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SETIEMBRE 2009 Número 28

100% Financiada con publicidad

En esta revista:

Pág 4

Piriápolis 2009

Hasta siempre

Pág 23

Derecho al aire Pág 19

Pág 7

Reconstrucción total de Bedelía CED

Centro Estudiantes de Derecho

www.cedfeuu.com.uy


Facultad Mejora

Editorial Setiembre CED

Centro Estudiantes de Derecho

Etapa 1 de la transformación

Inauguramos nueva Bedelía

“Después de la noche la aurora, crece desde el pie” A. Zitarrosa

El tema de esta edición son las ETAPAS. La idea de “etapa” hace referencia a una situación delimitada por un comienzo y un final que cuenta con características que le son específicas. En el 2006, Facultad de Derecho vivió el fin de una etapa oscura, de decadencia y desorden y dio comienzo a una nueva: una Facultad que mejora, que crece y se fortalece como institución universitaria reformista. En el 2006 los estudiantes apoyamos con una amplia mayoría este proyecto de Facultad y desde esa fecha al día de hoy estamos trabajando y colaborando para mejorar nuestra casa de estudios. Como toda nueva etapa, ésta presentó para la Decana de Facultad Prof. Esc. Dora Bagdassarián y para el equipo de decanato, grandes desafíos de distintas características. Primero que nada hubo que ordenar la Facultad, ya que la nefasta administración del ex “decano” Abal (impuesto ilegítimamente) había dejado la Facultad en pésimas condiciones, tanto físicas como administrativas y de gestión. Fue imprescindible, en esta primera etapa, generar las condiciones materiales necesarias para avanzar en el proceso de mejora de Facultad de Derecho. Por esa razón se comenzó a ejecutar un plan de acción para el acondicionamiento del edificio de Facultad poniendo especial énfasis en las condiciones de cursado de los estudiantes y docentes. Son muchas los avances edilicios que se han logrado: techos, pisos, baños, galerías, entradas, señalización, sillas, cañones, audio, computadoras, etc. Otra de las grandes reformas que se está llevando adelante, que presentaremos en este número, es la reconstrucción total de bedelía. Ésta es una sección estratégica para los estudiantes y es una prioridad lograr la transformación total de su planta física y su funcionamiento. Obviamente, esta transformación no se podrá culminar de

un día para el otro, sino que llevará tiempo. Se comenzará por la planta física para luego avanzar hacia la computalización del servicio, ampliar los horarios de atención, facilitar trámites, etc. Pero el edificio no es el único objetivo de este proyecto. Se está trabajando en otras líneas fundamentales para consolidar una Facultad de nivel, moderna y alineada con los parámetros de la Universidad de hoy. Se está ejecutando un proyecto de “fortalecimiento de la carrera y estructura docente” de cara a promover a los docentes jóvenes, Grados 1 y 2 con 20 hs en efectividad brindando más tranquilidad y seguridad para poder exigir más y mejor enseñanza en las aulas. Hace unos meses Facultad de Derecho comenzó su proceso de transformación de planes de estudio a través del proyecto presentado por el CED de la transformación de la Tecnicatura de Relaciones Laborales en la primera carrera de nuestra Facultad que contará con un sistema absolutamente distinto y renovador de cursado que da mayor participación al estudiante atendiendo a sus posibilidades y gustos (especificidades) A su vez, el Centro Estudiantes de Derecho contribuye diariamente con estos cambios y avances haciendo propuestas, organizando actividades e invitando a participar y ser parte. La Facultad ha comenzado una etapa de transformaciones profundas. Muchos cambios son claros y visibles y se han podido apreciar en el corto plazo. Otros, requerirán más tiempo y esfuerzo, y como contrapartida, más paciencia y confianza por parte de todos. Lo que sí es claro, que día a día Facultad Mejora. Florencia Ualde Secretaria de Publicaciones

CED-ASCEEP-FEUU

La cantidad de mejoras edilicias que se han realizado en los últimos 3 años no tiene precedentes en nuestra Facultad. Salones, baños, galerías, entrepisos, carteleras y señalización, techos y mucho mas ha sido objeto de reforma y arreglos. Una de las obras más ansiadas es el cambio de uno de los sectores estratègicos : BEDELÍA

Próximamente: nueva planta física de Bedelía

Gran parte de nuestra vida universitaria gira en torno a bedelía y los trámites que en ella se realizan: inscripción a cursos, a exámenes, cambios, escolaridades, etc. Lamentablemente durante muchos años en nuestra Facultad la infraestructura edilicia fue dejada a un costado y bedelía no fue la excepción. La planta física de las secciones fue completamente descuidada,al punto que NO se contaba con los materiales necesarios para mejorar la gestión llegando al punto màs dramático cuando se cayó el techo del área de trabajo de los funcionarios. Esta grave situación fue denunciada varias veces durante las administraciones

anteriores sin que los reclamos tuvieran eco. A partir del 2006, con el decanato de la Prof. Esc. Dora Bagdassarián, tanto el Centro Estudiantes de Derecho como el equipo de decanato tomaron como prioridad la transformación total de bedelía apuntando a una mejor gestión que redunde en una atención de mayor calidad y claridad. Es por ello que hace unos meses se comenzó la ETAPA 1 de transformación de bedelía que consiste en el cambio total de la planta física y el reordenamiento de las secciones de atención. Completamente modernizada, la bedelía de Facultad de Derecho tendrá las condiciones para ser un lugar ameno

de trabajo y de atención a los estudiantes. Como todo proceso de transformación, éste llevará tiempo y se realizará por etapas. Buscando primero generar las condiciones físicas, luego se procederá a la computalización total de bedelía, ampliar los horarios de atención, simplificar trámites, dotar de más funcionarios el servicio haciendo énfasis en la atención al público. Próximamente se estrenará una NUEVA BEDELíA otra de las zOBRAS emprendidas para seguir MEJORANDO FACULTAD.

Transformación de bedelía

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Revista Excepción - Setiembre 2009


CED académico

Centro Estudiantes de Derecho

CED académico

Centro Estudiantes de Derecho

Segunda edición: Piriápolis 2009

Un encuentro diferente El 30,31 de octubre y 1º de noviembre se realizará la segunda edición del Encuentro de Piriápolis en el complejo turístico “Laderas del Cerro”, Piriápolis. Esta mega actividad es 100% organizada por estudiantes y ya cuenta con el apoyo de Facultad de Derecho y la Universidad de la República. Participá! El Encuentro de Piriápolis es una de las principales actividades organizadas por el Centro Estudiantes de Derecho. El mismo se caracteriza por ser un Encuentro académico de análisis y reflexión crítica sobre temas de actualidad y socialmente relevantes.

Nuevo, dinámico y fresco Es un encuentro nuevo, dinámico y fresco, de nuevos enfoques y nuevas modalidades de exposición, en el cual en todo momento hay hasta cuatro paneles de exposición en simultáneo. En el mismo se tratan temas y materias de todos los años de todas las carreras que se enseñan en Facultad. Es un Encuentro Internacional, del cual participan, estudiantes, docentes y egresados de distintos países. La propuesta responde a la necesidad de crear un ámbito nuevo y diferente de análisis y opinión respecto de las más importantes problemáticas de pertinencia social en el contexto actual y su inevitable ligazón con las diversas carreras de nuestra Facultad. Consideramos que esta es una oportunidad ineludible para impulsar una reflexión plural acerca del papel que hemos de cumplir los universitarios

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Viví la experiencia como agentes de transformación social dentro de una marcada vocación humanista, crítica y de Justicia Social.

