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HECHOS DE PAZ V-VI

A la Mesa de Negociaci贸n

Presidencia de la Rep煤blica de Colombia Oficina del Alto Comisionado para la Paz

CAMBIO PARA CONSTRUIR LA PAZ Agosto 7 de 1998 - Octubre 24 de 1999


HECHOS DE PAZ V-VI A la Mesa de Negociaci贸n Agosto 7 de 1998 - Octubre 24 de 1999

Presidencia de la Rep煤blica de Colombia Oficina del Alto Comisionado para la Paz ISSN 0124-2261


CONTENIDO Presentación

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Primera parte

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• Hechos de paz, Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz, Santa Fe de Bogotá, D. C., 11 de enero de 1999

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Segunda parte Principales intervenciones sobre la política de paz • Una política de paz para el cambio, Andrés Pastrana Arango, candidato a la Presidencia de la República, Santa Fe de Bogotá, D. C., 8 de junio de 1998 • De la retórica de la paz a los hechos de paz, Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Santa Fe de Bogotá, D. C., 11 de agosto de 1998 • Hacia el camino de la paz, Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz, Cartagena, 21 de agosto de 1998 • Espacio para la paz, Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Santa Fe de Bogotá, D. C., 14 de octubre de 1998 • La paz no puede ser un diálogo de sordos, Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz, Popayán, 18 de octubre de 1998 • La paz no se hará a espaldas de los departamentos, Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz, Popayán, 20 de octubre de 1998 • El plan Colombia: una gran alianza con el mundo contra el delito internacional, por los derechos humanos, los derechos sociales y por la ecología, Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, Santa Fe de Bogotá, D. C., 22 de octubre de 1998 • Discurso del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, durante la creación de la zona de distensión en San Vicente del Caguán, 7 de noviembre de 1998 • Discurso del presidente Andrés Pastrana Arango, en el acto de lanzamiento del "programa de fomento al cultivo de la palma para los habitantes de Puerto Wilches", Puerto Wilches, 19 de diciembre de 1998 • Los Gobernadores son un extraordinario factor aglutinador y un vehículo propicio para facilitar la convergencia de los anhelos de sus regiones. Víctor G. Ricardo, Cartagena de Indias, 10 de febrero de 1999 • Intervención del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, durante la sesión del Comité de Paz de Santander, Bucaramanga, 3 de marzo de 1999

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Sin manejo responsable en los medios, la paz puede fracasar. Víctor G. Ricardo, Santa Fe de Bogotá, D. C., 8 de marzo de 1999 Palabras del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, en el evento Vida para los Indígenas, Santa Fe de Bogotá, D. C., 10 de marzo de 1999 Intervención del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, ante la Federación Nacional de Municipios, 15 de abril de 1999 Intervención del Alto Comisionado para la Paz en la reunión con los secretarios de gobierno municipales Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana, con ocasión del nonagésimo aniversario de la Escuela Superior de Guerra, Santa Fe de Bogotá, D. C., 6 de mayo de 1999 Palabras del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, en el foro de El Espectador "Agenda común con las FARC", Santa Fe de Bogotá, 20 de mayo de 1999 Palabras del alto comisionado para la paz, doctor Víctor G. Ricardo, en la sesión inaugural del Diplomado sobre Cultura de Paz. Universidad Sergio Arboleda, 21 de mayo de 1999

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Algunos comunicados de interés Declaración pública del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo Del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, para los alcaldes de la zona de distensión, Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de noviembre de 1998 Declaración pública del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, Santa Fe de Bogotá, D. C., 23 de noviembre de 1998 Del Alto Comisionado para la Paz a los medios de comunicación, Santa Fe de Bogotá, D. C., 4 de diciembre de 1998 Declaración pública del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, Santa Fe de Bogotá, D. C., 15 de diciembre de 1998 Carta del Presidente de la República dirigida a cada uno de los elegidos a participar como voceros de la Mesa de Diálogo, Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santamaría y Rodolfo Espinosa Meola, Santa Fe de Bogotá, D. C., enero 6 de 1999 Carta del Fiscal General de la Nación al Alto Comisionado para la Paz en relación con la administración de justicia en la zona de distensión, Santa Fe de Bogotá, D. C., 7 de abril de 1999 Respuesta del Alto Comisionado para la Paz al oficio enviado por el Fiscal General de la Nación, Santa Fe de Bogotá, D.C., 13 de mayo de 1999 Comunicado conjunto, Caquetania, 28 de abril de 1999 Carta del Alto Comisionado para la Paz a Plinio Apuleyo Mendoza, en relación con los comentarios sobre la destitución de generales, Santa Fe de Bogotá, D.C., 16 de abril de 1999

Proceso entre el gobierno nacional y las FARC-EP Carta abierta al señor Presidente de la República, firmada por Manuel Marulanda, donde se da a conocer la lista de los soldados retenidos por las FARC-EP, montañas de Colombia, 21 de septiembre de 1998

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Respuesta del Alto Comisionado para la Paz a Manuel Marulanda de la carta abierta dirigida al Presidente de la República, Santa Fe de Bogotá, D. C., 30 de septiembre de 1998 Carta al presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, enviada por Manuel Marulanda Vélez, montañas de Colombia, 30 de septiembre de 1998 Respuesta del Alto Comisionado para la Paz a la carta enviada al Presidente de la República por Manuel Marulanda Vélez, Santa Fe de Bogotá, D. C., 25 de octubre de 1998 Carta abierta al doctor Víctor G. Ricardo, firmada por el jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez, montañas de Colombia, 20 de octubre 1998 Carta enviada por el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo a Manuel Marulanda, jefe de las FARC, Santa Fe de Bogotá, D. C., 31 de octubre de 1998 Carta enviada al Alto Comisionado para la Paz, por Manuel Marulanda Vélez en relación con el canje de detenidos, montañas del Caquetá, 12 de noviembre de 1998 Del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, a Manuel Marulanda, Santa Fe de Bogotá, D. C., 20 de noviembre de 1998 Del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, a Manuel Marulanda, Santa Fe de Bogotá, D. C., 23 de noviembre de 1998 Carta abierta al doctor Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República, montañas del Caquetá, 3 de diciembre de 1998 Declaración pública del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, versión de prensa, 15 de diciembre de 1998 Comunicado conjunto del Gobierno Nacional y las FARC-EP, La Machaca, 21 de diciembre de 1998 Petición de la guerrilla de las FARC-EP a la fiscal Maritza Chavarro Anturi, San Vicente del Caguán, 25 de febrero de 1999 Comunicado del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, a la opinión pública, Santa Fe de Bogotá, D. C., 26 de febrero de 1999 Comunicado de prensa del Gobierno Nacional ante el secuestro y asesinato de los tres ciudadanos norteamericanos que cumplían labores humanitarias, Santa Fe de Bogotá, D. C., 5 de marzo de 1999 Comunicado del Gobierno Nacional a las FARC-EP, Santa Fe de Bogotá, D. C., 8 de marzo de 1999 Balance sobre el trabajo realizado en el proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC-EP, Caquetania, 2 de mayo de 1999 Carta del Alto Comisionado para la Paz a Manuel Marulanda Vélez, acerca de la propuesta de acuerdo sobre reglas de juego en la zona de distensión, San Vicente del Caguán, 7 de mayo de 1999 Propuesta de acuerdo sobre reglas de juego en la zona de distensión

Mesa de Diálogo Gobierno FARC-EP • Discurso del presidente Andrés Pastrana Arango, en la instalación de la Mesa de Diálogo con las FARC-EP, San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999

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• Palabras de Manuel Marulanda Vélez, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, leídas por Joaquín Gómez, San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999 • Declaración conjunta del Gobierno Nacional y las FARC-EP, San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999 • Discurso del alto comisionado para la paz Víctor G. Ricardo, en la instalación de la Mesa de Diálogo con las FARC-EP, San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999 • Acta No. 1 del Gobierno Nacional y las FARC-EP. Primera reunión de la Mesa de Diálogo, San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999 • Comunicado No. 1 del Gobierno Nacional y las FARC-EP, Caserío La Machaca, San Vicente del Caguán, 9 de enero de 1999 • Comunicado No. 2, La Machaca, San Vicente del Caguán, 11 de enero de 1999 • Comunicado No. 3, La Machaca, San Vicente del Caguán, 25 de enero de 1999 • Comunicado No. 4, La Machaca, San Vicente del Caguán, 21 de abril de 1999 • Comunicado No. 5, La Machaca, San Vicente del Caguán, 25 de abril de 1999 • Comunicado No. 6, La Machaca, San Vicente del Caguán, 30 de abril de 1999 • Comunicado No. 7, Caquetania, departamento del Caquetá, 4 de mayo de 1999 • Comunicado final de la Mesa de Diálogo, La Machaca, departamento del Caquetá, 6 de mayo de 1999 PROPUESTAS DE AGENDA PARA LA MESA DE DIÁLOGO • Una Política de Paz para el Cambio. Agenda de Paz del Gobierno Nacional, La Machaca, San Vicente del Caguán, 11 de enero de 1999 • Propuesta de agenda de las FARC-EP Instrumentos Jurídicos • Resolución número 84 del 14-0ctubre-1998 • Resolución número 85 del 14-Octubre-1998 • Resolución número 01 del 5-Enero-1999 • Resolución número 27 del 1o-Mayo-1999 • Resolución número 31 del 7-Mayo-1999 • Resolución número 32 del 7-mayo-1999 algunas DEFINICIONES sobre temas de interés en el contexto de la paz • Sobre la Zona de Distensión • Sobre la beligerancia ALGUNOS DEBATES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA • Respuestas al cuestionario de la proposición No. 09 • Proposiciones números 59 y 80, respuesta del Alto Comisionado para la Paz, al Congreso de la República

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• Proposición número 22, respuesta al cuestionario enviado al Alto Comisionado para la Paz por la Comisión Sexta del Senado de la República

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TERCERA parte

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ACCIONES Y PLANTEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA EL PARAMILITARISMO • Discurso del presidente de la República Andrés Pastrana Arango, en la posesión del vicepresidente, Gustavo Bell Lemus, como Alto Consejero Presidencial, Santa Fe de Bogotá, D. C., 9 de septiembre de 1998 • Directiva presidencial No. 03, Santa Fe de Bogotá, D. C., 15 de octubre de 1998 • Carta abierta del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP al señor presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, montañas de Colombia, 18 de enero de 1999 • Respuesta del Alto Comisionado para la Paz a la carta abierta al Presidente de la República, del Secretariado del Estado Mayor Central de las FARC-EP, Santa Fe de Bogotá, D. C., 20 de enero de 1999 • Posición del Gobierno Nacional frente a las Autodefensas de Colombia (AUC). Comunicado, Santa Fe de Bogotá, D. C., 19 de enero de 1999 • Carta de las Autodefensas Unidas de Colombia al alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo • Informe de avance de la política de protección de los derechos humanos • Lineamientos generales para una política estatal permanente con relación a los grupos armados privados • Carta al Alto Comisionado para la Paz de las Autodefensas Unidas de Colombia ratificando su posición, montañas de Colombia, 23 de enero de 1999 • Combate contra los grupos de autodefensa CUARTA PARTE ALGUNAS CONSECUENCIAS DEL PROCESO DE PAZ • Comunicado del Alto Comisionado para la Paz sobre los hechos relacionados con el informe de la Procuraduría • Declaración del Gobierno Nacional que cancela la controversia relacionada con el informe de la Procuraduría, Santa Fe de Bogotá, D. C., 3 de febrero de 1999 • Acción de tutela contra el procurador general de la Nación, Jaime Bernal Cuéllar y el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, Bucaramanga, 18 de febrero de 1999 • Respuesta del Alto Comisionado para la Paz a la solicitud de los Magistrados del Tribunal Administrativo de Santander, Santa Fe de Bogotá, D. C., 15 de febrero de 1999

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Notificación al doctor Víctor G. Ricardo de la Sentencia a la Acción de Tutela contra el Procurador General de la Nación y el Alto Comisionado para la Paz, Bucaramanga, 19 de febrero de 1999 Respuesta del Alto Comisionado para la Paz a la impugnación presentada por Jesús María Clavijo Clavijo contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, Santa Fe de Bogotá, D.C., abril de 1999

PROPUESTA DEL GOBIERNO PARA LOGRAR UN GRAN ACUERDO NACIONAL POR LA PAZ • La paz es un compromiso Nacional, Santa Fe de Bogotá, D. C., 18 de febrero de 1999 • Comunicado del Gobierno Nacional y los sectores político, eclesiástico y gremial a la opinión pública, Casa de Nariño, 18 de febrero de 1999 Plan Colombia • Introducción • El Plan Colombia • Mecanismo financiero para el Plan Colombia ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE EL SECTOR AGROPECUARIO • La reactivación del sector agropecuario como estrategia para la paz, pensamientos del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, sobre el sector agropecuario •

reforma política Sugerencia de adición al proyecto de acto legislativo "Sobre la Reforma de la Política Colombiana e Instrumentos para la Paz", Santa Fe de Bogotá, D. C., 11 de mayo de 1999

CONSEJO NACIONAL DE PAZ • Discurso del presidente Andrés Pastrana Arango, durante la reunión del Consejo Nacional de Paz, Santa Fe de Bogotá, D. C., 24 de marzo de 1999 • Intervención del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo. Consejo Nacional de Paz, Santa Fe de Bogotá, D. C., 24 de marzo de 1999 • Sesión plenaria del Consejo Nacional de Paz, declaración a la opinión pública, Santa Fe de Bogotá, D. C., 24 de marzo de 1999 ENTREVISTAS AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ • Víctor G. Ricardo en pocas palabras, Santa Fe de Bogotá, D. C., enero de 1999 • Reportaje de la agencia Ancol, febrero de 1999 • Cuestionario de la Unidad de Paz de El Tiempo, al Alto Comisionado para la Paz, Santa Fe de Bogotá, D. C., 23 de marzo de 1999

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• Respuesta del Alto Comisionado para la Paz al Cuestionario de la Unidad de Paz de El Tiempo, Santa Fe de Bogotá, D. C., 23 de marzo de 1999 APOYO INTERNACIONAL AL PROCESO DE PAZ • Más ayuda para la paz de Colombia, EL PAÍS, Cali, 10 de agosto de 1998 • Crece apoyo externo para proceso de paz colombiano, EL NUEVO SIGLO, Santa Fe de Bogotá, D.C., 2 de septiembre de 1998 • Iberoamérica respalda proceso de paz en Colombia, Oporto, Portugal, 18 de octubre de 1998 • Británicos dispuestos a respaldar la paz, El UNIVERSAL, Cartagena, 24 de octubre de 1998 • Espaldarazo de Venezuela al proceso de paz en Colombia, El Espectador, Santa Fe de Bogota, D.C., 3 de noviembre de 1998 • Alemania no condiciona ayuda al proceso de paz, El Espectador, Santa Fe de Bogotá, D.C., 9 de enero de 1999 • Bloque con Cuba y Venezuela, El Espectador, Santa Fe de Bogotá, D. C., 18 de enero de 1999 • Apoyo y colaboración de España para el proceso de paz, El Espectador, Santa Fe de Bogotá, D.C., 16 de marzo de 1999 • Declaración del Táchira, La República, Santa Fe de Bogota, D.C., 5 de mayo de 1999 • Clinton complacido por cita Pastrana-Marulanda, EL ESPECTADOR, Santa Fe de Bogotá, D.C., 5 de mayo de1999. • Estados Unidos reitera apoyo al Proceso de Paz en Colombia, Santa Fe de Bogotá, D.C., 20 de mayo de 1999 • •

AGENDA COMÚN Agenda común por el Cambio hacia una Nueva Colombia, La Machaca, 6 de mayo de 1999 Por el Cambio: Encuentro con la Nación, La Machaca, 6 de mayo de 1999

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REGISTROS FOTOGRÁFICOS

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SOBRE ALGUNOS ARTÍCULOS DE PRENSA • Plan B, ¿perverso? • Carta del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo a Juan Manual Santos, columnista de El Tiempo • Pastrana sin partitura para la paz. El Nuevo Herald, Gerardo Reyes Santa Fe de Bogotá, D. C., martes 17 de agosto de 1999 • Carta del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, a Carlos Castañeda director de El Nuevo Herald

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ALGUNAS CARTAS ENVIADAS POR LAS FARC • Carta enviada al alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, de Manuel Marulanda Vélez

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• Carta abierta al señor Presidente de la República

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CARTAS RECIBIDAS DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA • Carta abierta, Colombia, 24 de mayo de 1999 • Carta dirigida al alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, de las Autodefensas Unidas de Colombia

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ALGUNAS CARTAS RECIBIDAS • Voluntad manifiesta de un militante del Segundo Frente de las FARC-EP

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ALGUNAS INTERVENCIONES SOBRE EL PROCESO DE PAZ • Cuántos muertos más necesitamos para hacer la paz • La paz es misión de todos los colombianos • Nos movemos por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza • La paz la construimos todos • Debemos ampliar y fortalecer nuestra democracía • A los incredulos del proceso de paz les pregunto si es posible Colombia sin paz

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ALGUNOS DEBATES EN EL CONGRESO • Respuesta al cuestionario enviado por la Honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes, con ocasión a la citación del 9 de septiembre de 1999 • Respuesta del Alto Comisionado para la Paz a la proposición de citación a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el 21 de octubre de 1999 • Respuesta al cuestionario de la Comisión Segunda del Senado de la República, Proposición No. 31

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CON MOTIVO DEL ASESINATO DE JAIME GARZÓN Y JESÚS ANTONIO BEJARANO • Declaración Pública, Santa Fe de Bogotá, D. C., 13 de agosto de 1999 • Comunicado, Santa Fe de Bogotá, D. C., 16 de septiembre de 1999

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SOBRE LA BELIGERANCIA RESTRINGIDA • Sobre la Beligerancia Restringida

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CON ALGUNOS COMUNICADOS LLEGA LA NEGOCIACIÓN • El Gobierno Nacional y las FARC-EP se permiten informar a la opinión pública • Declaración Pública, San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, 16 de octubre de 1999

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SE INICIAN PROYECTOS DE SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DURANTE EL PROCESO DE PAZ EN LA ZONA DE DISTENCIÓN • Plante UNDCP/UNOPS, desarrollo alternativo en la zona de distensión de los departamentos del Caquetá y Meta

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algunas gráficas sobre el conflicto armado

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PRESENTACIÓN Por: Víctor G. Ricardo

Colombia se está viendo enfrentada a retos múltiples: lograr la paz y la reconciliación nacional, promover condiciones favorables para el desarrollo con justicia social, reformar sus instituciones políticas, todo lo anterior unido a la necesidad de insertarse en el ordenamiento internacional. La reforma del Estado para construir uno nuevo donde quepamos todos los colombianos, donde reine la equidad y se fundamente en la justicia social. Esta estrategia tiene también el componente de cultura de paz encaminada a lograr la reconciliación nacional. Es claro que los procesos en curso con los principales grupos insurgentes responden al reto de todos los colombianos que es lograr la paz. La actual administración encamina sus esfuerzos dentro de una estrategia que se basa en el Plan Nacional de Desarrollo, con un proyecto específico al estilo del Plan Marshall, que hemos denominado Plan Colombia, dirigido a las zonas más deprimidas del país. En el mismo sentido se continúa estructurando una reforma a las instituciones políticas, para volverlas acordes con la realidad nacional. Mediante la “Diplomacia por la paz”, los principales componentes de la política de paz se comparten con la Comunidad Internacional, a efecto de lograr su acompañamiento y apoyo dentro del marco del respeto a nuestra soberanía, siempre y cuando responda a nuestras necesidades. Como lo hemos comentado, desde junio de 1998, cuando se presentó el documento “Una Política de Paz para el Cambio”, múltiples sectores de la sociedad han participado con entusiasmo y convicción en la gran empresa de la paz. La presente publicación describe los Hechos de Paz del gobierno del presidente Andrés Pastrana e incluye los principales documentos sobre este proceso a partir del 7 de agosto, día de la transmisión del mando.


En la primera parte, se define la visión del gobierno sobre la paz y los logros alcanzados hasta la fecha. En la segunda parte, se incluyen las principales intervenciones sobre la política de paz, comunicados de interés, los más destacados documentos relacionados con el proceso desarrollado entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en especial los de la Mesa de Diálogo, al igual que la agenda común que inicia la etapa de negociación con un esquema de participación ciudadana. Se relacionan los principales instrumentos jurídicos, algunos pensamientos y criterios sobre temas de interés en el contexto de la paz y algunos de los debates que han tenido lugar en el Congreso de la República. En la tercera parte se incluyeron las principales acciones y planteamientos que el Gobierno Nacional ha venido desarrollando a efectos de defender los Derechos Humanos y acabar con el paramilitarismo, que constituye uno de los más graves y perversos factores de degradación del conflicto armado en Colombia. La cuarta parte destaca, algunas consecuencias que ha generado el proceso de paz, al igual que la propuesta presentada por el Gobierno para lograr un Gran Acuerdo Nacional por la Paz, los principales lineamientos del Plan Colombia y algunos comentarios sobre el sector agropecuario. Incluimos también una sugerencia de adición al proyecto "sobre la Reforma de la Política colombiana e Instrumentos para la Paz". Hacemos también referencia al Consejo Nacional de Paz, a varias entrevistas realizadas al Alto Comisionado para la Paz, y a las principales declaraciones de apoyo internacional a nuestro proceso de paz, como también presentamos un registro gráfico de distintos hechos sucedidos durante el proceso. Presentamos el Gran Acuerdo Nacional por la Paz, logrado con los dirigentes políticos, así como la agenda común denominada "Por el Cambio hacia una Nueva Colombia" y el documento de participación ciudadana titulado "Por el Cambio: Encuentro con la Nación". En la presente publicación damos a conocer los documentos posteriores a la firma de la agenda común, con lo que se da inicio a la Mesa de Negociacion. Reiteramos que es con orgullo que esta Administración sigue cumpliendo con su compromiso de abrir un nuevo camino de reconciliación nacional para el pueblo colombiano; con el propósito de encontrar una paz que nos ha sido esquiva, frente a lo cual no podemos ser inferiores a la responsabilidad de la hora presente. Santa Fe de Bogotá, D.C., 24 de octubre de 1999.


PRIMERA PARTE


HECHOS DE PAZ

Por: Víctor G. Ricardo

LA OPORTUNIDAD DE LA PAZ Nunca una oportunidad se repite, se dará mejor o peor, pero no igual. Colombia está frente a una oportunidad única e irrepetible tras una historia sembrada de injusticia, dolor y muerte. Ahora todos los colombianos tenemos una responsabilidad histórica para poner fin al conflicto colombiano. El Gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango ha recibido un mandato sin precedentes del pueblo colombiano, y con su apoyo y bajo su liderazgo busca poner fin a cinco décadas de guerra civil.

LOS PILARES DE LA PAZ La política de paz del Gobierno tiene tres principios fundamentales: 1. Negociaciones sistemáticas con los alzados en armas, combinadas con un proceso de reconciliación nacional. 2. El lanzamiento de una nueva visión participativa de desarrollo, “El Plan Colombia”, que se apoyará en el Fondo de Inversión para la Paz, que se nutriría de los Bonos de Paz, los aportes internacionales y los créditos especiales.

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3. La negociación de una serie de reformas sociales, políticas y económicas para mejorar la calidad de vida de los colombianos menos favorecidos. Los objetivos estratégicos La negociación política que permita superar las causas de un conflicto que rechazan masivamente los colombianos, debe ser principalmente la estrategia que conduzca a la obtención de una paz sustentada en la justicia social. Así lo respaldaron los colombianos al acoger la propuesta de paz que les presentó el presidente Andrés Pastrana y el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, el cual acepta el Gobierno Nacional. Los objetivos estratégicos de la Política de Paz del Gobierno son: 1. Protección incondicional de los derechos humanos y respeto al derecho internacional humanitario: el derecho fundamental a la vida, los demás derechos humanos y el derecho internacional humanitario, deben respetarse integralmente como base esencial de la construcción de una sociedad democrática y de una paz duradera y estable. En este sentido, el secuestro, principal y más lesivo atentado contra la dignidad de la persona, debe finalizar en forma definitiva. Debe procurarse la humanización del conflicto mientras avanzan las negociaciones y debe tenerse como meta lograr el cese al fuego. 2. Estructura económica y social: el análisis de la estructura económica y social debe concentrarse en la superación de las causas objetivas de la violencia: la pobreza y la inequitativa distribución del ingreso. Uno de los principales objetivos de la negociación es realizar una amplia reforma económica y social que sirva de base para la construcción de un país donde convivamos todos los colombianos. 3. Reforma política y del Estado: para profundizar la democracia y dentro de la construcción de un nuevo Estado de Derecho, debe efectuarse una reforma política que garantice, entre otros puntos, la separación de poderes, la existencia de organismos de control independientes, un régimen territorial ágil y eficiente para fortalecer el proceso de descentrali18

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zación, reglas electorales, movimientos y partidos políticos modernos y participativos, garantías reales para las minorías y para el ejercicio libre de la oposición. Se hace necesario proceder a la reforma administrativa del Estado, que permita tener una estructura adecuada, no burocratizada y eficiente. 4. Desarrollo alternativo y sustitución de cultivos: sobre la base de reconocer el carácter social de este fenómeno, se buscarán soluciones fundamentadas en el desarrollo alternativo para regiones y campesinos mediante inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional. El Plan de Desarrollo Alternativo, iniciado con experiencias piloto, será el eje fundamental en la obtención de las acciones y metas aquí propuestas. 5. Protección del Medio Ambiente: se trata de construir un modelo de desarrollo basado en el potencial social y ambiental de la Nación, enmarcado dentro de un proceso participativo de ordenamiento territorial, tomando en cuenta su diversidad cultural y sus particularidades geográficas. La solución al conflicto requiere también la decisión de respetar el patrimonio ecológico de la Nación. Es menester preservar el medio ambiente como fuente de riqueza nacional y mundial para las generaciones presentes y futuras, sobre la base del desarrollo racional y sostenible. 6. Fortalecimiento de la justicia y lucha contra la corrupción: a efecto de restablecer la confianza de los ciudadanos en la correcta y oportuna administración de justicia, se hace necesario mejorar el funcionamiento de la rama judicial del poder público y fortalecer su estructura, de manera que se garantice la credibilidad en la justicia colombiana y se eviten la impunidad y los abusos en la aplicación de la ley. Para combatir la corrupción es necesario fortalecer las instituciones que velan por la transparencia en el ejercicio, aplicación y ejecución de la administración pública y la actividad privada. Erradicar el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y la corrupción, exige el establecimiento de una normatividad jurídica especial

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y una adecuada y eficiente estructura administrativa de las entidades a quienes corresponde su control. 7. Reforma Agraria: Colombia posee considerables extensiones de tierra que no están siendo utilizadas de manera apropiada y otras pertenecientes al narcotráfico. A través de una reforma integral y con base en la participación de las comunidades, se buscará una adecuada distribución de la tierra, a fin de lograr, entre otras, la sustitución de los cultivos ilícitos, proporcionando alternativas reales para los campesinos con una adecuada explotación de los recursos naturales y con programas productivos rentables para los beneficiarios. 8. Paramilitarismo: los grupos paramilitares contradicen esencialmente la facultad exclusiva del Estado de aplicar justicia y de ejercer la autoridad y son factor gravísimo del conflicto armado. No puede concebirse la paz sin acallar sus armas, lo cual deberá hacerse como una responsabilidad exclusiva del Estado. 9. Apoyo de la comunidad internacional al proceso: la participación de la comunidad internacional es fundamental en todos los estadios del proceso: como facilitadora de fórmulas de entendimiento que impulsen la negociación, apoyando económicamente la redención y el desarrollo integral de las zonas en conflicto, como testigo de los compromisos adquiridos y como instancia de verificación del cumplimiento de esos compromisos. 10. Viabilización de instrumentos hacia la paz: una paz verdadera y estable se debe enmarcar en la formalización de los puntos pactados como producto de una negociación política del conflicto armado. El Gobierno considera esencial la participación de la totalidad del pueblo colombiano en la ratificación de los acuerdos. Un instrumento ampliamente democrático, objeto del acuerdo, será la garantía para que quienes hoy están por fuera del Estado de Derecho se incorporen en su actividad y condición a la nueva normatividad constitucional y legal que ponga fin a la violencia y permita la obtención de un país donde impere la paz, la equidad y la justicia social. 20

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LOS LOGROS YA ALCANZADOS Durante los primeros meses de su Gobierno, el presidente Pastrana ha cumplido con su promesa de poner en marcha un proceso continuo de paz. Los principales logros alcanzados hasta el momento son: • El objetivo de la paz ha sido definido como política central del Gobierno. • El presidente Pastrana apoyado por su equipo de gobierno, ha presentado al país un proceso de paz. • Se ha logrado un nuevo consenso entre las partes sobre el carácter político de la solución al conflicto armado. • Desde el 7 de noviembre se estableció una zona de distensión en 5 municipios del territorio nacional para permitir los Diálogos de Paz con las Farc-Ep. • El Gobierno, a través del Alto Comisionado para la Paz, ha celebrado varios encuentros preliminares con las Farc-Ep y el Eln, y ha previsto iniciar una Convención Nacional con el Eln en el mes de febrero, con la participación de la sociedad civil. • Hay un consenso en cuanto a que el objetivo de las negociaciones es una amplia reforma política, económica y social para mejorar la calidad de vida de los colombianos . • Hay también un consenso en cuanto a que la erradicación de los cultivos ilícitos requiere medidas para tratar las raíces sociales del problema. • El Gobierno del presidente Pastrana ha lanzado su Plan de Desarrollo "Cambio para construir la paz" y ha diseñado el “Plan Colombia” para HECHOS DE PAZ V

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enfrentar la pobreza e injusticia social que han agobiado al pueblo colombiano. Este implica la participación de una amplia gama de sectores incluyendo la empresa privada, sindicatos, las comunidades campesinas y el sector agrícola organizado, al igual que la insurgencia. • Se ha creado el Fondo de Inversión para la Paz, que será apoyado por la banca multilateral y la comunidad internacional. Mediante este mecanismo se espera captar los fondos necesarios para financiar el Plan Colombia. • El presidente Pastrana ha diseñado una audaz política internacional que tiene como una de sus principales estrategias "La diplomacia para la Paz", en cuyo desarrollo ha hecho múltiples visitas internacionales para explicar la nueva política de paz en los países y foros internacionales más importantes. Se ha logrado así un amplio apoyo político, diplomático y financiero para el proceso de paz, y también un nuevo respeto internacional para la imagen de Colombia y su dignidad nacional. • El presidente Pastrana ha comprometido a su Gobierno y al país en el respeto absoluto por los derechos humanos y por el Derecho Internacional Humanitario. • El Gobierno ha nombrado un equipo de voceros compuesto además del Alto Comisionado para la Paz, por los doctores: Nicanor Restrepo Santamaría, Fabio Valencia Cossio, Rodolfo Espinosa Meola y María Emma Mejía Vélez, para las reuniones con la insurgencia, dando así comienzo a los diálogos de paz. El 7 de enero se inició una nueva fase del proceso de paz, la cual busca establecer una agenda con las Farc-Ep y un calendario para las negociaciones. Con base en estas discusiones, el Gobierno espera llegar a acuerdos concretos para lograr una paz verdadera y estable durante el mandato del presidente Pastrana. 22

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El producto de los acuerdos negociados es lograr una nueva realidad para el país, haciendo los cambios sociales, económicos y políticos necesarios para una Colombia donde quepan todos los colombianos, construida bajo el fundamento de la justicia social. Se trata de concebir la paz como el escenario de la construcción conjunta de un Estado más equitativo, más justo y donde impere el respeto por los valores éticos y morales. La paz debe ser una gran alianza de todos los colombianos contra la corrupción, el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y la injusticia social.

LA ESPERANZA DE LA PAZ El proceso de paz ha comenzado, tal como el Gobierno ofreció que iba a suceder. El presidente Pastrana personalmente ha dado inicio a la etapa de diálogo como lo prometió desde el comienzo de su mandato, buscando la paz con una agenda abierta y sin condiciones. El proceso que se inició el 7 de enero de 1999 es una responsabilidad del Gobierno, pero también debe ser la oportunidad de todos los colombianos. Cada sector y cada ciudadano de la sociedad tiene un deber en su compromiso para alcanzar la paz. El logro de la paz puede estar muy cerca o muy lejos; de todos los colombianos depende.Un pueblo que busca la verdad y que practica la honradez merece un gobierno que lo represente en sus empeños, por ello el Gobierno Nacional seguirá comprometiendo sus mejores recursos humanos, financieros y técnicos para el logro de una paz en paz y no en medio de una guerra fraticida que carece de sentido.

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SEGUNDA PARTE


PRINCIPALES INTERVENCIONES SOBRE LA POLÍTICA DE PAZ


UNA POLÍTICA DE PAZ PARA EL CAMBIO Doctor Andrés Pastrana Arango, Candidato a la Presidencia de la República. Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de junio de 1998

Estamos llegando al final de un debate electoral que definirá por muchos años el destino de Colombia. La encrucijada que tienen ante sí los ciudadanos el 21 de junio tiene dos rostros opuestos: uno, el del candidato del Gobierno, que mira hacia el pasado, que representa el viejo sectarismo enterrado para siempre por la historia, el derrumbe de la economía, el auge del clientelismo y de la corrupción, el desprestigio internacional, el desbordamiento bestial de la violencia, la mancha imperdonable de la dignidad presidencial, y todas las nefastas consecuencias que nos deja de herencia la administración de Samper y de Serpa. El otro, el de la GRAN ALIANZA POR EL CAMBIO, un rostro fresco y optimista, lleno de ideales y esperanzas, que mira hacia el futuro de grandeza que soñamos para esta tierra amada. Ellos encarnan las sombras del crepúsculo, nosotros somos la claridad y la esperanza de los amaneceres.

I. La Gran Alianza por el Cambio: Un movimiento multipartidista Hoy puedo decir con alegría y con fe en el porvenir que los objetivos que me propuse cuando convoqué a los colombianos a conformar la GRAN ALIANZA POR EL CAMBIO se han cumplido plenamente. Hemos integrado un gran movimiento multipartidista, férreamente unido y absolutamente identificado en los grandes propósitos de la Nación: la paz, la generación de empleo, la reactivación de la economía, la justicia social, la dignidad de la Nación.

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Independientes, conservadores, liberales, católicos, cristianos y evangélicos participan con entusiasmo y convicción en la gran empresa de transformar las instituciones y rescatar para todos el derecho a vivir en un país decente. II. El Gobierno Samper y el candidato Serpa han fracasado sin atenuantes en aclimatar la paz He querido hoy aprovechar la ocasión que me brinda un auditorio tan selecto como el conformado por ustedes para presentarle al país nuestra POLITICA INTEGRAL PARA LA PAZ. Si hay un aspecto en el que el Gobierno haya fracasado sin atenuantes, es en el de la pacificación del país. Perdimos tristemente cuatro años, y hemos pagado el más alto de los precios por la ineptitud de los inquilinos del Palacio de Nariño: miles de muertos, de heridos, de mutilados, miles de vidas frustradas, pérdidas materiales incalculables. El candidato del Gobierno dice que nos dará la paz, y esgrime como argumento para sostenerlo, sin inmutarse, que tiene la experiencia de haber fracasado como ministro y como negociador en sus superficiales diálogos con los alzados en armas. Es como si un aspirante al cargo de gerente de una compañía arguye para demostrar su eficacia que ha quebrado todas las empresas que ha gerenciado. Todos sus vagos planteamientos sobre la paz se sostienen sobre una propuesta que hice desde la campaña pasada, la de que el presidente debía negociar directamente con la guerrilla. Lo demás es retórica vacía. III. Tomar en serio los planteamientos de la guerrilla: origen de un verdadero proceso de paz Mi política integral para la paz parte de la base de que lo que busca la guerrilla es una transformación de las estructuras políticas y económicas del país, que tiene sus principales trazos en las agendas de reconciliación que en tiempos recientes los grupos insurgentes han dado a conocer. Esas agendas versan sobre los aspectos sustantivos que pueden y deben ser

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abordados por el Gobierno en una negociación, lo cual le resta aún más sentido a la guerra. La negociación no sólo pondría fin a la confrontación, sino que garantizaría que a través de la concertación amplia de un nuevo proyecto de país quedarían sentadas las bases de la verdadera reconciliación entre los colombianos. Cuando se analizan las agendas sustantivas para la reconciliación que han sido presentadas por los movimientos insurgentes, especialmente la plataforma para la reconciliación de diez puntos de las Farc y la de doce puntos del Eln, es fácil apreciar que todos los temas allí consignados son susceptibles de negociación. Hay sobre la mesa dos posturas sobre la paz: una del Eln y otra de las Farc. El Ejército de Liberación Nacional adelantó recientemente algunos importantes pasos que se expresaron en el llamado preacuerdo de Viena. Hoy este acuerdo se encuentra en suspenso por motivos que no son del caso discutir pero resalto públicamente que cuando salió este documento a la luz pública, como candidato no tuve vacilación alguna en respaldarlo de frente. Eso mismo digo ahora: la intención de promover la llamada Convención Nacional que desemboque en un proceso constituyente en el que quepa todo el país es un camino abierto al examen. IV. Veinte puntos concretos para acercarse a la Paz Mi política sobre la paz tiene los siguientes elementos fundamentales: 1. No habrá paz sin una reforma política de fondo: partidos sólidos, representatividad con responsabilidad y garantías a minorías Lideraré la gran reforma política que espera el pueblo colombiano y que es indispensable para aclimatar la paz, erradicar la corrupción y el clientelismo, y consolidar la apertura de nuevos espacios para que otras tendencias puedan expresarse en el panorama político nacional. Tenemos que reestructurar a fondo y modernizar los partidos políticos, tal como lo han pedido los sectores liberales e independientes que nos acompañan, para que cumplan cabalmente la función que la democracia les asigna de

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ser quienes canalicen las inquietudes populares y los voceros del pueblo en el Congreso. Uno de los aspectos que considero importante reformar es el de la manera de elegir a los congresistas, porque el juego de los residuos, que en alguna oportunidad un distinguido expresidente llamó la “operación avispa”, atenta definitivamente contra la unidad y la disciplina de los partidos y ha desdibujado el criterio de representación nacional que la Constitución quiere para la integración del Senado. En la práctica, hemos llegado a que cada congresista sea el jefe de un “minipartido”, y a que actúe en los debates y votaciones de las Cámaras libremente, sin sujeción a las directrices de la colectividad a la que pertenece, lo cual no ocurre en ninguna democracia seria. Esto indudablemente es un incentivo para el clientelismo, propicia las maquinarias y entraba el trabajo parlamentario. Pienso, en consecuencia, que los partidos o movimientos políticos no podrían avalar más de una lista por circunscripción, lo cual contribuiría a fortalecer las organizaciones partidistas, a democratizarlas y a obligarlas a actuar disciplinadamente en las grandes decisiones nacionales. En este mismo sentido se encamina la propuesta de financiar las elecciones en forma previa y exclusiva por parte del Estado. 2. Una real separación de poderes El Parlamento debe ser un órgano completamente independiente del Poder Ejecutivo, para que tenga la autoridad moral y política necesaria para ser el gran fiscal del Gobierno, porque en la esencia de la democracia está que la institución depositaria de la soberanía popular cumpla la misión indispensable de controlar y vigilar los actos del Ejecutivo, porque sin control no hay democracia y el unanimismo es el fermento por excelencia de la corrupción y de la arbitrariedad. Quienes quieran hacer oposición deben rodearse de las más absolutas y estrictas garantías, establecidas en un verdadero “Estatuto de oposición” que estoy dispuesto a promover con la participación de todos los partidos y movimientos que quieran participar

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en esta tarea. Por otra parte, considero que debe desaparecer toda forma de relación entre los congresistas y la ejecución del presupuesto. En tal sentido, abolir la actual forma de utilización de los fondos de cofinanciación constituye un imperativo. 3. Organos de control independientes Los órganos de control deben ser absolutamente independientes tanto del Ejecutivo como de los partidos políticos, para evitar inconvenientes interferencias en sus decisiones. Es necesario revisar el régimen de ordenamiento territorial, para hacerlo más ágil y eficiente y profundizar el proceso de descentralización. 4. La reforma se hará dentro del Estado de Derecho: cambiar la Constitución dentro de la Constitución La reforma política se llevará a cabo respetando integralmente el Estado de Derecho. No estoy dispuesto a violar la Constitución que juraré defender. Si al final del proceso de paz, y para concretar las reformas políticas e institucionales que se acuerden con la participación de todos los estamentos importantes de la nación surge la conveniencia de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, tal convocatoria se hará respetando los procedimientos establecidos para tal efecto por la Constitución vigente. Lo sostengo con la más absoluta claridad: no seré el sepulturero del Estado de Derecho. 5. Zonas de distensión: espacios para la paz Públicamente me comprometo ante la nación y ante los gobiernos y organismos internacionales interesados en colaborarnos, que una de mis primeras decisiones como Presidente de la República será establecer zonas de despeje, que las normas legales definen como zonas de distensión, y por

