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CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE

RESOLUCIÓN NoT

DE 2014

( J.O FEB 2014 ) "Por la cual se establecen directrices para la rendición de la cuenta e informes fiscales, de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITRÓPICO, como ente si/feto de Control Fiscal"

LA CONTRALORA DEPARTAMENTAL DE CASANARE, En ejercicio de sus facultades Constitucionales y Legales y CONSIDERANDO Que, la Ley 42 de 1993, por medio de la cual se establece la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen, en su artículo 2° define: "Son sujetos de control fis.cal los órganos que Integran las ramas legislativa y judicial, los órganos autónomos e Independientes como losde .control y electorales, los organismos que hacen parte de la estructura de la administración nacional y demás entidades nacionales, los organismos creados por la Constitución Nacional y la ley que tienen régimen especial, las sociedades de economía mixta, las empresas industriales y comerciales del Estado, los particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en lo relacionado con éstos y el Banco de la República." Subrayado puesto. Que, la Ley 42 de 1993, en su artículo 4° establece: "El control fiscal es una función pública, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen fondos o bienes del Estado en todos sus órdenes y niveles." Que, la Ley 330 de 1996, "Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 308 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones relativas a las Contralorías Departamentales", en el numeral 4° del artículo 9°, establece: "Exigir informes sobre su gestión fiscal a los servidores •públicos del orden departamental o municipal, ya toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes del departamento. y municipio fiscalizado." Que, el día 13 de febrero de 2012 la revisora fiscal de la FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL TRÓPICO AMERICANO - UNITRÓPICO, certifico a esta Contraloría la conformación patrimonial de dicha institución de educación, evidenciándose en su capital social inicial aportes del Instituto Financiero de Casanare-IFC (Antiguo Fondespa), Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -Corporinoquia y el Departamento de Gasanare, siendo este último el miembro de participación mayoritaria de dicha asociación entre entidades públicas y privadas. Que, el Departamento de Casanare es miembro fundador de la UNITRÓPICO, con ocasión de la autorización legal otorgada mediante la Ordenanza 076 de 24 de febrero de 2000; en virtud de lo cual el ejecutivo departamental basado en los distintos preceptos tanto de índole constitucional como legal procedió a asociarse para constituir la fundación en comento. Que, como consta en el acta de constitución de la UNITRÓPICO de fecha 16 de marzo del año 2000, numeral4°, al tenor primero, esta se constituyó como una asociación de

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utilidad común, sin ánimo de* lucro de participación mixta y como una institución universitaria privada de educación, superior. Que, la UNITROPICO en sus Estatutos - Resolución No. 6538 del 9 de agosto de 201 1, expedida por el Ministerio de Educación Nacional en sus artículos Primero y Quinto establecen en sus apartes, que esta es una entidad sin ánimo de lucro creada a instancias del Departamento de Casanare, como asociación de utilidad común, de participación mixta, que se rige por las leyes colombianas y la Lev 489 de 1998 en especial su artículo 96. Que, el artículo 68 de la Ley 489 de 1998, prescribe que las entidades descentralizadas se sujetan a las reglas señaladas en la Constitución Política, en la Ley 489 de 1998, en las leyes que las creen y determinen su estructura orgánica y a sus estatutos internos. Que el artículo 96 de la Ley 489 de 1998 y los artículos 1, 3, 5 del Decreto Ley 393 de 1991, fue el sustento normativo que en su momento sirvió para la creación de UNITROPICO, artículos que ordenan que cuando se trate de personas jurídicas como el presente caso, se sujetaran a las disposiciones previstas en el código civil, sin que esto implique que pierda sujeción en algunas materias propias del derecho público, como lo es el Control Fiscal. Que a pesar del régimen de derecho privado de UNITROPICO, esta Contraloría considera importante recordar que el Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, a través de concepto con Radicación Numero: 1.766 del 9 de noviembre de 2006, Consejero Ponente: Flavio Augusto Rodríguez Arce, señalo:

