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SGI – 2000 Bogotá D. C. Doctora MERCEDES CORTÉS PULIDO Revisora Fiscal Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO Cl. 23 No. 28 – 113 Yopal - Casanare ASUNTO:

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Consultas Contables Finalizar trámite 20096-130594

TEMA:

Régimen de Contabilidad Pública

SUBTEMA:

Ámbito de aplicación UNITRÓPICO

ANTECEDENTES Apreciada Doctora Mercedes: Me refiero a su comunicación radicada con el expediente 20096-130594, en la cual solicita revisión del concepto 20093-126454, del 1° de abril de 2009, relacionado con la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública en la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO, teniendo en cuenta que a su consideración la fundación universitaria si debe aplicar dicho Régimen, este Despacho se permite atender su consulta en los siguientes términos: CONSIDERACIONES El artículo 1° de los Estatutos de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, relacionado con el nombre y naturaleza jurídica de la Universidad, señala que “La entidad que con los presentes estatutos nace a la vida jurídica se denominará FUNDACIÓN UNIVERSITARIA INTERNACIONAL DEL TRÓPICO AMERICANO “UNITRÓPICO”. Se crea como una asociación de utilidad común, sin ánimo de lucro, de participación mixta y como una institución universitaria privada de educación superior, que acreditará su desempeño con criterio de universidad en la investigación científica o tecnológica, en la formación académica en profesiones y en la producción, desarrollo y transmisión de conocimiento y de la cultura universal y nacional, de conformidad con la Ley 30 de 1992”. VI CONGRESO NACIONAL DE CONTABILIDAD PÚBLICA “Contabilidad Pública: tendencias conceptuales, técnicas y tecnológicas” 15, 16 y 17 de julio de 2009 “Cuentas claras, Estado transparente”

Carrera 7 No. 32 – 16 Pisos 34 a 40  PBX: (91) 3 38 98 88 • Fax (91) 3 38 98 88 Ext 268 http:\\www.contaduria.gov.co E-mail: cgninvestigacion@contaduria.gov.co Bogotá D.C. - Colombia


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El artículo 5° del mismo documento expresa, en relación la duración y régimen jurídico de la Universidad, que ésta “tendrá una duración indefinida. No obstante, podrá disolverse o liquidarse por voluntad de sus miembros y en los eventos contemplados en la Ley. Está constituida bajo las leyes colombianas y en especial de acuerdo con los preceptos del Libro Primero, Título XXXVI del Código Civil, de la Ley 30 de 1992, del Decreto Ley 393 de 1991 que autoriza la asociación entre entidades públicas y los particulares para la investigación científica y demás normas pertinentes. De conformidad con el artículo 633 del Código Civil participará del carácter de las fundaciones y de las corporaciones sin ánimo de lucro y se regirá por las normas del derecho privado para todos los efectos. Como ente universitario autónomo tiene personería jurídica, goza de autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio independiente, puede elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con sus objetivos y se acoge al Sistema nacional de Acreditación”. Las Notas a los estados contables de la Universidad a 31 de diciembre de 2008, señalan la siguiente conformación patrimonial, de lo cual puede concluirse que la entidad posee un mayor porcentaje de participación pública. “Asociación de Electricistas de Casanare $1.000.000 Cámara de Comercio de Casanare $1.000.000 Centro Microempresarial del Llano-Semilla $1.000.000 Centro Nacional de Investigación Forestal-CONIF $100.000.000 Centro Internacional de Agricultura Tropical-CIAT $110.000.000 Consejo Departamental de Planeación $1.000.000 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria-CORPOICA $100.000.000 Corporación Cimarrón de Oro $1.000.000 Corporación Cultural de Casanare $1.000.000 Corporación Promotora de la Ciudadela Universitaria de Casanare $1.000.000 Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía-CORPORINOQUÍA $1.000.000 FONDESCA $10.000.000 Fundación Educar $1.000.000 Gobernación de Casanare $2.671.890.298 Instituto Biodiversidad $1.000.000 Instituto Alexander Von Humboldt $52.020.000 Miscelánea La Amistad $1.000.000 Sociedad Colombiana de Arquitectos Secc. Casanare $1.000.000 Sociedad de Ingenieros de Casanare $1.000.000 Asociación Parque Natural La Iguana $1.000.000 Lonja Inmobiliaria de Casanare $1.000.000 Asociación Mujeres por la Vida y la Paz $1.000.000” De otro lado, la Corte Constitucional expresó en la sentencia C-953/99 que “(...) La naturaleza jurídica surge siempre que la composición del capital sea en parte de propiedad de un ente estatal y en parte por aportes o acciones de los particulares, que es precisamente la razón que no permite afirmar que en tal caso la empresa respectiva sea "del Estado" o de propiedad de "particulares" sino, justamente de los dos, aunque en proporciones diversas, lo cual le da una característica especial, denominada "mixta", por el artículo 150, numeral 7º de la Constitución (...)”. Es decir, mientras en la composición patrimonial de una empresa exista capital público y privado, dicha entidad será de mixta y


