Catalina Perez - Agenda legislativa 2018 2022 by Catalina Perez Salinas

AGENDA LEGISLATIVA 2018-2022

CONTENIDOS I.- Agradecimientos II.- Agenda y compromisos programáticos 1.- De los privilegios de pocos, a los derechos de muchos: 1.1.- Educación 1.2.- Vivienda 1.3.- Salud 2.- El precio del crecimiento: 2.1.- Medio ambiente 2.2.- Costo de vida 2.3.- Trabajo y sindicalismo 3.- El populismo: 3.1.- Descentralización 3.2.- Seguridad ciudadana 4.- Los excluidos: 4.1.- Migración 4.2.- Igualdad de género 4.3.- Infancia 5.- Los postergados: 5.1.- Cultura y patrimonio 5.2.- Protección animal

III.- Una nueva forma de hacer política 1.- Las ideas por sobre todo: obligación de presentar programas 2.- Participación ciudadana: iniciativa legislativa, sede distrital y cuentas públicas 3.- La necesaria renovación: limitación a la reelección 4.- Los dineros parlamentarios: disminución del sueldo, asignaciones y transparencia 5.- Una nueva Constitución

AGRADECIMIENTOS

La forma de construcción programática dice mucho de su contenido; no basta con creer en la democracia o los procesos colectivos de trabajo si ello no se practica en el quehacer político diario. Nada de esto sería posible si ustedes no hubiesen dedicado sus días a pensar en cómo les dejamos Chile, a los que vendrán. Gracias, gracias. Catalina.

II AGENDA Y COMPROMISOS PROGRAMÁTICOS

1.- DE LOS PRIVILEGIOS DE POCOS, A LOS DERECHOS DE MUCHOS 1.1.- Educación

El acceso a la educación es una piedra angular del desarrollo de cualquier sociedad. La educación, bien entendida, es el vehículo de transformación que permite a los países avanzar hacia el desarrollo cultural, económico, y tecnológico en igualdad de condiciones para sus habitantes. En este sentido, el neoliberalismo chileno muestra su peor cara: Chile mantiene un sistema educativo abrumadoramente segregado y discriminatorio, reproduciendo y profundizando las desigualdades de nuestro país, que ya alcanzan los primeros lugares en los rankings de la OCDE. El cambio de timón no puede esperar: mientras no se conciba al estado como el principal impulsor y garante del sistema educativo en sus distintas etapas, ninguna reforma será suficiente. Creemos que este nuevo rol del estado en materia educativa debe reflejarse en primer lugar, en la concepción de la educación como la herramienta central de desarrollo, y por tanto en un sistema educativo en línea con las necesidades culturales, económicas y productivas del país. Ello requiere de un aumento sustancial de la inversión pública en materia educativa, del fortalecimiento de la institucionalidad pública para la administración del sistema en sus múltiples niveles, y de la comprensión del ejercicio de educar, y el funcionamiento del sistema, como un reflejo de la sociedad que espera construir.En este sentido, la oferta pública educativa debe ser diversa, orientada hacia la formación científico-humanista, pero también técnica o artística. Debe ser inclusiva, acabando con la selección de niños y jóvenes, y debe ser democrática, abriendo canales a las comunidades educativas y a la autonomía universitaria, integrando a sus actores y otorgándoles capacidad de decisión. Solo así la educación podrá comenzar a cumplir con el rol al que es llamada en cualquier sociedad democrática: la educación como vehículo de transformación social.

Medidas I.- Educación parvularia La educación en los primeros años de vida contribuye al desempeño escolar futuro y a la superación de inequidades, constituyendo finalmente un importante igualador social, dependiendo de la calidad de su intervención. En este sentido, considerando que recién a partir del 2013 se busca garantizar el acceso a la educación parvularia volviéndose obligatorio un primer año de educación pre escolar que se sumaría a los 12 de educación básica y media, nos comprometemos a velar por toda iniciativa tendiente a: 1. Aumentar la cobertura del sistema público preescolar con especial énfasis en la descentralización territorial de servicios. 2. Velar por la destinación de los recursos necesarios para asegurar el financiamiento de la oferta pública a niños a partir de los 3 años de edad. Por otra parte, es necesario afianzar la identidad de la educación parvularia, a través de la creación participativa de nuevas bases curriculares y proyectos educativos en todos los centros educativos. Para que todo ello sea posible, es necesario además velar por el aumento sustantivo de los salarios de las educadoras y educadores, equiparándolos al menos, al resto de los profesores en nuestro país. II.- Educación escolar El entendido de la educación como herramienta y reflejo de la sociedad que construimos requiere de una redefinición, con la discusión de los actores del proceso educativo, del currículo de la educación escolar, permitiendo el avance hacia una formación integral, donde se promuevan y atiendan los diversos talentos e intereses de los estudiantes (artísticos, deportivos, científicos, humanistas, tecnológicos, etc.). Este nuevo currículo debe ser flexible, permitiendo su adecuación, pertinencia local e injerencia de los actores regionales en su implementación y desarrollo. Además, debemos propender a la creación de un nuevo modelo pedagógico, basado en la participación y colaboración para el aprendizaje, que privilegie las relaciones basadas en el diálogo, supere la verticalidad de los procesos de enseñanza y haga al estudiante cada vez más protagonista, y por lo tanto responsable, de su proceso de aprendizaje. En materia de financiamiento debemos modificar el actual sistema de financimiento a la demanda y reemplazarlo por uno vinculado directamente a los costos fijos de establecimiento públicos, terminando con la competencia e inestabilidad de las comunidades educativas para el desarrollo de sus proyectos.

III.- Educación técnico-profesional Debemos comprometernos con fortalecer el rol del estado en la oferta educativa de un sistema técnico, nivel medio y superior, público, con enfoque en las necesidades de la zona y programas de continuidad de estudios. Ello debe traducirse por ejemplo, en la inversión en educación agrícola, desarrollada actualmente solo por un establecimiento en la región, pensando la necesidad de fortalecer un sector productivo importante, vinculado a la protección de zonas de cultivo. Todo ello, debe ir aparejado de programas de fomento en el ingreso a este modelo educativo, vinculado alza de sueldo promedio y valoración social del mismo. Para esto proponemos la creación de un Sistema Nacional de Educación Técnica en el que colaboren instituciones de educación superior, sector productivo, liceos y sindicatos, poniendo especial énfasis en los y las docentes de la educación técnico-profesional, potenciando su formación y desarrollo.

11 IV.- Educación terciaria El fortalecimiento del sistema público en la educación terciaria se vuelve central para el desarrollo global del territorio en que las instituciones se encuentran insertas, proveyendo, mediante su adecuada coordinación de la generación de profesionales de modo coherente con las necesidades del territorio. Para ello, es necesario establecer modalidades de regulación y planificación estratégica de la provisión de carreras ofrecidas en todo el sistema y de regulación de las matrículas de los estudiantes egresados en las distintas áreas, con el fin de que estas respondan efectivamente a las necesidades del desarrollo territorial. Todo esto, enmarcado en un Plan Nacional de Desarrollo, elaborado participativamente en diálogo con la ciudadanía, que deberá, en cuanto sistema, actualizar al presente la función universitaria de reflexión crítica y preocupación intelectual sobre la nación, aplicada a sus áreas de extensión, investigación y docencia. Para la aplicación de dicho plan y la generación de un proyecto articulado de educación pública, proponemos la creación de un Consejo de Educación Superior Pública, conformado por las universidades del estado y sus colaboradora, apuntando a transformar la educación pública en el principal espacio de educación terciaria del país.

