho Público, sin carácter político, como importantes órganos consultivos. D. Octavio Granado prometió estudiar esta propuesta, pues siempre de una manera u otra el Graduado Social ha sido un gran colaborador de la Administración y efectivamente quizás es el momento de aprovechar al máximo las estructuras colegiales y su conocimiento minucioso de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social. El Presidente del Consejo General acudió a esta reunión acompañado del Secretario General del Consejo, D. Francisco A. Rodríguez Santana y por el Vocal de la Comisión Permanente, D. Esteban Moro Manso, todos ellos, estudiarán nuevas propuestas para desarrollar a lo largo de este año 2010. 39

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Reunión entre los Consejos Generales del Poder Judicial y de Graduados Sociales

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L 6 de abril tuvo lugar una reunión con el Vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, D. Fernando de Rosa, al que acudieron D. Javier San Martín, Presidente del Consejo General de Graduados Sociales y D. Ricardo Gabaldón, Presidente del Colegio de Graduados Sociales de Valencia, para tratar diversos asuntos relacionados con la profesión. El eje central de las conversaciones se basó en la continuidad de las actividades iniciadas en el año 2001 entre ambas Instituciones para la organización anual de Jornadas y Congresos donde Magistrados y Graduados Sociales tienen la oportunidad de debatir y analizar materias de gran actualidad. Por ello, y por el éxito obtenido en todas las convocatorias celebradas en estos últimos años, se ha determinado la continuidad de estos actos que se plasmará en un nuevo convenio de colaboración donde se recogerán los acuerdos tomados en este encuentro. Como adelanto a esta firma que se realizará en breve, informamos de que el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Valencia será el encargado de llevar a cabo el próximo Encuentro entre ambos Consejos que se celebrará previsiblemente en el mes de marzo del 2011 en la capital del Turia. Este Colegio que ya fue anfitrión en el año 2006 del «XII Congreso Nacional de Graduados Sociales» se pondrá a trabajar codo a codo con los Consejos Generales del Poder Judicial y de Graduados Sociales para organizar un acto que reúna a las máximas autoridades del mundo de la Judicatura, Política y de la Administración que junto con nuestro Colectivo formarán un interesante núcleo de profesionales que debatirán sobre aspectos relativos al Derecho del Trabajo.

MAYO

Fecha histórica para la Profesión

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L 4 de mayo de 2010, entró en vigor la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de Reforma de la Legislación Procesal para la Implantación de la Nueva Oficina Judicial. Esta Ley que modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Procedimiento Laboral, consagra la firma del Recurso de Suplicación en igualdad de condiciones que el resto de operadores jurídicos para el Graduado Social Colegiado. Esta fecha quedará siempre en la memoria de todos aquellos Graduados Sociales que ya hace tiempo, eligieron esta profesión, pues son, los que han vivido y saben todas las vicisitudes que el Colectivo ha pasado a lo largo de estos 50 años de historia. La profesión de Graduado Social, es sin lugar a dudas, la que más ha avanzado a lo largo de su corta trayectoria, pues sus orígenes no fueron fáciles, pero esa fuerza que otorga la dificultad es la que también ayuda a tener ese afán de superación, cualidad que siempre ha caracterizado a estos profesionales. Tanto el Consejo General como los Colegios Oficiales, son las corporaciones responsables de velar por los intereses del Colectivo, pero también tienen la obligación de poner todos los medios posibles para que aquellos profesionales, que lo necesiten, puedan recibir una formación acorde con esta nueva responsabilidad, y así garantizar que todos los Recursos de Suplicación, que a partir de hoy pueden ser presentados ante los Tribunales Superiores de Justicia, sean documentos dignos de llevar su firma.

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Público por velar el cumplimiento estricto de la normativa vigente en materia laboral y en el Orden de lo Social, labor que se garantiza no solamente con la colegiación sino con el continuo reciclaje que se fomenta desde los Colegios Profesionales.

Conferencia sobre el presente y futuro de la Profesión

Por ello, el Consejo General trabajará arduamente para salvaguardar la colegiación en los términos actuales pero sin cerrar la puerta a una ampliación de las funciones de nuestras Corporaciones intentando que nuestros servicios no solamente continúen, sino que se amplíen y se potencien, maximizando las estructuras colegiales.

Inauguración Nuevos Juzgados de León

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N la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de León ha tenido lugar una conferencia impartida por D. Javier San Martín Rodríguez sobre el «Presente y Futuro de la Profesión de Graduado Social», esta intervención surgió por una propuesta realizada por parte de D. Germán Barreiro, Catedrático Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo al considerarla de gran interés para el alumnado de la citada Escuela. La conferencia impartida por el Sr. San Martín efectivamente tuvo una acogida muy satisfactoria, acudiendo un numeroso público compuesto por alumnos de primero, segundo y tercer curso. El acto comenzó con la intervención del Sr. Barreiro que agradeció el tiempo y la disposición dedicada por parte del Presidente del Consejo General en atender esta petición. Bajo la premisa del título «Presente y Futuro» el Sr. San Martín expuso la situación actual del Colectivo, su prestigio dentro del ámbito de la Justicia, su presencia en diversos Foros y Comisiones de Trabajo, y su situación actual dentro del panorama universitario. Asimismo valoró las puertas que se abren con la aprobación del reciente título de Grado en Relaciones Labores y Recursos Humanos, considerándolo un gran éxito para la profesión de Graduado Social, aunque también insistió en la necesidad de trabajar más que nunca, para que esta titulación prospere y adquiera prestigio entre las diversas titulaciones universitarias que ofrecen las Universidades Españolas. El Sr. San Martín no quiso terminar su exposición sin resaltar la importante labor que realizan los Colegios y el Consejo General y el efecto que tendrá sobre ellos la Ley Omnibus, pues considera que es determinante en estos momentos, el hacer ver a los legisladores el papel fundamental que realizan estas Corporaciones de Derecho

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L 30 de abril de 2010, el Presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero acompañado del Ministro de Justicia, D. Francisco Caamaño, inauguró la ampliación del edificio de los juzgados de León, un proyecto que el Ministerio de Justicia ha invertido casi cuatro millones y medio de euros. Con esta ampliación, los Juzgados de León han visto cumplidas sus peticiones en orden a individualizar el Juzgado Mercantil del Juzgado de 1ª Instancia núm. 8. Este edificio ha sido construido siguiendo el modelo de la Nueva Oficina Judicial y adaptado para dos tipos de unidades específicas e independientes: las Unidades Procesales de Apoyo Directo (UPAD) y los Servicios Comunes Procesales (SCP). El Presidente del Consejo General de Graduados Sociales estuvo invitado al Acto y tuvo oportunidad de charlar con el Presidente del Gobierno, momento que fue aprovechado para que el Sr. San Martín pudiera agradecer al Sr. Rodríguez Zapatero su posición activa y de máxima colaboración para la consecución del Recurso de Suplicación, asimismo, se dirigió al Ministro Caamaño para felicitarle por todas las actuaciones que se están dirigiendo para conseguir una eficaz Modernización de la Justicia.

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Consultorio Jurídico

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ESDE el mes de abril el Consejo General de Graduados Sociales ha creado en su página web un Consultorio Jurídico-Laboral que servirá para que todos aquellos Graduados Sociales colegiados que lo necesiten puedan exponer una consulta sobre algún problema en particular que se les planteé en su actividad cotidiana, de tal forma que nuestra Corporación preste un servicio de respuesta y de ayuda a todos nuestros profesionales.

Este servicio se complementará con otro de análisis de sentencias, en los que un ex Magistrado del Tribunal Supremo analizará una sentencia semanal de manera detallada, teniendo el privilegio de leer los criterios que este Magistrado realizará sobre aquellas sentencias que por su importancia o circunstancias las hagan especiales

e interesantes. Estos dos servicios que ya están en marcha han teniendo una gran acogida entre nuestro Colectivo. Como anteriormente hemos mencionado el responsable de llevar este consultorio es D. Manuel Iglesias Cabero, ex Magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que por su cercanía y conocimiento de nuestro Colectivo consideró interesante aceptar la propuesta formulada por el Presidente del Consejo General de Graduados Sociales, D. Javier San Martín Rodríguez. Esta actividad va mas allá de prestar un servicio, pretende convertirse en una herramienta de comunicación directa entre los Colegiados y el Consejo General de Graduados Sociales, asimismo queremos dar un valor añadido a nuestra Página web, dotándola de una información que sin duda es imprescindible para sus usuarios.

Currículum Vitae

MANUEL IGLESIAS CABERO • Magistrado del Tribunal Supremo (jubilado). • Graduado Social. CARGO DESEMPEÑADOS: • Juez de Primera Instancia e Instrucción. • Magistrado de Trabajo. • Magistrado del Tribunal Central de Trabajo. • Presidente de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. • Magistrado de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.

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NOTICIAS

INTERVENCIÓN RADIOFÓNICA

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L pasado 15 de abril la Directora del Gabinete de Comunicación del Consejo General de Graduados Sociales, fue invitada a participar en una entrevista y posterior tertulia sobre la Comunicación en nuestro Colectivo. Marta López Ortiz expuso las principales pautas que realiza este Consejo General en materia comunicativa, dividiéndose la actividad en dos acciones de igual importancia, la Comunicación Interna y la Externa. Asimismo junto con otros invitados, como Remi Sanz, Director de Comunicación de Grupo Vinícola Matarromera, Manuel García Vila, Director de Kreab&Gavin Anderson y Francisco García Cabello, Socio-Director de AZC Global analizaron las diferentes estrategias de comunicación que se desarrollan en sus respectivas empresas, junto con la actual situación de crisis que lleva sin lugar a

dudas a la realización de nuevos planteamientos empresariales. Los estudios de la cadena Cope sirvieron para la grabación de este programa que durante más de una hora analizó las premisas fundamentales de una buena comunicación, la importancia de la misma, y el resultado que conlleva, no solamente de posicionamiento en el mercado, sino de reputación y prestigio de la marca, ésta sea cual sea, pues el interés de esta tertulia se basó sobretodo en la diferencia del público objetivo a los que se dirigen habitualmente los tres invitados a la tertulia, en sus respectivos trabajos. Este programa que finalizó a las 22.00 horas puede ser escuchado a través de internet, mediante el siguiente link que le facilitamos a continuación. http://www.gestionaradio.com/noticias.php?id=99


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Consejo General Desayuno del Secretario de Estado de Justicia con los Directores de Comunicación de las Profesiones Jurídicas

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L pasado 15 de abril tuvo lugar la celebración de un desayuno institucional entre D. Juan Carlos Campo, Secretario de Estado de Justicia y los Directores de Comunicación de las profesiones jurídicas organizado por el Ministerio de Justicia en su sede de Madrid. Esta iniciativa que fue muy bien acogida entre todos los asistentes, es la primera vez que se realiza por parte de un Ministerio, convocatoria que tenía como objetivo primordial el acercamiento de los profesionales de comunicación y los responsables del Ministerio, objetivo que fue alcanzado con un total éxito. El Secretario de Estado estuvo charlando durante más de una hora y media, de manera coloquial y cercana, consiguiendo establecer un interesante diálogo entre todos los asistentes al desayuno. A esta cita, se convocó a los Directores de Comunicación de la Abogacía, Procuradores, Registradores, Notarios y Graduados Sociales, asimismo acudieron representantes de las principales editoriales jurídicas, que formaron un pequeño grupo que permitió un conocimiento en primera persona del actual titular de la Secre-

taría de Estado de Justicia, y de todas aquellas actividades que se están desarrollando. También sirvió, como punto de encuentro y de acercamiento entre los diferentes profesionales de la Comunicación jurídica, que se aprovechó para el oportuno intercambio de opiniones y establecimiento de interesantes contactos para una potenciación de las respectivas sinergias que se pueden aportar entre las diferentes Profesiones Jurídicas. Marta López Ortiz, Directora del Gabinete de Comunicación del Consejo General fue la persona que asistió a este encuentro, y que agradeció expresamente a los responsables del mismo la iniciativa realizada y la invitación cursada a este Consejo General. Por parte del Ministerio se ha comunicado que el propio Secretario de Estado ha quedado muy satisfecho de esta iniciativa propuesta por su Gabinete de Prensa, considerando necesario volverla a repetir al menos dos veces al año, algo que sin duda, manifiesta el carácter dialogante y abierto que mantiene este Ministerio con todos los profesionales de la Justicia.

Solicita la MEMORIA 2009

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A MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL 2009 ya se ha editado. Si estás interesado en ver las actividades que se desarrollaron el pasado año, no tienes más que solicitar un ejemplar enviando un mail al siguiente correo info@graduadosocial.com, poniendo tu nombre, dirección, número de teléfono, y colegio al que perteneces y te será enviada a la dirección que tú nos facilites. No esperes más, solicítala, y podrás conocer en profundidad las actividades que desarrollamos en este Consejo General de Graduados Sociales, queremos compartir con los colegiados, la información que consideramos que es de su interés y sin lugar a dudas, el contenido de las actuaciones realizadas por el órgano representativo de la profesión, es un tema que interesa a todo nuestro colectivo.

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OTRAS NOTICIAS

Nuevos Cursos de Formación Continua

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L Consejo General de Graduados Sociales de España presenta el nuevo catálogo de cursos que ha preparado para este año 2010, un plan formativo muy completo de las materias que son fundamentales para desarrollar en nuestra profesión. Asimismo, como novedad se ha incluido un curso para el perfeccionamiento de la confección y planteamientos del Recurso de Suplicación, curso que consideramos que tendrá una gran acogida entre nuestro colectivo.

Euroforo que es la empresa que impartirá la formación ha intentando que estos cursos estén adaptados al escaso tiempo que hoy en día disponemos, por ello, han optado por la modalidad a distancia, pues es la manera más práctica y fácil de realizar una formación continua, tan necesaria e imprescindible en nuestros tiempos, sin olvidar la gratuidad de los mismos, pues están financiaros por la Fundación Tripartita para la Formación Continua. Esperamos que estos cursos sean del interés de todos nuestros profesionales, te animamos a que te inscribas en alguno de ellos y nos remitas tu hoja de inscripción al correo que aparece en la solicitud.

CATÁLOGO DE CURSOS – CONVOCATORIA 2010 FUNDACIÓN TRIPARTITA PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO Curso

Modalidad

Duración n.º/ horas

Curso

Modalidad

Duración n.º/ horas

AUDITOR DE SISTEMAS DE PRL

A Distancia

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL: OHSAS 18001

105

SECRETARIA: ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO Y ASPECTOS PROTOCOLARIOS

A Distancia

25

A Distancia

170

AUDITOR SOCIO LABORAL

A Distancia

155

LA NUEVA LEY DE SUBCONTRATACIÓN

A Distancia

20

CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

A Distancia

205

LA LEY CONCURSAL

A Distancia

30

A Distancia

54

CONFECCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL RECURSO DE SUPLICACIÓN

LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TRIBUTARIA A Distancia

55

CONTABILIDAD FINANCIERA

95

GESTIÓN DE CALIDAD NORMAS ISO 9000 / CALIDAD Y EXCELENCIA EFQM

ERGONOMÍA / ESCUELA ESPALDA

A Distancia A Distancia

A Distancia

155

GESTIÓN FISCAL DE LA EMPRESA

A Distancia

155 45

A Distancia

25

GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y NORMAS ISO 14000

A Distancia

LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO

55

A Distancia

55

CURSO BÁSICO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

A Distancia

RELACIONES LABORALES (NIVEL AVANZADO)

EL ESTRÉS EN EL ÁMBITO LABORAL

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Consejo General

Reunión con el INSS En el mes de marzo tuvo lugar una reunión celebrada en el Instituto Nacional de la Seguridad Social en Madrid donde se valoró la conveniencia y necesidad de firmar un acuerdo de colaboración entre dicha Institución y este Consejo General de Graduados Sociales. El objeto de dicho acuerdo sería la divulgación del nuevo programa informático denominado TESOL para la presentación por medios telemáticos de solicitudes de prestaciones sociales formuladas antes el INSS.

El INSS y este Consejo General consideran oportuno este acuerdo pues ambos tienen como principio básico de su gestión la mejor y más cómoda prestación del servicio al ciudadano, apostando firmemente por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación como principio transversal de sus gestiones. Don Fidel Ferreras, Director General del INSS trasmitió a D. Javier San Martín que desea, que con este convenio se responda a la necesidad de abrir nuevos y cualificados cauces de colaboración, ya que considera que nuestros profesionales son un aliado estratégico en el fomento del uso de los medios telemáticos. Este acuerdo que se ha suscrito en el mes de mayo, tiene vocación de futuro en la medida que se vayan incorporando nuevas prestaciones al sistema TESOL.

TESOL TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DE SOLICITUDES

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ON la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, desde el 31 de diciembre de 2009 la Administración General del Estado debe proporcionar a los ciudadanos los mecanismos necesarios para relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos con el fin, entre otras cosas, de ejercer sus derechos. Con la entrada en vigor de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, desde el 31 de diciembre de 2009 la Administración General del Estado debe proporcionar a los ciudadanos los mecanismos necesarios para relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos con el fin, entre otras cosas, de ejercer sus derechos. En cumplimiento de esta normativa, esta Entidad Gestora ha desarrollado un proyecto consistente en la solicitud telemática de pensiones vía internet, de manera que cualquier ciudadano que cuente con un certificado digital pueda solicitar una pensión sin necesidad de acudir de forma presencial a los Centros de Atención e Información (CAISS). La primera prestación desarrollada ha sido la de jubilación en el ámbito nacional, que ya puede solicitarse telemáticamente desde el 1 de enero de 2010, a la que le seguirán las prestaciones de muerte y supervivencia y maternidad, que serán implantadas en breve.

El acceso a la aplicación se realiza a través de la Sede electrónica de la web www.seg-social.es, en el catálogo de Servicios para Ciudadanos, Empresas y Administraciones. Hasta ahora, el servicio por internet en materia de solicitudes de prestaciones ofrecía tan solo al ciudadano la descarga de los formularios en formato pdf, su cumplimentación electrónica en pantalla, sin validaciones de ningún tipo, y su impresión en formato papel. El resto del procedimiento se hacía de forma manual: el solicitante entregaba personalmente los formularios cumplimentados y la documentación que estimaba oportuna y el personal del CAISS digitaba de nuevo todos los datos de la solicitud ya cumplimentada, comprobaba los mismos y validaba la documentación aportada. Así, se plantearon las siguientes necesidades: Proporcionar la posibilidad de realizar la solicitud íntegramente vía internet, sin tener que personarse en el CAISS, excepto para la presentación de documentación adicional requerida. Informar al solicitante de manera personalizada de la documentación requerida para tramitar su solicitud particular. Automatización de la validación y volcado de datos en los sistemas corporativos del INSS. Como consecuencia de las necesidades descritas se desarrolló el proyecto TESOL con un doble objetivo:

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OTRAS NOTICIAS

Por una parte, se pone a disposición de los ciudadanos un mecanismo electrónico para la solicitud de las prestaciones gestionadas por el INSS, lo cual, además de favorecer a quienes solicitan su prestación en nombre propio, beneficia enormemente a los representantes de los futuros titulares de las pensiones, facilitándoles su labor. Por otro lado, se agilizan los procesos de gestión, puesto que el proyecto contempla no sólo la recepción de las solicitudes por internet sino, además, el volcado de datos y la apertura automática del expediente en el procedimiento informático, sin necesidad de digitar datos en los CAISS, lo que finalmente contribuirá a reducir los tiempos de tramitación y resolución de los expedientes. El proyecto se divide en dos fases, a implantar por separado: 1.ª FASE La primera fase, ya en funcionamiento, abarca un sistema de tramitación electrónica de solicitudes sólo accesible por medio de certificado digital. Los usuarios del sistema pueden ser tanto titulares con derecho a la prestación como representantes de los anteriores. La aplicación permite seleccionar el idioma en que se desea cumplimentar la solicitud de entre las distintas lenguas cooficiales. Asimismo, se solicita la provincia en la que se tramitará la solicitud, y permite seleccionar el idioma de comunicaciones, de entre los asociados a la provincia, independientemente del idioma de cumplimentación. La solicitud tiene formato de formulario guiado, de manera que se muestran sólo las preguntas aplicables al escenario que se va planteando, personalizando la información requerida en función de las contestaciones que se van incorporando, y proporciona información de ayuda de cara a su correcta cumplimentación. Todo ello hace que la cumplimentación del formulario sea más sencilla que la actualmente existente en papel y más rápida al mostrarse únicamente aquellas preguntas necesarias en el caso concreto, lo cual supone un ahorro de tiempo sobre todo para aquellos representantes que vayan a transmitir un gran número de solicitudes. Durante el proceso se ofrece la posibilidad de almacenar temporalmente la solicitud incompleta, para continuar su cumplimentación en otro momento. Cuando el usuario acceda de nuevo al servicio, se le mostrarán sus solicitudes incompletas, en caso de haberlas, para que pueda recuperarlas si lo desea, y continuar con su cumplimentación. Esta funcionalidad, si bien resulta ventajosa para todos los usuarios, lo es especialmente para los representantes que cumplimentan un gran número de solicitudes, pues si deben interrumpir la cumplimentación de un formulario porque necesiten una información con la que no cuenten en ese momento o por cualquier otro motivo, pueden guardar los datos introducidos y recuperarlos posteriormente.

papel (próximamente se incorporará como nueva funcionalidad del sistema TESOL: la posibilidad de anexar documentos adicionales en formato pdf, evitando así el desplazamiento a CAISS). Al final del proceso se ofrecen dos alternativas: el solicitante podrá optar por registrar la solicitud y descargarse un justificante de registro firmado electrónicamente y una copia de su solicitud, que incluirá el número de expediente asignado y la relación personalizada de la documentación que se deberá aportar en el CAISS, o bien podrá optar por imprimir la solicitud validada para presentarla en el CAISS. 2.ª FASE La segunda fase supone la implantación de un sistema de tramitación electrónica de solicitudes para ciudadanos que no disponen o no utilizan un certificado digital. Los usuarios del sistema podrán ser tanto titulares con derecho a la prestación como representantes legales de los anteriores. La mecánica de cumplimentación del formulario será la misma que la descrita con anterioridad, sólo que, dado que el solicitante no queda debidamente acreditado al no contar con un certificado digital, no se permitirá el envío telemático. Tras terminar el proceso se generará e imprimirá un documento pdf con los datos de la solicitud cumplimentados para su presentación en un CAISS y un anexo con información sobre la documentación a aportar.

