LLAMADO URGENTE Primer año administración Gobierno del Ciudadano Presidente Nayib Bukele “El soberano pueblo salvadoreño exige soluciones sustentables duraderas para construir Nación y que nadie se quede atrás” El pueblo del territorio que hoy se denomina El Salvador y que ancestralmente su nombre es Kuskatan, ha tenido que enfrentar grandes retos y amenazas desde tiempos coloniales, que representan impedimentos concretos para manifestar su pleno derecho a vivir en una sociedad en paz en un ambiente y naturaleza saludable. El Estado salvadoreño está en deuda con su pueblo, ha permitido y creado condiciones histórica y sistemáticamente para que la población viva en empobrecimiento, exclusión y profundas desigualdades, sufriendo vejaciones de todo tipo debido a la imposición de un modelo económico basado en la explotación de la naturaleza y la acumulación obscena de capital, que ha saqueado la herencia milenaria y ancestral de los pueblos, socavando su dignidad y pisoteando sus anhelos de crear una sociedad que asegure un presente y futuro de paz, justicia y sustentabilidad para las actuales y venideras generaciones. La República de El Salvador es un Estado soberano y la soberanía reside en el pueblo, así lo indica la Constitución del país, también afirma que se reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, este es el asidero legal y constitucional para demandar a los tres Órganos de Estado a que lleguen a entendimientos por medio del diálogo y que toda decisión que adopten tenga el aval del pueblo, su empleador, quien les paga y muy bien, para que trabajen en favor del bien común, partiendo desde corregir la exclusión de sectores que han sido dejados atrás deliberadamente por este perverso modelo de sociedad en que vivimos. El pueblo salvadoreño es el Estado y es el Gobierno, toda decisión a sus espaldas es inaceptable, basta de confrontación y amenazas de retrocesos en materia de derechos humanos, consolidación de la democracia y fortalecimiento del Estado de Derecho, ante lo cual rechazamos contundentemente toda forma de prácticas autoritarias por parte de personas servidoras públicas, que conlleven al rompimiento del orden constitucional en el país. Es urgente y necesario robustecer la institucionalidad y el marco de políticas públicas para que estas estén a la altura de los retos y desafíos que la población está enfrentando y aseguren la protección social, ambiental y económica de las personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. Estamos viviendo tiempos duros y lo serán aún más sino aprendemos la lección, se avecina una profunda hambruna y eventos climáticos extremos, se está acelerando el deterioro de los ecosistemas y la pérdida acelerada de biodiversidad, lo que repercute en la calidad de vida de las personas, con particulares impactos en infancias, juventudes, mujeres, personas adultas mayores, pueblos indígenas, personas con discapacidad y otros grupos en exclusión. Los costos de no actuar e invertir con presupuesto suficiente en estas poblaciones y su ciclo de vida serán irreparables, si las instituciones del Estado no actúan de manera conjunta y colaborativa con la participación oportuna y efectiva de las redes comunitarias y territoriales, la sociedad civil y la ciudadanía en su conjunto. Es urgente establecer mecanismos de respuesta rápida para la garantizar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, garantizar el derecho humano a la alimentación, al agua y el saneamiento, a un medio ambiente sano y saludable, priorizando la tenencia y propiedad de la tierra para la agroecología familiar y no para los monocultivos como la caña de azúcar, que destruyen los suelos
y sobreexplotan los bienes hídricos, tanto las cuencas, caudales y cauces de los ríos como los mantos acuíferos para usos de riego intensivo sin ninguna regulación por parte de las instituciones del Estado. Llamamos a respetar las Áreas Naturales Protegidas, Sitios Ramsar y Reservas de Biósfera del país, es necesario dar fiel cumplimiento a los marcos normativos y compromisos internacionales que aseguran su protección y proponemos prohibir al menos a una distancia de 50 metros desde el espejo de agua hasta cualquier cultivo y prohibir el manejo con agrotóxicos en las orillas de los ríos, para salvaguardar la salud e integridad de estos ecosistemas, la biodiversidad y los medios de vida de las comunidades. Las organizaciones comunitarias y redes territoriales tienen capacidad de propuesta y solución, impulsan desde sus propias formas y expresiones de organización, mecanismos de Gobernanza Social Territorial, que conllevan saberes, conocimientos y prácticas para el ejercicio pleno de sus derechos y deberes como parte de su herencia ancestral y de su compromiso con la equidad y justicia intergeneracional e intercultural. Estas prácticas integran mecanismos de cosecha de agua y formas de economías locales y comunitarias, que fortalecen la reciprocidad desde la economía popular, social y solidaria. La Gobernanza Social Territorial es sin duda un ejercicio real de soberanía del pueblo, representa el elemento realizador de la paz y la seguridad, donde la participación educada, informada y oportuna de la ciudadanía es el principal medio de implementación de las políticas públicas y la única garantía de eficiencia y eficacia para dar respuestas al cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en materia de derechos humanos, asegurando que nadie se quede atrás como indica el fundamento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable. Por último, instamos a la administración de Gobierno de El Salvador a que proceda de pronta manera a honrar su compromiso con la firma del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido como El Acuerdo de Escazú. Consideramos que firmar este valioso instrumento elevaría el nivel de compromiso del Estado, ampliaría el asidero legal para avanzar en la democracia y gobernanza ambiental y en el reconocimiento, garantía y cumplimiento de los derechos ambientales y ecológicos, así como con la protección de las personas defensoras del ambiente en El Salvador y en la región.
San Salvador, 1 de junio de 2020