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Distribución gratuita

Publicación trimestral de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado – www.cear.es

Nº 11 – Primavera de 2010

Datos de asilo 2009: nuevamente llegan a España muchos menos refugiados que a los países vecinos Eugenia García Raya De acuerdo a los datos provisionales de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR), en 2009 hubo 2999 solicitantes de asilo en España, lo que significa un descenso de un 33,6% con respecto a 2008, cuando se presentaron 4.517 solicitudes, y una consolidación de lo que CEAR viene advirtiendo en los últimos años: cada vez menos refugiados pueden llegar a nuestro país. El descenso del número de solicitudes en España no se corresponde con las cifras mundiales: según los datos publicados por ACNUR, en los países industrializados se han mantenido las demandas de protección internacional, que han ascendido en 2009 a 377.200, mismo dato que en 2008. Tampoco en la Unión Europea ha disminuido el número de personas que buscan asilo. Los 27 países de la UE registraron 246.200 solicitudes el año pasado, un 3% más que las 239.100 solicitudes de 2008. Además, el bajo número de solicitantes de asilo en España tampoco se corresponde con el de los países de nuestro entorno. Así, según los datos de ACNUR, el año pasado Francia recibió 41.981 solicitudes de asilo, lo que supone un 19 por ciento más que en 2008. El gobierno de Sarkozy emitió 10.900 permisos de residencia para refugiados, 12 por ciento más que el año anterior y 32 por ciento más que dos años antes. Grecia, por su parte, tramitó 15.900 peticiones de asilo, e Italia 17.600. Estos datos indican que España está cada vez más a la cola en protección internacional, como ya había puesto de relieve hace unos meses Eurostat, la oficina estadística comunitaria, que advertía de que la proporción de demandantes de asilo en España es muy inferior a la media comunitaria: en 2008, había en nuestro país 100 solicitudes por cada millón de habitantes, mientras que esta proporción era, en la Unión Europea, de 480 por millón de habitantes. Para CEAR, estas cifras muestran que en nuestro país el derecho de asilo vuelve a ser una víctima de las políticas contra la inmigración clandestina. Según el Ministerio de Interior español, las llegadas irregulares por mar a las Islas Canarias

han disminuido más de un 92 por ciento entre 2006 y 2009. La agencia para el control de fronteras, Frontex, ha contribuido decisivamente a este ‘éxito’ que, en palabras de Alfredo Abad, secretario general de CEAR, “están pagando los refugiados que no pueden llegar”. Un problema que en España es más acusado, pero que comparte con los países que más directamente están implicados en las acciones de Frontex: si bien es cierto que el número de solicitudes de asilo ha aumentado en la UE, este incremento ha sido absorbido por los países nórdicos, que recibían en 2009 el número más alto de peticiones desde 2003, mientras que en España, Grecia e Italia se registraba una disminución de las solicitudes de protección internacional. En cuanto al porcentaje de admisiones de las solicitudes de asilo, y hasta la entrada en vigor de la nueva ley de asilo el 20 de noviembre de 2009, era similar, e incluso inferior, al de 2008: si en ese año se admitió a trámite el 49,22% de las solicitudes, en 2009 este porcentaje es del 44,68% hasta la entrada en vigor de la nueva ley de asilo, que ha modificado los indicadores para medir la inadmisión. La procedencia de los solicitantes de asilo que llegan a España muestra como dato más significativo que Nigeria vuelve a ser el país de origen de más solicitantes, 459. Le siguen Costa de Marfil con 304, Colombia con 247 y Argelia con 181 demandantes. Hay que señalar el acusado descenso de los solicitantes colombianos, que de 752 en 2008 han pasado a 247 en 2009. CEAR ha llamado la atención en múltiples ocasiones acerca de las tremendas dificultades que sufren los solicitantes de asilo de Colombia para obtener protección en España, a pesar de los continuos informes internacionales sobre las gravísimas violaciones de derechos humanos en ese país, los últimos de ellos de Naciones Unidas y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. España reasentará a 75 refugiados en 2010 El gobierno español ha aprobado el programa anual de reasentamiento para 2010, por el que este año

Costa de la Luz.

se acogerá en nuestro país a 75 refugiados que no pueden permanecer en condiciones seguras en su primer país de asilo y para quienes no es posible el retorno al país de origen. La cuota anual de reasentamiento ha sido una petición de las organizaciones de defensa del derecho de asilo desde hace años, como ha señalado el Secretario General de CEAR, Alfredo Abad, quien celebraba que “por fin” España se sume a los otros doce países europeos que cuentan con programas anuales de reasentamiento (Dinamarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Islandia,

FOTO: BRITISH REFUGEES COUNCIL. SILE REYNOLDS.

Noruega, Países Bajo, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia). La decisión de acoger a 75 personas bajo reasentamiento se producía después de la aprobación de la nueva ley de asilo, que establece dicha figura, y tras las reuniones del gobierno con las principales ONGs de defensa del derecho de asilo, entre ellas CEAR. Para Abad, sin embargo, el número es bajo si se compara con el de otros países europeos “y si tenemos en cuenta que el gobierno habló, en esas reuniones, de reasentar a unas 350 personas en cuatro años”.

Organizaciones de derechos humanos instan a la UE a que modifique la gestión de sus fronteras para que los refugiados puedan llegar Mario Amorós CEAR, Amnistía Internacional ante la Unión Europea, y el Consejo Europeo para los Refugiados y Exiliados (ECRE), del que las dos primeras hacen parte, han pedido que la UE garantice que las personas que necesiten protección internacional puedan llegar a territorio europeo. Evitar la entrada irregular de personas se ha convertido en objetivo prioritario de la política migratoria europea. España, que ocupa la presidencia de la UE, ha sido pionera en esta política, mediante la externalización del control de fronteras y la cooperación con terceros países para frenar los flujos migratorios, sin tener en cuenta posibles vulneraciones de los derechos. Según el Ministerio de Interior español, las llegadas irregulares por mar a las Islas Canarias han disminuido más de un 92 por ciento entre 2006 y 2009, a lo que ha contribuido decisivamente la agencia para el control de fronteras, Frontex, que varios Estados de la UE piden ahora que se fortalezca y que aumente su capacidad para cooperar con terceros países y para organizar vuelos conjuntos de repatriación. Bjarte Vandvik, Secretario General del ECRE, ha afirmado que “los Estados tienen el legítimo derecho de controlar sus fronteras, pero este derecho no debe ser una excusa para ignorar que hay personas que huyen de guerras o de persecución y tienen el derecho a la protección internacional según las leyes nacionales e internacionales. El fortalecimiento de Frontex requiere que sus operaciones sean controladas para garantizar el respeto de los derechos humanos”. “Los gobiernos europeos se vanaglorian de su éxito en la lucha contra la inmigración irregular, ‘éxito’ que están pagando los refugiados que no pueden llegar a territorio europeo. La Unión Europea muestra así una preocupante

hipocresía: celebra el establecimiento de un sistema europeo de asilo a la vez que deja a los refugiados fuera de Europa, donde no tienen acceso a su derecho a la protección internacional”, añade Alfredo Abad, Secretario General de CEAR. Independientemente de dónde y quién controle las fronteras, los métodos deben tener en cuenta la identificación de personas que necesitan protección, para que no sean retornadas a ningún país donde puedan sufrir persecución. Las obligaciones que los Estados tienen en virtud de las leyes internacionales y las leyes europeas no desaparecen en los límites físicos de la UE. La responsabilidad es no sólo moral y política, sino también legal. Para CEAR, AI y ECRE, los países europeos no pueden abdicar de sus principios y compromisos haciendo fuera de sus fronteras lo que no sería permisible en sus territorios. Para que Frontex opere con respeto a la normativa europea de derechos humanos y al derecho que cobija a los refugiados, CEAR considera necesaria la total transparencia de los operativos de FRONTEX, sean unilaterales o conjuntos con los países de tránsito. Se deben establecer controles periódicos por el Parlamento Europeo, y facilitar la intervención de organismos internacionales (en especial ACNUR) y organizaciones sociales. Hay que apoyar el desarrollo de las organizaciones sociales de los países de tránsito y origen, y su papel en la fiscalizac as que puedan ampararse en él. La cooperación debe quedar vinculada al cumplimiento de compromisos en desarrollo del Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos y la transparencia de las actuaciones, con mecanismos de revisión periódica que condicionen la continuidad de los operativos. El salvamento marítimo es una obligación de los Estados, por lo que el sistema de interceptación y vigilancia debe contar con los medios adecuados para ello.