1.2.- Salud En nuestra Constitución Política, no se encuentra específicamente asegurado el derecho a la salud, ya que únicamente se garantiza una falsa libertad de elección basada en la capacidad de pago, a la cual, resulta evidente, sólo puede acceder un porcentaje reducido y privilegiado de la población. Pero lo anterior no nos debe llevar a pensar que el derecho a la salud no existe o no se encuentra protegido de ninguna forma. La salud es un Derecho Humano reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así, el artículo 12.1 de dicho Tratado indica ?Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental? Dicho Tratado Internacional fue suscrito y ratificado y vigente en Chile, por lo que se puede afirmar con toda convicción, que todos tenemos derecho a la salud. Ahora bien, nuestro derecho a la salud ha sido ninguneado, denegado y obstaculizado por décadas en nuestro país, produciendo uno de los mayores focos de conflicto social en Chile, y en nuestra región en particular. La falta de facultativos, el difícil y costoso acceso a atención de especialidad, las listas de esperas, la falta de recursos financieros, técnicos y humanos, los costos privativos de los medicamentos, y la potencial ruina económica que generan las enfermedades catastróficas, son sólo algunos de los problemas que podemos mencionar se encuentran presentes en la Salud en nuestro país. Consideramos que, en ningún caso, se puede dejar librado al mercado la protección de la salud de la población. Por lo anterior resulta fundamental fortalecer la salud pública, con el fin de lograr que el derecho a la salud reconocido internacionalmente como un Derecho Humano, inherente a toda persona por el solo hecho de ser tal, no sea tan solo, letra muerta.

Medidas

1. Creación de un Fondo Único de Salud y un Seguro Universal de Salud El actual sistema de cotización de salud funciona con una lógica individualista y poco eficiente. El Fondo Nacional de Salud recauda, por vía de cotización, el 45% de los fondos de los trabajadores, mientras que la atención de salud pública cubre aproximadamente el 76% de la población. Las Isapres, por otra parte, no resultan en lo absoluto más eficiente, con elevados costos, altos copagos, políticas de cobro discriminatorias, y los cuantiosos gastos que implican las enfermedades de alto costo, que obligan a los cotizantes a migrar al sistema público de salud. Por lo anterior proponemos la creación de un Fondo Único de Salud, y un Seguro Universal de Salud, que funcionen bajo de lógica de la seguridad social, con carácter solidario. Y que la iniciativa privada de las Isapres, funcione como un seguro complementario a dicho Seguro Universal. De esta forma, aseguramos la protección de todas las personas, con independencia de su capacidad económica y su condición de salud. 2. Carrera laboral para los trabajadores de la salud Chile es uno de los países con menor número de médicos por habitantes de la OCDE, sumado a ello, la mayoría de las horas médicas de atención se concentran en el sistema privado (2/3), dejando al sistema de salud pública, que atiende al 80% de la población con un tercio de las horas de atención. Proponemos discutir un proyecto de carrera laboral digna para los trabajadores de la salud pública, con el fin de terminar con la precarización laboral transversal al sistema pública, que redunda en la migración de profesionales al mercado. Dentro de este proyecto resulta imprescindible el apoyo y fomento de las especialidades médicas y la vinculación con la salud pública, para la retención de profesionales. 3. Plan de reducción de listas de esperas Según datos del MINSAL, 16.618 personas fallecieron en lista de espera el año 2016, y dentro de dichas muertes, 6.744 podrían estar asociadas a la patología por la cual se esperaba atención. El problema fundamental se radica en las listas de espera asociadas a patologías no pertenecientes a la Garantía Explícita de Salud (GES), donde existen 1.2 millones de consultas de especialidad en espera. Entendemos que este fenómeno es multifactorial y lo hemos abordado en otros puntos de nuestras propuestas en salud: falta de especialistas, falta de recursos económicos e infraestructura y sistemas de atención que no dan abasto. No obstante, resulta necesario una propuesta concreta en este ámbito para reducir, desde ya, los tiempos de espera. Por ello, proponemos la priorización de aquellas patologías con mayor tiempo de espera y riesgo y la focalización de recursos en aquellos Servicios de Salud con mayores listas de esperas.

1.3.- Vivienda Mientras el sueño de la casa propia está profundamente arraigado en el imaginario chileno, el derecho a la vivienda es quizás el derecho humano más relativizado y abandonado al mercado de nuestro país. La burbuja inmobiliaria de la Región aumenta los precios de arriendo y compraventa de inmuebles, relentizando por una parte el mercado y empujando por otra a más de 6000 familias a vivir en campamentos apostados en la periferia de las ciudades sin acceso a servicios básicos como agua, o luz.Las políticas públicas en la materia han fracasado y por cada gueto vertical construido en la zona centro de Antofagasta, más sumamos cuentas de los años que pasan sin la entrega de viviendas sociales donde hacer efectivos los pocos subsidios otorgados. En esta materia el cambio de timón en esencial. El Derecho a la vivienda debe ser un derecho garantizado por el estado, mediante el aumento de inversión en la construcción de viviendas sociales en suelo fiscal, y la expropiación de suelo privado con las indemnizaciones legales en caso de ser necesario. Para ello, debe considerarse que la propiedad sobre una vivienda no es la única forma de garantizar el acceso al derecho; el estado debe avanzar hacia la complementación de estrategias como el subsidio al arriendo y ampliar la noción del derecho a vivienda a las condiciones que rodean su ejercicio, como su accesibilidad, integración al medio, seguridad, entre otros.

Medidas 1. Derecho a la vivienda consagrado en la Constitución Política de la República Siendo el derecho a la vivienda un derecho humano incorporado a nuestro ordenamiento jurídico vía Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, nuestra Constitución Política de la República no lo considera dentro del catálogo de derechos fundamentales del artículo 19, y menos lo protege mediante recurso de protección. Resulta esencial incorporar el derecho a la vivienda en nuestra Constitución Política y dotarlo de protección jurídica para hacer efectivas las políticas públicas relativas a la respeto, promoción y garantía de dicho derecho.

2. Regulación del mercado de arriendo Siendo los excesivos precios de arriendo y sus condiciones una de las principales causas de hacinamiento y crecimiento de campamentos en la región, se vuelve urgente regular las condiciones abusivas de dichas transacciones. En este sentido proponemos la modificación de la Ley sobre arrendamiento de predios urbanos, estableciendo máximos de arriendo por comuna, y la modificación del código civil estableciendo para el arrendador la carga de escriturar el contrato so pena de estar en sus condiciones a lo señalado por el arrendatario. 3. Subsidio al arriendo El actual modelo de subsidio al arriendo resulta inaplicable en aquellas zonas en que el mercado mantiene valores de arriendo más altos al promedio nacional, como es el caso de nuestra Región de Antofagasta. Considerando la alta movilidad de chilenos por el territorio, la vivienda definitiva no es el único camino para asegurar acceso al derecho. El subsidio al arriendo debe complementarse con la construcción estatal de viviendas o contratos de construcción con inmobiliarias vía subsidio estatal, para destinarlas al arriendo a bajo costo de las mismas, bajo ejecución y supervisión del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 4. Creación de mesas de trabajo regional de dirigentes de campamentos y autoridades Una estrategia a largo plazo de erradicación de campamentos debe considerar en su planificación la participación de las comunidades que lo conforman, validando las dirigencias y liderazgos de las mismas y flexibilizando la aplicación de programas a las realidades locales, mediante mesas de trabajo vinculantes y periódicas.

