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Capítulo 6 El SECTOR DE INTEGRACIÓN SOCIAL8 La contratación de la Secretaria de Integración Social, SDIS, durante 2008 y 2009 (contratos de cuantía igual o superior a $300 millones, incluidos los que se celebraron con vigencias futuras) asciende a $580.800 millones, para un promedio anual de $290.400 millones; el promedio anual en el gobierno de Luis Eduardo Garzón fue de $84.900 millones lo que significa que aumentó casi en un 350%. La SDIS es la secretaría cuya contratación (excluyendo los contratos de obra) presenta un mayor crecimiento en la administración Moreno. Es, por otra parte, una contratación muy concentrada. Bajo este gobierno, la Secretaría ha celebrado contratos de $300 millones o más con 265 personas naturales o jurídicas. Sin embargo, un grupo de entidades privadas muy articuladas entre sí –al que podría denominarse grupo Torrado–, una universidad pública (la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD), una asociación (PROACTIVA) y una sociedad comercial (J.A. Zabala y Asociados Ltda.), concentran el 36% del valor de los contratos, como lo muestra el siguiente cuadro. Cuadro 6.1 Concentración contractual SDIS 2008-2009 (millones de $ 2009) Contratista Valor % part. en SDIS Grupo Torrado

161.130

27,7%

UNAD

23.971

4,1%

PROACTIVA

13.297

2,3%

J. A. Zabala Ltda.

11.050

1,9%

Total

209.448

36,0%

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Integración Social.

Problemas de los grandes contratistas Grupo Torrado En la administración de Samuel Moreno, la Secretaría de Integración Social ha contratado $161,100 millones de pesos con empresas en las que tiene una gran incidencia la familia Torrado, liderada por dos dirigentes del Partido de la U, el senador Efraín Torrado García y su hermano Edgar, concejal de Bogotá. 8

Los valores que se mencionan están expresados en precios constantes de 2009, a menos que se indique algo distinto.


Los Torrado García son oriundos de Norte de Santander, la base inicial de sus negocios ha sido ese departamento y el de Santander. Desarrollaron una meteórica carrera comercial y política durante los dos cuatrenios del presidente Uribe. Son contratistas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Protección Social, el Instituto Nacional de Cancerología, el Hospital Militar, la Fiscalía General de la Nación y Transmilenio, entre otros. En un reciente homenaje al senador Torrado, entre otros muchos elogios, el presidente Uribe dijo sobre él: “La empresa privada la ha ejercido como una función social, lo cual también ayudó a prepararlo para trabajar con el mismo criterio de amor y servicio en la tarea pública”. El Tiempo y Semana.com reseñaron denuncias sobre presiones a usuarios de Familias en Acción en Santander para que votaran por Efraín Torrado al Senado en marzo de 2010. Los usuarios habrían sido amenazados con la suspensión de las ayudas si no lo hacían. La organización Global Exchange, reconocida por acompañar elecciones en América y África, examinó el direccionamiento de Familias en Acción hacia zonas de interés para el partido de la U y no hacia las más pobres, y evaluó la relación entre el crecimiento de ese programa y las votaciones de los congresistas del partido. Uno de los casos más claros de correlación es el del senador Torrado en Cúcuta. Los Torrado también fueron contratistas del municipio de Bucaramanga cuando Iván Moreno Rojas se desempeñó como alcalde –Internacional de Negocios tuvo contratos con la Alcaldía por más de $3.000 millones, incluyendo su participación en el programa “Vaso de Leche”–. De hecho Efraín Torrado tiene una cercana relación con Iván Moreno. Ambos han pertenecido a la Comisión Sexta del Senado, cuyos temas son, entre otros, los de servicios públicos, telecomunicaciones, medios de comunicación, obras públicas, transporte y educación. Según información recibida por la Comisión de Seguimiento, en esa célula legislativa suelen votar de idéntica manera, en asocio con el senador Plinio Olano, los proyectos con impacto en la regulación o en la contratación pública. Moreno, Torrado y Olano duplicaron sus votaciones en las elecciones de marzo de 2010 respecto de las del 2006. Durante el gobierno de Samuel Moreno el grupo Torrado ha celebrado los siguientes contratos con la Secretaría de Integración Social:


Cuadro 6.2 Contratos de la SDIS con empresas grupo Torrado 2008-2009 (millones de $ 2009) Empresa Unión Temporal Alimentación Solidaria Internacional de Negocios S. A.