Tras completar la solicitud, se validan los datos en el sistema corporativo para, caso de detectarse errores, informar al usuario para que proceda a su subsanación, de manera que las solicitudes presentan más garantías en cuanto a la información que contienen que las actuales en papel, lo cual facilita el trámite.

Se ofrecerá la opción de que la información de la solicitud permanezca almacenada en la base de datos durante un plazo concreto limitado. En este caso, el formulario impreso incluirá un número de referencia, que utilizará el personal del CAISS para recuperar los datos, a instancia del solicitante, sin necesidad de digitarlos de nuevo, y decidir su validación e incorporación al Sistema Corporativo.

Por último, se indican los documentos que el interesado debe aportar en el CAISS en su caso concreto, lo que supone una gran mejora respecto del sistema actual, en el que cada solicitante debe identificar la documentación que debe presentar de entre el listado completo de documentos que aparecen en el formulario en

En definitiva, el sistema descrito abre una nueva vía de presentación de solicitudes de prestaciones de la Seguridad Social que se adapta a las necesidades actuales y que, en concreto para los representantes de los futuros titulares como los graduados sociales, facilita en gran medida su labor. 47

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Galardones a la Excelencia

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A Asociación Nacional de Graduados Sociales entregó en Madrid y en la sede del Consejo General de Graduados Sociales, sus distinciones anuales a personalidades del mundo del Derecho, la Empresa y la Cultura. Esta Asociación que está presidida por el D. José Luis García Bigoles premia a personas individuales empresas e instituciones que se han distinguido por llevar a cabo una labor ejemplar en sus ámbitos correspondientes. Esta entrega estuvo presidida por D. Francisco Javier Vieira Morante, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Entre los premiados destacamos a D. Álvaro Cuesta, diputado del PSOE por Asturias y Presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, también fue premiado el Director para España de la OIT, D. Juan Hunt que recibió el diploma del Premio al Fomento del Diálogo Social, y otro de los homenajeados fue el Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz que recibió el Premio a los Valores Sociales y Solidarios. A este acto asistieron relevantes personalidades del mundo de la política, la empresa, la Universidad y destacados laboralistas, que quisieron acompañar a la Asociación Hidalgo Schumann, el Sr. Bigoles aprovechó para anunciar la próxima convocatoria de los Premios de la Asociación a la calidad y excelencia profesional y empresarial correspondientes al año 2010. El acto fue finalizado con la actuación de un cuarteto de cuerda que puso punto final a esta importante entrega de premios.

Congreso Nacional de Alumnos y ex Alumnos de Relaciones Laborales y Graduado Social

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A Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Murcia acogió el pasado 19 de abril, la cuadragésimo quinta edición del Congreso Nacional de Alumnos y ex Alumnos de Relaciones Laborales y Graduado Social, que se ocupará, entre otros asuntos, de cómo afecta la crisis económica a este colectivo así como los desafíos de la profesión. La inauguración fue presidida por el Rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Cobacho; el Alcalde de la ciudad, Miguel Ángel Cámara; el Decano de la Facultad de CC del Trabajo, Domingo Manzanares; la Presidenta de la Asociación Estatal de los Alumnos y José Ruiz, en su calidad de Presidente del Colegio de GS de Murcia y Vicepresidente del Consejo General en representación de Javier San Martín, que no pudo asistir a dicha inauguración por problemas de agenda de última hora, pues su presencia estaba prevista. Las ponencias han tratado sobre diversos temas, desde el análisis del presente y futuro de los nuevos títulos de grado y posgrado, las relaciones laborales en un contexto

de crisis económica y temas como los Colegios de graduados sociales, las mutuas y la inspección de trabajo fueron vistos en profundidad. Este Congreso que aglutinó a un numeroso público finalizó el 23 de abril, con la satisfacción de haber debatido materias que en estos momentos son de plena actualidad. El Consejo General de Graduados Sociales participa no solamente a nivel Institucional sino que siempre que puede intenta ayudar a estos jóvenes, a que sus ganas de aprender y de profundizar se inicien en las primeras etapas, pues será la garantía de que estos futuros profesionales, reconozcan que el continuo reciclaje formativo y especialización es lo que nos hará un colectivo fuerte y con prestigio.

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NOTICIAS

Reunión Graduados Sociales y Consulenti del Lavoro Declaración sobre Riesgos Laborales

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L pasado 25 de enero, tuvo lugar en el Cabildo de Lanzarote la celebración de la firma de adhesión de este CG de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España a la Declaración de las Islas Canarias sobre la Prevención de Riesgos Laborales, en apoyo a la Declaración de Seúl de Seguridad y Salud en el Trabajo. En representación del Presidente de esta Corporación, asistió la Ilma. Sra. Dña. Caridad Romero del Mas y el Ilmo. Sr. D. José Ramón Dámaso Artiles, respectivamente, Presidentes de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales de Lanzarote, así como de Gran Canaria y Fuerteventura. El Sr. Dámaso como Presidente del Consejo Autonómico Canario firmó la citada Adhesión, en representación de D. Javier San Martín Rodríguez, cuyos firmantes proclaman: • «El derecho de unas condiciones de trabajo sanas y seguras debe reconocerse como un derecho fundamental». • y «declaran su apoyo pleno e incondicional al fondo y los objetivos de la declaración de Seúl de Seguridad y Salud en el trabajo, y en especial se comprometen a unirse a los firmantes de la declaración de Seúl en la iniciativa para fomentar una cultura preventiva de la seguridad y salud en todo el mundo». A este acto acudieron numerosas autoridades del Gobierno Canario que junto con las principales entidades y empresas firmantes abogaron por un futuro, donde la cultura preventiva tenga un lugar preferente en todos los sectores de la economía. Con esta adhesión, el Consejo General de Graduados Sociales de España quiere manifestar su apoyo a iniciativas que fomenten una mejora sustancial en el complejo mundo de las Relaciones Laborales.

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L Presidente del Consejo General de Graduados Sociales se reunió en Roma con la Presidenta de los Consulenti del Lavoro para tratar temas respectivos a ambas organizaciones. El eje central de la reunión consistió principalmente en fijar unas nuevas bases para potenciar el Club Europeo de Profesiones Liberales, incorporando nuevos socios y manteniendo a los actuales, con el fin de que ambas profesiones tengan cada día una mayor presencia dentro del marco de la Unión Europea. Marina Calderone y Javier San Martín estaban de acuerdo en que es importante generar una agrupación de laboralistas bien dentro del propio Club Europeo o bajo otra denominación, las circunstancias actuales en materia laboral en toda la Unión Europea, con las cifras de desempleo que se están alcanzando, deben hacer que los profesionales que se dedican al Derecho del Trabajo reaccionen para que puedan ser escuchados como verdaderos expertos de las Relaciones Laborales. Por todo ello, se acordó emplazarse, en un breve espacio de tiempo, en Bruselas con el fin de mantener reuniones con diferentes europarlamentarios de ambos países y así establecer un plan de actuación para potenciar la presencia del Club Europeo de Profesiones Liberales, como órgano experto en materia laboral.

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Consejo General

Escuela «Alonso Olea»

Inauguración

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N la sede del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España tuvo lugar el acto de inauguración de la VII Edición de la Escuela Práctica Profesional «Alonso Olea» con la presencia de D. José Ruiz, Vicepresidente 1.º del Consejo General de Graduados Sociales de España que junto con el Director de la Escuela, D. Francisco A. Rodríguez Novez y el Jefe de Estudios, D. José Ramón Vela dieron la bienvenida a esta nueva promoción de alumnos. D. José Ruiz, excusó la asistencia de D. Javier San Martín que por problemas de agenda no pudo estar presente en este acto de inauguración, asimismo quiso subrayar el esfuerzo que supone a la Fundación Justicia Social la realización de este proyecto, esfuerzo económico y humano que espera que cada uno de los alumnos sepan apreciar. El Vicepresidente del Consejo General indicó que la Fundación fue constituida para fomentar el continuo estudio y formación que requieren nuestro Colectivo para prestar un servicio de calidad y a la altura que los tiempos modernos requieren y exigen a nuestros profesionales. D. José Ramón Vela, Jefe de Estudios de la Escuela y Vocal de la Comisión Permanente del Consejo General, en su intervención expuso pormenorizadamente el diseño del programa formativo al igual que presentó el alto perfil de los profesores que impartirán las materias durante el curso.

Por último, intervino D. Francisco A. Rodríguez Novez, Director de la Escuela y Presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Jaén, que animó a los alumnos a seguir con esa trayectoria de búsqueda de la calidad, que han manifestado y que se puede palpar en los brillantes expedientes académicos que han presentado en su solicitud y por los cuales han sido seleccionados. A este acto de inauguración asistieron también D. Gregorio Zurdo, y D. Pedro Bonilla, ambos miembros de la Comisión Permanente del Consejo General, también asistieron algunos de los profesores que impartirán clases como D. Pedro Serrano, Secretario General de Fogasa; Dña. Eva Torrecilla, Vicepresidenta 1.ª del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Madrid, y D. Joaquín Merchán Bermejo, Presidente del Colegio de Graduados Sociales y encargado de impartir la primera de las clases sobre «Iniciativa empresarial». La duración de la Escuela fue de un mes y finalizó el 31 de marzo con un acto de clausura que se realizó en el Hotel InteContinental de Madrid.

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Acto de Clausura

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L 31 de marzo, en Madrid, tuvo lugar el acto de clausura de la VII Edición de las Becas «Alonso Olea». A lo largo de un intenso mes, los alumnos recibieron una formación que seguro completará el ciclo académico de sus incipientes carreras profesionales, teniendo la oportunidad de disfrutar de un claustro de profesores de élite, con los cuales han podido tratar y analizar, casos prácticos y cuestiones que durante sus estudios no se han visto de la manera detallada que ofrece esta Escuela.

El Presidente de la Fundación Justicia Social y del Consejo General de Graduados Sociales, D. Javier San Martín, agradeció a los profesores su interés en participar en este proyecto, sintiéndose orgulloso del claustro formado, pues reconoce, que cada año la implicación personal de ellos, hace que se vaya adoptando el mejor estilo de docencia necesario para que prime más la parte práctica que la teórica, que por supuesto siempre estará latente.

Este año se introdujo una novedad, valorándose que las conferencias impartidas en el último día de clase podrían ser de interés general, por ello, se acordó que la celebración de estas charlas se realizaría fuera de la sede de la Escuela. Por ello, las instalaciones del Hotel InterContinental, sirvieron como aula para que aquellos colegiados que así lo deseasen pudieran asistir cómodamente a las clases, abriendo de esta manera y por un día las puertas de la Escuela.

El Director de la Escuela, D. Francisco A. Rodríguez Nóvez quiso agradecer especialmente a las empresas que han colaborado desinteresadamente con el material entregado a los alumnos, y resaltó también, la importancia que deben de extraer los alumnos de esta experiencia, pues les servirá para tener una visión más amplia de las Relaciones Laborales.

Al finalizar las conferencias tuvo lugar el acto de entrega de los diplomas, tanto alumnos como profesores recogieron sus respectivos certificados que acreditan su participación en esta VII convocatoria. En esta ocasión tuvimos el honor de que nos acompañase en este Acto de Clausura, Dña. Caridad Hernández García, Directora General de Relaciones con la Administración de Justicia, que en su discurso alabó la creación de esta Escuela, animando a la Fundación Justicia Social a exportar este modelo al resto de las provincias que no hayan constituido una acción formativa de estas características.

Para finalizar, el Jefe de Estudios, D. José Ramón Vela, agradeció a los alumnos su interés y seriedad a lo largo de estas cuatro semanas, junto con el deseo de que esta actividad, les haya acercado a la labor que realizan los Colegios y el Consejo General en la defensa de la ya hoy en día es su profesión y por tanto se convertirá en su medio de vida, una función, que en su opinión debe ser apoyada por cada colegiado, a los cuales invita a que participen activamente en sus respectivos Colegios. Con este acto finaliza una vez más un proyecto que nació en el año 2003 y que en poco tiempo se ha convertido en una de las acciones más importantes que realiza la Fundación Justicia Social.

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Granada

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Colegios

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OY el Excmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Granada, tiene su sede oficial en calle Lope de Vega, 3, desde el año 2001, que cuenta con unas modernas instalaciones al servicio de los colegiados, con una amplia biblioteca, un salón de actos con aforo de 100 personas, un aula de formación, una Sala de Juntas, así como dos despachos individuales para el Sr. Presidente y Sr. Secretario, además de contar con una amplia zona para la sección de Administración donde se desarrollan todos los trabajos de Secretaría, por el personal del colegio.

JUNTA DE GOBIERNO: PRESIDENTE:

Ilmo. Sr. D. José Esteban Sánchez Montoya VICEPRESIDENCIA 1.ª:

D. Manuel Sánchez Molina VICEPRESIDENCIA 2.ª:

D. Emilio Checa Rodríguez SECRETARIO GENERAL:

D. José Luis Tovar Garrido TESORERO:

D. José Valladares Muñoz VICESECRETARIA:

D.ª María José Pique Gamez CONTADORA:

D.ª María José Ruiz López VOCALES

EJERCIENTES:

D. Manuel Francisco García Cano D. Miguel Garrido Belmonte Dña. Paloma Correal Trescastro Dña. Begoña Hernandez Llorca D. Salvador Beltran Sanchez VOCALES

NO EJERCIENTES:

D. José Luis Carrillo Alvarez D. Eduardo Luis Paredes Ramírez

El Colegio cuenta con una web corporativa en la que se pueden acceder a distintos servicios para colegiados en su acceso restringido, así como una amplia información disponible sobre la sede, los servicios, un tablón de anuncios, etc. También cuenta con una completa biblioteca en la que junto con las obras escritas podemos encontrar dos puntos de acceso informativo al servicio de los colegiados con base de datos profesionales para consulta y estudio. Los Colegiados disponen en la misma sede colegial un servicio de destrucción de documentos y un servicio de Burofax para sus comunicaciones y las de sus clientes. Toda la formación de los colegiados y de los alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, rotan en torno a la Escuela de Práctica Profesional —EPP—, que anualmente organiza más de una decena de jornadas o ponencias de temas de interés general o de actualidad informativa profesional, de media. Además de contar con dos cursos periódicos anuales para acercar y formar a los alumnos y a los Graduados Sociales que quieren ampliar o formarse más adecuadamente o simplemente reciclarse, como son los cursos denominados de «Gestión de Despachos profesionales de Graduados Sociales», y «La intervención y postulación de Graduados Sociales en Proceso Social, Procedimiento y Práctica». En la sede de los Juzgados de lo Social, el colegio tiene habilitada una sala de togas a disposición de los colegiados, que cuenta con una mesa de juntas, dos armarios con togas a disposición de los Graduados Sociales, y un ordenador para uso común de los que lo necesiten. El Colegio de Graduados Sociales de Granada, tiene y mantiene importantes nexos y acuerdos de colaboración con numerosas e importantes entidades y corporaciones tanto públicas coma privadas, de entre las que podemos resaltar a la Facultad de Ciencias del Trabajo, perteneciendo a su Consejo Asesor y siendo miembros de su comisión Permanente, en este Centro el Colegio tiene una espacio propio cedido en uno de sus puntos neurálgicos en el que se dispone de un tablón de anuncios para asuntos y noticias exclusivamente relacionadas con la profesión de Graduado Social y el Colegio Profesional; otro a destacar es el mantenido con las Corporaciones locales, como es con el Ayuntamiento de Granada, con el que existen dos vías de interrelación: un convenio de colaboración con el IMFE, y como miembros de Consejo Social de la Ciudad de Granada (solo hay cuatro colegios representados en el mismo). Durante este tiempo el colegio de Granada ha estado presidido por cuatro presidentes, el primero de ellos y fundador fue un Ilustre Magistrado de Trabajo y Graduado Social don Miguel Hernáinz Márquez, al que siguió don José Villanueva Molina y don Darío Méndez González, cargo en la actualidad ocupado por don José Esteban Sánchez Montoya desde abril de 2005. Su Escuela de Práctica profesional ha estado dirigida por ilustres compañeros como don Francisco Fernández y el recientemente fallecido Ginés Marfil, sin cuya labor y dedicación no hubiera sido posible su consolidación. Actualmente se encuentra gestionada por una comisión compuesta por miembros de la Junta de Gobierno, dirigida por el Presidente del mismo. En la actualidad cuenta con 325 colegiados, y su demarcación es provincial.

