Revista N°8

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CONSTANZA CONNOLLY, SOLEDAD NOEL Y AGOSTINA CONIGLIO FUNDADORAS DE KEIDOS

Nº 8 JUNIO 2021


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"Es un enorme placer para nosotros poner en tus manos la octava edición de la única revista sobre negocios, managment y el derecho empresario. Queremos que esta revista sea el punto de encuentro para los abogados de empresa y el espacio donde compartir ideas y opiniones sobre el complejo y fascinante mundo del derecho corporativo en constante cambio. Esperamos que esta edición cumpla tus expectativas y que las notas y artículos de doctrina sean de su interés. Te invitamos a que nos acompañes enviando notas, artículos y opiniones a info@cedeflaw.org Estamos felices de compartir contigo este proyecto editorial. ¡Comenzá a disfrutar de abogados-inhouse.com!" Pablo A. VAN THIENEN Director académico CEDEF | Law & Finance


CONTENIDO 5

DOCTRINA

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- Argentina necesita un Delawere. Por Pablo Van Thienen

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1. Informe Negocios de impacto 2. Aspectos legales de las inversiones de impacto

NOTA DE TAPA -Entrevista al equipo de KEIDOS: Constanza Connolly, Soledad Noel y Agostina Coniglio.

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NEGOCIOS DE IMPACTO

FUTURO DEL TRABAJO 1.Revolución tecnológica y futuro del trabajo 2. ¿Qué buscan los jóvenes de las firmas legales en XXI? 3. Nuevas skills: Reskilling y Upskilling

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ARTÍCULOS 1. Estrategias básicas para el intercambio telegráfico 2. Nuevas regulaciones de la IGJ principalmente aplicables a sociedades constituidas en el extranjero 3. Licencias psicológicas y psiquiátricas



DOCTRINA

ARGENTINA NECESITA SU PROPIO DELAWERE (REFLEXIONES EN TORNO A LA RG-IGJ Nº 8 / 2021) Por Augusto Van Thienen

1. Introducción Estimado lector comenzaré estas reflexiones contando una breve historia. En el pueblo de Salsipuedes vivía un señor trabajador y honesto que dedicaba su tiempo a las labores cotidianas, cuidaba de su familia y educaba a sus hijos en los valores más elevados. Ricardo se encontraba haciendo sus labores cuando un día, de repente y sorprendido, escuchó que alguien golpeaba la puerta gritando de viva voz. - ¡Policía, policía, abra la puerta! Asustado por este evento extraño absolutamente ajeno a la rutina diaria, Ricardo corrió con velocidad y obedeciendo la orden entornó la puerta, apenas, unos centímetros con cuidado y timidez. De pronto, apareció el oficial, con tono firme se presentó. - Soy Ismael Gutiérrez oficial de la Jefatura Regional Nº 8. Intentando salir de su estupor, Ricardo notó en la placa de metal del oficial que colgaba del lado izquierdo de su uniforme la sigla “IGJRG/08”. Su aspecto no inspiraba confianza, se lo notaba nervioso, sin rasurar y desalineado; como si el trámite mereciera cierta urgencia. Identificado con la placa IGJRG /08 el oficial le entregó a Ricardo un papel -con sello de la policía - que decía “Estimado vecino, por razones de seguridad y atento a que hemos notado un importante

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informamos que a partir del día de la fecha y por estrictas razones de seguridad y orden público Usted y/o cualquier miembro de su familia deberá informar al Destacamento de Policía cuál será el camino y/o la ruta que tomará para llegar a cualquier destino dentro de Salsipuedes. Además, deberá reportar con carácter de Declaración Jurada, cuál será el propósito de su desplazamiento. Si Usted y/o cualquier miembro de su familia decidiera mudar domicilio a extraña jurisdicción, para luego ingresar a Salsipuedes, le serán impuestas estas normas y sus actos serán inoponibles para el municipio. Rogamos nos disculpe las molestias ocasionadas, pero razones de seguridad y orden público imponen adoptar estas medidas preventivas para evitar que se sigan perpetrando fraudes y estafas en nuestra querida comunidad de Salsipuedes. Esta medida la adoptamos en ejercicio del poder de policía que nos concede el Estado. Lo saluda cordialmente. El Inspector General”. Perplejo, Ricardo saludó al oficial con respeto, agradeció la nota, cerró la puerta y se desplomó -casi sin fuerzas –. ¿Informar la ruta y a dónde vamos? ¿Informar el propósito de nuestra salida? ¿Informar con carácter de Declaración Jurada? ¿Si me mudo y quiero ingresar al pueblo se me aplican estas restricciones? Angustiado por esta nueva situación absolutamente inesperada y completamente fuera de toda previsión lógica, Ricardo comenzó a estudiar opciones que le permitieran evitar estas restricciones a su libertad. Flotaba en el aire la fuerte sensación de que estamos pagamos “justos por pecadores”.


2. Hablemos un poco de Delaware El propio Inspector General al fundar y motivar el acto administrativo nos enseña que algunos proponemos la creación de una suerte de Delaware en nuestro territorio transformando al registro público de comercio en un mero buzón sin ningún tipo de control de legalidad sobre los actos de las sociedades que giran en el comercio dentro de la República Argentina. Semejante afirmación revela, cuanto menos, un preocupante desconocimiento sobre cómo funciona el Estado de Delaware (EEUU) y los Registros de Comercio de ese país que; vale la pena recordar, es la principal potencia económica del mundo con un PBI cercano a 20 trillones de dólares; esto equivale a 50 argentinas. Un primer dato que debemos destacar es que la constitución de cualquier sociedad (Incorporation) dentro de cualquier estado de los Estados Unidos de Norteamérica se realiza con un trámite automático on-line que no demora más de 15 minutos. Invito al lector a ingresar en el portal de cualquiera de los Registros de ese país (Division of Corporations) para advertir esta realidad insoslayable. Efectivamente, dichos registros operan como tales; esto es, son registros públicos donde se inscriben las sociedades en cualquiera de sus tipos, como así también todos sus actos societarios con libre acceso a información por cualquier interesado; y sin realizar control de legalidad sustancial alguno, sin entrometerse en aspectos tan fútiles como exigir pluralidad sustancial de socios, determinar una relación precisa entre capital y objeto, objeto amplio, y tantas otras trabas formales de mero corte administrativo que han mostrado revelar su más absoluta inutilidad para el giro comercial y/o la prevención del fraude societario.

En los Estados Unidos de Norteamérica, como en otras economías del globo, coexisten sociedades que giran con fines lícitos; y sociedades creadas únicamente como vehículos dirigidos a burlar la ley; y para éstos el Estado cuenta con el poder judicial, el enforcement, la sanción derivada del poder de policía. Y bajo la excusa de “prevenir” a nadie se le ocurre poner trabas a la libertad de comerciar puesto que la mayoría de los empresarios y ciudadanos del mundo desarrollado detesta el modelo Salsipuedes. Pero Delaware no se caracteriza por ser un Estado donde sólo se constituyen sociedades “Off-Shore”; sino que dicho Estado es muy respetado; precisamente, por la altura científica y académica de quienes integran el poder judicial; en especial, los tribunales con competencia en materia societaria. La doctrina emanada de

DOCTRINA sus jueces es la más oída del planeta, la más leída, la más rica y fina en conceptos e institutos jurídicos. Los casos más complejos, los “leading case” más resonantes en materia societaria y comercial se discuten y debaten ante los Tribunales del Estado de Delaware. Esto prueba a las claras de que la prevención del delito no está en la creación de un registro plagado de burócratas; sino de un poder judicial serio y fuerte que no sólo aplique la ley (“enforcement”); sino que la interprete con razonabilidad, prudencia y equilibrio priorizando la función económica y social de las empresas y los riesgos que asumen todos quienes interactúan en este mercado. Cuando decimos que Argentina se debe su Delaware, quienes proponemos esta idea, no nos limitamos sólo a que el Registro Público de Comercio sea permeable a la inversión (Market Friendly); sino que dicha jurisdicción cuente con un Tribunal especial dedicado exclusivamente a temas societarios. Y ésta es la solución de fondo al problema que intenta atacar la RG-8 que aquí cuestiono. No se trata de prevenir el delito; sino de atacarlo con rapidez y eficacia cuando éste se comete. Justificados detrás de la prevención no sólo no resolvemos el problema; sino que entorpecemos el comercio y más grave aún, limitamos la inversión extranjera directa.