Unión Temporal Alimentando Futuro Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones Total

Modalidad de contratación Contratación directa (7 Convenios de asociación) Licitación pública (2 contratos de prestación de servicios)

Objeto

Valor

Entrega de canastas complementarias de alimentos a las familias indicadas por la SDIS y los Fondos de Desarrollo Local

62.783

Servicio de aseo, cafetería, lavandería y preparación de alimentos para las sedes de la SDIS, jardines infantiles y centros de protección.

50.460

Contratación directa (1 convenio de asociación)

Suministro y distribución de alimentos para las poblaciones vulnerables atendidas en los programas de la SDIS. Desarrollo de proyectos de inclusión social, proyectos productivos e iniciativas de vida saludable.

45.435

Decreto 777 de 1992 (14 contratos)

Comedores comunitarios

6.842 161.130

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Integración Social.

Como se desprende del Cuadro 5.2, más de $110.000 millones de pesos les fueron entregados a las entidades del grupo Torrado mediante contratación directa, eludiendo la convocatoria pública y la competencia abierta. Del total de estos contratos, más de $96.00O millones fueron contratados con cargo a vigencias futuras (para los años de 2010 y 2011), lo cual es bastante atípico en operaciones cuyo objeto es el suministro de alimentación y servicios complementarios. Por lo menos en una de esas operaciones, el convenio de asociación con la Unión Temporal Alimentado Futuro, la interventoría es ejercida por la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. La historia de Internacional de Negocios S. A. está muy ligada a los hermanos Torrado García. Según su hoja de vida, Edgar Torrado García fue asesor y presidente de la Junta Directiva por más de ocho años. Aunque los hermanos se desvincularon formalmente de Internacional de Negocios hace unos años, es vox pópuli que siguen actuando alrededor de la firma y de las entidades vinculadas a ella en el negocio de suministro de alimentos. Actualmente, el gerente de la sociedad es René Torrado Hernández (cedulado en Cúcuta). Él y Andrés Mauricio Jiménez Torrado (cedulado en Bucaramanga) controlan el 52% del capital social de la empresa.


Las uniones temporales “Alimentación Solidaria” y “Alimentando Futuro” tienen miembros comunes. El principal de ellos es la Cooperativa de Trabajo Asociado Cooprosperar, que aporta el 60% del capital en la primera de esas uniones y el 50% en la segunda. Otro miembro destacado de ambas uniones es la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, que aporta el 40% del capital en “Alimentación Solidaria” y el 30% en “Alimentado Futuro”. Según reportes de prensa las dos cooperativas comparten empleados, oficinas y teléfonos. En su hoja de vida, el concejal Edgar Torrado figura como fundador, gestor y miembro de de la junta directiva de Cooprosperar entre 2001 y 2007. La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de inversiones y la sociedad Alfaba Ltda. se han presentado a unas mismas licitaciones para el manejo de comedores y restaurantes escolares en diferentes ciudades del país. En uno de esos procesos la Alcaldía de Medellín las requirió para que aclararan, entre otros, “los siguientes aspectos y/o aportar[an] los documentos necesarios: funcionamiento simultáneo de ambas empresas en la misma bodega, contratación del mismo personal discapacitado, operación con el mismo equipo vehicular”. El concejal Edgar Torrado, según su hoja de vida, ha sido “asesor empresarial” de Alfaba durante seis años. En julio de 2010, la Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones se ganó una licitación para el suministro de alimentos escolares en Antioquia. En ese trámite estuvo representada por Alexander Torrado Jaime quien también ha sido asesor jurídico de Internacional de Negocios S. A. (Torrado Jaime tiene cédula de Bucaramanga). Las empresas de los Torrado ya habían celebrado contratos con gobiernos anteriores al de Moreno, pero llama la atención su desmesurado crecimiento entre la administración de Garzón y la actual. El siguiente cuadro muestra cómo aumentaron sus participaciones (aisladamente o en uniones temporales) en la contratación distrital:


