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Publicación Electrónica de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del CEDH

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NÚMERO

7

EL DEFENSOR

koltewanej JUNIO 2013

DESPLAZADOS EN CHIAPAS


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Realiza

L贸pez Hern谩ndez gira de trabajo con

desplazados en Chiapas Para constatar las condiciones en que se encuentran las personas desplazadas.


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Para constatar las condiciones en que se encuentran grupos de personas desplazadas en la zona norte y selva de Chiapas, el consejero del Consejo Estatal de los Derechos Humanos, Pedro Raúl López Hernández, realizó una gira de trabajo en los lugares en que se encuentran ubicados. López Hernández, se reunió con personas desplazadas de sus comunidades de origen por diversos motivos y que se encuentran asentadas en la Colonia Pakal Na, y el DIF Regional, en el municipio de Palenque, en el Ejido Agua Fría del municipio de Playas de Catazaja, y en la cabecera municipal de Ocosingo.


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Realiza

López Hernández gira de trabajo con

desplazados en Chiapas Continuación... El presidente de la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del CEDH, conoció las diversas carencias y necesidades que tienen estas personas al haber sido desplazadas de las tierras en las que vivían y trabajaban, de la cual carecen en este momento. Por su parte, los desplazados mencionaron de manera general que no han podido accesar a los programas sociales y de salud, manejados por las instituciones de gobierno, además de que mucho de ellos se encuentran dispersos y alojados con familiares y amigos, y han tenido que buscar un empleo diferente al que realizaban en el campo Así también, entre los grupos visitados se encuentran quienes tienen más de 20 años fuera de sus tierras, y que han realizado durante ese tiempo las gestiones para ser dotados de un pedazo de tierra en donde puedan trabajar y vivir. En tanto, otro de los grupos, que recientemente fue desplazado, se encuentra con graves carencias, entre ellos el de la atención médica, falta de escuela para los niños y no tener agua potable y convivir muchas personas en un mismo lugar para dormir.


¿Sabías que? Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos, establecidos en la Constitución y en las leyes, deben ser reconocidos y garantizados por el Estado.

Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del CEDH


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** Mtra. María del Rosario Arrambide González

México ha reconocido la pluriculturalidad de los pueblos indígenas a nivel Constitucional, asumiendo con ello un compromiso de reconocimiento y protección a sus usos y costumbres, en el siguiente sentido: “… A. Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para: I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes. III. Elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno,...”[1] Por su parte, la Constitución Política del Estado de Chiapas, reconoce y protege los usos y costumbres de las poblaciones indígenas en su artículo 7, que establece: “… En el marco de las garantías individuales y los derechos humanos, el Estado protegerá y promoverá el desarrollo de la cultura, lenguas, usos, costumbres, tradiciones, sistemas normativos y formas de organización social, política y económica de las comunidades indígena.

Se reconoce y protege el derecho de las comunidades indígenas para elegir a sus autoridades tradicionales de acuerdo a sus usos, costumbres y tradiciones, fomentando la participación y empoderamiento de las mujeres. Los derechos de los indígenas que esta Constitución consagra deberán ser protegidos y regulados por la ley reglamentaria respectiva y por las demás leyes, en sus correspondientes ámbitos de competencia, y serán, además, garantizados por las autoridades estatales y municipales, así como por las autoridades tradicionales de las comunidades indígenas. …”[2] Como se observa, dicho reconocimiento se condiciona al respeto de las garantías individuales y los derechos humanos, de forma tal, que los sistemas normativos que regulen la solución de conflictos internos de las poblaciones indígenas, deben actuar al margen del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales. Entendidos los derechos humanos -a partir de la reforma constitucional en la materia-, como todos aquellos reconocidos en los instrumentos internacionales. Dicho de otro modo, el reconocimiento y protección de los usos y costumbres de las poblaciones indígenas, es un derecho de los pueblos indígenas (y el ejercicio de cualquier derecho debe respetar los derechos humanos de las demás personas) y una obligación para los Estados. La obligación para el Estado de Chiapas, de proteger mediante la ley los derechos de los pueblos indígenas, entre estos, el derecho al desarrollo de sus usos y costumbres, se observa en el último párrafo de la cita anterior, que refiere que los derechos de los indígenas deberán ser protegidos y regulados por la ley reglamentaria respectiva y las demás leyes.