Hablando de Delaware, y parafraseando a un presidente de los Estados Unidos de Norteamérica que le dijo a uno de sus colaboradores “Is the economy, stupid”; yo diría, “es la inversión, estúpido”; y agregaría, “is the enforcemnt …”. 3.Hablemos un poco de las Off-Shore Llama la atención que la norma que cuestiono regule a partir de la patología; del caso aislado y la excepción. Regular desde este lugar es hacerle pagar a justos por pecadores puesto que limitar, restringir, coartar la libertad de comercio imponiendo trabas “paraarancelarias” genera la siguiente paradoja: terminan ganando los delincuentes puesto que el empresario honesto, trabajador, creativo e innovador termina entre rejas; mientras el polizón disfrazado de empresario comete tropelías por doquier. Y como diría Enrique Santos Discépolo “que el siglo veinte es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolca'os en un merengue. Y, en el mismo lodo, todos manosea'os”. O sea, la resolución nos igual y nivela con los “chorros”. Llama la atención que el regulador pretenda prevenir el delito citando como ejemplo el escándalo “Panamá Papers”; cuando, en rigor de verdad, las sociedades Off-Shore son utilizadas en su gran mayoría por empresarios genuinos, innovadores que invierten miles de millones en capital de riesgo creando valor y empleo. Llama la atención que el regulador pretenda ver en las sociedades Off-Shore un vehículo para el fraude y el delito cuando el propio Estado Nacional contrató con una empresa petrolera norteamericana un acuerdo confidencial para explotar el yacimiento Vaca Muerta; siendo su contraparte una sociedad vehículo; o sea, una sociedad Off-Shore.

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DOCTRINA Las sociedades, sean Off-Shore o no, serán utilizadas para el bien o el mal y sean vehículo de inversión o vehículo para el delito; no depende de su nombre o estructura jurídica; sino de algo mucho más profundo, de las personas detrás de esa estructura legal; y de la seriedad del país donde invierten para perseguir y castigar el delito. El capital social y; por ende, la limitación de responsabilidad es una franquicia concedida por el Estado para beneficio de todos quienes constituyen empresas. Luego veremos si ese emprendimiento ha tenido fines lícitos o no, y esto lo podremos saber ex – post, pero nunca ex – ante, a partir de normas administrativas que nada agregan en la prevención del delito. La ruptura de la franquicia; y por lo tanto la extensión de responsabilidad a los socios opera como incentivo para desalentar conductas delictivas. Y esta fórmula funciona en todos los países que adoptan un régimen similar al nuestro.

4. Los grupos económicos y el efecto “Mamushka” Se sorprende el Inspector al notar la multiplicidad de sociedades unipersonales que terminan beneficiando a un mismo y único sujeto. Y este fenómeno lo ilustra con la imagen de una Mamushka Rusa. Más allá de lo simpático de este ejemplo (interesante como dato objetivo para fundar seriamente un acto administrativo); lo cierto es que las múltiples sociedades que el empresario decide constituir responden a una planificación determinada; y si la misma tiene por objetivo abusar de la franquicia atrincherándose detrás de la limitación de responsabilidad causando daño doloso, el beneficiario final deberá pagar por sus actos. Ahora, una cosa es la estructura que diseña y planifica el empresario, y otra es la ausencia de un Estado inteligente que pueda detectar y castigar a los infractores.

En cambio, dentro del ámbito de la insolvencia, la extensión de responsabilidad hacia los controlantes (directos o indirectos) y los administradores sólo prospera frente al dolo. O sea, en caso de insolvencia la responsabilidad solidaria e ilimitada se extiende de manera excepcional; y esta franquicia también la concede el Estado a partir de la legislación de bancarrotas. A pesar de todo este andamiaje jurídico que hace a nuestro derecho de fondo y refleja cómo el Estado Argentino ha decidido tutelar los derechos de terceros, el Inspector tilda a esta doctrina como fuertemente dogmática. Esto quiere decir que para el Inspector esta doctrina estaría completamente alejada de la realidad de los negocios y no logra interpretar los tiempos que corren; pero sucede que la Ley así lo ordena y los jueces no pueden escaparse de esta máxima republicana y constitucional. Lo contrario sería dejar la Ley completamente en manos de los jueces amoldándola a su antojos y creencias personales. Si esto fuera así, la seguridad jurídica entraría en una profunda crisis perjudicando, precisamente, la inversión. Lo cierto que dañar a terceros es una conducta ilícita castigada por la Ley en todas sus dimensiones y ámbitos; sin embargo, no se entiende muy bien por qué el fenómeno de grupo debe estar sometido a sospecha

Interesa analizar aquí la crítica que el Inspector realiza a la doctrina de la limitación de responsabilidad dentro del fenómeno grupal; doctrina que califica como “dogmática” restándole peso y envergadura a un instituto gordiano del derecho societario moderno cual es, respetar al centro de imputación jurídica y el patrimonio de afectación de las personas jurídicas; aun frente a un fenómeno tan complejo como es el grupo económico nacional o transnacional. Todos sabemos que la dirección y conducción unificada es el dato calve, típico y caracterizante de este complejo fenómeno. La razón que motiva al hombre de negocios crear un grupo de empresas es, precisamente, diversificar el riesgo maximizando el beneficio que le concede el Estado a partir de la franquicia de la limitación de la responsabilidad. Y esta planificación o diversificación del riesgo no es per se, un pecado. La maximización de la franquicia aprovechando este beneficio no significa que el empresario esté movido por el fraude; sino por razones mucho más complejas, y que nada tienen que ver con esta presunción de delito. Es notorio, pero ha sido precisamente esta franquicia la que nos ha permitido -como sociedad - alcanzar el grado de desarrollo actual. Quizás, el aporte más importante de nuestra ciencia al desarrollo científico y tecnológico de nuestros días. El artículo 54 LGS es claro al respecto extendiendo responsabilidad solidaria e ilimitada a los socios cuando la estructura es utilizada para fines ilícitos. Y el artículo 279 LGS habilita las acciones de daño directo contra los administradores frente a hechos delictivos; pero lo más importante es que aquí el factor de atribución de responsabilidad no es el dolo; sino culpa, o culpa grave permitiendo al tercero damnificado agredir el patrimonio del administrador negligente sin tener que probar intención o dolo.

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Las sociedades holding y las sociedades vehículo La pregunta que debemos hacernos a esta altura del análisis es la siguiente: qué ha pasado que el empresario honesto y trabajador ha descartado el modelo sucursal sustituyéndolo por el modelo “sociedad vehículo”. ¿Quieren evadir la ley? Algo ha ocurrido en el entorno de riesgo para que el hombre de negocios decida cambiar de montura eligiendo estructuras mucho más complejas incrementando los costes transaccionales. Siendo la sucursal un centro de administración y representación de negocios absorbiendo la casa matriz total responsabilidad por los actos de su sucursal, el empresario no ha visto con buenos ojos quedar tan expuesto. Basta revisar el formato elegido por muchas multinacionales que invirtieron en nuestro país a principios del siglo pasado (cuando la República Argentina era una de las cinco potencias económicas del globo) para darnos cuenta de que, en aquellos días, el inversor extranjero tenía una muy baja percepción de riesgo canalizando su inversión a través de una representación y sucursal, y sin recurrir a estructuras complejas.


