COMUNICADO DEL EQUIPO IMPULSOR NACIONAL DEL ACUERDO DE ESCAZÚ URGENTE LLAMADO AL CIUDADANO PRESIDENTE NAYIB BUKELE A HONRAR EL COMPROMISO DE FIRMA DEL ACUERDO DE ESCAZÚ POR PARTE DE EL SALVADOR Desde El Equipo Impulsor Nacional del Acuerdo de Escazú en El Salvador, conformado por personas representantes de movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, redes comunitarias y territoriales, academia, estudiantes y ciudadanía en general, afirmamos que estamos en el compromiso de impulsar la firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en El Salvador y en la región, como una contribución desde este espacio ciudadano autogestionado, para trabajar en el cuidado y defensa de la vida, la naturaleza y procurar el bien común global. El Salvador vive en condiciones de creciente DETERIORO AMBIENTAL y de efectos acelerados del CAMBIO CLIMÁTICO, siendo el segundo país más deforestado y deteriorado ambientalmente del continente después de Haití, sumado a esta situación es un país con altos índices de vulnerabilidad y riesgos ante los desastres, tanto del territorio como de su población. Este contexto demanda de una fuerte voluntad ética y política para enfrentar la catástrofe ambiental y climática con acciones contundentes y el sentido de urgencia que es debido y necesario. Consideramos que firmar este valioso instrumento vinculante de derechos humanos que ha dado fiel cumplimiento al Principio 10 de la Declaración de Río sobre el Ambiente y el Desarrollo, contribuiría a elevar el nivel de compromiso del Estado y ampliaría significativamente el asidero legal para la definición y fortalecimiento de mecanismos de acceso a la información, la participación pública, el acceso a la justicia en asuntos ambientales y la protección de las personas defensoras del ambiente, algunas de estas figuras actualmente no se contemplan en nuestra legislación nacional, por lo que el Acuerdo de Escazú representa la posibilidad real de trabajar hacia una paz sustentable duradera, el cuidado de los bienes comunes naturales y el goce pleno de los derechos humanos. Teniendo en cuenta que el Acuerdo de Escazú es el primer tratado en el mundo que brinda protección y salvaguarda a las PERSONAS DEFENSORAS DE LOS DERECHOS HUMANOS EN ASUNTOS AMBIENTALES, afirmamos la importancia de su firma, ratificación e implementación, teniendo en cuenta que la conflictividad social y territorial por amenazas al ambiente está acrecentándose y va en serio aumento. Según la organización Global Witness, en su Informe Anual 2018 por semana fueron asesinadas 3 personas defensoras de la tierra y el ambiente, esto evidencia que es justo y necesario contar con instrumentos y mecanismos que aseguren la protección de estas personas como un grupo significativo y valioso de la sociedad por el trabajo que realizan en favor del bien común y el cuidado de los bienes comunes naturales. Hay que señalar que El Salvador tiene largos antecedentes de asesinatos a personas defensoras del ambiente, por ejemplo, casos como los mártires asesinados por la defensa ante las amenazas de la minería metálica y muchos otros casos de persecuciones y amedrentamientos a personas defensoras de la tierra, el agua y la naturaleza, que están en resistencia en los territorios por las amenazas de los monocultivos como la caña de azúcar, la contaminación y sobreexplotación de los bienes comunes naturales, con especial atención a los mantos acuíferos, los cuerpos de agua, los suelos y el aire, negando así, la calidad de vida y de la población y la garantía de sus derechos humanos, en particular sus derechos ambientales. El Acuerdo de Escazú necesita que para su entrada en vigor al menos 11 de los 33 países de la región de Latinoamérica y el Caribe lo firmen y ratifiquen antes del 27 de septiembre del año 2020.
A la fecha El Salvador se encuentra en el grupo de los 10 países que aún no lo han firmado, motivo por el cual hacemos el urgente llamado a la administración de Gobierno de El Salvador, para que a través de su Primer Servidor, el Ciudadano Presidente Nayib Bukele, él evidencie su verdadero nivel de compromiso por el cuidado y preservación del ambiente, dando especial atención y priorizando como parte de su agenda de trabajo, agilizar las gestiones para concretar la firma del Acuerdo de Escazú y poner sus buenos oficios para impulsar de pronta manera el proceso de ratificación en la Asamblea Legislativa del país. Observamos con mucha PREOCUPACIÓN la reducción de la asignación presupuestaria para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales plasmada en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2020 que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, consideramos que es un gran error que debe corregirse y que al contrario de esta medida, el país debe ir avanzando de manera progresiva en la inversión suficiente para el cuidado de bienes comunes naturales, teniendo en cuenta que el presupuesto público es un instrumento de política pública que representa un elemento significativo para ampliar y garantizar los derechos de la población. Hacemos urgente llamado a CORREGIR LAS INCONSISTENCIAS en la ejecución de inversiones anunciadas sobre obras de infraestructura de megaproyectos insignia planteados en el Plan Cuscatlán, por ser contraproducentes con el cuidado y preservación de bienes comunes naturales, sobre todo en la franja costero marina del país, donde también se ejecutan proyectos de Fomilenio II de similares implicaciones en detrimento del ambiente. De igual manera señalamos nuestra profunda preocupación ante la flexibilización y negligencia en permisos otorgados a inversiones que han provocado daños irreparables a los bienes culturales del país como es el caso Tacushcalco en el departamento de Sonsonate y el severo impacto en el acuífero estratégico de NejapaQuezaltepeque que provocará la construcción del megaproyecto “Ciudad Valle El Ángel”, que amenaza el abastecimiento, acceso y derecho humano al agua y saneamiento de las comunidades aledañas y que tendrá serias repercusiones para todo el país. Expresamos nuestro interés, compromiso y disposición de acompañamiento al Estado de El Salvador en el proceso de firma, ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú y urgimos a las instituciones del Estado con mandato en los asuntos que el Acuerdo contempla, a asumir un papel protagónico en la tarea ineludible por el cuidado de los bienes comunes naturales, reconociendo la diversidad cultural y el compromiso por la equidad intergeneracional. Manifestamos que seguiremos en el compromiso de fortalecimiento del trabajo nacional y regional que asegure el cuidado de los bienes comunes naturales, profundizando en la dimensión ambiental de los compromisos internacionales como la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS), el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, el Marco de Acción de Sendai sobre la Reducción del Riesgo de Desastres, la Nueva Agenda Urbana sobre Asentamientos Humanos y el Hábitat, las Resoluciones de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA), el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo, entre otros. Finalmente expresamos de manera contundente que las personas defensoras del ambiente no son enemigas del Estado, son custodios de la HERENCIA ANCESTRAL de nuestros pueblos, quienes han preservado y cuidado de la naturaleza desde tiempo milenarios y nos llaman, desde su compromiso con la vida, a continuar con ese LEGADO para el bien de las presentes y futuras generaciones. San Salvador, 28 de noviembre de 2019