1. Asociaciones entre entidades públicas y de participación mixta. Aspectos Generales. La ley 489 de 1998, por la cual se dictaron las normas sobre organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, en desarrollo de los principios que informan la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la Carta, prevé: "Artículo. 95- Asociación entre entidades públicas. Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos o la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro. "Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que se conformen por la asociación exclusiva de; entidades públicas, se sujetan a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las1 normas para las entidades de este género. Sus juntas o consejos directivos estarán integrados en la forma que prevean los correspondientes estatutos internos, los cuales proveerán igualmente sobre la designación de su representante legar. "Artículo. 96.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las entidades públicas con participación desarticulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden administrativo podrán,

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con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquellas la ley. "'Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. "Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, estas se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. "En todo caso, en el correspondiente acto constitutivo que dé origen a una persona jurídica se dispondrá sobre los siguientes aspectos: a) Los objetivos y actividades a cargo, con precisión de la conexidad con los objetivos, funciones y controles propios de las entidades públicas participantes; b) Los compromisos o aportes iniciales de las entidades asociadas y su naturaleza y forma de pago, con sujeción a las disposiciones presupuéstales y fiscales, para el caso de las públicas; c) La participación de las entidades asociadas en el sostenimiento y funcionamiento de la entidad; d) La integración de los órganos de dirección y administración, en los cuales deben participar representantes de las entidades públicas y. de los particulares; e) La duración de la asociación y las causales de disolución".

Al amparo de los artículos transcritos es viable constituir nuevas modalidades de organización administrativa basadas en la cooperación entre entidades públicas y la colaboración de los particulares con el fin de cumplir funciones administrativas y alcanzar los cometidos estatales, cuya característica común, es la ausencia de ánimo de lucro que las diferencia de otro tipo de entes públicos como las sociedades.1 De ahí que, en desarrollo de estas disposiciones sólo puedan constituirse personas jurídicas que carezcan de ánimo de lucro, cuyo objeto debe ser conexo directamente con las funciones atribuidas en la ley a las entidades que las conforman, con el fin de evitar que a través de estas nuevas modalidades de organización administrativa se hagan nugatorios los fines de las personas jurídicas creadas por el legislador y se modifique la destinación de los recursos públicos. Previsiones normativas, que 1 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto 1396 de 2002."Contrario al ánimo de lucro que preside el ánimo asociativo en las sociedades públicas y sociedades de economía mixta, las entidades que surgen de la asociación entre entidades públicas, cumplen funciones de índole administrativa como quiera que su finalidacl es la, "de cooperar en el cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que se hallen a su cargo", bien sea mediante la celebración de convenios interadministrativos o por la conformación de personas jurídicas sin ánimo de lucro."

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como lo afirmó la Sala en concepto 1746 de 20062, son aplicables a las entidades del orden nacional y se hacen extensivas a las entidades descentralizadas territorialmente.

U)" Alcance dé la sujeción de las asociaciones de carácter mixto que se creen en virtud del artículo 96 de la ley 489 de 1993 a las normas del Código Civil. El artículo 96 de la ley 489 de 1998 según el cual las personas jurídicas sin ánimo de lucro de carácter mixto que se conformen entre entidades estatales y particulares, se sujetarán a las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común, fue declarado exequible por la Corte Constitucional, mediante sentencia C-671 de 1999, sin condicionamiento alguno, lo que en concepto de la Sala, no impide, que en algunos aspectos, éste tipo de asociaciones se rijan por las normas propias del derecho público y los principios de la función administrativa. En concepto de esta Sala, la conexidad que debe existir entre las actividades de la persona jurídica de carácter mixto y las funciones de las entidades estatales que la integran, así como, el carácter público de la participación de las entidades públicas, determinan su sujeción, en algunas materias, a las normas propias del derecho público, evitando que este tipo de entes se conviertan en un mecanismo de "simple traslado de recursos públicos a particulares''3. En consonancia con lo anterior, la Corte Constitucional en la sentencia C-230 de 1995, al revisar la constitucionalidad del literal a) del ordinal 2Q del artículo 2Q de la ley 80 de 19934, analizó el régimen aplicable a las asociaciones de carácter mixto desprovistas de ánimo de lucro que se constituyeron en vigencia del artículo 6Q del decreto ley 130 de 1976,5 y manifestó que era perfectamente viable someter las asociaciones que cuenten con una participación pública mayoritaria, a las reglas y principios de la contratación administración pública. Dijo esa Corporación en el fallo en comento: "La ley 80 de 1993 sometió a las corporaciones y fundaciones, en las cuales el Estado tenga una participación mayoritaria (art. 2o., ora. lo, lit. a.), a las reglas y principios de la contratación de la administración pública y para ello las reconoció en el literal a) del ordinal 1 del art. 2 de dicha ley como entidades estatales. Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. Conceptos acumulados 1746 y 1747 de 2006. Corte Constitucional. Sentencia C-506'de 1994. 4 Ley 80 de 1993. Artículo 2o. Se denominan servidores públicos, a) Las personas naturales que prestan sus servicios dependientes a los organismos y entidades de que trata este artículo, con excepción de las asociaciones y fundaciones de participación mixta en las cuales dicha denominación se predicará exclusivamente de sus representantes legales y de los funcionarios de los niveles directivo, asesor o ejecutivo o sus equivalentes en quienes delegue la celebración de contratos en representación de aquéllas.". 5 Este artículo, tal y como se mencionó en el capítulo de antecedentes del presente concepto fue declarado inexequible por Ja Corte Constitucional en sentencia C-372 de 1994. Esa Corporación considerando los efectos que produjo frente a asociaciones que se crearon durante su vigencia estudio los cargos formulados en relación con la aplicación del artículo 2° de ley 80 de 1993. 2