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OPINIÓN

El empadronamiento, el debate sobre la inmigración y el sentido común MARÍA JESÚS ARSUAGA PRESIDENTA DE CEAR Hemos comenzado 2010 con la decisión del ayuntamiento de Vic de impedir el empadronamiento de los inmigrantes sin residencia legal en España, así como con su pretensión de remitir la información de aquellos que perdieran la misma para que las autoridades policiales iniciasen procedimientos sancionadores. El debate generado ha sacado a la luz las prácticas restrictivas de otros municipios, como el madrileño de Torrejón de Ardoz. La generalización de esta medida pondría en grave riesgo el ejercicio de derechos fundamentales como la sanidad, el acceso a los servicios sociales y la escolarización obligatoria, vinculados al empadronamiento en la actual ley de extranjería; asimismo, al impedir el empadronamiento se derogaría de hecho la figura legal del arraigo (para el que se requiere acreditar la permanencia continuada en España durante un mínimo de tres años), lo que condenaría a miles de inmigrantes a la irregularidad permanente, la marginación y la explotación laboral. Aunque la iniciativa se ha saldado con un sonado fracaso, ya que a pesar de los pretendidos argumentos legales del ayuntamiento no sólo la ley de extranjería sino también la ley de bases de régimen local son inequívocas al respecto, como lo destacó en su informe la abogacía del estado, el daño causado ha sido grande. La polvareda levantada ha servido a unos pocos para abrir un falso debate sobre la inmigración y el deterioro de los servicios sociales, dando pie a discursos xenófobos y a una alarma social sin fundamento. Hay que lamentar que la música de fondo que ha acompañado a la reciente aprobación de la cuarta reforma de la ley de extranjería (diciembre de 2009), en una especie de competición por exhibir el máximo de dureza para ganarse el favor del público, ha creado un clima favorable a este tipo de propuestas; en vez de apostar por el sentido común de un acuerdo amplio en un materia

tan delicada, la integración social y la aplicación universal de los derechos humanos, nos deslizamos poco a poco en la pendiente demagógica electoralista del todo vale. Apenas una semana después del debate generado por la decisión del ayuntamiento de Vic, el gobierno central anunció una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local para regular de nuevo el empadronamiento; con independencia de la valoración de la medida propuesta, el momento político elegido no ha sido el más afortunado, ya que podría interpretarse como una concesión a las posiciones xenófobas que han manipulado el debate sobre la propuesta del ayuntamiento de Vic, que en ningún caso deberían marcar la agenda legislativa. Es un atentado contra el sentido común más elemental responsabilizar a los inmigrantes de la falta de recursos de los ayuntamientos y la saturación de los servicios sociales, sin tener en cuenta las políticas que han priorizado durante años la inversión en otros ámbitos y que los inmigrantes tienen las mismas necesidades que el resto de la población. Buscar un chivo expiatorio de la crisis en el eslabón más débil, además de falso es injusto, sobre todo si se tiene en cuenta el aporte económico presente y futuro de los inmigrantes al desarrollo económico y social en España. Para acabar de enturbiar el ambiente en este mal comienzo del año, la Circular 1/2010, emitida por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras el pasado 25 de enero, insta a generalizar las expulsiones “express” y las detenciones en la calle, vulnerando incluso lo previsto en la vigente ley. Su mensaje implícito convierte al inmigrante en objetivo permanente de la actuación policial, ordenando practicar detenciones en situaciones de dudosa legalidad, lo que profundizará en el temor generado por las redadas contra inmigrantes en las inmediaciones de centros educativos, sanitarios o estaciones de transporte público.

Esta medida conlleva la constatación de un enfoque muy restrictivo de las políticas migratorias, que tras el debate generado con los acontecimientos de Vic y la recuperación por el principal partido de la oposición de sus propuestas sobre el “contrato de integración” y la prohibición de las regularizaciones, no anuncian nada bueno. En vez de apostar por la integración, la igualdad de derechos y la definición de un modelo a largo plazo, se pretende convertir al inmigrante en un objeto desechable cuando la coyuntura económica no sea favorable. Desde CEAR seguimos apostando por un cambio de enfoque en la política de inmigración, que debe priorizar la integración social, el pleno respeto a los derechos humanos y la lucha contra el racismo y la xenofobia, con mayor rigor si cabe en tiempos de crisis económica, y sobre todo en las formas, construyendo un gran acuerdo social que facilite la consecución de esos objetivos. Nuestro reto es conseguir, como lo hicieron países como Argentina, Canadá, Australia o México, que la inmigración enriquezca la construcción de una identidad colectiva con los aportes de los recién llegados en un mestizaje permanente con la sociedad de acogida. Lo mismo que no se entendería hoy Argentina sin la inmigración mediterránea del siglo XIX, o México sin los aportes del exilio español de nuestra postguerra, debemos conseguir que la inmigración hacia España de los últimos veinte años se convierta en una oportunidad de construcción de una nueva identidad colectiva. Nadie niega que la integración es un proceso con conflictos que hay que abordar, pero es de sentido común no reducir la inmigración a la extranjería y que los trámites burocráticos se conviertan en el cansino discurso permanente, en definitiva en un obstáculo para lo que realmente importa.

TRIBUNA

Preparándonos para el diluvio POR ANTÓNIO GUTERRES ALTO COMISIONADO DE LA ONU PARA LOS REFUGIADOS

FOTO: © UNHCR/S.Hopper

Terremotos. Ciclones. Tsunamis. Inundaciones. Deslizamientos de tierra. Los desastres naturales se han duplicado en frecuencia en las últimas dos décadas. Las catástrofes se han vuelto más intensas, destructivas y amenazantes para la vida humana. Sólo en 2008, unos 36 millones de personas fueron súbitamente desplazadas por estos fenómenos. Aunque es una cifra enorme, se ve eclipsada por el número de personas cuya seguridad y medios de vida están siendo constantemente socavados por las consecuencias a largo plazo del cambio climático: las sequías y los ciclos de lluvias impredecibles, la degradación y desertificación de la tierra, la erosión costera y salinización. Una característica particularmente preocupante de estos acontecimientos es su potencial para encender conflictos dentro y entre los estados, especialmente en situaciones en las que las comunidades compiten por recursos

cada vez más escasos, como agua dulce y tierras de pastoreo. Mirando un poco más hacia el futuro, los ciudadanos de las islas pequeñas se enfrentan a la perspectiva del hundimiento de sus países en el mar, y la desaparición de sus nacionalidades, culturas e identidades. Nadie puede decir con exactitud cuántas personas se verán desplazadas por los desastres naturales y el cambio climático en las próximas décadas. Las predicciones actuales varían enormemente: de decenas de millones a más de mil millones. Lo que se puede afirmar con toda seguridad, sin embargo, es que el impacto del cambio climático se dejará sentir con mayor fuerza por los países de bajos ingresos, que son los menos responsables del fenómeno y los menos equipados para lidiar con él. En el mundo en desarrollo, por otra parte, las mujeres y hombres desfavorecidos -- los agricultores de subsistencia y los pescadores, habitantes de barrios de tugurios y chabolas, los miembros de las minorías étnicas y religiosas -- se llevan la peor parte de los cambios que tienen lugar en nuestro ecosistema. A este respecto, abordar el desafío del cambio climático no puede disociarse de la lucha para promover formas eficaces de cooperación para el desarrollo y para garantizar los derechos humanos para todos. Nos enfrentamos ahora con una serie de megatendencias mundiales que interactúan unas con otras. Además del cambio climático, éstas incluyen el crecimiento demográfico, la migración, la urbanización y la inseguridad alimentaria, de agua y energética, todas ellas agravadas por la crisis económica mundial. Como el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha recordado con frecuencia, el cambio climático está en el punto de apoyo de estas tendencias, multiplicando los efectos de los demás. El intento de hacer frente a estas tendencias de forma individual podría condenar dicho esfuerzo al fracaso. Se requiere una respuesta común, que a menudo escapa a la comunidad internacional dada la naturaleza fragmentaria de sus instrumentos analíticos y normativos. Debido a su relación con las otras tendencias, nuestra respuesta debe comenzar con el cambio climático. Quisiera proponer una estrategia de tres pilares. En primer lugar, como se reconoce en la conferencia sobre cambio climático de Copenhague, hay una necesidad de mitigación eficaz, sobre todo por medio de medidas que reduzcan las emisiones de carbono, para frenar el calentamiento global. En segundo lugar, las comunidades afectadas deben recibir apoyo en sus esfuerzos para adaptarse al cambio climático, reconociendo que en algunos casos la movilidad puede ser uno de los elementos de adaptación. Y, finalmente, se requiere una respuesta oportuna y coherente en aquellas situaciones en las que las personas se ven obligadas a huir debido a los efec-

tos del cambio climático, ya sea directamente o como un acelerador de otros factores de desplazamiento, tales como los desastres naturales, la inseguridad alimentaria y los conflictos. La experiencia reciente sugiere que la mayoría de las personas que se ven obligadas a desplazarse como consecuencia de estos fenómenos es probable que permanezcan dentro de las fronteras de su propio país. La responsabilidad principal de su protección y su bienestar corresponderá por tanto a los Estados interesados. Pero si los gobiernos de las regiones en desarrollo quieren estar preparados para satisfacer las necesidades de los ciudadanos desplazados, necesitarán un fuerte apoyo a largo plazo de los Estados industrializados en el mundo -- los países que tienen la responsabilidad principal en este proceso de cambio climático --. Tradicionalmente, la comunidad internacional ha respondido a los desastres y el desplazamiento actuando en “modo de emergencia humanitaria”, con el establecimiento de campamentos, la distribución de alimentos y agua, construcción de escuelas y clínicas. Debemos reconsiderar nuestro enfoque. Los miles de millones de dólares gastados en ayuda internacional en las últimas tres o cuatro décadas no han alcanzado en general una mejora sostenible de la capacidad local que se hubiera esperado. Al mismo tiempo, una proporción creciente de las personas afectadas por el desastre y el desplazamiento en el futuro se encuentra en las zonas urbanas, donde no tiene sentido dar cabida a las víctimas en campamentos o en la creación de servicios separados y paralelos para ellos. Actualmente se requiere una respuesta a los desplazamientos que haga hincapié en la inclusión de los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad en los esfuerzos para garantizar que accedan a los medios de vida, servicios y seguridad a la que tienen derecho. Las personas que han sido desplazadas necesitan nuestra ayuda, y no nuestro rechazo, si se trata de encontrar soluciones duraderas a su situación.