DOCTRINA La historia ha mutado, el mundo ha cambiado, nuestro país se ha degradado institucionalmente, los negocios llevan añadidos más contingencias; y por lo tanto, el inversor opta por diseñar estructuras societarias que le permitan diversificar su riesgo. Reitero, el empresario no crea estructuras societarias con el propósito de evadir la ley perjudicando a terceros; sino, con el objetivo de limitar su responsabilidad maximizando la franquicia que le concede el Estado. Al final de cuentas, dentro de este tradeoff entre Estado e inversor el intercambio es muy genuino y simple: invierta que no le extenderemos responsabilidad ni agrediremos su patrimonio, siempre que no cause daño abusando de la franquicia. El empresario honesto, trabajador e innovador que invierte capital de riesgo entiende esta lógica. Contar con sociedades vehículo o sociedades holding cuyo único objeto es servir de vehículo como sociedad inversora tenedora de participaciones societarias es una herramienta lícita que ofrece el sistema legal para que el empresario pueda organizar sus negocios distribuyendo el riesgo, la renta y su planificación fiscal; sin importar si lo hace solo o asociado con otros. Claro, este modelo de planificación se complejiza aún más cuando el grupo económico tiene presencia internacional en varios países o continentes. Aquí, las estructuras suelen ser complejas, entrelazadas, entrecruzadas hasta incluso, muchas veces confusas. Si embargo, esa maraña de sociedades no puede llevarnos a la confusión de que estamos frente a un hecho sospechoso. Triangulaciones, participaciones recíprocas, sociedades controladas en cascada (siendo todas unipersonales) suelen ser estructuras corrientes en este tipo de organigramas globales; y esa práctica la realizan tanto inversores del exterior que deciden invertir en nuestro país como inversores locales que deciden cruzar el Río de la Plata; y sin importar cuántas Mamushkas Rusas tenga el inversor.

6. Plan de inversiones Me pregunto, cuál será la utilidad de exigirle al inversor extranjero presentar un plan de inversión. Pero esta no es la única duda, frente a un plan presentado cuál será la reacción del organismo de control. ¿Rechazará la inscripción?, ¿correrá una vista para que el plan se adecue a las exigencias del organismo de control?, ¿pedirá explicaciones?, ¿posee el organismo de control el talento humano, técnico y tecnológico necesario para entender y procesar estos planes?, ¿cuál será el grado de subjetividad aplicado por el burócrata para filtrarlos?

Ninguna duda que esta exigencia opera como una suerte de traba paraarancelaria dirigida exclusivamente al inversor extranjero generando un tratamiento desigual y discriminatorio; aun cuando invoquemos al orden público como fuente de restricción a las libertades consagradas por nuestra Carta Magna.

7.¿Orden público? La Resolución General repite la palabra orden público en varios de sus considerandos. En una suerte de abuso de concepto, la norma administrativa invoca el orden público para justificarse dando rienda suelta al atropello de las libertades. No veo en el artículo 54 LGS el más mínimo vestigio de orden público. Lo cierto es que dicha norma regula un típico hecho dañoso, su régimen de responsabilidad y las acciones civiles que los perjudicados pueden iniciar para compensar el daño causado por socios oportunistas. Cómo cualquier otra norma de derecho de daños no puedo ver con claridad dónde se encuentra escondido el orden público. Los terceros perjudicados por el acto doloso (sociedad creada con el único fin de causar un daño) poseen acción de daños, sometida ésta a un plazo máximo de prescripción; y siendo los perjudicados los únicos legitimados activos para promover la acción judicial. Siendo esto así, no logro ver dónde puede estar escondido el orden público para justificar el poder del policía del Estado. En mi opinión se confunde interés público con orden público siendo ambos conceptos muy diferentes que tutelan intereses; también, muy diferentes. Nuestro código civil y comercial lo apunta expresamente al regular las nulidades absolutas (vid. artículo 386 y 387). Y todos sabemos que donde no hay orden público la libertad debe prevalecer debiendo el Estado replegarse quedando inhibido su poder de policía. Es importante señalar este aspecto puesto que al calor de un orden público (societario) hipotético generamos atropellos a las libertades consagradas en nuestra Carta Magna; pero no solo eso, sino que generamos regulaciones administrativas que buscan limitar la libertad de asociación y contratación imponiendo recaudos administrativos que terminan violando la ley de fondo creando un marco de incertidumbre que termina perjudicando los intereses generales; entre ellos, fomentar la inversión extranjera directa que permita a la República Argentina salir de la pobreza crónica y estructural que venimos multiplicando hace medio siglo cerrándonos al mundo.

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NOTA DE TAPA

EMPRENDEDORAS

KEIDOS, LA CONSULTORÍA LEGAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Constanza Connolly, Soledad Noel y Agostina Coniglio nos cuentan los detalles de este nuevo proyecto. Por Tamara De Martino Fotos de Keidos

¿Cómo nace KEIDOS?

Keidos nace con la idea de contribuir a la agenda de desarrollo sostenible desde el derecho. Creemos en el derecho como un instrumento para la gestión del cambio, como un facilitador de infraestructura que posibilita nuevos modelos de negocios y organizaciones. Nuestro propósito es transformar la realidad con herramientas del derecho para generar triple impacto positivo (económico, social, ambiental).Hoy necesitamos dar un paso más, que nuestras acciones, decisiones y elecciones generen un impacto positivo, creen valor compartido. En los últimos años venimos observando una creciente demanda de asesoramiento legal para negocios de impacto, que sean accesibles y de calidad. Hoy faltan herramientas legales y regulaciones relacionadas con impacto, como así también de consultoría estratégica en sustentabilidad.

¿A qué se debe el nombre? 9/abogadosinhouse.com

Keidos nace de una metáfora del caleidoscopio. Es un prisma con tres espejos que brinda una mirada diferente de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Como dijimos, significa poder utilizar el derecho como un instru-


NOTA DE TAPA mento para mostrar un cambio, transformar la realidad y acompañar a las empresas a generar un triple impacto, ese bache en los servicios jurídicos tradicionales que nosotras vinimos a cubrir.

¿Se reinventaron con este proyecto? CC: Yo sí, tiene que ver con un desafío, salir de la zona de confort y que el rol del abogado esté tratando de traccionar todo esto. SN: Las tres siempre trabajamos en relación de dependencia, por lo tanto de por si ya salimos de nuestra zona de confort. También con este proyecto, no hay nada que esté hecho por eso estamos creando constantemente. Venimos de años de trabajar en esto pero igualmente es todo nuevo. Hay que unir el mundo legal tradicional y la consultoría en tema de sostenibilidad que es mucho más innovadora. Personalmente, desde 2015 no hago el ejercicio tradicional de la profesión y ahora me encuentro con esto. AC: Empecé como pasante pro bono en Beccar Varela y termine uniendo los dos mundos hasta llegar a Keidos.

"Van a tener mayor rentabilidad las empresas sostenibles. Antes se creía que ser sostenible era más costoso y se comprobó que no. Los consumidores buscan esos valores en las empresas" ¿Qué son las inversiones de impacto?

¿Por qué creen que las empresas quieren incoportar la sostenibilidad? El concepto de sostenibilidad, con el Acuerdo de París y el mundo post pandemia, hicieron que haya una necesidad de que las empresas no desatienden en su negocio todo lo que rodea los grupos de interés. Hoy las empresas por un tema de reputación, tienen hasta en su ADN haber nacido para solucionar problemas ambientales. Hoy Naciones Unidas habla de desarrollo sostenible y llama a las empresas a hacerlo.

