Informe de Resultados de la Consulta Nacional El Salvador de la Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad Objetivo de la Consulta Nacional: Dialogar y deliberar las opiniones y posiciones de la ciudadanía joven salvadoreña sobre la importancia de la implementación de la Resolución 2250 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Juventud, Paz y Seguridad, documentando y sistematizando las propuestas y soluciones identificadas en un informe final de resultados, que sirva como una herramienta para la educación-sensibilización e incidencia-abogacía en todas las etapas, ámbitos y niveles del trabajo de fortalecimiento de las juventudes en los procesos de consolidación de la paz sustentable y duradera. Antecedentes: La Resolución 2250 (R2250) se aprobó el 9 de diciembre del año 2015 en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y se constituye como la primera resolución que trata específicamente sobre el papel de las juventudes en temas de paz y seguridad. Para conocer más sobre la R2250 favor ver: www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/N1541310_ES.pdf En el mes de septiembre de 2017 en conjunto con International Peacebuilding Alliance (Interpeace), una agencia internacional con vínculos con Naciones Unidas y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), ambas entidades desde sus oficinas regionales, creamos un Grupo Focal de la R2250 en El Salvador. La solicitud fue hecha por medio de los referentes nacionales de Interpeace, para identificar y convocar a un grupo de juventudes a una jornada de trabajo, convocatoria que se realizó en la Universidad de El Salvador. Como producto de este taller y junto al trabajo realizado sobre los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), se creó junto con un grupo de juventudes y otros movimientos, el Grupo de Trabajo sobre la Resolución 2250 y el ODS 16. La alianza que ha impulsado el proceso de Consulta Nacional y estas jornadas de diálogo, se forjó como una experiencia y práctica de trabajo intergeneracional e intercultural con proyección internacionalista, abarcando todas las etapas del proceso, incluyendo la realización de las Consultas/Diálogos, la documentación y sistematización, así como la evaluación del mismo. En el caso de El Salvador se contó con el apoyo del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) para llevar los diálogos a las juventudes en sus comunidades y territorios. Justificación e Introducción: Las personas jóvenes representan actualmente la población más amplia que se ha conocido en la historia de la humanidad: 1,800 millones de personas, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), estas tienen entre 10 y 24 años de edad. El Salvador no es la excepción, la mayoría de la población salvadoreña es joven, con un 63.7% de personas menores de 30 años de edad, donde las mujeres representan el 52.8% de la población. El llamado “Bono Demográfico” con el que cuenta El Salvador, es una oportunidad para movilizar decidida e intencionalmente los recursos que aseguren el desenvolvimiento y vida plena de las personas con un enfoque de equidad y justicia intergeneracional y su ciclo de vida. Hay numerosos estudios de Naciones Unidas que demuestran las tendencias del proceso de envejecimiento en las poblaciones de los países, tanto del Norte como
del Sur Global, lo que nos llama urgentemente a invertir en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales como una contribución hacia la paz y la seguridad. El año 2017 fue declarado en El Salvador como el Año Nacional de la Cultura de Paz por la Asamblea Legislativa, en el contexto del 25° Aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz. Es importante señalar que en el año 2016 la ONU seleccionó a El Salvador para la implementación acelerada de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) por medio de la estrategia MAPS (Monitoreo, Integración y Apoyo a las políticas) que ya ha identificado 7 aceleradores y para el pilotaje del ODS 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, y que el Sistema de Naciones Unidas en El Salvador presentó en enero de 2017, el documento “Voces de El Salvador”, fruto de diálogos nacionales sobre los Acuerdos de Paz. Consideramos que estos hechos dan un asidero desde el cual construir un proceso que permita discutir y viabilizar condiciones para la implementación de la R2250. La Consulta Nacional como iniciativa, se realizó de manera colaborativa con el Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes (FLACJ), como parte del compromiso de fortalecimiento del trabajo regional, y en el país desde una amplia articulación de organizaciones y movimientos con los que el Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad ha cultivado relaciones de trabajo colaborativo, como una amplia alianza de trabajo intergeneracional e intercultural con proyección internacionalista. El documento resultante de la Consulta refleja los desafíos y propuestas de la ciudadanía joven de El Salvador sobre las áreas que abarca la Resolución 2250, además consideramos que aporta elementos para ser un instrumento de posicionamiento y propuesta desde las juventudes, dando luces y abordando los retos identificados sobre la participación protagónica en los procesos de consolidación de la paz, para asegurar el derecho a un presente-futuro de paz, justicia y sustentabilidad hasta la séptima generación venidera. Consideramos que es urgente y necesario elevar las voces de la ciudadanía joven para enriquecer todas las fases del proceso de implementación de la R2250 en todos sus ámbitos y niveles, reivindicando la participación real y efectiva como un factor dinamizador y realizador de la paz y la seguridad. Afirmamos el planteamiento y llamado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de