Para saber más: www.unhcr.org


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Primavera de 2010

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de CEAR sobre el Marine I Mauricio Valiente Ots En sentencia fechada el 17 de febrero de 2010, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo ha rechazado el recurso presentado por CEAR en el caso Marine I, una de las más graves crisis humanitarias que han vivido los migrantes en su camino hacia Europa y que constituyó un ejemplo de las dificultades que los refugiados tienen para acceder al derecho de asilo cuando quedan atrapados en países donde no se garantiza el respeto a sus derechos. El 31 de enero de 2007 el remolcador de salvamento marítimo Luz de Mar atendió las llamadas de socorro enviadas desde este viejo carguero, en el que se hacinaban 369 personas. El rescate se llevó a cabo el 4 de febrero y, tras una negociación con Mauritania, país que rechazaba cualquier responsabilidad en el asunto, se les desembarcó en una antigua fábrica de pescado en el puerto de Nuadibú. El gobierno mauritano sólo aceptó este desembarco a cambio de que se procediera a la repatriación inmediata de todas las personas, y que la vigilancia, manutención y operaciones de traslado fueran costeadas por España. Desde el 12 de febrero de 2007, después de sucesivas repatriaciones y traslados plagados de irregularidades (véase el Informe CEAR 2008, páginas 51-61), 23 personas permanecieron en esta nave de pescado del puerto de Nuadibú en una situación de detención de hecho durante cuatro meses y medio, sin ninguna base legal y custodiados por las fuerzas de seguridad españolas. Ante la grave vulneración de derechos fundamentales que se había producido, el 2 de abril de 2007 CEAR presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional, ya que en ese momento las personas retenidas llevaban casi un mes y medio bajo la responsabilidad de las autoridades españolas en una situación completamente ilegal: sin control judicial, sin ser informados de los motivos de su detención, sin disponer de asistencia letrada ni poder acceder al procedimiento de asilo con plenas garantías. La AN desestimó el recurso por lo que CEAR, en enero de 2008, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

José Antonio Rubio En mayo se celebrarán dos eventos de especial trascendencia para las relaciones entre la Unión Europea y América Latina. Por un lado, una Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de ambas regiones impulsada por la Presidencia Española de la Unión Europea. Por otro lado, una cumbre alternativa organizada por la sociedad civil de ambos continentes, con una visión alternativa, crítica y ciudadana de los acuerdos que se pretenden alcanzar en la primera: la Cumbre de los Pueblos-Enlazando Alternativas 4.

Migrantes en Libia. Dos años después, el TS ha resuelto el caso con una argumentación que se podría calificar como vacía de contenido y decepcionante. Considera el tribunal que “la penosidad y limitación de privación de libertad… derivó únicamente del riesgo de naufragio” y que esta no fue consecuencia de la actuación del gobierno español; este razonamiento pasa por alto que CEAR en ningún momento dejó de reconocer el valor y la actuación humanitaria de las autoridades españolas, pero, al mismo tiempo, ha señalado siempre que fueron estas autoridades las que decidieron el destino final de las personas retenidas cuatro meses y medio después de que el riesgo de naufragio aludido se hubiera producido. Por otra parte, el TS afirma que al encontrarse estas personas en un tercer país y no disfrutar de ninguna de las situaciones que sobre la presencia legal de los extranjeros en España contempla la ley, ésta no podría aplicarse. En resumen, una oportunidad perdida para reafirmar que el control de los jueces sobre la

FOTO: Consiglio Italiano per i Rifugiati

actividad del gobierno no puede tener ningún límite si no se quiere erosionar el Estado de Derecho, máxime cuando estamos comprobando que la creciente actividad extraterritorial de España y la UE en el control de las migraciones puede conllevar graves violaciones a los derechos humanos más fundamentales, entre ellos, el derecho de asilo (por ejemplo, con la agencia FONTEX, que estos días está reformando su reglamento y fortaleciendo su estructura). CEAR, a pesar de esta sentencia, continuará denunciando la existencia de espacios de impunidad y la necesidad de garantizar el acceso a una protección internacional efectiva, recurriendo esta sentencia ante el Tribunal Constitucional y, si fuera necesario, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

- Mauricio Valiente Ots coordina el área de Incidencia y Participación Social de CEAR.

El Comité contra la Tortura de la ONU admite a trámite denuncia de CEAR contra Marruecos S.P. En diciembre de 2006, 42 ciudadanos subsaharianos reconocidos como refugiados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR) fueron abandonados por las autoridades marroquíes en el desierto de Argelia, violando así los principios básicos de la protección internacional que establece el estatuto de refugiado tal y como está plasmado en el Convenio de Ginebra. Ante tal hecho, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó una denuncia ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que el pasado mes de diciembre fue admitida a trámite al considerar este organismo que Marruecos podría haber violado el artículo 3 de la Convención contra la Tortura de la ONU, que prohíbe la “expulsión, devolución o extradición de una persona a otro Estado cuando haya razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometida a tortura”. Los hechos comenzaron la madrugada del 23 al 24 de diciembre de 2006, cuando en el transcurso de una operación contra la inmigración clandestina, la policía marroquí entró en varias viviendas de Rabat y detuvo a 248 personas de origen subsahariano. Cuarenta y dos eran refugiados reconocidos por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y tenían la documentación oficial que los acreditaba como tales. Según testigos de los hechos, la policía marroquí no sólo no hizo caso de estos documentos, sino que “los rompió”. Además, tal y como consta en

Se celebra en Madrid la IV Cumbre de los Pueblos

la denuncia, los registros de las viviendas se hicieron sin órdenes previas y no se ofreció la asistencia legal correspondiente a los detenidos. Marruecos alega que las personas detenidas y trasladadas al desierto tenían solicitudes de asilo falsas proporcionadas por redes de traficantes, pero CEAR confirma en la denuncia que realmente disponían del reconocimiento por parte del ACNUR como refugiados, aunque carecían de documento de residencia marroquí, necesario para existir administrativamente en el país. Los detenidos fueron trasladados a la frontera con Argelia y abandonados en el desierto sin ningún tipo de protección ni alimento y bajo la amenaza de ser disparados si intentaban regresar a territorio de Marruecos. Según consta en la denuncia presentada por CEAR, como consecuencia de la actuación de la policía marroquí una mujer sufrió un aborto y otras dos fueron violadas repetidamente. Una de ellas fue violada por, según testimonios recogidos, un militar marroquí. Varapalo jurídico para Marruecos.- Tras la admisión de la denuncia a trámite del Comité contra la Tortura se abre un período de investigación en el que se tratará de determinar si la expulsión a Argelia se realizó o no en condiciones que garanticen el respeto a la Convención contra la Tortura y otros Tratos Inhumanos y Degradantes. Ahora se está a la espera de que el gobierno marroquí responda al contenido de la denuncia. Según señala Alberto Revuelta, presidente de CEAR Andalucía, “uno de los aspectos más importantes de

esta admisión a trámite es que el Comité contra la Tortura va a entrar a valorar la legitimad de Marruecos para expulsar sin más a un grupo de refugiados sin resolución judicial de por medio”. En opinión de Alberto Revuelta, hay que destacar también que “desde CEAR estamos defendiendo los intereses de los refugiados más allá de la soberanía española. El hecho de que en el dictamen hayan aceptado una parte importante de la tesis que hemos mantenido y entrar a ver el fondo del asunto, pese a las alegaciones de gobierno marroquí, es un triunfo de los servicios jurídicos de CEAR”. En caso de producirse un dictamen favorable del Comité Contra la Tortura a la denuncia de CEAR, “supondría para Marruecos un varapalo jurídico internacional. Este país tendría que dar explicaciones y rectificar su legislación interna, que desde que ven venir la resolución ya han modificado algunos aspectos de su ley de extranjería, han reconocido oficialmente la oficina de ACNUR y no están expulsando refugiados o solicitantes reconocidos por este organismo”, informa el presidente de CEAR Andalucía.