SEDE COLEGIAL: C/ Lope de Vega, 3 bajo. - 18002 GRANADA Teléfono: 958 25 02 91 - Fax: 958 25 07 55 e-mail: info@graduadosociales.e.telefonica.net 52 REVISTA GRADUADOS SOCIALES


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Lanzarote

Actos Institucionales

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L 9 de abril tuvo lugar una serie de Actos organizados por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote que comenzaron con una interesante conferencia impartida por el Presidente del Consejo General de Graduados Sociales. En esta ponencia sobre el Recurso de Suplicación, el Sr. San Martín expuso el gran avance que supone esta meta alcanzada recientemente, y el lugar donde nos posiciona. Asimismo, aprovechó para motivar a todos los compañeros de profesión a que profundicen en materias jurídicas, pues ese conocimiento profundo de la Ley hará que nuestro Colectivo se consolide aún más en el ámbito de la Justicia. Posteriormente a esta interesante conferencia tuvo lugar el Acto de Jura o Promesa de nuevos Colegiados del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote; Dña. Caridad Romero del Más, Presidenta del citado Colegio dio la bienvenida a todos los invitados y agradeció especialmente la presencia del Presidente del Consejo General. Como broche final a este día, se realizó la entrega de las Medallas al Mérito Colegial, en sus diferentes categorías a las siguientes personas. • D. Domingo Delgado Morin (Medalla de Bronce) • D. Ricardo Cabrera Morales (Medalla de Plata) • D. Andrés Cabrera García (Medalla de Plata) • D. Jesús Aboy López (Medalla de Oro)

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NOTICIAS

El Presidente del Consejo General en su discurso de clausura quiso dirigirse a aquellos compañeros recién llegados a la profesión y, por supuesto, también a los premiados, pues ambos, representan el «presente y el futuro» de nuestro Colectivo. A unos, les dio ánimos para que se impliquen en esta bella profesión, que no lo hagan como un mero instrumento de medio de vida, que luchen por buscarse un hueco y que participen en la vida colegial, pues la unión del Colectivo es la llave para poder ser escuchados ante las más altas Instituciones del Estado. A los compañeros premiados, les agradeció ese esfuerzo que ahora se ve recompensado con estas Medallas, esfuerzo que también les pide que mantengan en estos momentos de crisis, pues nuestro papel como asesores de la PyME es fundamental y clave para salvaguardar el trabajo incansable de aquellos pequeños y medianos empresarios que lo han dado «todo» para crear una estructura empresarial y que aporta riqueza a la sociedad española. Por eso, nuestra preparación y conocimiento de la normativa vigente puede ayudarles de manera directa e influyente a que esas empresas no naufraguen en este periodo de declive económico. Para terminar, y antes de clausurar, el Sr. San Martín quiso agradecer muy especialmente a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Lanzarote y a su Presidenta todas la atenciones que han tenido hacia su persona durante su estancia en este paradisiaco rincón de las Islas Canarias y les felicitó por la brillantez de los Actos organizados. 53

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Libros 2000SOLUCIONESDESEGURIDADSOCIAL A PRETENSIÓN DE LA OBRA es ofrecer la pronta resolución de la ya clásica cuestión que a diario se presenta en el ámbito de la empresa: ante un concreto problema o conflicto en materia de inscripción de empresas, altas y bajas de trabajadores, base de cotización y recaudación de Seguridad Social, ¿tiene derecho el trabajador a lo planteado o exigido?, y su correlativa consecuencia de ¿está el empresario obligado a acceder o conceder lo solicitado o bien a tramitarlo ante las Entidades Gestoras de la Seguridad Social? Y cuando se trata de una prestación (subsidio temporal, cantidad a tanto alzado o pensión vitalicia), ¿tiene el trabajador derecho a ella y, por tanto, procede su solicitud al Instituto Nacional de la Seguridad Social, al Servicio de Empleo Público Estatal o a la Mutua de Accidentes?, y en caso afirmativo ¿cuál sería su cuantía? Se ofrece, además el fundamento legal, jurisprudencial o bien de las Entidades Gestoras de la Seguridad Social, de cada respuesta dada, para que el lector pueda ampliar, si lo precisa, la solución indicada por los autores.

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Año de edición: 2010 Páginas: 1.050 ISBN: 978-84-8235-949-6 Diseño: 17x24 Edita: CISS Precio: 92,00 € + IVA Autores: Damián Beneyto y otros

La obra está compuesta por veinticinco capítulos. Veinte de ellos se refieren al Régimen General de la Seguridad Social. Los capítulos veintiuno a veinticinco contienen los Regímenes Especiales de la Seguridad Social (Autónomos, Agrario, Mar, Empleados del hogar y Minería del Carbón), en los que se analiza su campo de aplicación, altas y bajas, cotización y recaudación, y las peculiaridades de las prestaciones de cada Régimen Especial.

LASRELACIONESLABORALESENESPAÑA2003-2010 A PRESENTE OBRA, continuación del libro Las Relaciones Laborales en España 1973-2003, contiene los artículos publicados por el autor, así como las entrevistas que le fueron realizadas por los principales medios de comunicación social, durante el período comprendido entre los años 2003 y 2010. De esta forma, Las Relaciones Laborales en España 2003-2010 reúne más de 110 reflexiones vinculadas a las principales instituciones del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ello, sin perjuicio de sugerir para el debate y análisis, una serie de propuestas encaminadas a la realización de una reforma laboral profunda que, apueste por el equilibrio óptimo entre la competitividad empresarial y la protección social. Un modelo que permita implementar la flexiguridad en virtud de la cual se pueda contratar y despedir con facilidad, el trabajador tenga acceso a una formación fuerte que permita que sea fácilmente empleable y, finalmente, esté protegido socialmente mientras encuentra nuevo trabajo. Como dice en el nuevo Prólogo, el Prof. de la Villa, «La mayor novedad que aprecio es la visible ampliación del temario, no dedicado ya sólo, ni siquiera preferentemente, salvo en las entrevistas, a los asuntos laborales. Ahora aflora en tus escritos, sobre todo en las `terceras´ de ABC, la inquietud por la paz y por la seguridad, por la concordia entre los españoles, lo que hace que te sientas catalán, vasco, gallego, andaluz, etc., al mismo tiempo cuando resides temporalmente en esas tierras y con sus gentes. Ahora te preocupa, como a Ortega (1883-1955), la españolización de España, su unidad por convicción y por pragmatismo, esa España que …huele a tomillo y a romero (ABC, 18 de junio de 2008), de la que nadie debe ser huérfano, pues muchas de sus cosas …sin ser nuestras son de nosotros (ABC, 15 de diciembre de 2005) y porque no da igual, desde luego, vivir sin principios o con principios oportunistas, convirtiendo al hombre en una hoja dejada al viento (ABC, 27 de abril de 2006)».

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Autor: Juan Antonio Sagardoy Bengoechea ISBN: 978-84-96889-63-7 Páginas: 392 páginas Fecha de publicación: abril 2010 Formato: 17X24 Edita: Ediciones Cinca

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Doctrina Sección elaborada por:

www.efl.es

Jurisprudencia y Doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (de septiembre a diciembre de 2009) SUMARIO:

I.

DERECHO DEL TRABAJO: 1. Antigüedad. 2. Cesión ilegal de trabajadores. 3. Clasificación profesional. 4. Contrato de trabajo y arrendamiento de servicios. 5. Contratación temporal: a) Contrato para obra o servicio determinado; b) Nulidad de cláusula convencional relativa a la estabilidad de empleo. 6. Convenios y negociación colectiva: a) Ámbito de aplicación: b) Contenido normativo y contenido obligacional: c) Legitimación para negociar: d) Convenio colectivo extraestatutario: e) Sucesión de convenios. 7. Correos y telégrafos: excusión de las bolsas de contratación. 8. Despido y extinción del contrato de trabajo: a) Retroacción empresarial sobre la decisión extintiva: b) Despido colectivo y despido objetivo por causas económicas: distinción: c) Despido objetivo por causas organizativas o productivas; d) Despido por vulneración de derechos fundamentales; e) Despido y edades de jubilación fijadas en convenio; f) Acción por despido tras ser anulado el ERE; g) Efectos económicos del despido: más cuestiones sobre indemnización y salarios de tramitación. 9. Fogasa. 10. Libertad Sindical: a) Alcance de la libertad sindical; b) Contenido esencial: Derecho a la negociación; c) Contenido adicional: Derecho al nombramiento de delegado sindical; d) Principio de proporcionalidad en la constitución de comisiones de trabajo. 11. Movilidad y modificación de condiciones. a) Modificación horaria; b) Modificación de condiciones de carácter colectivo; c) Movilidad funcional por incapacidad temporal. 12. Salario y régimen retributivo: a) Absorción y compensación; b) Condición más beneficiosa; c) Principio de igualdad retributiva: equiparación salarial entre el personal laboral y el personal funcionario; d) Principio de igualdad retributiva: Doble escala salarial; e) Complemento de penosidad por ruido: Condiciones para su devengo; f) Guardias médicas: forma de abono; g) Diversas cuestiones relacionadas con el salario y la estructura salarial. 13. Sucesión de empresa. 14. Tiempo de trabajo: a) Jornada. b) Licencias retribuidas. c) Especial referencia al permiso de paternidad. 15. Reserva de plazas para discapacitados: Convocatoria de promoción interna.

II. DERECHO DEL TRABAJO: 1. Problemas generales de la acción protectora. 2. Prestaciones en concreto. a) Asistencia sanitaria; b) Incapacidad temporal; c) Incapacidad permanente; d) Jubilación; e) Desempleo. 3. Regímenes Especiales. 4. Seguridad Social complementaria. 5. Personal al servicio de la Seguridad Social.

III. DERECHO PROCESAL LABORAL: 1. Jurisdicción y competencia: a) Incompetencia para declarar la laboralidad de los servicios concluidos antes de la presentación de la demanda, para ser utilizada la sentencia en un procedimiento administrativo de selección; b) Incompetencia en materias atinentes al IRPF; c) Competencia en cuestiones de Seguridad Social; d) Competencia para la calificación de la prestación de servicios como laboral; e) Incompetencia del orden social para el conocimiento de una mejora voluntaria prevista en un acuerdo entre un Ayuntamiento y sus funcionarios; f) Competencia territorial. 2. Proceso ordinario: a) Acciones declarativas; b) Litisconsorcio pasivo nece-sario. 3. Modalidades procesales: a) Proceso de conflicto colectivo; b) Impugnación de convenio colectivo; c) Proceso en materia electoral. Recurribilidad de la resolución; d) Proceso especial de despido; e) Proceso especial de modificación de condiciones de trabajo; f) Acumulación de acciones. 4. Sentencia y ejecución: a) Efecto positivo de cosa juzgada; b) Beneficio de la justicia gratuita; c) Ejecución frente a Estados extranjeros. 5. Recurso de suplicación: a) Resoluciones recurribles; b) Afectación general; c) Apreciación de oficio de la competencia funcional. 6. Recurso de casación para unificación de doctrina: a) Falta de contenido e interés casacional; b) Requisito de contradicción; c) Relación precisa y circunstanciada de la contradicción; d) Cita y fundamentación de la infracción legal; e) Sentencias idóneas y no idóneas para establecer la contradicción; f) Descomposición artificial de la controversia; g) Aportación de documentos. 7. Casación ordinaria. Revisión de hechos probados. 8. Recurso de revisión. 9. Error judicial.

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La autoría corresponde a María Dolores Redondo Valdeón y María Silva Goti, a parte referida a Derecho del Trabajo y relación laboral individual; a Carmen Murillo García la relativa a la Seguridad Social; y a Paz Menéndez Sebastián la correspondiente a Proceso laboral.

Artículo incluido en Actum Social núm. 34

I.

DERECHO DEL TRABAJO

1. Antigüedad La TS 23-9-09, rec. 28/08, reitera que los trabajadores temporales contratados en Administraciones Públicas tienen derecho al complemento de antigüedad, debiendo recibir el mismo tratamiento que los trabajadores fijos, en virtud de lo dispuesto en la Ley 12/2001 de 9 de julio, que incorporó a nuestro ordenamiento —ET art. 15.6— la Directiva 1999/70 CE del Consejo de 29 de junio, relativa al Acuerdo Único, sobre el trabajo de duración determinada que garantiza el principio de no discriminación del trabajador temporal respecto al contratado indefinidamente. Así lo han establecido, entre otras, STS 7-10-02, rec. 1231/01; 13-7-06, rec. 101/05 y 7-4-09, rec. 3/08 al recoger que el carácter temporal de la relación no es causa que pueda justificar un trato diferente a efectos de la remuneración por antigüedad, siendo que el periodo de tiempo debe computarse cuando se prestan servicios bajo una misma «unidad de vínculo contractual». En el caso, se declara la nulidad del art. 37-2 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid 2004-2007, y en consecuencia se reconoce el derecho del personal temporal a devengar trienios por cada tres años de servicios, en los mismos términos que los establecidos para el personal fijo, por no estar justificada la desigualdad de trato establecida y no ser posible que un Convenio Colectivo restringa los derechos de los trabajadores temporales reconocidos en el citado ET art. 15-6. 2. Cesión ilegal de trabajadores Sabido es que una de las consecuencias de la declarada existencia de cesión ilegal de trabajadores es la condena con carácter solidario a las codemandadas a readmitir o a indemnizar al trabajador sometido al tráfico ilegal de mano de obra, ahora bien, la cuestión que se somete a conocimiento de la Sala en TS 14-09-2009, rec 4232/2008, se centra en determinar si cabe o no la condena solidaria de la empresa cedente al amparo del ET art. 43 cuando en el momento del despido ya no existía la cesión ilegal y el trabajador pertenecía a la cesionaria de manera no sólo efectiva, sino también formalmente. En el caso, la sentencia que se recurre en casación unificadora, perpetúa en el tiempo los elementos determinantes de dicha cesión, siendo así que el contrato con la cedente se había extinguido dos meses antes de producirse el despido por parte de la cesionaria que había procedido a contratar al trabajador dejando en consecuencia sin efecto la apariencia creada por la interposición. La Sala IV no comparte tal parecer, pues atendiendo a los concretos términos del ET art. 43.3, para proceder a la condena solidaria es necesario que la cesión ilegal subsista cuando dicho despido se efectúa, lo que no es el caso. 3. Clasificación profesional: Igualdad de trato La TS 16-9-09, rec. 143/08, declara que no supone vulneración del derecho a la igualdad de trato, la distinta clasificación profesional o encuadramiento del personal laboral de la Administración General del Estado, con funciones de «traductores intérpretes». El hecho de que los «traductores intérpretes» dependientes del Ministerio de Justicia estén encuadrados en el

grupo profesional III, con categoría de técnicos superiores de la Administración del Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Administración General del Estado (AGE), mientras que otros traductores están encuadrados en el Grupo I está justificada por la exigencia de distinta titulación, superior para el grupo I, y también por los distintos servicios de interpretación y traducción prestados. 4. Contrato de trabajo y arrendamiento de servicios La TS 07-10-2009, rec. 4169/08 recoge la doctrina tradicional sobre delimitación entre contrato de trabajo y el civil de arrendamiento de servicios, en relación con la prestación de servicios de los profesionales liberales. En particular, la sentencia anotada recaída en procedimiento instado en virtud de demanda de oficio promovida a raíz de la intervención de la Inspección de Trabajo, reitera doctrina anterior en la que ya se calificó como laboral las de unos odontólogos que vienen prestando servicios para unas clínicas dentales franquiciadas, considerando que éstas últimas disponen de organización sanitaria propia para la prestación de los servicios; que el lugar, el horario, los medios materiales y personales han sido predispuestos por la entidad mercantil; que la retribución es percibida a través de la empresa, la cual gestiona su cobro; y que el odontólogo está obligado a la prestación personal de los servicios, sin perjuicios del régimen de sustituciones que la empresa dispone. Al efecto, recuerda la Sala que tanto en la profesión médica como en general en las profesiones liberales la nota de la dependencia en el modo de la prestación de los servicios se encuentra muy atenuada e incluso puede desaparecer del todo a la vista de las exigencias deontológicas y profesionales de independencia técnica que caracterizan el ejercicio de las mismas. 5. Contratación temporal a) Contrato por obra o servicio determinado En la TS 15-9-09, rec. 4303/08, reitera doctrina precedente obrante en TS 21-01-09, rec. 1627/08; 14-7-09, rec. 2811/08, en la que la Sala recuerda los requisitos de validez del contrato para obra o servicio determinado y, en particular, que la existencia de un condicionante consistente en la obtención de subvenciones o dotaciones presupuestarias para realizar determinadas actividades o poner en prácticas programas o proyectos concretos y sometidos a una cadencia temporal predeterminada, generalmente anual, no es razón suficiente para concertar contratos para obra o servicio de duración determinada, si no concurre el presupuesto causal y habilitante para concertar tal modalidad contractual, a saber, la existencia de una actividad con autonomía y sustantividad propia respecto de lo que es la labor habitual u ordinaria de la empleadora, y limitada en el tiempo. Y dicha doctrina resulta de plena aplicación al supuesto dirimido, en el que se contemplan contratos concertados por una Administración Pública —la Generalitat de Cataluña— para la ejecución de un plan o programa público —Programa de Formación Ocupacional de Casas de Oficios de Formación e Inserción «Trabajo para la formación»— financiado con fondos europeos, estando condicionada la oferta del Departamento de Educación al convenio de la firma, normalmente, cada año con 57

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el Departamento de Trabajo en el que se establece la financiación, condicionada a la disponibilidad de fondos de la Unión Europea, no pudiéndose en consecuencia deducir la temporalidad de la obra o servicio, que la Unión subvenciona, del carácter anual o bianual del Plan, ya que la concreción temporal afecta alas subvenciones, no a los servicios que los mismos financian, que tienen carácter permanente. De ahí que concluya que los contratos examinados no cumplan los requisitos establecidos al efecto para esta modalidad contractual. Sentado lo anterior, y atendiendo a que se constata la necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, señala que la contratación adecuada es la de contrato por tiempo indefinido de carácter discontinuo prevista en ET art. 15.8. b) Nulidad de cláusula convencional relativa a la estabilidad de empleo La TS 23-9-09, rec. 183/07, conoce del recurso interpuesto por el sindicato demandante, contra la sentencia desestimatoria de la demanda en Impugnación del VIII Convenio colectivo interprovincial de Radio Televisión de Andalucía, instando la nulidad de la Disposición Adicional Segunda relativa a la estabilidad en el empleo. La Sala IV tras señalar que el recurso, formalmente, debería rechazarse en cuanto se solicita la desestimación de la demanda, pronunciamiento coincidente con el de la sentencia que se impugna, entra a conocer del fondo del asunto, en el que se denunciaba infracción del ET art. 15.3, postulando la nulidad de la cláusula convencional que autoriza —por una vez— la contratación como trabajadores fijos a determinados temporales. Convocatoria extraordinaria que se realiza a la vista de una masiva contratación temporal que se califica de fraudulenta. Se concluye que tal proceder es acorde con el principio plasmado en el ET art. 15.3 que presume la indefinición de aquellos contratos celebrados en fraude de Ley. Además, de esta forma se cumple con el objetivo legal sin necesidad de que hayan de reiterarse las sentencias en las que se había venido condenando a la demandada. En definitiva, se estima que la solución es ajustada a los mandatos legales del precepto invocado y de CE art. 37.1 que autoriza la contratación colectiva de las condiciones de trabajo y de cuya autorización es un fiel y adecuado exponente la cláusula que se impugna. 6. Convenios y negociación colectiva a) Ámbito de aplicación En relación con la determinación del convenio colectivo aplicable se pronuncia la TS 3-11-09, rec. 134-08 analizando un supuesto de fusión por absorción. La Sala IV argumenta que la fusión por absorción, supone la extinción de la entidad absorbida, en contra de lo pretendido por la recurrente que alegaba la existencia de un mero cambio de denominación de una misma sociedad, llamada sucesivamente de diferentes formas y que tal cambio de nombre en nada puede afectar a los derechos de sus trabajadores ni al convenio colectivo aplicable. Al respecto, es de reseñar que en la fusión de sociedad por absorción, si bien se produce la extinción de la personalidad de la sociedad absorbida, la absorbente adquiere el patrimonio de esta sociedad y se produce la adquisición por sucesión universal de los derechos y obligaciones de la absorbida, de forma que queda vinculada,

activa y pasivamente, por las relaciones contractuales que ligaban a la sociedad absorbida con terceros, lo que determina que no sea causa de extinción de las relaciones contractuales la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad a cuyo favor se celebraron, precisamente por esa sucesión universal que se produce por la fusión. Este supuesto debe distinguirse de los de mera transformación societaria, en los que solo hay una modificación esencial de la estructura, un cambio en la organización, pero no un cambio en la personalidad jurídica, que sigue siendo una y la misma [STS/Iª 20-9-1993, rec. 775/97; 9-10-2008, rec. 2625/01]. En definitiva, no se puede aplicar a los nuevos contratos de trabajo, que se realizaron tras la fusión por absorción, por la entidad absorbente un convenio colectivo distinto al que era de aplicación a esta última, [en concreto, el Convenio Colectivo Sectorial de Empresas Concesionarias de Cable de Fibra Óptica]. Desde el momento en que se produce la sucesión de empresa, el convenio colectivo aplicable a los nuevos contratos de trabajo que se realicen será el de la empresa que haya sido la dominante en el proceso de sucesión, es decir, la empresa adquirente. Por ello, se rechaza la pretensión del Sindicato recurrente de que se aplique a los nuevos trabajadores el convenio colectivo propio de la sociedad absorbida, y sin que del ET art. 44 quepa extraer la conclusión de que en caso de traspaso o sucesión de empresas, los derechos que han de mantenerse a los trabajadores afectados por ella deben extenderse también a los trabajadores contratados con posterioridad a dicha situación. Por otra parte, la TS 1-7-09, rec. 92/08, declara que el II Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado —CCU— [BOE 14/10/2006] es de aplicación a los trabajadores temporales del CSIC. Y ello porque dichos trabajadores están incluidos tanto en el ámbito de aplicación del I como del II CCU, como se desprende de la rotunda declaración que contiene el art. 1.1 de ambas normas convencionales y del dato de que la contratación temporal está expresamente regulada en los dos convenios. Asimismo, dicho personal no está comprendido en ninguna de las seis exclusiones a su aplicación, que conforman una enumeración cerrada. A lo que se une que la inclusión debatida ha sido reconocido por el propio CSIC. Seguidamente, y en cuanto al fondo del asunto, la Sala niega al colectivo afectado el complemento singular de puesto al no ocupar puestos de los incluidos en la RPT dado que la Disp. Adic. 2.ª atribuye dicho complemento exclusivamente a los «puestos ocupados». Por el contrario, estima el derecho a percibir el complemento de jornada partida. b) Contenido normativo y contenido obligacional La TS 2-7-09, rec. 44/08, sintetiza la doctrina de la Sala IV, en relación con las cláusulas normativas y obligacionales de los convenios colectivos en situación de ultraactividad. Así, precisa que las cláusulas normativas se proyectan sobre los trabajadores y empresarios incluidos en su ámbito y las obligacionales vinculan a los firmantes que las suscribieron. Por otra parte, la mención genérica a las cláusulas obligacionales apunta, a los deberes de paz laboral a cargo de quienes han negociado el convenio. Mientras que el contenido normativo comprende tanto las normas de relación que tienen por objeto definir las condi-