Mantener el derecho vivc Esta iniciativa busca impulsar la comprensión, crítica y creación de las diversas disciplinas sociales y jurídicas, a partir de la práctica social, en la búsqueda permanente por el estudio del Derecho VIVO en constante desarrollo y superación. Una gran cantidad de temas y materias que incluyen todos los años de la carrera. Posibilidad de elegir entre diversos paneles que funcionan en simultáneo. El encuentro prevé una serie de temas específicos de las Carreras de Relaciones Internacionales y Relaciones Laborales, ya que es un ENCUENTRO DE DERECHO (Encuentro de todas las carreras que se dictan en nuestra Facultad) en el marco del análisis de temas actuales que generen discusiones sumamente interesantes y dinamicas. Participarán del Encuentro Estudiantes, Docentes y Egresados de toda la Región de manera de poder compartir reflexiones sobre problemas jurídicos y sociales en conjunto. Es una excelente oportunidad para conocerse e intercambiar experiencias.

Este Encuentro es un nuevo ámbito de aprendizaje y profundización sobre el Derecho en general y sus más importantes disciplinas. Desde el CED buscamos promover la discusión y reflexión de temas actuales que revistan gran importancia tanto para la comunidad académica como para la sociedad en general.

Talleres simultáneos

Espectáculos artísticos

Temas actuales

Integración Además de ser un ámbito académico de NIVEL SUPERIOR, el encuentro es una gran oportunidad para conocerse entre compañeros de una misma Casa de Estudios y también con estudiantes de otros países. Todos los días cuentan con espacios libres para pasear y divertirse. Además en cada una de las noches se realizan FIESTAS a las cuales asistimos TODOS LOS PARTICIPANTES.

Toques musicales y fiestas

Metodos nuevos de exposición

Viví la experiencia El Encuentro de Piriápolis es una actividad universitaria sin precedentes. El año pasado se realizó la primera experiencia y fue un éxito, participando más de 500 estudiantes asi como decenas de docentes y expositores reconocidos. Desde el Centro Estudiantes de Derecho te invitamos a participar de esta segunda edición. No te la pierdas.

Revista Excepción - Setiembre 2009

Piscina abierta y climatizada

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Integración / Todas las carreras

Paquete: Reservá tu lugar con $400 Oficina del CED Revista Excepción - Setiembre 2009


CED de trabajo

Centro Estudiantes de Derecho

CED de trabajo

Agenda de actividades 2009 Sigue el trabajo en el Centro Estudiantes de Derecho. Decenas de compañeros están trabajando en la organización y planificación de actividades. Acercate y Participá!

Visitá DIARIAMENTE nuestra página web: www.cedfeuu.com.uy

Proyecto Liceos 2009

Congreso Internacional

Campeonatos deportivos

El Núcleo de Derecho Civil (NDC)

Están abiertas las inscripciones

y el Centro Estudiantes de Dere-

para participar de este proyecto.

cho (CED) invitan a participar del

La idea consiste en invitar compa-

V Congreso Internacional de De-

ñeros de secundaria (6to Dere-

recho Privado que se realizará en

cho), del liceo al cual tu asististe, a visitar nuestra Facultad y recibir una charla informativa y poder sacarse todas las dudas e inquietudes naturales que todos tuvimos al ingresar a la Universidad de la Repúblñica. Este proyecto se dirige a liceos de to

TODO EL PAIS

públicos

como

tan-

privados.

Por más información e inscripciones, consultá en la Oficina del CED. Participá! a

y

futuros

dale

una

mano

compañeros!

Fútbol en el CED

la ciudad de Punta del Este, Maldonado, Uruguay el 16,17 y 18 de Octubre de 2009.

¿Quién ganará este año? Se están jugando los últimos partidos del

En esta oportunidad se disertará y se intercambiará opiniones respecto a las “Nuevas vertientes del Dere-

Campeonato Fútbol 11 del CED y cho Privado Contemporáneo”. aun no se sabe quién será el cam- El Martes 8 de setiembre a las peón. Los “Tiki taka”, campeones

2008, defienden el título pero hay otros cuadros con chance.

19:00 hs los invitamos a participar de La Jornada Académica Preparatoria del Congreso en la Sala

Estas actividades deportivas buscan Pablo de María (Salón 26). generar integración entre los es- Por más información e inscripciotudiantes de Facultad de Derecho,

de TODAS LAS CARRERAS! Por

nes: Oficina gremial del CED.

ello queremos felicitar al cuadro “Los blog: www.losmantecas.es.tl y promover la integración y participación de los estudiantes de Derecho. La revancha se viene con el Cam-

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peonato Fútbol 5 que se realizará en este segundo semestre.

Congresos Académicos

Escuchá “Derecho al aire” El CED ha comenzado un ciclo de programas radiales llamado “Derecho al aire” en conjunto con la radio comunitaria de La Teja “El Puente FM 103.3”. A través del programa se busca “acercar” el derecho a todos e informar sobre trámites, promoción de derechos, etc. Escuchanos todos los domingos a las 16:00 hs a través de la web del CED: www.cedfeuu.com.uy. A tràves de este proyecto, estudiantes y egresados de Facultad de Derecho junto con invitados destacados de la Universidad, brindan informaciòn a los vecinos respecto a los pasos a seguir para la realización de los trámites más comunes (pensiones, tenencias, BPS, contratos de alquiler, de compra venta, etc.), los lugares a los cuales recurrir para solicitar asesoramiento jurìdico y notarial y se explicaran los significados de la terminología jurìdica utilizada cotidianamente en los distintos medios de prensa. La idea es domingo a domingo informar y discutir sobre una temática jurídica en particular de forma “sencilla” pero sin perder el rigor científico.

La Teja es uno de los barrios en el que el CED trabaja en conjunto con varias organizaciones sociales tratando de buscar soluciones a circunstancias ad-

versas como puede ser el conocimiento

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Centro Estudiantes de Derecho

CED en los barrios

Esta actividad forma parte de la contribución de nuestro gremio al estudio de los problemas de interés general propendiendo a su compresión pública.

Mantecas F.C” por haber creado un

Actividades de integración

CED en los barrios

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Todos los domingos decenas de compañeros participan en la radio

y efectivo goce de derechos y acceso a la justicia. La radio “El Puente FM” es una radio comunitaria con una gran trayectoria en

Más actividades de Extensión

La Teja y es muy escuchada por barrios cercanos también. Con su apoyo logramos transmitir “Derecho al aire” todos los domingos a las 16:00 hs. Esta iniciativa se suma al esfuerzo que semana a semana hacen más de 150 estudiantes que junto con profesiona-

Barriadas

les atienden 8000 consultas al año de forma gratuita en los CONSULTORIOS JURÍDICOS BARRIALES GRATUITOS del CED. Esta iniciativa cuenta con el aval de la Universidad de la República y Facultad de Derecho asì como con el apoyo de la Comisión Sectorial de Extensión Universitaria y Actividades en el Me-

Consultorios jurídicos

dio (CSEAM). Les agradecemos a todos los compañeros que participan de esta actividad e invitamos a todos a seguir participando y colaborando con la difusión y producción del programa.

Jornada Día del Niño

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El CED te representa

Centro Estudiantes de Derecho

El CED te representa

Más derechos estudiantiles Durante el decanato de la Prof. Esc. Dora Bagdassarián el Centro Estudiantes de Derecho ha logrado reivindicar muchos derechos estudiantiles que nos habían sido arrebatados en las administraciones anteriores. Esto fue posible gracias a un decanato que escucha y colabora con el orden estudiantil.

Semana a semana el CED hace planteos en el Consejo

Uno de principales aspectos en los que ha trabajado el decanato actual de Facultad de Derecho ha sido el de los derechos estudiantiles. Estos derechos son fundamentales para nosotros, los estudiantes, ya que hacen a nuestra vida universitaria y a la forma en que transcurrimos durante el cursado de nuestra carrera. En las administraciones anteriores de Facultad, los derechos estudiantiles no fueron cuidados ni considerados

fueron eliminados y prácticamente no se escuchaban las reclamaciones o propuestas del orden estudiantil. A partir del 2006 los estudiantes elegimos con una gran mayoría un nuevo equipo de decanato y a partir de esa fecha comenzó una nueva etapa en Facultad de Derecho. Se han recuperado muchos derechos perdidos y se han creado nuevos los que han permitido cursar y participar de la Facultad más cómodamente.

dremos cambiarnos de curso librecontrolado por internet las veces que entendamos necesario; de esta forma evitamos los inconvenientes que implica realizar el trámite por bedelía. Asimismo, logramos tener el calendario anual de exámenes desde el comienzo del año y la publicación de hora y salón de examen con 48 hs de anticipación. Estos son tan solo algunos ejemplos de que demuestran una vez más que Facul-

sino todo lo contrario, muchos de ellos

A partir de este segundo semestre, po-

tad de Derecho mejora.