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el tiempo que resulte necesario, para garantizar la seguridad de los negociadores designados por la guerrilla, de las autoridades civiles que queden en la zona, especialmente de los alcaldes, que continuarán ejerciendo sus funciones como autoridades de policía en los términos de la Constitución, de los voceros de la sociedad civil que deben participar en el proceso, de los delegados de los estados y de los organismos internacionales que cooperarán en el curso de las negociaciones, y de los representantes del Congreso que invitaremos a ser partícipes de los diálogos, porque me parece que el Poder Legislativo, como depositario de la soberanía popular, tiene que desempeñar un papel protagónico en la gran empresa de alcanzar la paz. Yo, como Comandante de la Fuerza Pública, no vacilaré en dar órdenes precisas y concretas para defender a los colombianos de las amenazas de los grupos armados. Al mismo tiempo, no dudaré en disponer de la Fuerza Pública para asegurar la realización de un proceso de paz. 6. Internacionalizar la paz para terminar la guerra Estimo de la mayor importancia la participación de la comunidad internacional en la totalidad de los estadios del proceso: como facilitadora de las condiciones de prenegociación, como proponente de fórmulas de entendimiento que impulsen la negociación, como testigo de los compromisos adquiridos, y como instancia de verificación del cumplimiento de esos compromisos. No obstante, esa cooperación de la comunidad internacional que debe darse de manera autónoma y soberana, tiene que ser producto de entendimientos entre las partes en conflicto, lo que presupone la clara voluntad de paz, porque sólo las partes en conflicto pueden hacer la paz, no la comunidad internacional. 7. Empresarios por y para la paz Los creadores de riqueza nacionales participarán dentro de la esfera de su capacidad y competencia. Llamaré a esa importante agrupación de colombianos que integra el Movimiento de Empresarios por la Paz, impulsado por la Fundación Social, y al Consejo Gremial Nacional, con el

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propósito de que se desplacen a las zonas de distensión y a otros sitios de nuestra geografía agobiados por la guerra, a fin de que con su experiencia en creación de mercados y con su capacidad técnica y de gestión identifiquen conjuntamente con los alzados en armas y con la comunidad en general proyectos agroindustriales o de otra naturaleza que puedan ser financiados con recursos propios y con fondos provenientes de la banca multinacional. 8. Liderazgo presidencial para todo el proceso Como Presidente legítimo de los colombianos y con toda la autoridad moral y política que me otorgará una investidura intachable, dirigiré personalmente las negociaciones. Yo mismo instalaré y daré comienzo a los diálogos, en los que el gobierno jugará sin cartas marcadas y esperamos que la guerrilla haga lo mismo, porque desaprovechar esta coyuntura sería imperdonable traición a los anhelos de paz de los colombianos. El liderazgo presidencial hará cualquier proceso de paz más eficiente al tener la necesaria unidad de mando, unidad de propósitos y unidad de esfuerzos. 9. Agenda abierta y sin condiciones El Gobierno llegará a la mesa de negociaciones con una agenda abierta y sin condiciones previas. Los temas a tratar serán definidos conjuntamente. 10. A trabajar desde el 21 de junio: diplomacia y convocatoria Como Presidente electo, visitaré a los gobernantes de las naciones industrializadas que han manifestado su interés en ayudarnos, especialmente los Estados Unidos, para concertar con ellos la manera como nos colaborarán para iniciar la redención económica y social de las zonas más afectadas por el conflicto, que son precisamente aquellas secularmente abandonadas por la inversión del Estado. He dicho que con hambre no hay paz. Necesitamos llevar salud, educación, servicios públicos, vías

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de comunicación, y generar fuentes de trabajo en esas regiones, para consolidar la paz que se logre en la mesa de las negociaciones. 11. Un Plan de Emergencia Social dentro del Plan Nacional de Desarrollo Desde el 21 de junio, desde el mismo día en que sea elegido Presidente de los colombianos y hasta el 7 de agosto de este año convocaré, de manera informal, al sector privado, a las organizaciones sociales del orden nacional, a las federaciones de alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, al igual que la representación de las autoridades indígenas, para que con el equipo económico y social de la campaña elaboren una propuesta sobre el Plan Nacional de Emergencia Social, tendiente a eliminar la enorme diferencia entre ricos y pobres en Colombia. Este plan será presentado durante los primeros cien días de mi gobierno para que lo refrenden mediante los instrumentos de participación ciudadana, para luego incorporarlo al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan de Desarrollo, que la Constitución prevé como marco supremo que orienta la acción estatal, será el vehículo para incorporar las aspiraciones y las necesidades de la paz. De esta forma la acción del Estado se concentrará en las llamadas causas objetivas de la violencia: la pobreza y la inequitativa distribución del ingreso. Ya es hora de que Colombia cuente con una política de paz que involucre en este gran propósito nacional las principales herramientas políticas y económicas con que contamos. 12. Recuperar el monopolio efectivo de la fuerza, precondición de una sociedad pacífica Para lograr la paz el Estado debe recuperar el monopolio de las armas mediante medidas administrativas y reformas legales para evitar que la sociedad civil siga vinculada al conflicto armado. 13. La paz permitirá preservar un patrimonio de la humanidad: la selva húmeda tropical El fin del conflicto implica también la decisión de respetar el patrimonio ecológico de la Nación. Se trazará una frontera agrícola que haremos 36

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respetar, y le propondremos a los países que conforman la Amazonia y la Orinoquia la suscripción de un acuerdo internacional que, respetando desde luego la soberanía de cada Estado, interprete las aspiraciones de los países que suscribieron tratados reconociendo el valor para la humanidad de nuestros recursos en estas zonas como pulmón del planeta y solicitando que jamás llegue a ser escenario de guerra ni de discordia internacional, ni siquiera bajo el pretexto de combatir los cultivos ilícitos. 14. Las vías traen paz Dependiendo de las necesidades de cada zona, la estrategia de paz irá acompañada de obras de infraestructura. Por vía de ejemplo hay que resolver la incomunicación de zonas como el Yarí y el Caguán, o la rehabilitación del transporte veredal e intermunicipal en el Magdalena Medio, o las obras de la Mojana, o la comunicación por Ferry desde Urabá. 15. Los narcocultivos: un problema social cuya solución pasa por el fin del conflicto armado Íntimamente ligado al problema social y a la violencia está el asunto de los narcocultivos. Pienso que éstos no se erradicarán ni con fumigaciones ni con actos de fuerza. El narcocultivo, más que un problema judicial, es un problema social, derivado de la miseria de los miles de campesinos dedicados a esta actividad, arruinados por las equivocadas políticas agrarias de este gobierno. Los países desarrollados deben ayudarnos a ejecutar una especie de “Plan Marshall” para Colombia, que nos permita desarrollar grandes inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional, para ofrecerles a nuestros campesinos alternativas diferentes a los cultivos ilícitos. Invitaré a la Naciones Unidas a participar en este proceso a través de su Programa para el Desarrollo, para que a través de canales institucionales como la Red de Solidaridad Social, el SENA, Bienestar Familiar y otras entidades del Estado participen en este gran propósito de luchar por la paz. Ello será complementado con una reforma agraria integral, que vaya más allá del simple criterio distributivo y ayude a los campesinos con centros de acopio, seguros de cosecha,

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transporte y valor agregado local, que contribuya a crear una industria alimentaria capaz de competir eficientemente en los mercados. Resulta también indispensable, para afrontar con éxito el tema de los narcocultivos y todas sus implicaciones, que pueda llegarse a una solución del conflicto armado interno. 16. Detener la barbarie y defender el derecho a la vida Defenderé del derecho a la vida, a la vida de todos los colombianos, sin excepciones. Los delitos consagrados por los tratados internacionales como delitos contra la humanidad no pueden escapar a la espada de la justicia. Masacres como la cometida recientemente en Barrancabermeja no tienen perdón de Dios. No hay argumento político que las justifique. No toleraré más asesinatos selectivos, como los cometidos recientemente contra ciudadanos de distintas tendencias políticas. No quiero que bajo mi mandato haya colombianos exiliados por razones políticas. A quienes han tenido que expatriarse por ese motivo, les daré todas las garantías y toda la protección necesaria para que regresen al país. 17. Mano dura con los paramilitares Pienso que los llamados “grupos paramilitares” son una de las más preocupantes expresiones de la degradación del conflicto: surgen al impulso de la falta de seguridad, que es una estricta obligación del Estado, y aunque quieran sustentarse en el principio de legítima defensa, inexorablemente devienen en grupos de justicia privada que terminan por ser grupos armados sin control alguno. El hecho de que actúen al margen de la ley y sobre la pretensión de apoyar la lucha contrainsurgente les desprové jurídicamente de estatuto político. Estos grupos contradicen esencialmente del principio del monopolio de las armas en poder del Estado y son un factor gravísimo de la guerra. Por ello no puede concebirse la paz sin acallar sus armas, lo que tendrá que hacerse en un

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escenario distinto del de la negociación de la paz con la guerrilla y como una responsabilidad exclusiva del Estado. 18. Fuerza pública: convivencia al interior y defensa de soberanía Estoy seguro de que las Fuerzas Militares y la Policía Nacional demostrarán una vez más su espíritu patriótico y de profundo compromiso con la paz apoyando sin vacilaciones a su Comandante General en este proceso. Colombia y la democracia tienen una gran deuda con sus soldados y policías, que han defendido con su vida las instituciones en esta azarosa etapa de la vida nacional. Mi Gobierno las respaldará sin vacilaciones ni equívocos mientras tengan que enfrentar la guerra. Y cuando llegue al fin la paz, serán reestructuradas bajo los parámetros de los modernos ejércitos, dentro de una doctrina de seguridad democrática que supere los viejos parámetros de la seguridad nacional, que no tendrán razón de ser en un país pacificado, para que se dediquen con su reconocido profesionalismo a su misión constitucional de resguardar las fronteras de la Patria. En el mismo orden de ideas, la Policía Nacional afianzará su naturaleza de cuerpo civil dedicado a resguardar la seguridad de los habitantes. 19. El mandato por la paz es un mandato para mi gobierno Los diez millones de colombianos que votaron el 26 de octubre por “La paz, la vida y la libertad” le dieron un mandato incontrovertible al gobierno: no más guerra, no más atrocidades. Esta expresión, más que ninguna otra, demostró a qué nivel nuestra sociedad se encuentra saturada por la violencia y la impunidad. Este fue un mensaje claro para todos los dirigentes políticos, económicos y religiosos de que el pueblo colombiano no tolerará más que alguien se interponga en el camino de la reconciliación, no importa su origen o su investidura. Comparto y acepto plenamente este mandato. Es así como este plan de paz se inspira en este mandato y se propone articularlo en políticas y acciones concretas.

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20. Seremos inflexibles en recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacional Pero así como es firme nuestra voluntad de paz y reconciliación entre los colombianos, así mismo debemos ser inflexibles en recuperar la autoridad del Estado en todo el territorio nacional. Casi la mitad de Colombia se encuentra hoy bajo la amenaza de paramilitares y guerrilleros. Su dura ley de intimidación y muerte que subyuga a los campesinos y los desplaza de su zona de influencia ha traído pobreza y abandono al campo colombiano. Así como les ofrezco diálogo, reforma política y asistencia económica para solucionar el conflicto, así mismo les advierto que cumpliré con mi deber constitucional de mantener la autoridad y el orden en todo el territorio nacional. No más masacres, no más crímenes, no más violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. Colombia entera espera que la guerrilla libere a los militares y policías que tiene en su poder. Ellos serán mi preocupación personal a partir de esta noche, en vista de la incapacidad del gobierno para asumir esa responsabilidad. Para ello espero el respaldo de todos los ciudadanos amantes de la paz. En síntesis, apreciados amigos, implantaremos un proyecto de nueva sociedad y un proyecto de Estado para construir la Colombia del siglo XXI. Finalmente, quiero decirles que la paz tiene que ser el gran propósito nacional, que ella quiere el apoyo irrestricto de toda la Nación al próximo gobierno, por encima de consideraciones partidistas y cualquiera que sea el resultado de las próximas elecciones. V. La paz no tiene fórmulas mágicas La paz no tiene fórmulas mágicas, ni es asunto de una sola persona. El enfoque que propongo parte de la cruda realidad que hoy nos agobia. Hay que frenar la barbarie, defender la vida de los colombianos y parar el conflicto. Entiendo que la paz no es sólo asunto de voluntades, ni de la del gobierno ni de la de los alzados en armas sino que es necesario construirla. Con este fin, propongo reconstruir el Estado y recuperar la confianza de los ciudadanos en él. 40

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La reforma política, por lo tanto, es la clave para dar garantías a quienes han estado excluidos o marginados de nuestro sistema político. Ella permitirá que quienes han permanecido relegados del ejercicio del poder y de la participación en política tengan la oportunidad de expresar sus ideas y eventualmente acceder en condiciones de equidad a la administración del Estado. Pero la paz no es sólo una cuestión política. La paz tiene que tener contenido social y económico. Por eso estoy dispuesto a que el instrumento por excelencia del Estado para orientar el desarrollo económico se ponga al servicio del empeño por la paz. En nuestra propuesta la reforma política y el Plan de Desarrollo buscarán como objetivo fundamental la paz y la reconciliación entre los colombianos. También es necesario entender que parar el conflicto y buscar las condiciones para que cese el alzamiento armado es parte de un proceso de solución negociada. Hay dos posturas sobre la mesa que el país conoce: la de las Farc y la del Eln. Estoy dispuesto a avanzar sobre estas bases en la seguridad de que no hay diferencias, por grandes que sean, que hagan posible continuar el baño de sangre que hoy vivimos. La Colombia en paz que yo sueño es aquella donde los colombianos tengan un empleo digno y un ingreso justo, donde los colombianos vivan con tranquilidad y con seguridad y no esclavizados por el miedo, donde haya justicia, donde cada uno sea tolerante y respetuoso con las ideas de los demás, donde no imperen el hambre ni la pobreza, donde no se maltrate a nuestros niños, donde todos ellos puedan asistir al colegio, donde los campesinos puedan trabajar su tierra y generar un ingreso digno, donde nuestros jóvenes estén libres del flagelo de la droga, donde el Estado esté al servicio de los ciudadanos, es decir, un país con auténtica justicia social.

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DE LA RETÓRICA DE LA PAZ A LOS HECHOS DE PAZ Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República. Santa Fe de Bogotá, D.C., 11 de agosto de 1998

La paz es un proyecto nacional en el cual cabemos todos. He asumido el desafío de liderar ese proyecto nacional, convencido de que existe una voluntad colectiva de dejar de ser parte del problema para convertirnos en parte de la solución. Una inmensa mayoría de la Nación ha aceptado mi propuesta de paz como carta de navegación para el siglo XXI. Tengo la convicción que como fruto de las negociaciones, la unidad nacional estará consolidada. Mi entrevista con los máximos líderes de las Farc demostró la seriedad y credibilidad de la Gran Alianza por el Cambio y el reconocimiento de que el movimiento guerrillero es una realidad política. Ha llegado la hora de tomar en serio la agenda de la guerrilla, como condición para romper el nudo gordiano de la mutua desconfianza. Como Jefe de Estado he decidido convocar a la Nación entera por el camino de la paz. De igual manera los comandantes de la guerrilla deberían convocar a todos sus integrantes o frentes para iniciar el camino de la paz. Como comandante supremo de las Fuerzas Armadas asumo con realismo que voy a negociar con fuerzas insurgentes que han expresado su decisión de ser coprotagonistas de la reconstrucción nacional.

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En 90 días o antes, según los avances preliminares, despejaremos cinco municipios que se convertirán en zonas de distensión y laboratorios de paz. Invito a la insurgencia a demostrarle a Colombia y a la comunidad internacional, que el despeje no será un corredor de impunidad para el incremento del narcotráfico. Hemos coincidido con parte de esa comunidad internacional, con los jefes de la guerrilla y con muchos colombianos, que la paz es fundamental para erradicar el narcocultivo, lo cual hace entendible por qué los narcotraficantes son los primeros beneficiarios de la guerra en Colombia. Han dicho los señores jefes de la guerrilla que cuando exista por parte del Gobierno una clara decisión de combatir el paramilitarismo, la paz estará más cerca. Quiero responderles que me comprometo a prevenir con todas mis facultades y con la más clara voluntad política, la punible asociación que pueda darse entre algunos agentes del Estado y los grupos paramilitares; a investigar las denuncias, procurando eficacia en esas investigaciones y a promover la sanción de la conducta indebida. Debo esperar una actitud recíproca por parte de los jefes de la guerrilla con narcotraficantes que operan en zonas controladas por la insurgencia. Los escenarios futuros del proceso de negociación deben ser lugares de transparencia sin cartas marcadas, con negociadores que representen al gobierno y la legitimidad y con negociadores que representen la guerrilla y sus programas. Pero todos unidos en el propósito común de realizar una reingeniería de nuestra democracia que permita una paz duradera y verdadera, para el país del siglo XXI. Estoy invitando a la comunidad internacional y a todos los colombianos a que contribuyamos con un plan al estilo Plan Marshall para la paz en Co44

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lombia. Este plan no puede entenderse como una simple bolsa de recursos, es algo mucho más profundo. Es la suma de recursos educativos, científicos, técnicos, culturales, sociales, económicos y políticos, para potenciar las energías con que cuenta esta Nación, a partir del trabajo honrado de sus hombres y mujeres. De esta manera no quedará un solo colombiano ajeno al proceso de consecución de la paz. La paz tiene objetivos y tiene instrumentos. A veces hemos caído en el error de darle prioridad a los instrumentos descuidando los objetivos. En adelante unas y otras tendrán igual valor. La aceptación de instrumentos como la Convención Nacional, los diálogos regionales y nacionales o la Asamblea Nacional Constituyente, así como el examen de la viabilidad jurídica del canje, implica tener claro el gran objetivo de la transformación política que sirva de sustento a las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales que puedan conducirnos, tanto a las organizaciones guerrilleras como al resto de la sociedad colombiana, a la democracia y al siglo XXI. En ese sentido no tengo miedo a hablar de las Farc, del Eln, del Epl y de las demás organizaciones de cara al siglo XXI, como garantes y coadyuvantes de la paz, el orden, la disciplina, el trabajo y la seguridad de todos los colombianos. Las Fuerzas Armadas que comando, pueden ser fuerzas armadas para la paz o para la guerra. En ambos escenarios tienen que ser eficientes. Paradójicamente es este un punto de partida de unas negociaciones serias. Para mi Gobierno la paz es el más serio de los temas. Espero que para la insurgencia también lo sea. Como vocero de la Nación colombiana entiendo que la afirmación anterior, me impone deberes de transparencia, y de juego limpio. En lo posible la insurgencia también debiera imponerse deberes semejantes. HECHOS DE PAZ V

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Aún la más sucia de las guerras tiene límites. Esos límites se encuentran en el derecho internacional humanitario, en el derecho de gentes y también en la misma condición humana. Pero todos sabemos que más importante que humanizar la guerra, es terminarla. Todo el Gobierno y seguramente en un futuro muy próximo todo el Estado, con el apoyo de la sociedad civil y la facilitación de la comunidad internacional, somos responsables de llevar a feliz término este anhelo multitudinario de paz. Por eso, y por mi condición de liderar personalmente el proceso, he dicho que no quiero construir una burocracia de la paz. De igual manera, seré inflexible para asegurar una sola vocería de la paz, la cual corresponde privativamente al Presidente de la República o en su defecto al Alto Comisionado de la Paz. Recientemente importantes voceros de la sociedad civil han hecho contribuciones para la paz que examinaremos con el mayor cuidado, porque seguramente muchas de ellas fecundan el camino de la paz. Desde hace varios años diversos organismos de la sociedad civil y otros de carácter institucional vienen trabajando con patriótico empeño en iniciativas de paz. Tengo la seguridad que acogerán mi llamado para trabajar unidos con una sola partitura, lo cual no significa postergar sus intereses u objetivos concretos. Sé muy bien que todos coincidimos en la urgente necesidad de hacerle la guerra a la guerra. La paz no tiene color político; la paz no tiene diferencia de clases sociales; la paz ha de ser el punto de encuentro de todos los colombianos. Doctor Víctor G. Ricardo: usted es un hombre valeroso y leal, con una hoja de vida relacionada principalmente con la gestión política. Las importantes responsabilidades que hoy asume garantizan un proceso serio, respon-

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sable y discreto. Garantizan además coherencia para que la dispersión y el protagonismo no perturben el desarrollo normal de los intercambios y la construcción de un clima de confianza. En este propósito es esencial la comprensión y colaboración de los medios de comunicación. He asegurado para su gestión, doctor Víctor G. Ricardo, instrumentos y apoyos institucionales del más alto nivel: su presencia permanente en el Consejo de Ministros y en el Conpes, el establecimiento de un gabinete especial de paz y los actuales instrumentos jurídicos e institucionales que obran por Ley de la República o decreto del ejecutivo, facilitarán su tarea. Señoras y señores: debemos pasar de la retórica de la paz a los hechos de paz. Con la ayuda de todos podemos lograrlo. Que el Dios de Colombia nos bendiga.

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HACIA EL CAMINO DE LA PAZ

Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Cartagena, 21 de agosto de 1998

Compartir con ustedes algunas ideas sobre el proceso de paz, constituye un honor que agradezco y una ocasión muy excepcional para convocar el liderazgo empresarial a participar en la creación de hechos, que transformen la realidad cotidiana de nuestra amada Colombia.

Los Empresarios y la Paz El empresario está seriamente preocupado por los síntomas del acelerado deterioro de la situación nacional. La ciudadanía percibe el nuevo gobierno y la puesta en marcha del proceso de paz, como la oportunidad de revertir la tendencia hacia la desintegración de la sociedad colombiana que ha caracterizado los últimos años. Las manifestaciones de las crisis que vivimos tienen un alto costo para el país. Generan pobreza para grandes sectores, elevan los riesgos de los empresarios, limitan los beneficios de la subversión, promueven el rezago, restan competitividad a la producción y condicionan, negativamente, las posibilidad de un crecimiento económico más acelerado. El avance de los enfrentamientos ha generalizado la violencia en todo el territorio nacional y sus consecuencias amenazan a los ciudadanos, sin distinciones de ninguna especie. La recuperación de la concordia y el establecimiento de una convivencia civilizada, son condiciones necesarias para el bienestar del pueblo colombia-

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no, el crecimiento económico y el desarrollo. Para los empresarios, apoyar los esfuerzos de pacificación y contribuir a cimentar una paz duradera y sostenible, es una necesidad impostergable. El deterioro de la convivencia, la violencia y la subversión, atentan contra la sociedad colombiana. Los empresarios quieren la paz, respaldan las acciones para poner fin al conflicto armado y juzgan prioritario el fortalecimiento de las instituciones encargadas de asegurar una justicia oportuna, frente a las formas de delincuencia que resultan de la guerra. La solución militar no es posible como única forma de responder al conflicto. El diálogo con las fuerzas subversivas es una urgente necesidad. El avance del narcotráfico y su poder de corrupción, amenazan el contenido político de la insurgencia, dificultando todavía más la negociación. En su propuesta de pasar de la retórica de la paz a los hechos de paz, el señor Presidente señaló que la paz es un proyecto nacional, en el cual cabemos todos y que el proceso está orientado por la manifiesta voluntad colectiva de dejar de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución. La decisión del despeje como zonas de distensión y laboratorios de paz, es también reconocimiento a la seriedad de la decisión de la guerrilla de ser coprotagonista de la reconstrucción nacional, expresada en su agenda. Ello implica responsabilidades recíprocas. De un lado, de quienes actuamos en el marco de la ley y a nombre de la democracia, la obligación de una conducta impecable que dé valor a la palabra en el ejemplo de la acción. Del lado de los insurgentes, establecer linderos claros entre sus propuestas y acciones políticas y las actividades delincuenciales. Se trata de viabilizar el diálogo entre contrarios, a partir del reconocimiento del otro, como contradictor válido. Para lograr un propósito común, el de realizar una reingenieria de nuestra democracia que permita una paz duradera y verdadera para el país del

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siglo XXI, es necesario aprender a respetar las diferencias, la diversidad y especificidad que caracterizan los múltiples intereses que se expresan en la realidad política, económica y social de la Nación. Colombia enfrenta uno de los momentos más definitivos de su vida republicana, cuando su crisis nacional, fruto de numerosas crisis parciales que se han acumulado a través de los años, ha llegado a un punto donde su agravamiento y generalización, comprometen seriamente su futuro. La subversión, el narcotráfico y el paramilitarismo son manifestaciones agudas de esa situación. Sin embargo, es un momento de esperanza, por los cambios significativos que se han dado en la opinión pública, que finalmente se reconoce comprometida con la crisis y con la solución. Lo es también por la preocupación y el interés creciente de la comunidad internacional, con la suerte del país y su creciente voluntad para apoyar activamente los esfuerzos nacionales, tendientes a afrontar con decisión y realismo el camino de la superación y de la presente situación. En Colombia urge que se pueda confrontar de manera directa y personal, las distintas posiciones, visiones, sueños y expectativas de los ciudadanos, para una mejor comprensión de la realidad y de sus posibilidades; de las del país pero también, de las de los distintos actores. Lograrlo hará posible la cesación del conflicto interno, la superación del problema del narcotráfico, así como la definición y ejecución de un plan de desarrollo de largo plazo para construir la paz, consolidar la democracia, garantizar la vigencia de ley y de los derechos humanos, y una economía que a partir del absoluto respeto y apoyo al trabajo honrado, garantice grados crecientes de prosperidad, compartida por los distintos sectores económicos, sociales y regionales.

Narcotráfico y Subversión La debatida relación entre el narcotráfico y la subversión es un punto neurálgico para definir su tratamiento y el camino a seguir interna e in-

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ternacionalmente. Crecientemente en el país y en el exterior, se reconoce un hecho fundamental y es que la continuación del conflicto interno colombiano dificulta enormemente la lucha contra los narcocultivos y por consiguiente contra el narcotráfico, y hace que ésta alcance unos costos desproporcionados en términos sociales, políticos, ambientales y aún económicos y que sus resultados sean deleznables frente a la gravedad de la situación. Por parte de los grupos subversivos, las Farc en especial, se han enviado señales a actores nacionales, norteamericanos y agencias de organismos internacionales, en el sentido de que podrían aceptar una acción decidida y concertada para acabar con los narcocultivos en el país, desarrollar un ambicioso pero realista programa de desarrollo alternativo, en las regiones de cultivo y colaborar para desterrar del territorio nacional al narcotráfico, que se alimenta de los narcocultivos. El conflicto interno colombiano como ya se dijo, se inscribe en una crisis general de la sociedad que tiene dimensión histórica. Todos los estamentos de esa sociedad, especialmente los que no han estado excluidos de su desarrollo, tienen responsabilidad en la situación presente y en el diseño y ejecución de las soluciones que se acuerden. Este punto es fundamental para abordar el tema militar, pues el principal temor de este cuerpo social es terminar sacrificado en las negociaciones, condenado de manera indiscriminada. Los militares, al igual que todos los estamentos de la sociedad, necesitan reformas profundas para que puedan ser activos y creativos, en el proceso de reconstrucción nacional. Esas reformas las deben asumir con lucidez, sin trasplantar modelos de otros países. La situación colombiana tiene elementos específicos que no permiten trasladar las experiencias de otras negociaciones recientes, en especial las centroamericanas, pero sí aprender de ellos que es posible negociar un conflicto por complejo que éste sea. Los ejércitos del hemisferio están llamados a pasar de la estrategia de la seguridad nacional, en el marco de las guerras de baja intensidad, a una defensa de los derechos humanos y de los métodos democráticos para en-

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frentar el conflicto social e ideológico. El ejército colombiano, inmerso en el conflicto interno en curso, tiene dificultades para asimilar ese cambio. Por ello, el tema del paramilitarismo y la violación de los derechos humanos están en el corazón del problema colombiano, en el momento presente, y debe de atenderse de inmediato. Las fuerzas militares y de policía deben ser eficaces en el cumplimiento de su deber constitucional, pero siempre en el marco de las leyes.

Las Élites de Poder y la Paz De la posición que asuman las élites de poder depende, en una buena medida, la suerte que tengan las iniciativas de paz en Colombia. El empresariado nacional en su conjunto busca tener una participación activa y propositiva en todo el proceso que conduzca a la paz. No quieren ser simplemente los que “firmen los cheques de la paz”. Es posible y conveniente adelantar con el conjunto del empresariado, una verdadera interlocución política. Debe discutirse con ellos la suerte de temas fundamentales para el futuro del país y que son necesarios para garantizarle su sostenibilidad a largo plazo. Entre otros se pueden mencionar el empleo, el manejo de crédito, la educación y el desarrollo del talento humano, la descentralización y la vida de las regiones, y el reconocimiento efectivo de la igualdad de oportunidades. Los empresarios ya entienden que en Colombia deben analizarse con realismo, un conjunto de temas de fondo, cuya importancia no habían apreciado plenamente antes del agravamiento de la crisis nacional. Los empresarios consideran que la guerra y la paz son asuntos de la sociedad pero que es el Estado, dirigido por un gobierno legítimo y con una clara representación, quien debe liderar el proceso de negociación, con el pleno apoyo de las fuerzas sociales organizadas.

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Sociedad Civil, Negociación y Construcción de la Paz Es necesario reconocer, a partir de las experiencias colombianas en el tema, que la paz no puede ser objeto de una negociación instrumentalista, pues exige un proceso continuado, coordinado y profundo de cambios, para construirla, para desarrollarla, para llenarla de contenidos de democracia, de participación, de equidad y sostenibilidad en todos los frentes. Un bienestar excluyente no es sostenible ni en lo social, ni en lo político, ni en lo ambiental, ni en lo económico. Se trata de una tarea de construcción nacional, no de simple negociación, desmovilización y desarme. El conflicto armado colombiano tiene expresiones regionales propias con especificidades territoriales alimentadas, entre otras, por la débil y desigual presencia del Estado y por la ausencia de un proyecto de sociedad signado por la legitimidad y el consenso. Esta situación debilita la gobernabilidad y dificulta el afianzamiento de una identidad colombiana que se sustenta en propósitos comunes y en la vigencia de pautas básicas de convivencia. Es en las regiones en donde toman cuerpo los acuerdos, las políticas y los proyectos que deberán abrirle el camino a la terminación de la guerra y a la construcción de una sociedad capaz de enfrentar sus conflictos por medios pacíficos y democráticos. Pero es en la distancia nacional donde se negocian y se introducen las modificaciones de fondo en el ordenamiento político, económico y jurídico que se requieran; es allí donde se afianzan los valores comunes que se permitirán aclimatar la convivencia en los ámbitos regionales y locales. La experiencia reciente indica claramente que la posibilidad misma de las negociaciones, para no hablar de su éxito, depende de que el poder político que la lidere, sea considerado legítimo, tanto por la sociedad como por la insurgencia. La negociación no involucra sólo a los agentes armados, sino el conjunto de la sociedad bajo la dirección del gobierno. Es la presencia de esa

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sociedad, la que legitima realmente los acuerdos firmados y, sobre todo, la que les garantiza su cumplimiento en los hechos. Es fundamental mantener orden en el manejo de las iniciativas, propuestas y contactos entre las partes, para evitar confusiones y contradicciones, con el consiguiente debilitamiento de las condiciones para adelantar las negociaciones. Un ambiente de anarquía en el proceso puede generar prevención y aún desconfianza en participantes tan importantes, como son los empresarios y los militares. Algo semejante puede decirse de la cooperación internacional, cuyos proyectos deben, igualmente, ser canalizados y ordenados.

La Cooperación Internacional, un Plan Marshall para Colombia La comunidad internacional empieza a tener una visión renovada, más compleja y por ello más realista de la realidad del narcotráfico en el escenario colombiano. Ese cambio permitirá que en el conjunto de los países amigos, le dé un trato diferente a la situación del país en el presente inmediato y en el mediano plazo. No se trata sólo de la cooperación para lo concerniente a la negociación y a velar por el cumplimiento de los acuerdos, sino también la participación decidida en la estructuración, financiación y ejecución de un ambicioso proyecto de desarrollo a largo plazo, para construir las bases de la paz, sustituir los cultivos y garantizarle la plena sostenibilidad al proyecto nacional que se ha acordado en el marco de las negociaciones. Se trata de un verdadero Plan Marshall para Colombia que permita organizar las iniciativas, canalizar los recursos y adelantar una acción mancomunada que dé una respuesta eficaz a las necesidades de las zonas marginadas. En las modificaciones de las estructuras y procesos socioeconómicos que surgirán en las negociaciones ocuparán un lugar destacado los asuntos HECHOS DE PAZ V

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rurales, a través de una política agropecuaria de desarrollo rural que garantice, entre otras, que la reforma agraria a realizarse se traduzca efectivamente en el mejoramiento continuado de la capacidad productiva del país, en un aumento significativo de la población de pequeños y medianos agricultores, que se organizarán como empresarios para acometer proyectos que tengan claras y verificadas posibilidades de suceso económico. Para ello hay un número importante de tierras, dedicadas al narcocultivo y otras abandonadas que serían fundamentales en este proyecto.

Una Asamblea Nacional Constituyente para sellar el nuevo Pacto Social y Político Los acuerdos de paz, al implicar un nuevo pacto social y político, dan origen a nuevas reglas de juego y de allí el tema de una Asamblea Constituyente. El trabajo de esa Asamblea buscaría, el espíritu aún no desarrollado de la Constitución de 1991, abrirle el camino a la consolidación de un Estado social de derecho como realización de la democracia y alejado de toda tentación totalitaria, cualquiera que sea su signo ideológico, y en consonancia con las nuevas realidades internacionales surgidas del proceso de globalización y sus claros impactos en los diferentes órdenes de la vida de la Nación; en lo económico, en lo social, en lo ambiental, en lo cultural y en lo jurídico normativo. Para superar la crisis, el empresariado reconoce la necesidad de reformas y estoy seguro que apoyará los procesos de concertación con el Congreso, los insurgentes, entre otros, para realizarlos. Igualmente respaldan los cambios que garantizan la igualdad de oportunidades para todos y el derecho de los ciudadanos al trabajo y al bienestar, tanto en las ciudades como en el campo. Más allá de recursos financieros, el país reclama la inteligencia, los sueños, la audacia y la seriedad de las personas dedicadas a la actividad empresarial para construir un régimen de oportunidades y de iniciativas, 56

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derivado de la globalización y la descentralización característica de la vida contemporánea que viabilice económicamente el trabajo nacional. Con un optimismo realista, al que no se le oculta el dolor que desgarra la vida de miles de compatriotas, quiero invitarlos a iniciar una expedición por el conocimiento de los oficios en el territorio, que nos permita acometer la construcción del espíritu nacional a partir de valorar y valorizar el trabajo honrado, fuente de la dignidad del ciudadano. Y si hablamos de una transformación de la sociedad que permita construir la paz y consolidar la democracia, debemos referirnos a la calidad de vida ciudadana. Tal vez el síntoma más aberrante de la situación del país es la resignación de miles de compatriotas de ser incluso masacrados, porque la precariedad de las alternativas es igualmente indeseable. Estoy convencido de que todos los colombianos somos capaces de desarrollar un comportamiento social estructurado en la cortesía, el humor, y la estética. Nuestro territorio tiene la capacidad de brindar condiciones de arraigo a sus pobladores. En cuestión de generar ámbitos articuladores de economías promotoras y comunidades científicas que tiendan puentes entre lo local y lo global y estimulen la formación de individuos autónomos y aptos para satisfacer sus necesidades y contribuir al bien común. No se trata de plantear un ejército meramente redistributivo, sino de estimular las potencialidades del pueblo para que con su esfuerzo contribuyan a la solución de los problemas de la Nación. En este sentido ha dicho el señor Presidente que la paz es la prioridad que compromete las tareas del Gobierno. Ello implica una visión que funde las políticas económica y social dentro de un todo coherente a la estructuración de un modelo de desarrollo que garantice la competitividad, la sostenibilidad y la equidad de la sociedad colombiana. Tenemos que abordar la coyuntura con visión de largo plazo y generar un ordenamiento estratégico de las prioridades que incremente la pertinencia en la focalización de los recursos disponibles y facilite la alineación de distintos intereses hacia un propósito común de bienestar.

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La reconstrucción del sentido de lo político debe permitir a cada quien, desde sus responsabilidades e intereses particulares, contribuir a la consolidación de la unidad nacional a partir de la generación de espacios fértiles para la materialización de sus esperanzas y ambiciones en los marcos de una ley y un orden, legítimos en tanto asimilables por las conductas cotidianas de los ciudadanos. La tarea es ardua y nos involucra a todos, los invito a participar en un ambiente de libertad, lealtad y transparencia, con su lucidez y entusiasmo, en este esfuerzo patriótico de creación colectiva al que hemos sido convocados todos los colombianos por el Jefe de Estado.

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ESPACIO PARA LA PAZ

Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República. Santa Fe de Bogotá, D.C., 14 de octubre de 1998

Colombianos: Apoyado en la Constitución y la Ley, que juré cumplir como Presidente de Colombia y con la confianza irrestricta en la capacidad de reconciliación de los colombianos, he tomado la decisión de ordenar el despeje por parte de la Fuerza Pública en los municipios de Uribe, Mesetas, Macarena, Vista Hermosa del departamento del Meta y de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá. Esta medida estará vigente durante 90 días y tiene como finalidad facilitar los diálogos entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Farc, que puedan conducir a un proceso de paz consolidado y firme. Esa paz que nos ha sido tan esquiva y que anhelamos todos, para terminar por fin con largos años de conflicto, de desgarramiento interno, de crueldad y violencia. La inmensa mayoría de los colombianos quiere la paz y está dispuesta a pagar el precio por ella, siempre y cuando signifique más democracia, más justicia social, más igualdad de oportunidades. Siempre y cuando podamos conservar con ella nuestro Estado de Derecho, cuya defensa nos ha costado tantos años de esfuerzo y sacrificio. La oficina del Alto Comisionado para la Paz ha cumplido una difícil tarea de consulta y pedagogía política bajo la dirección del Presidente en busca de los consensos imprescindibles para lo comprensión del significado del despeje, el cual busca en primer lugar crear un clima de confianza, para un diálogo sobre los problemas fundamentales del país y la búsqueda de acuerdos para solucionarlos.

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La paz de Colombia no será una paz de vencedores ni vencidos, sino la construcción de una nueva democracia. Esa es la salida que señala una negociación política. Con las Farc coincidimos en señalar la existencia de una Colombia en donde hay injusticia, exclusión y desigualdades sociales. Considero ello un punto de partida para iniciar los diálogos de paz. Igualmente también hay coincidencia en el propósito de erradicar para siempre de Colombia el flagelo del narcotráfico, una necesidad impostergable de la Nación colombiana que requiere una apoyo audaz por parte de la comunidad internacional. En general, hago un llamado al Secretariado de las Farc para que aprovechemos esta oportunidad y sin temas vedados le demos sentido al diálogo para convertirlo en una negociación sincera que conduzca a una paz verdadera y sostenible. El diálogo es una oportunidad de recomposición colectiva. No puede quedar nadie por fuera del resultado de esa acción de recomposición. Estamos en el momento histórico en el cual debemos pasar de la retórica de paz a los hechos de paz. Tenemos la obligación de crear espacios de confianza que permitan afianzar la credibilidad del proceso que tenemos por delante. Buscamos un nuevo capítulo de la historia de Colombia que fortalezca la unidad nacional proyectada vigorosamente hacia el siglo XXI. Las instituciones serán reformadas, para así consolidar las bases de una sociedad que cada día sea mejor. Se trata que el Estado, el pueblo, la Nación entera, salgan fortalecidas de la reconciliación con aquella parte de Colombia que hasta la fecha se ha manifestado por la vía de las armas. Muchos procesos de paz han conducido a un escenario de grandeza donde cabemos todos. Las transformaciones que surjan de éste y de todo esfuerzo de paz, tendrán la capacidad de dirigir el país hacia un futuro de convivencia y respeto; porque serán leyes para todos y no para el beneficio de unos pocos.

