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9 benefician con las ventajas que les confiere el marco jurídico, institucional y fiscal del país. Según el documento, les incumbe a las autoridades canadienses asegurar que las empresas situadas aquí hagan prueba de “responsabilidad social” en relación a las cuestiones políticas, ambientales y económicas.6 Solo es posible creer en tantas buenas intenciones si se cree en la falsa reputación de “buen muchacho” que Canadá se construyó en la esfera internacional. Canadá utiliza, además todos los documentos y declaraciones que encuentra para probar sus buenas intenciones, reclamando no solamente su pertenencia a la OCDE, sino también a la Sociedad Financiera Internacional y al “Pacto Mundial de Naciones Unidas”.7 En los hechos, sin embargo, Canadá demuestra hasta el presente, un apoyo sin reservas a las empresas privadas -incluso cuando saltaba a la vista que ellas fueran culpables-, creándoles una Bolsa a su medida, programas fiscales e industriales de desarrollo, un apoyo diplomático en el extranjero que no teme las alianzas de mal gusto, sin hablar de la embarazosa presencia en África, en nombre de intereses privados de los ex-primeros ministros Jéan Chrétien (tesis 2, glosa 3; tesis 5, glosa 4; tesis 6, glosa 2; tesis 6, glosa 3) Joe Clark (tesis 2, glosa 4) y Brian Mulroney (tesis 1, glosa 1; tesis 3, glosa 1). ¿Por qué entonces Canadá reivindica un derecho e incluso un deber de vigilancia e intervención de todas las empresas canadienses o registradas en Canadá, que estén interesadas por África, mientras que no ha demostrado nunca hasta ahora rectitud hacia ellas? La respuesta se encuentra en la misma pregunta. Ésta es desgraciadamente nuestra hipótesis. Salta a la vista que Canadá reclama todos sus poderes sobre las empresas privadas presentes en el país, no para sancionarlas según el caso, sino para ofrecerles su protección política, jurídica y diplomática. Algo que se asemeja a una perversión jurídica de reglas del derecho y de las normas internacionales que afirma suscribir. Las empresas canadienses que hacen estragos en África se desarrollan, la mayor parte, en la actividad minera y Toronto se impone sin discusión como el centro financiero de predilección de las empresas mineras en el mundo. Nos preguntamos entonces: ¿Canadá se está transformando, como otros lugares del mundo se transforman en paraísos fiscales o puertos francos, en un “paraíso jurídico” para las empresas mineras (o incluso las petroleras)? ¿Despliega discretamente su soberanía política alquilando su protección en distintas instancias a entidades extranjeras para garantizarles la impunidad en el extranjero, como lo hace ya en materia de evasión fiscal y de tráficos ilícitos en los paraísos fiscales? Lamentablemente, al observar al gobierno federal, debemos responder afirmativamente. Canadá protege política y jurídicamente a las empresas inscritas en el país, justamente, para que jurídica y políticamente dichas sociedades no se sientan en ningún caso amenazadas por algún acto de presión de ningún tipo. El Canadá confirma estas intenciones durante las “mesas redondas” sobre las compañías mineras canadienses en el mundo frente a la recomendación del Guide de mise en oeuvre à l’intention des entreprises canadiennes, Ottawa, Ministerio Canadiense de la Industria, 2006, citado en “Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et les industries extractives canadiennes dans les pays en développement”, op. cit., p. 3. 7 Guía de implementación para las empresas canadienses, op. cit., p. 16. 6

NEGRO CANADA Saqueo, corrupción y criminalidad en África  

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