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ciones de trabajo, como la acción asistencial o el ejercicio de los derechos colectivos, y también las reglas que definen los propios ámbitos del convenio. Tal referencia es de carácter vinculante para el contenido normativo del convenio, en el supuesto de denuncia del mismo [STS 16-6-98, rec. 4159/97; 28-10-97, rec. 269/97, 1-12-03, rec. 138/02]. En aplicación de la anterior doctrina, la sentencia concluye que la cláusula litigiosa —art. 53 del I Convenio Colectivo de Auna Telecomunicaciones para los años 2004-2006— tiene naturaleza normativa, al crear una estructura estable para la gestión de la misión que le encomienda el Convenio: el reparto del presupuesto anual de acción social. Esto es, la norma ha creado un fondo de acción social y una Comisión para su reparto, que forman parte de la estructura convencional de forma estable, lo que supone su permanencia en la fase de ultraactividad del Convenio. Y ello porque las normas convencionales que definen la «acción social» tienen tal naturaleza normativa, que no queda desvirtuada porque no exista una previsión individualizada, ni porque no se contengan previsiones para cuando finalice la vigencia del convenio. c) Legitimación para negociar La TS 11-11-09, rec 38/08, tras rechazar la pretensión de nulidad de la sentencia recurrida por falta de motivación e incongruencia, y la de modificación del relato fáctico, y reiterar que ostentan la legitimación para impugnar el convenio los interesados en él, esto es, los afectados por el mismo, aunque no tuviesen capacidad para negociarlo, confirma la nulidad del I Convenio Colectivo de Intervención Social de Madrid. De conformidad con el ET art. 87-3 y 88-1 las asociaciones empresariales negociadoras carecían de legitimación bastante para darle valor de norma estatutaria, ya que ni representaban el 10% de las empresas del sector, ni las empresas representadas por ellas ocupaban a la mayoría de los trabajadores del mismo. La prueba lograda desvirtúa las presunciones «iuris tantum» consistentes en presumir que tienen dicha representatividad aquellas asociaciones empresariales a quienes sus interlocutores sociales se las reconocen —dada la dificultad de probar el nivel de representatividad de dichas asociaciones— y la otra consistente en que la presunción de validez del convenio obliga a probar a quienes los impugnan la falta de representatividad de quienes los negociaron. d) Convenio colectivo extraestatutario La TS 1-12-09, rec 34/08, estima que no es de aplicación a la Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT-Madrid (FETE-UGT-MADRID) ni a la Federación Regional de Enseñanza de CCOO de Madrid, ni a sus afiliados, los Acuerdos de 10 y 20 de abril de 2007 suscritos con la Comunidad de Madrid —CAM— relativos al complemento retributivo, por los que se modifica otro anterior de 9 de marzo de 2005, al no haber suscrito tales sindicatos los indicados pactos novatorios. Consta que dichas entidades sindicales pactaron con la demandada el Acuerdo de Analogía Retributiva del Profesorado de la Enseñanza Concertada con el Profesorado de la Enseñanza Pública de 03/10/05, por el que, entre otros extremos, el complemento retributivo tuviese un desarrollo gradual entre enero/05 y enero/09. En 10/04/07 se suscribe nuevo Acuerdo [no firmado

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por los demandantes], en el que se introducen precisiones económicas cuantitativas y temporales inexistentes en aquel Acuerdo de 2005, y el 20/04/07 se firma el «Pre-Acuerdo para la modificación del Acuerdo de Analogía retributiva» que tampoco fue suscrito por los Sindicatos reclamantes. La Sala IV concluye que el Acuerdo de 09/03/05 no tiene cualidad de Convenio Colectivo ni el consiguiente valor normativo, en tanto que está referido a personal laboral y no cumple ninguno de los requisitos establecidos en el ET para obtener la condición de norma pactada estatutaria. Toda vez que el ET art. 82 limita la normativa de su Título III a los convenios colectivos regulados en dicha Ley, los pactos o acuerdos colectivos extraestatutarios carecen de una regulación propia y se rigen directamente por el art. 37.1 CE y las normas del Código Civil que regulan los contratos [STCo 121/01, y SSTS 14-12-96, rec. 3063/95; 11-09-03, rec. 144/02], sin perjuicio de aplicar, en su dimensión básica, las reglas generales del propio Estatuto, dada su calidad de «conciertos» plurales [20-02-08, rec. 4103/06; 09-12-08, rec. 62/07 y 28-05-09, rec. 71/08]. De estas características se desprende que no pueda aceptarse la nulidad de los Acuerdos novatorios del 2007, en tanto que son plenamente válidos para las partes que los han suscrito, declarando, sin embargo, la inaplicación e ineficacia de tales acuerdos respecto de los Sindicatos reclamantes —por no haber suscrito los indicados pactos modificativos del inicial de 2005— y de los trabajadores por ellos representados. e) Sucesión de convenios En el periodo que comprende la presente crónica se han suscitado diversas demandas de conflicto colectivo, en relación con la practica empresarial de AENA consistente en externalizar diferentes servicios en distintos aeropuertos, solicitando los sindicatos demandantes se declarara contraria a derecho por incumplir el Acuerdo de 4-03-2004, y la Disposición Transitoria 13.ª del III Convenio Colectivo de la Entidad Pública Empresarial AENA. Como antecedentes se señala que dicho Acuerdo de desconvocatoria de huelga, con la naturaleza de convenio colectivo, pretendía garantizar el contenido y validez de todas y cada una de las ocupaciones del III Convenio colectivo asegurando que sería la plantilla de la empresa la que desarrollara las funciones y tareas que figuraban en las fichas de ocupación de aquel. Se establecían, no obstante, dos excepciones al compromiso de no externalizar: los de concurrencia de causas organizativas, productivas y económicas y el mantenimiento transitorio de la actividad ya externalizada, cuyo retorno al seno de la plantilla de la empresa había de ser objeto de ulterior negociación. Posteriormente, durante el proceso de negociación del IV Convenio Colectivo, se establecen las condiciones de negociación respecto a la delimitación y concreción de los trabajos a desarrollar en propio por parte del personal de la Entidad. Finalmente, el 19 -12-05 se suscribió el IV Convenio Colectivo de AENA en cuya disposición transitoria 13.ª se dispone que los acuerdos que pueden alcanzarse en la Mesa marco de explotación en cumplimiento del pacto de finalización de huelga formarían parte de él por traslación. La Sala IV en STS 21-7-09, rec. 3389/08; 21-9-09, 56/09 y 23-9-09, rec. 4065/08, analiza si el Acuerdo de 2004 quedó sometido a pactos ulteriores o si, por el contrario, imponía a la empresa la renuncia a externalizar servi59

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cios que pudieran ejecutarse a través de las funciones asignadas a la plantilla, según el sistema de ocupación designado en el propio convenio colectivo. Se estima que el tenor literal del Acuerdo no ofrece dudas sobre la voluntad de no mantener proyectos de externalización que afectaran a las ocupaciones contenidas en catálogo del III Convenio colectivo, asumiendo el compromiso de futuro de no externalizar, con las dos excepciones antes mencionadas. Por el Alto Tribunal se alcanzan las siguientes conclusiones: 1) En el Acuerdo de 2004 no se condiciona la renuncia a la externalización a proceso alguno de negociación, salvo para el supuesto relativo a modificaciones derivadas de los concretos motivos organizativos. 2) Los posteriores acuerdos alcanzados en el curso de la negociación del IV Convenio, no supusieron la derogación del compromiso asumido en 2004, sino, por el contrario, la ratificación del mismo, mediante el planteamiento de una posterior actividad negociadora para perfilar los modelos de explotación según el área de actividad. 3) El IV Convenio no altera lo pactado en el Acuerdo, sino, por el contrario, autoriza la elevación a la categoría convencional de los pactos que se alcancen en cumplimiento del Acuerdo inicial. 4) La sucesión temporal de convenios, se rige por el llamado «principio de modernidad», ex ET art. 86. Por tanto, la regulación del III Convenio, es sustituida por la del nuevo y lo mismo cabe decir de aquellos acuerdos que tuvieran la naturaleza de convenio colectivo. Sin embargo, en el caso analizado, la propia autonomía de la voluntad de los negociadores explicita el respeto al compromiso de no externalización, y reitera y consagra lo pactado. 7. Correos y telégrafos: excusión de las bolsas de contratación Nuevamente en el periodo acotado por la presente crónica, ha tenido la Sala que pronunciarse en TS 15-9-09, rec. 3258/08; 23-9-09, rec. 3409/08, sobre la indemnización por lesión de derechos fundamentales de aquellos empleados excluidos de las bolsas de empleo de Correos y Telégrafos en aplicación de una base de convocatoria de constitución de las mentadas bolsas de empleo, en particular, de aquella que exigía a los aspirantes no haber sido despedido, ni indemnizado por despido. Y partiendo de la base de que los salarios dejados de percibir por la exclusión de las bolsas de trabajo de Correos y Telégrafos son elementos objetivos acreditativos del daño generado por tal exclusión y hábiles para la evaluación del mismo, deben limitarse no obstante «a los periodos en que hubiesen sido contratados trabajadores con inferior preferencia en tales listas», debiendo excluirse asimismo del cálculo de la indemnización «cantidad adicional alguna» por un «daño moral» genérico que no haga referencia al mencionado «elemento objetivo» de acreditación y «evaluación del daño»; por lo tanto, el importe de la indemnización de lo salarios dejados de percibir empieza contar, desde la fecha de la contratación por parte de Correos y Telégrafos de trabajadores de las listas de empleo respecto de los cuales la contratación de los actores hubiera sido preferente. Íntimamente conectada con esta cuestión se halla el de la distribución de la carga de la prueba de la producción del hecho dañoso determinante de la misma, cuestión zanjada por TS 24-6-12009, rec. 3412/08, que haciendo uso de la norma excepcional de distri-

bución de la carga probatoria establecida en LEC art. 217.6, ha desplazado hacia Correos y Telégrafos la prueba de las contrataciones de inferior categoría, siendo la empresa y no el trabajador quien tiene mayor disponibilidad de los elementos probatorios acerca de la existencia o inexistencia de determinada vacante en u momento concreto, concurriendo en el trabajador una «dificultad probatoria» para acreditar las incidencias de la gestión de las listas y en particular la personas contratadas y su calificación de acuerdo con el baremo. 8.

Despido y extinción del contrato de trabajo

a) Retroacción empresarial sobre la decisión extintiva En TS 7-10-2009, rec. 2694/08, se contempla un supuesto novedoso referido a determinara la posible retroacción empresarial sobre la decisión extintiva. Ninguna sentencia de la Sala había contemplado una retroacción empresarial previa al trámite preprocesal de conciliación, con la singularidad que se acentúa por el hecho de que la empresa pretende justificar dicha retroacción por la existencia de un error al despedir. La Sala, tras recordar la doctrina previa sobre el efecto en general de la retractación empresarial y señalar que la situación no es idéntica a la del trabajador que se retracta de la dimisión, concluye que la eficacia extintiva y constitutiva del despido determinan que el trabajador no esté obligado a aceptar la posible retractación de la empresa anterior a la constitución de la relación procesal, ni que por tal rectificación el trabajador se vea privado de su derecho a la tutela judicial, descartando con ello el hipotético abuso del derecho que supone la reclamación judicial del afectado. Descarta también la Sala la directa aplicación de la normativa común (Civil) sobre nulidad los actos, porque atribuir eficacia vinculante a la retractación empresarial distorsionaría el proceso de despido y no protegería los intereses del trabajador en los términos derivados de la regulación especial de este proceso. No admite, así, la Sala, la posibilidad de dejar sin efecto el despido por unilateral decisión del empresario, destacando que aunque se admitiese —que no— la posibilidad de dejar sin efecto el despido por unilateral decisión del empresario, es lo cierto que no consta que la reincorporación se hubiese ofrecido en el caso con íntegra restauración del vínculo y que generase en la despedida la convicción sobre la innecesariedad de reclamación alguna respecto de todos sus componentes —improcedencia, salario, cobertura de la Seguridad Social, prestaciones complementarias y antigüedad—. b) Despido colectivo y despido objetivo por causas económicas: distinción De notable relevancia es TS 18-3-09, rec. 1878/08; en la que la cuestión que se suscita viene constituida por la determinación del criterio para el cómputo del número de trabajadores afectados, a los efectos de determinar la dimensión colectiva de despido y más concretamente en precisar si para llevar a cabo los cómputos ha de atenderse al total de trabajadores que integran la empresa —ET art. 51.1 ET— o sólo a los del centro de trabajo afectado —Directiva Comunitaria 98/59—. La sentencia que se recurre en casación para la unificación de doctrina declaró la improcedencia de los despidos razonando que ha de tomarse

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como elemento referencial el número total de trabajadores de la empresa, y dado que como los despidos no alcanzan el 10% del total, la vía adecuada para la extinción era el despido objetivo y no el despido colectivo. La Sala IV del TS comparte tal parecer, manteniendo que el objeto de la Directiva 1998/59, es el reforzar la protección de los trabajadores y que el art. 5 de la misma dispone que «no afectará a la facultad de los Estados miembros de aplicar o introducir disposiciones legales, reglamentarias o administrativas más favorables para los trabajadores o de permitir o de fomentar la aplicación de las disposiciones convencionales más favorables para los trabajadores» de forma que la Directiva en cuestión tiene el carácter de norma mínima mejorable por las legislaciones y normas nacionales; criterio que ya había sido mantenido por la TSJCE de 18 de enero de 2007 en la que se estableció que la pretensión de la Directiva no es otra que «establecer una protección mínima en materia de información y consulta de los trabajadores en casos de despidos colectivos, aunque los Estados miembros podrán adoptar medidas nacionales más favorables», criterio que reitera la posterior STJCE de 15 de febrero de 2007. Como consecuencia de todo ello, entiende la sentencia que la normativa española y más concretamente el ET art. 51 mejora las condiciones de la Directiva al referirse de forma inequívoca a la empresa como unidad para el cómputo de los trabajadores de un centro de trabajo, dado que no se superaba el 10% del total de la plantilla de la empresa, la conclusión no puede ser otra que la de admitir como procedente la vía de la extinción por causas objetivas, frente a la pretensión de despido colectivo defendida en el recurso. También a propósito de la distinción entre despido colectivo y objetivo del ET art. 52 se pronuncia TS 26-10-09, rec. 2945/08. En el caso, la mercantil recurrente procedió a despedir por la vía del despido objetivo individual ex ET art. 52 c) a aquellas trabajadoras que se negaron a aceptar la recolocación en Iberia pasando a formar parte del excedente estructural según Convenio. El art. 69 del Convenio Colectivo del Servicio de Asistencia en Tierra y Aeropuertos regula la extinción de los contratos del personal excedente estructural señalando que en el caso de que el número de excedentes no supere los umbrales del ET art. 51 se estará a lo prevenido en el art. 52 c) de la norma y se seguirán los trámites del ET art. 53. Y la Sala atendiendo a los propios términos del debate suscitados ante el órgano jurisdiccional de la suplicación, señala que al no haber seguido la recurrente el procedimiento del ET art. 51, era preceptivo conceder el preaviso de treinta días que establece el ET art. 53.1.c) o en otro caso abonar los salarios correspondientes a la falta de preaviso. c)

Despido objetivo por causas organizativas o productivas

Si existe una regulación en materia extintiva que suscite dificultades para la determinación del alcance y significado de la norma es la referida a las causas del despido objetivo, en particular de la causa enunciada en el ET art. 52 c). Así que no resulta extraño que sigan dictándose sentencias en las que se analizan los distintos aspectos que integran la regulación de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que permiten amortizar puestos de trabajo individualizados. Se

contempla en TS 16-9-09, rec. 2027/08 un supuesto en el que, sintéticamente relatado, se produce la extinción de unos contratos de trabajo, como consecuencia de la rescisión de una contrata. El debate judicial quedó en consecuencia constreñido a determinar si la pérdida de una contrata constituye causa productiva que justifica el despido objetivo de los trabajadores empleados en ella, sin que sea necesaria la búsqueda previa de soluciones alternativas que pasen por la movilidad geográfica o funcional de los afectados y, en segundo término, si es precisa que tal medida contribuya a viabilizar la empresa. La Sala se remite a pronunciamientos precedentes en los que entendió que en tales supuestos sí concurre causa organizativa o productiva pues los puestos de trabajo han quedado suprimidos. Por otro lado y con remisión a TS 7-6-7, rec. 191/06 señala que «el ET art. 52 c) no impone al empresario la obligación de agotar todas las posibilidades de acomodo del trabajador en la empresa, ni viene aquél obligado, antes de hacer efectivo el despido objetivo, a destinar al empleado otro puesto vacante de la misma. (...) Por consiguiente, lo lógico es deducir que la amortización de plazas por causas ajenas a la voluntad del empleador, constituye causa objetiva justificativa del despido, sin que el hecho de que puedan existir en la empresa otros puestos vacantes, determine normalmente la declaración de improcedencia de tal despido». 61

