Informe Frayba 2006-2012
La tortura práctica recurrente en la procuración de justicia en Chiapas El Derecho Universal de toda persona al respeto de su integridad personal, se encuentra reconocido en las leyes internas del país, tanto a nivel federal como de manera particular en la normatividad del estado de Chiapas. Asimismo, el Estado mexicano se ha comprometido, con la firma y ratificación de instrumentos internacionales, a realizar las acciones necesarias para erradicar la tortura en el país. La violación al derecho a la integridad personal y a no ser sometido a tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, está regularmente antecedida de una Privación Arbitraria de la Libertad (PAL) en la mayoría de los casos y/o de un allanamiento; violentando también el derecho a la libertad personal y el derecho a la privacidad. Lo anterior desencadena otra serie de acciones graves contra los derechos humanos, como la negación de la presunción de inocencia, falta de garantías judiciales y de protección judicial que violan flagrante el derecho a la presunción de inocencia, a garantías judiciales, a protección judicial, y el de la protección ante el abuso de autoridad. El tiempo trascurrido entre la detención y la presentación ante la autoridad correspondiente, el Fiscal del Ministerio Público, es el momento durante el cual las víctimas se encuentran más vulnerables. Durante este periodo, se realizan la mayoría de los actos de tortura, bien sea durante el trayecto, al interior de algún vehículo oficial, o en algún lugar no oficial de detención. Es también una práctica recurrente durante los traslados posteriores hacia Centros de Detención; además, la víctima se mantiene bajo custodia de los mismos agentes policíacos torturadores, lo cual posibilita el que se continúen actos de presión, intimidación y hostigamiento. 49