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4 Calle 9 N° 19-58. Yopal- Telefax 6354700 y 01-8000-910-770- www.contraloriacasanare.gov.co - contacto@contraloríacasanare.gov.co


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Consecuencialmente se determinó en el fragmento normativo acusado que sus representantes y los funcionarios de determinados niveles en quienes se delegue la celebración de contratos tienen el carácter de servidores públicos. Es claro, que supuesto lo primero tenía que establecerse lo segundo, porque de otra manera no se lograría alcanzar el propósito práctico de vincular al régimen de responsabilidades a quienes obraran en nombre de tales fundaciones y corporaciones, lo cual se adecúa a lo establecido en los arts. 6 y 123 de la C.P. "El encuadramiento de las corporaciones y fundaciones en la condición de entidades estatales y la calificación de sus directivos como servidores públicos, páralos efectos indicados, no modifica ni la naturaleza de aquéllas ni la situación laboral particular de estos últimos con las referidas entidades, porque unas y otros siguen sometidos al régimen de derecho privado que les es aplicable, pues, como ya se dijola referida clasificación se consagró exclusivamente para fines del manejo, control y responsabilidad de la inversión de los recursos públicos mediante la contratación. "No hay nada de extraño en la asimilación de dichas personas a servidores públicos, porque la asignación de funciones públicas a los particulares y su sometimiento a las normas especiales en'lo relativo al desarrollo de tales funciones es hoy, por designio constitucional y técnica de administración -denominada descentralización por colaboración, que implica el ejercicio privado*de una función administrativa- una posibilidad jurídica corriente, como igualmente lo es la sujeción de quienes manejan recursos del Estado a un régimen derecho especial (,..)".6

Esta conclusión mantiene su validez, por cuanto de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2Q de la ley 80 de 19-93, las asociaciones de carácter mixto con participación mayoritaria del Estado que se constituyan en virtud del artículo 96 de la ley 489 de 1998 se consideran como entidades ¡estatales y sus directivos .servidores públicos para efectos de contratación.7 En el mismo sentido, encuentra la Sala que este tipo de asociaciones mixtas son sujetos de vigilancia fiscal. Al respecto dispone el decreto ley 267 de 2000:

Concordancia. Corte Constitucional. Sentencia C-949 DE 2001. "La ley permite a las asociaciones y fundaciones de participación mixta, someterse a la Ley 80 de 1993, con la precisión de que los funcionarios autorizados para suscribir contratos en su nombre, tienen la calidad de servidores públicos para esos efectos, pero para adelantar otras actividades ajenas a los procesos contractuales se someten al régimen de los particulares. Significa, esto, que dichos funcionarios responden como servidores públicos en materia penal, disciplinaria y fiscal, en el evento en que incurran en irregularidades en la gestión contractual. Las consideraciones que justifican atribuirle la calidad de servidores públicos a estos funcionarios no están relacionadas únicamente con el tema de la responsabilidad, sino también con la capacidad de contratación, en la medida en que si estas asociaciones; y fundaciones de participación mixta manejan recursos públicos, su ejecución para los fines de la correspondiente entidad debe hacerse a través de la institución del contrato estatal." 6

7 Ley 80 de 1993.- Artículo. 2°- De la definición de entidades, servidores y servicios públicos. Para los solos efectos de esta ley: 1. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industríales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las de-más personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles."