¿Quiénes forman parte del equipo? El equipo de KEIDOS es transversal y está formado por nosotras tres, abogadas especialistas en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones. Además, Franco de Pesquale, abogado, especialista en Derecho Administrativo, Ambiental y Societario. Beatriz Pellizari, Psicóloga Social y especialista en planeamiento y gestión de organizaciones sociales. María Laura Tinelli es directora de Acrux Partners, una firma especializada en inversión de impacto con sede en Argentina y el Reino Unido. Por último, Matías Galindez es Socio y Director de FIXIT, una agencia de innovación social certificada B.

¿Qué capacitaciones brindan? Los programas son ofrecidos en forma 100% virtual, presencial o mixto, para grupos abiertos o in-house. Los contenidos son co-creados con nuestros aliados, especializados en las diferentes temáticas. Entre algunos se destacan:Gobierno corporativo de triple impacto (ASG), Cadena de valor, Compras Públicas Sostenibles, Programa de diagnóstico legal de impacto, Programa legal de impacto (diagnostico, capacitación e implementación ad-hoc del programa).

Son las inversiones que realizan las empresas y organizaciones, que tienen la intención de lograr objetivos o métricas sociales o ambientales sociales y medibles. Por eso hablamos de triple impacto: intencionalidad, retorno y medición.

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FUTURO DEL TRABAJO

Revolución tecnológica y el futuro del trabajo Columna de Ezequiel Braun Pellegrini 11/abogadosinhouse.com

El futuro del trabajo ya llegó. No esperemos más. La pandemia producto del Covid-19 adelantó esta tendencia inevitable: el cambio constante y vertiginoso. Quizá debamos acostumbrarnos a que cuando creemos que algo es normal o estable, pueda desaparecer en un instante. Nunca volveremos a una “nueva normalidad”. Para tener una idea de la magnitud de este fenómeno, en los próximos nueve años más de 100 millones de personas deberán cambiar de ocupación (no de puesto de trabajo), según un estudio realizado por Mckinsey en ocho de los principales países de la economía mundial. Existe una definición del Banco Mundial que habla de “la naturaleza cambiante del trabajo”, que exige capacitación permanente, posibilidad de adaptación y aptitudes que cruzan profesiones y carreras. Ya no sirve tener habilidades blandas sin conocimientos sobre tecnología y viceversa. Ingresamos en la Era de la educación después de la educación. Se terminó aquella tradicional concepción de una línea de tiempo estática en la cual alguien estudiaba, se recibía y desarrollaba una carrera durante los siguientes 30 años. Profesionales como los abogados debemos adaptarnos a los cambios tecnológicos y agregarle valor a nuestra tarea con las


FUTURO DEL TRABAJO HOME OFFICE las principales herramientas digitales, que pueden facilitar y mejorar nuestro día a día con los equipos de trabajo y los clientes. Estamos a las puertas de una nueva revolución. No se trata del desarrollo de una tecnología aislada sino de la convergencia de muchas, todas ellas exponenciales, que se retroalimentan entre sí y que cambiarán nuestra concepción del mundo: inteligencia artificial, nanotecnología, realidad virtual, realidad aumentada, energías renovables, biotecnología, blockchain, Internet de las cosas e impresiones 3D. Las posibilidades que se abren para el ser humano son infinitas. Ahora bien, este contexto también trae grandes desafíos. El World Economic Forum estima que sólo en el sector privado de Estados Unidos se requerirá una inversión de 34 billones de dólares para recapacitar a aquellas personas cuyos trabajos se encuentran en riesgo de desaparecer. El sector público tampoco escapa de esta necesidad. Los gobiernos y las democracias se encuentran débiles y están organizados de una manera que no les permite acompañar estos cambios. Legislar sobre estas materias requiere mucha preparación, una colaboración constante con el sector privado y un nuevo sistema para generar leyes en tiempos más cortos y con pruebas piloto. El futuro del trabajo llegó hace rato. Lejos del miedo a la automatización, los robots o una nueva realidad, este es un mundo lleno de oportunidades, desafíos y caminos para los que estén dispuestos a recorrerlos.

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FUTURO DEL TRABAJO

¿Qué buscan los jóvenes abogados en las firmas legales del s. XXI? El renombrado Legal Tech es una realidad acelerada por los estragos del año 20. Hans A. Böck (Lawyerpress) lanzan la pregunta: ¿de qué hablábamos antes del Legal Tech?

Por The Technolawgist

Es verdad, ahora es todo Legal Tech y ya no se recuerda en el sector de que se hablaba antes. Probablemente de innovación. Pero ahora esa innovación pasa por digitalizar procesos, incorporar IA y diseñar aplicaciones y plataformas que faciliten la prestación de servicios legales y mejoren la experiencia de cliente.

innovador programa interdisciplinar y experiencial liderado por la Faculty of Law de la HKU, para fomentar el derecho, la innovación, la tecnología y el espíritu empresarial dirigido por el director ejecutivo fundador Brian Tang.

En un reciente seminario organizado por Luminance (The Impact of AI and Covid-19 on the British Legal Sector), varios abogados expertos de las firmas Slaughter and May, Dentons y Burness Paull, han puesto de manifiesto la importancia de elegir la mejor tecnología no solo para ser más rentables sino para lo que de verdad importa, que es la atracción y retención del mejor talento.

Un grupo de estudiantes pertenecientes al HKU LITE Lab fue el ganador del Iron Tech Lawyer Invitational 2020 de Georgetwon University, con su proyecto EC Casebank. La solución ideada por los estudiantes adopta un enfoque novedoso y altamente sofisticado para mejorar la posibilidad legal de los trabajadores lesionados para recibir compensación por sus reclamaciones y todo ello, dentro de una interfaz simple y fácil de usar.

Y así es, cuanto más útil sea la tecnología para agilizar tareas, eliminar trabajo mecánico y ahorra tiempo, más talento se acumulará en los equipos. Se ha pasado de demandar jóvenes abogados con conocimientos tecnológicos a dar por hecho que esa formación ya se tiene. Las preguntas ahora las harán los jóvenes abogados talentosos: ¿qué tecnología está usando la firma? ¿qué procesos están automatizados? ¿qué margen para innovar tengo? Las aceleradoras de startups en las firmas legales son prueba de la apuesta por el talento joven innovador y empapado de tecnología. Son jóvenes que están creciendo con la idea de no perder tiempo es tareas que una máquina puede hacer y Son muchas las experiencias que demuestran la inquietud de estos jóvenes abogados o estudiantes de derecho en prácticas por mejorar la asistencia legal, y algunas de ellas además por mejorar el acceso a la justicia. La universidad de Hong Kong a través de su HKU LITE Lab (Law, Innovation, Technovation and Entrepreneurship Lab) ha creado un

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La líder del equipo integrado por tres estudiantes de derecho y uno de diseño y arte, Chloe Chan, cuando trabajaba en un bufete de abogados dedicado a daños personales, identificó la falta de una base de datos fácil de usar. Y según reconoce la experiencia de crear EC Bank ha aumentado su sensibilidad hacia la conexión más cercana entre las posibilidades tecnológicas y las realidades legales, así como familiarizarse con la adopción de LegalTech para agilizar los procesos legales. Esta es una de las iniciativas interesantes que demuestran la capacidad interdisciplinar de los jóvenes abogados y sus expectativas de futuro que desde luego no pasan por repetir tareas sino por conseguir mejorar procesos.