Para saber más sobre el Comité contra la Tortura:

www2.ohchr.org/spanish/bodies/cat

La red birregional de movimientos sociales Enlazando Alternativas es la impulsora de la Cumbre de los Pueblos, red que ha celebrado ya tres encuentros similares en Guadalajara (México, 2004), Viena (Austria, 2006) y Lima (Perú, 2008.) La situación de los derechos humanos en América Latina y el Caribe, la militarización de la región, las migraciones, los Tratados de Libre Comercio, la privatización de servicios públicos, los impactos de la crisis financiera y económica global, la deuda ecológica, el cambio climático, la soberanía de los pueblos, la integración regional o el impacto de las transnacionales, serán algunos de los temas que se abordarán en los foros de debate y reflexión. Especial atención recibirá la actuación de las empresas transnacionales europeas en América Latina y Caribe en una nueva edición del Tribunal Permanente de los Pueblos. Con la participación de prestigiosos juristas, se enjuiciará simbólicamente la implicación de las transnacionales en la violación de derechos humanos y el grado de responsabilidad de los gobiernos europeos y americanos en la misma. El principal avance de la próxima edición del tribunal es que pretende sentar los fundamentos jurídicos que harán posible exigir la justiciabilidad de los casos más significativos ante Cortes Penales internacionales y tribunales nacionales. Las migraciones y los desplazamientos forzados se abordarán desde la influencia que están ejerciendo las dinámicas sociales, políticas y económicas de ambas riberas del Atlántico. El papel de las migraciones en la reorganización del mercado de trabajo y el comercio mundial, la construcción de una Europa Fortaleza y la discriminación social, el racismo y la xenofobia que sufre la población migrada, serán algunos de los aspectos a abordar, junto con la violación de derechos humanos, la pobreza, la depredación de recursos, la extensión de los monocultivos o el cambio climático como génesis de los flujos migratorios en América Latina y el Caribe. También serán objeto de reflexión los acuerdos de libre comercio y asociación que la Unión Europea pretende cerrar con los países latinoamericanos, que obvian incomprensiblemente la cuestión migratoria y la protección de derechos humanos y tampoco abordan el impacto negativo que los subsidios a los productos agrícolas europeos tienen sobre las economías locales en América Latina y el Caribe. Así es denunciado en la declaración final de la III Jornada Hemisférica sobre Políticas Migratorias celebrada en 2009 en Quito: “los tratados de libre comercio subsidian a los productos agrícolas de los países más desarrollados y propician la ruina de miles de campesinos, con graves consecuencias en términos de soberanía alimentaria, promoviendo, aún más, la escalada de flujos migratorios en el continente.” Entre el 14 y el 18 de mayo, en la Universidad Complutense de Madrid, se desarrollará la Cumbre de los Pueblos-Enlazando Alternativas 4. Los más de 80 talleres, las conferencias, los conciertos, las actividades culturales, las sesiones del tribunal, los actos reivindicativos, crearán un clima de encuentro, solidaridad y esperanza para todas aquellas personas que siguen apostando por otro mundo distinto a este, otro mundo posible. CEAR forma parte de esa apuesta y allí estará trabajando codo con codo con otras organizaciones y movimientos sociales.

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Por el reconocimiento de la trata como una de las formas más extendidas de persecución por género

Mauricio Valiente Ots La red Migreurop, en la que participa CEAR junto con 41 asociaciones presentes en 13 países de Europa y de África, ha publicado a finales del año pasado su Atlas des migrants en Europe. Geografie critique des politiques migratoires (Armand Colin, Paris-2009, 144 páginas). Entre las organizaciones sociales que trabajan en el ámbito de las migraciones no abundan los informes periódicos rigurosos tanto en su enfoque metodológico como en sus fuentes documentales. Aquí radica el valor de esta obra elaborada por un equipo de investigadores dirigido por Olivier Clochard. El informe se estructura en cuatro capítulos. El primero se centra en el marco general de la globalización y sus contradicciones, en especial la proliferación de trabas para el libre desplazamiento de la población mundial, así como las causas que la generan: la crisis medioambiental, el aumento de las desigualdades, las persecuciones… A continuación el atlas disecciona la política de inmigración de la Unión Europea, tanto en la supuesta libre circulación interna, que no lo es para muchas de las personas que viven en su interior, como en la repercusión de la externalización en terceros países con instrumentos como Frontex, en estos meses en proceso de fortalecimiento. Sin duda, el contenido más valioso de esta obra es el referido a la generalización de las políticas de detención de los migrantes y no por casualidad, ya que ésta ha sido una de las preocupaciones principales de la red Migreurop desde su fundación. El estudio demuestra que no estamos ante un fenómeno aislado o excepcional, sino en la consecuencia de un conjunto de prioridades que anteponen la seguridad a las libertades y el control de las fronteras a la protección internacional y el respeto a los derechos humanos. El último capítulo de la obra ofrece una visión internacional que refuerza el papel que están jugando las políticas de extranjería para la devaluación, de hecho, de las garantías básicas del estado de derecho, en un proceso de subcontratación con una capacidad destructiva sin precedentes. La exposición de los temas se acompaña de un conjunto de mapas y gráficos que permite visualizar la realidad analizada de forma clara. Se echa en falta, no obstante, una mayor atención de la inmigración latinoamericana, que cobrará importancia en mayo de 2010 en la prevista cumbre con la UE durante la presidencia española, laguna que esperamos que sucesivas ediciones de este atlas pueda superar. El atlas ofrece una visión global muy valiosa para el trabajo de académicos, activistas y protagonistas de las políticas de migración, ya que nos permite comprender que el fundamento de lo que ocurre en nuestros barrios, por ejemplo las redadas masivas e indiscriminadas, está estrechamente ligado con un proceso mundial, que hay que enfrentar con humanidad, información y sentido común.

Susana Pérez CEAR trabaja desde años por la inclusión de la persecución por motivos de género en la Ley de Asilo. La reforma de esta ley el pasado año lo introdujo en su artículo 3: “La condición de refugiado se reconoce a toda persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los mismos motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él (…)” Una de las formas de persecución por género más extendidas es la trata de personas para la prostitución forzada o la explotación sexual. La propia ley en su Título V señala que en su reglamentación se tendrá en cuenta la situación específica de las personas solicitantes o beneficiarias de protección internacional entre las que se incluye a las víctimas de trata de seres humanos. Para CEAR, la trata de personas es una de las más graves violaciones de los derechos humanos y una forma de esclavitud moderna. España es considerado un lugar de tránsito y, fundamentalmente, de destino de estas víctimas, que llegan de Colombia, República Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, Marruecos, Polonia y otros países Para abordar un drama que afecta a miles de personas (a las instituciones y a las organizaciones sociales que trabajan el tema les es muy difícil dar una cifra de victimas), CEAR adopta la definición del Protocolo de Palermo que señala que la trata de personas es “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. La explotación incluye, como mínimo, la derivada de la prostitución y de otras formas de explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas similares, servidumbre y extracción de órganos”. Entre las principales causas de la trata de personas se encuentran los conflictos, la persecución

sufrida por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política, así como la difícil situación de las mujeres en muchos países, la feminización de la pobreza, la globalización, las políticas de cierre de fronteras y los deseos de una mejor vida de las mujeres y sus familias. Estas causas no sólo afectan a las víctimas, sino también a sus familias por las posibles amenazas y agresiones de las redes o por las deudas adquiridas por las víctimas, que pueden incluso hacer perder las propiedades de la familia, y pueden ser objeto de estigmatización y rechazo en su comunidad. CEAR considera que algunas de estas formas de persecución pueden incluirse entre las que dan lugar al reconocimiento de protección internacional. En numerosas ocasiones la trata es la vía por la que personas víctimas de una persecución o que temen ser objeto de la misma por su etnia, religión, nacionalidad, grupo social u opiniones políticas pueden huir para buscar protección. Lo mismo ocurre en aquellas zonas donde existe un grave conflicto bélico y son precisamente estas situaciones las utilizadas por las redes para captar a sus víctimas. Otra situación merecedora de protección internacional es la de aquellas personas que, a consecuencia de haber sido explotadas sexualmente, temen a la persecución en caso de regresar a su país. Por ejemplo, debido a una vulneración de las leyes (éste sería el caso de países en los que está penalizada la prostitución, aunque sea forzada, o la salida del país sin cumplir los requisitos legales); a la imposibilidad del pago de la deuda “contraída” con la red o a una posible estigmatización en su comunidad de origen. Evitar el riesgo en el retorno.- Una víctima de trata que presenta una solicitud de asilo podría encontrarse en diferentes situaciones: pudo haber sido sometida a la trata dentro del territorio de su país de origen o de residencia habitual; haber escapado de los tratantes y haber huido fuera de su país en busca de protección; la víctima pudo haber sido sometida a la trata fuera de su país de origen o de residencia habitual, haber escapado de los tratantes y estar buscando la protección del Estado en el que se encuentra actualmente, al no poder encontrar esa protección en su país de origen; la persona quizás no haya sido víctima de trata pero podría convertirse en una víctima (en su país de origen o en un país tercero) y, por esta razón, haber huido en busca de protección. La clave está en analizar fundamentalmente el riesgo futuro que puede sufrir si es devuelta a su país de

origen: que vuelva a caer en una red de trata y vuelva a ser objeto de trata o que sea sometida a otras formas de daños graves; que los tratantes tomen represalias contra ella o contra miembros de su familia, por ejemplo por haber denunciado ante las autoridades, por haber conseguido escapar de la red sin terminar de pagar la deuda, etc.; o la posible estigmatización social, ostracismo, discriminación o castigo por parte de la familia o su comunidad local que impidieran a la víctima ejercer sus derechos y llevar una vida digna. Desde esta perspectiva, tenemos que recalcar que no todas las víctimas de trata son susceptibles de ser reconocidas como refugiadas, pero sí creemos firmemente que tenemos que seguir luchando por el reconocimiento de esta protección internacional para muchas de las personas que son tratadas y que corren graves peligros si regresan a su lugar de origen. Pese a que el marco de la nueva Ley de Asilo reconoce la persecución por motivos de género, entre ellos la trata, aún nos encontramos con muchos problemas en la práctica diaria para que dicha protección sea reconocida. Y eso pese a que España ratificó en septiembre del 2009 el Convenio del Consejo de Europa de 3 de mayo de 2005 para la acción contra la trata de seres humanos y el Ministerio de Igualdad lanzó en diciembre de 2008 el Plan Integral de Lucha contra la Trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Este Plan reconoce que la trata supone una violación de los derechos humanos y se centra en la protección de las víctimas, entre otros instrumentos, a través del reconocimiento de un período de recuperación y reflexión, del derecho a la información de las víctimas, y la agilización y simplificación de los procedimientos administrativos para la concesión de autorizaciones de trabajo y residencia. La reforma de la Ley de Extranjería (de diciembre de 2009), en su artículo 59bis reconoce algunas de las recomendaciones de este Plan, como el reconocimiento del período de reflexión, pero hasta el momento no se ha redactado el reglamento ni ningún tipo de protocolo de actuación por lo que las organizaciones que trabajamos en defensa de las víctimas de trata todavía nos estamos encontrando con grandes obstáculos para que su protección sea lo que prevalezca.