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"Artículo. 4S- Sujetos de vigilancia y control fiscal. Son sujetos de vigilancia y control fiscal por parte de la Contraloña General de la República: (...) 11. Las corporaciones, asociaciones y fundaciones mixtas cuando quiera que administren recursos de la Nación".3 En consecuencia, la remisión a las normas propias de las entidades sin ánimo de lucro del Código Civil se debe entender circunscrita al sometimiento de ellas para efectos de su constitución, organización y funcionamiento.

La sala responde 1. Las personas jurídicas que surjan en virtud de lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la ley 489 de 1998, forman parte de la Rama Ejecutiva del Poder. 2. La personas jurídicas constituidas con fundamento en los artículos 95 y 96 de la ley 489 de 1998, en virtud de lo dispuesto en el artículo 50 íbidem, deben necesariamente adscribirse a un ente u organismo del nivel nacional o territorial, según lo determine el acto de creación. 3. Las personas creadas en virtud de lo dispuesto en los artículos 95 y 96 de la ley 489 de 1998 se regulan por el Código Civil en lo relativo a su constitución, organización, funcionamiento y procedimiento de transformación. 4. Las personas jurídicas constituidas con fundamento en el artículo 95 de la ley 489 de 1998, se rigen por lo dispuesto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto, en particular, por el régimen presupuestal previsto para los establecimientos públicos. Por ende, tanto los recursos propios, como los que reciban a título de donación o cooperación no reembolsable, deberán reflejarse en el Presupuesto General de la Nación en los términos previstos en los artículos 33 y 34 de dicho estatuto. U)"

Así mismo en sentencia C-230 de 1995, Magistrado ponente Antonio Barrera Carbonell se determinó que: "Por no ser de creación legal las asociaciones y fundaciones de participación mixta se las considera bajo la denominación genérica de entidades descentralizadas indirectas o de segundo grado./' Que, mediante oficio de 25 de febrero de 2.002 el señor Ministro de Educación Nacional Dr., Francisco José Lloreda Mera, concluyo procedente aprobar la personería jurídica de UNITROPICO, solicitando los siguientes requisitos:

Ley 298 de 1996 Artículo 9°.; Resolución 400 de 2000. Artículo 2° "El Plan General de Contabilidad Pública (...) debe ser aplicado por todos los organismos y entidades de las ramas del poder público (...) asociaciones o fondos, de creación directa o indirecta, donde la participación estatal sea del 50% o más de su capital (...)". Nota: la Resolución 222 de 2006 de la Contaduría General de la Nación, deroga a partir del 1° de enero de 2007, el marco conceptual del plan general de contabilidad pública.

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"1) Certificación de disponibilidad presupuestal ,enAa actual vigencia, que asegure la disponibilidad oportuna del dinero señalado en la ordenanza 076 para el funcionamiento de la institución, y délos CDT's que certifiquen los otros aportes, provenientes del conjunto de fundadores públicos y privados. 2) Documentación debidamente .expedida por la Gobernación del Casanare donde se asegure el uso efectivo del inmueble propuesto como sede."* Que, una vez se cumplieron las anteriores exigencias realizadas por el Ministerio se procedió a otorgar el reconocimiento de personería jurídica de UNITROPICO mediante Resolución No. 1311 del 11 de junio de 2002, expedida por el Ministerio de Educación Nacional. De acuerdo a lo anterior, es de anotar que la Corte Constitucionalha definido que la composición y origen del capital de las entidades, son las que definen su naturaleza jurídica y régimen aplicable, es decir, mientras en la composición patrimonial de una asociación exista capital público y privado, dicha entidad será mixta o de participación mixta. Que se hace necesario remitirse dicho por la Honorable Corte Constitucional mediante Sentencia C-953 del 1 de diciembre de 1999, Magistrado Ponente: Dr. ALFREDO BELTRÁN SIERRA, la cual señala:

"La naturaleza jurídica surge siempre que la composición del capital sea en parte de propiedad de un ente estatal y en parte por aportes o acciones délos particulares, que es precisamente la razón que no permite afirmar que en tal caso la empresa respectiva sea "del Estado" o de propiedad de "particulares" sino, justamente de los dos, aunque en proporciones diversas, lo cual le da una característica especial, denominada "mixta", por el artículo 150, numeral 7Q de la Constitución. De no ser ello así, resultaría entonces que aquellas empresas en las cuales el aporte de capital del Estado o de una de sus entidades territoriales fuera inferior al cincuenta por ciento (50%) no sería ni estatal, ni de particulares, ni "mixta", sino de una naturaleza diferente, no contemplada por la Constitución. (...)". Es decir, mientras en la composición patrimonial de una empresa exista capital público y privado, dicha entidad será de mixta y la proporción de la participación patrimonial determinará el régimen por el cual se regulará. "10 i

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Oficio Despacho Ministro de Educación de fecha 25 de febrero de 2002.

En sentencia C-131de I993m, en la que se estudió la constitucionalidad del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991a21, concluyó que las sentencias de constitucionalidad tienen fuerza vinculante; sus efectos son obligatorios; erga omnes y no simplemente Ínter partes, lo que significa que son oponibles a todas las personas sin excepción alguna; en principio y siempre que la Corte no haya modulado el efecto del fallo, rigen hacia el futuro; tienen efecto de cosa juzgada material, en especial las de inexequibilidad y por tanto todos los operadores jurídicos están obligados a respetar sus efectos, (artículos 241 y 243 C.P.). Por su parte, de conformidad con lo establecido en el numeral 2° del artículo 48 de la Ley 270 de 1996. Estatutaria de la Administración de Justicia1131, los fallos de tutela resultan vinculantes para los jueces, en los mismos términos que las providencias de constitucionalidad. aunque sus efectos sean interoartes. La razón de ser de esta afirmación, es asegurar la unidad en la interpretación constitucional v un tratamiento en condiciones de igualdad frente a la lev, por parte de las autoridades judiciales que asegure la seguridad jurídica.11*1 De la misma forma, ha concluido esta Corporación que los precedentes constitucionales, se consideran fuente formal de derecho v adquieren fuerza vinculante al ser parte del derecho a cuyo imperio están sometidas todas las autoridades en un Estado Social de Derecho[151. Por tanto, las autoridades v los particulares deben respetar los precedentes en materia constitucional, sin que la independencia v autonomía que conforme el artículo 228 de la Carta rige las decisiones de las autoridades Judiciales, les implique desligarse de los Postulados de la Constitución Política, ni de la interpretación vinculante que realiza la Corte a partir de sus sentencias. En la sentencia T-292 de 2006, MP Manuel José Cepeda Espinosa, la Corte sostuvo sobre el particular:

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Este organismo de control deja constancia, que la omisión a la exigibilidad en la rendición de cuentas y al ejercicio del control fiscal del sujeto denominado UNITROPICO; se dio una vez se comunicó por parte de la institución educativa, el oficio 20093-126454 del 01 de abril de 2009 dirigido al Doctor Ambrosio Niño Córdoba, apoderado de Unitrópico, en el que se señalaba que la Contaduría General de la Nación, conceptuaba que la entidad, no hacia parte del Régimen de Contabilidad Pública y que por tal motivo no estaba obligada a reportar información contable.