2.- EL PRECIO DEL CRECIMIENTO 2.1.- Medio Ambiente La Región de Antofagasta es el epicentro de las principales actividades industriales y mineras en nuestro país. Este modelo de desarrollo, en profundización constante, ha empujado la economía local a un costo tremendo para el medio ambiente y la salud de las personas. Ante la falta de una adecuada y moderna política ambiental, los nocivos efectos de la contaminación se han manifestado en la escasez del agua, la contaminación atmosférica y acústica de nuestras ciudades, la pérdida y contaminación de suelos y vegetación. A esto se suman los alarmantes índices de cáncer de la zona, la indignante situación del galpón de ATI en Antofagasta, los relaves en Taltal, las termoeléctricas en Tocopilla y los desechos vertidos en mejillones, sombríos ejemplos de nuestra región como zona de sacrificio ambiental. Es momento de comenzar a pensar en un Chile distinto. Creemos que es necesario avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo sustentable,para nuestra región y para Chile, basado en su relación armónica con la naturaleza y la planificación de los territorios a largo plazo. Este nuevo modelo de desarrollo debe ir acompañado de un exigente marco normativo y fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, en lo relativo a estándares, control y sanción, aplicable a toda actividad productiva con impacto ambiental, considerando una planificación integral, responsable y de la largo plazo de la actividad económica del territorio con enfoque en la diversificación de la producción local.La creación de un nuevo modelo de desarrollo sustentable debe considerar la participación ciudadana como elemento central de su generación.Con ello, aseguramos la consonancia de la planificación con las necesidades reales del territorio, su arraigo local y aprovechamiento de los recursos de la zona por sus habitantes, generando espacios de control ciudadano efectivos sobre el desarrollo de la actividad económica.

Medidas 1. Fortalecer la participación ciudadana Para ello proponemos 3 medidas mínimas. En primer lugar, reformar la Ley de Bases Generales de Medio Ambiente (Ley N° 19.300) asegurando la obligatoriedad de desarrollar procesos de participación ciudadana con las comunidades locales tanto en el procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA). En segundo lugar, la reforma de dicha ley debe considerar que las instancias de participación ciudadana deben estar garantizadas durante toda la duración del proceso de evaluación de impacto ambiental, para evitar así que, a pretexto de adendas poco sustanciales, la ciudadanía no sea consultada posterior a los estrechos plazos que el sistema actual contempla. Y en tercer lugar, debe garantizarse la igualdad de condiciones entre los actores del proceso para participar del mismo, fortaleciendo las organizaciones civiles vinculadas a materias medio ambientales y asegurando sucapacitación para participar del proceso.

2. Creación de la Defensoría del Medio Ambiente La asimetría en el acceso a la información, las barreras económicas presentes y las características del derecho ambiental como un derecho colectivo y difuso, vuelven nominal el acceso a la justicia y la participación ciudadana de las organizaciones frente a un privado empresario o el propio Estado. En este sentido, proponemos la creación de una Defensoría del Medio Ambiente como un órgano público autónomo, que contribuya a materializar el acceso y la igualdad de condiciones en la defensa de los intereses de la ciudadanía del territorio afectado y su correspondiente reparación. Para ello, entre otros aspectos, impulsaremos la discusión del proyecto de ley que modifica la carta fundamental, con el objeto de crear la defensoría del medio ambiente, contenido en el boletín N° 10486-07 ingresado en diciembre de 2015. 3. Ley de Polimetales con alcance nacional Sin perjuicio de que las soluciones de fondo en materia medioambiental vayan dirigidas a impedir la continuidad de un modelo de desarrollo incompatible con la vida y la salud de sus habitantes,los daños ya ocasionados deben ser reparados por el Estado. Para ello, actualmente existe una Ley de Polimetales con aplicación exclusiva en la comuna de Arica (Ley N° 20.590), la cual reconoce la existencia de altos grados de contaminación y, para reparar la misma, establece un programa de intervención con beneficios directos en su comunidad. Creemos que esta ley es un claro ejemplo de la reparación esperada en la región de Antofagasta, pero que será insuficiente si replicamos una solución exclusiva para nuestro territorio: la contaminación es un fenómeno que se extiende en múltiples regiones, por lo que una solución parcial que no aborda el problema de fondo es, nuevamente, insuficiente.

Por ello, proponemos la extensión de la Ley N° 20.590 para todo el territorio nacional,con aplicación a toda zona declarada como saturada de contaminación. Con ello, garantizamos que el Estado, desde la seguridad social, sea capaz de responder allí donde llegó tarde a impedir la ocurrencia del daño, como es el caso de nuestra región. 4. Regulación de estándares para máximos de contaminación permitido En Chile, no existen normas específicas sobre máximos permitidos de contaminación, ya que el sistema de evaluación descansa en estudios sectoriales de caso a caso y no en límites claros que no sean tolerables por ningún motivo. Fomentaremos la creación de normas que se hagan cargo de esta deficiencia en aire, suelo y agua, para elevar la capacidad y claridad asociada a la fiscalización del potencial daño ambiental.

2.2.- Costo de vida

Más allá de la percepción común de que vivir en una ciudad que día a día aumenta su costo de vida, lo cierto es que nos encontramos en la segunda ciudad más cara de Chile, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas. Lo anterior se puede atribuir a la distorsión que genera la el sector minero en nuestra región, pero, como todos hemos escuchado alguna vez ?no todos trabajamos en la minería?. Al alto costo que tienen en nuestra ciudad, bienes y servicios de carácter básico, debemos sumar el alto índice de desempleo que ha experimentado nuestra región en el último tiempo, provocado, nuevamente, por el decaimiento de la minería. Si a ello añadimos que el 20% de la fuerza laboral activa está compuesta por trabajadores conmutados que, pese a trabajar en la región, viven y mantienen sus núcleos familiares en otras zonas del país, podemos fácilmente comprender, el origen de los altos costos de vida en Antofagasta. Por lo anterior, resulta esencial invertir en nuevos polos de producción, económicamente sustentables, con altos estándares de innovación, que no sacrifiquen la salud de nuestros habitantes y que, por otra parte, diversifiquen las fuentes de ingreso en nuestra región, generen nuevas fuentes de empleo en la zona, y disminuyan los costos de acceso a bienes y servicios.Necesitamos de una región que alcance y albergue a todos sus habitantes, y para ello, debemos asegurar el acceso igualitario a aquellos servicios básicos que por su condición, no pueden depender de nuestra capacidad adquisitiva, como el acceso a una salud digna o a una buena oferta educativa, para ello, debemos aumentar la inversión pública en nuestra región,en consideración además, a su aporte al producto interno bruto nacional.