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d) Despido por vulneración de derechos fundamentales Recuerda la Sala, en TS 17-9-09, rec. 2751/08, que a la hora de resolver si un despido tuvo su causa y razón de ser en una represalia empresarial frente al ejercicio de un derecho constitucional, en el caso la garantía de indemnidad, o si, por el contrario, el despido producido fue motivado por otras razones desconectadas del ejerció de un derecho de aquella naturaleza, es de todo punto necesario con arreglo a la consolidada doctrina constitucional que el trabajador aporte indicios suficientes para poder sospechar que el despido producido tiene su origen en el ejercicio de un derecho constitucional, indicios que de no ser destruidos por la empresa conducentes a demostrar que fue otra la razona determinante de la decisión, conducen inexorablemente a calificar el despido como nulo. En el caso, no se aportaron por el trabajador tales indicios, máxime existiendo una previa resolución judicial que a propósito de la reclamación efectuada por el demandante contra la decisión empresarial de trasladarle a Suez (Egipto), valoró la conducta del trabajador y conjunto de reclamaciones efectuadas por el mismo antes del despido, descartando la vulneración de derecho fundamental alguno de los allí invocados. Nuevamente en el periodo acotado por la presente crónica la Sala ha tenido que pronunciarse en TS 23-9-09, rec. 2139/08; 6-10-09, rec. 3397/08, sobre litigios iniciados por profesores de Religión que son excluidos de la correspondiente relación anual propuesta por el Obispado y, precisamente, por ostentar cargos en Asociación que, coyunturalmente, se opuso a las decisiones de dicho Obispado o denunció determinadas prácticas, fueren o no ciertas, de dicho Organismo Eclesial en orden a la contratación de profesores de Religión y Moral Católica o bien interpusieron reclamaciones judiciales frente al hecho de su no contratación, expresaron públicamente su contrariedad y oposición a esta actuación eclesial o participaron en huelga reivindicativa de los derechos de esta parte del profesorado. Las sentencias dictadas en suplicación calificaron los despidos como nulos, al constatar la vulneración de la libertad sindical y de huelga, condenando a la Administración autonómica a la readmisión con abono de los salarios dejados de percibir, siendo tal parecer compartido por la Sala IV. Antes de entrar en el fondo del asunto, aclaran que no resulta de aplicación la nueva normativa recogida en la Disposición Adicional 3.ª de la Ley Orgánica 2/2006 que establece el mantenimiento del carácter laboral de la relación jurídica que vincula a los Profesores de Religión y Moral Católica con los Centros Educativos siempre que no pertenezcan a los cuerpos de funcionarios docentes, su renovación automática cada año y la remoción de los mismos, en todo caso, ajustada a Derecho, lo que ha sido regulado por el Real Decreto 696/2007. Sentado lo anterior, las sentencias recuerdan que aún cuando la relación que los profesores de religión católica mantienen con la Administración educativa no es una relación indefinida, sino una relación laboral especial a término, que surge con un nombramiento o designación que tiene vigencia anual, cuando está en juego, como es el caso, la lesión de derechos fundamentales la justificación de que el cese o la no contratación son ajenos a esa lesión tiene que realizarse con arreglo a la consolidada doctrina constitucional, de ahí que si el demandan-

te de tutela acredita la existencia de indicios que ponen de relieve la posible concurrencia de una lesión de este tipo, no estamos ya ante un problema de legalidad ordinaria —la extinción por el cumplimiento de la condición resolutoria del contrato—, sino ante un problema de dimensión constitucional de protección de un derecho fundamental, que exige que se produzca esa justificación no en cuanto a la concurrencia de la causa de resolución, sino en cuanto a que la no formulación de la propuesta es una decisión extraña a cualquier propósito lesivo del derecho fundamental en cuestión; extremo que no queda acreditado en los mentados asuntos, de tal suerte que, ante el panorama indiciario, no se acreditó que tal decisión se hallaba huérfana de móvil vulnerador de los derechos fundamentales. Por otro lado, la declaración del TCo de que el sistema de selección y contratación de estos profesores no es contrario, por sí mismo, a los preceptos constitucionales sobre igualdad y no discriminación, libertad religiosa, libertad de expresión y derecho de huelga, debe entenderse sin perjuicio del control jurisdiccional de las decisiones que puedan producirse en la aplicación de estas normas, debiendo conciliar en ese control los órganos judiciales la libertad de las confesiones religiosas a la hora de establecer los contenidos de sus enseñanzas con la protección de los derechos fundamentales y laborales de los profesores (TCo 38/2007, 80/2007, 90/2007 y 128/2007). e)

Despido y edades de jubilación fijadas en convenios

De nuevo en TS 14-10-09, rec. 3505/08 se pronuncia la Sala sobre un supuesto de extinción forzosa del contrato de trabajo por cumplir la trabajadora la edad de acceso a la jubilación. En el caso, se trata de un convenio colectivo negociado y aprobado bajo la vigencia de la nueva redacción de la ET disp.adic. 10.ª en la redacción de la Ley 14/2005, en particular, se trata de determinar si una cláusula convencional, como la que contiene el art. 59 del II Convenio Único, cumple la exigencia de la justificación que establece el apartado a) de la disp.adic. 10.ª, a tenor del cual estas medidas deberán «vincularse a objetivos coherentes con la política de empleo, la transformación de contratos temporales en indefinidos, el sostenimiento de empleo, la contratación de nuevos trabajadores o cualesquiera otros que se dirijan a favorecer la calidad del empleo». Cláusula que a juicio de la Sala no cumple con los requisitos previstos para el establecimiento de la jubilación forzosa, al limitarse a realizar una referencia genérica a los objetivos genéricos de estabilidad y mejora del empleo público que establezca la oferta de empleo público, pues no basta una mera remisión a estos objetivos sin determinar las medidas concretas que los aplican e instrumentan, y dichas medidas han de adoptarse en el marco de la negociación colectiva e incorporarse al propio convenio colectivo que apruebe la jubilación forzosa, lo que supone un enlace directo entre ambas. En términos similares se pronuncia TS 10-11-09, rec. 2514/08, reiterando ambas la doctrina obrante en TS 22-12-08, rec. 856/7 y 3460/06. f)

Acción por despido tras ser anulado el ERE

La Sala Cuarta del Tribunal Supremo se ha tenido que ocupar en los últimos años de una serie de complejas cuestiones, todas ellas derivadas de la anulación de una resolución admi-

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nistrativa en la que se autorizaba la extinción de contratos en un expediente de regulación de empleo. Y que sin duda pueden achacarse a la duplicidad de órdenes jurisdiccionales a los que se atribuye el conocimiento de las diversas cuestiones litigiosas que pueden suscitarse a raíz de la tramitación de estos expedientes. Ésta a su vez, encuentra explicación en la intervención de la Administración Laboral en la fase final que concluye con el acto administrativo de autorización, cuya impugnación ha de conocer el orden contencioso-administrativo. La usual dilación de estos procesos, más aún si se compara con el tiempo de respuesta de los órganos de la jurisdicción social en los pleitos que provienen del expediente de los que conocen los jueces de este otro orden, es la razón última de los desajustes a los que ha venido dando respuesta la Sala Cuarta. Uno de estos problemas es el referido a la calificación que merece el acto empresarial de no reincorporación después de la anulación de la autorización, cuestión que aparece resuelta por primera vez en la sentencia TS 9-10-2009, rec. 3255/08. El supuesto de hecho allí enjuiciado responde a las siguientes características: el actor fue despedido el 31 de enero de 1998 como consecuencia de un expediente de regulación de empleo (ERE), fundado en fuerza mayor y que fue autorizado por resolución de 26 de diciembre de 1997, autorización que fue anulada por sentencia del orden contencioso-administrativo de 17 de noviembre de 2006 —firme por providencia de 6 de marzo de 2006—. La empresa cesó en su actividad en enero de 1998, abonando al trabajador la pertinente liquidación por el cese autorizado. Tras la anulación de la autorización de los despidos la empresa no procedió a la readmisión, deduciéndose la pertinente demanda por despido que, finalmente, fue calificado como improcedente. La sentencia de suplicación afirma que la negativa a readmitir después de la anulación de la autorización no constituye un nuevo despido que deba ser indemnizado, toda vez que los daños producidos por el cese autorizado en un expediente de regulación de empleo no han de ser objeto de reparación específica y ese cese ya fue indemnizado en 1998, no habiendo en el caso salarios de tramitación por haber estado el trabajador en otra empresa. Por otro lado, el cierre del establecimiento, es una causa objetiva suficiente para el despido en la medida en que hace inviable la continuidad de la empresa. La sentencia que ahora nos ocupa, recuerda que la solución combatida no esta justificada por la doctrina de la Sala. Razona al respecto que si el acto administrativo que autorizó la extinción del contrato de trabajo se revoca —vía administrativa o judicial—, los efectos de dicha anulación se proyectan de forma automática sobre el contrato de trabajo extinguido, debiendo el trabajador ser readmitido y, si no lo es, está legitimado «para pedir el reingreso en la empresa y para demandar por despido al empleador ante la falta de readmisión», de tal suerte que no nace un nuevo vínculo laboral, sino que se restablece el inicial y, por lo tanto, la vigencia del contrato. Por lo tanto, en el caso la empresa estaba obligada a readmitir al trabajador y, al no hacerlo, se produjo un despido tácito que ha de dirimirse como tal, sin que quepa oponer que se ha producido un despido objetivo económico como consecuencia del cierre de la empresa y ello, básicamente, porque la empleadora no manifestó voluntad alguna en tal sentido antes de iniciarse el proceso ni cumplió con los requisitos de forma del ET art. 53. Por lo que respecta a las

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consecuencias del despido, entre ellas, ha de computarse como tiempo de servicios a los efectos de la indemnización, el transcurrido desde que se hizo efectivo el despido en el expediente de regulación de empleo hasta la fecha de la posible o imposible reincorporación; indemnización que ha de calcularse con los salarios que regirían en el nuevo despido. g) Efectos económicos del despido: más cuestiones sobre indemnización y salarios de tramitación A propósito de la antigüedad a computar a efectos del cálculo de la indemnización por despido, se pronuncia TS 6-102009, rec. 2036/2008, en la que se da respuesta a un supuesto muy específico cuál es la antigüedad que ha de tenerse en cuenta en el caso de despido de una Auxiliar de Notaría, cuando se produce el cese laboral impuesto por parte del o de los actuales Notarios titulares de la misma y se computa, únicamente, el tiempo de trabajo desarrollada para dichos titulares. La Sala de suplicación rechazó el reconocimiento de esa superior antigüedad, a efectos indemnizatorios del cese laboral impuesto con manifiesta o declarada improcedencia, sin embargo, tal parecer no es compartido por la Sala IV que alcanza solución diversa. Razona al respecto que la solución no se puede apoyar en un fenómeno de sucesión de empresa, básicamente, porque el Notario no es titular de una organización de medios personales y materiales que, al traspasar la Oficina correspondiente en la que vino prestando la función pública que le corresponde, pueda generar un fenómeno de sucesión de empresarial, puesto que sus sucesivos nombramientos y consiguientes traslados dependen del Gobierno del Estado y, tampoco él, se convierte, por el hecho de su nombramiento para una concreta Notaria, en titular del conglomerado organizativo que caracteriza a la misma, sino en un mero depositario de su Protocolo y simple cabeza visible y directora de la función pública que en dicha Oficina se desarrolla. Ahora bien, resulta indudable, desde una más elemental perspectiva de tutela jurídica del trabajador, no se pueden omitir la protección de los legales intereses de quienes prestan servicios en tales condiciones, extremo no desconocido por el convenio de aplicación al caso cuando establece, con meridiana claridad, a cargo del nuevo Notario la sucesión en la titularidad de los contratos laborales vigentes en el momento de producirse la vacante. Por lo tanto es la voluntad colectiva reguladora de la relación laboral existente entre los Notarios y los Empleados de Notarias de toda la Andalucía Occidental la que establece una particular sucesión en la titularidad de las relaciones laborales existentes en cada una de las oficinas de la zona, y no la admisión de un fenómeno de sucesión empresarial. De especial interés es la cuestión que se contempla en TS 6-10-209, rec. 2832/08, consistente en determinar si en el supuesto en el que, por cese o cierre de la empresa, se decretara directamente en la propia sentencia en la que se declara la improcedencia del despido la extinción de la relación laboral existente entre las partes con posible fundamento en el LPL art. 284, el cómputo del tiempo de servicios a efectos de fijar el importe indemnizatorio debe abarcar desde el inicio de la relación laboral hasta la fecha del despido o hasta la fecha de la sentencia en que se declara extinguida la relación laboral. 63

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Derivadamente, de adoptarse la segunda de las referidas soluciones, se plantea el problema de determinar si la condena al abono de los salarios de tramitación debe limitarse a los del periodo comprendido desde la fecha del despido hasta la fecha de extinción de la relación laboral o deben extenderse, en posible aplicación del ET art. 56.1. b), hasta la fecha de la notificación de la sentencia que declarara la la improcedencia del despido, a pesar de que en dicha fecha ulterior ya estaría extinguida la relación laboral. Y la Sala entiende que el tiempo de servicios a efectos de fijar el importe indemnizatoria debe abarcar desde le inicio de la relación laboral hasta la fecha de la sentencia en que se declara extinguida la relación laboral; y, la condena al abono de salarios de tramitación debe limitarse a los del periodo comprendido desde la fecha del despido hasta la fecha de extinción de la relación laboral y no deben extenderse, en posible aplicación del ET art. 56.1. b), hasta la fecha de la notificación de la sentencia que declara la improcedencia del despido, dado que en dicha fecha ulterior ya está extinguida la relación laboral. Cuando se decreta en la propia sentencia la imposibilidad de readmitir no resulta coherente limitar la indemnización al periodo computable de servicios al comprendido entre la fecha de inicio de la relación laboral y el despido, al no poder hacer la empresa uso del derecho de opción del ET art. 56.1, de ahí que haya de estarse al art. 284 en relación con el LPL art. 279.2; al disponer que «se computará como tiempo servicios, el trascurrido hasta la fecha del auto». Con relación a los salarios de tramitación, en TS 20-10-2009, rec. 3323/2008, se suscita la cuestión relativa a determinar si los salarios de tramitación deben abonarse hasta la fecha de notificación de la sentencia de instancia, o hasta la de suplicación, en supuestos en que en la instancia se había declarado la consignación bien hecha, o hasta la notificación de la suplicación , que revocó la primera. La Sala se remite a TS 24-3-1998, rec. 609/97, en la que se abordó cuestión similar, razonando que la atribución expresa al trabajador de la condición de desempleado durante la tramitación del recurso de suplicación cuando el empresario ha optado por la indemnización que contempla el LPL art. 111, revela de manera inequívoca el propósito de la Ley de excluir los salarios de tramitación en los procesos laborales impugnatorios, toda vez que no es lógico que el trabajador reciba al mismo tiempo salarios de tramitación y rentas sociales de desempleo destinadas precisamente a suplir la carencia de rentas sociales. Esta incompatibilidad de los salarios de tramitación con las prestaciones por desempleo durante el mismo lapso de tiempo se pone de manifiestos con claridad en el mismo LPL art. 111.1. b), cuando afirma, para el caso de cambio de opción del empresario a la vista del signo de la sentencia de suplicación interpuesta, que «la readmisión retrotraerá sus efectos económicos a la fecha en que tuvo lugar la primera elección, deduciéndose de las cantidades que por tal concepto se abonen las que, en su caso, hubiera percibido el trabajador en concepto de prestación por desempleo». En lo que atañe al momento en que procede la paralización de los salarios de tramitación se pronuncia TS 27-10-09, Rec.

3672/08, debatiéndose si esa paralización se produce en la fecha de la consignación al margen del momento en que el trabajador tenga conocimiento del ofrecimiento empresarial, siempre que tal conocimiento sea anterior a la conciliación. Y la Sala atendiendo a la propia finalidad del ET art. 56.2 entiende que no basta la consignación de la cantidad para paralizar el curso de los salarios de tramitación, sino que es también preciso que haya formulado la correspondiente oferta al trabajador, lo que se desprende sin fisuras de los CC arts. 1176 y 177, particularmente éste último que impone la obligación de comunicar previamente la consignación a los interesados. La TS 27-10-2009, rec. 4004/08 aborda de nuevo la cuestión de si el reconocimiento y consignación, para que produzcan efectos, en orden a la paralización de los salarios de tramitación, ha de efectuarse antes de la conciliación administrativa o puede realizarse en momento posterior a dicha conciliación siempre que esa con anterioridad a la conciliación judicial, en otras palabras, si el reconocimiento de la improcedencia del despido y el ofrecimiento al trabajador de la indemnización legal y de los salarios de tramitación hasta entonces devengados, efectuado tras la celebración de la conciliación administrativa previa, pero con anterioridad al juicio oral, produce el efecto de paralizar el devengo de los salarios de tramitación. Y la Sala con remisión a TS 3-11-2008, rec. 3566/07, señala que la «conciliación» a la que la norma se refiere es —para la Sala— la conciliación judicial. Y esta conclusión viene avalada por tres órdenes de argumentos: a) gramatical, toda vez que mientras que la conciliación ante el órgano administrativo es denominada legalmente «conciliación previa», la conciliación que se intenta ante el órgano judicial recibe el nombre sin adjetivar de «conciliación», que es precisamente el vocablo que utiliza el ET art. 56.2; b) histórico, pues la vigente redacción del precepto utiliza la escueta expresión «conciliación» a diferencia de la redacción proporcionada por la L 11/1994, que utilizaba la expresión «conciliación previa», por lo que si la intención del legislador hubiese sido referirse al mismo acto de conciliación de la norma derogada, hubiese utilizado idéntica expresión, de específica significación jurídica y, c) finalístico, al ser la finalidad de la reforma operada por la L 45/2002, reducir el coste que para el empresario comportan los despidos improcedentes, eliminando o reduciendo los salarios de tramitación, finalidad ésta que es innegablemente alcanzable hasta la fecha en que tiene lugar el acto de conciliación judicial. En la TS 23-10-09, rec. 822/09 se suscita la cuestión del derecho al devengo de salarios de tramitación en caso de apreciación judicial de la improcedencia del despido de un socio trabajador de un cooperativa, y una vez superada la cuestión de que se trate de cuestión nueva y por ende, no susceptible de planteamiento en casación unificadora, la sentencia entre en el fondo del asunto, remitiéndose a resolución precedente en la que se planteó análoga cuestión (TS 13.07-2009, rec. 3554/08) en la que se afirmó en la que se suscita la cuestión relativa a determinar si la expulsión por motivos disciplinarios de un socio trabajador de una cooperativa de trabajo asociado, cuando tal expulsión es declarada como indebida o improceden-

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te por sentencia firme, confiere o no derecho al aludido socio a percibir salarios de tramitación, para el caso de despido improcedente. Para resolver tal cuestión la Sala IV ha debido necesariamente despejar la verdadera naturaleza jurídica de la relación obligacional que liga a la cooperativa de trabajo asociado con sus socios trabajadores, y que no es otra que la societaria, como se evidencia y sin necesidad de acudir a ningún otro medio hermenéutico que no sea el literal de la L 27/1999 art. 80.4. Por lo tanto, al quedar claramente descartada la naturaleza laboral de la relación existente entre las cooperativas de trabajo asociado y sus socios trabajadores, la conclusión es que cuando el cese o la expulsión de uno de estos socios, con apoyo en motivos disciplinarios, se declara improcedente o indebido por sentencia judicial, el socio expulsado carece de derecho a percibir salarios de tramitación, pues nunca ha percibido salarios en sentido jurídicolaboral. 9.