Para saber más:

www.redcontralatrata.org

Se abren las inscripciones para el IV Foro Social Mundial de las Migraciones Iván Forero Entra en su recta final la preparación del IV Foro Social Mundial de las Migraciones (IV FSMM), que se celebrará entre el 8 y el 10 de octubre de este año en Quito, Ecuador. Este encuentro mundial, en el que organizaciones sociales, redes de movimientos sociales y expertos internacionales comparten sus experiencias, estudios, denuncias y propuestas sobre las migraciones en el mundo, ha abierto su plazo de inscripciones. El Comité Internacional del Foro, del que CEAR hace parte, delegó la organización de esta cuarta edición del foro en el Plan Migración Comunicación y Desarrollo (PMCD), una red de organizaciones de la sociedad civil que nació para responder a la movilidad humana en el Ecuador en los últimos años. Este IV FSMM se celebra en un contexto de aumento de las vulneraciones de derechos de las personas migrantes, a la que se ha señalado como chivo expiatorio de la crisis económica mundial. Porque tras la llamada crisis mundial, la escalada de crisis sucesivas está golpeando cada vez más a los “perdedores”, entre los que de manera particular están las personas migrantes. Simultáneamente, se van consolidando políticas comunicativas que favorecen la lógica del “chico expiatorio”, que culpa y criminaliza a los inmigrantes como causantes del paro de millones de personas en muy diversos países, da igual que hablemos de

Estados Unidos, como de Australia, tanto en Italia como en Ecuador, en Corea como Mauritania…Una gran ola de xenofobia y persecución va “legitimando” los nuevos recortes a los derechos de las personas migrantes en todo el planeta y el endurecimiento del trato institucional, con ampliación de los mecanismos represivos tradicionales, como por ejemplo la extensión de los centros de internamiento o de los plazos de arbitraria detención. En definitiva, los migrantes ya no sólo son tratados como mercancía barata en el crecimiento económico de los últimos años, sino también como “delincuencia” sobrante en los tiempos de crisis. En este contexto, las organizaciones de defensa de los migrantes hacen realidad el que será el lema del IV FSMM: derrumbando el modelo, construyendo actores. Las organizaciones se mueven. Así, durante 24 horas miles de inmigrantes participaban este 1 de marzo en la propuesta de cero actividad económica en Francia. Como han declarado sus líderes, ”con esta ausencia, marcaremos la necesidad de nuestra presencia”. Este parón de 24 horas se repetía también en Italia. Reunidos en la plataforma “Primo de Marzo”, asociaciones de inmigrantes de diversos países con la solidaridad de partidos políticos como los Verdes, Refundación Comunista y el Partido Demócrata, unidos

a las principales centrales sindicales y con la participación de muchos cristinos de base, convocaron a la movilización para preguntar al gobierno y la sociedad italiana: “¿qué sería de Italia si un día no trabajasen los cuatro millones y medio de inmigrantes que viven en este país?”. La jornada se llevaba a cabo con una condena unánime a las agresiones sufridas por los africanos en Rosarno, Calabria, que generaron la indignación de amplios sectores sociales italianos. Los inmigrantes, la mayoría provenientes de Togo, Ghana, Sudán, Mauritania, Congo o Senegal, están obligados a trabajar en el campo hasta 20 horas al día en la cosecha de mandarina, naranja y tomate por 20 euros al día. Se calcula que hay cerca de 3.000 trabajadores en la región en condiciones inhumanas, en silos o fábricas abandonadas, sin baños ni camas. Ésta es la realidad que afrontan los temporeros del campo italiano, en su mayoría africanos llegados a Europa en patera desde las costas libias, en lo más parecido a la esclavitud que se recuerda en mucho tiempo en Europa. Sin duda alguna, estas expresiones del movimiento social de los migrantes en la defensa de sus derechos, será materia central, del IV FSMM en la ciudad de Quito, Ecuador. El Foro Social mundial de las migraciones, sin duda, se convierte en un escenario fundamental en la articulación, en la movilización por una verdadera ciudadanía universal.


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I CONGRESO SOBRE PERSECUCIÓN POR MOTIVOS DE GÉNERO Y DERECHO DE ASILO

Expertas en género denuncian la dimensión política de la violencia contra las mujeres y reclaman protección Raquel Celis María Luisa Cava de Llano y Carrió (Barcelona, El patriarcado en el origen de la violencia estructural contra las mujeres, la responsabilidad de los Estados, la dimensión política de la persecución por motivos de género y la crueldad con que se producen los crímenes simbólicos. Principales claves del I Congreso sobre Persecución por Motivos de Género y Derecho de Asilo, celebrado en Bilbao los días 25 y 26 de febrero. Más de 180 personas acudieron a la cita, convocada por CEAR-Euskadi, gracias a la colaboración de organizaciones que trabajan en la lucha por los derechos humanos de las mujeres y del colectivo de personas lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). El objetivo: desgranar, a través de conferencias marco, las causas y las consecuencias de la persecución por género, y analizar la respuesta del sistema de asilo español a la hora de proteger a quienes huyen de esta violencia. La feminista mexicana Norma Vázquez, psicóloga y terapeuta familiar que dirige la consultoría especializada en violencia de género Sortzen, desentrañó como “crímenes de Estado” las causas del feminicidio en Ciudad Juárez. Señaló una relación directa con la “autonomía de las mujeres”. Su trabajo como maquiladoras, pese a ser extremadamente precario, les ha dado una autonomía económica y de movilidad de la que carecían. “No importa la biografía individual de las mujeres, no hay ninguna relación directa con la víctima. Son un grupo al que matar, generando el mayor sufrimiento antes del asesinato para que lo vean sus pares. Son claves la crueldad y la complicidad de los hombres que cometen los asesinatos”. Recordó, además, que en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Gobierno mexicano de violar las garantías de dos mujeres asesinadas en Ciudad Juárez por no investigar de forma pertinente y castigar a los culpables del crimen. María del Rosario Vásquez, defensora de derechos humanos y vocera de la Campaña por la Despenalización del Aborto en Colombia, calificó, en el mismo sentido, al Gobierno de Álvaro Uribe como “totalitario”. Contextualizó la persecución a las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos como consecuencia de un “paramilitarismo fundamentalista” en un Estado que quiere imponer a las personas “cómo deben vivir, cómo deben practicar su sexualidad, cómo deben vestir…”. Denunció, además, la intervención de Uribe en los sistemas judiciales y legislativos, en una estrategia permanente de violación de la separación de poderes del Estado colombiano. La estrategia de terror y el simbolismo en los cuerpos asesinados volvieron a ponerse sobre la mesa. A través de las experiencias concretas que se abordaron a lo largo del Congreso, se puso en evidencia que las mujeres y el colectivo LGBT no sufren una persecución ‘sólo’ por su pertenencia a un ‘grupo social’ determinado, y se recalcó la dimensión política de la persecución por motivos de género y su relación con el reparto de poder. Se recordó así que las personas lesbianas y tran-

Asistentes al Congreso celebrado en Bilbao. sexuales constituyen un desafío a los pilares del sistema patriarcal. Inmaculada Mujika, feminista, socióloga y psicóloga, cofundadora del Centro de Atención a Gays, Lesbianas y Transexuales (ALDARTE), señaló que las lesbianas sufren una “invisibilización permanente”. “En muchos contextos no se penaliza la homosexualidad femenina como se hace con la masculina porque ni siquiera se considera esta posibilidad. Las lesbianas no existen”. A las mujeres lesbianas se las invisibiliza y a las mujeres que han sufrido mutilación genital se las señala. Sufren, “además de la consecuencias del cuchillo, el estigma”. En estos términos se expresó Adriana Kaplan, coordinadora del Grupo Interdisciplinar para la Prevención y el Estudio de las Prácticas Tradicionales Perjudiciales del Dpto. Antropología Social y Cultural de la Universidad Autónoma de Barcelona. Este grupo impulsa un plan para la prevención de la mutilación genital femenina en Gambia, país en el que vive la antropóloga. Kaplan explicó que la mutilación genital femenina no tiene el origen religioso que muchas veces se le presupone: “es una práctica pre-islámica, que tiene un carácter cultural y social”, y alertó de las consecuencias que conlleva la aplicación de la ley española para perseguir extraterritorialmente esta práctica si no va acompañada de medidas de prevención. “Las consecuencias de la utilización exclusiva del Derecho Penal para combatir una práctica tradicional pueden constituir para las niñas una doble mutilación, cuando son separadas de sus familias una vez han sido mutiladas”. Recordó que son las propias mujeres, en el momento en que viajan a sus países de origen concienciadas, quienes transmiten a sus comunidades las consecuen-