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la proporción de la participación patrimonial determinará el régimen por el cual se regulará. El artículo 9o. de la Ley 298 de 1996, establece que: “Para los efectos de la presente ley la Contabilidad pública comprende, además de la Contabilidad General de la Nación, la de las entidades u organismos descentralizados territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que pertenezcan y la de cualquier otra entidad que maneje o administre recursos públicos y solo en lo relacionado con estos.” (Subrayado fuera de texto). El artículo 5º de la Resolución 354 de 2007, expresa que “El Régimen de Contabilidad Pública debe ser aplicado por los organismos y entidades que integran las Ramas del Poder Público en sus diferentes niveles y sectores. También debe ser aplicado por los órganos autónomos e independientes creados para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. En el mismo sentido, el ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública incluye a los Fondos de origen presupuestal, además de las Sociedades de Economía Mixta y las que se les asimilen, en las que la participación del sector público, de manera directa o indirecta, sea igual o superior al cincuenta (50%) por ciento del capital social”. (Subrayado fuera de texto) Así las cosas, se concluye que si bien la Universidad se constituyó como persona jurídica de derecho privado, la estructura de la composición de su capital la incluye en el ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública-PGCP, en razón a que más del 50% de su capital es aportado por entidades públicas. Por lo tanto, la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO debe rendir su información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la Nación, dentro de los plazos y parámetros establecidos por ésta. Por lo anterior, este Despacho deja sin vigencia lo señalado en el expediente 20093126454, del 1° de abril de 2009, dirigido al Doctor Ambrosio Niño Córdoba, Apoderado de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, y realizado el análisis correspondiente, se concluye que si bien la Universidad se constituyó como persona jurídica de derecho privado, la estructura de la composición de su capital la incluye en el ámbito de aplicación del Plan General de Contabilidad Pública-PGCP, en razón a que más del 50% de su capital es aportado por entidades públicas. Por lo tanto, la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO debe rendir su información financiera, económica, social y ambiental a la Contaduría General de la Nación, dentro de los plazos y parámetros establecidos por ésta. Por lo anterior, este Despacho deja sin vigencia lo señalado en el expediente 20093126454, del 1° de abril de 2009, dirigido al Doctor Ambrosio Niño Córdoba, Apoderado de la Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano-UNITRÓPICO. Finalmente, en relación con la respuesta de la Contaduría General de la Nación, a las consultas que le presentan los usuarios, la Corte Constitucional expresó a través de la sentencia C-487 de 1997 que “Las decisiones que en materia contable adopte la Contaduría de conformidad con la ley, son obligatorias para las entidades del Estado, y lo son porque ellas hacen parte de un complejo proceso en el que el ejercicio individual de


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cada una de ellas irradia en el ejercicio general, afectando de manera sustancial los “productos finales”, entre ellos el balance general, los cuales son definitivos para el manejo de las finanzas del Estado (…) Es decir, que por mandato directo del Constituyente le corresponde al Contador General de la Nación, máxima autoridad contable de la administración, determinar las normas contables que deben regir en el país, lo que se traduce en diseñar y expedir directrices y procedimientos dotados de fuerza vinculante, que como tales deberán ser acogidos por las entidades públicas, los cuales servirán de base para el sistema contable de cada entidad” (…) (Subrayado fuera de texto) Cordialmente,

LUÍS ALONSO COLMENARES RODRÍGUEZ Subcontador General de la Nación JOHN EDWARD



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