FUTURO DEL TRABAJO

Reskilling y Upskilling

Por The Technolawgist

Las nuevas skills en el sector legal: Reskilling y Upskilling Cuando se habla de skills lawyers en el sector es ineludible la referencia a los diversos perfiles según su forma: en forma de ‘I’, en forma de ‘T’, ‘modelo Delta’ y en forma de ‘O’. Las diferencias entre estos modelos son analizadas por Peter Connor en The shape of lawyers in the future: T, O or Delta?, en el que pone de manifiesto la necesidad de estructurar y sistematizar las habilidades no legales de los abogados a partir de propuestas diseñadas atendiendo a las exigencias del sector en cada momento y a la evolución de los modelos de negocio. Por tanto, la delimitación de las hard y soft skills está en continua evolución, cobrando cada vez más importancia estas en los últimos años (¿Conoces la soft skills imprescindibles para los abogados del momento?) puesto que se evoluciona del hacer un buen trabajo a cómo hacer un buen trabajo adquiriendo especial protagonismo la inteligencia emocional del profesional del derecho. Y esta continua evolución ha llevado a la formación en tecnología blockchain, código de programación e incluso diseño a los abogados más innovadores, completando sus conocimientos técnico jurídicos (hards skills). Pero también ha llevado a muchos a mejorar o desarrollar sus habilidades blandas, interesándose por la formación en liderazgo y

Pcercándose al análisis y estudio del comportamiento humano en el ámbito profesional, adiestrándose para desarrollar cualidades como la empatía y trabajo entre equipos. Pero la realidad del siglo XXI, la aceleración digital y los cambios derivados del año 20, han realzado el protagonismo de los conceptos de recapacitación y reformación de los profesionales, aunque ya en el año 2018 el World Economic Forum en su Report, Towards a Reskilling Revolution: A Future of Jobs for All, alerta de la importancia del tema ante el trepidante avance tecnológico. Se recuperan así los conceptos de Upskilling y ReSkiling y parecen utilizarse en el momento actual como los innovadores instrumentos que representan la fórmula mágica para conseguir que los profesionales sean los más competentes para desarrollar su trabajo en un entorno de teletrabajo, digitalizado y versátil. Digamos que la necesidad de reforzar o readaptar los perfiles profesionales fruto del big data, IoT y la inteligencia artificial se acrecienta con lo sucedido en el último año.

Por Upskilling, se entiende la mejora en el perfil del profesional mediante una formación que le permita hacer su trabajo mejor. 14/abogadosinhouse.com


Por tanto, no se trataría de aprender nuevas habilidades sino de mejorar las que ya se tienen. Realmente es una necesidad del momento en el ámbito legal porque con la incorporación avanzada de inteligencia artificial en la prestación de servicios legales es preciso mejorar las habilidades tecnológicas que ya se tienen. Habilidades mejoradas mediante formación reforzada.

Reskilling, se refiere sin embargo a la nueva formación que permita “el reciclaje” del profesional. Se trataría de esos perfiles que movidos por las ganas de crecer e innovar se han formado en disciplinas que les permiten desempeñar roles tan importantes como el de head of legal innovation, legal designer o head of legal operations. En opinión de Karol Valencia (The importance of re-skilling and up-skilling to achieve true transformation of the legal sector) este proceso de “recualificación” es el más complejo porque requiere muchas ganas de aprender, curiosidad y sentido crítico para poder determinar cómo o de qué manera estos nuevos conocimientos permitirán potenciar lo que ya se sabe y convertirse en un referente diferencial en la prestación de servicios legales frente a otros colegas y servicios ya existentes en el mercado.

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Reforzarze o reinventarse, pero en cualquier caso avanzar. Aparecen en el ecosistema legal este elenco de marcos conceptuales de las skills necesarias para ser un jurista completo y como señala Peter Connor, independientemente de las diferencias que puedan existir entre los tres marcos (“I”, “T” o “O”), lo único que tienen en común es que todos enfatizan la necesidad crucial de enfocar la capacitación y el desarrollo más allá del conocimiento y las habilidades legales. Por tanto, una cosa si que es cierta, no hay vuelta atrás. De una manera u otra, potenciando o ampliando las habilidades y conocimientos complementarios que necesita un buen profesional del derecho en la actualidad, parece que las sinergias y los perfiles híbridos son esenciales como elemento diferenciador.


NEGOCIOS DE IMPACTO

NEGOCIOS DE IMPACTO

Por Keidos

Los negocios y la economía de impacto están dejando de ser sólo una tendencia para convertirse en una verdadera y positiva realidad. Las empresas diseñadas para tener impacto social o impacto ambiental positivo, representan ya más del 6% del PBI iberoamericano y prometen jugar un rol decisivo en la consecución de los objetivos para el desarrollo sostenible (ODS). En los últimos años 11 países de la región -como Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Panamá, México y Argentina- han adoptado o puesto en trámite nuevas leyes y marcos legales destinados a tipificar y apoyar a dicho modelo de empresa. Existe también legislación y regulación ya adoptada a nivel global por otros países como por ejemplo Reino Unido, Italia, Estados Unidos, Francia, BC Columbia (Canadá) entre otros. De esta manera se destaca en el nuevo orden económico mundial la posibilidad - y la necesidad- que existe de reconstruir a las economías de una forma sostenible, aplicando una lógica de impacto y transicionar de la mirada de la primacía del accionista al capitalismo de los grupos de interés. Que el éxito no se limite a un concepto económico creado exclusivamente para los accionistas y evolucione a una nueva mirada de carácter largoplacista en donde se considera a todos los grupos de interés de una empresa. En este marco, nace KEIDOS, una consultora legal de impacto para el desarrollo sostenible, constituida por un equipo multidisciplinario: Constanza Connolly, Soledad Noel y Agostina Coniglio, tres abogadas con amplia experiencia en el desarrollo de infraestructura legal para las organizaciones privadas, no gubernamentales o estatales, estarán a cargo de la Estructuración de Negocios de Impacto, Gobierno Corporativo y Factores ASG (o ESG por su siglas en Inglés), Cadena de Valor y su Debida Diligencia. Ellas realizan el trabajo en conjunto con Franco de Pasquale, abogado especialista en Compras Públicas Sostenibles quien lidera esta área, Beatriz Pellizzari, quien lidera el área de Impulso y Transformación de ONG´s, y María Laura Tinelli, especialista en finanzas sostenibles, quién está a cargo del área de Contrato de Pago por Resultados y Financiamiento para el Desarrollo Sostenible. Matías Galindez, contador público especialista en triple impacto, da apoyo transversal a todas las áreas en el diseño de soluciones innovadoras para resolver desafíos sociales y ambientales. En equipo buscan incorporar la sostenibilidad en el ADN de las organizaciones.

La oportunidad de transformar y construir un nuevo ecosistema empresario De acuerdo a la última Encuesta anual de inversores de impacto del Global Impact Investing Network (GIIN) el tamaño del mercado de inversión de impacto global estimado a finales de 2019- es de USD 715.000 millones. El 4% de ese importe está en América Latina y el Caribe (incluido México). Según el informe “Las empresas con propósito y el auge del cuarto sector en Iberoamérica” de la Secretaría General Iberoamericana, el número de entidades del cuarto sector (empresas con propósito que combinan la actividad comercial con el impacto medioambiental y social generalmente conceptualizadas como empresas sociales, empresas de beneficio e interés colectivo o empresas de triple impacto) asciende a 37.682, lo que representa 1,89% del empleo nacional y representa el 4% del PIB nacional. En América Latina las empresas con propósito alcanzan el número de 170,000 representando 10.000 de empleos y el 6% del PIB total de la región. “Estos números son muy alentadores y uno de los motivos por lo que dimos vida a Keidos. Sabemos que sólo cumplir la ley ya no es suficiente para contribuir a la nueva agenda de desarrollo sostenible. Hoy necesitamos dar un paso más: que nuestras acciones, decisiones y elecciones generen un impacto positivo, creen valor compartido. Creemos en el derecho como un instrumento para la gestión del cambio. Nuestro propósito es transformar la realidad con herramientas del derecho, potenciando organizaciones, para generar triple impacto positivo (económico, social, ambiental)”, afirma Soledad Noel, una de sus co-fundadoras. En materia de deuda sostenible en América Latina durante 2021 prestatarios en la región ya han recaudado unos 8.700 millones de dólares en acuerdos de deuda internacional vinculados a proyectos medioambientales, sociales y de gobernanza, según datos recopilados por Bloomberg. Esta cifra se acerca al récord de 10.800 millones de dólares emitidos en todo el 2020.