cias nefastas de la mutilación genital. La obra El Camino, Voces, elaborada e interpretada por usuarias del Centro de Migraciones de CEARPaís Valencià mostró, a través de una interpretación desgarradora, que las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de las que huyen las mujeres se reproducen, muchas veces, a lo largo del camino, durante la huída. Contaron las historias violentas de la migración forzada y transmitieron su dignidad para seguir el camino. En la mayoría de los casos son víctimas “múltiples”.Patricia Bárcena, abogada y directora de CEAREuskadi, explicó el perfil de las personas que llegan a España desplazadas por motivos de género en busca de la protección internacional del asilo: hombres homosexuales, mujeres que han sufrido violencia intrafamiliar en diferentes países de África y América Latina, y mujeres nigerianas que huyen de la mutilación genital, el matrimonio forzado o son víctimas de trata. En 2009, CEAR tenía abiertas, en el conjunto del Estado, 149 solicitudes de protección de personas perseguidas por motivos de género: 93 mujeres y 56 hombres. Más del 50 % habían sido perseguidas por su pertenencia al colectivo LGBT y el resto huían de diversas formas de persecución por motivos de género: violencia intrafamiliar, trata para la prostitución forzada, mutilación genital y violación como arma de guerra”. El principal país de origen es Nigeria, de donde llegaron 43 personas (28,86%), 32 mujeres y 11 hombres. “Hay que tener en cuenta que esta categorización es orientativa –explicó- ya que en la mayoría de los casos las persecuciones y violaciones de derechos humanos son múltiples: es habitual que una mujer huya, por

ejemplo, de Nigeria para evitar un matrimonio forzado para el que se la ha practicado o se le quiere practicar una mutilación genital y que, además, en el tránsito hacia España, sea captada por una red de trata para la explotación sexual”. Bárcena socializó, además, las conclusiones de un estudio elaborado por CEAR-Euskadi en el que se han analizado 110 sentencias resueltas por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo entre enero de 2005 y mayo de 2009. Este estudio permite ver la postura de los tribunales cuando una persona recurre la decisión del Ministerio del Interior ante inadmisión a trámite o la denegación del asilo por motivos de género. Según este estudio, el Tribunal Supremo estima más de la mitad de los recursos contencioso-administrativos que llegan a su sala (el 52,94% de las sentencias analizadas), mientras que la Audiencia Nacional desestima la gran mayoría . “Cabe recordar que es el Tribunal Supremo el que crea jurisprudencia y que tanto la Audiencia Nacional como el Juzgado Central, en su caso, y la propia Administración deberían ceñirse a los criterios establecidos en la misma”, apostilló la abogada. La directora de CEAR-Euskadi explicó, además, cómo la nueva Ley de Asilo , aprobada en octubre de 2009, recoge expresamente la persecución por motivos de género y orientación sexual pero no responde íntegramente el mandato imperativo de la Ley de Igualdad. “Avanza respecto a la Ley de Asilo anterior, pero restringe la concesión del asilo por motivos de género, en función de las circunstancias imperantes en el país de origen”. “Esto puede suponer una traba importante a la hora de proteger a quienes sufren una persecución normalmente perpetrada por agentes no estatales, ligada muchas veces al entorno familiar o a la comunidad de pertenencia, o que pasan desapercibidas en contextos de violencia generalizada”, dijo. “Además, existen muchos países en los que ‘prácticas’ castigadas por el Código Penal siguen siendo habituales entre la sociedad civil, como es el caso de la mutilación genital en Nigeria, que aún estando penada, afecta al 60 % de las mujeres, según datos de Human Rights Watch (HRW)”. Toda esta información está desarrollada en la publicación Persecución por motivos de género y derecho de asilo: del contexto global al compromiso local. El sistema de asilo español frente a la violación de los derechos humanos de las mujeres y de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales, presentada en el marco del Congreso. Se pueden solicitar ejemplares a través del correo ceareuskadi@cear.es y también estará disponible en las webs www.cear.es y www.sinrefugio.org.

Ver la publicación completa en: ceareuskadi@cear.es www.sinrefugio.org


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CATALUÑA Diciionari d’Asil .- La Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat acaba de publicar el Diciionari

d’Asil, una adaptación del Diccionario elaborado por CEAR-Euskadi con las actualizaciones de la nueva Ley de asilo. Este diccionario pretende ser un material didáctico dirigido a organizaciones de derechos humanos, a administraciones públicas, a profesionales del sector audiovisual y de la comunicación y al sector empresarial de Cataluña con la finalidad de clarificar, profundizar y explicar los principales conceptos y terminos de referencia en materia de asilo y estrechamente vinculados con las especificidades de las personas refugiadas e inmigrantes. Esta publicación se enmarca en nuestro objetivo de visibilización de la institución de asilo como una de las estrategias para fortalecerlo. ÁGATA SOL RUEDA.

EXTREMADURA La oficina de atención municipal al inmigrante atiende a 890 usuarios en 2009.-

La Oficina Municipal de Atención al Inmigrante (OMAI) es un proyecto de CEAR en Extremadura, en convenio con el Ayuntamiento de Mérida en 2008, que se concibe como un dispositivo complementario a la atención que se presta desde la Delegación de Servicios Sociales. La OMAI se compone de un área de coordinación y dos servicios específicos: el Servicio de Primera Atención e Información, que actúa en diversos ámbitos como el educativo, el sanitario, la formación y el empleo, el comunitario o la integración, y un Servicio Jurídico especializado en materia de asilo y refugio, extranjería, nacionalidad y violencia de género entre otros. En el año 2009 fueron atendidos por estos servicios 890 usuarios con un total de 3.003 actuaciones, por lo que la valoración del proyecto desde CEAR en Extremadura ha sido muy positiva. LUIS LÓPEZ-LAGO.

EUSKADI Iniciativa de Solidaridad con Colombia (Kolektiba Colombia).- Las organizaciones

vascas Paz con Dignidad, Mundubat, Mugarik Gabe, Posada de los Abrazos, Colectivo Bachué y CEAR-Euskadi han constituido la Kolektiba Colombia. Esta alianza de organizaciones de derechos humanos y solidaridad con Colombia nace para hacer visibles y denunciar las violaciones de derechos humanos en Colombia, solidarizarse con la población civil que las sufre (comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinado, mujeres, sindicalistas y personas defensoras de derechos humanos), y contribuir a la superación de la impunidad apoyando iniciativas de la sociedad civil que favorezcan una solución negociada al conflicto que desemboque en una paz con justicia social. Entre las reclamaciones al Estado español se encuentra el respeto al derecho de asilo, mediante la acogida y protección a las personas refugiadas que llegan, y la mejora de los programas de protección para personas en riesgo. LEIRE LASA.

CANARIAS CEAR profundiza su participación en Gran Canaria Solidaria del Cabildo de Gran Canaria.- CEAR no sólo desarrolla una labor de sensibilización, sino que se ha incorporado

a la mesa de análisis y diagnóstico de los derechos humanos y la pobreza, que este año tenía como marco el Sáhara Occidental. Este encuentro, que se materializa durante todo el año en la isla de Gran Canaria con la colaboración de los municipios y organizaciones sociales, pretende cohesionar a la población en torno a los valores de solidaridad, justicia y libertad. En este marco, cada final de año se ponen en común el cúmulo de experiencias alcanzadas, para facilitar una visión de conjunto de las acciones y los sujetos constructores de éstas, en un intento de movilizar y organizar a la ciudadanía en pos de una sociedad sostenible y saludable desde los derechos humanos. JUAN MORENO.

ANDALUCÍA Referentes en la lucha contra la violencia de género.- El compromiso y trabajo de

CEAR Andalucía contra la violencia de género, a través del Programa “Damiola Taylor”, ha sido reconocido por la administración pública, que ha considerado a CEAR como la ONG Pro - Inmigrante referente en este ámbito. La Junta de Andalucía nos ha invitado a formar parte de los grupos provinciales para elaborar el Plan Integral de Sensibilización y Prevención contra la Violencia de Género en Andalucía. La Junta considera fundamental el papel de CEAR-Sur por el conocimiento al pie de la letra de la realidad de la mujer inmigrante que es víctima de malos tratos, y por el trabajo en los ámbitos de actuación que la rodean: jurídico, social, salud, empleo, etc…Nuestra participación en estos grupos provinciales nos permitirá llevar a cabo acciones de sensibilización sobre la situación actual tan desfavorecida de dicho colectivo y proponer medidas que fomenten una mayor integración en la sociedad andaluza. RICARDO GARCIA SOTO.

PAÍS VALENCIANO “Refugio”: nuevo sitio web con recursos informativos sobre asilo y migración.-

CEAR-PV ha abierto el sitio web “Refugio”, portal de recursos comunicativos sobre asilo e inmigración, herramienta para las y los profesionales de los medios de comunicación, pero también para todas las personas interesadas en la situación de las personas refugiadas y la de sus países de origen. La intención es reunir la información y documentación que está dispersa en la red y proporcionar un lugar de encuentro con una visión global y de fácil acceso. En el sitio web se puede encontrar legislación, textos de referencia, análisis de medios, posicionamientos de sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones, noticias y otra documentación de interés. Y por supuesto, incluye la visión y opinión de las personas refugiadas y migrantes entendidas no como objeto de estudio, sino como protagonistas y parte activa y principal del proceso de información. Os agradecemos que cualquier información nos la remitáis a salva.lacruz@cear.es. Podéis encontrar la web a partir de www.cearpv.es. SALVA LACRUZ.