** Mtra. María del Rosario Arrambide González Directora de Investigación en Derechos Humanos, del Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas Realizó estudios en Derecho en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Se desempeñó como responsable del área de defensa del Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas A.C.


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Los usos y costumbres de las

poblaciones indĂ­genas vs.

Derechos humanos


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koltewanej Los usos y costumbres de las

poblaciones indígenas vs.

Derechos humanos Continuación... Ello implica que el derecho de los pueblos indígenas al desarrollo de sus usos y costumbres debe ser regulado mediante la ley, de forma tal que se respeten estos, siempre y cuando no vulneren o menoscaben los derechos humanos de otras personas. En este mismo sentido, el Convenio 169 de la OIT, ratificado por México el 11 de julio de 1990, establece el derecho de los pueblos indígenas de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Y que deberán respetarse los métodos a los que los pueblos recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros, en la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos[3]. Por ende, se considera que aquellos métodos que empleen los pueblos indígenas para reprimir los delitos cometidos por sus miembros, serán permisibles hasta tanto no vulneren derechos humanos, es decir, la medidas de castigo empleadas tales como los linchamientos, castigos corporales, penas o tratos inhumanos, son incompatibles con el respeto de los derechos humanos y no podrán justificarse bajo la concepción de ser ejercidos en el marco de los usos y costumbres. Dichas medidas son contrarias no solo al respeto de los derechos humanos, sino también a las garantías constitucionales que establecen que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho y que prohíben las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, entre otras medidas.[4] Dichos actos deben ser regulados por el Estado bajo dos criterios: El primero fundado en su obligación internacionalmente contraída en materia de protección de los derechos humanos, consistente en garantizar los derechos humanos[5], de la cual se desprende el deber de las

autoridades a actuar bajo la debida diligencia para prevenir las violaciones a derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables, así como atender a las víctimas y reparar los daños causados. Es decir, compete al Estado a través de sus autoridades, prevenir las violaciones a los derechos humanos, lo que implica realizar una serie de acciones tanto legislativas como de otra índole para evitar que se lleven a cabo dichas violaciones, así como impedirlas. En segunda instancia deberá aplicarse el principio Pro homine, que implica la aplicación de la ley más amplia o protectora cuando se trata de proteger derechos humanos y las más restrictiva cuando se trata de limitar éstos, es decir, para proteger derechos fundamentales, como el derecho a la vida, a la integridad personal, incluida la prohibición de la tortura, tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, deberá aplicarse la normativas mencionadas con antelación y que hacen referencia al respeto de usos y costumbres, y de métodos de represión de delitos propios de los pueblos indígenas, hasta tanto éstos sean compatibles con las garantías individuales y los derechos humanos establecidos en las normas jurídicas nacionales e internacionales, caso contrario se dará prioridad a estas últimas, con la finalidad de proteger los derecho humanos. Dicho de otro modo, no podría justificarse un acto contrario al respeto a los derechos humanos, bajo la escusa de cometerse en concordancia con los usos y costumbres. Por lo anterior, se considera prudente la necesidad de regular mediante leyes específicas el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, haciendo énfasis en su derecho a la libre autodeterminación, hasta tanto sus propios mecanismos no violenten los derechos humanos. Asimismo, se requieren ordenamientos legales idóneos para que, en aquellos casos donde los delitos, infracciones o conflictos judiciales en las comunidades indígenas sean leves, puedan ser juzgados por las autoridades indias de acuerdo con sus usos y costumbres, pero reconocida su legalidad por el derecho nacional.”[6] Lo anterior implica no solo la creación de una ley especifica


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que reconozca los derechos de los pueblos indígenas, como ya se ha mencionado, si no también que existan reformas en el marco jurídico en general, para eliminar obstáculos en cuanto al reconocimiento de las instituciones y autoridades propias de los pueblos indígenas. Reformas que se ubicarían en las garantías Constitucionales, como lo es la garantía de legalidad.

Derechos iguales para todos, privilegios especiales para ninguno

También implica reformas que incorporen en los procedimientos penales y civiles, la obligación de reconocer los usos y costumbres de los pueblos indígenas para aquellos juicios en que participen miembros de tal población, pues es importante mencionar que no todos los miembros de población indígena se someten al derecho indígena, gran parte de ellos busca resolver sus conflictos a través de los procedimiento penales y civiles del derecho positivo mexicano, por lo que se requiere la adecuación de dichos procedimientos, de forma tal que no se vulneren derechos humanos de los pueblos indígenas.