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NEGOCIOS DE IMPACTO El rol de los abogados en los negocios y la economía de impacto: Los abogados son actores claves para cambiar las reglas del juego, adoptar un enfoque más proactivo de la sostenibilidad -que vaya más allá de lo que la ley requiere - y acompañar a las organizaciones a encontrar formas de crear valor a largo plazo. “Hoy estamos frente al desafío de crear oportunidades además de realizar análisis de los riesgos jurídicos, tomar un rol activo como catalizadores del cambio, intermediando entre el gobierno, las empresas y la sociedad civil. Por eso debemos pensar en una matriz de oportunidades y no ya de riesgos” comenta al respecto Agostina Coniglio otra de sus co-fundadoras, a lo que agrega “Desde Keidos ofrecemos consultoría de impacto de forma integral y con expertise en estos campos de acción: Estructuración de Negocios de Impacto, Gobierno Corporativo y Factores ASG (Ambientales, Sociales y Gobernanza, o ESG por su sigla en inglés); Financiamiento para el Desarrollo Sostenible; Cadena de Valor y su Debida Diligencia; Compra Pública Sostenible, Impulso y transformación de ONGs, y Contratos de Pago por Resultados, y Capacitaciones en estas temáticas con el fin de sensibilizar a los actores del ecosistema, y generar las capacidades y herramientas para la construcción del mercado de impacto.” Dentro de este contexto, los abogados requerirán diferentes habilidades y prácticas más híbridas, y fuertes colaboraciones con académicos, expertos en gestión de riesgos, medición de impacto, estrategia corporativa y análisis de datos. Para generar los cambios y transformaciones ambientales y sociales que la Agenda 2030 exige los abogados requieren ese enfoque estratégico, disruptivo, innovador y multidisciplinar.

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NEGOCIOS DE IMPACTO

ASPECTOS LEGALES DE LAS INVERSIONES DE IMPACTO EN ARGENTINA: ¿DÓNDE ESTAMOS Y HACIA DÓNDE VAMOS? POR KEIDOS Keidos, una consultora legal para el desarrollo sostenible, confeccionó un informe jurídico sobre el estado de las inversiones de impacto en Argentina, con el fin de proponer acciones que permitan atraer inversiones de impacto al país y contribuir a la construcción de la economía de impacto. Buenos Aires, Mayo 2021 - En la última década se ha notado un incremento en la relevancia de los modelos híbridos de negocio y la creación de mercados e instrumentos financieros sostenibles que benefician a las personas y al planeta. De la misma forma el movimiento de las inversiones de impacto ha ganado mucha fuerza y por ello distintos gobiernos han intentado catalizar los sectores de impacto en busca de resultados más eficaces, y de economías más sostenibles e inclusivas. De acuerdo al último informe del Global Impact Investing Network (GIIN), el tamaño del mercado de inversión de impacto global - estimado a finales de 2019 - es de usd 715.000 millones. El 4% de ese importe está en América Latina y el caribe (incluido México). Conforme al último informe del GIIN, América Látina presentó una tasa de crecimiento anual, en términos de inversiones de impacto, compuesta del 21% entre 2015 y 2019 detrás de Europa y Sudeste asiático. En este sentido, en la región entre los años 2016 y 2017 se llevaron a cabo unas 860 inversiones de impacto que totalizaron unos USD 1.400 millones, conforme un reporte elaborado en 2018 por la Aspen Network of Development Entrepreneurs y la Latin American Venture Capital Association.

Es así que Keidos, una consultora legal para el desarrollo sostenible, confeccionó un informe jurídico sobre el estado de situación de las inversiones de impacto en Argentina con el propósito de facilitar el intercambio de conocimientos y brindarse como una herramienta que sirva de guía respecto de regulaciones de gobiernos que –como catalizadores del ecosistema de impacto– están animando a los diversos actores del ecosistema a contribuir con la economía de impacto. También se acercan recomendaciones -informadas y estratégicas- sobre posibles acciones a seguir.

Las Inversiones de impacto en el país y la región desde un enfoque legal Partiendo de la base de qué son las inversiones de impacto, el informe se centra en un análisis del marco normativo del ecosistema de impacto en Argentina (leyes nacionales y provinciales, ordenanzas, programas y acciones que promueven este tipo de inversiones, las empresas con propósito, y las compras públicas sostenibles, entre otros). A partir del relevamiento normativo, se proponen 6 ejes sobre los cuales diagramar las bases de un marco jurídico que acoja de forma sistemática el impacto social, ambiental y económico, y a las inversiones de impacto: 1. El reconocimiento jurídico y fiscal de las diversas expresiones de empresas con propósito; 2. Incentivos; 3. Acceso al capital: Formas e Instrumentos; 4. Incorporación, medición, gestión, divulgación y reporte de factores ambientales, sociales y .

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que transforme la forma en la que se entiende la economía y el progreso. Los impactos sociales y económicos de la pandemia visibilizan la necesidad y urgencia de reconstruir la economía desde una lógica de impacto en sus tres dimensiones: económico, social y ambiental. Es así como nace lo que se conoce como “Economía de impacto" que busca generar beneficios al conjunto de la sociedad y que contribuya al bien público. El rol del Gobierno como catalizador de las inversiones de impacto y ecosistema de impacto es preponderante. Argentina presenta ciertas dificultades para atraer y fomentar las inversiones en general y las inversiones de impacto. Algunas de ellas se encuentran dentro del marco normativo vigente, mientras que otras se relacionan al contexto y a la misma coyuntura del país. El informe señala que a la hora de pensar un marco jurídico que decida acoger el impacto y el desarrollo de políticas públicas que lo impulsen esas dificultades no pueden ignorarse, sino que deben ser consideradas e incluidas dentro de esa misma construcción.

El caso de Argentina: ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? y de gobernanza (ASG), en toma de decisiones de inversión y gestión de las organizaciones; 5. Adquisición y contratación pública sostenible; y finalmente 6. contratos basados en resultados. Todo ellos a través de ejemplos regionales e internacionales. El reporte también hace hincapié en posibles cambios normativos, y remarca la importancia fundamental de contar con una planificación estratégica para el desarrollo e impulso de las inversiones y modelos de negocios de impacto. En este sentido, propone también un conjunto de acciones para incentivar un ambiente favorable para el ecosistema de impacto, facilitar su implementación y promover el desarrollo de políticas públicas adecuadas. Por último, se suman al informe ejemplos de estrategias nacionales y regionales, para visibilizar cómo diferentes países en el mundo traccionan de forma transversal las políticas públicas de la economía de impacto. “En este sentido en el informe advertimos que, en nuestra región, legislar sobre el impacto es complejo: la ley tiene vocación de permanencia y no cuenta con el dinamismo que la determinación del impacto, su gestión, medición y reporte requiere”, comenta Constanza Connolly de Keidos. De esa forma se identifican los distintos desafíos que aquello presenta facilitando para cada uno posibles acciones para su mejor abordaje.