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Quienes hoy encuentran en el ejercicio de las armas su única razón de existir, mañana encontrarán en la ciencia, la tecnología, el trabajo, la producción, la cultura, el arte, la libertad y el ejercicio político, un magnífico menú de opciones y esperanzas. No sólo todos tenemos que reformarnos, sino que todos tenemos que modernizarnos. Ningún colombiano, incluida la guerrilla, quiere que la paz se haga a espaldas de las Fuerzas Armadas. Todo será compartido con ellas. Si hay paz el joven oficial de hoy en el año 2030 cuando sea general de la República estará dedicado a cuidar nuestras fronteras, nuestros mares, nuestro oxígeno, nuestros recursos naturales. La Fuerza Pública no puede ser vencida, ni va a ser vencida en las negociaciones de paz porque entonces el vencido sería el Estado colombiano. Lo que vamos a vencer es el abuso en el ejercicio de la función pública que conduce a la ilegitimidad y al colapso de la democracia. El proceso de paz precedido del gran diálogo en las zonas de distensión, será una oportunidad de abrir nuestro corazón al mundo. Eso significa transparencia, compromiso democrático y capacidad de recibir los beneficios de la civilización. A las autoridades regionales y locales, a las comunidades y a las organizaciones sociales en las zonas de distensión, quiero decirles que éstas servirán para unirlas más estrechamente al conjunto de la Nación colombiana. En esos municipios tenemos mucho que aprender sobre ecología, aire, agua, oxígeno, animales y árboles que se están extinguiendo en otras partes y que allí viven y allí se reproducen. No por casualidad forman parte de un ecosistema esencial para el futuro del mundo, que es la Amazonia. Colombianos: gobernar un país como el nuestro no es fácil. Pero es profundamente satisfactorio por la calidad de nuestra gente y nuestras riquezas culturales y naturales. Quiero decirles que si avanzamos firmemente en la paz, dejaremos atrás los costos de la guerra y los elevados

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recursos que tenemos que destinar hoy para defendernos de la muerte, podremos destinarlos mañana para construir vida. A partir de la fecha he dictado las medidas necesarias para que se lleve a cabo la instrumentación necesaria que permita a partir del 7 de noviembre y hasta el 7 de febrero de 1999 llevarse a cabo la verificación de la orden presidencial y el diálogo que conduzca a viabilizar la salida política al conflicto armado. Con la ayuda de Dios y de todos ustedes, conservadores, liberales, independientes, guerrilleros, hombres sin partido, es decir, de Colombia, estamos cumpliendo.

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LA PAZ NO PUEDE SER UN DIÁLOGO DE SORDOS Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Popayán, 18 de octubre de 1998

Es grato para el Alto Comisionado intercambiar con ustedes sobre el proceso de paz, convertido cada día más en el gran proyecto nacional. Después de haber dialogado con muchos de ustedes el Gobierno tiene la tranquilidad de sentirse acompañado en la política de la reconciliación, por quienes en cada departamento son agentes del Gobierno Central. Sé muy bien que ustedes asumen patrióticamente la corresponsabilidad en el proceso, como garantes en sus regiones de el Estado de Derecho y gestores de democracia. Esa responsabilidad compartida exige recíprocamente una información transparente, permanente y fluida por parte del Gobierno Nacional. Esa información no puede estar limitada por circunstancia distinta de la ineludible reserva necesaria para proteger la confianza y la seguridad del proceso. Muchas veces se ha pretendido convertir el proceso de paz en un ejercicio de contraprestaciones recíprocas. Una interpretación arrogante pretende confundir el espíritu nacional con la tesis peregrina de que "lo estamos dando todo a cambio de nada". Es esta una visión empobrecedora tanto del conflicto, como del proceso de paz. Afirmo lo anterior, porque sé muy bien que si el país acompaña a su Presidente en la búsqueda de la paz, es porque tiene claro que nuestro

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holocausto de violencia no puede continuar. Es porque sabe que si no frenamos la confrontación, el país terminará sucumbiendo en una tragedia que ya es vergüenza histórica frente al mundo y frente a nosotros mismos. Para conseguir la paz, el señor Presidente estará siempre enmarcado en sus facultades legales y constitucionales. Ni un milímetro más allá. Pero de igual manera los demás poderes del Estado y los poderes regionales y departamentales deben tener confianza en el liderazgo del Presidente y la seguridad de que en todo momento, obrará en nombre de la Nación, porque la Nación entera quiere la paz. Hoy voy hablar de qué es y qué no es el proceso de paz. El proceso de paz es en primer lugar una garantía de unidad nacional. Como les dije, no es una balcanización que ponga en peligro nuestro destino histórico de Nación unitaria. Es un esfuerzo de reconciliación entre contrarios que buscan una agenda común, de cara al mundo, al siglo XXI, para resolver las contradicciones en procedimientos civilizados y no con métodos bárbaros. No es el proceso de paz el encuentro entre banderas de victoria y trapos empolvados de derrota. En él no habrá vencedores ni vencidos. La paz no mira por el cañón de los fusiles; la paz mira por los ojos de la esperanza. No puede estar lejano el día en que el fusil deje de ser un arma para la guerra y se convierta en un instrumento para la paz. El proceso de paz no es un proyecto sectorial, refundido entre muchos programas de una planificación que sea escrita, porque la guerra no la deja convertir en realidad. El proyecto de paz es el gran proyecto nacional. Es la síntesis programática de la GRAN ALIANZA PARA EL CAMBIO, y no un plan de acción periférico de cuatro años de gobierno. Invito a los señores gobernadores a compartir la esperanza de la paz como la meta principal de sus tres años de mandato. Para ello es importante

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convertir los diálogos de paz en un gran ejercicio en cada entidad territorial. Sé muy bien que la insurgencia comparte este objetivo. Cuando el Gobierno ha insistido en una vocería única del proceso de paz, es porque tiene claro que de otra manera nunca podremos llegar a una participación ordenada y masiva en la construcción de la paz. Si cada cual hace lo suyo, y lo hace bien, con seriedad, con discreción y con responsabilidad, el proceso de paz estará protegido del exceso de partituras y del torbellino de los protagonistas. El papel de las regiones y de los departamentos en el proceso de paz no es otro que rescatar la racionalidad de nuestro sistema productivo agrario. Es la única manera de evitar que las grandes ciudades continúen ahogadas por los cinturones de miseria y que el centralismo disuelto, ceda por fin el terreno a la participación regional y departamental, armónica, equitativa y sostenible. En los últimos años las migraciones campo-campo y ciudad-campo, sumadas al descomunal proceso campo-ciudad, nos están indicando que hay una transformación demográfica que nos obliga a reflexionar seriamente sobre lo que está pasando con el conjunto de nuestro territorio. Señores gobernadores: ese será uno de los temas cruciales de los diálogos de la paz: qué está pasando con nuestros campos, nuestras regiones, nuestros ecosistemas, nuestra fauna y nuestros recursos naturales. Con nuestras fronteras y con nuestro patrimonio marítimo. Recurriendo a la expresión popular “no vamos a ponerle conejo a la paz”, esperamos que la insurgencia tampoco le ponga conejo a la paz. De allí, que los instrumentos de la paz como el despeje, las reformas políticas, las facultades al ejecutivo, la suspensión transitoria de los procedimientos judiciales del indulto, de la amnistía, la liberación de secuestrados, el otorgamiento de estatus político, el reconocimiento de miembros y voceros, constituyen un conjunto de mecanismos que deben

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manejarse con prudencia, con cautela y con absoluta transparencia entre los protagonistas del proceso de paz. Por eso las ineludibles interconsultas con los actores del conflicto no son una muestra de debilidad, sino una muestra de seriedad en la estrategia y en la táctica. Como tampoco es debilidad oír y entender las razones del otro. Si somos sinceros, tenemos que aceptar que en buena medida los diálogos de paz han fracasado en Colombia porque hasta la fecha han sido un diálogo de sordos. Es muy fácil de posar de intransigente y de “duro” cuando no se tiene un hijo secuestrado por servirle a la patria o por sustraerle dinero a la familia; cuando no se vive el dolor de la muerte por violencia en el campo y en la horrible inseguridad en las ciudades; cuando no se ha sido torturado, desaparecido o se padece persecución. Es muy fácil oponerse a la paz cuando no se está desempleado ni hay la angustia de educar a los hijos, salvar la parcela o la vivienda o la salud de la familia. Es muy fácil ser irresponsables frente a la paz cuando el horizonte de la vida está despejado. Pero el deber del señor Presidente es hacer hasta lo imposible para que cese el holocausto y el campo vuelva a florecer y las ciudades a ser seguras y lo que gastamos en la guerra lo podamos dedicar a darle un futuro a la juventud y una tranquilidad a la vejez. Estas verdades son humildes, pero son profundas y las entiende la gente. Señores gobernadores, ustedes llevan sobre sus espaldas y en sus preocupaciones de gobernantes la tremenda crisis de los departamentos y de las regiones: crisis financiera, crisis de gerencia, crisis de viabilidad. Sabemos lo difícil que es para ustedes administrar regiones al borde del colapso. Quiero decirles que la paz es la última oportunidad de los departamentos y de las regiones para ser una alternativa de desarrollo local y de contribución a la unidad nacional.

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Sin el apoyo de ustedes la reconciliaci贸n es una tarea imposible. Con su apoyo y su generosidad es una tarea llena de posibilidades. El se帽or Presidente ha repetido a los colombianos y a la comunidad internacional que la paz en Colombia puede estar muy cerca o puede estar muy lejos. Una u otra alternativa depende de lo que hagamos todos los colombianos y cada colombiano, con nuestro liderazgo y con nuestra generosidad.

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LA PAZ NO SE HARÁ A ESPALDAS DE LOS DEPARTAMENTOS Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Popayán, 20 de octubre de 1998

Agradezco esta nueva oportunidad de reunirme con ustedes para aproximarnos al tema del papel de los departamentos en el proceso de paz, proceso que debe consolidar y no balcanizar la unidad nacional. Ese compromiso con la unidad nacional, no solamente es un mandato de la actual Constitución, sino que debe serlo en las futuras transformaciones de la Carta Magna que sean el cemento articulador de los acuerdos de paz. Unidad imprescindible para el nuevo pacto de gobernabilidad; para la defensa estratégica de nuestras fronteras y para nuestro destino histórico como país democrático. Pero la teoría política contemporánea se orienta a definir la mayor o menor fortaleza de un Estado nacional solamente como resultado de gobiernos regionales y locales fuertes y participantes. Nuestra región Caribe, nuestra región Andina, nuestra región Pacífica, nuestra Orinoquia y nuestra Amazonia harán de Colombia un país líder en la medida que cada una de ellas sea región líder. Numerosos estudios nacionales e internacionales sobre el conflicto y la violencia en Colombia analizan el problema del reordenamiento territorial como el nudo gordiano que debe romperse para conseguir la anhelada paz.

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Ese reordenamiento tiene en la reforma agraria su expresión jurídica; en la descentralización su expresión política y en el desarrollo del talento humano su expresión participativa. Reforma agraria, descentralización y desarrollo del talento humano, son la trasescena, es decir, el cemento articulado del gran escenario de la paz en Colombia. Ese escenario distribuye el libreto para los principales papeles de unos protagonistas que a pesar de sus contradicciones pueden llegar a acuerdos sobre lo fundamental, siempre y cuando sean respetados como diferentes y no se pretenda asimilarlos con marrullerías políticas, con bravuconadas o mediante victorias ficticias que se ganan en la capital de la República a través de los medios de comunicación y se pierden en las regiones y los departamentos en la amarga realidad, como la que todos los días y en todo momento padecemos con el nombre y las dimensiones de un demencial holocausto. La paz, señores gobernadores, no es una de tantas alternativas; por el contrario, la paz es la única alternativa. Para que lo anterior no sea solamente una frase retórica, quisiera compartir con ustedes dos evidencias que cada día están en la agenda de sus preocupaciones como gobernantes: en primer lugar, por causa del conflicto, los departamentos líderes están viviendo el decaimiento de su liderazgo. Ese decaimiento se debe exclusivamente a la incapacidad de interactuar con el Estado central, porque el Estado central, a causa de la crisis, es apenas un fantasma de su antiguo esplendor. Hemos llegado a la paradoja de un Estado rabiosamente centralista y terriblemente vulnerable a causa de ese centralismo. El Estado colombiano, en las actuales condiciones, no puede dejar de ser centralista porque aceleraría su fin; pero si continúa siéndolo, cada día perderá más viabilidad. Esta encrucijada solamente podrá resolverse con una paz firme y sostenible. En segundo lugar, la nueva Constitución que data de 1991 y las reformas del régimen municipal y departamental, a pesar de reconocer a los

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departamentos como realidades culturales, sociales y económicas, los destituyeron como realidades políticas. He ahí la clave de una de las más graves crisis de la gobernabilidad en Colombia. El derecho francés, que sigue siendo la mayor fortaleza teórica del sistema de “unidad política y descentralización administrativa”, ha sido extrañamente abandonado por los seguidores criollos del modelo anglosajón que sustenta la fortaleza teórica de los regímenes federales. La Constitución de 1991 bebe en las fuentes del pensamiento anglosajón, que sirve para el régimen federal pero no para el régimen departamental. La única solución a esta otra encrucijada es que a través del proceso de paz y desde el pensamiento colombiano encontremos el ropaje jurídico y político que sirva para vestir con las medidas exactas la nueva realidad de un nuevo modelo de desarrollo. La insurgencia ha aceptado de manera explícita, unas veces ante el señor Presidente de Colombia y otras ante el Alto Comisionado para la Paz, que está dispuesta a construir con el conjunto de la Nación colombiana, desde los municipios, las regiones y los departamentos, ese tercer escenario de convergencia, que significa en primer lugar, óigase bien, en primer lugar un reconocimiento o expedición sobre el conocimiento del territorio, capaz de estimular la economía promotora adecuada al desarrollo de los departamentos y las regiones. Esa economía promotora tendrá en cuenta ventajas comparativas y realidades locales y regionales frente a las cuales lo político tendrá gran flexibilidad. Por ejemplo: cultivos agroindustriales de gran plantación como sucede con la palma de aceite necesitan espacios territoriales amplios y adecuados; naturalmente en ellos no puede pensarse con una mentalidad parcelaria. En esos enclaves de economía promotora los temas prioritarios del

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desarrollo local, de la igualdad de oportunidades, de autosuficiencia y de desarrollo del talento humano son los prioritarios, teniendo como eje una mentalidad contemporánea de respeto a la propiedad, pero de ambiciosa redistribución del ingreso de la ganancia y del excedente. Una filosofía que reivindique el valor del trabajo honrado como generador de riqueza. Regiones como la Amazonia y la Orinoquia deben suscitar convenios interdepartamentales, no sólo de departamentos limítrofes para vastos desarrollos de ciencia y tecnología referenciados con el oxígeno, el agua, la fauna, la flora y el bosque. Con las tradiciones culturales, los rituales del respeto y la conservación y el uso austero y democrático de los bienes de la naturaleza. En estos escenarios, como en todos los descritos, la universidad regional, una de nuestras fortalezas como país, tiene que desempeñar un papel protagónico. La reforma agraria campesina, otra de las metas de los diálogos de paz, no puede darse si no está simbióticamente integrada a proyectos empresariales, nacionales e internacionales ubicados con sostenibilidad en áreas geográficas que tengan la infraestructura necesaria y un acceso racional a los mercados realmente mayoristas. La reforma agraria no puede servir para expulsar población campesina de zonas en las cuales el Estado ha hecho inversiones importantes. Como decía un notable empresario antioqueño, no podemos seguir invirtiendo recursos descomunales en carreteras, energía, riego y comunicaciones para ambientar el paisaje de la ganadería extensiva. Aquí se necesita un esfuerzo modernizador, audaz e irreversible, cuya sostenibilidad solamente puede asegurarse mediante los acuerdos de paz. Como ustedes observan, señores gobernadores, el papel de los departamentos y las regiones en los procesos de paz tiene que ir más allá de lo simplemente instrumental, aun cuando en este aspecto instrumentos como los diálogos regionales son importantes. Tiene que ir más allá: tiene

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que ser el gran reencuentro entre la Nación y los departamentos a través de un gran esfuerzo participativo que invite a dialogar bajo el liderazgo de los gobernadores, las fuerzas vivas, las organizaciones sociales, culturales, la comunidad internacional, los comunicadores, la academia, entre otros, con los demás protagonistas del proceso de paz, a partir de sus propuestas y no de sus destacamentos, porque el entendimiento con la insurgencia como fuerza armada es compromiso privativo del Gobierno nacional. Pero el entendimiento con la insurgencia como fuerza política es tarea de toda la sociedad colombiana. Sólo así será posible la reconciliación nacional y será más expedito el camino de la reconstrucción. El Gobierno aspira a que el diálogo político esté ambientado por el silencio de las armas. De no ser posible, por lo menos por el respeto a normas elementales del derecho de gentes. Esta aspiración se ve frustrada por acciones demenciales como las ocurridas recientemente en el departamento de Antioquia, que el Gobierno condena con energía y desilusión. La Oficina del Alto Comisionado está organizándose para interactuar con la Federación Nacional de Departamentos y con cada departamento en particular. Será un esquema de interconsultas permanentes y de intercambios. De esa manera aseguraremos un flujo de información según lo planteado por el señor Presidente de la República. Señores gobernadores: al ordenar el despeje, el señor Presidente dijo que nada se haría a espaldas de las Fuerzas Armadas. De igual manera en su nombre y en el mío propio quiero decirles que todos los avances del proceso de paz serán construidos democráticamente con los poderes regionales y departamentales y con los poderes locales para lo que sea pertinente. El proceso de paz es en primer lugar, una garantía de unidad nacional. Como les dije: no es una balcanización que ponga en peligro nuestro destino histórico de Nación unitaria. Es un esfuerzo de reconciliación entre contrarios que buscan una agenda común, de cara al mundo, al siglo XXI, para resolver las contradicciones

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con procedimientos civilizados y no con métodos bárbaros. No es el proceso de paz el encuentro entre banderas de victoria y trapos empolvados de derrota. En él no habrá vencedores ni vencidos. La paz no mira por el cañón de los fusiles; la paz mira por los ojos de la esperanza. No puede estar lejano el día en que el fusil deje de ser un arma para la guerra y se convierta en un instrumento para la paz. El proceso de paz no es un proyecto sectorial, refundido entre muchos programas de una planificación que sea escrita porque la guerra no la deja convertir en realidad. El proyecto de paz es el gran proyecto nacional. Es la síntesis programática de la Gran Alianza para el Cambio, y no un plan de acción periférico de cuatro años de gobierno. Invito a los señores gobernadores a compartir la esperanza de la paz como la meta principal de sus tres años de mandato. Para ello es importante convertir los diálogos de paz en un gran ejercicio en cada entidad territorial. Sé muy bien que la insurgencia comparte este objetivo. Cuando este gobierno ha insistido en una vocería única del proceso de paz, es porque tiene claro que de otra manera nunca podremos llegar a una participación ordenada y masiva en la construcción de la paz. Si cada cual hace lo suyo, y lo hace bien, con seriedad, con discreción y con responsabilidad, el proceso de paz estará protegido del exceso de partituras y del torbellino de los protagonistas. En los próximos días el coordinador de la oficina del Alto Comisionado, doctor Darío Barberena, y el equipo de asesores de mi despacho, trabajará en armonía con el equipo de la Federación Nacional de Departamentos para los correspondientes esquemas de trabajo conjunto hacia la responsabilidad compartida.

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EL PLAN COLOMBIA: UNA GRAN ALIANZA CON EL MUNDO CONTRA EL DELITO iNTERNACIONAL, POR LOS DERECHOS HUMANOS, LOS DERECHOS SOCIALES Y POR LA ECOLOGÍA Andrés Pastrana Arango, Presidente de la República. Santa Fe de Bogotá, D.C., 22 de octubre de 1998 Cuando, como Presidente electo de Colombia, cumplí la palabra empeñada de entrevistarme con las principal fuerza guerrillera, estábamos seguros que ese hecho histórico contaría con el apoyo de la Nación colombiana y de la comunidad internacional. Ese encuentro demostró al mundo que en nuestro país se estaba abriendo camino una poderosa alianza contra el delito del narcotráfico, del terrorismo, de los privilegios, de la corrupción, del abuso contra los derechos humanos y del irrespeto a la naturaleza. Con la insurgencia coincidimos en que era necesario construir una agenda compartida de apoyo internacional al proceso de paz, que fuera respetuoso de la iniciativa nacional, que se asumiera como parte del problema y se decidiera por lo tanto a ser parte de la solución. Que tuviera además, la amplitud y la flexibilidad necesarias para ser una contribución eficaz y pertinente. Como es normal en esta época de globalización, ninguno de nuestros problemas es ajeno, por acción o por omisión, al resto de países y particularmente aquellos que más interactúan con nosotros. La comunidad internacional ha expresado generosamente su interés y confianza en los primeros pasos de nuestro proyecto de paz. La reciente cumbre iberoamericana es un ejemplo de sólida convergencia con el plan de gobierno. HECHOS DE PAZ V

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Gracias al entusiasmo del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, iniciamos con buenos auspicios el Plan por la Paz de Colombia, que a semejanza del plan Marshall para la reconstrucción de Europa, devastada por los horrores de la Segunda Guerra Mundial, le dé sostenibilidad y firmeza a la paz que todos anhelamos conseguir. Mi gobierno no permitirá que la paz sea narcotizada ante el mundo, porque está firmemente convencido que la prolongación del conflicto interno en Colombia, beneficia en primer lugar a los capos de la droga. De allí que sean los narcotraficantes los más interesados en extender ese conflicto e impedir por todos los medios la reconciliación. Colombia padece dos guerras nítidamente diferenciables: la guerra del narcotráfico contra el país y contra el mundo y la confrontación de la guerrilla contra un modelo económico, social y político que considera injusto, corrupto y auspiciador de privilegios. Mi gobierno, en nombre de toda la Nación colombiana, sabe muy bien que con el narcotráfico no existe ni debe existir diálogo ni entendimiento alguno. Sabe también mi gobierno, y así lo quiere el país, que con la guerrilla es posible dialogar para construir un tercer escenario de democracia en Colombia que resuelva las principales contradicciones y ponga fin a la violencia política. El Plan Colombia es un conjunto de proyectos de desarrollo alternativo que canalizarán los esfuerzos compartidos de los gobiernos y de los organismos multilaterales con la sociedad colombiana. Sus indicadores de resultados serán la transformación de las zonas donde se cultiva el 80% de la producción mundial de coca y de amapola, en desarrollos agrícolas económicamente rentables para nuestros campesinos, en santuarios ecológicos donde puedan florecer el turismo que respeta la naturaleza y sean protegidos ecosistemas actualmente vulnerados por el flagelo de la narcoproducción como son la Amazonia, la Orinoquia, parte de los Andes y la Sierra Nevada de Santa Marta.

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Esas regiones que son valiosas para el mundo por su diversidad biológica, por el agua, el oxígeno, los bosques, la fauna, la flora y los animales en peligro de extinguirse, deben ser rescatadas y protegidas con un audaz proyecto de erradicación y paz. La guerrilla ha expresado su disposición programática de facilitar esa erradicación, porque tiene claro que la narcoproducción como actividad económica principal en sus zonas de influencia, es un grave riesgo para su proyecto político. En Colombia la paz es una condición ineludible para el triunfo final contra el narcotráfico. Porque con la paz aseguraremos gobernabilidad, justicia eficiente, desarrollo regional y desarrollo del talento humano. Porque con la paz el valor del trabajo honrado que es el trabajo de la inmensa mayoría de los colombianos, alcanzará respeto y prioridad. Con la paz tendremos un Ejército Nacional comprometido con nuestra soberanía, con la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, vinculado a la producción y centinela de nuestras fronteras. La comunidad internacional está decidida a apoyar nuestro Plan Colombia porque sabe cuán profundamente ese plan asegurará para nuestro país una democracia plena, cuya expresión jurídica prioritaria sea la reforma agraria integral, cuya expresión política será la descentralización que fomente el liderazgo regional y asegure la unidad nacional y cuya expresión participativa será el desarrollo del talento humano, a partir de formidables transformaciones técnicas y culturales lideradas por las universidades regionales. El Plan Colombia inducirá además transformaciones económicas, sociales y productivas en las zonas periféricas desde donde se desplazan los asalariados de la narcoproducción, porque el Estado, la sociedad y el modelo económico no les permite una alternativa de trabajo ni movilidad social en los sitios donde se asientan sus familias, casi siempre centros demográficos densamente poblados con graves problemas de necesidades básicas insatisfechas.

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En esto tenemos que ser muy precisos y muy focalizados. Mi actividad política y de hombre de Estado me ha llevado por diversas expediciones, a un entrañable conocimiento de mi patria. Ese conocimiento me enseña que la devastadora colonización del narcotráfico no puede sustituirse mecánicamente por una devastadora colonización campesina basada en esquemas productivos incapaces de ser competitivos en el contexto de toda la Nación. El proyecto, en la mayor parte de las zonas donde se erradique el narcocultivo, tiene que ser un proyecto fundamentalmente ecológico. Así mismo, el proyecto en las zonas periféricas más densamente pobladas, tiene que ser de una gran imaginación productiva, técnicamente sostenible, rentable y competitivo. Frenar el narcotráfico en la selva y en la llanura debe estimular un compromiso mundial que dé prioridad a la conservación del ecosistema, lo cual exige un esfuerzo cultural, científico, técnico y financiero especialmente de las grandes potencias, las cuales están experimentando con muchas de las iniciativas de la conferencia mundial de Río de Janeiro realizada en 1992. Por eso, el Plan Colombia se orienta hacia el desarrollo regional, el fortalecimiento de los departamentos y la promoción de las iniciativas y las energías de las poblaciones más vulnerables. Se focaliza hacia los miles de desplazados y refugiados internos y procura la defensa, protección y promoción de los derechos humanos, dramáticamente socavados en Colombia por todos los actores del conflicto. El Presidente Misael Pastrana, mi padre, cuya ilustre memoria me autoriza a recordarlo como el estadista que más se preocupó por hacer de la política un ejercicio de reconciliación entre el hombre y la naturaleza, repetía muchas veces que la paz en Colombia era posible y deseable para la comunidad mundial, porque nuestro país era un santuario de la biodiversidad. 78

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Yo quiero afirmar hoy, que la paz está cerca porque la comunidad internacional no economizará esfuerzos para proteger ese santuario de la biodiversidad, que tiene en el conflicto interno y en el narcotráfico dos poderosos enemigos. Las guerras de Colombia nos han obligado a canalizar ingentes recursos para protegernos de la muerte. Si conseguimos la paz, esos recursos podremos destinarlos para construir la vida. Para ofrecerle a la niñez y la juventud un escenario de futuro del cual no tengamos que avergonzarnos. El Plan Colombia será fundamentalmente un programa para la juventud. El Plan Colombia será un esfuerzo gigantesco de abrir nuestro corazón al mundo y esperamos de las naciones una respuesta semejante. Las regiones que son hoy principales escenarios de nuestra confrontación se proyectan sobre la geopolítica regional en la actual coyuntura, como una zona crítica de la narcoproducción y el narcotráfico y en el inmediato futuro, como una zona estratégica de las tendencias del desarrollo mundial. Una y otra circunstancias, justifican el esfuerzo multilateral compartido con Colombia. En años muy recientes la comunidad de las principales naciones, con el liderazgo de los Estados Unidos, ha flexibilizado su cooperación para proteger países estratégicos del colapso provocado por el nuevo orden económico internacional. Es innecesario, por ser de todos conocido, reiterar la encrucijada estratégica que implica para el mundo la situación colombiana. El plan que hoy iniciamos con dignidad y autonomía frente al mundo, demanda de los colombianos un esfuerzo proporcionalmente descomunal, dada la crisis de nuestra economía. A través de los bonos de paz, que

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serán suscritos por los cinco mil contribuyentes principales, aseguraremos recursos para el plan en cuantía superior a los ochocientos millones de dólares. De igual manera esperamos contribuciones voluntarias que fortalezcan el fondo por parte de ciudadanos colombianos que en esa forma complementarán económicamente su interés político de participar en la construcción de la paz. La comunidad internacional podrá ser muy creativa en su contribución al plan de paz mediante preferencias arancelarias; acceso a mercados; asistencia técnica; financiamiento focalizado; líneas de crédito con intereses especiales, entre otros. Señoras y señores: el proceso de paz en Colombia avanza firmemente. Pero Colombia necesita del apoyo internacional que sea oportuno, generoso, y sin condicionalidades que afecten nuestra soberanía o no se puedan cumplir. Es imprescindible reiterarle a esa comunidad internacional un hecho absolutamente novedoso en la agenda del proceso de paz. Me refiero a la decisión de la insurgencia de desnarcotizar sus áreas de influencia a condición de no presentarla como un cartel terrorista y de viabilizar la altenatividad productiva que no es necesariamente la sustitución de cultivos, sino que además puede y debe ser la erradicación no contaminante ni destructiva. Esa erradicación debe complementarse con una estrategia consensuada entre la insurgencia, la comunidad internacional y el Estado colombiano. Los planes de sustitución para que sean competitivos no pueden darse en asentamientos poblacionales a cualquier costo, ni mediante propuestas artificiales, porque el daño ecológico puede ser gigantesco. Muchos estudios muestran la coincidencia de mapas de narcocultivo y guerrilla y de allí surge la presunción del inextinguible compromiso de la guerrilla con el narcotráfico, lo cual no está demostrado. Pero puede

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afirmarse que dicha coincidencia obedece a la inaccesibilidad de las zonas, a la coexistencia de una forma de autoridad subversiva que convive con la narcoproducción sin ser un cartel y a la corrupción pública y privada que favorece esa coincidencia. Señoras y señores: Colombia está en crisis, pero ha frenado frente al abismo y ha iniciado la ruta del diálogo con vocación de escuchar y de tomar en serio las dimensiones internacionales de sus dificultades y de sus fortalezas. Mi gobierno ha comprendido juntamente con el país, que en la rebeldía de la clandestinidad política también existen causas genuinas; que en la economía ilícita existen agricultores que quieren vivir de su trabajo honrado y que en la valorización de ese trabajo honrado, está el punto de partida para la proyección de nuestras importantes contribuciones al nuevo orden internacional de democracia plena; para lo cual, hemos diseñado una vigorosa diplomacia de la paz. Señor doctor Enrique Iglesias, usted ha sido siempre un amigo de Colombia; ha entendido la problemática de nuestra Nación y ha sido pieza fundamental desde la Presidencia del BID en los distintos proyectos que ha desarrollado Colombia. De nuevo muchas gracias. Usted y el Banco Interamericano de Desarrollo han entendido muy especialmente la situación difícil de nuestra economía y nos han tendido la mano en uno de los momentos cruciales de nuestra historia, cuando los colombianos estamos empeñados en apuntalar un proceso de paz sólido y duradero. En las discusiones de Washington conmigo y con mi equipo económico y ahora con el enorme honor que usted me hace de venir personalmente a este sencillo pero importante evento, nos ha demostrado nuevamente, como siempre lo hace, el cariño que guarda por nuestra Patria. Además de la creación del fondo del Plan Colombia, cerramos hoy también con inmensa satisfacción un fructífero capítulo de negociaciones con el HECHOS DE PAZ V

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BID. En total nos han sido aprobados 3.100 millones de dólares para fortalecer los programas prioritarios de mi administración, programas que nos permitirán acercar la paz a través del desarrollo. Y además, hemos logrado asegurar desembolsos por 1.000 millones de dólares para 1999, año crítico en materia económica, en vista de la actual situación de los mercados internacionales. Hoy, renovamos en usted nuestro afecto y reconocimiento porque estamos seguros que su apoyo al Plan Colombia, que ya se inició con la instrumentación del Fondo de Inversiones para la Paz, que será un instrumento para consolidar el Plan Colombia para el cual con gran responsabilidad y dedicación ha prestado su inteligencia y trabajo el doctor Augusto Ramírez Ocampo y el equipo de consultores y funcionarios que participaron en la elaboración del proyecto. Con la ayuda de Dios, la inflexible voluntad de mis compatriotas y la decidida colaboración internacional, el Plan Colombia será un éxito, porque con él estaremos compartiendo responsabilidades y asegurando la paz.

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DISCURSO del Alto Comisionado Para la Paz, Víctor G. Ricardo, durante la creación de la Zona de Distensión en San Vicente del CAguán San Vicente del Caguán, Colombia, 7 de noviembre de 1998

Compatriotas: hemos venido hoy a participar en ésta gran fiesta de la cultura, de la inteligencia, de la confraternidad de las gentes que habitan la región, para que seamos protagonistas en éste nuevo escenario que ha de servir en la búsqueda de la reconciliación nacional; es decir, de la paz para todos los colombianos. Ad portas de un nuevo siglo. Hemos venido a esta parte lejana del territorio colombiano, distintas autoridades, para que esté presente el Estado: se encuentran la Rama Legislativa del Poder Público, la Rama Judicial, la Rama Ejecutiva pero, sobre todo, está el pueblo colombiano que somos los que estamos aquí reunidos y estaremos aquí presentes caminando juntos los senderos de la paz, en beneficio de todo el pueblo y del territorio de la Nación colombiana. Eso es lo que estamos haciendo hoy, es lo que estos medios de comunicación han de transmitirle al país y al pueblo entero. Hoy se inicia la creación de la Zona de Distensión, es decir, una área territorial en la cual no debe haber confrontación armada para que, una vez verificada ésta situación, gobierno e insurgencia, vayamos a dialogar sobre lo que ha de ser la agenda de negociación y, por supuesto, las reglas del juego en la búsqueda de la paz. Una paz donde no haya vencedores ni vencidos; una paz que no significa, en ningún momento, derrotar a las Fuerzas Armadas de Colombia, sino construir el equilibrio y la equidad que Colombia necesita para su progreso, para la salud, para la educación, para el desarrollo de la tecnología, para la producción y la justa tenencia de nuestra tierra y para la confirmación de un Estado participativo, donde

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todos los días veamos a los colombianos progresar y no a los colombianos fracasar y morir. Por eso, cuando escuchaba la poesía del señor Ministro de Educación y decía que hasta hoy había llegado también la poesía a éste territorio, pensaba para mis adentros, que a Colombia también le había llegado la hora de construir la paz, con poesía, con imaginación, con sentimiento patriótico, con amor. La paz no se decreta, la paz no se hace de un día para otro, la paz se construye como se construye la música, como se construye la poesía, como se construye la participación, como se construye la cultura y como se construyen los espacios de paz como el que hoy estamos viviendo. Hoy me siento realmente orgulloso y estoy convencido que yo interpreto a todos los que estamos aquí presentes: no se trata de crear escenarios donde vayamos a promover la desconfianza; no se trata de crear escenarios donde vamos a transmitir hechos confusos que lo único que conducen no - es al beneficio de la paz - sino también a la confusión en el ánimo de las gentes y, por supuesto, a empañar la transparencia del proceso. Aquí, en ésta región, ha de cumplirse la palabra del señor Presidente de la República de Colombia: vamos a construir un escenario donde no haya confrontación armada; se desplaza la fuerza pero queda la autoridad del Estado, de un Estado de Derecho, con él vamos a gobernar todo el territorio nacional, incluidos los cinco municipios de distensión. Los alcaldes municipales han de ser la autoridad que cumpla, en su leal saber y entender, la Constitución y las Leyes de la República; son los alcaldes las autoridades políticas, administrativas y los jefes de policía y en virtud de ello se ha creado una Policía Cívica adulta que los apoye en el ejercicio de esa función que es responsabilidad de la autoridad civil y los Concejos como representación de la democracia; no se trata de reemplazar una autoridad por otra, se trata de crear un escenario en el cual podamos dialogar los colombianos en la búsqueda de la reconciliación, en la búsqueda del sueño que todos tenemos: una Colombia justa, una Colombia en paz, una Colombia equilibrada, una Colombia en la cual hagamos la gran alianza

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contra el delito, el delito de la corrupción, el delito del narcotráfico, el delito de la violación de los Derechos Humanos y nos pongamos a trabajar en la construcción de un escenario más amplio, donde todos tengamos posibilidades de vivir, donde hoy a las gentes que están dedicadas a los narcocultivos les podamos presentar una propuesta de desarrollo alternativo, sostenible, para que las gentes de trabajo, que si bien están en cultivos ilícitos, les demos una propuesta clara para que tenga viabilidad económica y así podamos, también, tener producción en nuestras tierras y en nuestra Nación; se trata de que todos nosotros, sin excepción, trabajemos por la paz de todos los colombianos. No basta sino leer estas vallas que están colocadas en la plaza de San Vicente: "tú eres muy importante para la paz, - la razón divina es Dios, - la razón humana es la libertad, - si quieres la paz desarma tú corazón, - bienvenido a San Vicente, laboratorio de paz". Estas mismas vallas que en ésta plaza están izadas, lo estarán en todos los territorios del área de distensión. Yo creo que lo que hoy se está viviendo aquí es ejemplarizante para todos los municipios del territorio nacional pero, sobre todo, para la comunidad internacional, de la cual también tenemos que buscar su apoyo. En el proceso del área de distensión hemos designado una comisión de acompañamiento compuesta por dos colombianos, colombianos de bien, que deben estar atentos a las inquietudes que se presenten en ésta región; vendrán a dialogar con ustedes, estarán dialogando con las autoridades. Los doctores Juan Manuel Santos y Juan Gabriel Uribe y en esa misma comisión también hemos pedido colaboración de gentes de otras naciones, de países amigos, que vienen con su propia representación, no de un país, porque en términos de la representación de los países, cuando estemos en diálogo con la insurgencia, los dos decidiremos qué países han de funcionar como facilitadores del proceso, pero en ejercicio de esa colaboración hemos escogido personas que conocen del conflicto en Colombia y que quieren trabajar y ayudar por la paz de los colombianos, un mexicano como el doctor Gustavo Carvajal, el canciller de Costa Rica y también dos personas que han trabajado por la paz del mundo,

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que nos asesorarán, el doctor James Le Moyne y el doctor Jan Egeland, los dos, uno de nacionalidad americana y otro de nacionalidad noruega, estarán también ayudándonos en este proceso. Se trata entonces, de crear un escenario transparente, donde el valor de la palabra sea la bandera que identifique siempre nuestras relaciones. El Gobierno llega a este proceso, y lo ha dicho el señor presidente Pastrana, reiteradamente, con cartas sin marcar y aspira a que ésa sea la misma actitud de la insurgencia, porque se trata, entre otras cosas, de aprovechar la responsabilidad histórica del momento o de la hora presente, se trata de que los libros no sigan yendo a las bibliotecas con las páginas en blanco o simplemente ensangrentadas, se trata de que en torno a la paz trabajemos todos, en torno a la paz no puede haber protagonismo individual, ni exclusivista, ni partidista; en torno a la paz tenemos que trabajar con seriedad, con responsabilidad y con discreción. A eso estamos convocando éste pueblo de San Vicente, como también a los cuatro municipios del Meta, que hoy viven en desarrollo pleno. Las gentes están recorriendo sus calles, con el rostro alegre, continúan su vida cotidiana, creando y prestando el escenario que ha de estar en estos días visible para Colombia y para el mundo. Ustedes en el fondo están siendo copartícipes del nuevo siglo XXI; ustedes le están ayudando a Colombia a escribir la historia, no con retórica de paz, sino con hechos de paz. Lo que hoy estamos viviendo es un nuevo hecho de paz. Convoco a todos los colombianos a que desarmemos nuestros espíritus, que creemos hechos de paz y que trabajemos por el porvenir de Colombia, dentro de un Estado de Derecho. Vamos a convenir las reglas para crear el tercer escenario donde quepamos todos y allí nos encontraremos orgullosos de decirle a nuestros hijos: hemos cumplido con nuestro deber, le hemos cumplido a la historia, tenemos un país en paz, en justicia social y en desarrollo. Mil gracias al pueblo de San Vicente, mil gracias a sus autoridades, mil gracias al Poder Público aquí representado en sus ramas, mil gracias a la representación de la empresa privada , que ayer, entre otras cosas, participó y dio su apoyo a un proyecto de Ley que les da la posibilidad a los colom-

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bianos de contar con recursos de los cinco mil primeros contribuyentes creando los bonos de paz para ser invertidos en las zonas de conflicto, ellos también se merecen un aplauso. Aquí no se trata de alabar a unos y olvidarnos de otros, se trata de una tribuna donde se haga el reconocimiento justo a quien se lo merece y que se haga realmente la explicación clara de lo que ha de venir. Aquí están las tres ramas del poder, aquí está el Estado y vamos a trabajar por la paz, no a cualquier costo, pero la paz tiene un costo, el costo de que todos los colombianos participemos en su búsqueda, para que todos los que habitemos el territorio tengamos mejores condiciones de vida, para que la tierra esté en buenas manos y sea productiva, para que las necesidades se colmen, para que la corrupción se erradique, para que el narcotráfico se aleje y para que la salud del pueblo colombiano sea la que reine en la mente y el porvenir de nuestra Nación. El presidente Andrés Pastrana debe estar en este momento en otro lugar del territorio colombiano al igual que nosotros, observando, seguramente, cómo nos encontramos alrededor de la zona de distensión; él ha de venir, él prometió venir el día de la inauguración de los diálogos y él cumple su palabra. A Andrés Pastrana lo vamos a rodear y lo vamos a ayudar para que convoque y siga convocando a todos los colombianos a hacer la paz y la reconciliación perdida, a veces lejana, pero por la cual tenemos que trabajar y sobrepasar los obstáculos que nos opongan. Muchas gracias a los señores ministros, al señor Procurador General, al señor Presidente de la Corte Constitucional, a todos los funcionarios, al señor Gobernador, al señor Alcalde, al padre Leonel y al Vicario. Pero, sobre todo, muchas gracias a ustedes, porque ustedes son la garantía de la paz en Colombia. Transcripción magnetofónica del discurso improvisado por el Alto Comisionado para la Paz.