[1] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, última reforma en el Diario O fi c i a l d e l a F e d e r a c i ó n , d e l 11 d e j u n i o d e 2 0 1 3 , A r t . 2 , e n : http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf [2] Constitución Política del Estado de Chiapas, última reforma publicada en el Periodice Oficial 399, de 27 de junio de 2011, Art. 7, en: http://www.consejeriajuridica.chiapas.gob.mx/marcojuridico/pdf/cpech.pdf [3] Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, Art. 8 y 9. En: http://www.oit.org.pe/WDMS/bib/publ/libros/convenio_169_07.pdf [4] Ob. cit. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Art. 17 y 22. [5] Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por México el 03 de febrero de 1981, Art. 1. En: http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm [6] RUBIO Padilla, Martín Ángel, Revista del Instituto de la Judicatura Federal, Usos y Costumbres de la Comunidad Indígena a la luz del Derecho Positivo Mexicano, P. 178, en: http://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/24/r24_6.pdf

ANTE CUALQUIER VIOLACIÓN A TUS DERECHOS, COMUNICATE AL

01 800 55 2 82 42

Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del CEDH


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Inicia derechos humanos supervisión penitenciaria en el

CERSS No. 17 de Playas de Catazaja Conocer las diversas situaciones en que se encuentran los internos indígenas en las cárceles de Chiapas, es el objetivo de la supervisión penitenciaria que se realiza, comentó Pedro Raúl López Hernández, Consejero del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH). Explicó que esta supervisión penitenciaria, consta de una entrevista con los internos de origen indígena, en la cual se les cuestiona sobre el respeto a sus derechos humanos de parte del personal encargado de su custodia, además de las condiciones en que se encuentran en el penal.


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Inicia derechos humanos supervisión penitenciaria en el

CERSS No. 17 de Playas de Catazaja Continuación... López Hernández destacó que con esta supervisión se podrá tener un parámetro de las diversas condiciones en que se encuentran los penales respecto a la readaptación de internos indígenas, y con ello poder plantearlas a las instancias correspondientes. Dijo que se ha iniciado en el CERSS 17 de Playas de Catazaja, Chiapas, y que se realizara posteriormente en los demás penales de Chiapas, ya que las personas internas en los penales, tienen derechos que les proporciona la Constitución e instrumentos internacionales, y se tiene que velar por el pleno respeto de estos. Con fecha 6 de junio de 2013, el Consejo Estatal de los Derechos Humanos tomó conocimiento de la nota periodística titulada: “Fallecen dos

Indígenas tzotziles por linchamiento”, publicada en un diario de circulación nacional iniciándose la investigación correspondiente. Aunado a lo anterior, y derivado de nuevos datos que han surgido, la Comisión de Atención a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas del Consejo Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), solicitó de oficio la radicación del Expediente de Queja número CEDH/0935/2013, con motivo de la información que difundieron diversos medios de comunicación, donde refirieron la circulación de un material de video en el cual se observa el linchamiento de tres hombres que supuestamente fueron sorprendidos por indígenas tzotziles de San Juan Chamula, tirando el cadáver de una joven mujer en la comunidad de "Las Ollas", a la que


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se presume violaron. El CEDH al radicar el expediente de queja se allegará de toda la información que sea necesaria para desvirtuar o acreditar posibles violaciones a derechos humanos, que pudieran ser atribuibles a funcionarios públicos del ámbito estatal o municipal, asimismo se procurará el contacto con los familiares de las víctimas. Este organismo, se pronuncia respetuoso de los usos y costumbres de los pueblos indígenas en el Estado de Chiapas; sin embargo, rechaza todo acto de barbarie y que atente contra la vida humana. Por ello, hace un llamado a las autoridades encargadas de la seguridad y protección de las

personas, así como, de la procuración de justicia, a efectos de que este tipo de sucesos se sigan suscitando al margen de la ley y se tome justicia por propia mano, asimismo, investigue y se sancione a los responsables de este linchamiento, y de la presunta violación y muerte de la indígena Fidencia Sántiz López.


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JULIO 2013

Publicación Electrónica de la

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ANTE CUALQUIER VIOLACIÓN A TUS DERECHOS, COMUNICATE AL

01 800 55 2 82 42 www.cedh-chiapas.org

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