Medidas 1. Diversificación de la producción Avanzar hacia la diversificación de la matriz productiva es una agenda larga que no se resuelve con medidas concretas de corto alcance. Una forma de comenzar es instalar la mirada en nuevos polos de desarrollo, y potenciando otros actualmente en incubación. Para lo anterior resultan fundamentales medidas como un Plan Nacional de Inversión innovación de desarrollo y nuevas áreas productivas, que en lo local, sea construido a través del diálogo social entre el mundo científico, universidades y la comunidad; creación de incentivos a emprendimientos innovadores en nuevas áreas de producción, para el fomento a la diversificación productiva y la creación de nuevos empleos no sujetos a los vaivenes del sector minero; fomento a ciencia e investigación a través de una reestructuración de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica y la inyección urgente de presupuesto para la misma, con fondos específicos relativos a nuevos polos de producción; creación de empresas de carácter mixto que permitan el desarrollo de nuevos polos de producción, aún ante la ausencia de interés privado en el desarrollo de las mismas. 2. Inversión pública en bienes y servicios de carácter básico Resulta esencial la inversión pública focalizada en bienes y servicios que son expresión de derechos sociales largamente negados por el Estado. Así, el fortalecimiento a la educación pública, la garantía de un sistema de salud público eficiente y digno y la vivienda como un derecho social establecido y asegurado, redundará en una reducción exponencial al costo de vida, al no tener que destinar la gran mayoría del ingreso familiar a dichos ítems. Por otra parte, resulta igual de esencial reestructurar el sistema de transportes, fortaleciendo el transporte público de forma tal que llegue a aquellos sectores con baja o nula conectividad con los centros de desarrollo económico de nuestra ciudad. 3. Fomento a emprendimientos locales y subsidios a bienes de difícil acceso. En este punto proponemos, por una parte, fomentar los emprendimientos locales, de forma tal que aquellos bienes que ven distorsionados sus precios debido a la distancia en que se encuentra nuestra ciudad, respecto a las zonas en que los mismos son producidos, se vea morigerada al sortear el factor de la distancia.

2.3.- Trabajo y sindicalismo Nuestra región presenta grandes desigualdades que, entre otros aspectos, se expresan fuertemente en el mundo laboral. Dada la concentración productiva en el rubro de la minería, encontramos sectores productivos cuyo nivel de ingresos supera en muchas veces al estándar promedio de remuneraciones en Chile, mientras que en la misma empresa, podemos encontrar situaciones de contratos irregulares por incluso debajo del sueldo mínimo. Así, el paradigma de desarrollo económico basado en el crecimiento productivo altamente concentrado en nuestro país, tiene como uno de sus mejores ejemplos la realidad de lo que observamos en Antofagasta.

En el seno del mundo laboral, confluyen fenómenos de flexibilidad que alcanzan niveles desproporcionados, como la conmutación y el sistema de turnos variables. Con dicho sistema, las empresas contratistas pueden disponer de cambios de ritmo en las jornadas laborales, a costa de la calidad de vida de los mismos trabajadores: el precio pagado es el de relaciones sindicales de difícil pertenencia y, muchas veces, imposibilidades par construir proyectos de familia que se adecúen a estos turnos. Proponemos avanzar hacia un fortalecimiento de las relaciones laborales, cuyo enfoque sea la asociatividad por vía de cooperativas y sindicatos, en donde el derecho a negociación colectiva tenga garantías claras en nuestro ordenamiento jurídico. A su vez, debemos impulsar políticas públicas decididas hacia la disminución de las tasas de desempleo, con foco en la inversión de investigación e innovación y fortalecimiento de las PYMES.

Medidas 1. Negociación colectiva ramal y derecho a huelga Una modificación al actual Código del Trabajo es fundamental, para así progresar hacia un sistema de negociación colectiva que supere los límites establecidos por el ámbito de la sola empresa, llegando a la validación de negociaciones por ramas o sectores productivos que comparten realidades laborales afines. A ello se suma la necesidad de establecer el derecho a huelga (sin distinciones con el sector público) y eliminar la posibilidad del reemplazo en dichas situaciones. 2. Reducción de la jornada laboral y aumento del sueldo mínimo Nuestro país no ha logrado niveles de eficiencia adecuados que relacionen la actual duración de la jornada laboral con el grado de productividad y, más bien, hemos sido testigos como todos los países en vías de desarrollo mantienen jornadas de menor duración. Debemos modificar el Código del Trabajo para lograr una disminución a las jornadas laborales, las cuales han dado como fruto un sistema de agobio cotidiano que sólo ha incrementado los índices de enfermedades con pretexto en las relaciones de trabajo. A su vez, debemos aumentar el sueldo mínimo en base a proyecciones graduales que dialogue efectivamente con el nivel de necesidades básicas para familias promedio. 3.- Mayor inversión en cooperativas y defensa de las PYMES Por otro lado, Chile aún no ha aprovechado los grandes beneficios asociados a las cooperativas de trabajo, las cuales deben propiciarse mediante políticas públicas claras y una nueva Ley General de Cooperativas que derogue el actual DFL 5 de 2004. Su enfoque debe estar dirigido a generar facilidades y procesos de acompañamiento en el nacimiento de nuevas cooperativas, en particular en sectores cuyo grado de productividad ha sido visto como históricamente desventajoso (como el cultural). Seguido de aquello, también proponemos la defensa de las estructuras de pequeñas y medianas empresas, para lo cual debemos observar el endurecimiento a las situaciones contempladas en la legislación de Libre Competencia (DL 2011), con enfoque especial en prácticas predatorias u oligopólicas que dañen el surgimiento de nuevas PYMES.

3.- EL POPULISMO 3.1.- Descentralización

La constante demanda de descentralización ha sido recogida por un sinnúmero de candidatos en época de elecciones, quienes la recogen como una suerte de ?agenda regionalista? o proponen la total ?autonomía regional?. Estos discursos son llamativos y captan la atención de los votantes, pero suelen ser poco sistémicos, inviables o derechamente vacíos. Es hora de tomarse la descentralización. La transferencia de facultades de administración, poder económico y sobre todo poder político, resulta fundamental para lograr que Antofagasta sea una región con ciudadanos más empoderados, con mejor calidad de vida, en que la participación democrática de todos los actores sociales, derive en una construcción conjunta de las condiciones materiales que se requieren para un buen vivir y para la proyección de la ciudad que queremos habitar. Sobre la base de estas premisas, resulta imprescindible trabajar en niveles de descentralización democrático de distribución del poder, contando con Gobiernos Regionales electos de forma local, con facultades que real y efectivamente permitan disponer de los recursos económicos, humanos y logísticos necesarios para ejecutar proyectos y diseñar políticas originadas y puestas en marcha en la región, que respondan a las necesidades locales. Los avances hacia la mayor autonomía política de las regiones deben traducirse también en el aumento de facultades de Consejeros Regionales y Municipalidades. La descentralización política y administrativa, sin embargo, no se materializa si no va de la mano también de una descentralización presupuestaria y económica. Así, las facultades de planificación y ejecución de políticas locales de los Gobiernos Regionales, deben ir acompañados también de la facultad de administrar y disponer de fondos con distintos grados de autonomía regional. La redistribución presupuestaria que permita materializar la descentralización, debe considerar una reforma impositivaque asegure la re inversión de una parte de los fondos producidos en la región, en la misma. Nuestra región debe gozar también del aporte productivo que realiza al país, aumentando, entre otras cosas, la inversión pública tendiente a la generación de conocimiento e innovación en la propia región, con miras a asegurar su desarrollo futuro. El sentido de la descentralización pasa también por cómo entendemos la democracia. Una descentralización institucional del poder, sinparticipación ciudadana, sin empoderamiento de las comunidades y sin capacidad de control, no es una descentralización que permita el verdadero desarrollo local. La descentralización desde la capital hacia las regiones, y desde las capitales regionales a sus comunas, debe considerar espacios de participación ciudadana vinculantes en la planificación y ejecución de las políticas públicas creadas desde las localidades.