declarar a la región como una zona de paz y valoramos que la R2250 aporta elementos significativos para trabajar hacia ese propósito. Consideramos además, que ésta permite profundizar en la implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), la Nueva Agenda Urbana sobre Asentamientos Humanos y Hábitat y el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo. Todos estos compromisos internacionales que los Estados han asumido como parte del proceso multilateral en las diversas instancias de Naciones Unidas, son instrumentos útiles y necesarios para trabajar por una paz sustentable y duradera, la verdadera seguridad para las juventudes a nivel global y planetario. Valoramos y consideramos que el proceso de Consulta de la R2250 en El Salvador, puede ser un modelo, una práctica y experiencia a replicar en otros países para crear condiciones hacia la estructuración de un proceso de implementación nacional, desde un enfoque de derechos humanos, género, justicia y equidad intergeneracional y ciclo de vida. El Informe de Resultados lo estaremos compartiendo con la Enviada de Juventud del Secretario General de la ONU, Jayathma Wickramanayake, con United Network of Young Peacebuilders (UNOY)
y otras entidades nacionales, regionales e internacionales, para fortalecer el proceso global, además de mantener un diálogo amplio y abierto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Misión de El Salvador en Naciones Unidas, la oficina nacional del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y las demás agencias del Sistema de Naciones Unidas tanto en El Salvador como en la región. Consideramos que el proceso de Consulta R2250 y su resultado, representa una oportunidad para trabajar intencionalmente la posibilidad de crear un espacio o mecanismo nacional de implementación con seguimientos concertados de la R2250 y que los resultados del proceso al ser integrados y complementados con otros procesos como el pilotaje del ODS 16, la estrategia MAPS, la Iniciativa SpotLight, entre otros, crearían condiciones para viabilizar y dinamizar su implementación nacional para la prevención de conflictos, la violencia y la consolidación de la paz en el país. 1. Resumen de Datos Generales del Proceso de Consulta de la Resolución 2250 Jornada 1: Fecha: 26 de mayo de 2018 Lugar: Centro Cultural del pueblo Lenca, convocada conjuntamente con la Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente Número de personas participantes: 25 Jornada 2: Fecha: 27 de mayo de 2018 Lugar: Comunidad El Carrizal, convocada conjuntamente con la Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos, Municipio de Jiquilisco, Departamento de Usulután Número de personas participantes: 26 Jornada 3: Fecha: 2 de junio de 2018 Lugar: Centro Cultural del pueblo Lenca, convocada conjuntamente con la Alianza de Ulúas, Lencas y Nonualcos, Municipio de Tecoluca, Departamento de San Vicente Número de personas participantes: 27 Jornada 4: Fecha: 8 de junio de 2018 Lugar: Casa de la Juventud de Ciudad Delgado, convocada conjuntamente con la Asociación Juventudes Paleca (AJP), Municipio de Ciudad Delgado, Departamento de San Salvador Número de personas participantes: 35 Jornada 5: Fecha: 14 de junio de 2018
Lugar: Instituto de Formación y Recursos Pedagógicos de la Universidad de El Salvador (INFORPUES), convocada conjuntamente con la Iniciativa Social para la Investigación y Comunicación Territorial (ISICTE), Municipio de San Salvador, Departamento de San Salvador. En esta jornada se contó con presencia de juventudes de Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate y La Paz Número de personas participantes: 20 a) Información y resumen de las personas participantes en todo el proceso: -
Cantidad de personas participantes en la modalidad presencial-territorial: 133
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Cantidad de personas participantes en la modalidad de Consulta en línea: 161
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Cantidad de personas participantes en la modalidad de entrevistas y reuniones de intercambio con funcionarios públicos: 10
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Dentro del grupo de personas entrevistadas y con las que se tuvieron reuniones de intercambio para dar a conocer el proceso podemos mencionar a personal técnico del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE), personal de la Dirección de Desarrollo Social del Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería), a Mireya Tobar, Procuradora Adjunta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), a la Comisionada Presidencial para los Derechos Humanos, María Silvia Guillén y a Luis Roberto Flores Viceministro de Prevención Social del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Total de personas participantes en todo el proceso: 304 Porcentajes de participación por rangos de edades: 15-18 años = 36% 19-24 años = 24% 25-29 años = 17% 30-35 años = 13% Más de 35 años = 10% Porcentajes de participación por género: Masculino: 42% Femenino: 58% b) Modalidades de participación y de insumos integrados al informe de la consulta: Para la realización de la Consulta se utilizaron 3 modalidades de participación: -
Realización de 5 jornadas de consulta a nivel local y regional entre el 26 de mayo y el 14 de junio de 2018
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Realización de Consulta en línea: del día 15 de junio hasta el día 10 de julio de 2018
Realización de entrevista directas, completado de cuestionario y reuniones bilaterales con personas referentes de instituciones públicas en temas de juventud, paz y seguridad desde el día 15 de junio al 10 de julio de 2018 c) Nombres y correo electrónico de las personas del Grupo Gestor y Facilitador del proceso: -