Empresas, gobiernos y legislación, unidas para un mundo sostenible La agenda 2030 de Desarrollo Sostenible que dictó los ODS lleva implícito el reconocimiento que el actual modelo de desarrollo

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En un país federal como Argentina el marco normativo de las inversiones de impacto exige de un profundo análisis del estado del ordenamiento jurídico vigente (nacional, provincial y municipal), como así también de la consideración de la coyuntura de la jurisdicción en donde se quiera aplicar o replicar una norma. Las inversiones de impacto precisan de normas capaces de i impulsarlas de manera eficaz, a fin de movilizar y dirigir flujos de capital privado y público para resolver los actuales desafíos sociales y ambientales, y alcanzar los ODS. Respecto de este punto María Laura Tinelli de Acrux Partners aseguraa que “Existe consenso a nivel internacional (adoptado ya por algunos gobiernos en Europa, USA, y algunas iniciativas a nivel internacional) de que el Covid nos presenta con la oportunidad de reconstruir las economías mejor de lo que teníamos antes de la pandemia, buscando soluciones de crecimiento sostenibles que respeten los límites planetarios y humanos. El “New Green Deal” se logrará si existe una acción conjunta del sector privado, gubernamental, financiero y de la sociedad en su conjunto para re direccionar el sistema económico, de producción y financiero con un sentido de misión claro, que vele y proteja por el interés público común y del medioambiente. Argentina no es ajena a esta oportunidad, pero aún es necesario que los esfuerzos aislados que surgen de diversos sectores se coordinen y direccionen hacia un fin común. En tal sentido una regulación que observe este cambio de paradigma, y el respeto a la norma ya escrita aceleran la transición”.


ARTÍCULOS

ESTRATEGIAS BÁSICAS PARA EL INTERCAMBIO TELEGRÁFICO Por Tamara De Martino

¿Cómo redactar correctamente un despido? Art. 242 Justa Causa Una de las partes podrá hacer denuncia del contrato de trabajo en caso de inobservancia por parte de la otra de las obligaciones resultantes del mismo que configuren injuria y que por su gravedad, no consienta la prosecución de la relación. La valoración deberá ser hecha prudencialmente por los jueces teniendo en consideración el carácter de las relaciones que resulta de un contrato de trabajo, según lo dispuesto en la presente ley, y las modalidades y circunstancias personales en cada caso. Por ejemplo, las publicaciones ofensivas en redes sociales las tendrá que valorar el juez.

Art. 243 -

Luis Daniel José de Urquiza, abogado, autor, conferencista, socio titular de la firma Urquiza & Lescano dictó el primer encuentro del programa derecho procesal laboral junto al Instituto CEDEF Law el 14 de abril del 2021. Lo primero que recalca el expositor para realizar un buen intercambio telegráfico es conocer el derecho del trabajo, conocer la ley 32789 para saber qué supuestos pueden o no enviar un telegrama gratuito, ya que este intercambio es la primera manifestación escrita del proceso laboral. “Hoy en día lo importante no es la información que abunda, sino la curatela de la información.”

POR THE TECHNOLAWGIST

Mitos y sugerencias: Art. 57 ● ¿Cuantos dias tengo para responder

un telegrama gratuito obrero que me envía un trabajador? 2 días, ES UN MITO. Es un piso, tengo un mínimo de dos días hábiles.Sugerencia práctica esperar mínimo entre 4 y 7 días.

Si un correo no funciona, probar con otro para notificar al trabajador. OCA, Correo Argentino y Andreani son los únicos que tienen carta de documento autorizada para un juicio.

Comunicación El despido por justa causa dispuesto por el empleador como la denuncia del contrato de trabajo fundada en justa causa que hiciera el trabajador, deberán comunicarse por escrito, con expresión suficientemente clara de los motivos en que se funde la ruptura del contrato. Ante la demanda que promoviere la parte interesada, no admitirá la modificación de la causal de despido consignada en las comunicaciones antes referidas. Sin causa: verbalmente. Con causa: Solo por escrito. “No solo hay que conocer la norma sino la jurisprudencia. La verdad es fácil de probar, solo que hay que pensar por nosotros mismos.”. ¿Cómo redactar una misiva de despido correcta? Antecedentes con los que cuenta el abogado para despedir al trabajador -Estrategia integral Organizar el despido -Acta de contestación redactada por el abogado de cero donde el escribano describe el texto de los estados y las fotos y las agrega al acta. Texto de intimación a la trabajadora a que presente su descargo.Especulación de que la trabajadora niegue haber publicado lo que yo tengo certificado. No reveló las pruebas que tengo.

Renuncia- Art 240: Se pedirá que se envíe por medio del despacho telegráfico del correo o ante una autoridad administrativa. Si el trabajador renuncia sin presentar una carta de documento, la renuncia no es válida. Debe dar 15 días de preaviso. Por lo tanto, el empleador puede sancionar al trabajador e intimar a que retome tareas.

● Para el trabajador: Primero renunciar y luego armar un circo,

no dañar nada ni a nadie y antes de renunciar consultar a un abogado.

Pensar con detalle cada palabra, no copiar modelos. No adelantar la demanda o la contestación de demanda en el intercambio telegráfico.

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NUEVAS REGULACIONES DE LA IGJ PRINCIPALMENTE APLICABLES A SOCIEDADES CONSTITUIDAS EN EL EXTRANJERO POR BÁRBARA V. RAMPERTI, MARÍA MACARENA GARCÍA MIRRI, MARÍA LAURA BOLATTI CRISTOFARO Y MARÍA SOLEDAD NOODT MOLINS. Una nueva resolución modificó el marco normativo aplicable en la ciudad de Buenos Aires a las sociedades constituidas en el extranjero. La resolución también estableció requisitos adicionales para las sociedades anónimas unipersonales y para el cumplimiento del régimen de beneficiario final. A continuación, detallamos los principales puntos de la nueva Resolución General 8/2021, publicada por la IGJ el 17 de mayo de 2021 y que se encuentra vigente desde su publicación.

Nuevos requisitos para sociedades constituidas en el extranjero denominadas o calificadas como sociedades “vehículo” La Resolución agregó requisitos para la inscripción a los fines de los artículos 118, tercer punto, y 123 de la Ley N° 19550, como así también para los regímenes de información periódica, de las sociedades constituidas en el extranjero denominadas o calificadas como “vehículos” de inversión de otras sociedades del exterior con las cuales integran un grupo societario internacional.

Conforme la Resolución, las sociedades constituidas en el extranjero que soliciten su inscripción como sociedades “vehículo”[1], y las que ya se encuentren inscriptas ante la IGJ en tal condición, deberán cumplir con lo siguiente: 1. La condición de sociedad vehículo deberá ser declarada al momento de su inscripción en la República Argentina, y no será admitida la condición de sociedad vehículo de modo sobreviniente. 2. La IGJ no admitirá la inscripción de: 3. más de una única sociedad vehículo por grupo;

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La IGJ no admitirá la inscripción de: más de una única sociedad vehículo por grupo; sociedades vehículo si su controlante directa o indirecta se encuentra inscripta en la República Argentina en términos del artículo 118 o 123 de la Ley N.º 19550; sociedades vehículos resultantes de una cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales.

Nuevos requisitos aplicables a la totalidad de las sociedades extranjeras La Resolución agregó requisitos para la inscripción a los fines de los artículos 118, tercer punto, y 123 de la Ley N° 19550, como así también para los regímenes de información periódica, de las sociedades constituidas en el extranjero denominadas o calificadas como “vehículos” de inversión de otras sociedades del exterior con las cuales integran un grupo societario internacional. Conforme la Resolución, las sociedades constituidas en el extranjero que soliciten su inscripción como sociedades “vehículo”[1], y las que ya se encuentren inscriptas ante la IGJ en tal condición, deberán cumplir con lo siguiente: 1. La condición de sociedad vehículo deberá ser declarada al momento de su inscripción en la República Argentina, y no será admitida la condición de sociedad vehículo de modo sobreviniente. La IGJ no admitirá la inscripción de: más de una única sociedad vehículo por grupo; sociedades vehículo si su controlante directa o indirecta se encuentra inscripta en la República Argentina en términos del artículo 118 o 123 de la Ley N.º 19550; sociedades vehículos resultantes de una cadena de control entre sucesivas sociedades unipersonales.