Medidas 1. Transferencia de funciones y atribuciones a Gobiernos Regionales Instaremos para que se discuta, por vía de una ley y no sólo de un decreto supremo, los parámetros para la transferencia de funciones y atribuciones a los Gobiernos Regionales, en el marco del reciente proyecto de ley aprobado para la elección democrática de Intendentes y Gobernadores (Boletín N° 9.834), por vía de indicaciones al proyecto de ley que el Ejecutivo ingresó en la materia (Boletín N° 7.963-06). 2. Ley de Rentas Regionales Es fundamental avanzar hacia la consolidación de presupuestos regionales, los cuales determinen los mecanismos de ingresos propios, tributos con beneficio regional y, a su vez, la construcción de un Acuerdo o Contrato Región que regule la articulación de dichos sistemas a nivel nacional. Fomentaremos la discusión de este proyecto para así construir reglas claras de autonomía regional, en el marco de un Estado unitario que debe relevar el rol de los distintos niveles de riqueza que generan sus territorios, y también de los costos de vida asociados a los mismos. 3. Democracia regional y local Junto al aseguramiento de reglas claras para la elección de Intendentes y Gobernadores, la profundización de la democracia en la región debe estar apoyada por plebiscitos con carácter regional. Para ello, impulsaremos una reforma constitucional para que sea consagrado en su Capítulo XIV. Esto entregaría la capacidad para que la ciudadanía que habita en nuestra región pueda, vía una solicitud del Consejo Regional o la recolección de un número de firmas determinada, tomar una decisión propia de su realidad política.

3.2.- Seguridad ciudadana

La delincuencia es asumido como un problema constante que se encuentra en, prácticamente, todos los discursos políticos en períodos electorales. Muchos son los que prometen que ?se les acabó la fiesta? o que ?erradicarán el delito?, pero la verdad dista mucho de aquello: el fenómeno delictual no puede eliminarse, sino que debe ser gestionado de acuerdo a políticas públicas claras con enfoques de largo plazo. La famosa agenda corta antidelincuencia evidenció, como muchas otras, que la seguridad ciudadana no puede ser abordada por medidas populistas de corto alcance, sino que debe responder a una real agenda larga, involucrando múltiples sectores y abordando el fenómeno delictual en toda su envergadura: prevención, control, percepción y reinserción. En nuestra región, las tasas de delincuencia son similares a los índices nacionales, pero su percepción ha aumentado gracias al efecto dirigido de medios de comunicación y, a su vez, a factores concretos de aumento de la sensación de inseguridad. Así, por ejemplo, el deterioro en los espacios públicos, la carencia de espacios bien iluminados o el aumento de suciedad en diferentes comunas, incrementa la sensación de inseguridad en la población, pese a que no necesariamente esto esté aparejado a un real aumento de delitos efectivamente cometidos. Avanzar hacia un nuevo sistema debe colocar, prioritariamente, el enfoque en la prevención y el control del delito, progresando hacia un modelo en donde no reproduzcamos factores de riesgo, pero también haciéndonos cargo de las tendencias delictuales que en la actualidad se están produciendo. Sobre esto último, una visión dirigida al crimen de alta connotación social -organizado y de ?cuello y corbata?- es prioridad, pero también se requiere una mirada que reestructura el actual sistema de funcionamiento de nuestras policías. Para nuestra región, se requiere especialmente el aumento en las dotaciones de fiscales (para así desempeñar una labor investigativa más acuciosa), como también la incorporación de un sistema de protección a las víctimas (por medio de, por ejemplo, un Servicio Nacional de la Víctima). Finalmente, una mirada global no puede carecer de elementos dirigidos a la reinserción, que hoy termina siendo una mera descripción nominal. Actualmente, un sistema cuyo único pilar de sanciones son las privativas de libertad, genera un sistema de sobre población en las cárceles, dificultando también la instalación de políticas de reinserción social.

Medidas 1. Fortalecimiento a los Consejos comunales de seguridad pública Debemos fortalecer los Consejos comunales de seguridad pública como organismos cercanos a la ciudadanía y que han de construir el plan comunal de seguridad pública. Su fortalecimiento implica modificar la Ley N° 20.965, ampliando sus competencias y mejorando su estructura de composición. Con esta medida, buscamos generar mayores herramientas para que sean los espacios comunales, cercanos al rol de cada comunidad en la prevención del delito, los que adquieran protagonismo a la hora de construir políticas de seguridad ciudadana. 2. Reforma a la carrera y sistema laboral de Carabineros El escalafón y funcionamiento de Carabineros de Chile no se sustenta en la meritocracia y proyecta un sistema laboral de amplia sobrecarga, en donde son constantemente demandados por mayor cobertura, pero sin las herramientas adecuadas para realizar su labor. Corregir esto implica crear una nueva ley de plantas que reemplace al actual decreto con fuerza de ley 2 de 1968, y también la revisión de la Ley Orgánica Constitucional 18.961. Es importante, a su vez, avanzar hacia que esta institución incorpore mecanismos de acceso democrático a la información, realizando cuentas públicas de su gasto presupuestario para que chilenas y chilenos conozcan cómo se combate la delincuencia año a año. 3. Reforma al sistema de penas del Código Penal Nuestro Código Penal data de 1874 y ha sido reformado en múltiples ocasiones con un mero enfoque de aumento de en las penas. Sin embargo, debemos reformarlo para revisar todo el sistema con el que castigamos las conductas delictivas, impulsando que las penas privativas de libertad no sean el único pilar. Con ello, esperamos disminuir el costo que el Estado invierte en cada persona privada de libertad, como también impulsar reformas que nos permitan diferenciar entre quienes se encuentran en prisión preventiva y quienes, ya condenados, se encuentran cumpliendo la pena efectiva. 4. Creación de un Servicio Nacional de la Víctima La modernización al Centro de Apoyo a Víctimas ha sido una promesa incumplida de los políticos de siempre. Su crecimiento institucional esperado es la creación de un Servicio Nacional de la Víctima, gestión que solicitaremos por medio de proyectos de acuerdo en la materia. El sentido de esta medida es poder dotar de una mayor y mejor institucionalidad en el resguardo y acompañamiento a víctimas de delitos violentos, tanto en nuestra región como en todo Chile.

4.- LOS EXCLUIDOS 4.1.- Migración

Desde hace unos años a la fecha hemos sido testigos de cómo miles de personas han elegido Chile, y en particular nuestra región, para establecerse. Sin embargo, la anacronía de la legislación y del aparato estatal relacionado han sido el caldo de cultivo perfecto para la migración irregular, con todas las consecuencias que genera la misma, como lo son la alta vulnerabilidad de los migrantes irregulares, la falta de acceso a los servicios básicos, a la vivienda, a la protección estatal de sus derechos y en definitiva, a las condiciones mínimas que exige una vida digna. Reconocemos el derecho que toda persona tiene a migrar. Por ello, abogamos por un cambio de paradigma en la actuación estatal referida a la migración, abandonando la visión del migrante como un enemigo o como sujeto de mano de obra, para comenzar a verlo como un ciudadano, con pleno respeto a sus derechos humanos, y como un actor social más en nuestra comunidad, responsable, como todos, de construir una sociedad mejor. Para lograr este propósito se requiere, en primer lugar, una nueva Ley de Migración adecuada a nuestros tiempos y a la sociedad globalizada en que nos insertamos, con un estándar de respeto por los derechos humanos y enfoque multidimensional del fenómeno. En segundo término, resulta imperativo modernizar y fortalecer las instituciones estatales vinculadas al tema migratorio, de forma tal que nuestras políticas públicas, así como los funcionarios de éstas instituciones estén preparados para afrontar el creciente fenómeno migratorio de manera adecuada.