César Artiga, cesarneftali@gmail.com, Coordinador de la Consulta Nacional
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Daisy López, daisy_c98@hotmail.com, Comunicaciones y Multimedia
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Carlos García, carlos-gf5@hotmail.com, Logística y Enlace Territorial
2. Compilación de mensajes, reflexiones clave y propuestas surgidas del proceso de Consulta Nacional de la Resolución 2250 a) Conversando sobre los conceptos de Juventud, Paz y Seguridad ¿Cómo se comprenden estos conceptos desde la propia mirada de las juventudes? Juventud: Se desarrolló una amplia discusión sobre el concepto de juventud, que es ser joven y que son las juventudes. Más allá de una definición teórica del concepto, las juventudes participantes reconocen aspectos clave que trascienden de una etapa cronológica en su ciclo de vida, como lo son las capacidades, habilidades, energía, perspectivas y voluntades de provocar cambios personales y colectivos, la importancia de sentar bases para crear una sociedad diferente, donde todas las expresiones de organización juvenil sean incluidas y manifiesten su potencial pleno y diverso para cuidar con responsabilidad de las presentes y futuras generaciones, participando como sujetos de desarrollo. Se entiende de manera muy clara que para el caso de El Salvador se cuenta con una definición de edad de juventud para las personas que tienen entre 15 y 29 años y se considera muy importante la necesidad de invertir de manera intencional y decidida en esta etapa clave porque de eso dependerá en muchos aspectos su calidad de vida presente y futura, así como las oportunidades de desenvolverse plenamente en la sociedad. Es importante señalar que para las juventudes existe mucha estigmatización sobre sus roles y acciones, llegando inclusive a plantearse desde muchos sectores conservadores del país, a la juventud como personas generadoras de violencia e inclusive los llaman terroristas. Las expresiones de organización juvenil están siendo sesgadas, no sólo por sus formas de organización y participación sino sobre todo con altos niveles de discriminación, sexismo, machismo, racismo y clasismo dependiendo de sus orígenes, por la zona donde viven o donde estudian, por su manera de vestir, por sus tradiciones o identidad cultural. “[Ser joven es] ser un soñador”, “[Juventud es] alegría”, “[Juventudes somos] quienes luchamos por ser la diferencia”. Así como hay expresiones positivas como estas también las hay con una connotación negativa como: “[Ser joven es] un delito en El Salvador”, “[Juventudes son] personas a
las que se les ha negado el derecho a un presente y futuro”, “[Juventud es] tener pocas posibilidades reales de educación y empleo”. Paz: “[Paz es] vivir tranquilo”, “[Paz es] movilizarme libremente y sin miedo”, “[Paz es] relaciones de convivencia sin maltrato”, son entre otros, algunos de los principales mensajes que las juventudes plantean sobre la paz. Ha sido muy motivante y esperanzador escuchar las reflexiones en cuanto a la manera de afirmar la paz no como una aspiración lejana y sin claridad, sino más bien abordando elementos concretos sobre como la paz puede manifestarse en su vida cotidiana, por ejemplo: “[Paz es] garantizar los derechos humanos de todas las personas” o “[Paz es] que todas las instituciones del Estado se aseguren que la cultura de paz sea parte de nuestra identidad como país”. Se valora la paz como un valor superior que se constituye como un bien común y que se construye de manera colectiva, destacando la importancia de la inclusión sin discriminación para realizarla, incluir todas las identidades, voces y opiniones de las juventudes, elevar y amplificar esas voces es necesario para consolidar la paz, señalando de manera contundente la capacidad de propuesta y soluciones que las juventudes tienen, pero que su participación actualmente está limitada solamente a una presencia que no es constante ni sonante, debe asegurarse una participación plena y efectiva en la toma de decisiones para que el rol de la juventud como sujeto de desarrollo y agente de transformaciones sea una realidad. Se discutieron los resultados de la firma de los Acuerdos de Paz, a 26 años de su aniversario y se considera que si bien es cierto se logró poner fin el enfrentamiento armado y sentar bases para avanzar en el proceso de democratización de las instituciones del Estado, las profundas causas que generaron el conflicto siguen vigentes y se han exacerbado. Es importante reconocer el rol de las juventudes en el conflicto armado, tanto de personas de las zonas rurales como urbanas y de estudiantes de educación media y superior, quienes fueron silenciados y entregaron sus vidas con el ideal de trabajar hacia una sociedad diferente, una deuda pendiente del Estado salvadoreño, reconocer estos aportes, y una oportunidad que nos brinda la Resolución 2250, honrar estas vidas con un compromiso innegociable de trabajar para una sociedad en paz sustentable y duradera. La creación de un conjunto de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y la Policía Nacional Civil (PNC), son avances y logros indudables de los Acuerdos de Paz, sin embargo se observa con mucha preocupación que en este momento se estén impulsando medidas extraordinarias de seguridad que atentan contra los derechos fundamentales de la población y sobre todo señalar la abundancia de casos de abusos de autoridad por parte de cuerpos de seguridad pública. Seguridad: El concepto de seguridad tuvo muchas opiniones y miradas diferentes desde las personas participantes. Se entiende que la seguridad es más que una percepción y que está fuertemente influenciada por el imaginario de vida que ha sido impuesto sobre todo por los medios de comunicación y la cultura basada en la discriminación y exclusión que se vive en el país.