FOGASA

La sentencia TS 17-09-2009, rec. 3072/08, aborda la cuestión relativa a discernir cuál ha de ser el salario mínimo interprofesional a tomar en cuenta para calcular el límite de garantía del duplo de dicho salario durante 120 días, señalando que el mismo no incluye las parte proporcional de pagas extraordinarias, siendo ésta la solución adoptada en TS 16-5-1995, Rec 2517/94. Interpretación avalada por el hecho de que el legislador modificó el párrafo segundo del n.º 1 del art. 33 y en la nueva redacción dada al mismo por el art. 2 del RD-Ley 5/06, de 9 de junio, para incluir expresamente la parte proporcional de las pagas extraordinarias en el «salario mínimo diario», reforma que no resulta de aplicación al caso por evidentes razones cronológicas. Reiteran doctrina TS 27-10-09, rec. 582/09, 11-11-09, rec. 449/09 sobre el alcance de la responsabilidad subsidiaria del FOGASA ex ET art. 33.2 en caso de insolvencia de la empresa cuando se trata del impago de indemnizaciones debidas por despido que no fueron fijadas en una sentencia tramitada y obtenida como consecuencia de la impugnación de tal mediada, sino en sentencia de reclamación de la cantidad adeudada por el concepto de indemnización, afirmándose en las mismas que la sentencia recaída en dicho procedimiento ordinario es título idóneo para establecer dicha responsabilidad en caso de insolvencia de la empresa. Recuerda la Sala doctrina anterior en la que se establece que cuando no existe controversia alguna sobre la calificación del despido y la indemnización aplicable, no está obligado el trabajador a seguir el proceso de despido con la única finalidad de garantizar el abono de la indemnización reconocida y, en consecuencia, tampoco resulta exigible para el reconocimiento de la prestación de garantía a cargo del FOGASA el que se haya obtenido una sentencia específica de despido en estos casos en que no hay realmente una controversia de esta materia. Por el contrario, basta, como título para obtener la garantía, la sentencia en la que se reconoce como no abonada la indemnización por despido y se condena a la empresa a su pago. Es así porque «esa indemnización no nace como se ha dicho, de una pura manifestación de voluntad de la empresa de

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resolver los contratos de trabajo reconociendo su improcedencia, sino de una sentencia judicial consecuencia de un proceso en el que no sólo fue parte el Fondo, sino que en él alegó lo que tuvo por conveniente». 10. Libertad sindical a)

Alcance y tutela del derecho de libertad sindical

De indiscutible relevancia es la TS 8-10-09, rec. 161/07, en cuanto analiza y sintetiza el alcance de la tutela del derecho a la libertad sindical. Al efecto, recuerda que la CE art 28, consagra el derecho fundamental de libertad sindical y el 37 el derecho a la negociación colectiva, derecho éste que, según reiterada doctrina del TCo [por todas, 80/00] no constituye de por sí un derecho fundamental, si bien cuando se trata del derecho de negociación colectiva de los sindicatos se integra en el de libertad sindical en su vertiente colectiva, como una de las facultades de su actividad sindical —que atribuye a los sindicatos LOLS art. 2.2.d)— y como contenido de dicha libertad. Por su parte, el ET arts 87 y 88 regulan la legitimación para negociar los convenios colectivos y la constitución de la comisión negociadora. Desarrollo normativo que supera con mucho el contenido del Convenio 98 de la OIT. El citado ET art. 81.7 legitima para negociar los convenios colectivos de empresa, tanto a la representación unitaria como a la sindical, —LOLS art. 8.2 b)— y en cuyo nombre pueden negociar los sindicatos a los que pertenecen las secciones sindicales, las cuales son meros órganos internos de aquellos, según la doctrina unificada [STS 28-1-00, rec 2040/99; 28-1-00, rec. 2723/99]. De esta legitimación dual cabe extraer las siguientes conclusiones: 1. La doble legitimación, unitaria y sindical, no es acumulativa, sino alternativa y excluyente [STS 14-7-00 y 25-7-00, rec. 509/00]. 2. No es posible la negociación de un convenio de empresa por las dos representaciones al mismo tiempo [TS 17-10-94, rec. 3079/93]. 3. Ni la representación unitaria, ostentando tal condición el Comité Intercentros, [STS 12-2-90, 9-7-93, rec. 1340/92, 1-6-96, rcud. 1568/95 y 25-10-99, 1385/99], puede representar a las secciones sindicales o a sus sindicatos, ni estos pueden negociar a través de aquel. 4. La ingerencia del Comité Intercentros en la negociación llevada a cabo por las secciones sindicales o por sus respectivos sindicatos, puede lesionar la libertad sindical de éstos. 5. Cuando es la empresa la que promueve la negociación puede optar libremente entre llevarla a cabo con la representación unitaria o con la sindical. En el caso, fue la empresa la que decidió promover la negociación del nuevo Convenio y optó por hacerlo con sus secciones sindicales; así lo comunicó a los sindicatos con implantación en la empresa, citándolos para la constitución de la mesa negociadora, por lo que estaba obligada a negociar con los convocados bajo el principio de la buena fe [ET art. 89.1] y mantener la negociación exclusivamente con ellos. Sin embargo, no se inició esa negociación, ni se procedió a constituir la mesa negociadora fijando el número de sus integrantes de acuerdo con el nivel de representatividad correspondiente. Además, el número de componentes del banco social no fue pactado por los negociadores sindicales, sino que fue fijado por el Comité Intercentros, que no negociaba. Circunstancias que lle65

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van a apreciar la lesión del derecho fundamental de libertad sindical, tanto por parte los sindicatos demandados al haber hecho valer su mayoría en el Comité Intercentros para adoptar acuerdos que no eran de la competencia del Comité, como por la empresa al aceptar la indebida ingerencia de dicho Comité en la negociación iniciada con la representación sindical y permitir una reducción del nivel de representatividad de los sindicatos demandantes. b) Contenido esencial: derecho a la negociación Uno de los supuestos paradigmáticos de lesión del derecho de libertad sindical es el de exclusión de un sindicato de la negociación colectiva, puesto que, conforme a una reiteradísima doctrina constitucional, este derecho integra el contenido esencial de aquél. En la TS 5-11-09, rec. 8/09, se examina la denuncia por parte de un sindicato al considerar atentatoria de la libertad sindical una negociación colectiva, llevada a cabo al margen de las previsiones contenidas en el ET arts. 82 y ss, y en la que la empresa, ante las sucesivas peticiones de aplazamiento de las reuniones efectuadas por el sindicato demandante, suscribe un acuerdo con las secciones sindicales de los restantes sindicatos con implantación, por el que se adapta el convenio colectivo de Cajas de Ahorro de ámbito estatal a las particularidades de Cajastur, negociándose este acuerdo con cada una de las Secciones Sindicales por separado, sin que se constituyan comisiones negociadoras. La Sala IV, con apoyo en TS 18-9-07, rec 52/06, reitera, que la negociación de los pactos extraestatutarios no se halla regulada por las previsiones contenidas en el Título III del ET sino por las reglas del derecho civil común. El derecho a la negociación colectiva extraestatutaria ha de compaginarse con el principio de autonomía de la voluntad y en particular con el de la libertad de la empresa para negociar con quien considere oportuno, y ello porque «la singularidad más relevante de este modelo de negociación de eficacia limitada se cifra en la absoluta libertad de que goza la empresa a la hora de proceder a la selección de su interlocutor» [TCo 121/01, y TS 113-03, rec 23/02, 12-12-06, rec 21/06]. En aplicación de la anterior doctrina, la exclusión en este concreto caso del sindicato demandante de una negociación de eficacia limitada, no se considera vulnere la libertad sindical de aquél. Al anterior argumento se añade que la empresa ha exteriorizado su voluntad negociadora y deseo de alcanzar un acuerdo con todas las Secciones Sindicales, incluido el demandante, sin que existiera impedimento alguno a la negociación, siendo, por contra, la accionante la que ha venido solicitando aplazamientos y cambios de horario de las negociaciones. Por otra parte, la pretensión ejercitada, en TS 14-7-09, rec. 124-08, tiene por objeto que se declare que los demandados han vulnerado el derecho a la libertad sindical del sindicato actor, impidiendo de forma reiterada y constante su derecho a participar en la negociación colectiva respecto del personal laboral de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y que se declaren nulos los acuerdos adoptados en las diversas Mesas Técnicas y Comisión Paritaria del V Convenio Colectivo en los que, habiéndose negociado cuestiones del personal labo-

ral no se ha permitido la participación del sindicato actor. Se rechaza la demanda dado que el sindicato demandante, cuando se negoció y se suscribió el Convenio Colectivo y se constituyó por tanto la Comisión Paritaria prevista en el mismo, aún no ostentaba la condición de «más representativo» a nivel autonómico —condición que alcanzó en las elecciones de marzo de 2007—. Y sin que conste que después de esta fecha se haya efectuado ninguna reunión de la Comisión Paritaria ni de las denominadas "Mesas Técnicas” específicas de cada Consejería. Tampoco se acredita que, en cualquiera de ambos órganos, se hayan tomado acuerdos concretos sobre materias reservadas a la negociación colectiva estatutaria ni que se hayan excedido en sus funciones, negociando sobre asuntos o materias para las que carecían de competencia, puesto que no consta que tales negociaciónes se hubiera producido después de que el sindicato demandante lograra una representatividad superior al 10%. Al respecto, la Sala IV tiene dicho que las comisiones paritarias son un órgano de administración del convenio, pero no un órgano con competencias normativas, ni un órgano de negociación permanente [TS 20-5-09, rec. 131/08). c) Contenido adicional: Derecho al nombramiento de delegado sindical La TS 24-11-09, rec 36/09, tras recordar que la designación de Delegado Sindical se integra en lo que viene denominándose contenido adicional del derecho de libertad sindical [TCo 188/95, 269/00 y TS 5111/04), confirma que es contraria a dicho derecho, la actuación empresarial consistente en denegar a la Sección Sindical de CC.OO., constituida en la empresa demandada para el ámbito de los 7 centros de trabajo, que esté representada por un Delegado Sindical con todas las garantías y prerrogativas que le reconoce la LOLS art. 10. Al efecto, reitera [STS 14-2-07, rec. 4477/05 y 26-10-07, rec. 42/07] que la posibilidad de acudir a la utilización del núcleo empresarial en su conjunto o al centro de trabajo aisladamente no es algo que queda al arbitrio del Sindicato sino que ello está en función de los órganos de representación de los trabajadores establecidos en el seno de la empleadora. En el supuesto analizado consta que se constituyó, desde un principio, un Comité de Empresa Conjunto para los siete centros de trabajo en los que se despliega la actividad empresarial y que, en el mismo, el Sindicato CCOO ostenta un representación suficiente de seis miembros de los trece que integran de dicho órgano; además, la empresa en su conjunto, cuenta con más de 250 trabajadores. Por lo que se concluye con la vulneración del derecho a la libertad sindical al haber sido privado el citado sindicato del derecho al nombramiento de Delegado Sindical. d) Principio de proporcionalidad en la constitución de comisiones de trabajo Se suscita si la CE art. 28.1 obliga, en todo caso, a respetar el principio de proporcionalidad en las Comisiones de Trabajo del Convenio Colectivo creadas por el Comité de Empresa. La TS 4-11- 09, rec. 4450/07, con apoyo en sentencia previa 14-32006, rec. 2466/04, que a su vez se remite a TCo 32/1990 y 137/1991, insiste en que aunque en el derecho de libertad sindical esté implícito la igualdad de trato entre los Sindicatos, ello no excluye la posibilidad de tratamiento desigual, en función de su

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representatividad, siempre que se efectúe con arreglo a criterios objetivos, y la diferencia de trato responda a una finalidad constitucionalmente legítima y sea proporcionada y razonable. En el supuesto analizado resulta que si bien el sindicato accionante ha quedado excluido de las Comisiones de Trabajo, a pesar de contar con representación en el Comité, no existe vulneración de la Libertad Sindical. Y ello porque la composición de las comisiones no puede calificarse de arbitraria ni de antijurídica, al haberse efectuado de conformidad con lo dispuesto en el vigente Reglamento del Comité de Empresa. 11. Movilidad y modificación de condiciones a)

Modificación horaria

La TS 28-9-09, rec. 146/08, reitera que los temas de jornada y horario «constituyen condiciones de trabajo que afectan profundamente al régimen de vida de los trabajadores y por lo tanto constituyen una de las materias más sensibles sobre las que se impone la necesidad de la negociación». En todo caso, será la estructuración que el convenio colectivo haga la que habrá de determinar el campo de actuación en la modificación, de suerte que el blindaje llevado a cabo en la norma paccionada impedirá la decisión unilateral, mientas que la falta de regulación del mismo, por limitarse el convenio a la regulación exclusiva de la jornada y no del horario, nos situará en el extremo opuesto en cuando a la eventualidad de acudir al proceso del ET art. 41 o, incluso, planteará la consideración de que la medida es irrelevante, y no sustancial. [TS 28-2-07, rec. 184/05, 17-1-07, rec. 3789/05]. En el supuesto analizado, resulta que en el Convenio Colectivo para las Entidades de Seguros, se indica expresamente que las adaptaciones horarias han de llevarse a cabo mediante el acuerdo colectivo, sin existir margen en la norma convencional para la actuación discrecional. Además, el acuerdo ulterior, alcanzado en conciliación, como fin de un conflicto, cierra definitivamente la concreción de la hora de inicio de la jornada diaria. Al amparo de estas premisas se declara nula la medida empresarial de modificación del horario de inicio durante los meses de verano y dos días de diciembre, declarando el derecho de los empleados a mantener el horario que venían disfrutando con anterioridad hasta que no se lleve a cabo su modificación por acuerdo con los representantes de los trabajadores. b)

Modificación de condiciones de carácter colectivo

La Sala IV considera, en TS 6-10-09, rec. 3012/08, que la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo, acordadas en pactos de empresa, que no tienen la consideración legal de convenios del Título III del ET, esto es, derivadas de cualquier otra fuente diferente del convenio estatutario, puede ser acordada por el empresario, una vez finalizado el período de consultas que establece el ET art. 41.4. Y ello a diferencia de lo establecido en el ET art. 41.2, que establece que la modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos estatutarios sólo podrá producirse por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores y respecto a las materias que autoriza, en lógica consecuencia de la diferente naturaleza jurídica de los convenios colectivos y los pactos extraestatutarios. Los primeros tienen eficacia general para todos los comprendidos en su campo de aplicación, hayan

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Jurisprudencia y Doctrina unificada de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (de septiembre a diciembre de 2009)

o no estado efectivamente representados en su negociación y acuerdo y sigue teniendo eficacia el contenido normativo una vez concluida la duración pactada —ET art. 86.3—, mientras que los pactos extraestatutarios únicamente surten efecto entre quienes los concertaron y carecen, en general, de efectos más allá de las fechas pactadas —TS 14-12-1996, rec. 3063/95, 25-11999, rec. 1584/98—. c)

Movilidad funcional por incapacidad temporal

Reiteran doctrina TS 16-9-09, rec. 3425/08; 3-11-2998, rec. 4314/08, en relación a la cuestión de si cuando un trabajador es declarado en situación de incapacidad permanente total, pide que se le adjudique un puesto de trabajo más adecuado a su situación, la empleadora debe proporcionárselo y si, caso de no disponer de una vacante ajustada a sus circunstancias, esa imposibilidad no la liberará de su obligación de abonarle los salarios que habría devengado desde que solicitó la recolocación hasta que ésta se produjo o una indemnización equivalente a ellos, lo que exige interpretar en el caso el art. 65 del Convenio Colectivo Unico para el Personal Laboral al servicio de la Administración del Estado. se lleva al conocimiento de la Sala la cuestión relativa a determinar si, cuando el trabajador declarado en situación de incapacidad permanente total, pide que se le adjudique un puesto de trabajo más adecuado a su situación, la empleadora debe proporcionárselo y si, caso de no disponer de una vacante ajustada a sus circunstancias, esa imposibilidad no la liberará de su obligación de abonarle los salarios que habría devengado desde que solicitó la recolocación hasta que esta o una indemnización equivalente a ellos. La Sala se remite a la solución alcanzada en TS 4-4-06, rec. 310/05, dictada en supuesto semejante al de autos, afirmando que si no existe plaza vacante adecuada a las condiciones del trabajador declarado en situación de incapacidad permanente total, «es patente que nos encontramos ante una obligación de imposible ejecución, a la fecha en que se procede la reclamación». En el caso, el Convenio Colectivo Único para el Personal Laboral de la Administración del Estado, contempla en su art. 65 la necesidad dar al incapaz permanente total una plaza adecuada a sus circunstancias físicas e intelectivas cuando la empresa tenga vacante, por cuanto la movilidad funcional según el propio ET art. 39, supone siempre la existencia de una vacante y la cualificación del trabajador que se destine a cubrirla, de lo que es dable inferir que aun cuando la norma convencional contempla el derecho del empleado a pedir su recolocación, no obliga sin embargo a la demandada a crear un puesto de trabajo adecuado a sus circunstancias personales, sino, solamente, a facilitarle uno ajustado a su situación cuando quede vacante. En definitiva, el fin perseguido por el Convenio se circunscribe a la recolocación de los declarados incapaces y afectos de una discapacidad merecedora de un trato favorable que consiste en reservarles la primera vacante que se produzca en puesto adecuado a sus circunstancias, pero no a tener que abonarle, mientras tanto, los salarios que, dejara de percibir, sin recibir contraprestación alguna a cambio. Dada la extensión del presente trabajo su edición se completará en los núms. 21 y 22 de esta Revista. 67

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Jurisprudencia Sección elaborada por:

Germán Barreiro González Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

I. Despidos colectivos. Procedimiento de información y consulta de los trabajadores (Sentencia 16 julio 2009)

El artículo 6 de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos, en relación con el artículo 2 de dicha Directiva, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que establece procedimientos con los que se pretende que tanto los representantes de los trabajadores como estos últimos individualmente puedan exigir el control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la referida Directiva, pero que limita el derecho individual de los trabajadores a ejercer una acción en cuanto a las imputaciones que pueden formularse y lo supedita al cumplimiento del requisito de que los representantes de los trabajadores hayan notificado previamente objeciones al empresario y de que el trabajador afectado haya comunicado previamente al empresario que impugna la regularidad del procedimiento de información y de consulta. La circunstancia de que una normativa nacional, que establece procedimientos que permiten a los representantes de los trabajadores exigir el control del cumpli-

miento por el empresario del conjunto de las obligaciones de información y de consulta establecidas en la Directiva 98/59, imponga límites y requisitos al derecho individual a ejercitar una acción que además reconoce a cada trabajador afectado por un despido colectivo no vulnera el principio de tutela judicial efectiva. El artículo 2 de la Directiva 98/59 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que reduce las obligaciones del empresario que tiene la intención de proceder a despidos colectivos con respecto a las obligaciones establecidas en dicho artículo 2. Al aplicar el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional debe, en virtud del principio de interpretación conforme del Derecho nacional, tomar en consideración el conjunto de normas de dicho Derecho e interpretarlo, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la Directiva 98/59 para alcanzar el resultado que ésta persigue. En consecuencia, le incumbe garantizar, en el marco de sus competencias, que las obligaciones que debe cumplir tal empresario no se reduzcan con respecto a las establecidas en el artículo 2 de dicha Directiva.

II. Seguridad Social. Prestaciones en especie destinadas a cubrir situaciones de dependencia (Sentencia 16 julio 2009)

Cuando, a diferencia del régimen de seguridad social del Estado competente, el del Estado miembro en el que reside una persona dependiente, asegurada como miembro de la familia de un trabajador por cuenta ajena o de un trabajador por cuenta propia en el sentido del

Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, a los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su

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TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97, del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, modificado por el Reglamento (CE n.º 1386/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de junio de 2001, no prevé el servicio de prestaciones en especie en situaciones de dependencia como las de esta persona, los artículos 19 o 22, apartado 1, letra b), de dicho Reglamento no exigen, como tales, el servicio de tales prestaciones fuera del Estado competente por parte o por cuenta de la institución competente. Cuando, a diferencia de un régimen de seguridad social del Estado competente, el del Estado miembro en que reside una persona dependiente, asegurada como miembro de la familia de un trabajador por cuenta ajena o de un trabajador por cuenta propia, no prevé el servicio de prestaciones en especie en determinadas situaciones de dependencia, el artículo 18 CE no se opone, en circunstancias como las del procedimiento principal, a una normativa nacional, conforme a la cual una institución competente deniega, en tales circunstancias y con independencia de los mecanismos establecidos por los artículos 19 o, en su caso, 22, apartado 1, letra b), de dicho

Reglamento n.º 1408/71 y por un período indeterminado, la asunción de los gastos ocasionados por la estancia en un establecimiento de asistencia a personas dependientes situado en el Estado miembro de residencia y por un importe equivalente a las prestaciones a las que la persona de que se trata tendría derecho si la misma asistencia le fuera dispensada en un establecimiento concertado situado en el Estado competente.