Cuadro 6.3 Contratos de la SDIS con empresas grupo Torrado 2008-2009 (millones de $ de 2009) Empresa Garzón Moreno Cooprosperar

1.516

60.387

Coop. Multiactiva Surcolombiana de Inversiones

1.746

45.586

Internacional de Negocios S. A.

12.391

50.459

Total

15.353 156.432

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Integración Social.

Estas organizaciones tienen en común un historial de dificultades en la ejecución de sus contratos. La Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones ha presentado una fuerte desproporción entre el tamaño de su capital y el de los contratos que le han sido adjudicados. Además, está demandada por falta de pago de aportes parafiscales. En los medios se reportó recientemente la intoxicación de más de 100 estudiantes de un colegio de Neiva que consumieron desayunos suministrados por la cooperativa y tuvieron que ser trasladados a centros asistenciales. Bajo el gobierno de Garzón, la Contraloría de Bogotá reseñó un “reiterado incumplimiento” por parte de Cooprosperar, aludió a su negligencia en corregir “las causas que generan condiciones sanitarias riesgosas” para los usuarios del programa Bogotá sin Hambre y observó que de los nueve comedores manejados por ella solo uno obtuvo concepto favorable en cuanto a sus condiciones de higiene. Por esas mismas razones, en marzo de 2006 el Hospital San Cristóbal ordenó el cierre del comedor comunitario del Barrio Santa Inés, operado por dicha cooperativa. La Contraloría verificó también que Cooprosperar no se ciñó a la minuta nutricional obligatoria: en sus comedores existía un exagerado suministro de sopa y un déficit en carne de res, pollo y ensalada. Un alto ex funcionario de la Secretaría Distrital de Educación le dijo a la Comisión de Seguimiento, basado en la experiencia de los programas de alimentación escolar, que la calidad y el precio ofrecidos por las cajas de compensación familiar eran mucho más favorables que los de organizaciones como las de los Torrado. Con todo, la actual administración no solo siguió contratando a las empresas del grupo Torrado sino que las premió adjudicándoles un volumen de negocios 10 veces superior al que se les dio bajo Garzón.