La seguridad para muchas de las personas participantes comienza con uno mismo y desde ahí trabajarla colaborativamente a través de la organización comunitaria en armonía con el entorno, con particular mención al medio ambiente como un factor imprescindible para asegurar la salud física, mental y espiritual, la alimentación y medios de vida de las familias y comunidades . El cuidado de los unos con los otros es parte de la seguridad, sin un espíritu de comunidad no puede haber seguridad y para que esto suceda las instituciones del Estado deben crear condiciones para que las personas y organizaciones conozcan su territorio y puedan movilizarse libremente en el con la certeza de que nada malo les sucederá. Es importante que las personas conozcan las instituciones del Estado existentes y cuales son sus mandatos para trabajar hacia la seguridad en todas sus dimensiones y ámbitos, considerando que los abusos de autoridad son inaceptables y no crean las condiciones para que las personas confíen en estas entidades y los marcos normativos que deben aplicar. El aumento de la presencia policial no se asocia necesariamente a una mayor seguridad, hay mensajes muy claros al respecto, como “yo puedo tener policías frente a mi casa, pero eso no me resuelve mi situación de falta de empleo” o “si hay más policías pero eso no me garantiza que puedo moverme libremente en la comunidad, debido al control de las pandillas”. Se considera como una situación muy grave el involucramiento de la niñez y juventud en la venta y menudeo de drogas en las comunidades, así como su instrumentalización en tareas de control territorial y vigilancia de intrusión de pandillas rivales y la incursión de operativos de seguridad en las zonas controladas, así como en el cobro de extorsiones, la mal llamada “renta”. En el caso de las niñas y mujeres jóvenes sobre todo, se hace mucho énfasis en la trata de personas y el trabajo sexual forzado, en muchos casos utilizándolas como botines de guerra por control de los territorios y en casos de acoso, abuso sexual y violaciones para someterlas a ser parejas de líderes de estos grupos criminales, muchos de estos casos terminan en feminicidios. b) Situación actual de las juventudes en el país: La situación actual en asuntos de paz y seguridad a nivel nacional y en particular de las juventudes está marcada por la violencia en todas sus expresiones y formas, con especial atención sobre la violencia homicida y los feminicidios, que se han acrecentado, lo que denota la urgencia de trabajar los patrones y causales de la violencia como parte de la educación a lo largo de la vida para trabajar hacia sociedades para todas las edades con inclusión, respeto a la diversidad y a los derechos humanos. La violencia es progresiva y degenerativa, socava la dignidad de las personas y niega los derechos humanos. Según datos oficiales entre el 1 de enero y el 9 de julio de 2018 han habido 224 feminicidios en El Salvador, algunos de estos han sido casos aterradores, perpetrados con lujo de barbarie, con mucha cobertura en los medios de comunicación y en la opinión pública en general, donde la población rechaza estos actos extremos de violencia y pone en discusión la urgencia de investigar y profundizar en las causas arraigadas en la sociedad, que naturalizan la violencia, el acoso, el abuso y el maltrato como algo normal, donde las mujeres y niñas sobre todo se ven sometidas a contextos de mucha agresión y violencia que no retrocede, al contrario la violencia siempre se acrecienta sino cambian las condiciones que la generan y la promueven.
Se hace mucho énfasis en las desigualdades nacionales y territoriales como una de las principales formas de violencia, que tiene que ver con cuestiones estructurales, basadas en un modelo económico, ambiental y social que está basado en la depredación y diseñado para reproducir patrones de acumulación de riqueza y cimentar una cultura de privilegios por parte de pequeñas élites económicas y empresariales en el país, en detrimento de la calidad de vida de las personas, sobre todo de los grupos que han sido histórica y sistemáticamente excluidos no sólo de la posibilidad de una vida plena sino también de una participación efectiva en las discusiones y decisiones que impactan en su vida cotidiana y que limitan la progresividad de derechos y las políticas públicas que den respuestas a los retos que enfrentan. Las personas participantes ven con mucha preocupación el aumento de casos de desplazamientos forzados por la violencia, que obliga a las personas a alejarse de sus familias y comunidades para salvaguardar sus vidas, lo que provoca también que muchas juventudes se vean en la situación de migrar a otros países en busca de las oportunidades de desarrollo que el país les está negando ante la falta de estrategias y políticas efectivas para enfrentar las amenazas de violencia directa en su contra. Es muy preocupante conocer cada vez más de casos de desapariciones forzadas de adolescencias y juventudes, que muchas veces son invisibilizados o desvirtuados por generalizarse de manera peyorativa como “han de ser pandilleros”, “quizás andaban en malos pasos”, y muchas otras expresiones que se manifiestan pero que no reconocen una situación alarmante que ha puesto en luto a muchas familias sin encontrar los restos de las personas desaparecidas o su paradero y sin conocer la verdad sobre lo que paso con sus hijos e hijas. c) Valoraciones del trabajo realizado en el país en asuntos de paz y seguridad hacia las juventudes: Las valoraciones sobre el trabajo realizado desde la administración de Gobierno sobre asuntos de juventud, paz y seguridad son muy variadas, y pueden clasificarse como avances y decisiones acertadas y por otro lado, desaciertos, retrocesos y tareas pendientes. En el primer aspecto de avances se destacan 3 iniciativas que se consideran clave para identificar el trabajo en paz y seguridad dirigido a juventudes: el Plan El Salvador Seguro, el Programa Jóvenes con Todo y el Programa Yo Cambio, estos decisiones adoptadas son consideradas como iniciativas muy buenas, a pesar de también recalcar que estás se valoran como medidas insuficientes y que deben de profundizarse aún más sobre todo ampliando los niveles de participación plena y efectiva de las juventudes no sólo como personas beneficiarias de los programas, sino más bien como sujetos realizadores y protagonistas de las políticas públicas. Con respecto a los desaciertos y retrocesos se señala de manera muy contundente que las medias extraordinarias de seguridad, si bien lograron contener en alguna medida la libre movilidad de personas de pandillas, también limitaron libertades y condicionaron derechos de personas jóvenes que al vivir en zonas identificadas como altamente peligrosas fueron tratados con abusos de autoridad por parte de los cuerpos de seguridad. La estigmatización hacia las juventudes ha continuado y ha ido en aumento, ampliándose incluso a la hora de buscar oportunidades de empleo, donde muchas empresas niegan las oportunidades laborales dependiendo de como esté catalogado el nivel de riesgo y peligrosidad del lugar a donde