III. Regímenes de Seguridad Social. Prestaciones distintas según los Estados miembros (Sentencia 1 octubre 2009)

Según una jurisprudencia reiterada, el artículo 18 CE, que enuncia de manera general el derecho de todo ciudadano de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros tiene una expresión específica en el artículo 39 CE por lo que respecta a la libre circulación de los trabajadores. En cuanto a ésta, debe recordarse que el artículo 42 CE permite que subsistan las diferencias entre los regímenes de seguridad social de los diversos Estados miembros y, por consiguiente, en los derechos de las personas que trabajan en ellos. Así pues, el artículo 42 no afecta las diferencias de fondo y de procedimiento entre los regímenes de seguridad social de los Estados miembros. Sin embargo, no se discute que el objetivo del artículo 39 no se alcanzaría si, como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libre circulación, los trabajadores migrantes

perdieran las ventajas de seguridad social que les otorga la legislación de un Estado miembro. Tal consecuencia podría disuadir al trabajador comunitario de ejercitar su derecho a la libre circulación y constituiría, por lo tanto, un obstáculo a dicha libertad. El Tribunal de Justicia ya ha declarado que el Tratado CE no garantiza a un trabajador que la extensión de sus actividades a más de un Estado miembro o su traslado a otro Estado miembro sean neutros en materia de seguridad social. Habida cuenta de las disparidades de las legislaciones de seguridad social de los Estados miembros, tal extensión o tal traslado pueden, según los casos, ser más o menos ventajoso o desventajosos para el trabajador en el ámbito de la protección social. De lo anterior se deriva que, aun en el caso en que su aplica69

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ción resulte menos favorable, dicha legislación no es contraria a las disposiciones de los artículos 39 y 43 CE si no perjudica a dicho trabajador con relación a quienes ejercen todas sus actividades en el Estado miembro en el que aquélla se aplica o con relación a quienes ya estaban sujetos a la misma anteriormente y si no conduce pura y simplemente a un abono de cotizaciones sociales a fondo perdido. Procede señalar que, en una situación como la del litigio principal, que da lugar a que se prive de toda prestación durante el primer año de incapacidad al trabajador que ha ejercido su derecho de libre circulación, es contraria al Derecho comunitario, ya que, por una parte, perjudica a dicho trabajador en comparación con otros que se encuentran en la misma situación de incapacidad definitiva pero que no han ejercitado tal libertad y, por otra parte, da lugar al pago de cotizaciones sociales a fondo perdido. En el presente caso, la aplicación de la legislación nacional de que se trata en el litigio principal al trabajador migrante, realizada en los mismos términos que al trabajador sedentario, produce unas repercusiones imprevistas y poco compatibles con el objetivo del artículo 39, ligadas precisamente al hecho de que los derechos a pensión del trabajador migrante se rigen por dos legislaciones diferentes. Frente a esa divergencia de legislaciones, el principio de leal cooperación enunciado en el artículo 10 CE obliga a las auto-

ridades competentes de los Estados miembros a utilizar todos los medios de que dispongan para lograr el objetivo del artículo 39. A la vista de las consideraciones anteriores procede señalar que el artículo 39 debe interpretarse en el sentido de que se opone a que las autoridades competentes de un Estado miembro apliquen una legislación nacional que, de conformidad con el artículo 40, apartado 3, letra b), del Reglamento (CEE) n.º 1408/71 del Consejo, de 14 de junio de 1971, relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social a los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores por cuenta propia y a los miembros de sus familias que se desplazan dentro de la Comunidad, en su versión modificada y actualizada por el Reglamento (CE) n.º 118/97 del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º 647/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2005, supedita el derecho a percibir las prestaciones de invalidez al transcurso de un período de un año de incapacidad primaria, cuando tal aplicación tiene como consecuencia que un trabajador migrante ha pagado al régimen de seguridad social de dicho Estado miembro cotizaciones a fondo perdido, resultando con ello perjudicado en comparación con un trabajador sedentario.

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Jurisprudencia Sección elaborada por:

Germán Barreiro González Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

I. Despido de trabajadora embarazada y desconocimiento por el empresario de tal situación (Sentencia de 18 mayo 2009; con voto particular)

La cuestión de fondo suscitada, es, la interpretación que debe efectuarse del art. 55.5 b) ET en la redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, en orden a si es necesario o no el conocimiento por parte del empresario del estado de gestación de la trabajadora para que su despido no procedente pueda ser calificado como nulo. No obstante ha de precisarse con carácter previo que, a los efectos de un correcto encuadramiento de la queja de la recurrente en amparo, aunque en su demanda invoca la vulneración del derecho a la no discriminación (art. 14 CE), ésta ha de ponerse en íntima y estrecha relación con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues, en definitiva, lo que en aquélla se cuestiona es la interpretación y aplicación que del art. 55.5 b), han efectuado en este caso tanto el Juzgado de lo Social como la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El canon de constitucionalidad aplicable en casos como el que nos ocupa es el reforzado del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), por tratarse de un supuesto en el que está en juego el derecho fundamental a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), de modo que lo que el art. 24.1 CE exige para entender que se ha dispensado una tutela suficiente y eficaz es, además de una resolución motivada y fundada en Derecho, una resolución coherente con el derecho fundamental que está en juego… que exprese o trasluzca una argumentación axiológica que sea respetuosa con su contenido. En este sentido razonamos que no puede desconocerse que la interpretación efectuada por los órganos judiciales en el presente procedimiento ha determinado la desestimación de la pretensión de la trabajadora de que se declarara la nulidad del despido del que fue objeto durante su embarazo, afectando con ello al alcance y contenido de las garantías establecidas por el legislador para la protección del derecho a la no discriminación por razón de sexo, del que indudablemente forman parte las garantías frente al despido de las trabajadoras embarazadas… Nos encontramos, por tanto, ante resoluciones

judiciales especialmente cualificadas por razón del derecho fundamental a cuya efectividad sirve el precepto legal cuya interpretación se cuestiona, sin que a este Tribunal, garante último de los derechos fundamentales a través del recurso de amparo, pueda resultarle indiferente aquella cualificación cuando se impugnan ante él este tipo de resoluciones, pues no sólo se encuentra en juego el derecho a la tutela judicial efectiva, sino que puede producirse un efecto derivado o reflejo sobre la reparación del derecho fundamental cuya invocación sostenía la pretensión ante el órgano judicial, con independencia de que la declaración de la lesión sea sólo una de las hipótesis posibles. Por lo que se refiere a la concreta interpretación del art. 55.5 b) ET, nada en él permite apreciar que el legislador haya establecido como exigencia para la declaración de nulidad de los despidos no procedentes efectuados durante el período de embarazo de una trabajadora la acreditación del previo conocimiento del embarazo por el empresario que despide y, menos aún, el requisito de la previa notificación por la trabajadora al empresario de dicho estado. Antes al contrario, todos los criterios de interpretación gramatical, lógica y teleológica aplicables (art. 3.1 del Código Civil) además del criterio último y superior, que es el de interpretación conforme a la Constitución, conducen a considerar que… la nulidad del despido tiene en el art. 55.5 b) ET un carácter automático, vinculado exclusivamente a la acreditación del embarazo de la trabajadora y a la no consideración del despido como procedente por motivos no relacionados con el mismo. La regulación legal de la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas constituye una institución directamente vinculada con el derecho a la no discriminación por razón de sexo proclamado en el art. 14 CE, por más que puedan igualmente hallarse vínculos de la misma con otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos: así, con el derecho a la seguridad y la salud de las trabajadoras

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

embarazadas, por cuya garantía deben velar los poderes públicos conforme al art. 40.2 CE que constituye particularmente el fundamento de la regulación establecida en la Directiva 92/85/CEE; o con el aseguramiento de la protección de la familia y de los hijos al que se refieren los apartados 1 y 2 del art. 39 CE. Profundizando en esta línea argumental, debe decirse que la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, añadió al supuesto de nulidad ya contemplado en el art. 55.5 ET para el caso de despidos discriminatorios o con vulneración de derechos fundamentales, un nuevo supuesto que, en lo que aquí interesa, declara también la nulidad del despido de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha del inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión, salvo que se declare la procedencia del despido por motivos no relacionados con el embarazo. Y lo hace sin contemplar requisito específico alguno ni de comunicación previa del embarazo al empresario (a diferencia de lo que contempla la Directiva comunitaria [92/85]), ni de conocimiento previo por parte de éste, por cualquier otra vía, del hecho del embarazo. Tanto el sentido propio de las palabras, al enumerar un nuevo supuesto de nulidad adicional al previsto en el párrafo primero, al no contemplar otra excepción o condición a la declaración de nulidad que la procedencia del despido (ni siquiera la acreditación de una causa real, suficiente y seria, no discriminatoria, aún improcedente) y al delimitar el ámbito temporal de la garantía por referencia a la fecha de inicio del embarazo (ni siquiera a la fecha en que el embarazo sea conocido por la propia trabajadora, menos aún por el empresario), como la interpretación contextual del precepto en su relación con el párrafo primero —inmodificado— del mismo y la referida a la necesaria finalidad de innovación del ordenamiento jurídico que debe perseguir toda reforma legal, conducen a una interpretación del precepto como configurador de una nulidad objetiva, distinta de la nulidad por causa de discriminación contemplada en el párrafo primero y que actúa en toda situación de embarazo, al margen de que existan o no indicios de tratamiento discriminatorio o, incluso, de que concurra o no un móvil de discriminación. Frente a esta claridad interpretativa no puede oponerse el hecho de que la Directiva comunitaria prevea expresamente la necesidad de comunicación del estado de embarazo; antes al contrario, es manifiesto el apartamiento por el legislador nacional del texto de la Directiva en este aspecto concreto, cuya transposición

omite íntegramente, advirtiéndose en la propia exposición de motivos que la transposición se efectúa superando los niveles mínimos de protección previstos en la Directiva… Se configura así por el legislador un mecanismo de garantía reforzada en la tutela de las trabajadoras embarazadas, reforzamiento que posee, además, una clara relevancia constitucional. En primer lugar, desde la perspectiva prioritaria del derecho a la no discriminación por razón de sexo, que se ve reforzado al dispensar a la trabajadora de una prueba que en ocasiones puede ser enormemente complicada y cuya exigencia limitaría la eficacia del derecho fundamental… Se exime con ello, además, de la necesidad de demostrar el conocimiento por un tercero de un hecho que pertenece a la esfera más íntima de la persona y que la trabajadora puede desear mantener, legítimamente, fuera del conocimiento de los demás y, en particular, de la empresa, por múltiples razones, incluido el deseo de preservar un puesto de trabajo que puede entender amenazado como consecuencia del embarazo. Exonerar de esta prueba del conocimiento del embarazo y, con ella, de toda obligación de declaración previa, sustituyéndola por la prueba en caso de despido de un hecho físico objetivo como es el embarazo en sí, constituye, sin duda, una medida de fortalecimiento de las garantías frente al despido de la trabajadora embarazada, al tiempo que plenamente coherente con el reconocimiento de su derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE). Se debe pues afirmar que la garantía frente al despido del derecho a la no discriminación por razón de sexo de las trabajadoras embarazadas no exige, necesariamente, un sistema de tutela objetiva como el previsto por el legislador en la Ley 39/1999. Serán posibles, desde esta perspectiva, otros sistemas de protección igualmente respetuosos con el art. 14 CE como, en particular, el que estaba en vigor en el momento de la reforma legal. Sin embargo, una vez que el legislador ha optado por un desarrollo concreto del art. 14 CE, que incrementa las garantías precedentes conectándolas con una tutela también reforzada de otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos, no puede el órgano judicial efectuar una interpretación restrictiva y ajena a las reglas hermenéuticas en vigor que prive al precepto legal de aquellas garantías establecidas por el legislador y con las que la trabajadora podía razonablemente entenderse amparada en su determinación personal pues con ello se estaría impidiendo la efectividad del derecho fundamental de acuerdo con su contenido previamente definido. Tal decisión no satisface las exi73

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Jurisprudencia

gencias del canon de razonabilidad y motivación reforzadas del derecho fundamental que impone la afectación —particularmente intensa, en el presente caso— del derecho a la no discriminación por razón de sexo de la trabajadora y de los restantes derechos y bienes constitucionalmente relevantes implicados. La aplicación de la doctrina constitucional que se ha expuesto ha de conducir en este caso, al igual que el que fue objeto de la STC 92/2008, de 21 de julio, a concluir que las Sentencias del Juzgado de lo Social y de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo han vulnerado el derecho

de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a la no discriminación por razón de sexo (art. 14 CE), al estimar ajustado a derecho el reconocimiento de la improcedencia de su despido efectuado por la empresa en la misma fecha en que éste tuvo lugar, condicionando la aplicación del art. 55.5 b) ET, en la redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, al encontrarse la recurrente embarazada en el momento del despido, a la exigencia de que la empresa hubiera tenido conocimiento de su estado de gravidez en dicho momento.

II. Incapacidad derivada de accidente de trabajo y tutela judicial efectiva (Sentencia 28 septiembre 2009)

Se debe determinar si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado el derecho del recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) al haber desestimado su pretensión en virtud de una declaración de hechos probados que está en abierta contradicción con lo declarado probado en resoluciones judiciales previas. Una primera precisión a realizar en cuanto al objeto de este recurso es que la recurrente únicamente ha impugnado en amparo la desestimación de su demanda en relación con el Servicio Autonómico de Salud, el INSS y la TGSS, por no quedar acreditado el incumplimiento por la empresa de las medidas de seguridad, pero no ha dirigido objeción constitucional alguna contra la desestimación de su demanda en relación con la Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales por falta de legitimación pasiva. Por tanto, ningún pronunciamiento nos corresponde hacer sobre este último particular. Igualmente debe ponerse de manifiesto que si bien en el encabezamiento y en el suplico de la demanda de amparo únicamente se recurre la Sentencia dictada en suplicación, ello no es obstáculo para que, en la medida en que es confirmatorio de la Sentencia de Juzgado de lo Social, también deba considerarse ésta como impugnada y, en su caso, extender a la misma los efectos de una eventual nulidad. Por el contrario, debe quedar fuera de enjuiciamiento el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2005, que se limitó a inadmitir por falta de contradicción el recurso de casa-

ción para la unificación de doctrina planteado sin entrar, y contra el que no se dirige ninguna queja autónoma. La existencia de pronunciamientos contradictorios en las resoluciones judiciales de los que resulte que unos mismos hechos ocurrieron y no ocurrieron no sólo es incompatible con el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 CE), sino también con el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), pues no resultan compatibles la efectividad de dicha tutela y la firmeza de los pronunciamientos judiciales contradictorios. Igualmente se ha destacado que en la realidad histórica relevante para el Derecho no puede admitirse que unos hechos existen y dejan de existir para los órganos del Estado, pues a ello se oponen principios elementales de lógica jurídica y extrajurídica, salvo que la contradicción derive de haberse abordado unos mismos hechos desde perspectivas jurídicas diversas. Esto no implica que en todo caso los órganos judiciales deban aceptar siempre de forma mecánica los hechos declarados por otra jurisdicción, sino que una distinta apreciación de los hechos debe ser motivada. Por ello, cuando un órgano judicial vaya a dictar una resolución que pueda ser contradictoria con lo declarado por otra resolución judicial debe exponer las razones por las cuales, a pesar de las apariencias, tal contradicción no existe a su juicio, puntualizándose que si bien unas mismas pruebas pueden conducir a considerar como probados o no probados los mismos hechos por los Tribunales de Justicia, también

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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

lo es que, afirmada la existencia de los hechos por los propios Tribunales de Justicia, no es posible separarse de ellos sin acreditar razones ni fundamentos que justifiquen tal apartamiento. En el presente caso, ha quedado acreditado que existió un primer procedimiento judicial sobre reconocimiento de invalidez en que se declaró que el aparato esterilizador dedicado a la desinfección de material sanitario que utilizaba la recurrente, y que fue causa de su dolencia, carecía de un sistema de eliminación de residuos y de sistemas de control de fugas, que no se aireaba el material como era debido, que no se había instalado de forma aislada, sino en una sala en la que se trabaja a diario, que no se utilizaba ningún sistema de protección como mascarillas, guantes o gafas, que no se había recibido información ni medios de protección adecuados, que tampoco se efectuaron mediciones ambientales y que los controles médicos fueron esporádicos. Asimismo, se declaró probado que las emanaciones de gases eran continuas y que la recurrente estuvo expuesta a ellas durante más de dos años, ocho horas al día. También se pone de manifiesto en las actuaciones que en un segundo procedimiento judicial, cuyo objeto era determinar el carácter profesional de la incapacidad, se volvía a insistir en que la recurrente, en el ejercicio de su profesión, había utilizado durante dos años un aparato esterilizador, sin que se hubieran adoptado las medidas de seguridad necesarias para evitar la inhalación de gases que emanaba. Por último, se destaca que en el procedimiento que trae causa a este amparo, cuya objeto era la reclamación de recargo de prestaciones por incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo, la misma Sala, confirmando en suplicación la del juzgado de lo Social, desestimó esta reclamación partiendo de unos hechos radicalmente opuestos a aquéllos de los que había partido en los precedentes procedimientos judiciales. De este modo, en contra de lo previamente mantenido, en esta ocasión afirma que la máquina en cuestión estaba conectada al exterior y hacia sus desgasificaciones conforme al manual de uso, que se había instalado en un local con ventilación, separado por tabique y ventana de la zona de trabajo, que fue sometido a revisiones periódicas, que se había informado a los trabajadores de sus peligros y proporcionado mecanismos de protección y que la exposición al riesgo había sido mínimo, habiendo sido manipulada casi exclusivamente por otro trabajador, plenamente informado de los riesgos y funcionamiento del aparato.

Se ha vulnerado el derecho de la recurrente a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), toda vez que en el presente procedimiento se reabrió el análisis de lo ya resuelto por Sentencia firme, desconociendo el efecto de la cosa juzgada y privando de eficacia a lo que se había decidido con firmeza en los procesos sobre invalidez y sobre accidente laboral, lesionándose, con tal actuación, la seguridad jurídica de quien se vio protegido judicialmente por las Sentencias dictadas en unos procesos anteriores entre las mismas partes y en las que se había considerado acreditado el incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo. En efecto, este Tribunal ha mantenido que unas mismas pruebas pueden conducir a considerar como probados o no probados los mismos hechos por los Tribunales de Justicia siempre que queden justificadas las razones de este apartamiento. Ahora bien, en el presente caso no basta para justificar la distinta apreciación de los hechos el simple cuestionamiento de la certeza del contenido del informe elaborado por la Inspección de Trabajo, en el que previamente se habían basado los otros procedimientos, o en la supuesta inexistencia de responsabilidad empresarial por falta de comportamiento no diligente, cuando previamente había quedado acreditado el incumplimiento de medidas de seguridad en el trabajo. Tampoco resultan en modo alguno convincentes los argumentos ofrecidos al indicar que el incumplimiento de medidas de seguridad constatado en los anteriores procedimientos, tanto podía imputarse a la empresa como al trabajador al no haberse precisado quién había sido el sujeto de tal infracción, cuando es manifiesto que la decisión sobre la instalación, aislamiento y uso de la máquina correspondía a la demandada y no a la actora. 75

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La prueba del transporte en las entregas intracomunitarias I. La exención del IVA en las entregas intracomunitarias En virtud de lo establecido por el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido, están exentas del impuesto en España las entregas intracomunitarias de bienes, expedidos o transportados por el vendedor, por el adquirente o por un tercero en nombre y por cuenta de cualquiera de los anteriores, al territorio de otro Estado miembro, siempre que el adquirente en destino tenga la condición de empresario o profesional y esté identificado a efectos de este impuesto en un Estado miembro de la Unión Europea distinto de España. El fundamento de la exención se encuentra en que el gravamen de la entrega se sitúa en el Estado de destino del bien. Con el vigente sistema de tributación por el IVA en las operaciones intracomunitarias, cuando se realiza una entrega en origen, ésta está exenta, y la adquisición en destino constituye un nuevo hecho imponible del impuesto, de tal suerte que se asegura el pago del IVA en el Estado miembro de llegada de los bienes, en el que efectivamente se produce el consumo.

II. El requisito del transporte de los bienes a otro Estado miembro Lo que en principio no debería revestir mayores inconvenientes a la hora de declarar exenta del impuesto una operación en la que el adquirente se encuentra situado en otro Estado miembro, requiere sin embargo el cumplimiento de un ulterior requisito. En atención a lo que dispone el artículo 13 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, la expedición o transporte de los bienes deberá justificarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho, en particular, y atendiendo al tenor literal del precepto citado, si se realiza por el vendedor o por su cuenta, mediante los correspondientes contratos de transporte o facturas expedidas por el transportista; si se realiza por el comprador o por su cuenta, mediante el acuse de recibo del adquirente, el duplicado de la factura con el estampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante de la operación. Y en este punto, lo sencillo comienza a tornarse complicado. Porque la acreditación del transporte efectivo a otro

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Carlos Romero Plaza Ana Vayá Schmidt

Estado miembro, atendiendo al precepto al que hacíamos mención, determinará la exención del impuesto en el Estado de origen de las mercancías, minorando por tanto la capacidad de recaudación de dicho Estado en concepto de IVA. En el particular supuesto en que el transporte de la mercancía la realiza el propio comprador no establecido, el único derecho que asiste al vendedor a los efectos e poder acreditar la expedición de la mercancía es el de obtener confirmación de la validez del número de identificación a efectos de IVA facilitado por el comprador, que lo acredita como empresario en el Estado de destino. El resto de requisitos exigidos por el Reglamento a los efectos de acreditar la salida de la mercancía del Estado de origen son de carácter privado, aquellos que haya entregado el empresario adquirente (duplicado de la factura con el estampillado del adquirente, copias de los documentos de transporte o cualquier otro justificante), de tal suerte que con la vigente redacción del Reglamento corresponderá al vendedor demostrar que las mercancías han llegado al estado de destino. El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, con ocasión de un supuesto bastante similar al que regula nuestro ordenamiento interno, ha tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la compatibilidad con el ordenamiento comunitario de las medidas de carácter interno, estatales, que obligan a los sujetos pasivos del IVA a presentar una prueba concluyente de que los bienes han abandonado físicamente el estado de entrega, instaurando de facto, una presunción de fraude fiscal o de colaboración o connivencia en el mismo. III. La jurisprudencia del TJCE. El Asunto Teleos La Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 27 de septiembre de 2007, Teleos y otros, Asunto C-409/04, se pronuncia sobre los hechos que a continuación exponemos de forma sintética: Teleos, una empresa británica dedicada a la venta de teléfonos móviles, vendió a una empresa domiciliada en España determinadas mercancías. Dichas ventas se formalizaron bajo la cláusula «ex Works», obligándose los vendedores únicamente, en virtud de la misma, a poner los bienes a disposición del adquirente en un almacén situado en el Reino Unido. Por lo tanto, la compradora era la responsable del transporte de los bienes desde dicho almacén hasta España. Teleos recibió las correspondientes cartas de porte —CMR—, con la descripción de los bienes, la dirección de entrega, el nombre del conductor y la matrícula del vehículo. En un primer momento, la Administración tributaria británica aceptó dichos documentos como prueba del transporte, admitiendo la exención de las entregas intracomunitarias.