No obstante, por medio del oficio CGN N° 20134000066721 del 29 de noviembre de 2013 dirigido a la Doctora Sandra Patricia Rincón Serrano, rectora de la UNITROPICO, La Contaduría General de la Nación, ratifico el pronunciamiento dado en el concepto N° 20096-130594 de fecha junio de 2009, donde se manifiesta que "En atención alo expuesto y realizado el análisis correspondiente, se concluye que si bien la universidad se constituyó como una persona de derecho privado, la estructura de la composición de su capital la incluye en el ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública -PCGP, en razón a que más del 50% de su capital es aportado por entidades públicas. Por tanto la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano -UNITROPICO debe rendir su información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la Nación..." y conmina a la UNITROPICO a dar las explicaciones sobre las razones o motivos por los cuales la Universidad no ha remitido la información requerida. (Concepto último que no fue puesto en conocimiento del ente de control e indujo al error en la omisión del control fiscal). Que, de acuerdo a la información suministrada en febrero 13 de 2012, por la Dra. Dina Adelis Juya Huertas, revisora fiscal de UNITROPICO para la época, en la conformación del patrimonio de esa Institución, se evidencian aportes efectuados en dinero y en especie por la Gobernación de Casanare, el Instituto Financiero de Casanare (antiguo Fondesca) y Corporinoquia, de la siguiente manera: Gobernación de Casanare: 1. Aporte en especie; correspondiente a estudios técnicos para poner en marcha la Fundación por valor de $363.581.000, 2. Aportes en especie efectuados mediante el Convenio 021 de 2002, consistente en la dotación para los bloques A, Aulas, Bloque B, Administración y biblioteca de la Ciudadela Universitaria en el municipio de Yopal, por valor de $1.208.309.289. 3. Aportes en dinero efectuados mediante Convenio N° 00116 del 30 de julio de 2002, para la investigación científica a través de la Fundación Internacional del Trópico Americano UNITROPICO, de acuerdo a la Ordenanza N° 088 del 03 de agosto de 2000, por valor de $1.100.000.000. Instituto Financiero de Casanare (Antiguo Fondesca):

"...el desconocimiento de los precedentes constitucionales puede llesar a vulnerar en sede judicial los derechos ciudadanos a la igualdad v al acceso a la justicia (C.P. Árt. 13 v 29). como va se ha dicho, teniendo en cuenta que si la aplicación de la lev v la Constitución dependen de'la libre interpretación de cada Juez, el resultado-final puede llevar a que casos idénticos se resuelvan de forma diferente por diversos folladores, lo que a la postre desvirtuaría por completo la seguridad jurídica en materia nada menos que constitucional116^. Por estas razones, respetar el precedente constitucional para quienes'administran justicia no es una opción más dentro de nuestro complejo sistema jurídico, sino un deber, especialmente porque es a través del ejercicio de esta actividad que se asezura de manera definitiva la eficacia de los derechos constitucionales. Los precedentes constitucionales deben tener un luzar privilegiado en el análisis de casos por parte de los operadores jurídicos, so vena de quebrantar principios constitucionales como la igualdad vía supremacía de la Constitución. En consecuencia, los jueces están obligados a acozer los precedentes constitucionales en la medida en que deben interpretar el derecho en compatibilidad con la Carta. Este deber de interpretar en forma tal que se sarantice la efectividad de los principios v derechos que ella contiene, es entonces un límite, si no el más relevante, a la autonomía judicial". " (Subrayado fuera de texto). 8 Calle9N° 19-58.Yopal- Telefax6354700 y 01-8000-910-770- www.contraloriacasanare.gov!co - contacto@contraloriacasanare.qov.co


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1. Aportes en dinero por valor de $10.000.000.

Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -Corporinoquia 1. Aportes en dinero por valor de $1.000.000 TOTAL APORTES ENTIDADES PÚBLICAS: $2.682.890.289 APORTES SOCIOS PRIVADOS 1. Centro Nacional de Investigación Forestal-CONIF 2. Fundación Educar 3. Instituto Biodiversidad 4. Cámara de Comercio 5. Sociedad de Ingenieros de Casanare 6. Asociación de Electricistas de Casanare 7. Consejo Departamental de Planeación 8. Centro Microempresarial der llano CEMILL 9. Asociación de Mujeres de Gasanare por la vida,la Paz y la democracia. 10. Corporación Cimarrón de Oro 11. Lonja Inmobiliaria de Casanare 12. Corporación Cultural de Casanare 13. Miscelánea La Amistad 14. Asociación parque La Iguana