vive la persona que está optando a una plaza vacante en ese empresa. Ante esta situación las juventudes optan sin tener otras opciones, por ofertas de empleo donde los obligan a trabajar con flexibilización y precarización laboral y sin reconocimiento de prestaciones que por ley las empresas están obligadas a garantizarles como la seguridad social y la cotización al fondo de pensiones. Un gran número de personas jóvenes incursionan en el llamado comercio informal o ventas ambulantes, el llamado “bono demográfico” con que el país cuenta ahora se está perdiendo al no invertir de manera decidida e intencional en generar posibilidades y oportunidades de una vida plena y significativa para que las juventudes puedan realizar su proyecto de vida en el país. La violencia, el empobrecimiento y la exclusión siguen provocando que la migración irregular sea considerada como la “única opción” de las juventudes, migrando hacia otros países en busca de las oportunidades y derechos que se les ven negados en su país de origen. d) Principales desafíos identificados: Inversión en políticas públicas de juventud y presupuesto suficiente: -
La inversión en políticas públicas dirigidas a las juventudes deben de estar contempladas en el Presupuesto General de la Nación y no depender de donaciones, de asignaciones extraordinarias o de contribuciones especiales fuera del presupuesto público. Urge elevar el nivel de compromiso asumiendo esta responsabilidad en la Ley de Presupuesto y destinar recursos suficientes para una implementación efectiva que asegure un impacto positivo en la calidad de vida de las juventudes
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Deben impulsarse reformas fiscales y tributarias justas y progresivas, para que quienes generan más rentas personales aporten de manera proporcional a sus ingresos y dotar de esta manera de los recursos suficientes y necesarios para invertir en las necesidades de desarrollo de las juventudes sobre todo de aquellas que viven en condiciones de empobrecimiento y exclusión
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Es necesario impulsar mecanismos de redistribución del ingreso y de la riqueza que rompan con la cultura de privilegios que es un patrón dominante en el país y que promueve la idea de que la inversión pública en las personas que están siendo dejadas atrás es un gasto o un despilfarro y no una inversión en el ciclo de vida de las personas
Articulación de instituciones de Estado, Naciones Unidas y Sociedad Civil: -
Deben definirse mecanismos amplios de participación donde se monitoree y verifique que las medidas tomadas y las iniciativas implementadas estén dando respuestas a las situaciones que las personas jóvenes, comunidades y territorios están viviendo, priorizando la territorialización de las políticas públicas y los compromisos internacionales vinculados con la juventud
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Identificar los recursos internos con los que el Estado ya cuenta y priorizar su movilización para la implementación y ejecución de políticas, planes y proyectos dirigidos a segmentos de la población juvenil que viven con carencias y en condiciones de empobrecimiento y exclusión, integrando también a las Naciones Unidas en ese propósito y teniendo en cuenta que el principal recurso que debe movilizarse es la gente, la ciudadanía participando de
manera intencional, informada, educada, oportuna y efectiva, ese se vuelve el principal medio de implementación de políticas públicas nacionales y acuerdos internacionales Transformación de patrones culturales y estructurales: -
Debe crearse un Plan Nacional de Desarrollo al 2050, teniendo en cuenta la transición demográfica que el país está viviendo y el proceso de envejecimiento. Este Plan debe crear condiciones para transformar esos patrones estructurales que permiten que se imponga una cultura de privilegios basada en la discriminación, exclusión, racismo, clasismo, machismo y sexismo
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Deben tomarse en cuenta y retomarse elementos de instrumentos de Derechos Humanos y acuerdos internacionales que el país ha suscrito, asumiendo los vínculos que tienen con asuntos de juventud, paz y seguridad, como el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), la Convención de los Derechos de la Niñez (CDN) y la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), el Pacto por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), entre otros, para señalar los más relevantes
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Es urgente y necesario trabajar hacia la creación de una sociedad para todas las edades y culturas, El Salvador es un territorio diverso donde hay una herencia de pueblos originarios, un amplio grupo de población de la comunidad LGTBi+, personas afrodescendientes y otras culturas juveniles urbanas que deben ser reconocidas y respetadas en sus saberes, conocimientos y prácticas populares, tradicionales y ancestrales
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La principal campaña que debe impulsarse es la de no tolerancia al abuso y el maltrato, para ello deben eliminarse todas las formas de mensajes de discriminación, misoginia, homofobia y odio contra la diversidad y las diferencias, fomentando una cultura de respeto, reciprocidad y civilidad y las prácticas que esta conlleva con un especial compromiso de las instituciones del Estado, sobre todo el Ministerio de Cultura, el Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (CONNA), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Ministerio de Educación (MINED) y el llamado a los medios de comunicación a asumir un compromiso de no transmitir mensajes que promuevan el odio, la discriminación y la violencia en todas sus expresiones y formas
Participación juvenil en la toma de decisiones: -
La participación de las juventudes debe de darse en todas las etapas, ámbitos y niveles desde el diseño y formulación de políticas públicas, planes, programas, proyectos y estrategias hasta la implementación de las mismas, su monitoreo, evaluación constante y redefinición en caso de ser necesario sino cumplen con su propósito. Se afirma la participación real, intencional, plena, oportuna y efectiva como el elemento realizador de la paz y seguridad y asimismo como el principal medio de implementación de políticas públicas nacionales y acuerdos internacionales
