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recursos económicos en los términos definidos en este informe . Han resaltado varios componentes del alcance de los derechos de las mujeres en el ámbito económico, no sólo en tratados y declaraciones, pero también en documentos de consenso respaldados por la comunidad internacional. 27. Estos pronunciamientos siendo examinados en su conjunto establecen: a) un vínculo estrecho entre la eliminación de la pobreza, y la protección y el ejercicio de todos los derechos de las mujeres; b) obligaciones de los Estados de garantía de la no discriminación entre los cónyuges en un matrimonio, y en uniones de hecho en la administración de bienes y propiedades, y su protección asimismo en la disolución de la pareja; c) obligaciones de los Estados hacia las mujeres de garantía en el acceso a la propiedad, tierras, vivienda, créditos, y otros bienes bancarios, tanto dentro como fuera del matrimonio; y d) obligaciones de los Estados de garantizar el acceso al trabajo por parte de las mujeres, como una fuente vital de recursos y medio para preservar la autonomía económica, y sus derechos económicos en otros ámbitos relacionados como la seguridad social. 28. Durante la implementación de este proyecto, la CIDH recibió información apuntado a formas de discriminación que las mujeres sufren tanto en la ley como en la práctica relacionadas con estas aristas de obligaciones que tienen los Estados con respecto al acceso y control de recursos económicos por parte de las mismas; la distribución y el control y disposición de estos recursos al interior de la familia y fuera del hogar entre las mujeres y los hombres; y en obstáculos para obtener los medios de obtener estos recursos, siendo la situación particularmente grave en el ámbito laboral. Estas formas de discriminación son variables que contribuyen a la situación de pobreza de las mujeres, a vulneraciones de su autonomía tanto productiva como reproductiva, y a la desprotección general de sus derechos humanos. 29. La CIDH observa de forma general que en la mayoría de los países la legislación y las políticas públicas que regulan las materias relativas al acceso y control de recursos – tanto dentro como fuera del matrimonio - no atienden la problemática específica que las mujeres enfrentan, ni evalúan su impacto. En aquellos países en donde los derechos de las mujeres en esta esfera están protegidos por la ley, las mujeres aún se encuentran social y económicamente desfavorecidas y discriminadas de hecho en el ejercicio de sus derechos a la propiedad, vivienda, la tierra y la herencia, entre otros ámbitos. Sin embargo, la CIDH ha constatado la dificultad de contar con un panorama en la región comprehensivo por la falta de datos desglosados por sexo sobre el control y acceso a distintos recursos económicos en los términos definidos en este informe. 21 Para efectos de este informe, la CIDH identifica tres aristas en la definición del término “recursos económicos”. En primer lugar, interpreta al término recursos económicos de forma amplia, incluyendo bienes de naturaleza financiera como los considerados bienes “inmuebles” y “muebles”. Estos pueden constituir el dinero, el ingreso, la propiedad, la tierra y la vivienda, entre otros. En segundo lugar, la CIDH considera comprendidos en este término los métodos y procesos para obtener estos bienes, como el empleo, los negocios, el crédito, los préstamos, los seguros, la herencia, y procesos de decisión legal que pueden tener un impacto en la distribución de los bienes. En tercer lugar, la CIDH considera las prestaciones estatales o no estatales – como la seguridad social - para cubrir eventos en la vida de las mujeres que pueden impactar su autonomía económica, y el ejercicio de sus derechos económicos, sociales y culturales.

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informe CIDH Mujeres DESC  

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