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DISCURSO del Presidente Andrés Pastrana Arango, en el acto de lanzamiento del "Programa de fomento al cultivo de la palma para los habitantes DE Puerto Wilches" Puerto Wilches, 19 de diciembre de 1998 Aquí, en esta tierra bañada por el sol, de tierras rojas y sembradíos, vive un pueblo que aunque ha llorado, no ha olvidado la importancia de sonreír y de seguir luchando. Y ese ejemplo que ustedes nos han dado, reafirma mi convencimiento de que el anhelo supremo de los colombianos es la paz. Hoy les quiero decir que la reconciliación nacional es una tarea que nos compromete a todos y que esa debe ser nuestra más importante y solidaria misión. Como Presidente de los colombianos me ha correspondido liderar este cambio, trazar la ruta por la que vamos a llegar a un punto al que llamamos paz. Y sólo con la ayuda de cada uno de ustedes, podremos decir en unos años que llegamos a donde queríamos. Para marchar por ese camino debemos estar preparados, aprovisionados, y dispuestos a avanzar a paso firme. Sólo llegaremos a nuestro destino cuando estemos convencidos que todos debemos dirigirnos hacia la misma dirección. La paz que he propuesto es la que va más allá de la solución al enfrentamiento armado. Es la paz con la que podremos construir una nueva Colombia, más justa, más democrática, más desarrollada y más equitativa. Un país en el que quepamos todos.

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Para llegar a esa paz integral por la que tanto trabajamos los colombianos, debemos buscar, mediante un proceso de diálogo con la insurgencia, el escenario en el que se identifiquen y pongan en marcha las transformaciones requeridas para hacer realidad esta paz integral. Como Presidente me he encargado directamente de liderar la solución política del conflicto armado, expresando en hechos concretos la voluntad negociadora del Gobierno, ofreciendo a la insurgencia la disposición de trabajar sobre la base de una agenda amplia, y buscando el más propicio escenario. Quiero que el escenario de la paz sea el punto de encuentro de todos los colombianos, y que allí se propicie con entusiasmo la deliberación, la decisión y ejecución de esta obra colectiva. Esa concepción integral e integradora de la paz, como construcción de todos y para todos, es también la que identifica y gobierna los propósitos del Plan Colombia, que hoy presentamos ante ustedes como una realidad. Debe estar claro para todos que el Plan Colombia no será sólo un programa de inversiones del Gobierno, sino que será el proyecto social y económico que convierta su ejecución en un verdadero contrato social. Su más importante misión es la de atender la rehabilitación de las zonas del país en donde la violencia ha amenazado la preservación de la vida de los hombres, y del ecosistema. Nuestro Plan Colombia es la alianza que hemos hechos con los países del mundo y con el sector privado para luchar por la paz, por los derechos humanos, por los derechos sociales y por la ecología. Lo conforman un conjunto de proyectos de inversiones estratégicas para la paz que canalizarán los esfuerzos compartidos a favor de quienes viven en las zonas más afectadas por la violencia. Cuando asumí la presidencia dije que este proyecto se encargaría de manejar las inversiones para construir la paz sobre bases sólidas, en las regiones donde la violencia ha hecho mayores daños.

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Y en estas regiones que se encuentran deprimidas por el lastre que deja la violencia, sólo si los ciudadanos participan y trabajan por el cambio obtendremos resultados. El cimiento al que me refiero no es otra cosa que el derecho a participar que tienen todos los colombianos. Ustedes son un ejemplo para las comunidades que también han sufrido por la violencia. La organización social que hoy tienen nos demuestra que participando se avanza mucho más rápido en la ruta de la paz. Yo quiero insistir en que el ánimo del Plan Colombia es la participación. Que sus programas y proyectos de desarrollo e inversión estarán concebidos y serán ejecutados como resultado del ejercicio de la participación. Los proyectos que hagan parte del Plan deberán ser un espejo de los propósitos de las comunidades. Esto no sólo nos garantiza su utilidad, sino que afianza el entendimiento permanente entre los ciudadanos. Tal como lo he dicho desde que asumí la Presidencia, mi deseo es que también la insurgencia atienda esta iniciativa y se vincule, en un escenario de amplia concertación, al proyecto de reconstrucción y rehabilitación del país. Por eso, en aras de la verdadera reconciliación del pueblo colombiano, invito a los grupos insurgentes para que se hagan presentes en la preparación, conformación y ejecución de los programas y proyectos del Plan Colombia. Esta es una invitación seria y confiable. Mi Gobierno ha demostrado ampliamente la consistencia de sus propósitos, y ha aceptado que tenemos que convenir una agenda sustantiva de paz con la insurgencia, de puertas y ventanas abiertas, y que sólo se puede cumplir si hay compromiso de las partes. En el compromiso de esa agenda nadie puede quedar por fuera. Todos tendremos que optar por ella, y hasta la hora de las definiciones, la insistencia del Gobierno será que se haga por la vía de la construcción, y no por la vía de la destrucción.

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Hoy el Plan Colombia da su primer paso, paso que debemos dar todos para no quedar atrás, como dijo mi padre, Misael Pastrana, para no quedar "con el desasosiego de no haber tomado el tren a tiempo". Más claro no canta un gallo: mi propuesta es evidente, la insurgencia debe participar de manera activa en las decisiones del Plan Colombia. A las puertas de iniciar con ella un proceso de diálogo, quiero aclararles que el Plan Colombia no es "la caja de galletas" de la paz. Si en esta tierra corrió la sangre, hoy en ella se siembra la esperanza, y de ella brotará la paz duradera. Mi Gobierno se asegurará de preservar ese fruto, consciente como es de que nos congrega hoy es un ejemplo que debe enarbolarse y reproducirse a lo largo y lo ancho de la geografía nacional, pues es baluarte y paradigma de la paz. El Plan Colombia es una realidad en marcha. Todas las instituciones del Gobierno se deberán volcar hacia las comunidades más apremiadas, poniendo sus recursos humanos, científicos y financieros al servicio de proyectos como el que hoy se lanza. El proyecto para el fomento al cultivo de palma, que mi Gobierno apoya hoy en Puerto Wilches, es la mejor prueba de las aspiraciones que tiene el Plan. Este proyecto dará trabajo y mejorará la calidad de vida de 150 familias campesinas en 1500 hectáreas de tierra apta para el cultivo de palma. En cuatro años, cuando inicie la producción, cada campesino socio del proyecto tendrá un ingreso de 2 millones 500 mil pesos de hoy al mes. Es muestra de una iniciativa solidaria de desarrollo, que se materializó gracias a la capacidad de sus gentes para comprender que el diálogo y la concertación son imprescindibles para el progreso. He entregado la enorme responsabilidad de coordinar las actividades de los proyectos del Plan a nuestro alto comisionado para la paz, Víctor G.

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Ricardo, y a su equipo asesor, seguro de que en ellos, los colombianos tenemos a los mejores garantes del éxito. Y a todas las comunidades interesadas en que el Plan apoye sus proyectos de desarrollo, les insisto para que los objetivos que se propongan coincidan con los que el Gobierno presentó en el Plan Nacional de Desarrollo y en los Planes Sectoriales. Los proyectos que mi Gobierno quiere promover deben ser productivos, solidarios y sostenibles. Tenemos que garantizar que todos los proyectos que hagan parte del Plan Colombia encuentren desde su primera instancia condiciones de éxito y sean rentables, promuevan el capital humano que fortalezcan el capital social y aseguren la preservación del medio ambiente. Estoy seguro de que así lograremos una equitativa distribución de la riqueza y una mayor justicia social. Para consolidar el éxito del Plan Colombia vamos a acompañar estos proyectos de programas de capacitación productiva, agropecuaria, agroindustrial y administrativa. Este esfuerzo gubernamental requiere del complemento que le puedan brindar los empresarios colombianos. Nadie mejor que un empresario exitoso para enseñarnos los secretos del negocio, más aún cuando la paz reclama esa actitud solidaria de todos los colombianos. Por eso vamos a fomentar las alianzas estratégicas entre pequeños, medianos y grandes productores, de tal forma que todos tengan la posibilidad de alcanzar las tecnologías modernas. Con esto estaremos optimizando los procedimientos para la producción, el almacenamiento, la comercialización y el mercadeo de los productos. Vamos a incorporar mecanismos de financiación adecuados y compatibles con la alta rentabilidad, que deberán generar los proyectos. La puesta en marcha del Plan permite que los hombres y mujeres campesinos de Colombia se conviertan en nuevos empresarios, generando más

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empleo. Yo estaré satisfecho cuando esos colombianos tengan garantizado un ingreso digno y estable, y hayan recibido la recompensa de un proyecto productivo. El Plan Colombia va a ofrecer programas eficientes de desarrollo alternativo en zonas de cultivos ilícitos. Y confío en que podremos acordar con la insurgencia los mecanismos y procedimientos que hagan posible obtener los mejores resultados en este aspecto. Quiero que los colombianos que viven en esas regiones puedan tener una vida digna, en condiciones de legalidad. Quiero que quienes, movidos por la necesidad o por el afán de lucro y optaron por el cultivo de la coca o la amapola, tengan otra posibilidad de sustento para sus familias. Los miles de colombianos que han sido desterrados por la violencia serán el centro de atención del Plan Colombia: Vamos a garantizar a los desplazados por la violencia todos sus derechos ciudadanos para que recuperen la esperanza perdida. La puesta en marcha de este Plan representa una alternativa de arraigo para los campesinos desplazados, ya que contarán con un programa de titulación de tierras, con zonas adecuadas para la atención temporal y de emergencia, con las estrategias para su adecuado retorno o reubicación voluntaria. El Plan Colombia se ocupará también de construir o reconstruir la infraestructura física que se requiera para hacer realidad los proyectos productivos. No en la perspectiva de pavimentar una calle, construir un puente o alumbrar un billar en los pueblos lejanos y olvidados. No. La infraestructura para la paz deberá integrarnos, hacernos prósperos, la capacidad y fortaleza de distribuir y comercializar los productos, todo ello en estricto respeto a los ecosistemas y a las culturas y tradiciones que definen nuestro ser nacional, rico y diverso.

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También en el terreno de la infraestructura, la participación, que es la expresión colectiva de la libertad, será el fundamento de las decisiones. Todos los programas y proyectos del Plan Colombia deberán servir al propósito de hacer libres a los colombianos. Libres de la pobreza, libres de la exclusión, libres de la violencia, libres del analfabetismo, libres del desempleo. Para asegurar los recursos financieros del Plan Colombia hemos creado el Fondo de Inversión para la Paz, que se nutrirá de aportes del Estado, del sector productivo y la comunidad internacional. EL manejo de este fondo será absolutamente transparente. Por lo que las deliberaciones, el proceso de toma de decisiones, la administración de recursos y los resultados de la gestión, de sus programas y proyectos serán ampliamente conocidos y estarán abiertos al escrutinio de la sociedad. Vamos a manejar en urna de cristal todos esos recursos con los que construiremos la paz. Invito a todos los colombianos para que hagan parte de la solución, y aporten a este proyecto según su justa capacidad. Me llena de satisfacción que hoy ya haya 5.000 contribuyentes del Estado, que por medio del pago de los Bonos de Paz, van a ser los primeros en colaborar con los propósitos del Plan Colombia y en ayudar a la solución de los problemas de las zonas olvidadas de Colombia. En los próximos días el gobierno anunciará el mecanismo con el que los colombianos sin distingo de condición social o política, podremos contribuir con este propósito. Quiero que todos los colombianos se llenen de entusiasmo y que colaboren con el fondo en la medida de sus capacidades. Si cada uno de nosotros aporta 100 pesos, sólo 100 pesos, esa pequeña cifra multiplicadora servirá de base en la construcción de la paz que queremos.

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Señoras y señores, este es el momento en el que todos tenemos que escribir esa nueva página en la historia de Colombia. En esa nueva página escribiremos con mayúsculas equidad, justicia social y reconciliación. La responsabilidad que tenemos con nuestros compatriotas exige participación y compromiso. Hoy en Puerto Wilches estamos escribiendo los primeros renglones de esa página. En un año quisiera volver para ver con alegría todo lo que hemos avanzado.

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Los Gobernadores son un extraordinario factor aglutinador y un vehículo propicio para facilitar la convergencia de los anhelos de sus regiones Palabras del alto comisionado para la paz Víctor G. Ricardo, en la reunión de Gobernadores Cartagena de Indias, 10 de febrero 1999 Transcurridos cuatro meses desde nuestro último encuentro en la ciudad de Popayán, he creído oportuno hacer con ustedes unas reflexiones sobre los esfuerzos que el señor Presidente de la República, el Alto Comisionado para la Paz y el equipo de Gobierno, han venido realizando, para la obtención de la paz duradera de Colombia. Quisiera comenzar por reiterarles que todas nuestras acciones para la realización de ese anhelo nacional, tienen como referente esencial y como mapa de navegación la política de paz que el Jefe de Estado dictó en el momento de tomar posesión. Por esa razón, quisiera dirigirme a Ustedes tomando en cuenta los postulados esenciales de esa política, que permanecen inamovibles, por tratarse de convicciones, pero que, a la vez, se conjugan con la necesaria destreza que exige el devenir de los acontecimientos. Desde su campaña el señor Presidente de la República sustentó su política de paz, afirmando que para alcanzar la reconciliación es necesario realizar transformaciones en las estructuras políticas y económicas del país. La negociación para solucionar el conflicto, por lo tanto, no se limita a buscar el fin de la confrontación armada, aunque por supuesto la supone. Ella busca abrir los espacios para que la paz sea una construcción de todos, por todos y para todos. Abiertas en el mundo las compuertas del dique de las libertades, felizmente los tiempos que vivimos no son aquellos del pasado en los que,

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por la fuerza o con la fuerza, se pretendía justificar ser la "voz de los que no tienen voz". Hoy para la paz, cada colombiano quiere hacer sentir su voz- representarse a sí mismo; concurrir a la construcción de un nuevo proyecto de Nación. Así entonces, la paz exige el encuentro de la totalidad de la sociedad colombiana y, como tantas veces lo ha dicho el Primer Mandatario, su agenda definitiva debe ser producto de la deliberación integral e integradora de las regiones de Colombia. Lo dijo con claridad el Presidente cuando afirmó que las exigencias de la comunidad colombiana imponen un nuevo modelo de negociación que no se limita a la consideración de los temarios definidos por las partes, sino que implica la apertura de un espacio amplio, representativo y plural para que la agenda de paz y su negociación sea el resultado del criterio democrático. Todas las decisiones que se han venido adoptando, tanto en materia sustantiva como procedimental, tienen como propósito allanar ese camino, bajo la conducción directa y la orientación permanente del Jefe de Estado. Quisiera destacar, en ese sentido, el respaldo decidido que el Gobierno Nacional ha venido dando al proceso de Convención Nacional de Paz que propuso el Ejército de Liberación Nacional. Con grandeza hemos promovido esa iniciativa, convencidos como estamos, de que el diálogo amplio, abierto y sereno de los múltiples rostros de Colombia, enriquecerá y esclarecerá los rumbos de la reconciliación. Los resultados de ese encuentro de los colombianos deberán servir como levadura para la negociación responsable y constructiva entre el Gobierno Nacional y la insurgencia. Y esa misma razón nos alienta para pensar que los grupos insurgentes respetarán y tomarán en serio los puntos de vista y los clamores de una sociedad que no solamente está hastiada del conflicto, sino también alerta y animosa para participar en las soluciones a los graves problemas del país.

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Los Gobernadores son un extraordinario factor aglutinador y un vehículo propicio para facilitar la convergencia de los anhelos de sus regiones y, por lo tanto, actores indispensables para la preservación y consolidación de la unidad de la República, que es el norte del proceso de paz y de la política del estado en su conjunto. Sé de la preocupación que tiene el conjunto de la sociedad en los resultados de los procesos de paz que hemos iniciado con las Farc y con el Eln. Lo he dicho, antes, es apenas obvio que los colombianos se muestren ambivalentes, conjugando un sentimiento de elevada expectativa por resultados concretos y rápidos del proceso, y a la vez uno de excesiva cautela, como coraza de una nueva frustración. Esa ambivalencia se percibe claramente con ocasión de nuestra decisión de prorrogar la zona de distensión en el sur del país, en el marco del proceso de paz con las Farc y de las dificultades que han venido presentándose. Nuestra decisión de prorrogar la zona de distensión es coherente con la convicción que tiene el Gobierno Nacional de que ella debe ser el espacio para cumplir los propósitos de la paz. Quisiera recordarles las palabras del Primer Mandatario, cuando dijo: "reitero mi convicción en que la zona de distensión tiene una dimensión adjetiva e instrumental de la negociación. Por lo tanto la única condición que estimo fundamental para su realización es la del compromiso claro de la insurgencia para que el territorio señalado sea el espacio para el inicio de un diálogo que conduzca a una negociación que sólo culminará con los acuerdos, sobre la base de que por medio de la negociación se puede lograr la paz, lo que además supone el compromiso de no interrumpir unilateralmente el diálogo". Agregó el Presidente que "sólo de esa manera se tendrá también la certeza de que el despeje no tiene también la intención de sumar a favor de la guerrilla victorias políticas en una lógica de confrontación y no de paz. Ese compromiso debe ser claro y expreso, porque es sano para el proceso que se procuren las bases y los principios de negociación que permitan ir construyendo las condiciones de confianza para llegar a acuerdos".

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Es en ese marco que hemos decidido la prórroga, y es bajo esa perspectiva que esperamos que las Farc lo estén comprendiendo. Ellos saben que el objetivo político y jurídico de la zona de distensión es, y solo es, procurar el escenario para iniciar las negociaciones de paz en condiciones de seguridad para las delegaciones de ambas partes, y que cualquier pretensión adicional no es coherente con su naturaleza de instrumento de paz. Otro de los temas que preocupa al Gobierno, a los colombianos en su conjunto y a la comunidad internacional, es el de la existencia y actividad de los grupos de autodefensa y justicia privada. Con la convicción de que violencia solo trae más violencia, es urgente que todos los colombianos hagan un solo frente a favor de la solución política del conflicto. Se equivocan gravemente quienes creen contribuir a los propósitos nacionales y a los objetivos del Gobierno mediante la usurpación del uso de las armas y la aplicación de la lógica del "ojo por ojo, diente por diente". Frente a la insurgencia, las únicas respuestas válidas las deben dar las autoridades legítimas en el marco del estado de derecho, que no se puede violar con el pretexto de defenderlo. Hay que decirlo claro, la paz jamás se logrará haciendo de cada casa una trinchera y de las plazas de los pueblos, cadalsos. Por eso el Gobierno ha manifestado y reiterado su voluntad de comprometer todos los recursos del Estado para hacer frente a los grupos de autodefensa y justicia privada que operan actualmente en el territorio nacional. Hemos dicho que el combate contra los grupos de autodefensa y justicia privada proviene de una convicción del Gobierno y se libra con total independencia del proceso de paz iniciado con los movimientos insurgentes. Sobre el entendido de que su desmantelamiento es una tarea que corresponde lograr exclusivamente al Estado, esa obligación no está ni estará sujeta al desarrollo y los resultados del proceso de diálogo y negociación con la insurgencia.

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En ese mismo sentido, la insurgencia debe aceptar, con la misma confianza que a ella le ha sido brindada, que la acción del Estado frente a esos grupos hace parte de una política firme e indeclinable para alcanzar la pacificación definitiva del país. Son palpables las demostraciones de seriedad, honestidad y transparencia que el Gobierno ha hecho en la política de paz. Las regiones del país han sido desoladas por la violencia del conflicto armado. Un compromiso con la paz es devolverles su pujanza. Ante todo, ello depende de la capacidad que tengamos para frenar la barbarie y recuperar el patrimonio más sagrado del país, que es el respeto por la vida y la dignidad de sus gentes. Por eso hemos sido siempre partidarios del cese al fuego y hemos dicho que él sería la mejor demostración de la voluntad de paz de las partes. La población colombiana vería en ese acto un elemento esperanzador de optimismo y credibilidad en el proceso. Pero si esta propuesta no encuentra el eco que merece, la que sí tiene que encontrarlo, por el más elemental sentido de humanidad, es la de la celebración de un acuerdo verificable y de ejecución inmediata para que se respete a la población civil y a sus bienes mientras llega el fin de la confrontación. Por eso propusimos como punto inicial y privilegiado, el tema del Derecho Internacional Humanitario. Tenemos confianza en que más pronto que tarde, y atendiendo a las urgencias que no dan más tregua, tengamos ese acuerdo que sin duda será la catapulta del proceso de paz, como está tan amplia y contundentemente demostrado en otras latitudes. Para el Gobierno no es suficiente paliar los rigores del conflicto y brindar condiciones mínimas de supervivencia a la población civil, incluso en el escenario de la confrontación. La obtención de la paz exige también la promoción de la dignidad humana, y por eso hemos propuesto y hemos iniciado ya, en medio del enfrentamiento, el Plan Colombia, para recupe-

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rar y rehabilitar las zonas deprimidas del país y devolver la prosperidad a nuestros campos. Como es sabido, el Plan Colombia privilegia en su primera etapa la realización de programas de desarrollo alternativo que liberen a nuestros campesinos de la condena a la que han sido sometidos por el cultivo de las hierbas malditas. Sabemos que los colombianos prefieren vivir en la legalidad; que el cultivo de la coca y la amapola, de la que ellos son obreros, no proviene de un afán de lucro desmedido; sabemos que esa ha sido su única opción frente a un campo empobrecido por la violencia, la ineficacia del estado y la corrupción. He aquí una primera y formidable coincidencia con las Farc. Porque "obras son amores y no buenas razones", tenemos esperanza en hacer una realidad práctica el propósito que nos hemos trazado con esa organización, para llevar a cabo, hombro a hombro, un primer programa piloto de desarrollo alternativo, así como para la custodia de nuestro patrimonio ecológico. Por primera vez, y en desarrollo de una invitación del señor Presidente de la República, el Gobierno y las Farc desarrollaremos un proyecto en asocio y corresponsabilidad. Nos compromete demostrarle al país, al mundo y a nosotros mismos, que somos capaces de construir, y que para ello tenemos mayores energías, que las que históricamente se han desperdiciado en destruir. Este proyecto, enmarcado en el Plan Colombia, no se reduce a la sustitución de los cultivos ilícitos, ni es visto desde la estrecha óptica de brindar a nuestros campesinos alternativas agrícolas de pancoger. Está pensado para iluminar el rumbo de una reforma agraria, que solucione de manera integral los problemas del campo y proyecte a los campesinos hacia la vida digna que merecen, y que estamos en obligación de brindarles. De allí que sea tan importante la acción de los Gobernadores en la determinación de la vocación agrícola de sus departamentos y regiones, en el

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liderazgo y preparación de sus comunidades en la participación activa y propositiva de los proyectos de desarrollo rural, y en constituirse en verdaderos puentes, que permitan superar de una vez y para siempre los abismos que existen entre las percepciones citadinas y las realidades de nuestra despensa natural, que nos han condenado casi a ser ciudadanos de mundos diferentes. No muestra nuestro proceso de paz signos de fatiga prematura, como diría Misael Pastrana, sino la necesidad de aprovisionarse permanentemente de las energías, el coraje, la perseverancia y el sentido de unidad que requiere la más grande de las campañas y faenas que se nos han impuesto en nuestra historia republicana. Quiero invitarlos a continuar liderando y dando ejemplo de estas virtudes, que son las de los luchadores de la paz.

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IntervenciÓn del alto comisionado para la paz, VÍctor g. Ricardo, durante la sesiÓn del comitÉ de paz de santander Bucaramanga, 3 de marzo de 1999

Al agradecer la cordial invitación que me han formulado para estar hoy con ustedes, vengo consciente de que me corresponde exponerles la forma en que el Gobierno Nacional concibe y viene ejecutando la política de paz. Por obvias razones, presumo que en el centro de sus preocupaciones está la necesidad de conocer de primera mano el estado del proceso de paz, así como el contenido y alcance de la convocatoria efectuada por el señor Presidente de la República a un acuerdo de Unidad Nacional por la paz. Como ustedes saben, el eje gravitacional y el talante propio que caracterizan la actual política de paz, es su concepción como un proceso de construcción de todos, por todos y para todos los colombianos. Con el liderazgo directo del Jefe de Estado, estamos empeñados en llevar por buen rumbo un proceso de diálogo que conduzca a la negociación con los distintos movimientos insurgentes que presenta dos vertientes interdependientes e igualmente esenciales: por un lado, la determinación de las reformas de orden económico, político y social necesarias para asegurar el desarrollo, que como lo sentenció en Bogotá el Papa Pablo VI, es el nuevo nombre de la paz; por el otro, el fin de la confrontación armada, asunto prioritario para el conjunto de la sociedad colombiana, que compromete a fondo la voluntad y la acción de los actores en armas. Todas las acciones que hemos emprendido se tributan por entero al cumplimiento de esos propósitos. Son coherentes, porque son piezas de un HECHOS DE PAZ V

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mismo engranaje, en el cual no hay ruedas sueltas, pues todas funcionan hacia el propósito común que nos ha guiado desde el principio. Debe entonces verse cada árbol con la lente convexa que nos permite divisar a la vez el bosque. El despeje, por ejemplo, se inscribe inequívocamente en el objetivo de realizar un proceso de diálogo que conduzca a una negociación cuyo único resultado aceptable sea la resolución del conflicto social y armado en el que estamos inmersos. No es un fin en sí mismo, sino un medio; un procedimiento que sólo cobra sentido en la medida en que nos acerque al final de esta tragedia de la guerra. El Gobierno así lo ha entendido, así ha sido planteado, así ha sido acordado, así se viene desarrollando, y así estamos seguros que lo entiende la insurgencia. Por estas razones, el Jefe de Estado ha dispuesto su prórroga. Tenemos la esperanza que ella será importante para recuperar la vitalidad del proceso, sin más dilaciones innecesarias y con la conciencia de que estamos en mora de aprovecharlo en su más profunda razón de ser, como escenario para el diálogo de los grandes temas nacionales que hemos convenido tratar y concertar con la guerrilla. Esa esperanza proviene del compromiso público que tanto el Gobierno como las FARC hemos hecho para no desmayar, ni desalentarnos en el propósito de encontrarle una salida política al conflicto colombiano. No estamos quietos, ni tenemos síntomas de fatiga prematura, como mal lo han querido vender algunos presurosos formadores de opinión a la sociedad colombiana. Por el contrario, tenemos nuestra imaginación en acción, para seguir creando la atmósfera de la paz definitiva en el país. Tenemos que entrar a trabajar en programas pilotos que confiamos poder desarrollar, hombro a hombro, entre el Gobierno Nacional y las FARC, como también con otras agrupaciones insurgentes. De esa manera, en la coejecución y la corresponsabilidad, probablemente encontraremos desafíos comunes que nos habrán de obligar a utilizar nuestras fuerzas para la construcción, reemplazando así el inútil empeño de ponerlas al servicio de la guerra.

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Ese proyecto se enmarca en la propuesta del señor Presidente de la República para que los programas de inversión social y la reconstrucción y rehabilitación de las zonas del país deprimidas y azotadas por la violencia, surjan de la concertación entre el Gobierno, las comunidades y los movimientos insurgentes. En ese sentido, responde inequívocamente a un elemento sustantivo de la política de paz, según el cual la superación de las condiciones objetivas del conflicto puede constituirse en la empresa común que por fin y para siempre aproxime a los colombianos. Y como la participación es la piedra angular de la política de paz, el Gobierno ha respaldado, y se ha comprometido a fondo, con la iniciativa del ELN de realizar una Convención Nacional de Paz. El Gobierno entiende este certamen como una extraordinaria ocasión para convocar a los colombianos comprometidos con la paz, a un foro amplio, de debate abierto, edificante de consensos, cuyo resultado sea un trascendental aporte que ilumine la discusión, la negociación y los acuerdos de paz con esa organización insurgente. El Gobierno Nacional ha presentado al ELN cuatro alternativas sobre las condiciones del lugar en que puede realizarse la Convención Nacional. En todas ellas la preocupación que prima es la seguridad y las garantías para que las personas que asistan a este certamen puedan presentar y confrontar sus tesis con toda libertad, en un escenario ajeno al conflicto armado. Estoy seguro de que también el ELN privilegia este enfoque, por lo que podremos construir un foro en el que prime, tanto la civilidad como un ambiente sereno y distendido. Permítanme una palabra adicional sobre este tema: el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar las condiciones de seguridad a los asistentes a la Convención Nacional, ya sea que se trate de los miembros de la Sociedad colombiana, como de los Representantes del Gobierno y del ELN. Para cumplir este deber, el Gobierno solo puede atender criterios ciertos y objetivos. La Convención Nacional tendrá éxito en la medida en que sea inclusiva y no excluyente; es decir en la medida en que ella se ponga al servicio

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del encuentro del conjunto de los rostros que definen nuestra diversidad nacional. Así parece entenderlo el ELN cuando acepta que es fundamental la participación del Gobierno Nacional, representante legítimo de la Nación conforme a la democracia, imperfecta si se quiere, pero no por ello menos democracia. Una convención de ausentes sería la reafirmación del abismo profundo que nos separa a los colombianos. Una convención excluyente sería una herida más en las ya hondas divisiones de nuestra estructura social. Una convención sin todos tendría el riesgo de constituirse en una alambrada más que separa a unos colombianos de otros. Ha convocado el Jefe del Estado a un Acuerdo Nacional por la Paz que busca congregar toda la fortaleza de Colombia, para hacer un gran frente común que permita alcanzar el propósito supremo de la reconciliación nacional. Ese acuerdo exige el concurso de todos los estamentos políticos, económicos y sociales de Colombia, así como la participación y respaldo del conjunto de la sociedad. Solo de esa manera el proceso de paz tendrá la solidez y permanencia necesarias, para que cualquiera que sean las dificultades y el tiempo que llegue a demandar, se asegure su coherencia y su firmeza. Ese acuerdo tiene su fundamento en el anhelo común de la Nación para vivir en un país en el que imperen la democracia plena, la libertad, la justicia social, el desarrollo, la equidad y los derechos humanos, que son las bases de la paz genuina y perdurable. Porque estamos persuadidos que el diálogo y la negociación con los movimientos insurgentes son el camino correcto para poner fin al conflicto colombiano, hemos propuesto que ese acuerdo respalde esa vía de solución, cuyas bases, lo reitero, están en la agenda de los grandes temas que preocupan al conjunto de la Nación, incluidos los que han venido siendo reivindicados por los movimientos insurgentes. 108 REPÚBLICA DE COLOMBIA


Nadie duda que es necesario proporcionar los escenarios, mecanismos y procedimientos que permitan el desarrollo eficaz de los diálogos y las negociaciones, por lo que debe asegurarse que el Gobierno Nacional cuente con facultades que le permitan facilitar los entendimientos con la insurgencia, tales como las consagradas en la Ley 418 de 1997, cuya prórroga estimamos indispensable, con el respaldo nacional. Sobra decir que todos los instrumentos de orden procedimental para el proceso de paz, tales como la declaratoria de zonas de distensión, los esquemas de participación de terceros imparciales, o las condiciones de favorabilidad jurídica o política, deben inscribirse en el inequívoco propósito de las partes de poner fin al enfrentamiento armado por la vía política. No hay duda de que uno de los temas que reclama acciones urgentes es el fin a la degradación del conflicto armado, mientras se logra obtener, ojalá muy pronto, el cese definitivo de la confrontación armada. La ejecución de un programa de inversiones para la paz, el Plan Colombia que, como ya he dicho, ponga su acento en la recuperación y rehabilitación de las zonas del país más deprimidas y azotadas por la violencia, y que guarde coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. En la planificación y ejecución de los proyectos para la paz, junto con la participación activa de las comunidades, es necesaria la decidida vinculación del sector productivo nacional y el concurso de la Comunidad Internacional. Estamos convencidos de que la coejecución de los programas de desarrollo alternativo, entre el Estado, las comunidades y la insurgencia, pueden iluminar el rumbo para la exitosa realización de una reforma social agraria integral, que garantice el bienestar, el progreso y las condiciones de una vida digna a que tienen derecho nuestros campesinos. Esa reforma, que ha sido reivindicada insistentemente por la insurgencia, puede comenzar ahora y merece el favorecimiento de la opinión pública nacional. No sobran quienes mal auguran que el proceso de paz puede someternos al riesgo de socavar la unidad de la Nación. No compartimos ese criterio,

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pues todas nuestras acciones se llevan a cabo en ejercicio de la soberanía nacional, con apego al estado de derecho y teniendo como norte la preservación y consolidación de la unidad política, territorial, social y económica de Colombia. Participamos de la necesidad de ir al encuentro de las regiones apartadas y marginadas de la República, del desarrollo y profundización de la descentralización, de un responsable y adecuado reordenamiento territorial y de la preservación y desarrollo de nuestras fronteras. Ha manifestado el señor Presidente de la República que es necesario contar con unas fuerzas militares fuertes para la paz. Ha dicho también que aunque parezca paradójico, la paz estable y duradera depende también del adecuado funcionamiento de la institución castrense. El proceso de paz deberá apoyar su actualización doctrinal, logística y profesional, por lo que estamos impulsando desde ya, la aprobación en el Congreso Nacional de un nuevo Código Penal Militar, tarea en la que esperamos tener el respaldo de nuestros conciudadanos. Hemos propuesto también como norte del proceso de paz el afianzamiento de la Policía Nacional como cuerpo armado de naturaleza civil que tiene por encargo proteger los derechos humanos y velar porque los colombianos convivan en paz. En el marco de la búsqueda de la paz, y conscientes de que ella no se logrará sumándole personas a la guerra, o depositando en ellas responsabilidades que por su naturaleza corresponden exclusivamente al Estado, trabajamos en la disolución de las cooperativas de vigilancia y seguridad privadas Convivir. Estamos convencidos de que la seguridad ciudadana y la defensa nacional deben proporcionarse por las instituciones del Estado, por servidores públicos profesionales y garantizando el estricto apego a los derechos humanos. La paz supone restituir en la mente de los ciudadanos la confianza en la administración de justicia, mediante la superación de la impunidad y el irrestricto respeto a las normas y principios del debido proceso legal.

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Se trata de una tarea de largo aliento, pero que hemos comenzado ya, a través de acciones inmediatas que buscan la derogación de la Justicia Regional, la tipificación penal de las violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, así como la aprobación de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Conscientes de que los recursos naturales son un patrimonio hipotecado a favor de las generaciones futuras, su custodia y su uso racional no puede estar ajeno de las transformaciones para la paz duradera. Estamos realizando programas y proyectos para la preservación del medio ambiente y la promoción del desarrollo sostenible, y somos especialmente partidarios de las iniciativas cuyo propósito es asociar a la insurgencia en este interés común. Quisiera finalmente referirme a los grupos de autodefensa y justicia privada, que son un grave factor de degradación del conflicto y en que, aun cuando están desposeídos de carácter político, son actores del conflicto que deben considerarse en la política de paz. Estamos empeñados en combatirlos y someterlos, y en obtener el definitivo desmantelamiento de sus estructuras militares, con el propósito de recuperar el monopolio de las armas en poder del Estado. Son estas algunas de las acciones que venimos ejecutando y para las cuales requerimos el generoso y comprometido respaldo de todos ustedes. Colombia es un país de regiones, muchas de ellas diversas en su riqueza y diversas en sus problemas. No obstante, hay soluciones globales, porque hay problemas nacionales. Porque no olvidamos las circunstancias particulares de cada región, proponemos reformas de alcance nacional que pueden y deben abrir los vasos comunicantes mediante soluciones eficaces que al mismo tiempo que ataquen la raíz de los problemas locales y regionales, permitan consolidar una paz para todos, una paz sin parcelas. La paz que queremos y estamos buscando es una paz donde no haya vencedores ni vencidos. Una paz donde está garantizada la Unidad Nacional; una paz que no tenga color político ni sea factor de división, sino que por el contrario se convierta en el punto de unidad de todos los

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colombianos mediante la cual rescatemos el concepto de la solidaridad y así derrotemos el individualismo, egoísmo y exclusivismo. Una paz que sea construida por todos nuestros conciudadanos, una paz que sea el producto de una gran alianza contra el delito, la corrupción, el paramilitarismo y la violación de los derechos humanos. No podemos continuar inermes los colombianos frente a un país donde la clase pobre no come, la clase media no vive y la clase rica no duerme. Llegó el momento de unirnos todos en la construcción de una Colombia con la cual soñamos y participemos en la estructuración de un Estado donde reine la equidad y se fundamente en la justicia social como lo ha venido convocando y liderando el señor Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango.

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Sin manejo responsable en los medios, la paz puede fracasar Intervención del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, en el foro "Periodismo en tiempos de crisis" Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de marzo de 1999

A las puertas del nuevo milenio nadie pone en duda que los medios de comunicación son protagonistas de primera línea en las interrelaciones humanas y que ejercen un poder insospechado. El de hoy, es el mundo de CNN, Internet, indidium, palabras todas ellas que cobran un sentido familiar, que se incorporan a nuestro lenguaje de todos los días. El asombroso avance de la tecnología nos permite ver lo que ocurre en el momento que ocurre, y "simultaneidad", se ha convertido en la palabra que rige la eficiencia de la información pública en nuestros tiempos. El hombre moderno es el hombre informado. Las grandes decisiones en el campo financiero, político, social, científico, y en fin, en todas las actividades humanas se rigen por la información. Desde aquellas que tienen que ver con lo más cotidiano, como la decisión de portar el paraguas según lo aconsejen los reportes matutinos sobre el clima, hasta las más trascendentales, aquellas que incluso afectan nuestra propia existencia individual y colectiva. Y si la información impacta en forma contundente, y penetra en todos los ámbitos de la vida al punto de coparlos, es claro que quienes se encargan de transmitirla, los profesionales de la información, tienen en sus manos una responsabilidad enorme con la sociedad; inciden de manera sustantiva en el juicio y en el actuar de prácticamente todos los individuos, donde quiera que se hallen.

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Por eso no dudo en afirmar que los periodistas y los comunicadores sociales ejercen uno de los más hermosos oficios: son conductores de la sociedad. Estoy convencido además de que las virtudes que requieren son similares a las que debe poseer un político: la prudencia, el amor por la verdad, la justicia y la vocación de servicio a los intereses colectivos. Esas cualidades son irremplazables, incluso por la tecnología, pues felizmente aún en nuestros días el criterio y la libertad humanas prevalecen sobre las máquinas, por sofisticadas que ellas sean. No hay noticia posible sin la intermediación del hombre; ninguna de ellas se aparta por completo de las interpretaciones o las opiniones, divergentes incluso, como divergentes pueden ser los puntos desde los que se miran y por tanto desde los que se ven las realidades. Quisiera, en ese marco de reflexión y sin entrar a hacer consideraciones particulares sobre los avances registrados en el curso de estos ocho meses en el proceso, llamar la atención acerca de la importancia trascendental que tienen los periodistas y los comunicadores sociales para la construcción de la paz de Colombia. No solo porque ella constituye, sin duda alguna, el reto en el que nos jugamos nuestra propia existencia como Nación, sino porque la labor de ustedes, como pocas, es crucial e indispensable para modificar por fin el curso fatídico de nuestra historia reciente. Nuestras gentes de Colombia, ya lo he dicho en otras oportunidades, se debaten en una ambivalencia de sentimientos y pensamientos sobre las posibilidades de la paz. Es apenas natural que después de fracasados intentos en el pasado, y de varios años de ausencia de diálogos de paz, la sociedad colombiana reciba con enormes expectativas el inicio del proceso de diálogo entre el Gobierno Nacional y los grupos insurgentes. Por las mismas razones, es fácil entender que los colombianos tengan dudas, e incluso prevenciones, sobre el éxito de la tarea que hemos emprendido, como resguardo de una eventual frustración, que ningún compatriota quiere ni está dispuesto a soportar.

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La sociedad necesita entonces orientación; requiere saber de manera objetiva lo que pasa con la paz. Pero esa objetividad no depende de la información puntual e inmediatista de los hechos, que de suyo y por la complejidad del proceso no son lineales, sino que por el contrario pueden, en el grueso de los casos, ser fluctuantes e incluso parecer contradictorios. Se requiere mostrar cada árbol, sí, pero también el bosque, a través de una apreciación panorámica del proceso que permita observar que a pesar de las dificultades, los obstáculos y los vericuetos del camino, hay un rumbo a seguir y una bitácora de viaje. Si la valoración del proceso de paz se mide a través del resultado diario, del éxito o fracaso de una gestión observada en sí misma, de la subordinación de los elementos procedimentales a los elementos sustantivos, someteremos a la sociedad a una agobiante y frustrante dinámica de éxitos y fracasos que la fatigarán y la sumirán en el desconcierto o el escepticismo. Por eso lo primero que nuestros compatriotas deben comprender es que la búsqueda de la paz no es un póquer, en el que se juega lo que se tiene en la mano, sino un ajedrez, en el que el triunfo final depende de la previsión, la inteligencia y la perseverancia con la que cada decisión se adopte, pensando en sus efectos sobre el escenario en su conjunto. La información sobre el proceso debe mostrar ese tablero en su integridad, así como la interpretación o el editorial debe contemplarlo para la construcción de la opinión pública. De lo contrario estaremos expuestos a que se piense que se trata de un asunto de corto plazo, o que la paz está a la vuelta de la esquina, o lo que es peor aún, que las dificultades momentáneas son el epitafio del proceso de paz. Hasta ahora estamos comenzando un proceso que será sin duda largo y que estará colmado de altibajos. No podemos acostumbrarnos a juzgar sus resultados ni por sus altos ni por sus bajos, sino que desde ahora debemos hacer conciencia en el país sobre la necesidad de aprovisionarse de perseverancia y capacidad de resistencia ante los eventuales fracasos coyunturales.