El miércoles 13 de Mayo

se eligen las autoridades del Centro, es

se llevaron a cabo las

decir, aquellos compañeros que lleva-

del CED con 7 secretarías a su cargo.

elecciones gremiales del

rán adelante las tareas del CED y nos

Centro

representarán.

Resultado de elecciones del CED Estudiantes

Derecho.

Las elecciones se desarrollaron con nor-

Estas son elecciones que,

malidazd y votaron más de 1.500 estu-

según el estatuto del

diantes a pesar de las lluvias torrencia-

CED, deben realizar-

les y el frío.

se todos los años y

Tal como se muestra en la gráfica FRE-

en

9

de

las

ZELMI (Lista 88) obtuvo más del 68%

cuales

de los votos manteniendo la dirección

La segunda lista que obtuvo representación fue la 11 (CGU) que obtuvo el 20% de los votos manteniendo 2 secretarías. Una amplia mayoría apoyó y ratificó la línea de trabajo del CED; participando de estas elecciones gremiales se sigue consolidando un centro de estudiantes fuerte y representativo.

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CED universitario

Centro Estudiantes de Derecho

CED Universitario

Licenciatura de Relaciones Laborales El desarrollo que ha tenido esta disciplina, la necesidad de consolidar y promover el avance de esta rama del estudio de los fenómenos laborales, de fomentar la investigación científica y generar nueva masa crítica hizo que el CED presente un proyecto de cambio de plan de estudios que proyecta la carrera hasta alcanzar el grado de licenciatura El 30 de Julio de 2009 el Máximo órgano de la Universidad (CDC) aprobó el proyecto de Facultad de convertir en Licenciatura la carrera de Relaciones Laborales.

Antecedentes Hace pocos años (1995) surgió en Facultad de Derecho la carrera de Relaciones Laborales. El título que se ha otorgado ha sido el de Técnico Asesor en Relaciones Laborales, la carrera se ha dictado de forma presencial en Facultad así como se han realizado experiencias de educación a distancia y semi presencial en varios departamentos. Si bien hacía años que se planteaba realizar un cambio en la tecnicatura fue recién en el actual Decanato, encabezado por la Decana, Esc. Dora Bagdassarián, y a propuesta del CED que se llevó adelante.

El CED presentó el proyecto El CED elaboró un Documento que presentó ante la Comisión de Planes y

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CED universitario De esta manera, al ir avanzando en la currícula se alcanza un nivel de especialización más alto teniéndose en cuenta, para esta división en ciclos, criterios epistemológicos que implican objetivos específicos para cada uno de ellos

El nuevo perfil de egreso

Consejo Directivo Central: órgano máximo de la Universidad Programas del Claustro de Facultad para convertir la tecnicatura en Licenciatura. Ese Documento de trabajo, una vez analizado por la comisión, fue elevado al PLENARIO del Claustro* de Facultad en donde fue aprobado por unanimidad. El documento presentado por el CED siguió su camino y fue aprobado por el consejo de Facultad de Derecho** donde también contó con el apoyo de la unanimidad de sus integrantes. Así finalizaba la primera etapa (interna de Facultad de Derecho) y comenzaba el análisis por parte de las autoridades universitarias. El proyecto del NUEVO plan de estudios fue analizado por la Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE) y luego de consultar a Facultad sobre diversos aspectos del proyecto, recomendó al máximo órgano de la Universidad (CDC***) su aprobación.

Etapa final para el comienzo de la Licenciatura Ahora comienza una nueva etapa interna. Luego de completada la misma, empezaran las tratativas de cara a conseguir la financiación de la Licenciatura y la realización de los llamados a ocupar los cargos docentes entre otras tareas necesarias para poner en funcionamiento la licenciatura.

Al finalizar la Licenciatura el graduado podrá encarar el estudio de las Relaciones Laborales desde un punto de vista interdisciplinario y crítico con capacidad de razonar, argumentar y tomar decisiones comprendiendo la complejidad de los fenómenos que abarcan las relaciones laborales y fomentar el trabajo académico en la disciplina. Comprender adecuadamente los fenómenos económicos, jurídicos, políticos, psicológicos, sociales, etc. que conforman las relaciones laborales. Poder analizar dichos fenómenos desde un punto de vista crítico de la realidad. Tomar decisiones y resolver situaciones problemáticas durante la interacción de los participantes en la relación laboral. Adquirir la capacidad para mediar y negociar entre los actores intervinientes en las relaciones individuales y colectivas del trabajo y de prevenir conflictos de trabajo. Intervenir en los procesos de selección y capacitación

Centro Estudiantes de Derecho de personal de organismos públicos y privados. Conocer las regulaciones jurídicas de los fenómenos laborales.

Profundización de los conocimientos y formación de un SER UNIVERSITARIO

Es claro que el crecimiento cuantitativo de la carrera demuestra el creciente interés en el vertiginoso avance producido en el área de conocimiento

Y todo esto con una gran flexibilidad donde el estudiantes goce de mayor libertad en la construcción de su carrera y en el debate de ideas.

Facultad Mejora, Relaciones Laborales mejora y viceversa

Permitirá al mismo alcanzar un gran objetivo: como lo es formar un SER UNIVERSITARIO que implica ser esencialmente crítico y tener una visión y una acción comprometida con la sociedad en que estamos insertos a través de la integración de la ENSEÑANZA, la INVESTIGACIÓN y la EXTENSION así como las tareas de asistencia y cooperación con el medio.

El Jueves 20 de Agosto el Consejo de Facultad de Derecho tomó formal conocimiento de la aprobación del Plan de Estudios de la Licenciatura en Relaciones Laborales.

La licenciatura está estructurada en tres ciclos: un primer ciclo de Formación Básica, el segundo de Estudios Orientados y un ciclo Profesional.

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El grado de Licenciatura permite a los egresados la realización de posgrados dentro y fuera del país y la curricula de la carrera sea reconocida y valorada en universidades del exterior.

La Facultad de Derecho comienza así a TRANSFORMAR sus carreras en el marco de un Decanato con un proyecto Reformista apoyado por la mayoría del demos universitario, se auguran nuevos horizontes para la TODA la Facultad. De parte del CED tenemos el honor de contribuir diariamente a la realización de los cambios que el país necesita y para ello es que día a día invitamos a participar en el marco del CED. Esa es la forma que este proyecto se siga desarrollando. Notas al pie:

Para quienes estén cursando la tecnicatura, se prevé el cambio de plan de estudios y comenzar a cursar la licenciatura revalidando lo aprobado en el marco de la tecnicatura. Quienes ya posean el título de Técnicos Asesores en RRLL podrán realizar la licenciatura revalidando los conocimientos ya adquiridos.

Esta Licenciatura se realizara en la casa mayor de estudios del país (UdelaR) lo que le brinda reconocimiento nacional, regional y mundial abriendo infinitas posibilidades de intercambios entre estudiantes, docentes y graduados, así como la realización de convenios institucionales para llevar adelante tareas de cooperación internacional.

Además el graduado podrá fomentar el desarrollo académico en investigación científica, extensión universitaria y docencia. Intervenir, evaluar, planificar y dirigir en las áreas de personal de empresas públicas y privadas. Desarrollar políticas de empleo, líneas de investigación en el ámbito de las Relaciones Laborales.

Una vez finalizados todos estos pasos, comenzará a dictarse la Licenciatura**** para todos aquellos estudiantes que ingresen bajo este nuevo plan.

Finalmente el PROYECTO fue APROBADO por la unanimidad del CDC (resolución adoptada el día 30 de Julio de 2009).