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Es importante integrar a las juventudes en las delegaciones oficiales del país cuando se discute a nivel regional e internacional sobre decisiones para la aprobación de instrumentos vinculantes o declarativos en materia de juventud, paz y seguridad
Corrupción e impunidad: -
La corrupción y la impunidad es uno de los grandes retos identificados, se reconocen esfuerzos en el país por avanzar en temas de transparencia y rendición de cuentas como la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) y la Ley de Ética Gubernamental (LEG), así como las instancias garantes de la implementación de esas leyes como lo son el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), así como la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción (SPTA) de la Presidencia de la República, sin embargo no se ha avanzado en la garantía constitucional de pronta y cumplida justicia para casos muy reconocidos de corrupción, desfalco y saqueo a las arcas del Estado
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Se considera que la corrupción es uno de los grandes impedimentos para la paz en el país, considerando que son recursos que se pierden y que limitan las posibilidades de desarrollo de la población, además de esto la impunidad perpetúa y profundiza las desigualdades generando más violencia. Superar la impunidad del pasado debe ser un punto de honor para corregir la violencia y las injusticias del presente hacia el futuro
3. Prioridades, recomendaciones y propuestas: Trabajo, empleo decente y protección social: -
Definir mecanismos de monitoreo a empresas e instituciones que garanticen empleo pleno para personas jóvenes de al menos 1 año de manera ininterrumpida para que este trabajo cuente como parte de su experiencia laboral y profesional
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Crear seguros de cesantía y desempleo para personas jóvenes que den asistencia social y una asignación monetaria en el transcurso de al menos 6 meses mientras las juventudes obtengan un nuevo empleo, además respaldar el período de cesantía con acompañamiento en formación técnica que permita desarrollar otras habilidades y competencias para aplicar a otras oportunidades de empleo de mayor ingreso y mejores prestaciones y condiciones laborales
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Asegurar que se cumpla la Ley del Primer Empleo y que las empresas que reciban beneficios de esta ley, comprueben de manera documentada que generan un impacto en la juventud que emplean y que cumplan con todas las prestaciones laborales vigentes
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Crear programas de becas y pasantías que incluyan intercambios de juventudes entre países de Centroamérica y Latinoamérica, que tengan la experiencia de conocer otras culturas y de como se vive en otros países y regiones para ampliar sus visiones y perspectivas, dando prioridad a oportunidades sobre formación artística, gestión cultural, turismo, investigación, ciencia, innovación y tecnología, derechos humanos, agua, cambio climático y medio ambiente
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Reconocer los aportes de las mujeres a la economía del cuidado sobre el trabajo doméstico no remunerado, creando mecanismos de asignación presupuestaria que transfiera recursos monetarios y asegure la protección social por su contribución a la economía familiar y
nacional. Importante también reconocer las tareas de cuidado de los bienes comunes naturales, con aportes muy significativos de mujeres y jóvenes Oportunidades económicas y productivas: -
Promover el cooperativismo en las juventudes, basando las iniciativas en formas de economía popular, social y solidaria que propicien condiciones de desarrollo económico y productivo con acompañamiento técnico y financiero de las instituciones del Estado, la Cooperación Internacional y el Sistema de Naciones Unidas
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Promover formas de emprendimiento económico que propicien el trabajo conjunto y colaborativo entre juventudes, que les permitan desenvolverse en ambientes integrados de inventiva, creatividad e innovación social, que fortalezcan la economía local a pequeña y mediana escala, fortaleciendo sus propias formas de organización y unidades económicas y productivas
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Crear formas y oportunidades de negocios inclusivos y sustentables para juventudes, incluyendo a pequeños productores y fomentando las cadenas de valor compartido para colocar productos por medio de mecanismos de comercio justo. Importante destacar las formas de producción de jóvenes que practican la agroecología en redes de agricultura familiar urbana, peri-urbana y rural como una contribución a la soberanía alimentaria y nutricional y al derecho a la alimentación. Ejemplo, fortalecer el Programa del Ministerio de Educación de Huertos Escolares
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Promover formas cooperativas de acceso a una vivienda digna y un hábitat sustentable, seguro y adecuado con líneas de financiamiento accesible y asequible para personas jóvenes, con especial atención a mujeres jóvenes jefas de hogar como una contribución al Derecho a la Vivienda y el Derecho a la Ciudad
Promoción de los derechos ambientales y ecológicos: -
Trabajar para garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento como un bien público que debe ser administrado por el Estado, priorizando el uso doméstico del agua y el equilibrio de los bienes hídricos en los ecosistemas y biodiversidad con un enfoque de cuencas
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Prohibir los agrotóxicos que se usan en la agricultura y que provocan severos impactos en la salud de las personas, sobre todo el uso de madurantes como el Glifosato, que son utilizados para el monocultivo de caña de azúcar. Ejemplo: la Enfermedad Renal Crónica (ERC) ha provocado una gran cantidad de muertes de personas y muchos jóvenes que trabajan en los cañales de la zona oriental como los casos de Tecoluca y Jiquilisco
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La contaminación del agua, aire y suelos es un asunto de paz y seguridad porque afecta a la salud de las personas y limita sus posibilidades de desenvolverse plenamente en sus roles y responsabilidades familiares, sociales y laborales
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Es importante reconocer y fortalecer las formas de salud intercultural que promueven prácticas de cuidado de la salud de las personas y de los ecosistemas, por medio de la medicina natural y ancestral
Educación laica e intercultural, gratuita, inclusiva y de calidad: -