MADRID Manual de buenas prácticas del Área de Formación y Empleo.- La próxima puesta en

marcha de nuestro Plan Estratégico y la implantación de planes de calidad en la organización, nos ha llevado a elaborar un manual de buenas prácticas para la incorporación de nuevos/as voluntarios/as y trabajadores/as al área de Formación y Empleo de CEAR Madrid. Dicho manual compila nuestra misión y definición, nuestros objetivos, la descripción de nuestros diversos servicios y programas, las distintas responsabilidades y funciones de todos los miembros del área, ya seamos remunerados/as o voluntarios/as, las buenas prácticas en la atención de nuestro colectivo, así como sus derechos y deberes. El manual se complementa con un vídeo en el que se ofrecen recomendaciones de buenas prácticas en la atención a usuarios/as a todas aquellas personas que se van incorporando al área. Dicho material estará en breve a disposición de todas aquellas personas o delegaciones interesadas. JOSÉ ANTONIO RUBIO.

Esta campaña quiere acercarnos al continente africano.

Fundación CEAR lanza “África Cuenta”, campaña de sensibilización Arantxa Freire La Fundación CEAR-Habitáfrica, consciente del desconocimiento que la mayor parte de la población tiene sobre esta región, lanzó en 2008 su estrategia de sensibilización llamada “África Cuenta”. Este año, de la mano con Solidaridad Internacional y la Fundación IPADE, se pone en marcha un proyecto con el mismo nombre, en el que se pondrá especial hincapié en la situación de los Objetivos del Milenio y en la corresponsabilidad del Norte en la pobreza africana. Africa es una gran desconocida para la sociedad española. El Centro de Investigaciones Sociológicas recalca el escaso interés de las personas españolas sobre los temas africanos (el 30% afirma estar bastante interesado frente el 41% de America Latina). Según del último Eurobarómetro 2009 /(”Development Aid in times of economic turmoil”,) el 74% de los europeos no ha oído hablar de los Objetivos del Milenio pero admite que querrían saber más acerca del desarrollo (42%). Por ello es necesaria la continuación y mejora de los esfuerzos de la Fundación CEAR-Habitáfrica para difundir una realidad que existe tan cerca de nosotros, pero tan lejos aún. La campaña África Cuenta buscará la sensibilización a través de 16 cine fórums con temática africana, en los que se proyectarán películas como, entre otras, La Pesadilla de Darwin, Bamako o 14 km. La campaña también contará con una feria de artesanía de mujeres bosquimanas (indígenas namibias), que ahondará en el papel de la mujer como motor de desarrollo. La situación de los millones de refugiados ambientales estará presente a través de la exposición “Refugiados Ambientales, Refugiados Invisibles” que se exhibirá en Andalucía, Valencia y Madrid. Solidaridad Internacional llevará a más de 100 colegios los talleres de cuentos “Irene en Senegal” e “Irene en el Sáhara”, que buscan concienciar a los más pequeños a través de una historia centrada en una niña africana. La universidad también tendrá su lugar a través de cursos especializados sobre medioambiente y pobreza en África, a cargo de la Fundación IPADE. La campaña se apoyará en una publicación sobre cooperación en África elaborada por el Grupo de Estudios Africanos (GEA) y que será presentada en un encuentro de actores de la cooperación al desarrollo en África en 2011. Con estas acciones se consolida el trabajo de educación para el desarrollo que la Fundación lleva desarrollando desde sus inicios, con la convicción de que para mejorar las condiciones de vida de las poblaciones vulnerables es necesaria una opinión pública concienciada que presione por conseguir reglas más justas para todos.

La educación para la ciudadanía global: una herramienta para el cambio Si quiere ayudar a mi país, coja todo el dinero que tiene previsto destinar a Tanzania y gásteselo en el Reino Unido en explicar a sus ciudadanos las características de la pobreza y sus causas”. Julius Nyerere, ex-presidente de Tanzania (dirigiéndose a un alto cargo de la cooperación británica). La educación para el desarrollo cuenta ya con cuatro décadas de vida. Hasta principios de los sesenta, la estrategia de comunicación en las ongd tenía un carácter publicitario y buscaba más que nada la captación de fondos o el apoyo a proyectos desde una perspectiva caritativo-asistencial. Después de pasar por una visión más crítica del desarrollo, nos encontramos actualmente con una educación para el desarrollo que hace hincapié en la concepción de una ciudadanía global, en la que no sólo se reflexiona sobre las causas de la pobreza sino sobre la responsabilidad Norte-Sur. El mundo global es una realidad. Vivimos en regiones donde el Estado ha quedado diluido y donde las corporaciones y los fondos de inversiones imponen sus reglas, desestabilizando muchas economías pobres como ha ocurrido con los tigres asiáticos, México, África Subshariana o los países afectados por las crisis alimentarias en 2009. La degradación ambiental creada por los países ricos fomenta cada vez más migraciones masivas de la ciudad al campo y de ahí a los países ricos. África sólo produce el 4% de los gases de efecto invernadero y es quien más sufre sus consecuencias. Las fronteras se cierran en Europa impidiendo la entrada de personas que, cada día, conocen a través de los medios de comunicación las diferentes vidas que llevan privilegiados del planeta. La perversión de este sistema hace que personas vulnerables se ilusionen fantaseando con una forma de vivir en el mundo “desarrollado” al que nunca podrán acceder. Más allá de proporcionar recursos financieros, las ONGD del Sur han demandado un papel más activo de las del Norte en la acción política para modificar las estructuras y las políticas que obstaculizan el desarrollo global, en ámbitos como la deuda, el comercio o el medio ambiente. Los movimientos “antiglobalización” que se congregan en diferentes lugares del planeta son ejemplo de esta concepción de una ciudadanía global. La incidencia política y el lobby son herramientas básicas en esta educación, y por ello el trabajo en redes se hace cada vez más importante. Cada vez son más las voces que exigen un cambio al consumista e individualista club de los países ricos. Y cada vez son más las organizaciones que apostamos por herramientas educativas para el cambio. Es de justicia.


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Los tamiles de Sri Lanka: asedio y desplazamiento Raquel Celis “En un puente cercano a mi pueblo habían colocado una bomba los tigres tamiles -en alusión a los Tigres para la Liberación del Eelam Tamil (LTTE), las tropas del gobierno cruzaban el puente y la bomba explotó. Ante la explosión de la bomba, el Gobierno mandó tropas y como represalia mataron a 270 personas. Intentamos huir y nos ocultamos en una iglesia. El ejército colocó una bomba en la iglesia y murieron otras 30 personas. (…) Cuando aparecieron los miembros del ACNUR (Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados) y volvió la calma, reabrimos nuestra tienda. Los soldados del Gobierno cogían género y decían que pagaban por la tarde, nunca pagaban. Luego los soldados tamiles (LTTE) venían a la tienda, también cogían género diciendo que ayudábamos al enemigo, nos amenazaban: o les dábamos género o les dábamos a nuestro hijo”. Sri Lanka sufre 27 años de conflicto armado. Desde 1983 en que se fecha el inicio de la guerra, han muerto 86.250 personas. Hay al menos 116.966 personas refugiadas fuera del país y 460.000 desplazadas internas, la mitad atrapadas en el nordeste, en pleno conflicto, sin acceso a los servicios básicos y con escasos alimentos. El pasado año concluyó oficialmente la guerra pero Naciones Unidas ha documentado un panorama de violencia sistemática contra la población civil y diversas fuentes apuntan a un genocidio tamil encubierto. En los tres primeros meses de 2009 podrían haber muerto más de 2.800 civiles y otros 7.000 podrían haber resultado heridos. En el primer semestre de 2009 se presentaron 5.254 solicitudes de asilo de personas procedentes de Sri Lanka en lo que ACNUR denomina ‘países industrializados’. Si se comparan con las cifras del mismo periodo de años anteriores puede verse el aumento del número de solicitudes de quienes llegan huyendo de esta isla, al sudeste de la India. En el primer semestre de 2008 fueron 4.688 personas y en el de 2007, 3.600. A España, que forma parte de este grupo de países ‘industrializados’, son muy pocas las personas procedentes de Sri Lanka que llegan en busca de protección internacional. A falta del cierre y publicación de la memoria anual de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, y atendiendo a los datos de los boletines mensuales, CEAR estima que en 2009 las solicitudes de asilo de ciudadanos y ciudadanas de Sri Lanka serán menos de 45, la mayoría realizadas por hombres tamiles. Las solicitudes en las que ha intervenido la organización han sido casi todas de personas tamiles del Norte, especialmente de Jaffna, Killinochchi o

alrededores, hostigadas por el ejército nacional (SLA) bajo la acusación de colaborar con el LTTE. Algunos habían huido hacia Mullaittivu y finalmente a Colombo, sufriendo detenciones arbitrarias e interrogatorios sistemáticos. Sin embargo, la mayoría de la población civil que ha tenido que huir del conflicto armado permanece en condiciones de desplazamiento interno que, muchas veces, no garantiza su seguridad. En febrero de 2009 el Gobierno de Sri Lanka pidió ayuda financiera a Reino Unido para crear nuevos campamentos de refugiados y albergar a 200.000 tamiles. Su intención es abrir cinco ‘poblados de asistencia social’ en los distritos de Vavuniya y Mannar, donde obligaría a vivir a los y las desplazadas hasta lograr capturar a los

miembros del LTTE y desminar las zonas de conflicto. Según el Gobierno, estarán rodeados de alambradas y no se permitirá salir de ellos a los y las jóvenes ni a las personas solteras, y el resto de habitantes sólo podrán entrar y salir tras un registro exhaustivo. En este contexto, cobra especial importancia la catalogación del LTTE como grupo terrorista por el Gobierno de Sri Lanka y la comunidad internacional y el Reglamento de emergencia en vigor que permite al Gobierno reducir la disidencia y la oposición, gracias a una definición muy poco precisa de los delitos. Muchas de las detenciones arbitrarias que se llevan a cabo se hacen bajo el paraguas de este reglamento y la acusación de terrorismo a los civiles de etnia tamil. “Vivía con mi familia en Kilinochchi. Nos dedicábamos

