lecidas en medio de todo. Pero también es cierto que gracias al Estado, que nunca fue un “enemigo” de la empresa privada sino su amparador y protector, se impulsaron notables obras públicas y crecieron amplios servicios. Pongo el ejemplo de dos áreas: educación y seguridad social. En los setenta, gracias al petróleo, se pudo expandir la dotación de infraestructura escolar, aumentó el número de instituciones educativas públicas y el de maestros. Creció la atención en salud, se construyeron los grandes hospitales del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en donde tenían acceso hasta sectores pudientes, pues la seguridad privada estaba poco desarrollada. Puede decirse, si se compara con el pasado ecuatoriano, que el “desarrollismo” ayudó a mejorar la calidad de vida de amplios sectores de nuestro país, pero nunca solucionó la pobreza y peor aún la enorme brecha entre las capas ricas y el resto de la población. Así es que el “ciclo” del desarrollismo tuvo sus alcances y sus límites. Pero en los ochenta el panorama cambió. Todavía Jaime Roldós (1979-1981) obró en el marco del desarrollismo, y con una Constitución bastante progresista para aquellos momentos, como fue la de 1979, primera en un plan de desarrollo, tuvo una visión “tercermundista”, como se decía por entonces, y su gobierno, a pesar de los ataques extremos, no puede decirse que fue “antipopular”, ni mucho menos. Su sucesor, Osvaldo Hurtado (1981-1984), lucía a la época mucho más radical. Se recordará que era acusado de “comunista” y que las cámaras de la producción le tenían casi como un gobierno “enemigo”. Lo paradójico es que también le combatieron los sindicatos agrupados en el Frente Unido de Trabajadores (FUT). Hurtado era un reformista. Y como tal, su gobierno no respondió exclusivamente a los intereses del alto empresariado. Todavía mantuvo una inspiración “popular”, a partir de la ideología demócrata cristiana que se autoreivindicaba como una alternativa de izquierda. Pero desde 1982 cayó el peso de la deuda externa y con ello apareció la necesidad de reorientar la economía nacional. Desde 1983 apareció el FMI, vino la “sucretización” de términos que adoptó el presidente, llegó la “austeridad”. Con León Febres Cordero (1984-1988) el panorama cambió desde los inicios. Hombre de la empresa privada y ligado a la poderosa oligarquía guayaquileña, en su mente gubernamental no cabían ni Estado, ni recetas desarrollistas ni estructuralistas. Para él tanto el mercado libre como la empresa privada eran el motor de la economía. Estaba convencido de ello desde toda su vida. Y con él, los miembros de su Gobierno, pues llegaron con el presidente otros empresarios privados, que ocuparon puestos de importancia en la administración estatal. La economía giró y del antiguo “desarrollismo” no quedó piedra alguna. Además, favoreció el mundo internacional, pues hasta en URSS comenzó la Perestroika, que en el horizonte económico mundial que el capitalismo triunfante, al cual se le bautizó como “globalización”. Y en América Latina no existía otro modelo que el “neoliberal”, que se fue imponiendo en cada país por la fuerza de los condicionamientos del FMI (Fondo Monetario Internacional), la arrolladora presencia del capital transnacional, la dirección diplomática y política de los EEUU y la sucesión de gobiernos que creyeron modernizar sus países adoptando las fórmulas “aperturistas” de moda, que incluían, como fórmula de salvación, el retiro y la privatización del Estado. El gobierno de Rodrigo Borja (1988-1992) fue una especie de paréntesis que “estorbó” el camino del modelo empresarial de inspiración neoliberal. Sin embargo, fue su
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