El programa bandera del Polo para llegar al gobierno de Bogotá, la reivindicación del derecho a la alimentación de los pobres, devino en el negocio de unos inversionistas particulares, amigos del senador Iván Moreno. Universidad Nacional Abierta y a Distancia En el gobierno de Samuel Moreno la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, es la institución que ha celebrado contratos de interventoría por un mayor valor en el conjunto del Distrito. En 2008 y 2009 fue contratada por la SDIS por $24.000 millones, para ejercer control sobre contratos y convenios con proveedores y operadores de comedores comunitarios y proyectos para la infancia. A tales efectos se acudió a vigencias futuras: se comprometieron no solo recursos presupuestales de 2008 y 2009 sino también de 2010 y 2011 por $14.000 millones. Bajo el gobierno anterior a la UNAD le correspondió el 1% de la contratación del Distrito con centros de educación superior, mientras que ese porcentaje fue del 52% en el caso de la Universidad Nacional de Colombia. Bajo Moreno la participación de la UNAD saltó al 34% y la de la Nacional de Colombia cayó al 19%. Los directivos de la UNAD tienen relaciones próximas con los Moreno Rojas, como las han tenido con el presidente Uribe, quien hizo a la institución objeto de varios reconocimientos. En la hoja de vida electrónica de Samuel Moreno se consigna que “fortaleció las leyes que aumentaron los programas de la UNAD”. El manejo de los contratos con el Distrito y con otros entes públicos –cuyos objetos son muy variados– está en cabeza de la Gerencia de Relaciones Interinstitucionales de la UNAD. Según informaciones recibidas por la Comisión de Seguimiento a la Contratación Distrital, CSC, esa gerencia le reporta al rector pero funciona como una rueda suelta en relación con el resto de la universidad. Las interventorías (de más de $300 millones) contratadas con la universidad en 2008 y 2009 son cuatro y su monto alcanza los $24.000 millones, distribuidos en los siguientes guarismos, todos en millones: $1.536,0; $2.891,7; $4.400,0 y $15.652,6 (recuérdese que solo se registra en este punto el seguimiento a los contratos de más de $300 millones). Esta situación representa un salto radical en la SDIS en materia de interventorías. Durante los años anteriores al gobierno de Samuel Moreno, la Universidad Nacional de Colombia ejerció interventorías al servicio de la Secretaría de Integración Social. En 2007, la SDIS contrató con ella la supervisión de 143 comedores comunitarios, por un valor de $1.583 millones. A partir de 2008 fue reemplazada por la UNAD.


Ésta última supervisará, durante cuatro años, por $ 24.000 millones, alrededor de 300 comedores, 90 jardines infantiles, y 20 centros de atención a poblaciones vulnerables, y – en términos poco específicos– el suministro de “refrigerios y canastas complementarias”. En comparación con la Universidad Nacional de Colombia, su labor anual se multiplicará por 2,5 –aproximadamente– mientras que su remuneración será casi cuatro veces mayor. La Universidad Nacional de Colombia está mucho mejor dotada que la UNAD de centros de investigación y carreras (nutrición y dietética, medicina, biología, química, ingeniería química, trabajo social y contaduría, entre otras) y puede garantizar interventorías de mejor calidad a los proyectos de la SDIS. No está claro por qué la Secretaría hizo el cambio de interventor. Los contratos de las dos universidades presentan otras diferencias: el de la Universidad Nacional de Colombia es explícito en que ésta no podrá subcontratar con otras entidades para darle cumplimiento al objeto; el de la UNAD guarda silencio al respecto. El primero especifica el valor de la interventoría por comedor/mes; el segundo no. Las limitaciones académicas y operativas de la UNAD unidas al levantamiento de la prohibición de subcontratar, llevan a pensar que dicha universidad ha delegado en terceros buena parte de los servicios encomendados. En ese caso, en vez de aportar valor agregado a la Secretaría de Integración, se habrá constituido en un intermediario costoso. Según se desprende de un informe de agosto de 2009 de la Contraloría Distrital sobre dos de las interventorías, la UNAD desatendió obligaciones contractuales fundamentales, como la de “diseñar y aplicar mecanismos para la verificación del cumplimiento del objeto contractual de los operadores de los comedores comunitarios”, “verificar periódicamente el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los operadores de comedores comunitarios”, y “requerir por escrito al contratista, en caso de […] ejecución indebida o deficiente de las obligaciones contractuales e informar a las instancias competentes de la SDIS”. El ente de control agrega que el interventor no verificó los informes de visitas domiciliarias presentados por el inclusor social, ni se hizo seguimiento a la obligación de los contratistas de carnetizar a todos los beneficiarios. La CSC solicitó a la UNAD información, en medio magnético y archivo Excel, sobre sus convenios con la Secretaría de integración, incluyendo los nombres, las funciones y la remuneración del personal de planta y de los subcontratistas encargados de ejecutarlos, ya fueran éstos personas naturales o jurídicas.