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Pretender que no existan obstáculos o magnificar los problemas son ambas actitudes inconvenientes, pues distorsionan la realidad del proceso de paz e introducen falsos signos de fatiga prematura en la voluntad de negociación. He dicho que en este proceso nadie debe ser ave de mal agüero, como lo son quienes se dedican a sentenciarlo a la muerte con cada tropiezo o resbalo. Quiero invitar a los periodistas y comunicadores sociales para que se cuiden celosamente de no serlo, ya que estamos incomprensiblemente acostumbrados a que las mejores noticias son las malas noticias. El tiempo se desquita de las cosas que se hacen sin su colaboración, así que debemos todos acostumbrarnos desde ahora a no pretender atropellar el curso del proceso de paz, esperando y exigiendo resultados inmediatos o sepultándolo cada vez que éstos carecen de espectacularidad. Lo importante es mantener la voluntad de diálogo y mirar con lente convexa cómo los avances que hemos tenido en los últimos meses son sustancialmente mayores a los registrados durante los últimos cinco lustros. Y no quiero decir con esto que nos debamos declarar satisfechos o conformes, ni que se deban ocultar o desconocer los errores en el desarrollo del proceso. Claro está que la sociedad debe vigilar el proceso y presionar por resultados, y que en ese sentido es fundamental la tarea de los comunicadores y periodistas. Pero también es claro que esa vigilancia y esa presión serán mucho más útiles si cada colombiano percibe con realismo la complejidad del proceso y en especial si se convence que la mejor manera de aportar a la paz es, insisto, con la perseverancia que merece la obtención del más esquivo pero también el más anhelado propósito nacional. El proceso de paz no es simplemente el escenario de los diálogos entre el Gobierno Nacional y la insurgencia. El proceso de paz es la convergencia de todos los colombianos en un proceso de reformas que nos permitan superar toda forma de violencia y proyectarnos hacia el desarrollo humano.

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Nadie entonces puede ser un mero espectador, ni las noticias sobre el proceso de paz pueden ser la mera alocuci贸n de lo que ocurre en la distancia. En la paz no hay asientos en tribuna sino un campo com煤n para la idea y la acci贸n colectivas. Los periodistas y comunicadores tienen en sus manos la formidable oportunidad de convocar a todos los colombianos a ese encuentro con la paz.

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Palabras del Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, en el Evento Vida para los Indígenas Santa Fe de Bogotá, D.C., 10 de marzo de 1999

¡Es necesario hacer primero nuestra propia Paz! Quisiera introducir mis reflexiones de hoy celebrando la posibilidad que tengo de dirigirme a un grupo de colombianos que expresa y representa los valores más profundos de cuantos están impresos y definen el talante de nuestra identidad nacional. Tal vez nadie, como lo pueden hacer nuestros compatriotas indígenas, comprende con tanta profundidad el sentido de la paz, en su connotación más genuina, que la vincula inexorablemente a la armonía de los hombres con Dios, consigo mismos, con sus semejantes y con la naturaleza. Finalmente, son ustedes la expresión viva y pujante del origen mismo de nuestra patria; conocen por tradición los mayores aciertos y también las más grandes desgracias de nuestro acontecer histórico, la mayoría de ellas originadas en la perniciosa costumbre de ver, en las diferencias, puntos de contradicción en vez de oportunidades de progreso y desarrollo. Tengo aquí la tranquilidad de manifestarles, con la confianza sobre el eco de mis palabras, que al referirme a la paz lo hago desde una perspectiva profunda, reverenciando la tradición oral y por lo tanto la grandeza y la fuerza de la palabra y del diálogo como instrumentos vitales para la comprensión entre los seres humanos. Hablo desde la tribuna de un Gobierno que reconoce y privilegia la diversidad nacional y ve en ella el patrimonio más valioso de Colombia. Una HECHOS DE PAZ V

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diversidad que, lejos de constituir una fuente de conflictos, debe ser el cruce de caminos en el que confluya lo mejor de nuestras culturas para configurar el país de nuestros sueños, el país de la justicia, del pluralismo, de la solidaridad, sin duda elementos comunes al momento de definir lo que entendemos por paz. Quisiera, entonces, reiterarles que todas nuestras acciones para la realización del anhelo nacional de paz tienen como norte y como ruta alcanzar las transformaciones en las estructuras sociales, políticas y económicas que hagan de Colombia, no sólo un país en el que quepamos todos, sino aquel en el que el encuentro solidario de sus rostros múltiples, de sus étnias, sus cosmovisiones, sus creencias, sus tradiciones y culturas, sea el motor del desarrollo, la felicidad y el respeto. Suele pensarse que la paz para Colombia se reduce a la negociación política entre el Gobierno Nacional y los movimientos insurgentes para poner fin a la confrontación armada. Por supuesto, esa es una visión que se origina en los evidentes afanes nacionales para detener el baño de sangre al que nos tienen sometidos los violentos. Y claro está que ello es indispensable, pero es el punto de partida y no el de llegada, y así lo entendemos en esta administración. Pero la paz que queremos para Colombia va más allá. Es una paz perenne, duradera y estable. El proceso que hemos propuesto para alcanzarla, y que se inicia en medio de nuestra propia desgracia del conflicto, busca anticiparse y resolver problemas de insospechada hondura, como los que hoy en otros contextos universales representan las amenazas más latentes a la paz; aquellos que, en palabras de Samuel Huntington, son los "conflictos entre civilizaciones", cuya solución se aplazó por cuenta de la perniciosa confrontación ideológica que signó casi todo nuestro siglo. La paz que buscamos trasciende el consenso sobre los temas de las agendas de la insurgencia y del propio Gobierno. Los problemas del mundo contemporáneo son tan complejos, y las fórmulas para su solución definitiva están tan ausentes, que sin arrogancias o vestigios vanguardistas insistimos

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en que el proceso de paz debe ante todo abrir los espacios para que la paz sea una construcción de todos, por todos y para todos los colombianos. Abiertas en el mundo las compuertas del dique de las libertades, felizmente los tiempos que vivimos no son aquellos del pasado en los que por la fuerza o con la fuerza se pretendía justificar ser la "voz de los que no tienen voz". Hoy para la paz cada colombiano quiere hacer sentir su voz, representarse a sí mismo, concurrir a la construcción de un nuevo proyecto de Nación. Así entonces, la paz exige el encuentro de la totalidad de la sociedad colombiana y, como tantas veces lo ha dicho el Primer Mandatario, su agenda definitiva debe ser producto de la deliberación integral e integradora de las cosmovisiones de Colombia, de las cuales ustedes son representantes de primera línea. Lo dijo con claridad el Presidente cuando afirmó que las exigencias de la comunidad colombiana imponen un nuevo modelo de negociación que no se limita a la consideración de los temarios definidos por las partes, sino que implica la apertura de un espacio amplio, representativo y plural, para que la agenda de paz y su negociación sean el resultado del criterio democrático. Todas las decisiones que desde el Gobierno hemos venido adoptando, tanto en materia sustantiva como procedimental, tienen como propósito allanar ese camino, bajo la conducción directa y la orientación permanente del Jefe de Estado. Proponemos una política de paz de Estado, que ponga al servicio de las bienaventuranzas nacionales todo aquello que de bueno hemos logrado los colombianos en el pasado y allane los caminos para un futuro mejor. No dudo en decir que uno de los más importantes avances que ya nos acompañan en el camino hacia la paz es el que nos brinda el hecho de haber

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consagrado una moderna legislación en materia indígena, a partir de la Constitución de 1991, que pretendió ser un pacto de paz para Colombia. Pero aunque ahora podemos afirmar que pocos países en el mundo como el nuestro están tan avanzados en esa materia, tenemos claridad y conciencia sobre los desafíos que nos propone el desarrollo y la traducción en la práctica de nuestras normas de respeto y protección de los pueblos indígenas. Es mucho lo que aún tienen ustedes por decir, por proponer, en el ánimo de estrechar los vínculos de pertenencia a una misma Nación, sustentada y cimentada en nuestra riqueza pluriétnica. La voz de nuestros pueblos indígenas es esencial para la preservación y consolidación de la unidad de la República, que es el norte del proceso de paz y de la política del Estado en su conjunto. Ustedes comparten la preocupación que tiene el conjunto de la sociedad en los resultados de los procesos de paz que hemos iniciado con las FARC y con el ELN. Quisiera decirles que la coyuntura actual del proceso de paz no puede constituirse en el termómetro para valorar el éxito o fracaso de la política que nos hemos empeñado en ejecutar, pues claramente la búsqueda de la reconciliación nacional está y estará llena de altibajos, probablemente en un largo trasegar, así que ni por los altos ni por los bajos deben efectuarse los balances de la gestión, sino más bien por la perseverancia con la que se busquen las soluciones a los de por sí profundos desencuentros que están en el origen y han venido alimentando el conflicto. Lo he dicho antes, es apenas obvio que los colombianos se muestren ambivalentes, conjugando un sentimiento de elevada expectativa por resultados concretos y rápidos del proceso, y a la vez uno de excesiva cautela, como coraza de una nueva frustración. Desafortunadamente, poco ayudan a la paz quienes pretenden forzar el curso de los acontecimientos en cualquiera de esas dos direcciones.

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No faltan quienes, con mezquindad y en contradicción con la grandeza que nos exige la hora presente, usan y abusan del afán nacional de paz para socavar los esfuerzos del Gobierno. Varios de ellos, desde la mullida silla de la oposición por la oposición, librados de responsabilidad por la suerte del tiempo pero no por la de los resultados, quieren hoy en forma irresponsable venderle al país la idea de que la paz se logra de la noche a la mañana, en un almuerzo o una jornada de trabajo. Yo repito, como Oscar Wilde, que si los críticos supieran de arte, no serían críticos sino artistas. Hay también los que auguran que cualquier intento de reconciliación no es más que la planificación de una derrota, como si el destino de Colombia estuviese inexorablemente vinculado a la guerra, y que actúan como pregoneros de las desgracias del proceso y se obstinan en hacer de cada dificultad un epitafio de la paz. He llamado la atención de los medios de comunicación para que custodien celosamente la objetividad y adopten las salvaguardas que garanticen la veracidad de las informaciones sobre el proceso de paz. Y lo hago preocupado por el interés colectivo. Bien sé que la propia naturaleza del cargo de Alto Comisionado para la Paz me pone en el ojo de la crítica y en el escrutinio de la sociedad, condición a la cual no pretendo rehuir. He aceptado esas críticas de manera constructiva y me he sobrepuesto a aquellas que son abiertamente injustas, en ocasiones guardando el silencio que aconseja el éxito del proceso. Pero lo que no puedo pasar por alto es que las informaciones que se brinden sobre el proceso de paz no se ciñan a la verdad y suman a los colombianos en un clima de desconcierto, como ha venido ocurriendo debido al desmedido interés de hacer de cada uno de sus pasos un episodio de primera página, así ello signifique introducir en las noticias elementos de ficción y fantasía, más propios de la farándula que de la política de paz. Por eso de nuevo hago un llamado vehemente a los medios de comunicación para que sujeten sus informaciones a los hechos ciertos y no a las

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especulaciones o a las cábalas, como las que se le han vendido al país cuando se dice que la insurgencia se niega a recibir al Alto Comisionado para la Paz, o que el Alto Comisionado fue notificado de un hecho durante una comida, cuando si bien la comida sucedió, la información nunca ocurrió, o cuando se construyen a partir de adivinanzas o conjeturas sus conversaciones con ella, o cuando se espectaculariza la presencia de personas que, como el doctor Santiago Rojas, asisten a las reuniones en la importante condición de asesores del Gobierno Nacional en temas de paz y no por su afamado prestigio en la medicina, queriendo hacer creer a la opinión que el Alto Comisionado necesita la compañía de un médico especializado en bioenergética. Dificultades encontraremos muchas en el curso del proceso. Pero en lo que estamos comprometidos a fondo es en asegurar la solidez, la estabilidad y la permanencia de un camino cierto y seguro hacia la paz. La creación de esa infraestructura de la reconciliación implica la comprensión cabal en cada uno de los colombianos sobre la política de paz y su desarrollo, y en especial acerca de que la paz no se logrará si no sumamos desde ahora, con magnanimidad, los intereses y la fortaleza de todos. Además, sólo así podremos asegurar que sea a quien sea que después le toque el turno, se puedan consolidar los esfuerzos que estamos desarrollando. Muchas de las regiones que ustedes habitan han sido desoladas por la violencia del conflicto armado. Un compromiso con la paz es devolverles su pujanza. Ante todo, ello depende de la capacidad que tengamos para frenar la barbarie y recuperar el patrimonio más sagrado del país, que es el respeto por la vida y la dignidad de sus gentes. No puedo dejar de evocar el amargo sentimiento que nos ha invadido en los últimos días por el asesinato de los tres defensores de los derechos indígenas, hecho que tristemente nos evidencia que la barbarie ronda insolente por nuestros campos, llevándose a su paso a quienes buscan y ayudan a hacer del nuestro un mejor país.

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El sacrificio de esas personas, dos de ellas estrechamente vinculadas a ustedes por su condición de indios americanos, tiene que cobrar sentido en el fortalecimiento de su voluntad inquebrantable de urgir, presionar, exigir e impulsar el fin de la guerra y el respeto por sus derechos, como también la de todos los otros colombianos que han caído en este conflicto, cualquiera que sea su condición económica, social y política. Estoy seguro de que las FARC darán a conocer el resultado de su investigación, cualquiera que sea la verdad, pero lo importante es la verdad. Hemos sido siempre partidarios del cese al fuego y hemos dicho que él sería la mejor demostración de la voluntad de paz de las partes. La población colombiana vería en ese acto un elemento esperanzador de optimismo y credibilidad en el proceso. Pero si esta propuesta no encuentra el eco que merece, la que sí tiene que encontrarlo, por el más elemental sentido de humanidad, es la de la celebración de un acuerdo verificable y de ejecución inmediata para que se respete a la población civil y a sus bienes mientras llega el fin de la confrontación. Por eso lo propusimos como punto inicial y privilegiado de la agenda con las FARC. Por eso también tenemos complacencia de que sea precisamente ese el tema convenido como punto de partida de los diálogos directos del Gobierno Nacional y el ELN. Tenemos confianza en que más pronto que tarde, y atendiendo a las urgencias que no dan más tregua, tengamos ese acuerdo que sin duda será la catapulta del proceso de paz, como está tan amplia y contundentemente demostrado en otras latitudes. Para el Gobierno no es suficiente paliar los rigores del conflicto y brindar condiciones mínimas de supervivencia a la población civil, incluso en el escenario de la confrontación. La obtención de la paz exige también la promoción de la dignidad humana, y por eso hemos propuesto y hemos iniciado ya, en medio del enfrentamiento, el Plan Colombia, para recuperar y rehabilitar las zonas deprimidas del país y devolver la prosperidad a nuestros campos.

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Como es sabido, el Plan Colombia privilegia en su primera etapa la realización de programas de desarrollo alternativo que liberen a nuestros campesinos de la condena a la que han sido sometidos por el cultivo de las hierbas malditas. Sabemos que los colombianos prefieren vivir en la legalidad; que el cultivo de la coca y la amapola, de las que ellos son obreros, no proviene de un afán de lucro desmedido; sabemos que esa ha sido su única opción frente a un campo empobrecido por la violencia, la ineficacia del Estado y la corrupción. Muchos de ustedes han padecido los males que trae esa siembra maldita y han sufrido los efectos desintegradores en sus familias y resguardos. Tenemos esperanza en hacer una realidad práctica el propósito que nos hemos trazado con la insurgencia, para llevar a cabo un primer programa piloto de desarrollo alternativo, así como para la custodia de nuestro patrimonio ecológico, del que ustedes son los mayores custodios y defensores. Por primera vez, y en desarrollo de una invitación del señor Presidente de la República, el Gobierno y la guerrilla desarrollaremos, para el esclarecimiento de los hechos sucedidos y en conversaciones que sostengamos, un proyecto en asocio y corresponsabilidad. Nos compromete demostrarle al país, al mundo y a nosotros mismos, que somos capaces de construir, y que para ello tenemos mayores energías que las que históricamente se han desperdiciado en destruir. Este proyecto, enmarcado en el Plan Colombia, no se reduce a la sustitución de los cultivos ilícitos, ni es visto desde la estrecha óptica de brindar a nuestros campesinos alternativas agrícolas de pan coger. Está pensado para iluminar el rumbo de una reforma agraria, que solucione de manera integral los problemas del campo y proyecte a los campesinos hacia la vida digna que merecen, y que estamos en obligación de brindarles, respetando por supuesto el entorno y las costumbres que hacen parte de su propia existencia.

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De allí que sea tan importante la acción de ustedes los indígenas en la determinación de la vocación agrícola de sus regiones, en el liderazgo y preparación de sus comunidades en la participación activa y propositiva de los proyectos de desarrollo rural, y en constituirse en verdaderos puentes, que permitan superar de una vez y para siempre los abismos que existen entre las percepciones citadinas y las realidades de nuestra despensa natural, que nos han condenado casi a ser ciudadanos de mundos diferentes. No muestra nuestro proceso de paz signos de agotamiento, sino la necesidad de aprovisionarse permanentemente de las energías, el coraje, la perseverancia y el sentido de unidad que requiere la más grande de las campañas y faenas que se nos han impuesto en nuestra historia. Quiero invitarlos a continuar liderando y dando ejemplo de estas virtudes, que son las de los luchadores de la paz. Quiero además, invitar al país que representa la legitimidad de la Nación, es decir, aquel que no está en armas, que iniciemos el camino de la paz acordando en nuestro propio entorno la paz. Hagamos nuestra propia paz y así lograremos fortalecernos para hacer la paz con los alzados en armas, bajo la convicción de que ella no se logra si no trabajamos unidos en la construcción de un Estado donde impere la equidad y se fundamente en la justicia social. No me cansaré de repetirlo: "Un país donde los pobres no comen, la clase media no vive y los ricos no duermen, necesita de reformas fundamentales para hacerlo viable."

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INTERVENCIÓN DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO ANTE LA FEDERACIóN NACIONAL DE MUNICIPIOS 15 de abril de 1999

Quisiera hoy compartir con ustedes algunas reflexiones acerca de las dimensiones y los alcances con que el Gobierno Nacional concibe el proceso de reconciliación nacional. No porque carezcan ustedes de conocimiento acerca de la política de paz que dispuso realizar el Jefe de Estado, sino porque en ocasiones pareciera que la sociedad colombiana confía en que bastan unas cuantas reuniones de delegados del Gobierno y de la insurgencia para alcanzar la pacificación del país, perdiendo de vista la magnitud de los desafíos y el nivel de compromiso que la historia nos reclama en la hora presente, a todos sin excepción. Estamos a las puertas de regresar a la mesa de los diálogos de paz con las FARC, circunstancia que por supuesto nos complace y nos alienta a creer y confiar en las posibilidades de encontrar un rumbo firme para la obtención de la paz. Pero hay que decirlo con claridad, esa paz que queremos y exigimos trasciende la negociación política del conflicto armado, pues debe configurar un proyecto nacional ambicioso y generoso, que penetre en todos los hábitos y costumbres de nuestra sociedad, que modifique instituciones y comportamientos, que destierre para siempre la violencia de nuestros hogares, vecindarios y municipios, que restituya en la idea y la acción de cada colombiano el sentimiento de pertenencia que nos define como Nación. La paz, no nos cansaremos de decirlo, la construimos todos. No sólo en el trascendental pero reducido espacio de la negociación política con los HECHOS DE PAZ V

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movimientos insurgentes, que corresponde de manera directa y exclusiva al Gobierno Nacional. Son muchos y muy diversos los escenarios en los que debemos actuar, gobernados por la convicción de que para la paz verdadera y suficiente es indispensable recomponer las relaciones humanas en lo más cotidiano y en lo más recóndito de nuestro devenir. La primera tarea que nos debe ocupar a fondo es la de rechazar y desterrar el hábito perverso de hacer uso de la violencia para regular las relaciones sociales. No dudo en que la inmensa mayoría nacional repudia la violencia, la reconoce como el mayor obstáculo para el progreso nacional, sabe que sólo conduce a la destrucción y el atraso, y está convencida de que es el camino equivocado para la satisfacción de intereses particulares y colectivos. Por eso debemos hacer un frente común contra la guerra. No desconociendo que son muchas y muy complejas las diferencias y varios los asuntos por tramitar para hacer de Colombia un país más justo, más democrático, más respetuoso de los derechos humanos. Tampoco negando que son graves los conflictos y hondo el deterioro de nuestras relaciones sociales, políticas, económicas y ambientales. Pero sí expresando con la voz en alto que ninguno de esos problemas justifica la devastación de nuestros campos y ciudades, ni la irritante pretensión de doblegar a la Nación con las armas, arguyendo el arrogante pretexto de representarla. Es por lo menos contradictorio que a nombre de la democracia, de la justicia social o de la felicidad de un pueblo, se aniquile a los indefensos, se les secuestre, extorsione, o se les pretenda callar con amenazas o con atentados. Quiero decirlo claro: esos no son actos de fuerza, son muestras de debilidad y de cobardía que la sociedad tiene que rechazar y condenar de la manera más enfática. No por nuestro interés o nuestro querer hemos aceptado negociar con los movimientos insurgentes en medio de la guerra. Hemos expresado nuestra voluntad de realizar el proceso en un ambiente de distensión nacional, sin el estruendo de los cañones, posición que mantenemos. Pero si 130 REPÚBLICA DE COLOMBIA


nos toca negociar sin cesar la confrontación militar, exigimos que ella se libre con honor y que se respeten al menos los mínimos de moralidad que han convenido los pueblos del mundo, aún en medio de las más intensas batallas. El terrorismo es inmoral y cobarde. Y por inmoral y por cobarde socava severamente el proceso de paz. Hemos dado todas las muestras de nuestro compromiso indeclinable de resolver el conflicto por la vía política y a partir de acciones concretas que mejoren la calidad de vida de todos los colombianos; que hemos actuado y actuaremos con la generosidad que nos reclaman los tiempos que vivimos. No declinaremos en ese propósito y sabemos que la sociedad respalda nuestros esfuerzos, como respalda también los deseos de paz expresados por la insurgencia. La sociedad está dispuesta a concurrir y rodear el proceso de paz y como nunca antes está lista a ofrecer su más constructivo aporte. Pero cada secuestro, cada asalto contra los indefensos, cada "pesca milagrosa", cada "carta bomba" cada extorsión o vacuna, suman al desconcierto, a la confusión y al desánimo. Si es cierto que los estandartes de la insurgencia privilegian la ampliación de la democracia, la consolidación de la unidad nacional, el respeto de los derechos humanos y la justicia social, tiene el deber de actuar en coherencia con esos propósitos, demostrando además que su disposición a respetar el Derecho Internacional Humanitario como ética mínima de la guerra no es un simple panfleto retórico, sino una convicción profunda. No cesaremos en nuestros esfuerzos de sacar adelante y con éxito el proceso de paz, y además confiamos en que es ese el propósito de los movimientos insurgentes. Pero advertimos que la degradación del conflicto, el ataque a los indefensos y el aumento de la insoportable zozobra en la que está sumida la sociedad, edifican progresivamente un muro de incomunicación que impide los entendimientos. Quiero decir con todo énfasis que se equivocan los pocos que piensan que al Gobierno Nacional se le persuade o se le doblega mediante actos

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de barbarie. El camino que proponemos para la paz es el diálogo, para la construcción colectiva que es el único posible. Es allí donde se requiere la creatividad de todos, incluyendo a la insurgencia, y no en la construcción de nuevas y aterradoras formas de violencia y chantaje. Reitero que no son necesarias más muertes, más secuestros, más desplazamientos forzados, más atentados contra la libertad de expresión, para, que los colombianos comprendan la magnitud de la tragedia que debe cesar. Más bien, el país reclama los caminos del diálogo, la confrontación de las tesis, el desarrollo de las propuestas, la defensa de los argumentos, la creación de espacios para su participación libre en la construcción del futuro, todos ellos anhelos que hoy están sofocados, cuando no frustrados por el paralizante terror de la guerra sucia. El Gobierno Nacional está comprometido con la paz, pero también conque su combate a quienes se encuentran al margen de la ley se haga limpiamente, con honor y con el comportamiento moral que exige la defensa de la democracia. Reconocemos en las Fuerzas Militares de Colombia su abnegación y valentía en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, su sujeción a las políticas del Gobierno, y sus esfuerzos encomiables por desterrar de su seno todo vestigio de indisciplina y de comportamiento irregular. Ellas tienen todo nuestro respaldo. El no a la violencia tiene que ser rotundo; no se le puede jugar el juego a quienes con el terror pretenden robarse la atención de la sociedad y del Estado, ni menos aún hacer de esos actos oportunidades para emerger como protagonistas de la vida nacional. Es desconcertante que haya quienes antes que rechazar con todo énfasis las infracciones graves a los derechos del ser humano, apresurada e irresponsablemente se ofrezcan como redentores y poseedores de fórmulas de solución, sin pensar antes que ello contribuye a que prosperen los chantajes que todos debemos condenar. Y menos explicable es cuando se trata de funcionarios del Estado que, teniendo responsabilidades claras y concretas con el respeto y protección de los

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derechos humanos y del derecho internacional humanitario, se distraen de ellas para asumir roles que no les corresponden. El respaldo al proceso de paz, el rechazo a la violencia, y la preservación de la unidad nacional y la construcción colectiva de procesos regionales que garanticen el futuro desarrollo y la calidad de vida de las poblaciones locales, deben tomar cuerpo desde las unidades básicas de la organización estatal y desde las bases mismas de nuestra estructura social representadas en las municipalidades. Ustedes, como autoridades municipales, tienen en ello una importancia capital. Pero quiero reiterarles que la paz debe buscarse, construirse y obtenerse en múltiples espacios de la vida de la Nación, lo que implica identificarlos y actuar en ellos en forma armónica y coordinada, conforme al papel y las condiciones de cada cual. Hoy les he propuesto una tarea que compromete por entero a todos los que estamos convencidos de que la violencia sólo trae más violencia. La unidad de nuestras voces y nuestros reclamos debe persuadir a quienes aún creen que con ella se puede construir un país mejor. Existen claras señales que nos permiten confiar en que los movimientos insurgentes transitan por ese sendero, pero aún quedan entre sus filas y fuera de ellas los que se obstinan en hacer uso del terror para allanar el camino de sus pretensiones. Es a ellos a los que hay que hacer sentir, desde todas y cada una de las partes de nuestro territorio nacional ese mensaje clamoroso y exigente. No dudo en la viabilidad que tiene la celebración de acuerdos sobre ellos, más aún si en su análisis, junto con la dialéctica de las ideologías, se privilegia la búsqueda de eficiencia: eficiencia en la consolidación democrática, eficiencia para la obtención de la justicia social, eficiencia para la superación de la pobreza, eficiencia en el respeto y promoción de los derechos humanos, eficiencia en la producción y equitativa distribución de la riqueza, en fin, eficiencia en la consecución de la concordia entre los colombianos. HECHOS DE PAZ V

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Pero lo que realmente queda puesto a prueba frente a esa agenda sustantiva de paz es la generosidad y la grandeza que a todos nos corresponde ofrecer, con el propósito de encontrar verdaderos caminos de paz. La pregunta fundamental es, ¿cuánto estamos dispuestos los colombianos a aportar?, o, en otras palabras, ¿cuánto estamos dispuestos a invertir en la paz? Lógicamente, la obtención de la respuesta sólo es posible si nos sentimos compelidos por esa pregunta, superando de una vez la estrecha comprensión del proceso de paz como un asunto que compromete exclusivamente al Gobierno Nacional y la insurgencia, o con la simpleza de esperar que como producto de unas cuantas reuniones, el Alto Comisionado para la Paz se presente al país con los acuerdos de paz en una mano y con la dotación de la insurgencia en la otra. Llevar a la práctica un modelo económico más justo del que tenemos, efectuar una reforma agraria económicamente productiva, romper los monopolios que excluyen a grandes segmentos de población de los beneficios del desarrollo, abrir espacios democráticos que garanticen la igualdad de oportunidades de acceso al poder, reformar el Estado para alcanzar su eficacia y la ampliación de la democracia y del Estado de Derecho, garantizar la protección del medio ambiente, son tareas que no se alcanzan mediante la simple construcción de modelos teóricos, sino que implican en esencia la modificación de comportamientos y de formas de pensar en el conjunto de la sociedad y en especial entre quienes han gozado y gozan de poder político o económico. El proceso de paz tiene que entronizarse de tal forma en la mente de los colombianos, que transforme nuestro modo de actuar individual y colectivo. Las prácticas excluyentes en lo político, lo económico y lo social, la corrupción pública y privada, el egoísmo feroz en la acumulación de riqueza, por mencionar sólo unos, son hábitos enraizados en nuestra vida nacional que representan los mayores obstáculos para la paz, tan graves y en ocasiones más graves que la obstinación en la violencia.

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Es hora entonces de que todos los sectores nacionales reflexionen a fondo sobre la magnitud de los aportes que estĂĄn dispuestos a hacerle a la paz; no como concesiones a la guerrilla, ni como actos de filantropĂ­a, ni como sacrificios inevitables, sino como obligaciones patriĂłticas que es necesario asumir para el bienestar de todos los colombianos, que es el de nosotros mismos.

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INTERVENCIÓN DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ EN LA REUNIÓN CON LOS SECRETARIOS DE GOBIERNO MUNICIPALES

Me dirijo hoy a ustedes en medio de las nuevas reuniones dentro del proceso de paz con las FARC, de las que, como el resto de mis compatriotas, espero los más eficaces resultados. La que debemos tener es una confianza urgente de resultados, pero no puede ser una confianza ciega que olvide los avatares del camino ni las dificultades que son inherentes a la magnitud de los desafíos. Construir la paz, para decirlo claro, no es lo mismo que soplar y hacer botellas. Nadie que tenga los pies sobre la tierra puede pensar que como resultado de unas cuantas reuniones habremos cumplido la reconciliación nacional. Y nadie que tenga los pies sobre la tierra colombiana puede dejar de asumir la responsabilidad concreta de actuar, porque la paz no surgirá como el humo blanco de un cónclave realizado a la distancia y en el encierro, sino que la construimos todos, en el aquí y el ahora de nuestras propias circunstancias, como diría Ortega y Gasset. No veremos una paz de todos, por todos y para todos, como la queremos, si compramos boletas para la tribuna, si nos quedamos a la expectativa de que se nos anuncie por la radio, o si la eludimos desde la mullida silla en la que suelen sentarse los apáticos, los escépticos o los críticos.

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Cada colombiano debe concurrir a la construcción de la paz, entendiendo que ella es mucho más que el silencio de los fusiles o el catálogo de compromisos consignados por las partes en papeles. La paz es un proceso y como tal supone construir el edificio de reformas que requieren nuestro Estado y nuestra sociedad para ser más justos, más democráticos y más solidarios. Para realizar esa obra cada quien debe ubicarse en aquel lugar en el que sea más útil, de acuerdo con sus habilidades y herramientas, bajo la convicción de que hay que armonizar esfuerzos y jalar para el mismo lado. El primer empujón que hoy les propongo hacer como líderes de la sociedad es el de respaldar los diálogos de paz y oponerse radicalmente a la preservación de la violencia. Para el éxito del proceso es indispensable disipar esa idea perversa que ha empezado a navegar por el ambiente, según la cual la intensificación de la guerra es una alternativa de paz. La violencia, hay que recordarlo sin desmayo, sólo trae más violencia. Toda pretensión de imponer con fuego o con terror los términos del proceso de paz debe merecer el más enérgico repudio de la sociedad colombiana. No sólo porque va en contravía con los propósitos y anhelos nacionales que urgen el fin de la confrontación, sino porque no se compadecen con la resuelta y demostrada voluntad de paz del Gobierno Nacional. La verdadera fuerza que hay que probar ahora es la de las ideas y las razones, la de la capacidad para oírse, para disentir, para reflexionar, para ceder, para proponer; en fin, para dialogar. En el marco de estas reflexiones quisiera dirigirme desde aquí al Ejército de Liberación Nacional. Lo hago para pedirle la sensatez que a todos nos demanda la hora presente. Lo hago para instar a sus comandantes la inmediata restitución de la libertad de los rehenes del avión de Avianca que mantiene en su poder. No es a través del sufrimiento de los indefensos que se pueden obtener beneficios o imponer condiciones; no es con más violencia como puede demostrarse capacidad o fortaleza. 138 REPÚBLICA DE COLOMBIA


Saben ellos que el Gobierno Nacional ha respaldado y promovido su iniciativa para que el proceso de paz tome curso a través de la realización de la Convención Nacional. Así lo hemos hecho, porque estamos convencidos de que no hay mejor fortaleza que aquella que proviene de una sociedad dispuesta a concurrir y aportar a la construcción de las propuestas para la reconciliación nacional. La convergencia de diversos estamentos políticos, económicos y sociales en un escenario plural y amplio para el debate de las tesis, para el contraste de las ideas y para la edificación de consensos, significaría un valioso aporte en la preparación y el tratamiento de una agenda bilateral de paz. Sobre este aspecto sustantivo existe entre el Gobierno Nacional y el ELN una aproximación común, y lo que no es menos importante, un respaldo en el seno de la sociedad que no se puede ni debe frustrar. No es entonces el momento de agudizar las diferencias, menos aún cuando ellas tienen que ver con aspectos procedimentales del proceso, tales como los relativos a las condiciones de tiempo, modo y lugar para la Convención Nacional y para la negociación bilateral. Tampoco es justo ni comprensible, ni se compadece con los esfuerzos de la sociedad, que sea la población civil precisamente la que, en abierta contradicción con las normas del Derecho Internacional Humanitario, sea sometida a padecer la violación de sus derechos más elementales con el fin de forzar posiciones del Gobierno Nacional. La sociedad colombiana no se deja llamar a engaños, y sabe que los únicos responsables del secuestro y de la suerte de los secuestrados son sus secuestradores. Es entonces el momento de rectificar, de enmendar y de asumir con valentía el compromiso de restituir incondicionalmente la libertad a los rehenes, en coherencia con el compromiso tantas veces expresado por el ELN para humanizar el conflicto. Sólo así la Nación podrá volver a creer en su voluntad de reconciliación, sólo así se restituirá la lesionada confianza de la sociedad en el proceso de HECHOS DE PAZ V

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Convención Nacional, sólo así se podrá proseguir el diálogo y convenir los rumbos del proceso de paz. El Gobierno Nacional no le cerrará las puertas al diálogo con el ELN; es esa organización la que los está cerrando, no sólo con el Gobierno, sino con la sociedad que generosamente los ha venido escuchando, ha creído en su palabra y ha asumido la tarea de aportar a la construcción del proceso de paz. La sociedad se siente engañada, y si eso es apenas natural después de conocer la inflexible posición del ELN frente al despeje de cuatro municipios del sur de Bolívar, lo es más aún ante el secuestro de una aeronave llena de indefensos. No es por la vía de las imposiciones ni de la arrogancia que los colombianos esperan conocer la voluntad de paz. Es a través del diálogo permanente, franco, continuo, dispuesto a superar las dificultades, y centrado en el inequívoco propósito de poner fin al conflicto, como puede lograrse el desarrollo y el éxito de un proceso de reconciliación. Es cuanto menos contradictorio, lo quiero reiterar, que se proponga un proceso de paz basado en la participación de la sociedad y la humanización del conflicto, como lo ha propuesto el ELN y lo ha aceptado el Gobierno, y a la vez se ataque a la sociedad y se viole ostensible y premeditadamente el Derecho Internacional Humanitario, so pretexto de imponer los términos del proceso. De liberarse los rehenes, la propuesta del Gobierno Nacional para optar por alguna de las cuatro alternativas que presentó al ELN para el inicio del proceso de paz sigue en pie, así como la de explorar alternativas que guarden coherencia con la necesidad de brindar las condiciones y las garantías necesarias para la asistencia tranquila, espontánea y libre de toda coacción, de los participantes en la Convención Nacional.

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Palabras del presidente de la República, Andrés Pastrana, con ocasión del nonagésimo aniversario de la Escuela Superior de Guerra Santa Fe de Bogotá, D. C., 6 de mayo de 1999

Hoy vengo por primera vez al principal centro de formación de los militares colombianos, en mi condición de Presidente de la República y Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas de la Nación. Ante todo quiero, con lo más profundo de mis sentimientos, dejar ante ustedes y a nombre todos nuestros compatriotas nuestra expresión de gratitud por todos los sacrificios y esfuerzos que las fuerzas armadas a diario realizan en todos los rincones de la patria en defensa de nuestra democracia, de nuestras instituciones y de nuestros compatriotas. Estar hoy con ustedes se constituye en un honor que me hace sentir orgulloso de regir en estos momentos los destinos del país. Como Presidente de Colombia quiero aprovechar este privilegio para compartir con los más altos oficiales este, algunos temas que considero vitales para el destino de nuestra nación. Los oficiales que aquí se forman tienen la enorme responsabilidad de liderar nuestras tropas, de conducirlas en todo momento hacia el cumplimiento leal de cada una de las funciones que nuestra constitución les ha dado. La historia no puede mirar solo al pasado sino también debe construir el porvenir. Eso es lo que se ha hecho desde esta Escuela Superior de Guerra. Aquí se han formado los oficiales que han llevado a nuestras Fuerzas a ser unas fuerzas de paz, porque nuestros ejércitos lo que portan son las armas de la paz, de la convivencia y de la reconciliación de los Colombianos y sobre ellas han reposado seguros los cimientos de las normas jurídicas que rigen nuestra República.