Promover una educación intercultural que sea laica, gratuita, inclusiva y de calidad que inculque el respeto y el conocimiento de los Derechos Humanos, aprecie y valorice la ética y la estética desde la educación inicial hasta la educación superior, que fomente el pensamiento crítico de la realidad y el pensamiento abstracto para motivar la imaginación, la creatividad, la innovación y la inventiva
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Reconocer las diferentes lenguas y dialectos de los pueblos originarios e indígenas del país y hacer los esfuerzos necesarios por recuperarlos y revitalizarlos para fortalecer la identidad y diversidad cultural
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Reconocer y fortalecer el papel clave de las Bibliotecas Públicas y la red de Casas de la Cultura como espacios de convivencia y cohesión social para la manifestación y ejercicio pleno de ciudadanía y la creación de otros imaginarios de vida desde las juventudes en sus comunidades y territorios
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Fomentar la creación de plataformas digitales y el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para intercambiar conocimientos, comunicar, educar y debatir sobre las manifestaciones de la violencia, concientizar sobre sus implicaciones y efectos. Importante fomentar medios de comunicación alternativos digitales y radios comunitarias y en línea
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Crear sistemas y métodos de enseñanza y aprendizaje que den respuestas a las necesidades educativas de las personas con discapacidad, incluyendo las adecuaciones de infraestructura y del espacio público para una adecuada movilidad tanto en los contextos urbanos como rurales
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Crear programas de mentorías para juventudes que quieran formarse y desempeñarse profesionalmente en asuntos de paz y seguridad, fomentando el intercambio de experiencias con programas y juventudes de otros países que tengan iniciativas similares para ser impulsadas de manera conjunta y colaborativa
Memoria histórica e identidad cultural: -
Trabajar en la recuperación y revitalización de saberes, conocimientos y prácticas populares, ancestrales y tradicionales de los pueblos como contribución hacia el cuidado de la vida y el bien común territorial, como una forma de promover la convivencia comunitaria, la civilidad y la cohesión social
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Promover la historia y saber oral por medio de mecanismos de investigación y comunicación territorial donde se documenten las experiencias y vivencias de las comunidades, sus sitios y lugares sagrados y otros componentes claves de la cosmovisión de los pueblos para que puedan ser replicados de manera intergeneracional e intercultural
Diálogo social intergeneracional para la resolución de conflictos: -
Fomentar a nivel comunitario y territorial la creación de mecanismos de mediación, resolución y transformación de conflictos para romper con los esquemas que nos llevan a enfrentar los conflictos por medio del abuso, el maltrato y la agresión. Este mecanismo debe contar con el acompañamiento de los Concejos Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), entre otros actores relevantes
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Trabajar en la construcción de nuevos modelos de masculinidades basados en concepciones igualitarias y no jerárquicas, como una forma de deconstruir patrones de machismo y sexismo y que promuevan formas no violentas de resolución de conflictos tanto personales, familiares como comunitarios y de la sociedad en su conjunto
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Trabajar modelos de justicia juvenil restaurativa con enfoque de justicia y equidad intergeneracional, que permita también la reintegración y reinserción social de personas jóvenes que han tenido conflictos con la ley, creando también oportunidades educativas y productivas para su inclusión económica y laboral
Gobernanza social territorial, organización y participación juvenil: -
Definir mecanismos de participación ciudadana y juvenil que permitan la comunicación y coordinación entre actores en los territorios, que involucren a las diversas expresiones de organización, redes comunitarias y territoriales, enlazando estas iniciativas con los espacios de articulación e incidencia a nivel nacional, regional e internacional
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Fomentar esquemas de organización juvenil autogestionada, donde las juventudes puedan organizarse desde sus propias visiones, experiencias y formas de organización y asegurar el acompañamiento y movilización de recursos por parte instancias tanto de la administración de Gobierno Central y Local para fortalecer su presencia y participación política en los espacios de toma de decisiones a todo ámbito y nivel
Educación y salud para los Derechos Sexuales y Reproductivos: -
Trabajar políticas públicas de educación para los derechos sexuales y reproductivos que estén incluidas en las currículas educativas formales y que involucren intencionalmente a las familias, comunidades y territorios, como una estrategia para prevenir el embarazo adolescente y trabajar por la salud sexual y reproductiva
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Crear metodologías amigables de educación en derechos sexuales y reproductivos como una herramienta de sensibilización para identificar prácticas de acoso y abuso sexual hacia la niñez, adolescencia y juventudes y población en general
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Asegurar la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva inclusivos, accesibles, oportunos, gratuitos y de calidad para las personas adolescentes y las juventudes
Educación para la paz y la sustentabilidad: -
Adoptar los principios del Manifiesto 2000 de Cultura de Paz de la UNESCO como un aporte para la construcción de una política educativa que asuma la Cultura de Paz como elemento central de la educación a lo largo de la vida de las personas en todas sus edades. Se recomienda mandatar al Ministerio de Cultura esta tarea y que vele por la transversalidad de la Cultura de Paz en todo el que hacer del Estado en su conjunto
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Incorporar elementos del Tratado de Educación Ambiental para Sociedad Sustentables y la Responsabilidad Global como una contribución hacia la ciudadanía global y planetaria, integrando sus principios en la educación formal para trabajar la convivencia y civilidad armónica y pacífica entre las personas, el entorno natural y los bienes comunes, desde la reciprocidad y corresponsabilidad con inclusión y cohesión social
Protección a personas víctimas de violencia: -