Mayor prestigio

* Integrado por 35 miembros. 15 Docentes, 10 Estudiantes y 10 Egresados ** Integrado por 12 miembros. la Decana, 5 Docentes, 3 Estudiantes y 3 Egresados *** Integrado por el Rector, los Decanos, 3 Estudiantes, 3 Egresados y 3 Docentes

Hace tiempo que la Comisión de la Carrera de Relaciones Laborales y el CED trabajan mancomunadamente en la organización de actividades y discusión de temas académicos.

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**** Aún no hay una fecha (año) de comienzo del dictado de la Licenciatura, mientras esta no comience se seguirá dictando la tecnicatura.

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CED Jurídico

Centro Estudiantes de Derecho

CED jurídico

Negociación Colectiva En esta oportunidad les presentamos el artículo: “Principios, estructura y prevención de conflictos: un tríptico para la negociación colectiva en el sector público: breves consideraciones sobre la ley núm. 18.508” escrito por el Prof. Hugo Barreto Ghione al cual le agradecemos la participación y el apoyo. I. Antecedentes inmediatos: la conzvocatoria a la negociación y la adopción del Acuerdo Marco 1. El gobierno asumido en marzo de 2005, en decisión inédita para la historia de las relaciones laborales, convocó a la negociación colectiva en el sector público mediante decreto núm. 105/05. Dice en sus considerandos que “En la particular etapa del país que se inicia, es el firme propósito de este gobierno que asume, fomentar y promover en toda su extensión la participación y negociación colectiva para unas relaciones sanas y equilibradas entre el Estado y sus funcionarios. Sumado a su decisión de respetar y aplicar los instrumentos internacionales a los cuales el País se encuentra adherido, en particular, la Declaración de Principios y Derechos fundamentales de la 12

Organización Internacional del Trabajo de 1998 y el Convenio No.151 relativo a las relaciones de trabajo en la administración pública (1978)” Consecuente con ello, se convoca “a las organizaciones representativas de los funcionarios públicos a una mesa de negociación bipartita, que se instalará a partir del día 16 de marzo de 2005, con la finalidad de: a) Debatir sobre la instrumentación de una regulación marco que posibilite la negociación colectiva en la esfera estatal. b) Negociar salarios y condiciones relacionadas con la prestación de funciones en el ámbito de la Administración Pública” 2. El decreto núm. 113/05, de fecha 15 de marzo de 2005, dispone que se constituirán tres mesas de negociación, compuestas por: a) Poder Ejecutivo e Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay; b) Instituto Nacional de Colonización, Administración de Ferrocarriles del Estado, Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Pórtland, Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas, Primeras Líneas Uruguayas de Navegación Aérea, Administración de Obras Sanitarias del Estado, Administración Nacional de Puertos, Administración Na-

cional de Telecomunicaciones y Administración Nacional de Correos y c) Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral, Tribunal de Cuentas y Entes Autónomos de Enseñanza Pública. 3. Como culminación de esta primera etapa, se celebra el acuerdo marco de 22 de julio de 2005, también absolutamente inédito en la historia de las relaciones laborales en el sector público. En sus aspectos principales, crea el Consejo Superior de la Negociación Colectiva en el Sector Público y fija una serie de temas que serán objeto de negociación. Sobre la creación del Consejo Superior señala el Acuerdo: “Las partes acuerdan formalizar el ámbito de negociación general de las relaciones laborales con los funcionarios del Estado, creando el Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público integrado por dos miembros de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, dos miembros de la Oficina Nacional del Servicio Civil, un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social actuando en carácter de coordinador y moderador, y cinco representantes de las organizaciones sindicales representativas de funcionarios del Sector Público ( PIT-CNT) quienes podrán ser asistidos por asesores técnicos. El referido órgano

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CED Jurídico actuará por consenso, funcionará a pedido de cualquiera de las partes y tendrá por cometido estudiar y acordar objetivos comunes y alcanzar acuerdos sobre aspectos generales de la función pública” 4. Entre los temas que serán objeto de negociación en el Consejo Superior de la Negociación Colectiva del Sector Público figuran: • La instrumentación de una regulación marco de la negociación colectiva en la esfera estatal y su implementación; • Coordinación en distintos niveles de negociación colectiva, en lo que respecta a negociación propiamente dicha, la articulación de las normas que de los distintos niveles resulten así como la consideración de los conflictos que dichas normas provocaren. • Fuero Sindical y Libertad Sindical; • Seguimiento de la negociación colectiva en los distintos niveles, • Condiciones de Trabajo, Salud e Higiene laboral; • Diseño y planificación de la capacitación y formación profesional de los empleados de la función pública; • La estructura de la Carrera Funcional; • El Sistema de Retribuciones en sus diversas formas (desempeño, logro de metas, etc.); • Formas de Contratación. • Reforma de la gestión del Estado. Criterios de eficiencia, eficacia y calidad, profesio13

Centro Estudiantes de Derecho

nalización.

II. El marco jurídico internacional preexistente 5. En nuestro país estaban sobradamente dadas las condiciones para aprobar un proyecto como el que estamos presentando, en tanto una tradición secular – una especie de lo que ahora se llama política de Estado – hizo que los diversos gobiernos que se sucedieron en el siglo pasado (excepción hecha del período de dictadura 1973 – 1984) tuvieran como práctica ratificar los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. En concreto, los Convenios Internacionales núm. 151 sobre relaciones de trabajo en la administración pública y 154 sobre la negociación colectiva, marcaban la pauta fundamental para dar sustento a un sistema de relaciones colectivas de trabajo en la Administración Pública. 6. Sin embargo, faltaba una norma que estructurara la negociación colectiva en el sector público, fijara los principios generales, estableciera los diversos niveles de negociación y despejara ciertas dudas acerca del alcance del derecho y de la práctica de la negociación colectiva en el ámbito público. El derecho a la negociación colectiva estaba reconocido pero era necesario abandonar toda reticencia y no obstaculizar su efectividad.

En los primeros años de la década de los noventa se dio curso a la negociación en los entes autónomos, pero antes y después de ello la Administración Central cerró a cal y canto toda posibilidad. Tampoco hubo negociación en otros organismos que forman parte del Estado como sujeto mayor, ni en algunos gobiernos departamentales. 7. Hay en esta resistencia secular a la negociación colectiva en ámbitos como la Administración Central y otros organismos, una razón histórica sobre la que vale la pena reflexionar. Mirar de nuevo esa historia no es un ejercicio nostálgico ni diletante, sino que nos permitirá advertir en toda su magnitud el cambio histórico que la presente norma significa. Ha de recordarse, al respecto, que si bien el trabajo prestado en la función pública estuvo originariamente marginado de las normas que regulaban el trabajo subordinado en general, paulatinamente se fue expandiendo el derecho del trabajo a la universalidad de los diversos trabajos prestados en forma dependiente. Entre las categorías de trabajadores que desempeñaban una tarea de manera subordinada, los funcionarios públicos constituían un colectivo inocultable, pero en principio se consideró que estaban regidos por un estatuto propio, y que las normas y los principios del derecho del trabajo no le eran aplicables. No obstante, la evolución del derecho y de las relacio-