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Lo que hoy voy a plantearles, quiero que ustedes lo trasmitan a todos los demás oficiales, a los suboficiales y a los soldados, porque como siempre lo he hecho, vengo ante nuestros oficiales a hablarles con sinceridad, acerca de los temas que más preocupan a nuestra nación y esto debe ser conocido por todos los integrantes de nuestras fuerzas armadas. A las Fuerzas Militares se les reconoce una autonomía en los asuntos especializados y propios del quehacer militar. Y ello es así porque la profesión militar requiere de una intensa y particular preparación, la que no está al alcance sino de quienes han escogido desde muy jóvenes ingresar a la carrera militar. Es un conocimiento que requiere la especialización propia de exigentes disciplinas y que se adquiere a lo largo de toda una vida. Por otro lado, en un estado democrático, como el nuestro, lo natural y lo deseable es que los civiles conozcan los temas militares y que por ello discutan los aspectos políticos y estratégicos de la Fuerza Pública, tales como su papel en la sociedad y su relación con los poderes públicos. Incluso es sano para una democracia que civiles discrepen de las visiones originadas en academias militares y que estas opiniones se discutan a plena luz del día. Pero insisto, hay que mantener, dentro del ámbito exclusivamente militar, un grupo de decisiones que corresponden a la autonomía propia de un cuerpo organizado, ya que aquellas se derivan de un conocimiento especializado. Mal harían entonces los políticos, los académicos y los analistas, en pretender entrometerse en decisiones puramente militares. El gobierno civil tiene la obligación, no sólo de respetar esta autonomía especializada, sino también de impedir que haya injerencia de posturas partidistas. En otros países hemos visto el daño que produce en las filas castrenses, y en el respeto hacia estas por parte de los conciudadanos, que las instancias partidistas sean las que determinen por ejemplo estímulos, ascensos, o cuestiones puramente operacionales. Esta autonomía especializada no significa que el estamento militar posea independencia absoluta con respecto a la sociedad o sea una isla dentro de las instituciones del Estado. Al contrario, en una democracia, la política 142 REPÚBLICA DE COLOMBIA


general dentro de la cual se enmarca la acción militar es de responsabilidad del poder político y, en particular, del Jefe del Estado. La fuerza pública ejecuta su tarea dentro de lineamientos de política que traza el gobierno. Es al Presidente a quien corresponde la inmensa responsabilidad del orden público y para ello tiene a su disposición el poder regulado de la fuerza pública y los instrumentos políticos y legales que le da la Constitución. Es también un principio esencial de nuestro ordenamiento democrático que las Fuerzas Militares estén subordinadas en todos los aspectos al poder político materializado en el Presidente de la República y en su Ministro de Defensa. Eso no tiene discusión de ninguna índole. No la ha tenido en el pasado, ni deberá tenerla en el futuro. El Presidente tiene, por lo tanto la atribución directa, o a través de su Ministro de Defensa, de tomar determinaciones sobre la permanencia de mandos militares por los motivos contemplados en el reglamento. Esto no es un capricho de nuestra legislación ni es tampoco una disposición arbitraria. El gobierno tiene que velar por el bien común, por la armonía de las relaciones entre poderes públicos y por la eficacia en el ejercicio del poder. Para ello es soberano al tomar las decisiones discrecionales que mejor convengan al futuro del país. La razón estriba en el concepto de la no deliberancia contemplado en los estatutos y reglamentos militares desde el propio inicio de nuestra fuerza pública republicana. Menciono solamente el Estatuto de la Guardia Colombiana de Tomás Cipriano de Mosquera que establecía que la guardia era obediente y no deliberante. En la Constitución del 91, tal como lo señala el general Alvaro Valencia Tovar, verdadera insignia del pensamiento militar, se mantiene con acierto la previsión consagrada en la Carta del 86 sobre la no deliberancia de los miembros de las instituciones armadas. Incluso se convierte en más exigente con un criterio que el mismo general Valencia Tovar califica de afortunado: se prohibe explícitamente la participación en debates políticos y las actividades en partidos o movimientos. Deliberar es discutir ordenes superiores. El reglamento lo prohibe aún cuando llegue el caso en que no se esté de acuerdo con la orden. La milicia

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es obediente y así debe serlo. La no deliberancia también se ha interpretado como no intervenir en controversias políticas dentro de nuestra dinámica democrática. La neutralidad de la fuerza pública en política es y debe ser rigurosa y rígida. No se puede desviar ni un milímetro pues se perdería, no solo el acatamiento a normas expresas, sino lo que tal vez es peor, conduciría a perder la confianza de los ciudadanos. Quiero ahora referirme al tema de la paz. Para afrontar y tratar de ponerle fin a la alteración del orden público que vive Colombia desde hace décadas he decidido intentar, con decisión y consciente de mi responsabilidad política, una salida negociada con quienes se han alzado en armas contra el Estado. Y mi propósito ha sido claro y transparente. Ya lo he dicho antes. No es el gobierno el que escoge entre una política de guerra y una política de paz. El Gobierno solo tiene la opción de cumplir con la Constitución. La guerrilla es quien tiene abierta la opción del diálogo, pero esta disposición abierta del gobierno y del pueblo Colombiano con la guerrilla no debe olvidar que el objetivo es la superación definitiva del conflicto de tantos años. El solo diálogo como fin en sí mismo o como estrategia ante la prolongada violencia no es aceptable. Desde antes de asumir la jefatura de Estado propuse que el conflicto interno se resolviera por medio de una negociación política. No sólo lo dije sino que, aún antes de asumir la responsabilidad que impone el ser Presidente de la República, abrí personalmente el camino del diálogo con la dirigencia de las FARC. Debo insistir, entonces, en que intentaré la vía de la negociación para buscar la reconciliación nacional, sin renunciar en ningún caso al uso legítimo de la fuerza que me impone el mandato constitucional de respetar la vida, honra y bienes de los ciudadanos. Con base en lo anterior, tomamos decisiones en esa dirección. Estas no deben sorprender cuando abrimos espacios al diálogo. Es más, para ello tengo un mandato popular irrebatible. Hace menos de dos años diez millones de colombianos votaron libremente para definir un mandato categórico que invita al Estado a buscar una salida negociada al conflicto interno. Y más recientemente para las elecciones presidenciales, mi propuesta de paz fue 144 REPÚBLICA DE COLOMBIA


conocida por todos y votada favorablemente por la mayoría de los compatriotas. Tengo por lo tanto un mandato popular, expresado en las urnas, que debo respetar. He vuelto a dialogar con la dirigencia de las FARC con el propósito de mostrar no solo mi compromiso con la solución negociada, sino para destacar la importancia que tiene el pasar al proceso de negociación. Comprendo que estos encuentros con líderes de la insurgencia armada puedan causar cierto impacto entre quienes luchan por doblegar esos grupos ilegales. Pero siempre he dicho que personalmente lideraré este proceso y por eso ha sido necesario realizar estos contactos personales para lograr un intercambio más franco y directo que haga posible el camino de la paz. En estos casos recuerdo siempre una frase que solía decir mi padre, citando a un gran escritor: “ lo único imperdonable es no hacer lo necesario cuando es necesario”. Aunque reconozco las dificultades que encontraremos en nuestra travesía, debo decir que hemos avanzado. Estamos pasando de una etapa de diálogo hacia un proceso de negociación, el cual se iniciará a partir de la agenda común acordada. De igual manera, nos hemos comprometido a dar desarrollo al acuerdo suscrito el pasado 28 de Abril entre los representantes de las diferentes fuerzas políticas y el Gobierno Nacional, acuerdo que demuestra la voluntad política de la sociedad colombiana de darle una salida negociada al conflicto interno. Soy consciente de las observaciones y quejas que se han presentado en torno a la zona de distensión que fue establecida de acuerdo con la ley. Al respecto quisiera señalar que se trata de un ejercicio complejo y sin antecedentes pero indispensable para avanzar en el proceso de paz. Con el fin de que cumpla adecuadamente su función, hemos acordado la creación de una comisión internacional de acompañamiento integrada por personalidades que permita servir de verificadora para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar. Confío en que este mecanismo de verificación contribuya a crear el clima propicio para la negociación. HECHOS DE PAZ V

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Lo he dicho en varias oportunidades y quiero aquí reiterarlo. En relación con la agenda para el gobierno no existen temas vedados. Pero si dejo en claro que en el tratamiento de todos los temas, sin excepción, el Gobierno se guiará en defensa del Estado de Derecho, de la unidad territorial y de los principios democráticos que rigen nuestra historia, nuestra sociedad actual y nuestras instituciones. La paz implica necesariamente un avance en la consolidación y modernización de nuestra democracia. Porque la democracia no consiste simplemente en que se celebren elecciones o en que haya libertad de prensa. La democracia va más allá. En ella debe existir una profunda capacidad de cada ciudadano para discutir y aportar soluciones a los distintos problemas que son propios de toda sociedad. La democracia es avanzar decididamente hacia la justicia social. La democracia es también seguridad y tranquilidad para que cada ciudadano pueda aportar el máximo de sus virtudes sin que un hecho violento o criminal se le atraviese en el camino. Como decía Winston Churchill, la democracia consiste en que cuando alguien golpee en nuestra puerta a las 6 de la mañana, podamos estar seguros que se trata del lechero. De mi mente y de mis decisiones, óigase bien, nunca se apartará la necesidad de preservar el monopolio legítimo de la fuerza por parte del Estado. La paz de Colombia es incompatible con la existencia de grupos armados llámense como se llamen. Algo distinto iría en contra de nuestra democracia y de nuestra sociedad. Quiero ser claro. La preservación del Estado de Derecho lleva a que, en ningún caso, se pueda concebir la disolución de las instituciones armadas cuya razón de ser es el ejercicio del monopolio legítimo de la fuerza. Muy por el contrario, en la Colombia en paz me imagino una Fuerzas Militares fuertes, dinámicas y comprometidas con la paz, con el desarrollo, el cuidado de nuestras fronteras y de nuestros recursos naturales. A su vez anhelo a una Policía trabajando hombro a hombro con la autoridad civil e involucrada a fondo con la seguridad ciudadana a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. 146 REPÚBLICA DE COLOMBIA


No voy a olvidar por ningún motivo a soldados y policías que han ofrendado sus vidas durante los últimos años en defensa de nuestras instituciones y de la sociedad colombiana. Es bueno recordar que gracias a su esfuerzo y sacrificio, ha sido posible que Colombia perdure como una nación libre y soberana. La función que cumplen las Fuerzas Armadas ha sido, es y será fundamental para el mantenimiento de nuestra democracia y será pilar para la consecución y consolidación de la paz. Son ustedes los depositarios de las armas que les ha dado la sociedad para su defensa, la salvaguarda del orden y el mantenimiento de la tranquilidad. Es un acto supremo de confianza. Y sepan que, como Presidente, siempre tengo presente el imperdurable agradecimiento que la sociedad les tiene por el servicio que prestan. Dicen los teóricos que la guerra, por su trascendencia, hace fundamental el concurso del estamento civil. En Colombia, en la realidad, creo necesario afirmar, además, que el logro de la paz es un evento cuya trascendencia hace que sea fundamental el concurso del estamento militar y policial. Por eso he tomado la decisión de incluir como miembro de la Comisión Negociadora de Paz a un alto oficial en retiro de las Fuerzas Armadas. Convencido de la necesidad de fortalecer y modernizar las fuerzas militares he puesto en marcha un proceso dirigido a su reestructuración. La institución militar debe estar capacitada y dotada para enfrentar los retos que impone a diario nuestro país. Se busca dar una mejor utilización a los recursos humanos con que se dispone y avanzar en el proceso de profesionalización. Se trata también de mejorar las telecomunicaciones, la capacidad de combate, la estructura de apoyo, la movilidad y la labor administrativa. Quiero compartir con ustedes mi profunda convicción en que el respeto y la promoción de los derechos humanos son para mí elemento insustituible de la democracia. Así mismo, es claro que en la agenda de las naciones este tema ha adquirido lugar preponderante. El sistema internacional

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de protección de los derechos humanos constituye uno de los mayores avances de la sociedad contemporánea. No sobra recordar que han sido los estados quienes de manera soberana han contribuido al fortalecimiento de esta realidad. Colombia no ha estado ausente de estos desarrollos. Lo anterior nos obliga a reflexionar serenamente sobre la importancia que tiene para el Estado y para sus Fuerzas Armadas no quedarnos atrás en el cumplimiento de estos compromisos. He señalado que la paz está vinculada estrechamente a la vigencia de los derechos humanos y estos a la vigencia de la paz. También deseo reiterar que el gobierno reconoce la seriedad de la situación de los derechos humanos. La sociedad colombiana tiene igualmente que aceptar su parte de responsabilidad para lograr adoptar los correctivos y las decisiones que nos permitan corregir las equivocaciones del pasado. Por ello, trabajamos en la adopción de un nuevo Plan Nacional de Derechos Humanos que comprometa a todas las instituciones de control en hacer de este tema una verdadera política de estado. La vigencia de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en el curso de un conflicto armado como el que enfrentamos en Colombia es y debe ser el cometido supremo del Estado y la sociedad civil. Por eso rechazamos todas las formas de violencia y terrorismo, el asesinato y el secuestro en sus diversas expresiones y todas las demás manifestaciones de barbarie. Quiero reafirmar que la defensa del Estado de Derecho y el ejercicio de la fuerza solo le compete a las autoridades legítimamente constituidas. Cualquier expresión de justicia privada que pretenda sustituir al Estado en sus deberes constitucionales, será objeto de implacable persecución. Es por ello que la acción criminal de las llamadas autodefensas, no puede ser tolerada por acción u omisión de cualquier agente gubernamental. En particular me abruman las amenazas de que ha sido objeto el periodismo por parte de organizaciones armadas al margen de la ley. La libertad

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de prensa que el gobierno, la sociedad y el Estado respetan y defienden no tiene porque ser víctima del acoso violento y desmedido de actividades terroristas. Es función sagrada de las Fuerzas Militares que se respeten los derechos de cada colombiano. De ahí la trascendencia de realizar esfuerzos para aclimatar al interior de ellas una cultura de los derechos humanos. Es una política que ha dado resultados. La información muestra que hay una disminución significativa en los casos investigados por posibles violaciones a los derechos humanos. Así mismo los informes de organismos internacionales especializados en el tema confirman esta saludable tendencia. Debo hacer este justo reconocimiento a la institución militar que se ha comprometido a fondo en esta materia. Hoy celebramos noventa años de fundación de la Escuela Superior de Guerra. Hoy soy testigo que los principios con los cuales se fundó este centro de enseñanza militar se mantienen firmes como guía de las acciones de nuestros valientes militares colombianos. En 1909 la Escuela inició la tarea de darle a la República un ejército fundamentalmente profesional, de carácter nacional, que fuera garantía real de los gobiernos legítimamente constituidos y que estuviera lejos de toda controversia partidista. Era el inicio del siglo, el principio de una nueva época. Las expectativas, las metas y las tareas que enfrentaba, eran propias de una Colombia muy distinta a la que hoy despide el milenio. Noventa años después me encuentro ante una Escuela preparada para capacitar a quienes enfrentan los retos más significativos que impone una sociedad tan compleja como la nuestra. Hoy los oficiales reciben el más alto grado de formación. Soy un convencido de que los generales salen de estas aulas con la capacidad y el criterio necesarios para entender los problemas de nuestra sociedad a partir de una visión de Estado. Mi experiencia hasta el momento con el alto mando ha sido la de trabajar

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con oficiales altamente profesionales, siempre atentos a entender la problemática del gobernante y siempre dispuestos a dar consejos oportunos y sensatos. La Escuela Superior de Guerra tiene clara la visión de cambio que propongo. De aquí que proyecte constituirse en un Instituto de Estudios Superiores con proyección hacia el siglo XXI. Esto lo logrará afianzando valores y principios, para mantener así la capacidad de conducción y liderazgo de los Oficiales Superiores, tanto en el campo militar como en el campo estratégico. Señores miembros del Alto Mando Militar, exalumnos de esta Escuela. Señores oficiales docentes y alumnos. En otro momento crucial de la historia de Colombia, el expresidente Alberto Lleras señaló que “si al término de mi Gobierno, como lo espero, se puede otra vez recorrer los caminos de Colombia sin riesgo, si en cada casa vuelve a vivirse en sosiego, si nuestros compatriotas dejan de temerse y de odiarse, si donde quiera que se vea un uniforme de un miembro de los Fuerzas Armadas, hay para la institución un voto de agradecimiento y un íntimo aplauso, si los Diez Mandamientos vuelven a regir la conciencia de nuestros compatriotas y no hay más tiros, más muertos, más asaltos, más crímenes impunes, más persecuciones, volveré aquí adonde Ustedes, a decirles sin adulación ni generosidad, sino como un simple acto de justicia que merecen bien de la patria”. Comparto con plenitud la visión del ilustre mandatario. Esa es también la patria que anhelo. Me animan los mismos valores que alentaron a nuestros mayores. Me anima el sueño no prohibido y posible de ver a una Colombia en paz dispuesta al progreso, a la tranquilidad y a la concordia. Me anima mi compromiso indeclinable de cambiar a Colombia. Me anima el amor a la Patria que comparto con ustedes. No puedo tener un mejor estímulo.

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PALABRAS DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, EN EL FORO DE EL ESPECTADOR "agenda común con las farc" Santa Fe de Bogotá, D.C., 20 de mayo de 1999

Pocas tribunas tan privilegiadas como esta que se me ofrece hoy para entregar al país un nuevo parte sobre la situación del proceso de paz, que bajo el liderazgo del señor Presidente de la República estamos desarrollando. Por suerte hemos superado los primeros obstáculos, comenzamos a vencer los abismos de desconfianza que necesariamente acompañan los encuentros preliminares entre adversarios de décadas, y nos hemos demostrado a nosotros mismos que es hablando como se entiende la gente. Los resultados alcanzados hasta ahora son satisfactorios. Hemos cumplido la etapa de diálogos del proceso de paz y convinimos dar inicio a aquellos que conduzcan a la negociación. Diseñamos en estos meses la agenda común de los temas que, buscando consensos y llevando a cabo las transformaciones profundas que Colombia necesita, nos habrá de conducir a la reconciliación definitiva del país. Nuestra gestión se ha enmarcado por completo en la política de paz que estableció el Jefe de Estado desde antes de iniciar su mandato. Como es apenas natural, en desarrollo de esa política nos hemos enfrentado a situaciones complejas que nos han exigido actuar con audacia y anticipándonos a las dificultades, pero siempre gobernados por propósitos claros y por un marco ético que hace parte de nuestras más profundas convicciones y de nuestro compromiso ineludible con Colombia. Dijo el señor Presidente de la República que el proceso de paz puede y debe ser el escenario en el que se convengan las transformaciones de orden HECHOS DE PAZ V

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económico, político y social que requiere el país para ingresar pujante al nuevo siglo, que ya nos atropella. Afirmó también la disposición de su Gobierno para adoptar como punto de partida para el estudio de esas transformaciones la plataforma para la reconciliación nacional propuesta por los movimientos insurgentes, y se mostró siempre partidario de tomar iniciativa en la presentación de temas y de tesis sobre los intereses nacionales, que permitieran la convergencia de propósitos y voluntades en el proceso de paz. También desde el primer momento de su Gobierno, el Primer Mandatario accedió con decisión y firmeza a suministrar las condiciones propuestas por la insurgencia como necesarias para dar inicio al proceso de paz, con la convicción de la importancia que revisten los aspectos de orden procedimental para su éxito. Han sido estas determinaciones procedimentales, y en especial la declaratoria de la zona de distensión y sus aspectos colaterales, las que han generado la atención nacional durante los últimos meses. Esa zona de distensión para los efectos de la negociación se establecerá sin límite de tiempo y por tanto sin fecha fatal, en el mismo espacio en el que se ha venido trabajando en los diálogos y con la veeduría de la Comisión Internacional que será conformada por personas representativas y escogidas de común acuerdo entre las partes. Esta zona seguirá siendo importante, y estoy seguro de que responderá inequívocamente a los propósitos para los cuales ha sido establecida: Un escenario de encuentro para los diálogos de la negociación, donde no exista confrontación armada, se respeten las autoridades municipales, permita el libre accionar de los habitantes de la región y sea un espacio que sus gentes prestan para la obtención de una paz duradera y estable. Hemos actuado en coherencia con esa política de paz y hemos logrado cumplir con nuestros primeros objetivos. De allí que podamos decir que el desafío que hoy se impone ante nosotros y el centro de la atención de los colombianos es sin duda de mayores ho-

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rizontes, más trascendental, más definitivo, pues estamos ante la agenda sustantiva de la negociación con las FARC, que constituye la bitácora que nos habrá de guiar a la construcción de un mejor país. Y porque es precisamente esa agenda sustantiva de paz la que motiva este encuentro, quisiera concentrar mis consideraciones en la forma como desde el Gobierno Nacional la comprendemos y creemos que debe asumirse por todos los colombianos. La Agenda Común por el Cambio Hacia una Nueva Colombia es producto de un diálogo que no se reduce a los encuentros sostenidos entre los representantes del Gobierno y de las FARC durante los cuatro meses en que tuvo lugar. Llegamos a su definición después de amplias consultas y centrados en el objetivo de interpretar fielmente en ella los intereses, las preocupaciones y las propuestas del conjunto de la sociedad colombiana. La agenda se ha construido de frente a la Nación, pues bien sabemos que la paz no admite exclusiones ni arrogancias, sino que por el contrario, exige la unidad de propósitos y su apropiación por todos los colombianos. Tengo una firme confianza en que esa agenda responde a las expectativas de las inmensas mayorías, y estoy convencido de que en ese respaldo residen su fuerza y legitimidad. Como ustedes lo saben, tomamos iniciativa en propiciar encuentros de las diversas fuerzas políticas, y estamentos económicos y sociales del país con las FARC, mediante reuniones que se caracterizaron por el diálogo franco, abierto y sincero. En dichos encuentros florecieron diferencias y coincidencias, pero sobre todo surgió a la evidencia que es posible convenir caminos para un futuro en paz. No dudo que la agenda que hemos convenido constituye de por sí el primer acuerdo, no sólo con la insurgencia, sino con los estamentos de la sociedad colombiana. Pero también soy consciente de que se trata de un texto de enunciados que deben llenarse de contenido, y esa es una tarea que corresponde a todos los colombianos, sin excepción.

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De allí que sea tan importante que en la hora presente la sociedad concurra al estudio profundo y juicioso de los temas de esa agenda. He dicho en otras ocasiones y reitero ahora que para obtener los mejores resultados de la negociación, será necesaria la unidad de la inteligencia y la voluntad nacionales, de modo que las reformas que surjan de los acuerdos sean rentables, viables y sostenibles. En otras palabras, es necesario que desde ahora, en la etapa de construcción de la paz, se piense y se asegure la consolidación de esa paz. Quiero con esto decir que lo que se nos impone ahora es demostrar nuestra vocación democrática en toda su profundidad; la capacidad de concurrir generosamente a la construcción del futuro nacional, mediante la participación activa y creativa de todos y cada uno de los colombianos. Nadie debe quedarse quieto, nadie puede permanecer pasivo, todos tenemos que participar en la deliberación, la decisión y la ejecución de los acuerdos de paz. Suelo recordar que en nuestros tiempos, a nivel universal, son pocas las certidumbres sobre los rumbos del desarrollo. Tal vez nunca en la historia como ahora cobra validez la sentencia de Pascal, que gustaba recordar el Presidente Misael Pastrana, según la cual "la peor herejía es desconocer la verdad que hay en el otro". Esa crisis de los paradigmas, que nos acompaña a diez años del fin de la guerra fría, aunque por un lado es negativa, pues nos ha movido el piso y nos genera incertidumbre, por otro lado es formidablemente benéfica, pues nos ofrece la oportunidad de afirmar la democracia, no en su reducida dimensión como sistema de gobierno, sino en su más profunda connotación, como herramienta ética para la construcción colectiva del desarrollo. Quizá nunca como ahora la vida humana, desprovista de certidumbres, es una aventura. Nuestro proceso de paz también lo es, y lo importante es que participemos en ella desde el principio, todos como tripulantes y ninguno como pasajero. La democracia es entonces esencial para el éxito de nuestro proyecto de paz.

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Yo diría que la negociación de la agenda común de paz que hemos acordado con las FARC, lejos de constituirse en una concertación de tesis ideológicas, deberá ser un verdadero convenio social, un pacto ético. Por eso, sobre cada uno de los temas, a la mesa de la negociación deberán llegar propuestas pensadas para hacer eficaces propósitos comunes y capaces de imponer su fuerza persuasiva. Así, la negociación de la agenda de paz, tarea que corresponde al Gobierno Nacional y las FARC, deberá responder a un irrenunciable catálogo moral que incluye la ampliación de la democracia; el respeto y promoción de los derechos humanos y las libertades públicas; la obtención de la justicia social y del desarrollo sostenible, y la consolidación de la unidad nacional. Pero a la vez, la negociación tendrá que ser capaz de establecer científicamente, técnicamente, prácticamente, las reformas que hagan realidad esas aspiraciones compartidas. Es hora entonces de poner a prueba la grandeza de los colombianos y preguntarnos si estamos en disposición y somos capaces de asumir en todas sus consecuencias esas posturas morales, que nos exigen obrar con la generosidad intrínseca a la solidaridad social, y si estamos dispuestos a construir sobre esas bases acuerdos, no como "concesiones" a la insurgencia, sino como fórmulas de entendimiento nacional con las que nos jugamos el progreso individual y colectivo. Nunca habíamos llegado tan lejos como ahora en la búsqueda de esos entendimientos, pero no es del Gobierno y la insurgencia de quienes depende su construcción, sino de la voluntad colectiva de la Nación colombiana. No pretendo con estas palabras eludir o mitigar la responsabilidad que corresponde a las partes en la negociación, en especial la que tenemos para poner fin al conflicto. El Gobierno Nacional conducirá la negociación con absoluta fidelidad a los anhelos de la sociedad y sin renunciar a sus principios, pero plenamente convencido de que necesitamos trabajar en la construcción de un Estado fundamentado en la justicia social. Lo que busco con mis reflexiones es invitarlos a que, bajo el liderazgo del Presidente de la República, participen activamente en la edificación de las

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propuestas concretas que deberán alimentar la agenda, con la estatura moral que nos exigen estos tiempos cruciales de nuestra vida republicana. Los colombianos conocen ya la agenda común; los invito a que la asuman como propia, pues no es sino el esbozo de una obra por hacer. En lugar de escudriñarla con el ánimo de encontrar en ella intereses ocultos, como unos pocos ya han comenzado a hacer, nos compete a todos llenarla de contenidos. Hemos convenido con las FARC dotar el proceso de una comisión conformada por representantes de la Comunidad Internacional, que como tercero imparcial apoye nuestra mutua voluntad y aliente nuestros esfuerzos. Sin duda ese mecanismo, establecido en forma directa entre el señor Presidente de la República y Manuel Marulanda el pasado 2 de mayo, y cuyos pormenores estamos por convenir, contribuirá al acrecentamiento de la confianza. El deseo del Gobierno Nacional es que podamos apretar el paso, pues aunque sabemos que el proceso será largo, por los afanes de la Nación nos urge llegar a un punto que permita convenir los términos de la suspensión de las hostilidades y lograr por fin detener la degradación del conflicto, que tanto dolor está causando a la población civil. También hemos previsto con las FARC el establecimiento de procedimientos que permitan una amplia participación y consulta con la sociedad colombiana durante el período de negociación. Pero quiero reiterar que esos espacios de participación tendrán su eficacia sólo mediante la entusiasta, organizada y activa presencia de nuestros compatriotas. Finalmente, no por retórica sino por convicción, se trata de que "no desaprovechemos la oportunidad histórica que tenemos de crear las condiciones para construir una Nación en la que quepamos todos y tengamos un Estado que todos respetemos". No puedo concluir estas consideraciones, que no quiero extender más para que ustedes tomen la palabra, sin antes reiterar que es necesario,

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indispensable, retomar el curso del proceso de diálogo y negociación con el ELN. El Gobierno Nacional permanece dispuesto a buscar los caminos de la reconciliación con el ELN, con las firmes intensidad y voluntad con que se ha empeñado en obtener la reconciliación total del país. Sé que podremos hallar pronto una dinámica constructiva que nos encarrile hacia la paz.

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PALABRAS DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, DOCTOR VÍCTOR G. RICARDO, EN LA SESIÓN INAUGURAL DEL DIPLOMADO SOBRE CULTURA DE PAZ Universidad Sergio Arboleda, 21 de mayo de 1999

La Construcción de la Cultura de Paz Para mí es motivo de enorme complacencia concurrir a la cátedra inaugural del Diplomado sobre Cultura de Paz de la Universidad Sergio Arboleda. Lo hago consciente de la importancia capital que tiene la academia, en la reflexión y la búsqueda incansable de la verdad sobre los temas de la paz, pero especialmente convencido de que la genuina reconciliación exige cambios radicales de conducta; formación, y no sólo información. Asistimos a una época en que la humanidad entera cuestiona los paradigmas que en el pasado reciente consideró sacrosantos; los nuestros son tiempos de múltiples incertidumbres y por lo tanto también de nuevas búsquedas, expediciones intelectuales y volitivas, animadas por la necesidad de hallar nuevas pistas para el desarrollo y la felicidad de los hombres y los pueblos. La desestructuración del viejo orden ha implicado durante los últimos diez años cambios de fondo en las prioridades temáticas de las naciones, y como una parábola de retorno a las verdades del espíritu, la humanidad muestra amplio interés en los tópicos que hasta hace unos años eran tratados con grave indiferencia. Sabemos que sabemos poco, pero también, entre lo poco que sabemos, que el eje gravitacional de la paz genuina, de la paz de hoy, es la prevalencia absoluta e incuestionable de la dignidad de la persona humana. Ese pro-

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ceso de transformación, centrado en el valor supremo del ser humano, es también el de una cultura de violencia hacia una cultura de paz. El proceso de paz que hemos emprendido, bajo el liderazgo del señor Presidente de la República, bien puede comprenderse y entenderse como un gran proyecto de restauración de la dignidad de todos los colombianos. Nos adentramos en él sin darnos el dudoso lujo de olvidar la índole y magnitud de nuestros problemas presentes y nuestros retos futuros. Con el proceso de paz pretendemos anticipar sus soluciones e introducirnos en la nueva centuria con un nuevo rostro institucional y una nueva mente nacional. La creación de la cultura de paz es una tarea de altísima trascendencia y de perfiles relevantísimos, máxime para nuestro país, enfrentado a difíciles condiciones sociales, económicas y políticas. Entre nosotros el proceso de paz es una alternativa clara para cambiar patrones sociológicos, conductas políticas y esquemas económicos, que por su iniquidad son inmorales, y constituyen fuentes inagotables de violencia. Esa es, y no menos, la profundidad del proceso de reconciliación en el que estamos empeñados: nuestro proceso de paz es también un proyecto pedagógico, para entronizar entre nosotros la cultura de paz. Es innegable que la posibilidad de construir la paz de Colombia, tradicionalmente esquiva, se asoma promisoriamente. Hemos logrado en estos 8 meses demostrarnos a nosotros mismos el enorme valor transformador de la palabra, del lenguaje y del diálogo. Contamos hoy con una agenda de negociación con las FARC, que nos ayuda a escapar de la Torre de Babel que edificamos con la violencia. Un análisis de esa agenda común permite constatar que sus enunciados traducen aspiraciones compartidas, no sólo entre los colombianos, sino prácticamente a nivel universal. El recorrido por los grandes temas internacionales y sus foros nos permite concluir que hoy la justicia social, el respeto por los derechos humanos, la seguridad alimentaria, el desa-

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rrollo humano sostenible, la superación de la pobreza o la consolidación democrática, por mencionar solo algunos, son las preocupaciones del fin de siglo. Son esos los temas de nuestra agenda de paz, y por tanto estamos en presencia de retos nacionales que son a su vez globales. Ello nos alienta, pues nos indica que no vamos en contravía con la historia y que Colombia puede encontrar con el proceso de paz la ruta segura hacia el futuro; pero a la vez nos impone una tarea monumental, que es precisamente la de construir las formulaciones para concretar en la práctica esas aspiraciones nuestras y de la humanidad, en un mundo en el que, quiero reiterarlo, ya es difícil encontrar las fórmulas. Y es precisamente en la construcción de esas formulaciones, que deben dotar de contenido los enunciados de nuestra agenda de paz, donde encuentro una tarea vital de los centros de formación académica. La Universidad es la despensa del saber y del obrar de Colombia, de la cual debemos hoy extraer, para los afanes de la patria, soluciones eficaces, rentables y sostenibles para nuestros problemas. En y desde la Universidad se pueden conjugar los diversos elementos que enriquecen nuestra configuración multicultural y se puede dar ruta y proyección a la creatividad de nuestras gentes. A la vez, es desde los centros de formación, no solo del entendimiento, sino también de la voluntad, quiero advertirlo, desde donde mejor podemos trabajar para sembrar el pluralismo y la tolerancia, que son las condiciones indispensables para obtener una sociedad nacional pacífica por vocación y en acción. A las puertas del siglo XXI la autenticidad de una paz perdurable se define en función del diálogo, la justicia social y los derechos humanos, de la manera como éstos son protegidos dentro de las múltiples situaciones que se presentan en el acontecer social y político de los pueblos. Esa tarea no puede restringirse a los espacios del Estado, ni se obtiene con la negociación de paz entre el gobierno y la insurgencia. Ella debe expan-

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dirse hacia la totalidad de la Nación, para hacerse un hábito colectivo. Planteadas así las cosas, no es serio creer en el éxito del proceso de paz si está desprovisto de la participación pujante de todos los estamentos políticos, sociales y económicos del país en la construcción de las propuestas y la producción de las iniciativas. Al fin y al cabo, la agenda de paz también puede leerse en clave de derechos humanos, no sólo de los civiles y políticos, sino de los económicos, sociales y culturales y los bien llamados derechos de solidaridad, como el medio ambiente, el desarrollo, o la paz, que en forma pionera hemos consagrado en nuestra Constitución Política. Alcanzar ese bien moral y político que es la paz es un compromiso que debe cobijar al cuerpo íntegro de nuestra sociedad. A fuerza de sentir, observar y escuchar diariamente los pasos de la violencia, nuestro pueblo ha terminado por acostumbrarse a ella, como si ésta fuera parte inherente a la vida misma. Esta especie de determinismo colectivo sólo puede contenerse mediante la formación del hábito de resolver los conflictos por las vías del diálogo, reemplazando las razones de la fuerza por la fuerza de las razones. No es un saludo a la bandera que estableciéramos como primer punto de la agenda de paz con las FARC la solución política negociada; lo hicimos conscientes de la profundidad de tal propósito, que supone privilegiar el diálogo a tal grado que sofoque y extinga para siempre la violencia. No tengo duda de que ese es un elemento de nivel principal en la construcción de la Cultura de Paz. Cuando nuestra sociedad, toda ella y no sólo los actores armados, asimile la importancia del debate, del diálogo abierto, de la mediación y el arbitraje, de la negociación y la concesión, encontrará por fin las pautas seguras de la convivencia pacífica y constructiva. Y ese diálogo debe abarcar y comprender todos los niveles del relacionamiento de la Nación. Desde aquel que se establece entre el Estado y la sociedad, de tal suerte que, al modo propuesto por Aristóteles, la voz

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del pueblo sea el criterio de la gobernabilidad; hasta en las relaciones de barrio, para desterrar la perversa costumbre de ver en el vecino un sospechoso, de hacer de cada casa una trinchera, de levantar muros que aíslan y rompen por completo la comunicación social. Ese diálogo que les propongo ayudar a construir debe comprender también el que es fundamental establecer entre las ciudades y el campo colombiano. Es realmente abrumadora la distancia que hay entre ellos, circunstancia de fatalidad para nuestra integración nacional. Me aterra pensar que nuestros jóvenes en Bogotá hacen uso de las maravillas informáticas de Internet, CNN o el Iridium, palabras que les son comunes y a través de las cuales acceden al mundo, que por ellas parece haberse ensanchado, pero que al mismo tiempo desconocen casi por completo y perciben como un mundo lejano y recóndito nuestras propias veredas, caseríos y municipios rurales. ¡Desconocen por completo más de media Colombia! Y ello no sólo ocurre con la juventud, sino también con muchos dirigentes y líderes naturales de nuestra sociedad, que aprenden los nombres que definen nuestra geografía a través de la dantesca pedagogía de las noticias de la violencia que allá ocurre. Unir esos dos mundos, el de la ciudad y el de nuestros campos, es una obligación con la paz. Esa unidad tiene que darse a través del desarrollo y el reconocimiento de la interdependencia entre campesinos y citadinos. La Universidad debe ir al encuentro de las regiones, liderando la superación de nuestro centralismo y el ensimismamiento que durante décadas nos han separado. La violencia, no sobra decirlo, no es únicamente la secuela de víctimas que deja el conflicto armado. Violencia es también toda forma de incomunicación; la de la injusticia social, la de la falta de oportunidades para los menos favorecidos, la de la indefensión de los grupos sociales más vulnerables; violencia es también el inequitativo reparto de la riqueza, y la única alternativa que permitirá a nuestra sociedad superar tales situaciones es la de enraizar en el alma nacional el diálogo permanente, libre y sereno.

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Todos esos aspectos están contenidos en nuestra agenda de paz que pongo hoy en sus manos, pues son los maestros y los aprendices quienes en mejor forma representan la inteligencia nacional, ahora tan urgente y tan apremiante para la construcción de las propuestas y las soluciones. En el marco de la autonomía del saber, del libre debate de las ideas, de la libertad de pensamiento y de expresión, que son inherentes a la labor académica, el país espera de las universidades un tenaz y valiente liderazgo en la alimentación de la agenda de paz. Allí están ante ustedes sus enunciados, como vasijas por llenar de sabiduría. Mucho del éxito del proceso de paz está pendiendo de la ciencia y la técnica. Más que del triunfo de posturas ideológicas, la reconciliación depende de la eficacia y la eficiencia de las reformas que queremos. Para decirlo gráficamente, todos sabemos que el bombillo alumbra, pero pocos sabemos cómo y por qué el bombillo alumbra. La academia juega un papel crucial en ayudarnos a entender los cómo y los porqués de las reformas para la paz, tarea que exhorto a asumir de inmediato, con apremio y con vigoroso entusiasmo a ésta y a todas las universidades del país. Pero junto con esa tarea fundamental para la paz, los centros de formación deben también penetrar y persuadir la posición moral de los colombianos sobre la violencia y la paz. Para evocar las palabras del acta fundacional de la Unesco, a la que tanto debemos en la construcción de la Cultura de Paz, “así como es en la mente de los hombres donde surge la violencia, es en ella donde deben erigirse los baluartes de la paz”. Esa es una tarea en la que mucho tienen ustedes por hacer. Me atrevo a decirles que esa labor pedagógica comienza por fortalecer el valor del diálogo entre los colombianos. El diálogo y la negociación son cruciales porque no es posible pensar en sociedades libres de conflictos. Nunca ha sido así y nunca lo será. Incluso cuando las situaciones son altamente críticas, es factible ambientar acercamientos reales entre las


partes si se logra que éstas reconozcan la vigencia e imperiosa aplicación del lenguaje. Debemos concebir nuestro proceso de paz como la forma de “ponernos de acuerdo para estar en desacuerdo”. Ese marco amplio en que podamos tramitar las diferencias es la democracia, y por ello no podemos olvidar que ella constituye el marco ético y el habitáculo de la paz que queremos. Quisiera terminar mis breves reflexiones recordando un pasaje de la Carta a los amigos de Dión de Siracusa. Cuenta en él Platón que Sócrates y su alumno, camino a la Academia, encuentran a su paso a tres de sus más fieros contradictores. El Maestro trenza con ellos un duro debate, a cuyo término salen derrotadas las tesis de Sócrates. Acongojado, su discípulo le dice: “Maestro, has perdido la discusión...” El filósofo le responde: “No es cierto, yo gané...” Desconcertado, el discípulo le replica que no es posible haber ganado, pues eran sus contradictores quienes tenían la razón. Dice entonces Sócrates: “Es cierto, yo estaba en un error y alcancé la verdad, yo he ganado. Ellos estaban en la verdad y en la verdad han quedado. No han ganado nada”.


ALGUNOS COMUNICADOS DE INTERÉS


DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO

"Ya decretado por parte del Gobierno Nacional el período de despeje, que debe llevarse a cabo entre el 14 de octubre y el 7 de noviembre próximos, fecha en la cual y hasta el 9 de febrero se establecerá el área de distensión en los municipios de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena y San Vicente del Caguán y durante el cual la Comisión de Verificación establecerá la declaratoria de las condiciones adecuadas para iniciar el diálogo con el Secretariado de las Farc, solicito prudencia y responsabilidad a todas las gentes, ya que nadie se puede prestar a que con una actitud unilateral y desconocida por el Gobierno, comiencen a recorrer territorio que se encontrará a disposición del despeje y que se pueda prestar a crear obstáculos al proceso. Entendemos que gente de buena voluntad quería participar creando programas y acciones en pro de la paz, pero todas ellas deben ser coordinadas a través del Gobierno, porque de lo contrario se podrían malinterpretar y en vez de servir a continuar creando un ambiente adecuado al proceso, podrían crear dificultades. Es el momento de que quienes representamos al Estado colombiano en su integridad, actuemos bajo la dirección única del Primer Mandatario de los colombianos y así estaremos colaborando a llevar a cabo un proceso responsable, serio y discreto".

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, víctor g. ricardo, PARA LOS ALCALDES DE LA ZONA DE DISTENSIÓN

Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de noviembre de 1998

Señores Alcaldes de San Vicente del Caguán, Mesetas, Vista Hermosa, La Uribe, la Macarena; Municipios de la Zona de Distensión.

Apreciados señores alcaldes: Aunque de manera privada, en diversas ocasiones he tenido la oportunidad de mencionarles a ustedes las condiciones en las cuales se desarrollaría la denominada zona de distensión, mesdiante esta comunicación quiero ratificárselas para despejar cualquier duda que pudiese existir, especialmente por algunas informaciones aparecidas a través de algunos medios de comunicación. Ante todo, debe ser claro que las autoridades civiles legalmente establecidas deben continuar en el pleno ejercicio de sus funciones. No se trata de que las autoridades legalmente establecidas puedan ser reemplazadas por persona alguna. Ellas, y sólo ellas, son quienes de manera permanente pueden ejercer la autoridad, la jurisdicción y el mando que les corresponda, según las funciones que le han sido asignadas por la

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Constitución y la ley. Así mismo, los ciudadanos escogidos por ustedes y aprobados por el Gobierno Nacional los apoyarán en el ejercicio de las funciones de policía que nuestras normas le señalan. Ustedes han sido elegidos por determinación democrática de los habitantes de esa región y tienen el total respaldo de las distintas autoridades del nivel nacional y departamental. La zona de distensión no puede considerarse como un espacio geográfico fuera del control del Estado; esta se ha desarrollado en uso de las disposiciones contenidas en la Ley 418 de 1997 y en ejercicio de las normas establecidas en la Carta Política; por tanto, las facultades que ha desarrollado el Señor Presidente de la República y los Ministros del Despacho constituyen de por sí, el verdadero ejercicio de un estado de derecho. Los actos llevados a cabo en el día de ayer en uno de los municipios de la zona de distensión a los que concurrieron ministros de Estado, el Presidente de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación, Senadores de la República y Representantes a la Cámara, el Gobernador del departamento, presidentes de gremios económicos y otros altos funcionarios del Gobierno Nacional y departamental, constituyen una demostración clara de lo afirmado. A partir del día de ayer se inició el proceso de verificación que permita certificar que las condiciones están dadas para el diálogo a realizar. En los próximos días estará presente en la región la comisión de acompañamiento que escuchará las inquietudes de la población y de las personas o instituciones que consideren adecuado dialogar con sus integrantes. Esta comisión, integrada por personalidades nacionales y extranjeras, será prenda de garantía para las partes. Estoy seguro que si se llegasen a presentar inconvenientes o dificultades durante el período de verificación y diálogo, estos podrán solucionarse por medio de los mecanismos establecidos.