FOTO: JESUIT REFUGEE SERVICE

a las labores del campo. La zona está controlada por un grupo, contrario al Gobierno, que lucha por la independencia - en alusión al LTTE-. Este grupo controla toda la zona de Vanni. El 1 de septiembre de 2009 el Gobierno bombardea esta zona indiscriminadamente”. (…) Nos dirigimos a Mullativu, como mucha gente de la zona. En este pueblo también sufrimos bombardeos. Al huir de uno de estos bombardeos me separé de mi familia. No sé donde se encuentra. Los militares nos llevaron a un campo en Vavuniya. Sufrimos malos tratos. Todos los días los militares venían con una persona para que identificara a los que pertenecían a este grupo (LTTE) y a las personas que se llevaban ya no volvían”.

El Festival Tirant Avant premia un documental de CEAR La edición 2010 del Festival del Audiovisual Tirant Avant ha premiado la obra “Las migrantes” al Mejor Documental, además de nominar “El camino sin fin” al mejor largometraje documental. Ambas creaciones están dirigidas por el cineasta Samuel Sebastián, voluntario en CEAR, en el marco de un proyecto de sensibilización.

El autor del documental recoge el premio.

CEAR PV lleva varios años utilizando el medio audiovisual como herramienta de sensibilización para intentar llevar la reflexión y la denuncia a colectivos ciudadanos cada día más amplios, y para defender la presencia en la sociedad de la voz y la imagen de las personas migrantes y refugiadas, casi siempre silenciadas y ausentes tanto en medios de comunicación como en ámbitos sociales y culturales. Para ello, se organizan ciclos de cine y derechos humanos, grupos de debate o seminarios entre otras herramientas de comunicación pública. En concreto, CEAR-PV produce sus propias obras de documental audiovisual gracias al trabajo voluntario de Samuel Sebastián. Una de ellas es Las migrantes, que cuenta la historia de varias mujeres que hablan de su experiencia migratoria, de su identidad, de la violencia de género y del papel de la mujer en el mundo. Samuel quiso aquí “dar todo el protagonismo a las mujeres migrantes, por eso en todo el documental solamente hay primeros planos de ellas y nada más”. Ese es el espíritu de estas creaciones, desde que Samuel reali-

zó su primera colaboración en CEAR, La mar que ens separa, hasta El camino sin fin – el relato de los primeros días en libertad de quince seres humanos víctimas de reclusión en un CIE – y pasando por todo el material que grabó en los tiempos en los que prácticamente el equipo de CEAR-PV no salía de una fábrica abandonada en la que tuvieron que vivir casi cien ciudadanos africanos durante meses a falta de medidas públicas dignas. No corren buenos tiempos. A la tensión y enfrentamiento político, al acoso, se suman por encima de todo que muchas personas, esas cuyos derechos CEAR intenta defender, están pasando por los momentos más duros que recuerdan en nuestro país. Por eso en Valencia se encendió una lucecita cuando el equipo de CEAR supo que la obra de Samuel Sebastián iba a ser reconocida en el Festival del Audiovisual Tirant Avant, además de por su calidad artística, precisamente por defender la dignidad y los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas. Fue realmente emocionante poder ver a Samuel recoger el premio junto a Daila, una de las mujeres refugiadas que se implicaron en el proyecto. Todo un balón de oxígeno, no vamos a negarlo, pero como decíamos esa misma noche, seguiremos resistiendo y luchando con premios, sin premios, con represalias o sin ellas.


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SOY REFUGIADO

Abdoulaye Coulibaly: “Mis padres me decían que cuando fuera grande me volvería negro”

Juan Moreno A los siete años comenzó mi periodo de escolarización y paralelamente mi toma de conciencia de que algo sucedía conmigo. Mis familiares me prevenían antes de ir a la escuela. Me daban consejos que no incluían a mis hermanos. Esta observación, en aquel momento sólo me generaba sorpresa. Mis padres me decían que cuando fuera grande me volvería negro. Que sería igual a mis hermanos. Pero a los 12 ó 13 años comencé a comprender que era diferente y que esa circunstancia no iba a cambiar. Empecé a tener miedo. Al considerárseme adulto, pasé de ser protegido por mi familia a tener que protegerme a mí mismo. No podía quedarme en casa puesto que debía formarme

y tener estudios. Era necesario afrontar mi formación de secundaria, que cursé entre 1995 y 2005. En el trayecto hasta el centro educativo los niños y mayores escupían al suelo para que sus hermanas o mujeres no tuvieran hijos albinos como yo. Con estupefacción llegué a recibir semillas de coca por parte de embarazadas que me solicitaban perdón para que su hijo no naciera como yo. Nunca tuve ánimo de reaccionar con brusquedad frente a quien me discriminaba, pero tenía la esperanza de que algún día cambiaran. Esa idea de cambio anidaba en que todo el mundo no era igual. Mi profesor me apoyaba y tenía en cuenta mis problemas de vista (derivados de mi condición de albino) y me hacía seguimiento para

mediar en los comportamientos supersticiosos que pudieran cruzar la puerta de la escuela. Socialmente se tiene la creencia de que no podemos realizar trabajos físicos. Entonces comprendí por qué mi familia me animaba tanto a estudiar. El único trabajo que pude realizar fue el de vendedor ambulante. Las otras opciones que me quedaban eran la de comerciante o la de trabajo de oficina. Esta exclusión laboral se asienta en que nos consideran media persona en todo, menos inteligentes y con menos fuerza. En 2002 durante la Copa de África, y en 2007 en medio de la campaña electoral presidencial, intentaron raptarme, y entonces llegué a la conclusión de que marcharme del país era la única solución, era una cuestión de vida o muerte. Decidí transformar el miedo

en valor que me diera la calma suficiente como para preparar mi marcha. Mi primer intento de salida del país fue acudiendo a la representación francesa en Bamako, pero no pude acceder a un visado que me permitiera salir en avión. La otra opción, la última opción por el peligro que encerraba, la encontré en los medios de comunicación: los cayucos. Tenía que llegar hasta la frontera de mi país con Mauritania y desde allí cruzar de Este a Oeste para llegar a Nouadhibou en la costa. Pero no conocía a nadie. Los contactos los hice al llegar a Nouadhibou. Mi familia se oponía. Les fui contando algunas mentiras piadosas para que fueran conociendo gradualmente mis intenciones, hasta que fue demasiado tarde impedirme que subiera al cayuco. Salí en la noche el 24 de marzo de 2009, después de llamarles. Conmigo iban 65 personas más. Algunas de ellas se oponían a mi presencia en el cayuco, pero el patrón y los otros organizadores del viaje les dijeron que si no me aceptaban ellos serían los que no viajarían. Sólo nos permitieron llevar la ropa para quitar el frío. Hubo un momento en el que llegué a preocuparme puesto que se paró el motor y nuevamente me miraban pensando que yo era la causa. Otra vez la intervención de la mayoría y de la razón frenó el miedo que se convertía en superstición. El día más feliz de mi vida fue cuando ví una montaña que luego supe que se llamaba Teide, y dos horas después pisaba la arena de la playa de la Tejita en la isla de Tenerife. Era el 29 de marzo de 2009. El 19 de diciembre por fín se me concede el asilo, lo que divide mi vida en un antes y un después. En el municipio de Vila flor realizo mi primer trabajo físico como cortador de uva, y espero poder realizar el curso de acceso a la universidad para mayores de veinticinco años y así poder estudiar marketing. Los albinos deben organizarse para cambiar la mentalidad de la superstición. No somos una raza peligrosa ni milagrosa. Nuestro color de piel no determina nuestros valores de justicia ni nuestra idea de amor en el corazón.

Ya está en marcha el blog del voluntariado de CEAR Un espacio únicamente para las personas voluntarias de la organización donde construir activismo y ciudadanía transformadora, donde intercambiar opiniones, trabajos, reflexionar y también facilitar el contacto entre si.

Edita: Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Comité de redacción: Alfredo Abad, Mario Amorós y Eugenia García Raya (coordinadores), Iván Forero, Eduardo Uribe y Mauricio Valiente. Maquetación: Creatividad y Comunicación de Acción Social. Impresión: AFANIAS. Servicios Centrales de CEAR: Avda. General Perón, 32. 2º Dcha. 28020 Madrid. Tf.: 91 598 05 35. fronteracero@cear.es Depósito legal: M-26266-2005. Puedes leer los números anteriores de Frontera Cero en www.cear.es

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Frontera Cero Nº 11  

Revista editada por CEAR sobre el Asilo y el Refugio en España

Frontera Cero Nº 11  

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