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CED Jurídico

Centro Estudiantes de Derecho

nes de trabajo confluyeron para terminar aceptando que el derecho del trabajo, merced a la tendencia “expansiva” que observó la doctrina clásica laboralista, iba a terminar abarcando a todos quienes se desempeñaran bajo régimen de subordinación, cualquiera sea la naturaleza del empleador (público o privado). Se entendió que el trabajador público necesitaba tanta protección como el trabajador del sector privado, en tanto se reproducía la estructura asimétrica entre trabajador/empleador en lo referente al poder que despliegan en el curso de la relación funcional. 8. En nuestro país se generó una evolución muy interesante de “laboralización” de la función pública, esto es, se comenzaron a aplicar los principios del derecho del trabajo en casos de reclamos judiciales de los funcionarios públicos, e inclusive los jueces laborales comenzaron a declararse competentes en juicios laborales contra la Administración. En definitiva, las mismas razones que dieron origen al derecho del trabajo (necesidad de tutelar al sujeto más débil de la relación laboral) militaron para incluir a la categoría de los funcionarios públicos, en un proceso que también integró otras categorías como los trabajadores rurales, del servicio doméstico, etc, y que en forma reciente completaron el elenco de sus derechos fundamentales (véase las normas sobre limitación de la jornada de trabajo de trabajadores 14

rurales y domésticos). Sobre esta lenta pero persistente evolución en el reconocimiento de los derechos laborales de los funcionarios públicos incidieron otros factores que han sido señalados por los estudios laborales. Racciatti sostuvo por ejemplo que el Estado durante el transcurso del siglo XX había ampliado notablemente sus funciones, alcanzando el dominio industrial, comercial, científico, etc, y representaba por ello un importante empleador en relaciones que poco se distinguían de las privadas; se indicó asimismo que la Organización Internacional del Trabajo en general no diferenciaba entre trabajadores públicos y privados, y por tanto sus normas se imponían a toda relación laboral existente; y por último, ha de subrayarse que las constituciones fueron incorporando los derechos sociales laborales sin distinguir tampoco entre públicos y privados (es muy claro al respecto el art. 57 de nuestra Constitución, que ordena al legislador promover la actividad sindical sin distinciones de ningún tipo). 9. Si bien no puede dejar de advertirse ciertas diferencias en el régimen de trabajo entre los trabajadores públicos y del ámbito privado, en lo referente, por ejemplo, a las condiciones que rigen las relaciones individuales de trabajo, justamente el mayor grado de proximidad entre las normas aplicables a públicos y privados se produce en el de-

recho colectivo del trabajo (derecho a la sindicalización, a la huelga y a la negociación). Como quedó dicho, cuando las normas internacionales (y nuestro art. 57 Constitucional) regulan la sindicalización, no distinguen mayormente entre trabajadores del sector privado y funcionarios públicos: ambos son alcanzados por las normas que reconocen esos derechos fundamentales. Ha de anotarse, sin embargo, que del conjunto de derechos colectivos, justamente el de la negociación colectiva ha sido el más dificultosamente recepcionado por los ordenamientos jurídicos, según ha destacado Ermida Uriarte. Ha de tenerse presente que las concepciones más modernas y avanzadas del derecho lo conciben como una estructura que tiene su principal vértice en los derechos fundamentales de la persona humana, que comportan un cuerpo que dota de validez sustantiva al resto del ordenamiento jurídico. Un rápido repaso de las principales normas internacionales sobre derechos humanos laborales permite apreciar que efectivamente no distinguen entre trabajadores públicos y privados cuando se reconoce el derecho a la negociación colectiva: a) el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ONU, 1966), aprobado en nuestro país por ley núm. 13.751 de fecha 11.07.69,

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CED Jurídico prescribe una protección al derecho sindical de los trabajadores bien amplia, no distinguiendo entre públicos y privados, y las limitaciones que establece a texto expreso solo pueden darse en funcionarios de las fuerzas armadas y la policía, una referencia por otra parte muy reiterada en todos los tratados internacionales. b) el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”, ratificado por nuestro país por ley núm. 16.519 de fecha 22.07.94, reconoce en su art. 8º los derechos sindicales, entre los que figura el libre funcionamiento de los mismos, lo que incluye sin dudas a la negociación colectiva como una de las principales funciones de los sindicatos, en tanto se trata de la fijación de condiciones de trabajo. La única limitación concebida tiene que ver con restricciones impuestas por la ley para miembros de las fuerzas armadas y la policía. Es claro que si la única restricción es esa limitación, eso equivale a decir que todo el resto de los trabajadores públicos tienen el derecho a la negociación colectiva sin restricción alguna. c) la Declaración Sociolaboral de MERCOSUR por su parte tampoco distingue, disponiendo en su art. 10: “Los empleadores o sus organizaciones y las organizaciones o representaciones de trabajadores tienen derecho de negociar y celebrar 15

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convenios y acuerdos colectivos para regular las condiciones de trabajo, en conformidad con las legislaciones y prácticas nacionales”. d) en el ámbito de la OIT, el Convenio Internacional núm. 98 sobre protección de la sindicalización y negociación colectiva, prescribe en su art. 4º que “Deberán adoptarse medidas adecuadas a las condiciones nacionales, cuando ello sea necesario, para estimular y fomentar entre los empleadores y las organizaciones de empleadores, por una parte, y las organizaciones de trabajadores, por otra, el pleno desarrollo y uso de procedimientos de negociación voluntaria, con objeto de reglamentar, por medio de contratos colectivos, las condiciones de empleo” A su vez, el art. 5º agrega que “1. La legislación nacional deberá determinar el alcance de las garantías previstas en el presente Convenio en lo que se refiere a su aplicación a las fuerzas armadas y a la policía”. Más específicamente, el Convenio Internacional num. 151, sobre relaciones de trabajo en la administración pública (1978) reconoce el derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos en el art. 7º: “Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas competentes y las organizaciones de empleados públicos acerca de

las condiciones de empleo, o de cualesquiera otros métodos que permitan a los representantes de los empleados públicos participar en la determinación de dichas condiciones”. El Convenio Nº 154 sobre la negociación colectiva (1981) establece que “El presente Convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica”, con lo cual se incluye a los funcionarios públicos, y todavía para mayor contundencia, el art. 1.2 dice que “La legislación o la práctica nacionales podrán determinar hasta qué punto las garantías previstas en el presente Convenio son aplicables a las fuerzas armadas y a la policía”. Y el art. 1.3 agrega: “En lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación de este Convenio”. e) por último, la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 reconoce el derecho a la libre asociación y libertad sindical y la negociación colectiva con absoluta independencia de la naturaleza privada o pública del empleador. En el nivel constitucional, ha de tenerse presente el art. 57, y el Texto ordenado de las normas legales y reglamentarias en materia de funcionarios públicos (dec. 200/97), reconoce el derecho de sindicalización y de asociación. 10. Por último, y no menos importante, nuestro país ha sido

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reiteradamente observado por los órganos de control de la OIT por no cumplir con la obligación de contar con mecanismos de negociación colectiva en el sector público. En la exposición de motivos del proyecto se recuerda que el Comité de Libertad Sindical de la OIT ha dicho que “el Comité recuerda que el Convenio núm. 154 sobre negociación colectiva, ratificado por Uruguay en 1989, dispone en su art. 1 que “se aplica a todas las ramas de actividad económica” y que “en lo que se refiere a la administración pública, la legislación o la práctica nacionales podrán fijar modalidades particulares de aplicación”. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome las medidas necesarias para garantizar la plena aplicación del Convenio núm. 154 y promover la negociación colectiva también en la administración central pública a través de mecanismos adecuados, en consulta con las organizaciones sindicales interesadas”

III. Los avatares de la discusión parlamentaria: la dificultad para reconocer la plenitud del derecho a la negociación colectiva en el sector público. 11. Pese a la claridad y cantidad de referencias al derecho a la negociación colectiva de los funcionarios públicos, con las únicas (posibles) restricciones de las fuerzas armadas y la policía, en la discusión de la Cámara de Senadores se plan16

tearon algunos reparos en lo concerniente a los Gobiernos Departamentales, en tanto el artículo 8º y fundamentalmente, el artículo 14º del proyecto, afectarían la autonomía de estos organismos en tanto se dispone el derecho de la negociación colectiva de los funcionarios, y se determina la conformación de mesas de negociación. Como forma de sortear la dificultad, el Senado aprobó eliminar la referencia de los arts. 8º y 14º a los Gobiernos Departamentales y derivar el asunto a un último artículo, que llevaba el número 16º. La propuesta del Senado, además de presentar dificultades interpretativas, en el fondo comportaba una rémora histórica de tipo restrictivo, que debía removerse para adaptar nuestro ordenamiento inferior a la normativa internacional sobre derechos humanos. Finalmente, la Cámara de Diputados no receptó la modificación impetrada en el Senado y se terminó aprobando el proyecto original.