Pese a ello, con ocasión de una comprobación posterior, se descubrió la falsedad de las referidas cartas de porte, por lo que la Administración británica llegó a la conclusión de que los bienes nunca habían salido del Reino Unido. A raíz de este descubrimiento, se exigió a Teleos el impuesto correspondiente a las referidas entregas, pese a que se acreditó que la sociedad compradora había declarado en España la correspondiente adquisición intracomunitaria, y lo que parece más grave, pese a reconocer la Administración tributaria británica que Teleos no tenía razón alguna para dudar de la autenticidad de los CMR y que no participó en fraude alguno al desconocer que los teléfonos no habían salido del Reino Unido, sin poder obtener razonablemente ninguna prueba adicional distinta de las cartas de porte. Ante estos hechos, el Tribunal empieza recordando que las entregas y adquisiciones intracomunitarias no son más que la misma operación desde ópticas distintas. Al existir un gravamen en destino, la exención de la entrega evita la doble imposición, lo que es respetuoso con el principio de neutralidad fiscal, propio del sistema del impuesto. Ahora bien, reconoce que para admitir tal exención, se debe dar el condicionante del transporte físico de los bienes hasta el estado de destino, incumbiendo dicha prueba al proveedor situado en el estado de origen. Con ello el Tribunal no hace más que confirmar la difícil situación en que se encuen77

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Actualidad Fiscal

tran los empresarios que operan legalmente bajo este régimen, al tener la obligación de probar una circunstancia, la de la expedición fuera del Estado de origen, que en determinados casos resulta muy complejo. Partiendo de este planteamiento, el Tribunal entra a analizar si la liquidación de las entregas comunitarias a la vendedora, por la falsedad de las cartas de porte, es contraria a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y neutralidad fiscal, atendiendo al hecho de que la empresa vendedora no solo actuó de buena fe, sino que requirió a la compradora los documentos de prueba exigidos por la normativa interna. Por lo que se refiere al primero de los principios afectados por la actuación de la Administración tributaria británica, el principio de seguridad jurídica, afirma el Tribunal que debe ser observado con especial rigor cuando se trata de una norma que puede tener implicaciones de carácter financiero para los sujetos que operan en el ámbito intracomunitario, resultando imprescindible que dichos sujetos conozcan con carácter previo cuáles son sus obligaciones de carácter fiscal. Por ello, sería contrario al principio de seguridad jurídica que un Estado, que ha previsto unos determinados condicionantes para la aplicación de la exención, como puede ser la delimitación de una serie de documentos acreditativos de la existencia de la operación, pretenda a posteriori liquidar el impuesto a la empresa vendedora que ha exigido a su cliente, y conservado, un documento probatorio aceptado por la propia Administración. La sentencia dice literalmente que «obligar al sujeto pasivo a presentar una prueba concluyente de que los bienes han abandonado físicamente el Estado miembro de entrega no garantiza la aplicación adecuada y sencilla de las exenciones. Por el contrario, dicha obligación lo coloca en una situación de incertidumbre en lo relativo a la posibilidad de aplicar la exención a su entrega intracomunitaria o en cuanto a la necesidad de incluir el IVA en el precio de venta». La rotundidad del Tribunal a la hora de declarar la falta de adecuación de las medidas de carácter interno al ordenamiento comunitario, transciende lo expuesto respecto al principio de seguridad jurídica y alcanza al principio de proporcionalidad. También en este punto el Tribunal rechaza los argumentos del gobierno británico. Pese a reconocer que la lucha contra el fraude puede justificar la adopción de ciertas medidas para preservar la recaudación de las distintas Haciendas estatales, algo reconocido por el propio acervo comunitario de forma expresa, dichas medidas deberán quedar dentro de los límites de lo estrictamente necesario. Por ello el Tribunal propugna un reparto del riesgo de fraude entre el vendedor y la Administración tributaria, que atienda a los postulados de este principio. La literalidad del pronunciamien-

to no deja lugar a dudas: «en lugar de prevenir el fraude fiscal, un régimen que imputa toda la responsabilidad por el pago del IVA al proveedor, independientemente de su implicación o no en el fraude, no protege necesariamente, al sistema armonizado del IVA, del fraude y del abuso del adquirente. Este último, si estuviese exento de toda responsabilidad, podría, en efecto, ser incitado a no expedir o a no transportar los bienes fuera del Estado miembro de entrega y a no declararlos a los fines del IVA en los Estados miembros de destino previstos». También el principio de neutralidad fiscal resulta conculcado por las disposiciones internas del Reino Unido, este principio se opone, en particular, a que prestaciones de servicios similares, que por tanto compiten entre sí, sean tratadas de forma distinta desde el punto de vista del IVA. Y en el presente caso, si el vendedor que entrega la mercancía para su traslado a otro estado estuviera obligado a pagar él mismo a posteriori el IVA, no se respetaría el referido principio, puesto que los empresarios que efectúan las operaciones en el interior del país jamás soportan los impuestos repercutidos IV. La falta de adecuación del ordenamiento español a la doctrina del TJCE Los criterios utilizados por el TJCE al enjuiciar la práctica de la Administración tributaria británica, obligan a realizar un análisis de la situación de nuestro ordenamiento, así como de la práctica actual de la Administración tributaria española. Como ya apuntábamos al principio, el artículo 13.2 del Reglamento del impuesto obligan a quien realice la entrega intracomunitaria a justificar la expedición y el transporte de los bienes fuera de las fronteras fiscales de España. Pues bien, la rotundidad de los argumentos utilizados por el Tribunal en su razonamiento debe llevar a entender que no cabe exigir al empresario que realiza la entrega prueba adicional alguna, aun cuando pudieran existir indicios de la inexistencia del transporte, siempre y cuando, como resulta obvio, no exista una participación activa del empresario que realiza la entrega en el fraude. Y yendo más allá, por referencia a la conclusión que alcanzaba el Tribunal respecto al principio de seguridad jurídica, obligar al sujeto pasivo a presentar una prueba concluyente de que los bienes han abandonado físicamente el Estado de entrega lo coloca en una situación de incertidumbre en lo relativo a la posibilidad de aplicar la exención a su entrega intracomunitaria o en cuanto a la necesidad de incluir el IVA en el precio de venta, por lo que si posteriormente el documento con que se ha acreditado el desplazamiento de la mercancía resulta ser falso, no le será imputable ni exigible la liquidación e ingreso del impuesto.

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Novedades y normativa en materia de Seguridad Social y Salario Mínimo para el año 2010 El BOE núm. 15, de 18-01-2010 publica la Orden del Ministerio de Trabajo 25/2010, de 12 de enero, estableciendo las normas de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para dicho año, que genéricamente se apuntaban en la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010. Por otra parte, el BOE del 30-12-2009 publicó el Real Decreto 2030/2009, de 30 de diciembre, fijando el salario mínimo para el año 2010.

PRIMERO. NORMAS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL DURANTE 2010

3. Bases de cotización A TIEMPO COMPLETO

GRUPO DE COTIZACIÓN

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Constituida por los salarios que percibe mensualmente el trabajador, dentro de los máximos y mínimos que se señalan en el Baremo, prorrateando por meses las percepciones de vencimiento superior al mes —pagas extras, de beneficios y similares, incluidas las que no sean periódicas—. 2. Bases de cotización para Accidentes de Trabajo, Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional También las retribuciones que se perciban mensualmente, prorrateando igualmente las percepciones de vencimiento superior al mes, con un tope máximo de 3.198,00 € mensuales y un mínimo equivalente al salario mínimo interprofesional, incrementado con el prorrateo de las pagas extras, sin que pueda ser inferior a 738,90 € mes.

Bases mínimas

Bases Mínimas

Bases Máximas

** Euros/ mes

** Euros/ mes

1.031,70

3.198,00

6,22

por hora A tiempo parcial

** Euros/día

1

Ingenieros y Licenciados y Alta Dirección

2

Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes titulados

855,90

3.198,00

5,16

3

Jefes Administrativos y de Taller

744,60

3.198,00

4,49

4

Ayudantes no titulados

738,90

3.198,00

4,45

5

Oficiales administrativos

738,90

3.198,00

4,45

6

Subalternos

738,90

3.198,00

4,45

7

Auxiliares administrativos

738,90

3.198,00

4,45

8

Oficiales de primera y segunda

24,63

106,60

4,45

9

Oficiales de tercera y especialistas

24,63

106,60

4,45

10

Peones

24,63

106,60

4,45

11

Trabajadores menores de 18 años

24,63

106,60

4,45

Euros/día Euros/día Euros/día

I. RÉGIMEN GENERAL 1. Base de cotización (contingencias comunes)

A TIEMPO PARCIAL

4. Tipos de cotización 4.1. Contingencias comunes Las cuantías son 28,30 %: 23,60 % a cargo de la Empresa y 4,70 % a cargo del trabajador. En los contratos de carácter temporal, a excepción de los de interinidad, cuya duración efectiva sea inferior a siete días, la cuota empresarial a la Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará en un 36 por 100. 4.2. Accidentes de Trabajo Se siguen aplicando los tipos de las tarifas de primas establecidas en la Disposición Adicional 4.ª de la Ley 42/2006, de 28

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Eduardo Ortega Figueiral Socio de Ortega-Raich, abogados

de diciembre, de los Presupuestos Generales del Estado para 2007 en la redacción dada por la Disposición Adicional 14.ª de la Ley 51/2007, de 26 diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2008, con la redacción y modificaciones efectuadas por la Disposición Final 13.ª de la Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009. Esta cotización, como siempre, corre a cargo exclusivo de la empresa. 4.3. Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional (Sobre las bases correspondientes a las contingencias de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales): EMPRESA

TRABAJADOR

TOTAL

Desempleo

5,50 %

1,55 %

7,05 %

Fondo de Garantía Salarial

0,20 %

0,20 %

Formación Profesional

0,60 %

0,10 %

0,70 %

La cotización por Desempleo indicada en el recuadro —que podríamos calificarla como general— es la aplicable a: a) Contratación indefinida a tiempo completo; b) Contratación indefinida a tiempo parcial; c) Fijos discontinuos; d) Contratación de duración determinada pero en las siguientes modalidades contractuales: contrato en prácticas; contrato de relevo; contratos de interinidad y contratos con trabajadores discapacitados que tengan reconocida una disminución de su capacidad física o psíquica no inferior al 33 %, cualquiera que sea la modalidad de su contrato.

El resto de contratos temporales tiene un incremento en la cotización por Desempleo como sigue: 1. CONTRATOS DE DURACIÓN DETERMINADA O TEMPORALES, EN GENERAL, A TIEMPO COMPLETO: 8,30 % (6,70 % a cargo empresa y 1,60 % a cargo trabajador) 2. CONTRATOS TEMPORALES A TIEMPO PARCIAL: 9,30 % (7,70 % a cargo empresa y 1,60 % a cargo trabajador) 4.4. Horas extraordinarias: cotización adicional Se mantiene la cotización adicional del 14 % (12 % empresa y 2 % trabajador), exclusivamente para las horas extraordinarias por fuerza mayor («las trabajadas para prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes»). A todas las demás horas extras, sin excepción, aunque sean de carácter estructural, según la definición que éstas tienen, se les aplicará la cotización adicional del 28,30 % (23,60 % a cargo empresa y 4,70 % a cargo trabajador). 5. Cotización en los contratos a tiempo parcial a) Como regla general: en base a la remuneración efectivamente percibida y en función de las horas trabajadas en el mes que se considere, con las puntualizaciones que se indican a continuación. b) Para determinar la base de cotización por contingencias comunes: · Se computa la remuneración devengada por las horas ordinarias y complementarias realizadas en el mes a que se refiere la cotización, haya sido satisfecha diaria, semanal o mensualmente.

• Se adiciona a dicha remuneración la parte proporcional de descanso semanal, festivos, pagas extras y similares, aunque no tengan carácter periódico y se satisfagan dentro del 2010. • Si la base de cotización mensual así calculada resultare inferior o superior a las establecidas en la correspondiente columna del Baremo (a tiempo parcial) antes expuesta (multiplicando el número de horas trabajadas por sus bases horarias) se tomarán éstas como base mínima o máxima, respectivamente. c) De igual modo se actuará para determinar la base de cotización por accidentes de trabajo, Desempleo, FOGASA y Formación Profesional. 6. Cotización en los supuestos de trabajo concertados en períodos inferiores a los de alta En aquellos supuestos en que los trabajadores hayan acordado con su empresa que la totalidad de las horas de trabajo que anualmente deben realizar se presten en determinados períodos de cada año, percibiendo todas las remuneraciones anuales o las correspondientes al período inferior de que se trate, en esos períodos de trabajo concentrado, existiendo períodos de inactividad superiores al mensual, caso típico o factible en los contratos a tiempo parcial en cómputo anual, la cotización a la Seguridad Social se efectuará de acuerdo con las siguientes reglas: 1.ª La base de cotización se determinará al celebrarse el contrato de trabajo y al inicio de cada año en que el trabajador se encuentre en dicha situación, computando el importe total de las remuneraciones que tenga derecho a percibir el trabajador a tiempo parcial en ese año, con exclusión en todo caso de los importes correspondientes a los conceptos no computables en la base de cotización a la Seguridad Social. 2.ª El importe obtenido se prorrateará entre los doce meses del año o del período inferior de que se trate, determinándose de este modo la cuantía de la base de cotización correspondiente a cada uno de los mismos y con independencia de que las remuneraciones se perciban íntegramente en los períodos de trabajo concentrado o de forma prorrateada a lo largo del año o período inferior respectivo. 3.ª La base mensual de cotización, calculada conforme a las reglas anteriores, no podrá ser inferior al importe de las bases mínimas que resulten de lo dispuesto en el Baremo de cotización (columna 3.ª A tiempo parcial). 4.ª Si al final del ejercicio o período inferior de que se trate, el trabajador con contrato a tiempo parcial, subsistiendo su relación laboral, hubiese percibido remuneraciones por importe distinto al inicialmente considerado en ese año o período para determinar la base mensual de cotización durante el mismo, conforme a las reglas 1.ª a 3.ª anteriores, se procederá a realizar la correspondiente regularización. A tal efecto, el empresario deberá o bien practicar la correspondiente liquidación complementaria de cuotas por las diferencias en más y efectuar el pago dentro del mes de enero del año siguiente o del mes siguiente a aquel en que se extinga la relación laboral o bien solicitar, en su caso, la devolución de las cuotas que resulten indebidamente ingresadas. 81

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Todo lo previsto en este apartado no será de aplicación a los trabajadores fijos-discontinuos a que se refiere el artículo 15.8 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 7. Cotización en los supuestos de IT, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y maternidad o paternidad Durante las situaciones indicadas, la base diaria de cotización será el resultado de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa durante los tres meses inmediatamente anteriores a la fecha del hecho causante entre el número de días efectivamente trabajados y, por tanto, cotizados en ese periodo. 8. Cotización en los supuestos de reducción de jornada por guarda legal o cuidado directo de un familiar Los trabajadores/as que por este motivo realicen una jornada reducida, su cotización será sobre las retribuciones efectivamente percibidas sin que en ningún caso la base pueda ser inferior a la cantidad resultante de multiplicar las horas realmente trabajadas en el mes por las bases mínimas horarias del Baremo (columna 3.ª —A tiempo parcial—). 9. Cotización por percepciones correspondientes a vacaciones devengadas y no disfrutadas a la extinción del contrato Estas percepciones serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria comprenderán los días de duración de las vacaciones aun cuando alcancen también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral durante los mismos, sin prorrateo de tipo alguno y con aplicación, en su caso, del tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten afectados. No obstante lo desarrollado, caso de que mediante Ley específica o en desarrollo de la misma, se establezca que la remuneración a percibir por el trabajador deba incluir la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas, se aplicarán las normas generales de cotización. 10. Normativa especial de cotización en los contratos para la formación La cotización —que se ha vuelto a incrementar para el año 2010—, consistirá en una cuota única mensual, así distribuida: Cotización mensual a) CONTINGENCIAS COMUNES: —35,92 € (29,95 € cargo empresa y 5,97 € a cargo trabajador). b) CONTINGENCIAS PROFESIONALES: —4,12 €, a cargo exclusivo de la empresa. c) CUOTA FOGASA: —2,28 € a cargo exclusivo de la empresa. d) Cuota Formación Profesional: —1,25 € (1,10 € a cargo empresa y 0,15 € a cargo trabajador). Las horas extras, en esta modalidad contractual estarán sujetas a la cotización ordinaria:

• Las motivadas por fuerza mayor: Tipo del 14 por 100 del que el 12 por 100 será a cargo de la empresa y el 2 por 100 a cargo del trabajador. • Resto de horas extraordinarias: 28,30 % del que el 23,60 % a cargo de la empresa y el 4,70 por 100 del trabajador.

II. RÉGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (R.E.T.A.) 1. BASES MÍNIMA Y MÁXIMA: — 841,80 € y 3.198,00 € mensuales, respectivamente. 2. TIPO DE COTIZACIÓN: —29,80 % —26,50 % si se opta por no acogerse a la protección por I.T. Los trabajadores incluidos en el R.E.T.A. que no hayan optado por dar cobertura a las contingencias derivadas de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,1 %, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural.

II. RÉGIMEN ESPECIAL DE LOS EMPLEADOS DEL HOGAR 1. BASE DE COTIZACIÓN: 738,90 € mes 2. TIPO DE COTIZACIÓN: 22 % Si el Empleado/a de Hogar presta sus servicios de manera exclusiva y permanente, el 18,30 % va a cargo del empleador y el 3,70 % a cargo del trabajador/a. Si éste/a los presta con carácter parcial o discontinuo a uno o más empleadores, será del exclusivo cargo del trabajador/a el tipo de cotización íntegro. Adicionalmente a la cotización establecida en el párrafo anterior, durante el año 2010, los trabajadores incluidos en este régimen especial efectuarán una cotización adicional para la financiación de las prestaciones por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, equivalente al 0,1 por 100, aplicado sobre la base única de cotización. Esta cotización adicional será por cuenta exclusiva del empleador en los supuestos de contratación a tiempo completo. (NOTA: El salario mínimo para estos/as empleados/as que trabajen por horas se fija en 4,96 €/hora efectivamente trabajada).

SEGUNDO: SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL (S.M.I.) PARA EL AÑO 2010 El Real Decreto 2128/2008, de 26 de diciembre, sigue estableciendo un salario mínimo igual para todos los trabajadores, cualquiera que sea su edad. Desde 1998, no existe diferencia, a estos efectos, entre trabajadores mayores o menores de 18 años. El S.M.I. único queda establecido, pues, para 2010, en 21,11 € día o 633,30 € mes.

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Editorial

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REVISTA GRADUADOS SOCIALES Nº 20  

Revista Informativa Sobre Temas Laborales y Empresariales Editada por el Consejo General de Graduados Sociales

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