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Los invito a convocar a la ciudadanĂ­a de cada uno de sus municipios para que unidos todos, trabajemos por la paz que tanto requiere el pueblo colombiano. Reciban un cordial saludo,

VĂ­ctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO Santa Fe de Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 1998

Ante recientes opiniones suministradas a la opinión pública por personas que no hacen parte de la actual administración, en el sentido de afirmar que el Gobierno Nacional aceptaría la propuesta de las Farc para efectuar un intercambio de personas privadas de la libertad y que para ello reconocería el estatuto de beligerante a ese grupo insurgente, el Alto Comisionado para la Paz se permite aclarar: 1. Tal y como ha sido dispuesto por el Presidente de la República, el proceso de paz en curso se desarrollará en todas sus etapas con arreglo a la Constitución y las leyes, vigentes en la totalidad del territorio nacional. 2. Es sólo en ese contexto que el Gobierno Nacional ha adoptado las decisiones conducentes a iniciar diálogos de paz tanto con las Farc como con el Eln; entre ellas, el reconocimiento del carácter político de esas agrupaciones, efectuado conforme a lo establecido en la Ley 418 de 1997. 3. El Gobierno se ha ofrecido observar la propuesta de las Farc de realizar un intercambio de personas privadas de la libertad, para lo cual se encuentra analizando su viabilidad jurídica y su conveniencia, bajo el entendido de que se trata de un tema que no es condición ni condicionamiento para los diálogos de paz que habrán de iniciarse en la zona de distensión y que no supone en ningún caso conferir a esa organización una condición distinta a la que posee conforme al orden jurídico interno.

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4. Ni el reconocimiento del carácter político de las organizaciones insurgentes, ni ninguna otra de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del proceso de paz, significan que se tenga intención de conferir a alguna de ellas el Estatuto Internacional de Beligerancia. Además, no existe en nuestra realidad ninguno de los presupuestos jurídicos que se establecen en el derecho internacional para ese efecto. 5. El Gobierno Nacional ha insistido en la necesidad de que el proceso de paz se realice bajo los fundamentos de la seriedad, la discreción y la responsabilidad, bajo la conducción directa del señor Presidente de la República. En ningún caso la actual administración pondrá en riesgo la unidad nacional o la vigencia del estado de derecho y por ello se aparta de cualquier interpretación u opinión que pretenda conferirle a sus decisiones esos alcances. 6. Me permito convocar a la responsabilidad y seriedad que en temas tan delicados como la paz deben tener los medios de comunicación, puesto que su papel es fundamental para el éxito del proceso en la medida en que tengan en cuenta el comportamiento al cual se les convoca.

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Santa Fe de Bogotá, D.C., 4 de diciembre de 1998

Señores Directores de Medios de Comunicación Ciudad

Apreciados señores directores: He considerado conveniente mediante la presente comunicación, hacer unas reflexiones respecto del proceso de paz que seguramente podrán dar mayor claridad a las distintas informaciones y artículos que sobre el tema se publican. Desde la campaña electoral, el Presidente de la República ha expresado con claridad las bases conceptuales y los propósitos que rigen su política de paz, así como la estrategia trazada para darle curso. Dijo el Presidente en tiempos de campaña: "parto de la base de que lo que busca la guerrilla es una transformación de las estructuras políticas y económicas del país, que tiene sus principales trazos en las agendas de reconciliación que de tiempo atrás los grupos insurgentes han dado a conocer. Esas agendas versan sobre aspectos sustantivos que pueden y deben ser abordados por el Gobierno en una negociación, lo cual le resta aún más sentido a la guerra. La negociación no sólo pondría fin a la confrontación, sino que garantizaría que a través de la concertación amplia de un nuevo proyecto de paz quedarían sentadas las bases de la verdadera reconciliación entre los colombianos". HECHOS DE PAZ V

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En la misma oportunidad, el hoy Presidente de la República fue enfático al decir que "la paz debe ser producto del encuentro de la totalidad de la sociedad colombiana, por lo que su agenda definitiva debe ser producto de su activa participación. La comunidad en la actualidad no sólo reclama el fin de la confrontación, sino que viene expresando sus puntos de vista sobre el nuevo país que quieren los colombianos. Ambas expresiones deben representar un mandato ineludible para las partes en conflicto. Esas exigencias de la comunidad colombiana imponen un nuevo modelo de negociación que no se limita a la consideración de los temarios definidos por las partes, sino que implica la apertura de un espacio amplio, representativo y plural para que la agenda de paz y su negociación sean el resultado del criterio democrático. Desde esta perspectiva, los participantes deben ser el Gobierno Nacional y la cúpula de los movimientos guerrilleros, con el activo acompañamiento de la comunidad". La política de paz de la actual administración tiene fundamento en esas convicciones, y todas las decisiones que se han venido adoptando, tanto en materia sustantiva como procedimental, tienen como propósito allanar ese camino. Para el Gobierno Nacional el proceso de paz se inicia y trasciende la negociación política con la insurgencia, pues la superación de las condiciones objetivas que están en su origen y lo alimentan es un deber ineludible e incondicional del Estado en su conjunto. Por esa razón, la superación de la pobreza y la obtención de la justicia social son componentes esenciales de la actual Política de Paz. De ahí que el Presidente de la República decidiera que el Plan Nacional de Desarrollo sea un plan para la paz y procediera a crear el Plan Colombia, al estilo del Plan Marshall, alimentado por los bonos para la paz y el Fondo de Inversión para la Paz. Como el país conoce, a través del Fondo se van a recaudar inicialmente 4.000 millones de dólares, que sumados al ingreso por los bonos de paz serán ejecutados por esta administración en programas y proyectos dirigidos a la redención económica y social de las zonas más deprimidas del país.

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El Plan Colombia para la Paz está diseñado de tal modo que en la decisión de sus inversiones tengan participación todos los colombianos, incluidos los miembros de la insurgencia, pues son en serio los pronunciamientos del Presidente de la República cuando ha dicho que "asumo con realismo que voy a negociar con fuerzas insurgentes que han expresado su decisión de ser coprotagonistas de la reconstrucción nacional". De igual modo, se viene adelantando una gran acción externa, en desarrollo de la diplomacia para la paz de este Gobierno, para la consecución de recursos de la cooperación internacional. Existen ya claros y alentadores compromisos de países amigos y de la banca multilateral en esa materia. Está entonces el Gobierno Nacional trabajando seria, armónica y coherentemente en la creación de las herramientas financieras que permitirán sufragar en una primera instancia, las inversiones que demanda la paz, y procurando los mecanismos que permitirán la más amplia y transparente participación en la administración y ejecución de esos recursos. Las acciones desarrolladas en esta materia son tangibles y sus resultados concretos. Ellos expresan de manera inequívoca la seriedad de la propuesta de paz del gobierno. La acción del gobierno se ha dirigido también a construir el escenario de la negociación política con la insurgencia. Como lo dijo el Presidente, "ha llegado la hora de tomar en serio la agenda de la guerrilla, como condición para romper el nudo gordiano de la mutua desconfianza". Ya había antes el Jefe de Estado afirmado que "cuando se analizan las agendas sustantivas para la reconciliación que han sido presentadas por los movimientos insurgentes, especialmente la plataforma para la reconciliación de diez puntos de las Farc-Ep y la de doce puntos del Eln-Ep, es fácil apreciar que todos los temas allí consignados son susceptibles de negociación". También ha señalado el Presidente que "el proceso debe conciliar la urgente necesidad de poner fin a la confrontación armada, con la necesidad de agotar una agenda amplia para la paz duradera, en cuya ejecución se comprometa la totalidad de la Nación, incluyendo a las organizaciones

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insurgentes. En este sentido, el primer paso debe ser superar las dificultades de procedimiento, que son las únicas que impiden el inicio del diálogo". Gobernado por esa convicción, el Presidente de la República dispuso decretar, con arreglo a los procedimientos legales, la zona de distensión que actualmente está vigente en cinco municipios del sur de Colombia. La decisión presidencial en esta materia fue antecedida de mucha reflexión y se adoptó con total claridad en sus propósitos. De ello dan cuenta varios pronunciamientos del Jefe del Estado. En efecto, desde su campaña afirmó que "el área de distensión no puede convertirse en el talón de Aquiles de la negociación. Yo lo veo como un instrumento procedimental de la negociación, pero además para la guerrilla es una condición de seguridad de sus delegados en ella. Hay que anotar que el despeje en modo alguno significa la alteración del estatuto jurídico de las partes en conflicto ni la cesión de la soberanía del Estado". Dijo también el Presidente: "reitero mi convicción en que la Zona de Distensión tiene una dimensión adjetiva e instrumental de la negociación. Por lo tanto la única condición previa que estimo fundamental para su realización es la del compromiso claro de la insurgencia para que el territorio señalado sea el espacio para el inicio de una negociación que sólo culminará con los acuerdos, sobre la base de que por medio de la negociación se puede lograr la paz, lo que además supone el compromiso de no interrumpir unilateralmente el diálogo. Sólo de esa manera se tendrá también la certeza de que el despeje no tiene la intención de sumar a favor de la guerrilla victorias políticas en una lógica de confrontación y no de paz. Ese compromiso debe ser claro y expreso, porque es sano para el proceso que se procuren las bases y los principios de negociación que permitan ir construyendo las condiciones de confianza que implica llegar a acuerdos". El Presidente ha cumplido con establecer la Zona de Distensión, sobre estos parámetros de conocimiento nacional, y no sin antes puntualizar su

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invitación a la insurgencia "a demostrarle a Colombia y a la comunidad internacional, que el despeje no será un corredor de impunidad para el incremento del narcotráfico". Está entonces claro para todos los colombianos el propósito de la Zona de Distensión, que además el Presidente ratificó durante su encuentro con los comandantes de las Farc. Es, y sólo es procurar el escenario para iniciar las negociaciones de paz en condiciones de seguridad para las delegaciones de ambas partes. Cualquier pretensión adicional a ésta no es admisible por el Gobierno Nacional. Ha dicho con insistencia el Presidente que "los escenarios futuros del proceso de negociación deben ser lugares de transparencia sin cartas marcadas, con negociadores que representen al Gobierno y su legitimidad y con negociadores que representen a la guerrilla y sus programas". El reconocimiento del carácter político de las Farc y el Eln; la declaratoria de la apertura de los procesos de diálogo con esas organizaciones insurgentes; el apoyo claro a la preparación de la Convención Nacional del Eln, que incluyó las provisiones para el diálogo directo de sus voceros privados de libertad con el Comando Central de esa agrupación; el establecimiento de la Zona de Distensión con el fin exclusivo de llevar a cabo las conversaciones de paz con representantes del Gobierno y voceros y representantes de las Farc a partir del 7 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de febrero de 1999; el reconocimiento de tres miembros de las Farc como representantes en el proceso de diálogo con el Gobierno, y la búsqueda de facultades extraordinarias que permitan al Presidente de la República adoptar las decisiones que requiera el proceso, son algunas de las acciones adoptadas con el fin de garantizar esos escenarios, que conduzcan a la definitiva reconciliación nacional. En ese empeño el Gobierno Nacional ha buscado y obtenido también la comprensión y el apoyo internacional. No en la perspectiva de realizar ofensivas diplomáticas contra la insurgencia, sino en la de dotar al proceso de paz de nuevos instrumentos para la construcción progresiva de

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la confianza mutua y de buscar su concurso político y financiero para el cumplimiento de los objetivos que establezcan las partes. Esa participación internacional también fue prevista por la actual administración, y por ello en su condición de candidato el hoy Presidente estimó "de la mayor importancia la participación de la comunidad Internacional en la totalidad de los estadios del proceso: como facilitadora de las condiciones de prenegociación, como generadora de fórmulas de entendimiento que impulsen la negociación, como testigo de los compromisos adquiridos, y como instancia de verificación del cumplimiento de esos compromisos". Pero también advirtió en ese entonces el Mandatario que "esa cooperación de la comunidad internacional tiene que darse como producto de entendimiento entre las partes en conflicto, lo que presupone la clara voluntad de paz, porque sólo las partes en conflicto pueden hacer la paz, y no la comunidad internacional". Es en ese contexto que el Gobierno Nacional ha formulado y llevado a la práctica la diplomacia para la paz. Una política exterior que se basa en la convocatoria a la comunidad internacional para que, en todos los frentes, apoye la salida política negociada del conflicto colombiano. Hoy se registran avances concretos en esa materia, como lo ejemplifica el carácter prioritario que a la cooperación al proceso de paz han ofrecido diversos países, entre ellos los países iberoamericanos y los Estados Unidos de Norteamérica, en una clara apuesta a una política de paz que es seria y consistente y a través de la cual se podrán obtener también, como es la convicción del Presidente de la República, las soluciones a problemas que además de su gravedad interna tienen impacto internacional, como el narcotráfico, el medio ambiente, la violación de los derechos humanos, y la propia consolidación de las instituciones democráticas. Esa convicción se ha visto fortalecida por las expresiones convergentes de la insurgencia colombiana, que deben ahora traducirse en acción. En consecuencia, está expresada con hechos concretos y generosos la voluntad del gobierno de iniciar en el más breve plazo los diálogos de paz.

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Es necesario ahora trascender los aspectos procedimentales y adentrarse en los diálogos que lleven a la negociación sustantiva. También eso lo ha tenido siempre claro el Presidente de la República, quien afirmó que "la paz tiene objetivos y tiene instrumentos. A veces hemos caído en el error de darle prioridad a los instrumentos descuidando los objetivos. En adelante unos y otros tendrán igual valor. La aceptación de instrumentos como la Convención Nacional, los diálogos nacionales y regionales o la Asamblea Nacional Constituyente así como el examen de la viabilidad jurídica del canje implica tener claro el gran objetivo de la transformación política que sirva de sustento a las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales que puedan conducirnos, tanto a las organizaciones guerrilleras como al resto de la sociedad colombiana, a la democracia y al siglo XXI". Es hora entonces de que la insurgencia corresponda a estos hechos de paz. No con retórica, ni con nuevas condiciones, ni menos aún con acciones de guerra o con amenazas, que sólo causan más sufrimiento a la población indefensa. Los colombianos no merecen esas respuestas a la voluntad de paz. Un cese al fuego sería el mejor habitáculo para el proceso de paz. Fundamentalmente, porque detendría el injusto e injustificado baño de sangre de los indefensos. Pero también porque renovaría la confianza y credibilidad en el proceso. Cada colombiano, advertido por el Presidente, "tiene que estar preparado y entender que el curso de las negociaciones puede tomar tiempo", pero las partes deben transmitir a la opinión pública señales palpables de su compromiso por la paz. En las circunstancias actuales de la confrontación la mejor de ellas sería, sin duda alguna, el silencio de las armas, y no la arrogante intensificación de la violencia, que sólo deja a su paso la muerte y la destrucción, incluida la de la esperanza. La violencia sólo trae más violencia. Tiene muy en cuenta el gobierno nacional este fundamento universal al enfrentarse a la existencia de las autodefensas y los grupos de justicia privada. Ha insistido el Presidente en que su existencia "es una de las más perversas expresiones de la degradación del conflicto; surgen al impulso de la falta de seguridad, que es una estricta HECHOS DE PAZ V

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obligación del Estado, y aunque quieran sustentarse en el principio de la legítima defensa, inexorablemente devienen en grupos de justicia privada que terminan por ser bandas armadas sin control alguno. El hecho de que actúen al margen de la ley y sobre la pretensión de apoyar la lucha contrainsurgente les desprovee jurídicamente de estatuto político. Estos grupos contradicen esencialmente el principio del monopolio de las armas en poder del Estado y son un factor gravísimo de la guerra. Por ello no puede concebirse la paz sin acallar sus armas, lo que tendrá que hacerse en un escenario distinto del de la negociación de la paz con la guerrilla y como una responsabilidad exclusiva del Estado". Ha agregado a ello el Presidente su compromiso de prevenir con todas sus facultades y su más clara voluntad política, la punible asociación que pueda darse entre algunos agentes del Estado y los grupos paramilitares; a investigar las denuncias, procurando eficacia en esas investigaciones y a promover la sanción de la conducta indebida. Existen resultados concretos de la persecución del Estado a estos grupos. A estas alturas hay detenidos 248 de sus presuntos miembros y el gobierno viene ofreciendo todo su concurso a las investigaciones judiciales. Esa persecución es indeclinable, como la de toda forma de violencia. El Gobierno Nacional respeta y exige el estricto cumplimiento de las normas del derecho internacional humanitario en el marco de la confrontación. En ello será inflexible, denunciando nacional e internacionalmente los ataques contra quienes no participan en las hostilidades y contra los bienes civiles, así como el uso de medios y métodos de combate proscritos por la conciencia universal. Está esta administración dispuesta a suscribir con los actores armados un acuerdo especial en esta materia, que establezca los mecanismos conducentes al escrutinio sobre el comportamiento de los combatientes frente a la población civil y sus bienes. Por supuesto preferimos la terminación del conflicto que el establecimiento de acuerdos que lo prolonguen. Será el respeto por esos dictámenes de humanidad el parámetro para las decisiones en materia de perdón y de justicia; en ellos han puesto los

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pueblos civilizados los límites morales de las amnistías y los indultos y en ello Colombia no actuará de manera distinta. Quiere el Gobierno Nacional reafirmar su compromiso con el proceso de paz e invitar a la insurgencia a expresarlo con hechos concretos e inequívocos. A la vez, quiere invitar a toda la Nación a que con fortalecido entusiasmo aliente e impulse la reconciliación. Esta época del adviento es propicia para renovar la esperanza y pedir a Dios que ilumine a quienes tienen en sus manos la posibilidad de detener la tragedia. La paz con la cual estamos comprometidos es una paz que defienda nuestra unidad nacional; una paz que la concibamos como el escenario de un Estado con equidad y justicia social; una paz que tiene un costo pero que no la haremos a cualquier costo; una paz que no sea en contra de nuestras Fuerzas Armadas; una paz donde no haya vencedores ni vencidos; una paz duradera y sostenible, por lo cual es necesario que la construyamos entre todos. Señor director: lo invito a que convoquemos al país para que la paz sea una gran alianza contra el delito: "contra el narcotráfico; contra la corrupción; contra la violación de los derechos humanos y contra la injusticia social". Hagamos de Colombia un país donde reine la equidad, la justicia, la política social y la reconciliación entre todos los colombianos.

Cordial saludo.

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO Santa Fe de Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 1998

“Hay una gran noticia para el país y para el mundo: el 7 de enero próximo el presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda instalarán la Mesa de Diálogo con las Farc”, dijo emocionado Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz, al hacer ayer, a las 2:45 de la tarde, el trascendental anuncio en San Vicente del Caguán sobre el primer encuentro, formal y público en territorio colombiano, de un mandatario con un jefe guerrillero alzado en armas. Luego de la reunión de cuatro horas con la cúpula de las Farc en la hacienda Caquetania, en los límites entre Caquetá y Meta, Ricardo concretó la apertura de un nuevo proceso de paz con la guerrilla más grande del país. La primera fase de las conversaciones buscará “fijar agenda, sitios, fechas y demás aspectos y mecanismos que se emplearán para poder llevar a cabo el diálogo de fondo en el que se buscará una salida pacífica a un conflicto”, dijo Ricardo.

Versión de prensa tomada del diario "El Espectador".

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CARTA DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DIRIGIDA A CADA UNO DE LOS ELEGIDOS A PARTICIPAR COMO VOCEROS DE LA MESA DE DIÁLOGO, fabio valencia cossio, maría emma mejía vélez, nicanor restrepo santamaría y rodolfo espinosa meola

Santa Fe de Bogotá, D. C., enero 6 de 1999.

Es para mí muy grato dirigirme a usted con el fin de informarle que el Gobierno Nacional ha decidido nombrarle, en compañía de otros destacados colombianos y del Alto Comisionado para la Paz, como uno de sus voceros para la etapa de diálogo que se iniciará con las FARC-EP. Deseo destacar que la calidad de vocero implica que usted será uno de los que llevará la voz del Gobierno Nacional, y por tanto, deberá hacerlo en total armonía con el Alto Comisionado para la Paz, tal como tuve oportunidad de comentárselo en la conversación que sostuvimos. Estamos en el momento histórico en el cual debemos pasar de la retórica de paz a los hechos de paz. El Gobierno ha creado espacios de confianza que permitan afianzar la credibilidad del proceso que tenemos por delante. Buscamos un nuevo capítulo de la historia de Colombia que fortalezca la unidad nacional proyectada vigorosamente hacia el Siglo XXI. El Gobierno presentará a la mesa de, diálogo su agenda para que sea discutida con los voceros de las FARC-EP y para que con la agenda presentada por ellos busquemos el acuerdo de una agenda única. Se trata que el Estado, el pueblo, la Nación entera, salgan fortalecidas de la reconciliación con aquella parte de Colombia que hasta la fecha se ha manifestado por la vía de las armas.

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Muchos procesos de paz han conducido a un escenario de grandeza donde cabemos todos. Las transformaciones que surjan de éste y de todo esfuerzo de paz, tendrán la capacidad de dirigir el país hacia un futuro de convivencia y respeto. La importante labor a usted encomendada, exige que actuemos con la responsabilidad, seriedad y discreción que la misma impone. Por tratarse el proceso de paz de una responsabilidad que la Constitución y la ley le otorgan exclusivamente al Presidente de la República y al Alto Comisionado para la Paz, es imperativo que cualquier acción, afirmación o decisión sea previamente consultada con ellos y que los temas tratados se mantengan en la reserva que corresponde a todos aquellos que hacen parte del secreto de Estado, como es el caso que nos ocupa. Estoy seguro que su participación logrará avances fundamentales en el logro y el objetivo de una paz verdadera y sostenible. Reciba un cordial saludo y el agradecimiento de mi Gobierno y del pueblo colombiano por las labores que usted va a desarrollar. Cordial Abrazo

Andrés Pastrana Arango (Firmado)

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CARTA DEL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ en RELACIÓN con LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN LA ZONA DE DISTENSIÓN

Santa Fe de Bogotá, D. C., 7 de abril de 1999 DFG Oficio No. 1675 Doctor VÍCTOR G. RICARDO Alto Comisionado para la Paz Presidencia de la República Ciudad

Apreciado Víctor G.: Como he tenido oportunidad de expresarle al Señor Presidente de la República y al Alto Comisionado para la Paz, preocupan a la Fiscalía General de la Nación algunos acontecimientos en la llamada zona de distensión y que pueden afectar la presencia y buena marcha de la administración de justicia. En efecto: • Las amenazas de que fue objeto la Fiscal de San Vicente del Caguán, Maritza Chavarro Anturi, a quien un comandante de las FARC la conminó para abandonar el lugar y su sitio de trabajo en un plazo perentorio. Al parecer la decisión del comandante habría sido tomada por el Estado Mayor de esa organización guerrillera. La Fiscal finalmente abandonó el Municipio, pues nadie podía efectivamente garantizar su seguridad. • Otros funcionarios judiciales de la zona, habrían sido objeto de actos semejantes. HECHOS DE PAZ V

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• Los comandantes de las FARC en la zona, según información que se dispone, han impuesto sanciones frente a presuntas conductas delictuosas imputables a habitantes de la zona de distensión. • Miembros de las FARC vienen cumpliendo en dicha zona no sólo labores de patrullaje sino requisas, indagaciones sobre la identidad de las personas e incluso retenciones o capturas arbitrarias. Estas circunstancias que no reflejan toda la dimensión de cuanto allí acontece, preocupan seriamente a la Fiscalía General de la Nación porque creo que la presencia y acción de la justicia no puede suspenderse por las decisiones y actitudes de los comandantes o miembros de las FARC. Personalmente he insistido no sólo en la necesidad de buscar una solución política y negociada al conflicto armado y de avanzar y consolidar el proyecto de paz, sino también en señalar que las decisiones del Gobierno colombiano tomadas dentro de dicho proceso y que han determinado la existencia temporal de la zona de distensión, no son cuestionadas ni cuestionables. Pero al lado de estas consideraciones debo señalar que la administración de justicia, aún en estas especialísimas circunstancias, debe estar al servicio de todos sin excepción alguna y siempre será un símbolo de reafirmación de los valores democráticos, pero además la justicia es y será la via insustituible para lograr pacíficamente la efectividad de los derechos y la solución de los conflictos entre los ciudadanos. Por manera que privar a los colombianos en cualquier lugar de la patria de este servicio público esencial y, lo que es peor, pretender sustituirlo por sistemas de justicia privada, afecta y desconoce gravemente los principios fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho. Cordial saludo,

Alfonso Gómez Méndez Fiscal General de la Nación

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RESPUESTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ AL OFICIO ENVIADO POR EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN

Santa Fe de Bogotá, D.C., 13 de mayo de 1999 REF. Su oficio 1675.

Doctor ALFONSO GÓMEZ MÉNDEZ FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN E. S. D.

Apreciado Señor Fiscal: Me refiero a su oficio 1675 del presente año. Considero, como casi todos los colombianos, que la justicia impartida por la rama jurisdiccional, es la vía insustituible para lograr pacíficamente la efectividad de las normas establecidas en nuestro Estado Social y Democrático de Derecho. El conflicto, como es de todos conocido, en el curso de cuatro décadas ha afectado toda actividad, sin que la Administración de Justicia haya sido la excepción. Precisamente por ello, este Gobierno ha iniciado el proceso de paz con los grupos insurgentes, con el propósito de construir un Estado fundamentado en la justicia social, donde quepamos todos y todos lo respetemos. Deseo resaltar con especial comedimiento que, dentro de las labores que me corresponden, como Alto Comisionado para la Paz, personalmente he tratado con los voceros de las FARC los temas que usted señala en su carta.

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Igualmente, las quejas y denuncias de la Zona de Distensión, como de todo el País, que por hechos similares, que han llegado a mi Despacho, han sido puestas en conocimiento de las respectivas autoridades competentes. De otra parte, la acción de los jueces y su jurisdicción se desarrollan como lo ordena la Constitución y la ley. Ninguna zona del país, incluyendo la zona de distensión, ha quedado por fuera del marco de la soberanía y del desempeño de los funcionarios judiciales, independientemente del lugar desde donde se esté despachando con jurisdicción a municipios distintos del lugar de residencia, tal como lo adoptó el Consejo Superior de la Judicatura. Por último, insisto y reitero la invitación que en varias oportunidades personalmente le he formulado: el Gobierno se encuentra en disposición de implementar los instrumentos legales para que Usted mismo concurra a la zona de distensión creada en virtud y desarrollo de la ley 418 de 1997 y dialogue directamente con las FAR-EP, con el propósito de aclarar cualquier preocupación o realizar algunas reflexiones. Con respeto,

Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz

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comunicado CONJUNTO Caquetania, 28 de abril de 1999

Los directores de las distintas fuerzas políticas del país, las directivas del Congreso de la República, las FARC-EP y el Alto Comisionado para la Paz,

ACUERDAN: 1º. Respaldar y comprometerse en una política de Estado par la Paz, fundamentada en la justicia social y basada en la solución política del conflicto. 2º. Respaldar la política de Estado en su lucha frontal contra el paramilitarismo. 3º. Nos comprometemos a buscar mecanismos que permitan respuestas inmediatas y concretas a las necesidades que sufre el pueblo colombiano, principalmente el empleo y oportunidad para acceder a la educación y la salud, entre otros. Así mismo, una atención especial al sector rural colombiano. 4º. Trabajaremos para crear una pedagogía que tenga como finalidad el compromiso de todos los colombianos en el objetivo supremo de la paz. HECHOS DE PAZ V

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(Firmado) FARC-EP, Manuel Marulanda; Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo; Partido Liberal, Horacio Serpa; Partido Conservador, Omar Yepes; Sí Colombia, Noemí Sanín; Partido Comunista, Jaime Caicedo; Presidente Senado, Fabio Valencia; Liberalismo Renovador, y Presidente Cámara, Emilio Martínez. Voceros de las FARC-EP Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez.

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CARTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A PLINIO APULEYO MENDOZA, en RELACIÓN con LOS COMENTARIOS SOBRE LA DESTITUCIÓN DE GENERALES

Santa Fe de Bogotá, D.C., 16 de abril de 1999

Doctor PLINIO APULEYO MENDOZA Columnista Diario El Espectador Ciudad

No puedo pasar por alto las opiniones expresadas públicamente por usted en El Espectador ayer jueves 15 de abril, en las que vincula en forma indebida las decisiones adoptadas por el Jefe de Estado sobre el retiro de las Fuerzas Militares de dos Generales de la República, al desarrollo del proceso de paz que hemos iniciado con las FARC. Las Fuerzas Militares, las cuales están apoyando el proceso de paz, tienen todo el respaldo del Gobierno Nacional. Ese respaldo debe traducirse en su defensa frente a acusaciones infundadas o injustas, como enfáticamente lo ha hecho el Gobierno Nacional, a la vez que en la custodia celosa de su pulcritud y de la conducta irreprochable que en todos sus actos deben tener las acciones de sus miembros. Esa forma de proceder de esta Administración es una exigencia de la democracia y el Estado de Derecho, que son los cimientos mismos de nuestra identidad nacional. No admito que se diga que esas decisiones se toman con el propósito de entregar a la guerrilla la cabeza de miembros de las Fuerzas Militares o de poner al país de rodillas frente a la guerrilla, tal y como usted lo hace de manera ligera, e insultante.

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Quisiera recordarle que las Fuerzas Militares de Colombia poseen disciplina, honor, profesionalismo y sujeción a las autoridades civiles, virtudes propias de ser un cuerpo armado que respeta el Estado de Derecho y combate por la preservación de sus instituciones democráticas. Quien conoce esas características de nuestra institución castrense se sorprende de afirmaciones como la suya, según la cual, el señor Presidente de la República, quien además es el Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, con su decisión "le ha asestado un terrible golpe a las Fuerzas Armadas, a su moral y a su voluntad de lucha". Tenga en cuenta que la moral y voluntad de lucha de los soldados de Colombia no están fundamentadas en una indebida comprensión de su espíritu de cuerpo, como lo da a entender en su columna, sino en su convicción profunda de servir a los más altos intereses de la República en la forma que se lo señalan nuestra Constitución Política y nuestras leyes. Estamos desarrollando un proceso responsable para la obtención de la reconciliación nacional, que es el anhelo de todos los colombianos. Obviamente, todas nuestras acciones se realizan de manera transparente y de frente al país. Lo invito a que antes de proferir su desacuerdo o su oposición frente a la política de paz que estamos liderando, se detenga a examinar con mayor cuidado la objetividad de los fundamentos de los que se vale para tales fines, así como las consecuencias de sus valoraciones públicas. El país en paz que queremos se comenzará a construir cuando los violentos aprendan el valor transformador y enriquecedor de la palabra y del contraste de las ideas.

Cordialmente,

Víctor G Ricardo, Alto Comisionado para la Paz

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PROCESO ENTRE EL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC - EP


Carta abierta al Señor Presidente de la República FIRMADA POR MANUEL MARULANDA, DONDE SE DA A CONOCER LA LISTA DE LOS SOLDADOS RETENIDOS POR LAS FARC-EP

21 de septiembre de 1998

Señor Presidente Doctor Andrés Pastrana Arango

La presente tiene como objetivo responder la solicitud expresada por usted en la ciudad de Cartagena y posteriormente por intermedio del alto comisionado para la paz, doctor Víctor G. Ricardo, sobre los nombres completos de oficiales, suboficiales, soldados y policías (cuya lista anexamos por separado), todos en nuestro poder, en calidad de prisioneros de guerra, producto de la confrontación armada declarada por el Estado a la insurgencia en cabeza de anteriores gobiernos, cuyos resultados están a la vista con repercusiones en lo político y militar en Colombia y el exterior. Al doctor Fabio Valencia Cossio y a los honorables senadores de la República, les fue enviada una carta solicitándoles el trámite de una ley que permita el canje de soldados por guerrilleros para acabar con el drama de madres, padres, familiares, amigos y toda Colombia. La propuesta de las Farc al Parlamento expresa nuestra voluntad política y de carácter humanitario tal como lo han solicitado los organismos de derechos humanos. Por los medios de comunicaciones escuchamos que el Parlamento dejó en sus manos, señor Presidente, el tema para su estudio y solución final en base a facultades que le confiere la ley. HECHOS DE PAZ V

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Esperamos que todas sus gestiones y consultas con los demás poderes sean favorables para lograr la libertad de unos y otros y que este gesto de buena voluntad sea premiado por todo Colombia en aras de la reconciliación y la paz como política de su Gobierno. Algunas personalidades pertenecientes a los tres poderes y a la sociedad civil han manifestado su desacuerdo con la aprobación de una ley para el canje, por el Parlamento. En nuestro entender algunos de los antes mencionados quieren condicionar la liberación de los soldados a los diálogos sin tener en cuenta las dificultades que se presenten en los 45 días que falta para iniciarse los diálogos, según compromiso Gobierno-Farc, tiempo más que suficiente para hacerlo antes. Los tres poderes así como se ponen de acuerdo para aplicar las leyes también deben unir voluntades para encontrar salidas al problema planteado por las Farc sin que ello se convierta en un obstáculo para lograr la libertad de soldados y guerrilleros, si tenemos en cuenta el propósito y el clamor nacional de ir creando las condiciones favorables para encontrar la reconciliación entre los colombianos sin que transcurran meses. Los guerrilleros son prisioneros de guerra y no delincuentes comunes, los demás argumentos carecen de realismo y desvirtúan el propósito nacional por la paz. Afirmaciones de esta naturaleza niegan la realidad de la confrontación militar y política que vive Colombia, lo cual nos embarga a todos por igual y no contribuye en nada para lograr una solución política al conflicto social y armado prolongado por tantos años. Señor Presidente, le proponemos enviar un emisario suyo a la Sombra, municipio de San Vicente del Caguán, para acordar mecanismos tendientes a ultimar detalles sobre la liberación de soldados y guerrilleros y dar los primeros pasos y evitar la prolongación de soldados en la selva y guerrilleros en prisión por tiempo indefinido. Si días antes de iniciar los diálogos logramos el objetivo Gobierno-Farc en tan importante proceso estamos satisfaciendo el clamor popular de los colombianos.

202 REPÚBLICA DE COLOMBIA


Las Farc seguimos manteniendo nuestro propósito y voluntad de paz con justicia social y soberanía, no desde ahora, sino durante todo su recorrido histórico como política expresada en documentos públicos ante los colombianos y anteriores gobiernos, que negaron la salida política a la insurgencia y más bien le abrieron camino al militarismo y paramilitarismo para acabar físicamente con la oposición desarmada y en contra de las luchas populares por sus reivindicaciones económicas, políticas y sociales. No siendo otro el motivo de la presente me despido de Usted Señor Presidente. Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez (Firmado) Montañas de Colombia

LISTA DE RETENIDOS PRISIONEROS DE LA BASE DE MIRAFLORES, GUAVIARE. •

Ejército

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Bermeo Cobaleda Juan Carlos Delgado Argote Arbey Romero Rodríguez Erasmo Moreno Chaquezá Luis Alberto Flores Pantoja Amaahon Salcedo Guarín Robinson Velázquez León Tito Poveda Laverde José Alexander Beltrán Lugo Jeovany Chagó Ramos Alfredo

Teniente Efectivo Sargento Segundo Sargento Segundo Cabo Primero Cabo Primero Cabo Primero Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular

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11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.

Araújo Rosero Jader Javier Angulo Navia Jhon Edgar Guzmán Arias Edison Ardila Barbosa Jeovany Aponte Rodríguez Gabriel Torres Hernández José Eleodoro Díaz John Fredy Pérez Franklin Velasco Delgado Elver Antonio Torres Tunjacipa Héctor Enrique Gómez Bonilla Ciro Alberto Ruiz Sánchez Robinson Páez Cañón Rodolfo Humberto Avila Olmos Wilton Jamir Rojas Santamaría Olivardo Veleño Niño Orlando Rivera Carlos Hernán Rojas Merchán Raúl Benavides Matínez Wilson Hernán Ardila Palacios Simón Caballero Cárdenas Moisés Rodrigo Delgado Marulanda José Marino Alarcón Barrera Luis Alejandro Sánchez Urriago Fredy Agustín González Orozco Andrés Salazar Villegas Faber Aponte Elvert Rodríguez Cháguala Libert Rodríguez Quiroga William Ricardo Bernal Cantor Carlos Javier Gallego Marín Oviedo Ávila Hernández Diter Ariza Rincón John Fredy Buitrago Burgos José Yesid Vanegas Hernández Carlos Andrés Santana Mancipe Luis Darío

204 REPÚBLICA DE COLOMBIA

Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado

Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular Regular


47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73.

Sarmiento Vargas Jeovany Silva Peña Jony Fernando Rojas Efrén Rojas Quintero John Javier Patiño Bejarano Roberto Acosta González Ricardo Almonacid Barahona Luis Eduardo Buitrago Burgos Benjamín Bueno Afanado Edgar Arias Arias Norbey Penagos López Yesid Alejandro Franco Orozco César Augusto Cifuentes Luis Alexander López John Jairo Botía Peña Jarry Edison Ayala Parada Rubén Ramírez Medina Milton Fabio Tovar Jiménez Carlos Mario Cuadrado Villegas Wilson Antonio Gutiérrez Céspedes John Jairo Hernández Romero Elkin Fabián Roa Sierra Jairo René García Ortiz José Ricaurte Alvarado Alvarado José Jeovany Gil Lozano Edison Jemis Torres Tunjacipa Elvert Antonio Rodríguez Rincón Edgar

Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular Soldado Regular

PRISIONEROS DE MIRAFLORES, GUAVIARE •

Policía

1. 2. 3.

Donato Gómez William Durán Jhon Jairo Buitrago Cuesta Julio César

Teniente Efectivo Cabo Primero Cabo Primero

HECHOS DE PAZ V

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4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Zambrano Hernán Alexander López Ramírez Fredy Andrés Jaramillo Juan Carlos Nivia Martínez Juan Manuel Laiton Laiton William Sandoval Vargas José Vitaliano Millán Sierra Jorge Muñoz Sandoval José Hugo Aponte Aristizábal Darío Sandoval Arboleda Javier Rodríguez Garnica Darío Javier Contreras Jaime Fernando Tabares Trujillo José Saúl Ortega Wilmer Orlando Hernández Leider Alfredo Paz Quiñones Carlos Alfredo Pacheco Luis Fernando Bermúdez Hidalgo Héctor Fabio Mera Montenegro Carlos Alberto Quiñones Mindinero Lister Armando Marín Ospina Jony Alexander Morales Vélez Humberto Andrés Muñoz Muñoz Liduer Quintero Vásquez Armando Rojas Garcés Jony Alexander Meneses Pérez Husberto Álvarez Patiño Luis Augusto Rodríguez Guisao Elkin Ruiz Franky Luis Eduardo Cardona Castañeda John Fredy Rojas Cruz Luis Felipe Tangarife Ortiz Carlos Arturo Quintero López Vladimir Antonio Delgado Arboleda Nilton Goodert Zúñiga Rodríguez Nelson Andrés

206 REPÚBLICA DE COLOMBIA

Subintendente Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Patrullero Policía Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos Policía antinarcóticos


39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56.

Restrepo Valencia Raúl Antonio Vidal Leonardo Zarasti Hernández Luis Octavio García Candelo Alexander Lozano Portocarrero Andrés Rengifo Benites Manuel José Cañas Vergara Luis Antonio Mera Castillo Edgar Adolfo Romero Rico Pablo Alberto Mina Castro Rodolfo Mauricio Grisales Bermúdez José Libardo Viveros Medina Luis Alfonso Meneses Muñoz Edwin Bedoya Acevedo John Alexander Medina Vélez Iván Andrés Congo Angulo Arbey Rodríguez Ortiz Miller Andrés Saldarriaga Cañas Olman de Jesús

Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía Policía

antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos antinarcóticos

PRISIONEROS DE LA BASE DE LA URIBE, META 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Malagón Castellanos Reinaldo Cruz Tunay Milton Parada Porras Carlos Alberto Pérez Rodríguez Oswaldo Pregonero Mendivelso Wilson Reyes Ortiz Reinaldo Rodríguez Gómez Alberto

Subteniente Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado

PRISIONEROS DE PUERTO PRÍNCIPE, VICHADA 1. Quintero Wilson

Capitán Policía Antinarcóticos HECHOS DE PAZ V

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2. 3. 4. 5. 6.

Betancour Edwar Mauricio Culma Chico Antonio León Chitiva Gonzalo Rojas Vargas Alfredo Cubillos John Jairo

Patrullero Patrullero Patrullero Patrullero Soldado Ejército

PRISIONEROS ÁREA DEL BILLAR 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Marulanda Valencia José Ricardo Beltrán Franco Luis Alfonso Arcía Luis Arturo Arteaga José Miguel Pérez Medina Willian Humberto Altafuyo Valencia Luis Antonio Builes Grisales Mauricio Campos Calle Remberto Ignacio Correa Loaiza Diego Fernando Fernández Meléndez Manuel Eliécer Flores Carlos Alonso García Ferreiro Iván Darío Guerra Llano Alexander Herrera Velásquez John Yerley Hurtado Vergara José Javier Gaitán José Rodrigo Agudelo Cano Álvaro Jaramillo Gutiérrez Orlando López Beltrán Edilberto Marín Gallego Isaías Mejía Alfonso Edgar de Jesús Muñoz Quintero Ermilson de Jesús Novoa Hernández Eder Luis Ochoa Vallejo Orlando Pérez Ortiz Héctor Rubén Patiño Morales John Jairo Rada Pérez Nelson Enrique

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Sargento Viceprimero Cabo Primero Cabo Primero Cabo Segundo Cabo Segundo Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario Soldado Voluntario


28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43.