IV. Estructura general de la negociación colectiva en la ley vigente IV.1. El tríptico Principios/Niveles de negociación/Prevención de conflictos 12. La norma aprobada lleva el número 18.508 y fue promulgada el 26 de junio de 2009 y publicada en el Diario Oficial el 16 de julio de ese año. Esta compuesta por tres partes bien

diferenciadas: un capítulo de Principios Generales, que fijan el marco general del sistema de negociación, una segunda parte en que se establecen los niveles de negociación y su integración, y por último, previsiones sobre prevención de conflictos. 13. En relación a los Principios, los arts. 1º a 8º incluye como tales a la participación, consulta y colaboración; el derecho a la negociación colectiva; la obligación de negociar; la obligación de negociar de buena fe; el derecho de información y derecho a la formación para la negociación. La enumeración resulta ilustrativa de la amplitud conceptual y las facilidades que se adoptan para la construcción de un “sistema” de negociación colectiva, que cuenta ahora con un entramado de derechos que dan un marco normativo sustantivo y de gran “linaje” jurídico (las normas tienen su referencia en los Convenios y Recomendaciones de la OIT, de las que son en algunos casos casi reproducciones). Como en otros aspectos de la ley, se ha observado un paralelismo con el sistema que se impulsa en la normativa sobre negociación en el ámbito privado (a la fecha de escritura de esta contribución, se trata de un proyecto de ley que tiene ya sanción en la Cámara de Diputados). El tríptico Principios/niveles de negociación/prevención de conflictos se emplea en ambas iniciativas, y en lo referente al sesgo dado al capitulo de principios, ha de decirse que

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CED Jurídico se trata de un orden de derechos aplicables y ejecutables en sí mismos, pero que además presentan una propiedad metanormativa, en tanto se constituyen en marcos de referencia para la interpretación de las normas y orientan las prácticas futuras a desarrollar. Por otra parte, el art. 1º en una audaz – y compartible – técnica, extiende el marco de los derechos no solo a los incluidos expresamente en la ley, sino también a los “derechos fundamentales internacionalmente reconocidos”, recurriendo a los mecanismos de los arts. 57º, 65º, 72º y 332º de la Constitución de la República. En algunos casos, se explicitan derechos indiscutidos en nuestras prácticas laborales como la participación, que en consonancia con la Recomendación núm. 113 de la OIT se lo enmarca en la colaboración y consulta; en otros casos, como el derecho a la formación para la negociación, constituye un costado muy relevante para “tecnificar” la negociación y dotar al sistema de interlocutores idóneos en la práctica negociadora y en los contenidos a debatir. El derecho a la participación, consulta y colaboración se lo vincula a la información que deberá proporcionar el organismo público sujeto de negociación y a la real voluntad de alcanzar acuerdos, en tanto se establece el “nivel adecuado de representación” de los interlocutores. Dice al respecto el art. 2º que “La participación y 17

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la consulta son el intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo sobre asuntos respecto de los cuales se ha proporcionado previamente información suficiente, a un nivel adecuado de representación de las partes que permita obtener respuestas suficientes sobre las posiciones adoptadas e incluso alcanzar acuerdos previos a posibles decisiones unilaterales”. El art. 3º reconoce el derecho a la negociación colectiva, y en una técnica legislativa deficitaria, el art. 4º efectúa una enumeración de los contenidos o materias de la negociación, que si bien es compartible, en definitiva se corre el riesgo que se entienda como taxativa, por lo cual puede terminar siendo excluyente. El art. 5º prescribe la obligación de negociar de buena fe y establece asimismo otra enumeración, esta vez de los derechos y obligaciones que se conciben como componentes de la buena fe negocial. Reitera la importancia de designar negociadores con representatividad suficiente y el intercambio de información suficiente (que vuelve a retomar en una disposición independiente, el art. 6º); la presencia repetida de estos elementos en el texto legal señalan, más que una debilidad sintáctica, una preocupación del legislador por obtener la máxima efectividad de la norma, atento a la inexistencia de espacios de negociación colectiva en sectores tan importantes como la Administración Central. 14. Sobre los niveles de negociación, se reconocen tres que siguen la secuencia similar a la

negociación colectiva del sector privado, a saber, a) un nivel de “cúpula”; b) uno sectorial o de rama; y finalmente c) una negociación por inciso u organismo. El Ministerio de Trabajo coordinará, facilitará y promoverá las relaciones laborales en el sector público y cumplirá funciones de mediación y conciliación, pese a que de acuerdo a la integración de las representaciones de los negociadores, se ubicará nítidamente en la delegación del empleador público (ver arts. 11º, 12º y 13º; el Ministerio de Trabajo es parte de los ocho representantes del sector empleador publico y por tanto se diluye su papel de mediador), en tanto las unidades de negociación tendrán composición bipartita y paritaria. 15. Para la negociación en otros organismos del Estado como el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, el Tribunal de Cuentas, los entes autónomos de la Enseñanza Pública, y los Gobiernos Departamentales (Intendencias Municipales, Juntas Departamentales y Juntas Locales Autónomas Electivas), “se constituirán mesas de negociación, atendiendo a las particularidades reconocidas por la Constitución de la República”. Se trata de algunos de los organismos que más obstinadamente se han resistido a verse contemplados en la ley de negociación colectiva, y que han

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mantenido históricamente una posición restrictiva. El artículo generó, según ya se indicó, algunas dudas en referencia a su constitucionalidad, pero en su descargo ha de hacerse notar que al momento de la votación no se exigieron ni se reclamaron las mayorías especiales que requiere el texto constitucional, por lo cual ha de entenderse que el legislador superó sus prejuicios y consideró constitucional la norma. 16. El art. 15º establece un mecanismo muy general de prevención de conflictos, en que se reconoce la articulación de la negociación y la existencia de niveles, en tanto el conflicto podrá dirimirse en el mismo organismo o inciso en que se haya originado o en la “instancia superior”, sin perjuicio de la competencia del Ministerio de Trabajo. IV.2 Consideraciones finales 17. La norma instaura un sistema de negociación colectiva en el sector público, que en el pasado reciente había mostrado grandes limitaciones para el reconocimiento efectivo al derecho: la Administración Central y muchos de los organismos que señala el art. 14º de la ley vigente se encontraban al margen de todo proceso negociador, no habiendo ingresado a la dinámica que tenía el sector autónomo y descentralizado desde los años noventa. 18

18. La ambivalencia denotada en ciertas intervenciones parlamentarias en torno a la constitucionalidad de la norma demuestran, antes que nada, los obstáculos y el prejuicio que debe vencer toda admisibilidad de los derechos laborales colectivos en el ámbito público. No es posible concebir limitaciones a los derechos humanos fundamentales bajo nimias apelaciones a la autonomía departamental. Nuestro país está obligado internacionalmente a reconocer el derecho a la negociación colectiva a través de convenios internacionales que ha ratificado, como los convenios 151 (relaciones laborales en el sector público) y 154 (sobre negociación colectiva en general). Por otra parte, la libertad sindical y la negociación colectiva son derechos fundamentales de las personas, aspecto recogido en la Declaración de Principios y Derechos fundamentales en el Trabajo de la OIT de 1998 y en otras normas de Tratados sobre Derechos Fundamentales, que integran el jus cogens internacional. Por mantener esa obstinada

posición restrictiva, nuestro país había sido reiteradamente observado por los organismos de control de la OIT por no cumplir con las normas que establecen procedimientos para la negociación, la participación y la consulta en el sector público (en 1999 fue observado por la Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y Recomendaciones, y en 2004 por el Comité de Libertad Sindical). 19. La práctica que genere esta norma dirá mucho sobre si ha sido suficiente como para quebrar concepciones muy arraigadas y autoritarias en el ámbito público. 20. La probable aprobación del proyecto de negociación colectiva en el sector privado dará un marco general comprensivo de toda la actividad laboral, que quedará así alcanzada por una estructuración “en paralelo”; su intertextualidad y las vinculaciones que genere serán fuente de futuros desarrollos dogmáticos e interpretativos de gran proyección práctica.

