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153 cometidos por las empresas canadienses en el extranjero. "Se recomienda que el Gobierno de Canadá continúe trabajando con las autoridades pertinentes encargadas de hacer cumplir la ley para identificar y remediar los obstáculos legales y otros para la aplicación extraterritorial del derecho penal canadiense, con el objetivo de que ese derecho se aplique lo más pronto posible”.755 El informe establecía incluso la jurisprudencia según la cual “el derecho penal canadiense ya se aplica en territorio extranjero.”756 Sin embargo, esta última propuesta fue ignorada. Incluso los representantes más propensos a discutir la gravedad crítica de la situación en el marco del comité de Mesas Redondas en la actualidad señalan, el carácter incitativo de las medidas presentes en su informe a la hora de presentarlas públicamente.757 El informe del Comité Asesor de las Mesas Redondas sería un paso en la dirección correcta si las condiciones de inscripción en la Bolsa de Valores de Toronto fueran más estrictas y la puesta en vigor de leyes canadienses para las empresas de Canadá, activas en el extranjero, se acompañara de medidas coercitivas y no solamente de iniciativas, si las medidas propuestas en relación a la rendición de cuentas atacara específicamente el problema fundamental de los paraísos fiscales y si aquello que se entiende por “sociedad civil” no se limitara a algunos expertos y organizaciones mentirosas que se adjudican arbitrariamente la capacidad de representarla en los coloquios y foros cíclicos. Por ahora, la idea divulgada públicamente consiste en hacer depender la ayuda financiera nacional e internacional de la que gozan la mineras, del respeto por las “normas” relativas a las “responsabilidades sociales de la empresa”, teniendo como motor la siempre equívoca expresión de “gobernanza”... Una “Defensoría del Pueblo” tendría a su cargo, al margen de ese proceso, recoger las quejas de aquellos que consideran la explotación irresponsable e investigar el buen funcionamiento de los proyectos. Un enfoque de este tipo reposa sobre seis postulados que podrían compartirse. El primer postulado sostiene que conviene estratégicamente apoyarse sobre el poder ejecutivo canadiense más que sobre el poder judicial. Dado que el respeto de las medidas “incitativas” están atadas al financiamiento público de proyectos de las empresas privadas, se argumenta que, amenazando con suspender la ayuda, el gobierno podría ejercer una influencia sobre las partes intervinientes canadienses en África. Este enfoque deja de lado a la "sociedad civil", cuya importancia sin embargo es subrayada tan a menudo en el debate, si se le diera la oportunidad de llevar ante la justicia a las empresas, pasando directamente por las instituciones judiciales y no indirectamente por las instancias legislativas y ejecutivas federales. El segundo postulado presenta a las empresas mineras como necesitadas de esta ayuda 755

Rapport du groupe consultatif, Tables rondes nationales sur la responsabilité sociale des entreprises et l’industrie extractive canadienne, op. cit., p. 13. (Informe del grupo consultivo, Mesas Redondas Nacionales sobre la Responsabilidad social de las empresas y la industria extractiva canadiense). 756 Ibid., p. 50. 757 Las presentaciones fueron hechas en el Foro social de Québec (Forum social québécois), Montréal, le 25 août 2007 o en la conferencia « Conflit d’intérêts : pratiques commerciales canadiennes et droits humains en Afrique » organizado en la UQAM (Université de Québec à Montréal) por el comité de la Justicia Social el 25 de enero de 2008.

NEGRO CANADA Saqueo, corrupción y criminalidad en África  
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