Medidas 1. Nueva Ley de Migración con enfoque en derechos humanos El actual Decreto Ley N° 1.094 data de 1975, y responde a un periodo y visión de la migración muy distante del que requerimos hoy. Profundizaremos la discusión de una nueva ley de migración (Boletín N° 11.395-06), elaborada con altos estándares de participación ciudadana, con enfoque de derechos humanos, que regule no solo el ingreso y salida, si no también las condiciones de permanencia en el país, de modo de asegurar, mediante una mirada multidimensional, el trato adecuado a los flujos migratorios y el desarrollo de multiculturalidad. 2. Nueva institucionalidad: Servicio Nacional de Migrantes Un fenómeno multidimensional y en crecimiento como la migración, no puede continuar siendo recogido exclusivamente por el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Proponemos la creación de un Servicio Nacional de Migrantes, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, encargado de la ejecución de las políticas públicas intersectoriales en coordinación con los Ministerios de Educación, Salud, Interior, entre otros, de forma desconcentrada, de modo de brindar cobertura al fenómeno y garantizar la dignidad, integración y seguridad en las condiciones de vida de migrantes y chilenos en todo el territorio nacional. 3. Simplificación del sistema de visas La Nueva Ley de Migración debe propender a la simplificación del otorgamiento de visas, evitando al máximo las arbitrariedades y discrecionalidades en sus otorgamientos, reduciendo el número y tipo de visas de residencia temporal existente, e implementando una visa de uso múltiple, de forma tal que aquella persona migrante que vive en el país, tiene un arraigo y ha desarrollado su vida aquí, no deba mutar en innumerables ocasiones su visa de residencia si, por ejemplo, quedó sin trabajo o adquiere la calidad de estudiante. 4. Integración de los migrantes y participación de la sociedad civil Proponemos la implementación de los mecanismos de participación migrantes establecidos en la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y de sus Familiares, en lo relativo a decisiones respecto a la vida y la administración de las comunidades locales, favoreciendo su integración en la sociedad, y su intervención como sujetos activos responsables en la construcción de la sociedad.

4.2.- Igualdad de género

Desde el Frente Amplio y, en particular, desde todas las candidaturas femeninas, la agenda de género cruza gran parte de nuestros principales desafíos. Entendemos que la Antofagasta y el Chile de hoy no pueden progresar sin que, con dicho progreso, construyamos una sociedad con igualdad de género, en donde educación no sea sexista, las realidades salariales no construyan brechas y, en general, nuestra cultura sea consciente de la reproducción de graves estereotipos. Hoy, las mujeres desempeñan roles marcados en el cuidado del hogar y la crianza, pese a lo cual su trabajo no es remunerado ni es considerado en el actual sistema de pensiones. Los sueldos marcan grandes diferencias y las reglas asociadas al pre y post natal siguen ejemplificando las posiciones predeterminadas que cada género guarda. Hemos sido testigos de cómo la violencia contra las mujeres culmina incluso en la muerte, aumentando los indicadores de otros tipos de agresiones que, en general, quedan invisibilizadas. Antofagasta y Chile debe avanzar decididamente hacia un paradigma que integre, jurídica y culturalmente, la igualdad de género. Para ello, es fundamental construir un plan nacional de educación no sexista, instaurar políticas laborales que se hagan cargo del trabajo no remunerado de la mujer, y combatir integralmente todo tipo de violencia por razón de género o inclinación sexual. En el país que escribimos para el futuro, estos han de ser mínimos que todas y todos debemos considerar.

Medidas 1. Plan de educación no sexista Impulsaremos modificaciones estratégicas al DFL 2 de 2010 para incorporar deberes del Estado en materia de educación no sexista, principalmente contempladas en el Proyecto de Ley 8M (Boletín N° 11.181-18). Así, debemos fomentar que el Ministerio de Educación articule políticas, planes y programas en relación a la educación de construcción de género, eliminación de estereotipos y orientación sexual. 2. Igualdad en el trabajo Es fundamental incorporar similares modificaciones al actual Código del Trabajo para, así, establecer reglas claras de igualdad salarial entre hombres y mujeres, como también modificar el régimen del artículo 195 sobre permisos en razón de maternidad o paternidad, garantizando la igualdad de género en el acceso a estos beneficios. Igualmente, deben construirse modificaciones que reconozcan el trabajo doméstico como una figura de trabajo no remunerado. 3. Ley integral contra la violencia de género Una nueva ley integral contra la violencia de género es fundamental para hacerse cargo de diferentes grados de agresión contra la mujer. Entre ellos, revisar el tipo penal de femicidio actualmente consagrado en el Código Penal, facilitar la acreditación de figuras como el ?maltrato habitual? e impulsar la tramitación de la Ley contra el acoso callejero (Boletín N° 9.936-07). Todo lo anterior, aparejado de medidas que limiten el acceso a cargos de representación popular para aquellos sancionados por estas conductas.

4.3.- Infancia A 27 años de haber sido ratificada la Convención de Derechos del Niño, el Estado de Chile aún no cuenta con una institucionalidad que asegure la protección universal de los derechos de la niñez, ni con una asignación suficiente de recursos humanos, técnicos y financieros orientados a la implementación adecuada de sus políticas en el área. En Chile es urgente y necesaria la creación de una institucionalidad y políticas públicas acordes a un país desarrollado, donde se reconozca a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y no solo como objetos de mera protección. Para ello es necesario avanzar hacia una política integral de la infancia, que considere un sistema de garantías de los derechos de la niñez, en el marco de un nuevo rol garante del estado en materia de prevención y reparación, desplazando a actores privados del negocio de la vulneración a la infancia y adolescencia.

Medidas 1. Nueva política integral de la infancia El Estado carece de un enfoque global de derechos que enmarque la atención a la infancia. Como ha señalado el Comité de Derechos del Niño, la Ley de Menores tiene un enfoque tutelar incompatible con un marco jurídico adecuado que reconozca y garantice sus derechos. Apoyaremos la creación de un Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, proyecto de ley ya ingresado en Boletín N° 10.315-18 en septiembre de 2015, que persigue justamente actualizar el marco normativo con enfoque de derechos de la infancia, en concordancia con la normativa internacional en la materia. Además, presentaremos en conjunto con otros diputados y diputadas, las iniciativas legales que deben complementarlo, como la reforma de la Ley Nº 19.968 sobre tribunales de familia, la reforma de la Ley N° 20.032 que establece el sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores del SENAME y su régimen de subvención, o, el proyecto que crea la acción especializada y de rápida tramitación para exigir una prestación de servicios que está siendo negada, todos ellos, proyectos sin presentar a la fecha. 2. Nueva institucionalidad La modificación a la institucionalidad debe considerar la creación de un nuevo órgano centralizado que vele por la implementación de una política integral de infancia y no solo un servicio nacional operativo. Como hemos señalado, el respeto, promoción y garantía de los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes en nuestro país no se asegura sino mediante la acción coordinada de programas multidimensionales, que atraviesan la acción de distintos ministerios y servicios. Por lo anterior, proponemos re impulsar la creación de una Subsecretaría de Infancia, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, que reemplace SENAME y desde la cual, podamos constituir las entidades administrativas centralizadas necesarias para articular la implementación de programas intersectoriales que actualmente se encuentran siendo ejecutados por ejemplo por las Oficinas de Protección de Derechos. 3. Sistema de financiamiento y relación con Organismos privados El carácter subsidiario de la institucionalidad pública frente a la oferta privada de atención, a reducido la responsabilidad del estado a mera subvención de los Organismos Colaboradores de SENAME, atendiendo de forma directa solo al 3,82%.