Crear sistemas de protección nacional y local para personas que han sido víctimas de violencia, desplazamientos forzados y desapariciones de familiares, dotándoles de todo tipo de recursos, acompañamiento y asistencia social para salvaguardar sus vidas
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Definir protocolos y políticas institucionales den respuesta urgente para denunciar y comunicar situaciones que atenten contra la integridad de personas amenazadas en sus vidas y en riesgo latente de seguridad por haber presenciado actos delictivos y por ser testigos de actos de violencia
Protección a personas jóvenes defensoras de derechos humanos: -
Se recomienda que el país firme y ratifique el Acuerdo del Principio 10 (Acuerdo de Escazú) que es vinculante y trata sobre los derechos de acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, que contiene un articulado específico para las personas defensoras del medio ambiente y los derechos humanos
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Impulsar decisiones políticas nacionales tanto desde el Órgano Ejecutivo, como del Legislativo y el Judicial para crear mecanismos que protejan a las personas que defienden los derechos humanos, garantizando su integridad y libre expresión, movilidad y movilización
Reformas y adecuaciones a marcos legislativos: -
Incorporar a la Ley de Desarrollo y Protección Social todas las iniciativas y programas de prevención de la violencia, participación juvenil, primer empleo, empleo decente y protección social que sean dirigidas hacia las juventudes
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Reformar la Ley de Juventud para darle mayores atribuciones al Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE) y al Concejo Nacional de la Persona Joven (CONAPEJ) que tengan un mandato, rol más decisivo y protagónico y asignación presupuestaria suficiente para la definición y financiación de políticas públicas hacia las juventudes
Alianzas y redes: -
Establecer amplias alianzas de colaboración con todos los sectores y actores de la vida nacional para implementar la Resolución 2250 en el país
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Fomentar esquemas de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, movimientos social y redes territoriales y comunitarias para diseminar ampliamente la Resolución 2250 sus líneas de acción y principios, para integrarlos y adaptarlos a los programas y proyectos que estas organizaciones ejecutan
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Integrar las líneas de acción y principios de la Resolución 2250 en el trabajo de las instancias e instituciones y sus planes de seguridad como el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) y el Plan El Salvador Seguro, sobre todo incluir a los Consejos Municipales de Prevención de la Violencia (CMPV)
4. Próximos pasos. ¿Cómo se implementa la Resolución 2250? Las recomendaciones para la implementación efectiva de la Resolución 2250 que han surgido son: -
Crear un mecanismo de implementación de la Resolución 2250 en El Salvador con participación de organizaciones y movimientos de juventudes y con representación de instituciones de la administración de Estado y de Gobierno y del Sistema de Naciones Unidas en El Salvador
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Crear un Plan de implementación de Resolución 2250 en El Salvador sobre Juventud, Paz y Seguridad, retomando la experiencia de la Resolución 1325 sobre Mujeres, Paz y Seguridad que ya cuenta con un plan de implementación y con un Decreto Ejecutivo que dio vida a un espacio de participación para su ejecución
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Profundizar en la implementación del Objetivo de Desarrollo Sustentable (ODS) 16 sobre paz, justicia e instituciones sólidas, considerando que El Salvador fue seleccionado por Naciones Unidas para un pilotaje de este ODS. La Resolución 2250 nos da los elementos para profundizar en metas específicas de este ODS y desde ahí influenciar y dinamizar la implementación y cumplimiento de toda la Agenda 2030 y los ODS en su conjunto
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La Resolución 2250 nos permite profundizar y dinamizar uno de los aceleradores identificados por la Estrategia MAPS de las Naciones Unidas para El Salvador, el Acelerador 6 de “Sociedad pacífica y justa”
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La Resolución 2250 es un instrumento valioso para fortalecer la Iniciativa Spotlight sobre la implementación del ODS 5 para la erradicación de la violencia contra las mujeres, jóvenes y las niñas
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La Resolución 2250 es un elemento valioso para darle contenido desde las propias miradas y el ejercicio de ciudadanía juvenil al Derecho a la Ciudad como contribución a la implementación de la Nueva Agenda Urbana y el ODS 11
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La implementación de la Resolución 2250 aporta de manera significativa a dinamizar la participación efectiva de las adolescencias y juventudes y por ese efecto es una contribución hacia el cumplimiento del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y el Acuerdo de París sobre Cambio Climático en su principio de equidad intergeneracional
Créditos: Para referencia bibliográfica, favor citar: Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad, El Salvador. Informe de Resultados de la Consulta Nacional El Salvador de la Resolución 2250 sobre Juventud, Paz y Seguridad Convocantes del proceso: Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad, El Salvador Iniciativa Social para la Investigación y Comunicación Territorial (ISICTE), El Salvador Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes (FLACJ), Región LAC Con el apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y en Colaboración con la Dirección de Desarrollo Social Integral del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador Autores del Informe, sistematización, Equipo Gestor y Facilitador del proceso: César Neftalí Artiga Cartagena, Autor del Informe, Miembro del Equipo de Coordinación Nacional del Movimiento Enlaces por la Sustentabilidad de El Salvador y Referente Nacional del Equipo Impulsor Regional del Foro Latinoamericano y Caribeño de Juventudes (FLACJ) Daisy López Carpio, Iniciativa Social para la Investigación y Comunicación Territorial (ISICTE), El Salvador Carlos García, Asociación Juventudes Paleca, El Salvador Coordinación del proceso y revisión técnica: César Neftalí Artiga Cartagena Diseño, fotografías, diagramación e ilustración: Daisy López Carpio Diseño y administración de Consulta en línea: Daisy López Carpio Documentación en multimedia, audiovisuales y redes sociales: Daisy López Carpio
Noviembre, 2018 San Salvador, El Salvador