La UNAD contestó que no dispone “de los recursos físicos, económicos y humanos, para adelantar tal gestión”. Vale preguntarse si dicha universidad puede ejercer las interventorías a cargo y orientar a los contratistas hacia la eficiencia y la transparencia, si no es capaz de proporcionar información sobre sus propios contratos con el Distrito. A la postre, la UNAD entregó a la CSC una información en que no reseña ni el personal de planta, ni las personas o entidades subcontratadas para ejecutar los convenios. Asociación PROACTIVA La Asociación Promotora de Proyectos Servicios y Asesorías Culturales Sociales – PROACTIVA, ha celebrado contratos por un valor de $13.300 millones con la SDIS durante este gobierno, bajo distintos tipos de contratación directa. En el gobierno Garzón sus contratos ascendieron a $1.200 millones, en su mayoría por licitación. Un informe de la Contraloría Distrital reseña irregularidades en su ejecución contractual tales como fallas de archivo (folios repetidos y contradictorios) y, respecto al centro Crecer de Engativá, la falta de pago de los parafiscales y el incumplimiento de la obligación de vincular un nutricionista y de contar con el área y los baños exigidos en los anexos técnicos. La Comisión de Seguimiento recibió información referente a condiciones laborales deficientes en PROACTIVA: a los empleados se les paga menos de lo convenido, no se les cancela a tiempo su remuneración y se les retienen los viáticos para las visitas domiciliarias. De acuerdo con esos reportes, los materiales de trabajo que utiliza la entidad son escasos y de mala calidad, y los refrigerios que suministra no alcanzan para todos los beneficiarios de los programas ni para los formadores. Según los registros de la Subdirección de Personas Jurídicas de la Secretaría General de la Alcaldía PROACTIVA tiene seis personas vinculadas a término indefinido y 154 a término fijo. La CSC fue informada de que PROACTIVA pertenece a una familia de Guavatá, Santander, amiga del senador Iván Moreno y de la representante a la Cámara Alba Luz Pinilla, a quienes la asociación apoyó en las pasadas elecciones parlamentarias.


J. A. Zabala y Consultores Asociados Ltda. Esta sociedad de responsabilidad limitada pertenece en un 74.25% a su gerente, el ingeniero de sistemas Jorge Alberto Zabala Avilez, con cédula de Chinú, Córdoba, y en un 25% a Jaduar Wilson Zabala Avilez, con cédula de Plato, Magdalena. Según su página web es “una empresa de servicios e ingeniería”. Su objeto social es una miscelánea que incluye la construcción e interventoría de obras civiles y la venta de software y hardware así como la atención de discapacitados, desplazados y habitantes de la calle, entre otras poblaciones vulnerables, la atención a familias y la protección de los derechos humanos. Es una típica sociedad multipropósito. Durante la administración Garzón, J. A. Zabala y Consultores Asociados celebró contratos con la SDIS por $1.600 millones. En 2008 y 2009, bajo el gobierno de Samuel Moreno, su contratación saltó a $13.000 millones en nueve operaciones (tres de licitación y seis de selección abreviada), enfocadas en la atención de adultos con discapacidad cognitiva y la protección de niños y jóvenes en los Centros Amar. De acuerdo con reportes allegados, a la Comisión de Seguimiento la firma les paga muy mal a los profesionales que vincula y sus servicios son de mala calidad. También se le aseguró a la CSC que el gerente de la sociedad es amigo de la secretaria de integración social. Asociaciones de Bosa Entre comienzos de 2008 y mediados de 2010, la SDIS ha celebrado convenios, bajo la modalidad de contratación directa y por un valor total de al menos $24.000 millones, con mínimo 22 asociaciones de Bosa, localidad en que la actual secretaria de integración desarrolló la mayor parte de su trabajo político. En ninguna otra localidad la contratación de la Secretaría con asociaciones presenta esa magnitud. Los convenios con las 22 organizaciones de Bosa se refieren al manejo de comedores comunitarios, la atención integral en educación inicial para niños menores de seis años, y las actividades de las casas vecinales. Contratación de Julio Gómez en la SDIS Fundaciones y consorcios controlados o vinculados a Héctor Julio Gómez González celebraron contratos y convenios con la Secretaría de Integración cuando menos por $6.700 millones en los años 2008 y 2009, como lo muestra el siguiente cuadro:


Cuadro 6.4 Contratación de la SDIS con Julio Gómez 2008-2009 (millones de $ de 2009) Modalidad de Empresa Objeto contratación Fundación Atención especializada a niños y jóvenes de 6 a 18 Licitación Pública alternativa renacer – años en condiciones de alta vulnerabilidad, con (7 contratos) FUNALCER autismo y discapacidad cognitiva Licitación Pública Diseño y construcción progresiva de un jardín infantil Consorcio Portal (1 contrato) en Fontibón Contratación Acompañamiento y capacitación de los usuarios de los Fundemos nuevo directa proyectos de la dirección poblacional y funcionarios de horizonte, FUNHORI (1 convenio de la SDIS asociación) Atención especializada a niños y jóvenes de 6 a 18 Consorcio Por un Licitación Pública años en condiciones de alta vulnerabilidad, con Mejor Mañana (2 contratos) autismo y discapacidad cognitiva Total

Valor 3.470 1.482

1.073

690 6.715

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Secretaría de Integración Social.

El Consorcio Portal está conformado por la fundación Funarkgo y la Constructora Arkgo Ltda., y el Consorcio Por un Mejor Mañana por la fundación Funarkgo y la Fundación de Consultoría Estratégica, FUNDECOES. Según se ha afirmado en los medios de comunicación y en debates de control político en el Concejo de Bogotá, FUNALCER, FUNHORI, Funarkgo y Constructora Arkgo son controladas por Julio Gómez. En declaraciones al diario El Espectador y respondiendo a afirmaciones del concejal Carlos Fernando Galán, Julio Gómez, solo reconoció manejar la fundación Funarkgo. Manifestó conocer todas las fundaciones cuyo control se le endilga, como conoce “a todos los contratistas de Bogotá”, pero afirmó que no tiene vínculos con ellas. Y concluyó con lo siguiente: “algunos familiares míos tienen fundaciones, también ex empleados. Todo el mundo tiene derecho a hacer empresa en este país”. Como se dijo en otro capítulo de este informe, Gómez comenzó como contratista de las alcaldías locales y los fondos de desarrollo local. La Comisión de Seguimiento fue advertida de que esto podría constatarse, en particular, examinando la contratación de las diversas alcaldías locales ocupadas por la actual secretaria de integración, Mercedes del Carmen Ríos. Las empresas controladas por Gómez han celebrado contratos con muchas otras entidades del Distrito, como el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno. También desarrollan operaciones para entidades públicas del orden nacional y para otros entes territoriales. Sus negocios van desde la construcción y