Proponemos la modificación de la ley Nº 20032 sobre Sistema de atención a la niñez y adolescencia a través de la red de colaboradores de SENAME y su régimen de subvención, estableciendo en primer lugar, facultades de fiscalización, control y sanción a la institución pública competente según la nueva institucionalidad vigente. En segundo lugar, modificaremos la modalidad de subvención, financiamiento la oferta basal de planes y programas, y no a la demanda de instituciones, que contribuye a la internación y permanencia de niños y niñas en el sistema. Todo ello, tendiendo a la reducción y eliminación de la prestación privada de organismos colaboradores y el aumento de prestaciones mediante centros de administración directa dependientes de SENAME.

4. Aumento de recursos públicos destinados a la atención de la infancia Mediante la asignación progresiva vía ley de presupuesto, y una vez asegurado el correcto uso de los recursos públicos, estableciendo facultades de fiscalización adecuadas y modificada la relación entre servicios de prestación directa e indirecta del estado, es que debe trabajarse también en el aumento de recursos públicos destinado a la atención de la infancia, reparando la falta de profesionales y personal técnico y administrativo competente con especial énfasis en los trabajadores de trato directo, las malas condiciones laborales del servicio, la alta rotación de personal, entre otros problemas que afectan directamente la calidad del servicio entregado a nuestros niños, niñas y adolescentes, y los derechos laborales de quienes trabajan en el área.

5.- LOS POSTERGADOS 5.1.- Cultura y Patrimonio La región de Antofagasta tiene grandes cultores y un mundo artístico variado, con desarrollo de distintas disciplinas y una importante influencia intelectual, aunque a ratos se mantenga en el olvido para los anales de la historia. Actualmente, hemos entendido el fomento por la vía de fondos de carácter concursable, arrojando a la competitividad a creadores, investigadores y gestores, quienes se someten a reglas con presupuestos escasos y, muchas veces, sin una institucionalidad pública que sostenga una infraestructura cultural de larga proyección. Por otro lado, nuestro patrimonio cultural y natural es destacado a nivel mundial, pero no aprovechamos su impulso en políticas públicas enfocadas en turismo o educación patrimonial. En general, hemos de reconocer que la deuda con el sector cultural es constante, y que la política tradicional la ha utilizado más como una estrategia ?vistosa? para captar votos, que como una agenda de desarrollo en serio. Avanzar hacia un nuevo paradigma en políticas culturales requiere de dos dimensiones. Por un lado, dar relevancia a las herencias institucionales que han sido reservorios de la memoria regional y nacional y, por el otro, un fomento real a nuevas expresiones culturales, reconociendo su diversidad, mecanismos de difusión y modos de producción. En esta materia, se requiere también un nuevo trato con los trabajadores culturales, quienes presentan uno de los más graves índices de vulnerabilidad laboral y precariedad remuneracional, a costa de un sistema político que hace de frases como ?amor al arte? un slogan de gratuidad. En específico, se requiere enfatizar en los procesos de trabajo con adecuación territorial. Instalar procesos más allá de los ?eventos? o hitos genera una relación virtuosa entre arte y patrimonio y su comunidad.

Medidas 1. Reforzamiento a la nueva institucionalidad, con enfoque en infraestructura El recientemente aprobado Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio aparece como un necesario progreso en el fortalecimiento de la disímil institucionalidad chilena, pero dejó en su paso grandes pendientes. Con el nuevo organismo, sigue pendiente la verificación de nueva infraestructura y espacios culturales en la región, lo cual puede ser promovido con un acuerdo normativo en donde Bienes Nacionales y las gestiones de gobierno local se hagan parte, cuyo norte sea la postulación en cesiones de uso o acceso.

2. Mejoras al régimen de propiedad intelectual Debemos avanzar hacia un sistema cuyo régimen de propiedad intelectual sea acorde con los tiempos de la era digital, en donde la difusión de conocimiento y el acceso es prioritario. Por ello, impulsaremos modificaciones a la Ley N° 17.336 para incorporar nuevas excepciones al sistema privativo y excluyente de propiedad intelectual, fomentando también conceptos como las ?obras huérfanas?, cuyo norte sea el acceso a la cultura en sus distintos formatos. 3. Reforma al sistema de financiamiento cultural Anualmente, la Ley de Presupuestos demuestra una baja preocupación por la inversión en cultura, la cual debemos aumentar a toda costa. Ello debe estar aparejado por una reforma a la actual Ley N° 19.891, para hacer del Fondart un sistema de financiamiento integrado, con incorporación de mecanismos basales de asignación y de organización mixta. También debemos actualizar y generar nuevos mecanismos para facilitar sistemas de Donaciones Privadas con Fines Culturales, ampliando las hipótesis de acceso de la Ley N° 18.985. 4. Nuevas leyes en materia de patrimonio cultural Por otro lado, la ausencia de legislación acorde con el fortalecimiento del patrimonio es alarmante. La actual Ley de Monumentos Nacionales data de 1925, y mantiene un enfoque insuficiente para los parámetros internacionales contemporáneos. Por ello, impulsaremos la presentación de una Ley de Bibliotecas Públicas, una Ley de Archivos y una nueva Ley de Patrimonio, con gestiones dirigidas a proyectos de acuerdo y resolución. El enfoque fundamental es el reconocimiento del patrimonio cultural con rol prioritario en las comunidades, expresiones de cultura viva y fortalecimiento del rol público de la puesta en valor del mismo, donde la declaración patrimonial deje de ser una limitación para los titulares del dominio.

4.2.- Protección Animal La preocupación por convivencia armónica y respetuosa entre animales humanos y animales no humanos es una preocupación social creciente tanto a nivel nacional como internacional. Nunca antes hubo, como hoy en día, tal conciencia de que los animales son seres con intereses propios. En nuestro país, lamentablemente, la respuesta a dicha preocupación y concientización, ha estado condicionada por el acaecimiento de situaciones de maltrato animal de alta connotación social. La Ley N° 21.020 sobre tenencia responsable de mascotas y animales de compañía, también conocida como ?Ley Cholito?. La referida ley, ha constituido un gran avance en post de fomentar la tenencia responsable y castigar el maltrato animal, sin embargo, no es suficiente. Materias tan importantes como la protección de la fauna silvestre, la eliminación de las actividades recreativas que produzcan sufrimiento animal y la eliminación definitiva de la experimentación animal, tienen regulaciones arcaicas e insuficientes.