cedpublicaciones.blogspot.com Hace tiempo que el Centro Estudiantes de Derecho se encuentra trabajando en su política de publicaciones. En ese sentido se ha creado un nuevo espacio: cedpublicaciones.blogspot.com en el cual se subirán todos los artículos de la Revista Excepción asi como también articulos de interés

académico. El objetivo es facilitar el acceso a los materiales de estudio y de interés jurídico y académico utilizando una nueva herramienta muy común como es la web. También se podrá acceder al blog a través de la página web del Centro Estudiantes de Derecho: www.cedfeuu.com.uy

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Anulación de la Ley de Caducidad (Ley Nº15.848)

¿Por qué votar SI? En la edición anterior de “Excepción” iniciamos la tarea de análisis y difusión de distintos aspectos de la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estadoy la campaña por su anulación. Como ciudadanos y sobretodo como estudiantes de Derecho, debemos contribuir con el estudio y comprensión del tema. Aspectos históricos La ley de caducidad nace luego de finalizada la dictadura cívico militar, la más larga de la historia independiente de nuestro país (27/06/1973- 1/03/1985). Finalizado este oscuro período las familias de las víctimas comienzan a realizar denuncias sobre los crímenes cometidos y las sistemáticas violaciones a los derechos humanos. El Juez Penal de 2º turno cita a ocho militares y un policía para que comparecieran a su sede el 23 de diciembre de 1986, el jefe del ejército, teniente general Hugo Medina decide guardar las citaciones en un cofre-fort del Comando del Ejército y los citados se niegan a concurrir a declarar, amparados por sus superiores. En este contexto nace la “Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, el 22 de diciembre de 1986, un día antes de la fecha en que debían concurrir al juzgado. Mediante esta ley se encubre a funcionarios militares y policiales que cometieron delitos durante la dictadura y se les libera de ser juzgados penalmente. Así lo enuncia su Art.1: “Artículo 1º.- Reconócese que, como

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Daniel Viglietti en el acto de lanzamiento de la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad. Paraninfo de la Universidad. consecuencia de la lógica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos políticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984 y a efecto de concluir la transición hacia la plena vigencia del orden constitucional, ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado respecto de los delitos cometidos hasta el 1º de marzo de 1985 por funcionarios militares y policiales, equiparados y asimilados por móviles políticos o en ocasión del cumplimiento de sus funciones y en ocasión de acciones ordenadas por los mandos que actuaron durante el período de facto. Posteriormente se creó una Comisión Nacional Pro Referéndum a fin de obtener las firmas para interponer el recurso de referéndum contra esta Ley. Finalmente el 16 de abril de 1989, tras haberse superado la cantidad de firmas requerida, se realizó el referéndum. La campaña se llamó por el “voto verde”. Pero al igual que ocurrió durante su trámite parlamentario, el referéndum de 1989 se hizo bajo presiones y amenazas reconocidas por todos los actores, y en medio de una campaña de desinformación y engaños que negaba la existencia de crímenes en la dictadura. Por lo tanto no fue una deci-

sión libre del pueblo. Aún así, y pese al clima atemorizante que se vivía y con una fuerte campaña en contra que descalificaba a los defensores del referéndum y negaba la existencia de torturas y desaparecidos, el 41,3% de los uruguayos votó por la anulación. ¿Cuál es la diferencia hoy con aquel plebiscito? Hoy no existe un clima de temor ni una campaña de miedo. Hoy la sociedad ha comprobado la existencia de un plan Cóndor y de vuelos clandestinos. Ahora todos sabemos que la tortura fue una práctica sistemática y las investigaciones en los predios militares han permitido encontrar restos de desaparecidos. Conocemos mucho más acerca de lo que pasó y estos veinte años de lucha por los Derechos Humanos han demostrado que el tema seguirá abierto mientras no haya verdad ni justicia. Mientras los familiares no puedan recuperar los cuerpos de los desaparecidos.

Aspectos jurídicos A continuación se transcribe parcialmente un informe producido por el Dr. Prof. Alberto Pérez Pérez, catedrático

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Centro Estudiantes de Derecho de Facultad de Derecho, Director de los Institutos de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, a través del cual se enuncian diferentes argumentos jurídicos a favor de la anulación de la Ley. A) Flagrante inconstitucionalidad de la Ley N° 15.848 La Ley N° 15.848 está afectada por gravísimos vicios de inconstitucionalidad, consistentes en la violación del principio de soberanía nacional y sus formas de ejercicio y del principio de separación de poderes, que no pueden subsanarse calificándola como una ley de amnistía, pues no es ése su contenido, y sus autores dijeron reiteradamente que no era una amnistía. a) Violación del principio de soberanía nacional y sus formas de ejercicio. – Hay una flagrante violación del principio de la soberanía nacional, al “reconocerse” que el Poder Legislativo abdica de su competencia legislativa frente a una supuesta “lógica de los hechos” pretendidamente convertida en fuente extraparlamentaria e inconstitucionalidad de derecho, con grosera infracción de los artículos 4°, 72 y 233 de la Constitución, entre otros. b) Violación del principio de separación de poderes. – Hay una flagrante violación del principio de la separación de poderes, al dar al Poder Ejecutivo competencias que sólo puede ejercer el Poder Judicial, con grosera infracción de los artículos 82, 83 y 233 de la Constitución, entre otros. c) Imposibilidad de considerar como ley de amnistía a una ley cuyas

autores dijeron reiteradamente que no lo era. – Los gravísimos vicios de inconstitucionalidad señalados no pueden subsanarse afirmando que se trata de una ley de amnistía (procurando ampararla en lo dispuesto en el art. 85, num. 14 de la Constitución), pues la amnistía extingue el delito, y el “reconocimiento” de que “ha caducado el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado”, lejos de extinguir los delitos como acto de clemencia, admite que los delitos subsisten pero entraña una abdicación del deber del Estado de reprimirlos. B) Flagrante incompatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos a) Una clara incompatibilidad reiteradamente declarada en el plano internacional. – En reiteradas oportunidades y en distintos ámbitos y foros (jurisdiccionales, cuasi jurisdiccionales, doctrinarios, de organizaciones no gubernamentales, etc.) se ha declarado que los artículos 1° a 4° de la Ley N° 15.848 (así como las disposiciones análogas de otros Estados) son absolutamente incompatibles con el derecho internacional de los derechos humanos.

Nueva interpretación del artículo Nº4 En los últimos tiempos se ha avanzado en la lucha por el conocimiento de la verdad: ingreso de antropólogos a los cuarteles para buscar los restos de detenidos-desaparecidos, hallazgos y la posterior restitución de identidades ( Ubagesner Chavez Sosa y Fernando El miércoles 29 de Julio –a las 19 hs.se realizó el lanzamiento de Campaña por la Anulación la Ley de Caducidad en el Paraninfo de la Universidad de la República. Esta iniciativa es promovida por la Coordinadora Nacional por la Anulación de la Ley de Caducidad, en la que se nuclean numerosas organizaciones, gremios, e instituciones entre las que se cuentan la FEUU y la Universidad de la República. Participaron de esta jornada artistas como Daniel Viglietti y Eduardo Galeano.

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Miranda) ; el encarcelamiento del dictador Juan María Bordaberry y su canciller Juan Blanco, petición de informes a las Fuerzas Armadas. Estos avances se deben a una nueva interpretación que se le dio a la ley 15.848, en particular en un análisis de art.4, donde se excluyen del alcance de la “ley de impunidad” (pudiendo ser llevados a la justicia) los siguientes delitos: los cometidos por los mandos que impartieron las órdenes cumplidas por los funcionaros subordinados, también los extraterritoriales, los de privación de libertad y los delitos de retención de menores que hubieran continuado consumándose con posterioridad al 1º de marzo de 1985.

