El 18 de enero de 1989, cerca al corregimiento de La Rochela, en el municipio de Simacota, Santander, fue perpetrada por un grupo paramilitar una masacre en la que murieron 12 de un total de 15 funcionarios judiciales que investigaban varios delitos en la zona. El crimen fue el resultado de una alianza entre paramilitares, narcotraficantes y algunos miembros del Ejército, y se enmarca dentro de un contexto de violencia contra funcionarios judiciales.