ARTÍCULOS

Nuevos requisitos aplicables a la totalidad de las sociedades extranjeras Registro obligatorio ante la IGJ Aquellas sociedades constituidas en el extranjero en los términos de los artículos 118 o 123 de la Ley N.º 19550 en cualquier jurisdicción de la República Argentina que mantengan participaciones sociales de modo principal en sociedades locales con domicilio y sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán inscribirse asimismo en idénticos términos ante el Registro Público a cargo de la IGJ y le serán inoponibles, a este último organismo, las inscripciones en otras jurisdicciones de la República.

Presentación de plan de inversión Asimismo, las sociedades constituidas en el extranjero deberán acompañar en su solicitud de inscripción un plan de inversión donde indiquen la nómina de la o las sociedades de las que se pretenda participar o que se pretenda constituir en la República Argentina. Además, se deberá detallar, entre otras cuestiones, la denominación, domicilio, actividad, identificación de los restantes socios y participaciones a adquirir.

Modificaciones para sociedades constituidas en el extranjero y su impacto en sociedades locales participadas La Resolución deroga los artículos 212, 217, 219, 222, 239, 240 y 249 de la Resolución General IGJ N° 7/2015 y modifica los artículos 215, 218, 245, 255 y 256 del citado plexo normativo. Asimismo, se deja sin efecto cualquier otra norma de la RG 7/2015, conforme previamente modificada que contravenga las disposiciones de la Resolución. Estas derogaciones y modificaciones refieren principalmente a la implementación de la Resolución y establecen lo siguiente: 1. En la inscripción de la sociedad constituida en el extranjero como sociedad “vehículo” se hará constar, luego de su denominación social, la denominación de la sociedad controlante del grupo que integra. La IGJ no inscribirá sociedades constituidas en el extranjero que carezcan de capacidad y legitimación para actuar en el territorio del lugar de su creación, y se utiliza esta expresión en lugar de la referencia a sociedades “off shore provenientes de jurisdicciones de ese carácter” de la RG 7/2015.

1. En lugar del criterio restrictivo de análisis que preveía la RG 7/2015, se establece que la IGJ no inscribirá sociedades extranjeras que estén constituidas en jurisdicciones y regímenes tributarios especiales considerados no cooperadores a los fines de la transparencia fiscal, y/o categorizadas como no colaboradoras en la lucha contra el Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, o de baja o nula tributación, conforme a criterios del BCRA, UIF, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos o de organizaciones regidas por normas de derecho internacional público, o en su defecto, que a criterio razonablemente fundado de la IGJ no satisfagan dichos estándares. 1. Se modifica el régimen informativo anual abreviado y se establece que: La opción podrá ser utilizada únicamente por las sociedades constituidas en el extranjero que hayan presentado de forma temporánea sus informes anuales y que no adeuden ninguna presentación. Su aplicación podrá ser de modo alternado a su presentación anual y por el máximo de 1 ejercicio consecutivo (en lugar de 3). En la declaración se deberá manifestar expresamente que no se han producido variaciones en la composición y titularidad del capital de la sociedad, en caso de así suceder. La IGJ puede pedir una certificación contable del patrimonio neto de la sociedad cuando lo considere necesario. (Es decir que se eliminaron las pautas a partir de las cuales la IGJ podría fundar la necesidad de esta documentación adicional.) 1. Se establece que los acuerdos en los cuales hayan participado sociedades constituidas en el extranjero que adeuden presentaciones de sus informes anuales, no son inscribibles (en lugar de limitar esta sanción a aquellos acuerdos en los que sociedades extranjeras intervinieran sin encontrarse inscriptas o por medio de personas distintas a sus representantes inscriptos o apoderados de éstos). Asimismo, se agrega que los acuerdos que infrinjan lo anterior son inoponibles a la IGJ hasta que no se dé cumplimiento con la simple presentación de todos los informes anuales adeudados. 2. Fueron eliminadas: La alternativa de cumplimiento por integración de grupo. La referencia a que no resultan de aplicación las disposiciones de las sociedades “off shore” o sociedades provenientes de jurisdicciones no cooperantes a las sociedades constituidas en el extranjero que se inscriban como “vehículo” de inversión.

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ARTÍCULOS La referencia a que las sociedades “off shore” inscriptas antes de la Resolución General I.G.J. N.º 7/2005 quedarán sujetas a los requisitos más estrictos que antes aplicaban a las sociedades no cooperantes. Las disposiciones sobre traslado de jurisdicción de sociedades constituidas en el extranjero desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Improcedencia de inscripción de una SAU constituida por una sociedad extranjera unipersonal La IGJ estableció que no inscribirá sociedades anónimas unipersonales (SAU) cuyo accionista sea una sociedad constituida en el extranjero unipersonal, con o sin carácter de vehículo.

Nuevos requisitos del régimen de beneficiario final Las sociedades locales o extranjeras que manifiesten en la declaración jurada requerida por la RG 7/2015 que no existe beneficiario final deberán acreditar documentadamente: 1. que la sociedad cabeza de grupo tiene la totalidad de sus acciones admitidas a la oferta pública; o 2. que la titularidad de las acciones presenta un grado de dispersión tal entre las personas humanas en cabeza de las cuales se halla finalmente reunido el capital accionario que ninguna de ellas alcanza la titularidad del porcentaje mínimo contemplado por la IGJ.

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POR TAMARA DE MARTINO

LICENCIAS PSICOLÓGICAS Y PSIQUIÁTRICAS Justificación de la ausencia - licencia Mito: El trabajador no DEBE presentar un certificado médico. Realidad: Solo DEBE avisar que enfermedad padece y el lugar en que se encuentra.

Clase dictada por Federico Carnicero, el 21 de mayo para el Instituto CEDEF Law (Master Law) del estudio Dres Carinceros. Los trastornos mentales están dentro de las cinco primeras enfermedades en América. En Argentina 1 de cada 3 personas presenta algún problema de salud mental a partir de los 20 años.

Problemas para el empleador:

Certificados Express (pueden ser falsos). Ante la presentación de este empieza un proceso complicado para el empleador. Dificultad de control de costo: pago de licencia de 3 a 12 meses. Sumatoria de licencias (art.208, LCT). Costo de reemplazo del trabajador (horas extras al resto). Costo de salida del eventual reemplazante. Ausencia de organismo oficiales y mecanismo para dirimir discrepancias Efecto contagio (el resto de los compañeros quiere tener la misma ventaja) Cura milagrosa Acusación de discriminación (cuando se suele cuestionar la actitud del trabajador) Conflictividad interna

Recepción de certificados - Rol de RR.HH

1. Establecer un procedimiento y comunicarlo a los empleados. 2. Recibir el certificado original y analizarlo. Si se confirma a la larga que es trucho, el empleador puede negar la licencia. Requerir que el trabajador firme que entregó el certificado. 3. Organizar el control médico en el domicilio 4. Intimar al trabajador a que se presente 5. Requerir al trabajador que presente el control de la historia clínica, informes médicos, etc. 6. Brindar información completa al profesional que realizará el control

Preconstitución de pruebas para casos abusivos Acta notarial con desconocimiento de la autenticidad de certificado por el médico sindicado como autor Acta notarial en lugar de trabajo Informe en la clínica/obra social Testigos / filmaciones de actividades Certificación notarial de páginas de redes sociales Registros de AF

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