Diferencias entre anulación y derogación. Sus efectos. A 23 años de dictada ésta ley todavía la discusión no está saldada, se resolvió en ezl 2007 empezar una campaña para recolectar la cantidad de firmas necesarias para poder realizar un plebiscito que permita anular la ley de caducidad, mediante una reforma constitucional, era necesario recolectar alrededor de 250 mil firmas para habilitar la posibilidad de un pronunciamiento de la ciudadanía. Dicho objetivo se cumplió con éxito, abriéndose las puertas para que la sociedad pueda decidir mediante un plebiscito. Declaración de inconstitucionalidad; en nuestro país las leyes pueden ser declaradas inconstitucionales por razón de forma o de contenido, esta tarea corresponde exclusivamente a la Suprema Corte de Justicia y los fallos serán únicamente para el caso concreto. Ante un pedido de inconstitucionalidad planteado por el caso Sabalsagaray la SCJ decidió consultar al Poder Ejecutivo y Legislativo sobre el tema, ambos órganos y el fiscal de corte la declararon inconstitucional, se está esperando aún el fallo de la SCJ.

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CED social La Coordinadora Nacional cree que lo mejor es anularla mediante una reforma constitucional y no derogarla porque “si la ley se deroga y no se anula los casos que fueron comprendidos dentro de la Ley no podrían reabrirse y por lo tanto los criminales seguirían sin poder ser juzgados. Además en lo político, la derogación -al no tener efectos retroactivos- afirmaría el precedente de que un gobierno se haya visto obligado a votar leyes bajo amenaza y éstas continúen vigentes aún después que la amenaza cesa.” Se pretende agregar un texto en el capítulo de las Disposiciones Transitorias y Generales de la Constitución: “Anúlese y declárense inexistentes los artículos 1,2,3 y 4 de la Ley No. 15848, de 22 de diciembre de 1986”. Sólo los cuatro primeros porque esos son los artículos que establecen la impunidad, el resto de la ley no es antijurídico, por eso no es necesario anularlo. Cuando nos referimos a derogación hablamos de una norma que no existirá de ahora en adelante, mientras que la anulación declara a la norma como si esta nunca hubiera existido. En nuestro país hay algunos antecedentes de anulación de leyes, pueden ser anuladas por el órgano que las dicta, el Poder Legislativo, así nos lo ha explicado en varias oportunidades el Dr. Oscar López Goldaracena“ Existen antecedentes legislativos de anulación de leyes. El Poder Legislativo, que es el órgano que dicta las leyes, cuando constata que la ley dictada tiene un vicio jurídico que acarrea la nulidad, puede perfectamente declararla nula e inexistente. En el caso, la ley de caducidad es nula por ser manifiestamente inconstitucional y violatoria de normas de jus cogens de Derecho Internacional. Un ejemplo; la Ley 15.738 de 1985, resuelve el problema de los actos legislativos sancionados por el Consejo de Estado de la época de la dictadura, y en un artículo convalida determinadas leyes del Consejo, en otro artículo deroga leyes, con efecto hacia el futuro, y en otro anula determinadas leyes. No las anula solamente porque fueron

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Centro Estudiantes de Derecho dictadas por un órgano usurpador, sino porque además, fueron dictadas «con evidente espíritu represivo contrario a los principios democráticos republicanos». Anula, por ejemplo, la ley de Asociaciones profesionales, la Ley de Huelga, la Ley de Fuero Sindical, la Ley de incautación y confiscación de bienes de detenidos políticos, etc., las declaró inexistentes.” También es importante mencionar que los crímenes de lesa humanidad (crímenes que se cometen mediante el ataque generalizado y sistemático contra una población civil, como ser: asesinato, encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física, tortura, violación y la desaparición forzada de personas) no prescriben, así que podrían ser juzgados los aún impunes.

En octubre votá “SI” para anular la ley de caducidad El 25 de octubre de 2009 junto con las elecciones Nacionales hay que votar con la papeleta por el “SI” (papeleta rosada) para anular la ley de caducidad. Cabe aclarar que el voto sólo puede ser afirmativo, no se puede votar en blanco, ni abstenerse, tampoco hay papeletas por el “no”, simplemente los votantes pueden incluir la papeleta o no incluirla. Para que esta iniciativa salga se requiere que vote por “SI” la mayoría simple de los ciudadanos que concurran a votar. Con esto cerraremos una etapa de impunidad que permitirá actuar al Poder Judicial con la autonomía e independencia que corresponde; permitir que se investigue, que se denuncie. Ir desentrañando el camino para que víctimas y familiares puedan recuperar los cuerpos y hacer un duelo hasta hoy pendiente .Reconstruir parte de la memoria histórica de una etapa de nuestro país que hasta el día de hoy desconocemos.

El CED apoya esta iniciativa El Centro Estudiantes de Derecho, reunido en Secretaría Coordinadora, resolvió manifestarse públicamente a favor y contribuir con la Campaña por la anulación de la ley de caducidad. Estos fuerons los argumentos: 1. La convocatoria oportunamente realizada por la Universidad de la República (UdelaR) a firmar para anular la ley de caducidad, fundándose en el informe jurídico de destacados docentes de nuestra casa de estudios. 2.Los fines enunciados por el Estatuto del CED en su art. 2, entre los cuales se destacan: “b) defender la libertad, valores morales, el ideal de la paz, los principios de la justicia, los derechos humanos y los intereses de la cultura” y “e) defender las instituciones democráticas y propender a una democracia económica-políticasocial” 3. ) El ser el gremio de los estudiantes de derecho, que como tales, creemos que una ley de esas características (inconstitucional) no debe intergrar nuestro ordenamiento jurídico ni mantenerse vigente. 4. Las resoluciones adoptadas por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU)

A partir de estos argumentos, el CED se pronunció a favor de la campaña por la anulación de la Ley de Caducidad y comenzó una serie de actividades: difusión de artículos informativos sobre la temática en la Revista Excepción, jornadas académicas sobre la inconstitucionalidad de la ley, difusión de las últimas novedades a nivel nacional. Te invitamos a visitar la web: http://www.nulidadleycaducidad.org.uy/ y mantenerte informado.

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El 17 de Mayo falleció Mario Benedetti

Poeta del amor y del exilio “Se nos ha ido un referente, no solo de la literatura, sino de nuestra identidad, y por sobre todas las cosas un gran hombre y un gran amigo” M. Rosencof. A través de este artículo queremos homenajear a este gran hombre que además, es Socio de Honor de nuestro Centro de Estudiantes. Salú Compañero Mario! Benedetti nació el 14 de septiembre de 1920 en Paso de los Toros, Tacuarembó. Parte de su prolífica obra literaria, que incluye más de cincuenta títulos de diverso género, fue musicalizada por famosos compositores y cantantes -como el español Joan Manuel Serrat, el uruguayo Daniel Viglietti y el cubano Silvio Rodríguez- y fue llevada al cine. Benedetti, quien había sostenido posiciones de defensa de la democracia, debió abandonar el país mientras crecía la persecución a disidentes del régimen militar. Durante sus 12 años de exilio, vivió en Argentina, Perú, Cuba y España.

Autor de decenas de libros de poemas, cuentos, novelas, ensayos y teatro, Benedetti ha recibido numerosos premios literarios, entre ellos el Premio Internacional Menéndez Pelayo en 2005, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 1999 y el Premio Iberoamericano José Martí en 2001. Con sus versos, ensayos y novelas, Mario Benedetti, el escritor uruguayo contemporáneo más leído en todo el mundo, logró unir a varias generaciones detrás de sus ideales de justicia social, su visión del amor y de Uruguay de mediados del siglo XX, y plasmó con palabras el dolor del exilio político.

No te salves No te quedes inmóvil al borde del camino no congeles el júbilo no quieras con desgana no te salves ahora ni nunca no te salves no te llenes de calma...

... pero si pese a todo, no puedes evitarlo y te salvas, no te quedes conmigo” “No te salves”. M. Benedetti

En el 2005 el CED homenajeó a M. Benedetti haciéndolo Socio Honoris Causa de nuestra institución. En la ceremonia realizada en el Paraninfo de la Universidad, Mario leyó uno de sus poemas y saludó al CED.

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