Medidas 1. Eliminación de las actividades recreativas que produzcan como efecto el sufrimiento animal Consideramos que no se condice con la sociedad democrática, solidaria, inclusiva y consciente como la que aspiramos a construir, la indiferencia hacia el sufrimiento del otro. Por ello, consideramos que es un imperativo ético, la eliminación progresiva y total, de todas las actividades económicas de recreación, que produzcan como efecto el sufrimiento animal. Así, proponemos las siguientes medidas: (i) eliminación y prohibición del rodeo como deporte; (ii) transformación progresiva de los zoológicos de carácter privado en centros de rescate y protección animal; (iii) transformación del único zoológico de carácter fiscal en la cabecera de un sistema nacional de rescate y rehabilitación de fauna silvestre; (iii) eliminación y prohibición total de los animales en los circos.

2. Fomento e inyección de recursos a las organizaciones animalistas Le Ley 21.020 estableció que el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ?podrá? establecer, en el marco de su disponibilidad presupuestaria, fondos concursables para fines de seguridad, orden público, bienestar animal y prevención de transmisión de enfermedades zoonicas, a los cuales podrán postular organizaciones animalistas. Creemos que la laxitud de dicha medida resulta absolutamente insuficiente, teniendo en consideración la importante labor que realizan las organizaciones animalistas, en la prevención y tratamiento de animales en nuestro país. Por ello, proponemos la creación de un fondo de carácter local, específico para personas jurídicas sin fines de lucro, cuyo objeto principal sea el fomento de la tenencia responsable de animales. 3. Prohibición de la vivisección en animales en industrias no medicinales y fomento a pruebas alternativas en la industria medicinal Los seres humanos nos hemos beneficiado por largo tiempo de las pruebas en animales, en sectores tan importantes para la pervivencia de la vida, como lo es la salud. En otros sectores, como la cosmética, las industrias también se han beneficiado por muchos años de dichas pruebas. Es por ello que proponemos la prohibición total y absoluta de vivisección (disección practicada en animales vivos) en las industrias de carácter no medicinal; y a su vez, para la industria medicinal, proponemos la creación de incentivos para el desarrollo e implementación de pruebas de carácter alternativo, que eviten o eliminen completamente, la utilización de animales.

Proponemos también, la prohibición de la vivisección en la educación básica y media. En la educación superior, se han de fomentar igualmente la utilización de pruebas de carácter alternativo, y finalmente, en caso de no existir tales pruebas, se ha de establecer posibilidad de los estudiantes de oponer una objeción de conciencia a tales procedimientos, sin que ello redunde en un desmerito académico. 4. Creación de un Sistema Nacional de rescate y rehabilitación de Fauna Silvestre Consideramos que es necesario un organismo público que otorgue apoyo y soporte a los centros de rescate y rehabilitación de la fauna silvestre que actualmente realizan privados, municipios y universidades. Dicho organismo, permitirá la articulación de acciones de protección de ecosistemas naturales y biodiversidad con carácter nacional, a la vez que mejorará nuestra capacidad de respuesta frente al cambio climático, las emergencias ambientales y el deterioro o invasión de los hábitats naturales como consecuencia de la presencia humana. Por lo anterior proponemos la creación de un Sistema Nacional de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que actúe en coordinación con el Ministerio de Agricultura, cuya labor principal sea la conservación de la flora y fauna, la diversidad biológica y las especies migratorias y humedales, en cumplimiento de las convenciones internacionales medioambientales.

III UNA NUEVA FORMA DE HACER POLÍTICA

1.- LAS IDEAS POR SOBRE TODO Obligación de presentar programas Querer cambiar la política pasa, en gran medida, por aumentar los estándares con que la misma se presenta a la ciudadanía. Actualmente, nuestra legislación no obliga a los candidatos al Parlamento que presenten un programa, a lo menos bajo la figura de lineamientos básicos, lo que hace que muchos de ellos se postueln (y hasta ganen) sin haber tenido la dedicación de construir una agenda de contenidos. Proponemos que esto sea una obligación, para la cual impulsaremos una reforma a la Ley Orgánica Constitucional N° 18.700.

2.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA Iniciativa legislativa, sede distrital y cuentas públicas 1. Iniciativas legislativas participativas e iniciativa popular de ley Daremos espacios a laboratorios ciudadanos de proyectos de ley en agendas estratégicas que atañen a la comunidad de nuestra región. En una primera etapa, los realizaremos como acompañamientos y sesiones abiertas con nuestros asesores legislativos, pero paralelo a ello impulsaremos reformas legales para que tengan cabida en la Constitución Política. Esto nos permitirá, entre otros aspectos, abrir las instancias para que los grupos organizados (o no tan organizados) tengan incidencia en las agendas legislativas.

2. Sede distrital con presencia en todo el territorio En general, las sedes distritales se instalan en las capitales regionales que se encuentran en cada distrito. En el nuestro (que cubre todo el territorio regional) la dispersión geográfica ha sido una excusa para privar de trabajo distrital a comunas como Tocopilla, Taltal, Mejillones, María Elena o San Pedro de Atacama. Para ello, gestionaremos una sede distrital movil que se instale por periodos calendarizados en las diferentes comunas de la región. Garantizamos, como mínimo, que todas las comunas puedan acceder semestralmente a la sede distrital. 3. Cuentas públicas Las cuentas públicas son fundamentales para informar a la ciudadanía sobre el efectivo trabajo legislativo. Muchas veces, las antofagastinas y antofagastinos no están suficientemente informados de cómo sus actuales Diputados han legislado (o de cómo gastan los recursos de todos los chilenos), y esto afecta la calidad de la democracia de nuestra región. Realizaremos cuentas públicas abiertas, en terreno y vía web, de los movimientos legislativos nuestros y las materias que la ciudadanía nos interpele. Estar en contacto diario con los electores no es un riesgo, sino un deber.

3.- LA NECESARIA RENOVACIÓN Limitación a la reelección Queremos terminar con los dinosaurios en el Congreso Nacional, en particular con aquellos que han hecho de la política su única forma de vivir. La renovación en nuestros representantes enriquece y le da vida a la democracia, por lo que limitaremos la reelección a no más de una oportunidad. Así, por ejemplo, yo misma no podré ser dos veces reelecta, con lo que obligatoriamente tendré que darle espacio a nuevas figuras de nuestra región para que nos representen en posteriores periodos.

4.- LOS DINEROS PARLAMENTARIOS Disminución del sueldo, asignaciones y transparencia Las diferencias en los modos de vida que tienen nuestros representantes y a quienes representan es abrumadora. Somos el país con la mayor desigualdad entre el sueldo mínimo y la remuneración que reciben los Parlamentarios e, inclusive, es un sueldo que está fijado por la misma Constitución Política. Rebajaremos la dieta parlamentaria a, a lo menos, la mitad, e incorporaremos fuertes reglas nuevas para la regulación de las asignaciones y gastos de gestión operativa. No le tenemos miedo a ganar menos porque, si estamos en política, no es para hacernos millonarios ni vivir como reyes.

5.- UNA NUEVA CONSTITUCIÓN

Finalmente, ninguna iniciativa realmente transformadora será suficiente sin que, conjuntamente, nos hacemos parte de un gran cambio Constitucional. No por la vía de meras reformas (como la del año 2005) ni tampoco por complejas metodologías de consulta no vinculantes, sino por la expresión real de la voluntad de Chile: una Asamblea Constituyente. Muchas de nuestras actuales trabas que mantienen los derechos sociales limitados, el modelo económico deshumanizado y, en general, la postergación y exclusión de muchas y muchos, tienen su inicio y fin en nuestra actual Constitución. Una nueva Constitución es un deber para Chile y Antofagasta.