mantenimiento de obras de infraestructura, hasta la atención especializada a poblaciones vulnerables, como ocurre en sus contratos con la SDIS. En relación con las entidades sin ánimo de lucro, en declaraciones al Espectador Gómez manifestó: “ahora, si yo fuese el dueño de una fundación, ¿qué problema tiene? Yo tengo todo el derecho a tener todos los negocios que quiera”. Este es un reconocimiento de que las fundaciones que controla son instrumentos de la generación de lucro. La operación de FUNHORI con la SDIS es un ejemplo característico de lo que son los contratos de objeto difuso, como mecanismos que dificulta el monitoreo de la ejecución. Se dirige a “aunar recursos técnicos, físicos, administrativos, económicos y saberes institucionales entre las partes para el apoyo, acompañamiento, capacitación y formación de los usuarios de los proyectos de la dirección poblacional y funcionarios de la SDIS”. La dirección de la Secretaría y la contratación Mercedes del Carmen Ríos es muy próxima a la Casa Moreno Rojas. Ha sido alcaldesa en propiedad de Bosa y Suba y alcaldesa encargada de Ciudad Bolívar y Kennedy. Según denuncias del Sindicato de Trabajadores y Empleados Distritales, SINTRADISTRITALES, y cambio.com, el manual de funciones de la SDIS fue modificado para permitir el nombramiento de Mercedes del Carmen Ríos Hernández como Secretaria. Para tal efecto se redujo el tiempo de experiencia requerido de 72 a 10 meses y se eliminó la exigencia de títulos profesionales. El manual también fue objeto de cambios para favorecer otros nombramientos, entre ellos el de Alba Luz Pinilla. Pinilla fue asesora de Iván Moreno en la Alcaldía de Bucaramanga y fórmula suya a la Cámara de Representantes por Bogotá, cuando él se postuló al Senado en marzo pasado. Fue nombrada en febrero de 2008 Subsecretaria de Integración Social, después de que se redujera el tiempo de experiencia requerido de 60 a 24 meses y se incluyeran como habilitantes estudios en gestión empresarial, como los que ella había realizado. Por estos hechos la Procuraduría General de la Nación decretó la suspensión de Mercedes del Carmen Ríos por doce meses. Actualmente está en trámite una apelación interpuesta por la sancionada. Según se le dijo a la CSC, bajo el gobierno de Luis Eduardo Garzón las subdirecciones del Departamento Administrativo de Bienestar Social (hoy Secretaría de Integración Social)


tenían bastante autonomía para contratar. En esta administración se ha observado una tendencia a concentrar los contratos en cabeza de la secretaria. Cambios en las modalidades de contratación y en los tipos de contratistas En la administración de Luis Eduardo Garzón (2004-2008) la mayor parte del valor de los contratos de la Secretaría de Integración Social (51.8%) se asignó mediante licitación. Bajo el gobierno de Samuel Moreno esa proporción ha caído al 13.5%. En contrapartida, la contratación directa pasó, entre un gobierno y otro, del 48.2% al 86.3%. Vale destacar que la contratación directa de menor cuantía saltó del 6.01% al 53.83%. En la SDIS se consideran de menor cuantía los contratos cuyo valor es de $437 millones (de 2010) para abajo. Sin embargo, no solo se modificó el reparto proporcional entre las modalidades contractuales, sino que los recursos contratados crecieron muy significativamente. Así las cosas, la contratación directa pasó de $128.311 millones en los tres últimos años de Garzón a $501.827 en los dos primeros de Moreno. Si este dato se extrapola a los cuatro años del gobierno actual, se concluye que la Secretaría de Integración manejará un billón de pesos por las vías menos sujetas a control. En la administración Moreno la SDIS aumentó significativamente la contratación con entidades sin ánimo de lucro. La secretaria pasó de contratar $78.600 millones con esas organizaciones en los tres últimos años de Garzón (28.7% de su contratación en ese lapso) a contratar $280.700 millones en los dos primeros de Moreno (el 48.3% de los recursos contratados en ese período). La contratación entre la SDIS y este tipo de organizaciones se realizó de forma directa. Por otra parte, la proporción de recursos contratados con empresas privadas se mantuvo al pasar de 44.3% a 43.8%. Sin embargo, dado que el presupuesto general de la entidad aumentó, el monto contratado con estas entidades se duplicó (de $118.000 millones a $254.650 millones). De este tipo de contratos forman parte en particular, los celebrados con proveedores de alimentos y operadores de comedores comunitarios. En esta administración cayó dramáticamente la contratación de la SDIS con cajas de compensación familiar que pasó de $26.200 millones (9.8% del presupuesto de la entidad en Garzón) a $300 millones (0.05% del presupuesto actual). La contratación con universidades fue de $16.600 millones en Garzón y de $27.750 millones en Moreno (6.2% y 4.8% del presupuesto de la entidad, respectivamente).


Cap 6 Integracion Social