Lunes 6 de mayo de 2013 o 21
DH
ANTONIO VáZQUEZ
Ponte los guantes, campaña
Sin beneficios laborales, 76% de las empleadas del hogar Luis Alberto Linares Cubillas
P
Artículo 11
Valeria López Vela*
ara ellas no hay reconocimiento legal, social y muchos menos económico. A pesar de que desempeñan un rol fundamental para el bienestar familiar padecen las peores formas de discriminación. Su esfuerzo y trabajo no son valorados. Por menos de 60 pesos al día, a veces por unas cuantas monedas, tienen que enfrentar la violencia de género, familiar y sexual para no ser despedidas. Para las empleadas del hogar no hay derechos, son invisibles. A pesar de esta situación, las cifras oficiales indican que en México hay 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que 211 mil se encuentran en el Distrito Federal, nueve de cada 10 son mujeres –2.1 millones frente a 100 mil hombres–, 76% no tiene beneficio laboral alguno, siete de cada 10 ganan alrededor de 126 pesos al día en jornadas que rebasan las 11 horas, 83% se dedica al aseo en hogares y el resto trabaja cuidando personas, lavando y planchando o como choferes o cocineros. Ante este panorama sombrío, el Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar (CACEH), con el apoyo de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y el Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminación (Conapred), lanzó la campaña Por un trabajo digno: Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar. Su objetivo es sensibilizar a la ciudadanía y ejercer presión para que el Senado de la República ratifique el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para que se dé certeza jurídica a los derechos de las trabajadoras del hogar. En 2011, el gobierno federal firmó el Convenio 189, pero no ha sido ratificado por el Senado; como resultado, las trabajadoras del hogar no cuentan con un marco jurídico que les garantice sus derechos básicos.
TRABAJO ESCLAVIZANTE Para el ombudsman capitalino, Luis González Placencia, entre las y los patrones y las personas trabajadoras del hogar existen condiciones de explotación, servidumbre y esclavitud. “Por eso ‘nos hemos puesto el guante’ para acompañar esta campaña en la que es fundamental la participación de todos”, expresó. Por su parte, la directora del CACEH y también secretaria general de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar, Marcelina Bautista, resaltó que México está atrasado en el reconocimiento de los derechos de este sector, a pesar de que en uno de sus informes la OIT reportó que América Latina es la zona geográfica del mundo que más ha avanzado en los derechos de las trabajadoras.
Al respecto, Rosario Ortiz, de la Red de Mujeres Sindicalistas, recordó que la lucha por el reconocimiento de los derechos de las trabajadoras del hogar lleva por lo menos 20 años. Finalmente, la directora general adjunta de Estudios, Legislación y Políticas Públicas de Conapred, Sonia Río Freije, exhortó al Senado a ratificar el Convenio 189. Explicó que dicha acción obligaría a reformar las leyes General del Trabajo y del Seguro Social, en beneficio de los derechos de miles de trabajadoras.
POR UN TRABAJO DIGNO La campaña Ponte los guantes por los derechos de las trabajadoras del hogar tiene previstas diversas etapas, entre ellas, jornadas de difusión y sensibilización en espacios públicos como parques y puntos de encuentro –comenzando en el Bosque de Chapultepec, en la ciudad de México– y manifestaciones en la sede del Senado de la República. H
¡Salud para todos ya! Claves sobre este derecho
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ay cosas que damos por supuestas: asumimos que al girar el grifo correrá agua; pensamos que es normal que la naturaleza siga sus ciclos; creemos que las personas habrán de cumplir la palabra dada; vivimos como si la salud fuera una garantía. Nada más efímero. Así, el acceso a un sistema universal y de calidad de salud no es un asunto que pueda postergarse “para cuando haya presupuesto”. Me parece que la ecuación se lee a la inversa: para que haya desarrollo en un Estado, es decir, para que las y los ciudadanos puedan contribuir al crecimiento nacional, es indispensable que tengan una mejor calidad de vida, aspecto que desde luego incluye a la salud. En esta línea, el Estado tiene la obligación de ejecutar acciones para fomentar aquellas prácticas culturales que favorezcan la salud pública, como intervenciones directas para frenar actos que merman los derechos de las personas. Sería un error no incluir mecanismos reforzados de protección a favor de grupos en situación especial de vulnerabilidad. EL ESTADO COMO ARQUITECTO DE LAS ELECCIONES Cada vez son más las voces que piden a los
Estados intervenir en la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos que protejan la salud para así procurar que las y los ciudadanos estén mejor. En su libro Nudge: Improving Decision about Health, Wealth and Happiness (Penguin, 2009), Cass R. Sunstein y Richard H. Thaler insisten en que los Estados, además de diseñar políticas públicas adecuadas, deben influir positivamente en las decisiones médicas de las y los ciudadanos, asegurando que éstos cuenten con la información que les permita elegir aquellas opciones que generen mejor impacto en sus derechos. Esto se traduce en políticas mínimas como retirar el salero de los restaurantes, pero llega hasta la obligatoriedad del Estado de asegurar de manera universal el derecho a la salud. El Estado, como arquitecto de decisiones, tiene la responsabilidad de favorecer un contexto y los espacios culturales propicios para fomentar que las decisiones de las y los ciudadanos sean las más adecuadas, ya que finalmente éstos tienen la libertad de aceptar o rechazar las propuestas sociales. LA SALUD NO PUEDE SER UN LUJO Por otra parte, el Estado no puede perder de vista la imperiosa necesidad de la ciudadanía: todas y todos, sin excepción, deben contar con
el respaldo de un sistema de salud eficiente y de calidad. Es evidente que en México la salud es un tema de privilegio: hay enfermos, médicos y hospitales de primera y de segunda. Por ello es necesaria una reforma efectiva que realmente proteja a las personas en situación de vulnerabilidad, que limite las despiadadas prácticas mercantiles de las aseguradoras y que, al mismo tiempo, resuelva la mala distribución de los médicos, los recursos y los centros de salud públicos. EL CASO DE LAS MUJERES El caso de las mujeres reclama voluntad política para dar un paso importante en la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, se debe eliminar la diferencia de costos entre los seguros de hombres y de mujeres, pues obviamente constituye un acto de discriminación; el trato que dan las aseguradoras privadas a las llamadas “preexistencias” y los sobreprecios por cierta condición biológica –ser mujeres– son prácticas que deben suprimirse. El Estado mexicano debe frenarlas, ya que van en contra de los principios de nuestra Constitución y del amplio cúmulo de obligaciones internacionales en la materia. H * Médico. Coordinadora del Centro Anáhuac-Sur en Derechos Humanos
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