$100.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1,000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000:000 $1.000.000 $1.000.000 $1.000:000 :$1 ..000.000 $1.000.000

Valor total: $113.000.000 Conforme lo anterior, los aportes efectuados por dichas entidades públicas, constituyen un noventa y seis (96%) por ciento del total de los aportes públicos y privados efectuados para la conformación del patrimonio de la UNITROPICO. En este orden de ideas, se concluye que si bien la UNITROPICO, se constituyó como persona jurídica de derecho privado, la composición de su capital inicial se dio con aportes públicos y privados, correspondiendo el NOVENTA Y SEIS POR CIENTO (96%) del mismo, a aportes del Departamento de Casanare, el Instituto Financiero de Casanare (antiguo Fondesca) y Corporinoquia, en dinero y especie, ubicándose por tanto como entidad descentralizada indirecta, lo cual la incluye como sujeto de la vigilancia y control fiscal ejercido por esta Contraloría, en consecuencia, debe rendir la información de ley a este Organismo de Control Fiscal Territorial. En consecuencia, será materia de investigación las razones por las cuales, UNITROPICO aun cuando tenía claro la composición mixta de su patrimonio, "es decir más del 50% de su capital inicial fue aportado por entidades públicas", y con conocimiento claro que por esta causa era sujeto de control fiscal público, omitió el deber de rendir la información de la Cuenta Fiscal a esta Entidad de Control. En razón a lo expuesto anteriormente, RESUELVE ARTICULO PRIMERO: Rendición de la cuenta. La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITRÓPICO, debe realizar la rendición electrónica de la cuenta fiscal consolidada de cada vigencia, conforme lo establecido en la Resolución N° 346 de 2011 "Por medio de la cual se adopta el sistema integral de 9

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CONTRALOR/A DEPARTAMENTAL DE CASANARE

auditorías - SIA para la rendición electrónica de las cuentas fiscal y de gestión ambiental". La rendición electrónica de la cuenta fiscal, es el inforroe acompañado de los documentos que soportan legal, técnica, financiera y contablemente la gestión realizada durante la vigencia inmediatamente anterior, mediante los formatos habilitados para la entidad sujeta de control y dispuestos en el aplicativo en línea Sistema Integral de Auditoria-SIA, y dentro de los plazos estipulados en la citada resolución. ARTICULO SEGUNDO: Información fiscal. La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano UNITRÓPICO, debe remitir con destino a la Contraloría Departamental de Casanare los informes y requerimientos del orden fiscal, que el organismo de control solicite, conforme lo dispuesto en la Ley. ARTICULO TERCERO: Control y vigilancia. La Contraloría Departamental de Casanare, en el marco de la competencia establecida en la Constitución Política de Colombia y normas conexas del control fiscal, ejerce la vigilancia de la gestión fiscal realizada por UNITRÓPICO, de forma autónoma e independiente: sobre cualquier otra forma de inspección y vigilancia administrativa. Para tal efecto, se aplicará el conjunto de preceptos que regulan los principios, sistemas y procedimientos de control fiscal. ARTICULO CUARTO: Sanciones. El incumplimiento a la presentación de la Cuenta Fiscal, la información que se requiera y a las demás actividades necesarias para el ejercicio del control fiscal, acarreará las sanciones previstas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993, sin perjuicio de las demás acciones jurídicas. ARTICULO QUINTO: Notificaciones. Notifíquese personalmente de la presente resolución, a la representante legal de UNITRÓPICO ó a quien esta designe legalmente para tal fin. ARTICULO SEXTO: Comuniqúese. Una vez en firme la presente resolución, comuniqúese al representante legal del Departamento de Casanare y la Asamblea Departamental de Casanare. ARTICULO SÉPTIMO: Recursos. Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el Despacho de la suscrita Contralora Departamental.

NOTIFÍQUESE, COMUNIQÚESE Y CÚMPLASE

CARM Depa

10 Calle 9 N° 19-58. Yopal- Telefax 6354700 y 01-8000-910-770- www.contralonacasanare.gov.co - contacto@contraloriacasanare.qov.cQ

Resolucion Contraloria de Casanare, descargada de prensa libre  
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