Ramírez Sierra Juan Carlos Rodríguez Balvuena Jaime Sánchez Arteaga Darío Sánchez Molina Álvaro Pío Sánchez Pineda Jairo Sánchez Rojas Nilson Leandro Sarmiento Santos Epifanio Socarrás Martínez Carlos Alberto Tabares Bedoya Hugo Ernesto Tabares Salgado Arnover Tamayo Madroñedo Otoniel Trejos Quiceno Diego Fernando Patiño Morales John Jairo Varela Varela Wilson Eledis Varela Varela Yarley Vargas Mercado Robert

Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado

Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario Voluntario

PRISIONEROS DE LA BASE DE PATASCOY 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Moncaya Cabrera Pablo Martínez Estrada Libio Bonilla Castillo Jaircinio Wiylloi Mirchara Cerón Gómez Fabián Caicedo Alejandro Aranda Osorio Elkin Caicedo Galindes Tobías Bravo Jorge Darío Almeida Bolaños Abraham Guillermo Chantres Chamisa César Augusto Carlos Amagel Castro Ascuntar Luis Alberto Castillo Miramar Carlos Orlando Andrade Luis Aníbal Álvarez Gutiérrez César Augusto

Cabo Cabo Dragoniante

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17. Arroyabe Giraldo Alex Manuel 18. Córdoba Bastidas Araon.

PRISIONEROS QUE TIENE EL BLOQUE JOSÉ MARÍA CÓRDObA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Wagner Tapias Torres Pedro José Guarnizo Ovalle Héctor Locuara Segura Francisco Manuel Negrete Mendoza Samuel Alberto Cote Cote Juan Martín Patino Jiménez Tilson Robledo Moreno Heidi Alfonso Fajardo González Gustavo Carmelo Oviedo Martínez Jhonatan Moreno Orozco Roque Antonio Montilla Quintero Francisco Hernández Barrios Alberto Barrios Peñate Luis Alberto Carvajal Eder Muñoz Mejía Henry Rodríguez García Luis Honorio Pacheco Vega Hugo León Álvarez Leomedez Díaz Usuga Henry Díaz Fabra Silvano Antonio Peñate Arroyo José Francisco Arteaga Correa Norberto de Jesús Jiménez Oviedo Julio Aníbal Jaramillo Ávila Jair Zinon Avarrete Sánchez Nelson José Calderin Pereira Carlos Alfredo Norato Guerra Jhonisel Barba Ayala Juan Carlos Acosta Monsalve Jair Mosquera Lozano

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Teniente Sargento Primero Sargento Viceprimero Cabo Primero Cabo Primero Cabo Primero Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Solddo Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado Soldado


31. Alberto Luis Carvajal Carpio 32. Jorge Luis Segueda Mejía 33. Fredy Bedoya • 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Soldado Soldado Soldado

Policías Mario Alberto Marín Franco Nicolás Giraldo García Cruz Darío Londoño Arango Ángel Giovani Peña Castro Leider Salín Morales Máximo Enrique Quiroz Pedraza Rubén Salid Correa Restrepo Juan Darío Sánchez Pajiza

Cabo Segundo

Prisioneros en el Bloque Magdalena Medio • Policía Jesús Gregorio Cáceres Gauta

Sargento Segundo

TOTAL:

245 personas.

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RESPUESTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A MANUEL MARULANDA DE LA CARTA ABIERTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 30 de septiembre de 1998

Señor Manuel Marulanda Vélez Demás dirigentes de las Farc Ciudad

Doy respuesta a su carta del 21 de septiembre, dirigida al Gobierno Nacional. Al recibir la lista de oficiales, suboficiales, soldados y agentes de policía retenidos por la Farc, cuya entrega fue solicitada por el Gobierno semanas atrás como muestra de supervivencia de dichos funcionarios del Estado y garantía de su protección, advierto el sincero ánimo de esa agrupación de avanzar por el camino de la reconciliación nacional y de honrar en este proceso la palabra empeñada. En el afán de las autoridades de continuar estudiando las alternativas que ofrece nuestro Estado de Derecho resulta imprescindible tener acceso, como es de su conocimiento, al listado de miembros de la insurgencia a quienes se alude en su comunicación. Durante los días que restan para la iniciación de los diálogos, y en el bien entendido de que las partes hemos acordado no imponer condicionamiento alguno para llegar a la mesa de diálogo dentro de los noventa días siguientes a la posesión del señor presidente doctor Andrés Pastrana, tendremos la oportunidad de continuar nuestras reuniones, con la discreción que el HECHOS DE PAZ V

213


tema exige, a fin de perfeccionar todos los detalles que permitan la garantía y claridad en el inicio del período de distensión en los cinco municipios acordados. Estoy seguro que pondremos toda nuestra voluntad para pasar de la retórica de paz a los hechos de paz y de esta manera poder contribuir a la responsabilidad que la hora presente nos impone y así llegar llevar la tranquilidad perdida a todos los hogares, permitiendo el regreso de todas las personas que hoy se encuentran retenidas. Atentamente,

Víctor G. Ricardo (firmado) Alto Comisionado para la Paz

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CARTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, andrés pastrana arango, ENVIADA POR MANUEL MARULANDA vélez

30 de septiembre de 1998

Doctor Andrés Pastrana Arango Presidente de la República

La presente tiene como finalidad saludarlo, y desearle éxitos en sus gestiones de gobierno para lograr la reconciliación de la familia colombiana. A continuación le comunico lo siguiente: Va la lista de los guerrilleros presos, en material anexo, para que los tres poderes puedan empezar el trámite señalado en carta anterior. El emisario que hemos solicitado, señor Presidente, es con la finalidad de ultimar detalles, fecha, lugar y medios de transporte para movilizar soldados y guerrilleros al sitio que acuerden Gobierno e insurgencia para tal efecto. Consideramos necesario hacer saber por los medios de comunicación el nombre de su emisario y en estas condiciones atenderlo apenas como haga presencia en el lugar sugerido. Si los tres poderes ya resolvieron el caso del doctor Alvaro Leyva Durán es saludable y nos evitamos los trámites por los medios de comunicación para el contacto directo.

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Hemos escuchado por los medios de comunicación la opinión de personalidades del Parlamento, los partidos, la Iglesia y la sociedad civil, analizando la situación del país, sobre la paz en diferentes foros y haciendo teoría sobre el despeje de los cinco municipios sin contar con nuestra opinión, para unificar criterios al respecto. Hemos sido informados por los medios que varios gobernantes y el doctor Víctor G. Ricardo se reúnen en los próximos días para estudiar algunas recomendaciones y mantener el principio de autoridad en los cinco municipios objeto del despeje. Sería muy saludable saber en qué consiste el principio de autoridad si tenemos en cuenta lo planteado por las Farc donde se afirma que no debe quedar ninguna autoridad, más que los alcaldes, con los cuales nos reuniremos para acordar mecanismos propicios para ejercer el control de extraños infiltrados, saboteadores y antisociales, entre otros. Tenemos la impresión que no hay suficiente claridad al respecto sobre el despeje y del real alcance que significa para los diálogos del Gobierno e insurgencia. Nosotros hemos manifestado públicamente la necesidad del despeje y el desmonte del paramilitarismo, para sentarnos a hablar Gobierno e insurgencia sobre la problemática nacional. Tenemos la impresión, señor Presidente, que el señor Ministro de Defensa, a pesar de sus conocimientos jurídicos, sin previo análisis, no dio credibilidad al decir que la lista de oficiales, soldados y policías es incompleta para satisfacer los altos mandos que no dejan de poner piedras en el camino de la paz. A nombre de organismos humanitarios, comisiones de paz, Cruz Roja y entidades de beneficencia social, utilizando radios de comunicación, han comenzado a penetrar las áreas de La Uribe y La Sombra, sin previo acuerdo con la insurgencia, lo que obliga a tomar medidas preventivas mientras las dos partes interesadas en los diálogos llegan a acuerdos sobre la clase 216 REPÚBLICA DE COLOMBIA


de organismos que puedan transitar en cada uno de los municipios, en el entendido que al producirse el despeje de las Farc, vamos a verificar si realmente se ha cumplido totalmente el despeje. Comprobada su efectividad, a continuaciĂłn nos reuniremos a dialogar. No siendo otro el motivo de la presente, me despido de usted, seĂąor Presidente.

Atentamente,

Manuel Marulanda VĂŠlez (Firmado) Jefe de las Farc.

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RESPUESTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, A LA CARTA ENVIADA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA por MANUEL MARULANDA vélez

Santa Fe de Bogotá, D.C., 25 de octubre de 1998

Señor Manuel Marulanda Vélez Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep E. S. M.

Me permito dar respuesta a su carta del 30 de septiembre del año en curso dirigida al Jefe del Estado. El Gobierno Nacional ha tomado atenta nota de la propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep, en el sentido de liberar unidades de la Fuerza Pública Nacional que han sido privadas de su libertad por motivos relacionados con el conflicto armado interno que de tiempo atrás viene padeciendo la Nación, a cambio de la liberación de integrantes de la referida organización que se encuentran privados de libertad en los centros carcelarios del Estado. Con el objeto de contar con la totalidad de los elementos de juicio necesarios para este análisis, hemos solicitado al señor Fiscal General de la Nación y al señor ministro de Justicia, la información sobre la situación jurídica de las personas incluidas en la lista remitida por ustedes. En anterior misiva usted planteó la necesidad de la concurrencia de las ramas que integran el poder público en el tema; en su momento, y cuando el Gobierno tenga la información solicitada a la Fiscalía General de la Nación y al ministro de Justicia, convocaremos a los presidentes y vicepresidentes HECHOS DE PAZ V

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de las Comisiones de Paz del Senado de la República y Cámara de Representantes, y de los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para el análisis y estudio del tema y proceder a convocar una reunión con los voceros que para el efecto designen las Farc-Ep. Conviene reiterar lo ya expresado públicamente en cuanto el resultado de los análisis, determinaciones que se tomen y acuerdos que se realicen con relación a las personas privadas de la libertad, no condiciona el proceso que hemos iniciado creando la zona de distensión para que sea posible un diálogo transparente y fructífero que nos permita alcanzar la paz. Indica todo lo anterior que para aproximar juiciosamente su propuesta recurriremos a instrumentos jurídicos del derecho interno que están establecidos en la Constitución Política de Colombia y las leyes que en desarrollo de la misma se han expedido. De otra parte, coincido con usted en que la presencia de personas o grupos organizados extraños a la zona que viene siendo despejada de la Fuerza Armada puede ser perjudicial, si escapa su interés a los ordinarios de la comunidad misma (político-administrativos, civiles, educativos, económicos, comerciales, financieros). Nuestras metas son de tal manera altruistas, que bien vale la pena tomar todas las medidas conducentes a garantizar el éxito del proceso iniciado, sin menoscabo, naturalmente, de los derechos fundamentales de quienes viven y transitan la región por razones de su común acontecer, tal como lo ordena nuestra Constitución. Es por esto que de la manera más patriótica hemos invitado a quienes se solidarizan con nuestro empeño, a que se abstengan de concurrir a los cinco municipios si su propósito en desplazarse a ellos no está relacionado directamente con el normal y diario desenvolvimiento de los quehaceres de la vida municipal y sus habitantes. Atentamente, Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz. 220 REPÚBLICA DE COLOMBIA


CARTA ABIERTA AL DOCTOR VÍCTOR G. RICARDO, FIRMADA POR EL JEFE DE LAS FARC-EP, MANUEL MARULANDA VÉLEZ Montañas de Colombia, 20 de octubre 1998

Señor Víctor G. Ricardo

La presente tiene como finalidad saludarlo y desearle muchos éxitos en la política de paz expuesta por el señor Presidente de la República en distintos escenarios nacionales e internacionales y a la vez aprovecho para comunicarle lo siguiente: Con el señor Rojas acordamos 2 fechas tentativas para encontrarnos, el día 20, y si ello no era posible el 25 del corriente mes y finalmente para el 4 de noviembre para conocer de los tres poderes los resultados sobre las gestiones con respecto al canje de soldados por guerrilleros y también para hacerle llegar al señor Presidente la lista final de guerrilleros presos. Por los medios de comunicación escuchamos el pronunciamiento oficial desautorizando a los 3 senadores: Amylkar Acosta, Jaime Dussán y Piedad Córdoba, por habernos visitado en uno de los campamentos, armándose una gran tempestad en un vaso de agua. Nos queda la impresión que en nada está cambiando la concepción al gobierno anterior, cuando se prohíbe hablar con la insurgencia y se descalifican personas que desean conocer opiniones del movimiento guerrillero sin comprometer la política oficial de los tres poderes. Sin escuchar sus argumentos, antes de cualquier pronunciamiento oficial. Es cierto que los diálogos están centralizados en cabeza del Gobierno Nacional pero con todo ello tampoco es cierto que nadie pueda hablar con HECHOS DE PAZ V

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nosotros si tenemos en cuenta que son muchas las personas que nos visitan todos los días en medio de cualquier circunstancia política o militar. Tenemos conocimiento que los altos mandos militares han creado comandos especializados para sabotear la instalación de los diálogos, atentando contra el Presidente o mi persona, para lo cual han difundido la especie de la existencia de paramilitares en San Vicente, por tal motivo no es segura mi presencia durante el acto. Si para usted no le es incómodo le sugiero cerciorarse a través de un emisario suyo para que verifique cómo la tropa procede a requisar de vez en cuando los vehículos que viajan de San Vicente para los llanos del Yarí y otras regiones utilizando capuchas. Yo me pregunto, ¿será que una autoridad cualquiera sea tiene que utilizar capucha? Finalmente cuando nos entrevistamos con usted el tema central fue lo relacionado con el canje, mas sin embargo por los medios de comunicación aparecieron temas importantes menos lo del canje. No siendo otro el motivo de la presente me despido de usted.

Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez (Firmado)

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carta enviada por el alto comisionado para la paz, víctor g. ricardo a manuel marulanda, jefe de las farc

Santa Fe de Bogotá, D.C., 31 de octubre de 1998

Señor Manuel Marulanda Vélez Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc-Ep Montañas de Colombia

En respuesta a su carta de fecha 20 de octubre y la cual he conocido en el día de hoy, quiero señalar los hechos de paz producidos como resultado del manejo discreto de los mecanismos acordados, para nuestras comunicaciones; discreción fundamental para disipar riesgos imputables a la improvisación o a un indebido protagonismo.

Estos hechos de paz se refieren a: 1. La creación de un espacio denominado zona de distensión en el cual no haya confrontación armada y así permitir el diálogo, con la participación de los representantes de las Farc-Ep y de los representantes del Estado colombiano en la búsqueda de viabilizar la construcción colectiva de un Estado que articule las nociones del derecho y la justicia y de esta manera materializar a través de la negociación un proyecto nacional satisfactorio para los anhelos democráticos del pueblo colombiano. 2. Al establecimiento de escenarios dentro de los cuales, con la participación de miembros representativos de los poderes públicos, los partidos políticos a través de integrantes del Congreso de la República y designados por las HECHOS DE PAZ V

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mesas directivas de esa corporación y con la asesoría de los organismos de investigación y control del Estado, se produzca en el marco del Estado de Derecho una respuesta a la propuesta de canje presentada por las Farc-Ep. Estoy seguro que al escribir ustedes la carta que estoy respondiendo, seguramente no habían recibido la comunicación que el Alto Comisionado para la Paz les dirigió en días pasados sobre el tema del canje. 3. Al desarrollo de una propuesta, que con la participación de los alcaldes de los municipios de Vista Hermosa, La Uribe, Macarena, Mesetas y San Vicente del Caguán, aseguren la paz y tranquilidad ciudadanas en las áreas de distensión. 4. De la misma manera, estamos atentos mientras se verifica el despeje a la identificación de estrategias que permitan sortear los riesgos que puedan atentar contra el normal desarrollo del proceso de paz. Proceso que nos compromete con la esperanza de una felicidad posible en el territorio colombiano. Es importante señalar igualmente el compromiso de las Fuerzas Armadas de Colombia con el proceso de paz, compromiso reafirmado por el Comandante General de las Fuerzas Militares, los Comandantes de cada una de las fuerzas y el Director General de la Policía, cuya decisión y conducta son inobjetables. Quisiera resaltar la voluntad del señor Presidente de la República, para sortear los riesgos y participar en la apertura de los diálogos con la convicción de que se está dando inicio a un proceso histórico que le permitirá a Colombia consolidar plenamente un Estado de Derecho y justicia, democrático en lo político, sostenible y competitivo en lo económico y equitativo en lo social. Los riesgos que asumió el señor Presidente al entrevistarse con el Secretariado de las FARC-EP en el mes de julio pasado fueron mucho más altos

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que los que deberían presentarse en una zona de distensión; las amenazas contra el señor Presidente, contra usted y contra el Alto Comisionado para la Paz, que tuvimos oportunidad de comentar en nuestra última entrevista, no deberán ser motivo de obstáculos para la paz de los colombianos. Por otra parte, creo que es importante señalar que el Gobierno ha sido estricto en el cumplimiento de su palabra empeñada y por este motivo no ha querido permitir el conducto acordado para los encuentros entre los representantes del Gobierno y los representantes de las Farc-Ep. Es por este motivo que ha dejado de acudir a entrevistas planteadas por distintos frentes, asegurando así la transparencia que siempre debe existir en nuestros diálogos y la unidad que para el efecto es indispensable. Finalmente, quisiera señalar el beneficio de un manejo discreto, responsable y serio, que hasta el momento ha distinguido nuestra comunicación; ello ha permitido cumplir con la función asignada en la perspectiva de una reconstrucción de lo público que desarrolle los compromisos éticos en procura del bien común. Lo anterior no significa un protagonismo exclusivo indeseable en cualquier caso. Se trata de obtener el mejor resultado en el cumplimiento de la responsabilidad histórica que el momento nos depara.

Atentamente,

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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carta enviada al alto comisionado para la paz, por manuel marulanda vélez en relación con el canje de detenidos

Montañas del Caquetá, 12 de noviembre de 1998

Señor Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz.

Lo saludo cordialmente y a la vez aprovecho la estadía del señor Rojas por estos lados para hacerle llegar la presente carta. 1. Acuso recibo de su carta fechada el 20 de octubre en Santa Fe de Bogotá relacionada con la propuesta de las Farc a los tres poderes para lograr la liberación de soldados por guerrilleros a través del canje. Usted en su carta en el párrafo 4º textualmente dice: "en anterior misiva usted planteó la necesidad de la concurrencia de las ramas que integran el poder público en el tema; en su momento y cuando el Gobierno tenga la información solicitada a la Fiscalía General de la Nación y al ministro de Justicia, convocaremos a los presidentes y vicepresidentes de las Comisiones de Paz del Senado de la República y Cámara de Representantes, y de los presidentes del Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, para el análisis y estudio del tema y proceder a convocar una reunión con los voceros que para el efecto designen las Farc-Ep". 2. Para tal fin le hago saber que el responsable directo para adelantar dichas gestiones con los tres poderes es mi persona, para evitar la prolongación de la libertad de unos y otros. Con base en lo anterior sugerí verbalmente

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por medio del señor Rojas la fecha del 23 de noviembre para vernos con los designados de los tres poderes en Caquetania, Caquetá, para ello estoy listo y dispongo del tiempo necesario, ya que no es posible ir, donde los poderes lo exijan, por circunstancias ajenas a mi voluntad. 3. Aspiro para la fecha indicada, los tres poderes hayan confirmado la existencia total de guerrilleros presentada al señor Presidente, en prisión en las diferentes cárceles del país para que entremos en materia independientemente por lo que los tengan sindicados. No siendo otro el motivo de la presente me despido de usted.

Atentamente,

Manuel Marulanda Vélez (Firmado)

NOTA: El día que nos entrevistamos con usted y los alcaldes en la tarde nos llegó la información que el día anterior habían levantado la tropa de Girasoles.

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, A MANUEL MARULANDA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 20 de noviembre de 1998

Señor Manuel Marulanda Vélez Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Farc-Ep

Atendiendo el planteamiento que había realizado en días pasados y en concordancia con sus consideraciones, la oficina a mi cargo invitó a importantes representantes de los Poderes Legislativo y Jurisdiccional para avanzar en el análisis del tema del canje planteado por usted al señor presidente del Congreso y el cual él trasladó al Señor Presidente de la República. Los señores presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado han declinado la invitación al conversatorio con las Farc-Ep con argumentos que el Gobierno Nacional respeta y acata, como es su deber. Debo comentarle, adicionalmente, que las salas plenas de las Cortes y el Consejo de Estado han reiterado su apoyo a la política de paz liderada por el señor Presidente Pastrana y el proceso con las Farc-Ep. El Consejo Superior de la Judicatura, una de las cabezas del Poder Jurisdiccional, estudiará el próximo lunes en Sala Plena su posición al respecto y los representantes del Legislativo han considerado conveniente acompañar al Ejecutivo en las conversaciones con usted.

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Así las cosas, deseo sugerirle que la reunión se efectúe el día 27 de noviembre en el mismo lugar por usted planteado. Esto por las ineludibles interconsultas de los órganos colectivos. Con relación a su afirmación de que en el sitio Girasoles ya no hay miembros de la Fuerza Pública, me complace saber que es un testimonio más de que continúan dándose las condiciones necesarias para iniciar formalmente los diálogos del proceso de paz. Quedo a la espera de sus comentarios. Atentamente,

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

C.C. Dr. Gustavo Cuello Iriarte. Presidente Consejo Superior de la Judicatura

Dr. Juan Manuel Ospina. Presidente Comisión de Paz Senado de la República

Dr. Roberto Camacho Presidente Comisión de Paz Cámara de Representantes

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DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO A MANUEL MARULANDA

Santa Fe de Bogotá, D.C., 23 de noviembre de 1998

Señor Manuel Marulanda Vélez Secretariado de las Farc-Ep

He venido recorriendo el área de distensión dispuesta por el señor Presidente de la República para facilitar un espacio de confianza que permita llevar a cabo los diálogos que conduzcan a viabilizar una negociación política al conflicto armado. Lo primero que debo señalar ante distintas versiones que existen, es que dicho período es por noventa días que se iniciaron el 7 de noviembre pasado y que va hasta el 7 de febrero de 1999, todo ello de acuerdo con el diálogo sostenido en la entrevista que usted realizó con el hoy Presidente de la República y con el Alto Comisionado. Tal como lo dispusimos en esa ocasión, el período en mención se utilizaría para verificar por parte del Gobierno y la guerrilla, las condiciones propias de la zona de distensión y para en consecuencia, iniciar el diálogo propuesto. Del recorrido de la zona hemos podido comprobar que ya están dadas las condiciones. Como sabe, el señor Presidente decidió establecer las instalaciones del Batallón Cazadores como sede del Gobierno Nacional y por tanto, lugar de despacho y alojamiento de los distintos funcionarios del HECHOS DE PAZ V

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Estado, incluido el señor Presidente. Es por esta razón y por el cuidado que exigen los equipos e instalaciones que también el señor Presidente decidió que permaneciera personal administrativo y logístico en dicho lugar. Sería conveniente delegar en la Comisión de Acompañamiento la constatación del funcionamiento de lo aquí afirmado y someternos a su concepto y veredicto. Preocupa haber constatado que en los cascos urbanos de los municipios de Vista Hermosa, La Uribe, Macarena y Mesetas, se encontró personal de la guerrilla armado y uniformado que desvirtúa totalmente el despeje acordado; no se trata de reemplazar la presencia de militares por personas vinculadas a la guerrilla. Se trata de poner en operación una policía cívica adulta que garantice la seguridad ciudadana, como en efecto ya está funcionando, y que la guerrilla continúe ubicada en los sitios donde han venido actuando, pues de lo contrario no existiría garantía para las dos partes. Por último, la convocatoria que ustedes han venido haciendo a estudiantes, comerciantes, banqueros, ganaderos y otras fuerzas vivas de la región ha sido llevada a cabo de manera unilateral sin que sea producto de nuestros diálogos. Entiendo con claridad que con estas reuniones han dado muestras de confianza a los asistentes pero no se trata de relevar la acción del Estado colombiano. En la seguridad de que estas reflexiones servirán para el desarrollo de un proceso claro y transparente, quedo a la espera de sus comentarios y con la plena disposición a implementar las acciones conjuntas que se requieran destinadas a hacer de la zona de distensión el espacio de construcción de la confianza necesaria para iniciar los diálogos.

Atentamente, Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz. 232 REPÚBLICA DE COLOMBIA


CARTA ABIERTA AL DOCTOR ANDRÉS PASTRANA ARANGO, PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Montañas del Caquetá, 3 de diciembre de 1998

Señor Presidente: Hemos considerado necesario hacer algunas precisiones, que permitan a la opinión pública juzgar con certeza la verdadera voluntad de paz, tanto del gobierno que usted preside, como de las FARC-EP; ya que ambas partes comienzan a reverdecer la desconfianza, cultivada por 34 años de confrontación armada entre el Estado colombiano y nuestra organización. Usted debe recordar al igual que la opinión pública, que en varios documentos nuestros de carácter público: “Saludo de Manuel Marulanda Vélez “, leído por el comandante Fabián Ramírez en la ceremonia de entrega de los 70 soldados prisioneros de guerra, en Cartagena del Chairá, el 16 de junio de 1997; en el documento central, leído por Joaquín Gómez, en el mismo acto; en la Declaración Política del Pleno del Estado Mayor Central de las Farc-Ep “Abriendo Caminos hacia la Nueva Colombia", de noviembre de 1997, donde de manera reiterativa siempre dijimos lo mismo: que conversaríamos con cualquiera de los candidatos que saliera electo a la Presidencia de la República, en las pasadas elecciones, siempre y cuando se comprometiera a cumplir nuestras dos exigencias fundamentales, el despeje militar de 5 municipios: La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, La Macarena (Meta) y San Vicente del Caguán (Caquetá); y el desmonte del paramilitarismo. La propuesta gubernamental de los gobiernos anteriores: Gaviria, Samper y ahora el suyo, fue de conversar en medio de la guerra. Nosotros conscien-

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tes de que es imposible conversar bajo el ruido de los aviones de combate y el estruendo de las bombas, pedíamos el despeje de los municipios ya mencionados, y que la confrontación armada continuara, de acuerdo con el deseo expreso del Gobierno, en el resto del territorio nacional. Durante la pasada campaña electoral los candidatos más opcionados: usted y el doctor Serpa, por igual se comprometieron con sus electores, prometiéndoles, que si eran elegidos presidente de Colombia, despejarían los 5 municipios propuestos por nosotros. Usted aún fue más lejos que el doctor Serpa, dijo, que si era elegido, antes de posesionarse iría a encontrarse con el Secretariado del Estado Mayor Central de las Farc, en cabeza de su máximo jefe Manuel Marulanda Vélez; como en efecto lo hizo. En esa reunión usted ratificó una vez más la firme decisión que lo animaba, de despejar los cinco municipios y desmontar el paramilitarismo como política contrainsurgente del Estado. Con gran satisfacción el pueblo colombiano y la comunidad internacional presenciaron cómo su administración comenzó a materializar, en materia de paz, lo prometido: despejar los municipios. Ordenó el despeje de La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa y La Macarena; menos San Vicente del Caguán, con el frágil argumento de que... el Señor Presidente decidió establecer las instalaciones del Batallón Cazadores como sede del gobierno nacional y por tanto, lugar de despacho y alojamiento de los distintos funcionarios del Estado, incluido el Señor Presidente. Es por esta razón y por el cuidado que exigen los equipos e instalaciones que también el Señor Presidente decidió que permaneciera personal administrativo y logístico en dicho lugar... (carta enviada a Manuel Marulanda Vélez por el Alto Comisionado para la Paz, fechada noviembre 23 de 1998). El despeje total de San Vicente del Caguán ha sido condicionado por usted a una serie de exigencias, tales como: el cese unilateral del fuego por nuestra parte, o la liberación de los prisioneros de guerra; plantea también que la verificación al Batallón Cazadores deberá hacerla la Comisión de Acompañamiento; expresa su preocupación por la presencia en los cascos urbanos de los municipios Vista Hermosa, Macarena y Mesetas, de personal

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de la guerrilla armado y uniformado. Tampoco oculta su desacuerdo por la convocatoria que hemos venido haciendo a la sociedad civil (de la que nosotros también hacemos parte), como estudiantes, comerciantes, banqueros, ganaderos y otras fuentes vivas de la región, arguyendo que esta determinación ha sido tomada por nosotros de manera unilateral. En la misma carta de Víctor G. Ricardo a Manuel Marulanda Vélez señala, para poner fin a distintas versiones, que el despeje es por 90 días, iniciándose el 7 de noviembre pasado y culminará el 7 de febrero de 1999. Es desconcertante la manera como usted, de manera unipersonal caprichosa ha comenzado a cambiar “las reglas del juego” como suele decirse comúnmente: 1. Usted se comprometió al despeje total de los cinco municipios y a desmontar el paramilitarismo como política de Estado, sin ningún tipo de condicionamiento. El pueblo colombiano incluido los 6 millones de electores que lo eligieron a usted, es testigo de ello. 2. Aceptó que la verificación deberá hacerla la misma guerrilla, por ser esta una tarea indelegable de la misma. Ahora sugiere que la Comisión de Acompañamiento sea la que verifique. Aprovechamos la ocasión para reafirmar una vez más ante el país, que la verificación válida para nosotros, es la que hagamos nosotros mismos. En la reunión del 10 de noviembre pasado, donde asistieron los alcaldes de los cinco municipios, el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, María Inés Restrepo, directora del Plante, y nuestra comandancia, solamente se trató lo concerniente a la policía cívica, distintivos, uniformes, salarios y funciones de la misma. En ese encuentro se le comunicó a Víctor G. Ricardo, que en San Vicente sería la instalación de la mesa de diálogos, pero que las conversaciones se rotarían por igual en los restantes municipios despejados. En la reunión de Caquetania, realizada el 27 de noviembre del mes pasado, donde asistieron el procurador general de la Nación, Víctor G. Ricardo,

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cinco congresistas y la comandancia nuestra, únicamente se trató lo relacionado al canje de prisioneros. Donde a pesar de no haberse llegado a ningún acuerdo, se observó buen ambiente y disponibilidad entre los representantes del Establecimiento, para encontrarle una salida viable, según ellos, al impasse jurídico. Finalmente usted no nos puede exigir nada, porque todavía no nos hemos sentado a la mesa, para el común acuerdo, establecer los mecanismos que regirán las conversaciones. En otras palabras, hasta el momento no hay ningún tipo de acuerdo entre las partes, salvo que usted ordenaría el despeje y en la mesa trataríamos todo lo demás. Es más, el país ni siquiera conoce a los voceros de su Gobierno para las negociaciones, a menos que usted piense hacerlo personalmente. Señor Presidente, si los colombianos no encontramos por fin en esta oportunidad histórica el camino de la reconciliación, la responsabilidad de tamaña frustración será solamente suya. Y así lo registrará la historia, para que tanto las generaciones presentes como las futuras lo juzguen. Las Farc seguirán de manera infatigable luchando hasta lograr la reconciliación y reconstrucción nacional, con soberanía, para afianzar los cimientos de una paz duradera con justicia social, condición indispensable para alcanzar el progreso y el bienestar de la familia colombiana.

Voceros de las Farc: Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. (Firmado)

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DECLARACIÓN PÚBLICA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO

Santa Fe de Bogotá, D.C., 15 de diciembre de 1998

"Hay una gran noticia para el país y para el mundo: el 7 de enero próximo el presidente Andrés Pastrana y Manuel Marulanda instalarán las mesa de diálogo con las Farc", dijo emocionado Víctor G. Ricardo, alto comisionado para la paz, al hacer ayer, a las 2:45 de la tarde, el trascendental anuncio en San Vicente del Caguán sobre el primer encuentro, formal y público en territorio colombiano, de un mandatario con un jefe guerrillero alzado en armas. Luego de la reunión de cuatro horas con la cúpula de las Farc en la hacienda Caquetania, en los límites entre Caquetá y Meta, Ricardo concretó la apertura de un nuevo proceso de paz con la guerrilla más grande del país. La primera fase de las conversaciones buscará "fijar agenda, sitios, fechas y demás aspectos y mecanismos que se emplearán para poder llevar a cabo el diálogo de fondo en el que se buscará una salida pacífica a un conflicto", dijo Ricardo.

Versión de prensa tomada del diario "El Espectador".

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COMUNICADO CONJUNTO DEL GOBIERNO NACIONAL Y LAS FARC-EP

La Machaca, 21 de diciembre de 1998

El día 21 del presente se reunieron en el Caserío de La Machaca, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, y los voceros de las Farc-Ep. , Joaquín Gómez y Fabián Ramírez, donde se concluyó: 1- La salida de los soldados del Batallón Cazadores de San Vicente del Caguán culminará a más tarde el próximo 27 de diciembre. 2- La verificación se hará por parte de las Farc-Ep. , a través de un mecanismo discreto antes del 7 de enero de 1999. 3- Se acordó una nueva reunión para el 28 del presente para ultimar detalles respecto a la instalación de las mesas de diálogo el 7 de enero de 1999.

Firman por las Farc-Ep. , Joaquín Gómez, Fabián Ramírez. Por el Gobierno el alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo

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Petición de la guerrilla de las Farc-EP a la Fiscal Maritza Chavarro Anturi San Vicente del Caguán, 25 de febrero de 1999 (Fuente: RCN, Panorama)

La Fiscalía local de San Vicente del Caguán será trasladada en las próximas horas a Florencia en la capital del Caquetá, ante la petición elevada por la guerrilla de las Farc. Según se conoció, la fiscal Maritza Chavarro recibió la petición de las Farc de abandonar San Vicente del Caguán, pues según la guerrilla no podía seguir despachando allí.

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comunicado del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo a la opinión pública Santa Fe de Bogotá, D.C., 26 de febrero de 1999

El Alto Comisionado para la Paz Informa: El Gobierno Nacional ha reiterado que el único propósito que tiene la decisión del señor Presidente de la República para establecer la Zona de Distensión en los municipios de Mesetas, Vista Hermosa, Uribe, San Vicente del Caguán y la Macarena, es establecer un escenario que permita llevar a cabo el proceso de diálogo que conduzca a una negociación con las Farc para la resolución del conflicto armado. Esa Zona de Distensión, declarada con arreglo a lo establecido en la Ley 418 de 1997, supone exclusivamente el retiro temporal de los miembros de la Fuerza Pública de los referidos municipios, permaneciendo en ellos todas las demás autoridades e instituciones del Estado, así como la vigencia absoluta del ordenamiento jurídico del País. Las Farc son plenamente conscientes de que el único alcance de la medida que ha sido adoptada es el retiro de los miembros de Instituciones Armadas, por un tiempo limitado, y han asumido expresamente el compromiso de respetar el ejercicio de la autoridad del Estado en la Zona de Distensión. En este sentido, la salida obligada de la doctora Maritza Chavarro Anturi, Fiscal de San Vicente del Caguán, por imposición de las Farc, es un acto que no se puede admitir y el cual debe ser revisado de inmediato para que no se convierta en un obstáculo al proceso. Esta actitud es una conducta

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que no contribuye a los propósitos de la reconciliación nacional, menos aun cuando se dirige contra un funcionario encargado de la administración de justicia. Si la población considera que existe mala conducta o causa justificada para que un funcionario sea retirado o trasladado de su cargo, debe exponerlo así ante el Gobierno Nacional, para que éste lo transmita a la autoridad competente. El Gobierno Nacional rechaza este comportamiento, insta a las Farc para dar solución al problema presentado, y que en lo sucesivo se abstengan de este tipo de acciones, que no sólo no las entiende la opinión pública sino que lesionan los derechos de una persona en particular, como a todos los habitantes de la región. La Zona de Distensión no configura autoridad de las Farc y en ese territorio impera y deberá seguir imperando el Estado de Derecho y la autoridad del Estado, a través de las autoridades Civiles, Municipales, Departamentales y Nacionales.

(Firmado) Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz.

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Comunicado de Prensa del Gobierno Nacional ante el secuestro y asesinato de los tres ciudadanos norteamericanos que cumplían labores humanitarias Santa Fe de Bogotá, D.C., 5 de marzo de 1999

El Gobierno Nacional ha tenido conocimiento que en las últimas horas, en el sitio La Victoria, jurisdicción de Guasdualito, en la República de Venezuela, fueron encontrados los cuerpos sin vida de tres ciudadanos estadounidenses, pertenecientes a un grupo ambientalista, quienes días atrás habían sido secuestrados en territorio colombiano, por hombres armados al margen de la ley, al parecer pertenecientes a la subversión. El presidente Andrés Pastrana dialogó esta tarde con su homólogo de Venezuela, Hugo Chávez, y acordaron adelantar con la estrecha colaboración de las autoridades de los dos países, las investigaciones que conduzcan al establecimiento de este crimen, que viola todas las normas del Derecho Internacional Humanitario, y al castigo de sus autores. Los tres ciudadanos norteamericanos fueron identificados como Terense Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok. El Gobierno colombiano condena el secuestro y posterior asesinato de estos ciudadanos extranjeros, indefensos y quienes cumplían labores humanitarias a favor de las comunidades indígenas de la región. El Presidente de la República expresa su solidaridad para con el Gobierno de los Estados Unidos y hace llegar a los familiares de las víctimas su más sentida condolencia.

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Comunicado del Gobierno Nacional a las FARC-EP Santa Fe de Bogotá, D.C., 8 de marzo de 1999

Por instrucciones del señor Presidente de la República, el Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo, se reunió con el señor Raúl Reyes, vocero de las FARC durante los días seis y siete de marzo, con el fin de transmitir algunos puntos de vista gubernamental con relación al estado actual del proceso de paz que se adelanta con este movimiento. Al respecto el Alto Comisionado manifestó en concordancia con las instrucciones del señor Presidente al vocero de las FARC los siguientes aspectos: 1. El Gobierno reiteró la necesidad de respetar integralmente a las autoridades locales en la zona de distensión, tal como fue acordado. 2. El Gobierno manifestó su desacuerdo por la actitud asumida en contra de la presencia de la Fiscal en San Vicente del Caguán y la urgencia de su retorno. 3. El Gobierno expresó su preocupación por la presencia de miembros armados de las FARC-EP en el casco urbano de los municipios de la zona de distensión y reiteró la necesidad de cumplir los acuerdos que precedieron a la decisión gubernamental de habilitar dicha zona para llevar adelante los diálogos entre las partes, para lo cual fue establecida una Policía Cívica Especial. 4. El Gobierno enfatizó sobre la necesidad de avanzar objetiva y realmente en el respeto integral a los Derechos Humanos con el fin de excluir a la población civil del conflicto armado.

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5. El Gobierno solicitó el pleno esclarecimiento de los hechos vinculados al brutal asesinato de Terence Freitas, Laheenae Gay e Ingrid Washinawatok, acto que el Gobierno rechaza enfáticamente. Así mismo transmitió que sobre estos puntos es necesario hacer una evaluación a más tardar el próximo siete de abril. El Gobierno Nacional reitera una vez más su propósito de encontrar una solución política al conflicto interno, en el marco del respeto a la Constitución y la Ley, y confía también en que la insurgencia exprese de manera clara su real voluntad de paz continuando con la mesa de diálogo que conduzca a la negociación política de la agenda que se defina de acuerdo con la ya presentada por las partes y de esta manera construir las bases que sirvan para poner fin al conflicto armado.

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balance sobre el trabajo realizado en el proceso de diálogo entre el Gobierno y las FARC-EP Caquetania, 2 de mayo de 1999

1. De acuerdo con lo convenido el día 9 de julio de 1998, en el día de hoy nos hemos reunido con el propósito de hacer un balance sobre el trabajo realizado hasta ahora en el proceso de diálogo iniciado entre el Gobierno y las FARC-EP. 2. Después de un análisis abierto, cordial y sincero encontramos avances concretos y significativos en el complejo camino de la construcción de la reconciliación entre todos los colombianos. 3. Somos conscientes que la obtención de la paz es un proceso que demanda esfuerzos, análisis, comprensión y compromisos con el propósito de ponernos de acuerdo en las transformaciones económicas, políticas y sociales, que permitan la construcción de un Estado fundamentado en la justicia social, donde quepamos todos y lo respetemos todos. 4. Luego de evaluar el serio y responsable trabajo que los voceros han venido realizando, encontramos que falta ya poco para llegar al acuerdo total para una agenda común.

En virtud a que el próximo 5 de mayo culmina el plazo establecido por el Gobierno Nacional para los diálogos, y que se reafirma una vez más la voluntad política indeclinable de las partes en el propósito de encontrar una solución política en el conflicto, acordamos: establecer a partir del próximo 6 de mayo la iniciación del período de negociación y diálogo en los puntos de la agenda común ya acordados. HECHOS DE PAZ V

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5. Las cuales se darán a conocer por medio de los voceros sin perjuicio de los avances a que lleguen los voceros antes de esa fecha, entre las partes se han comprometido a dar el desarrollo al acuerdo suscrito el pasado 28 de abril los derechos de las distintas fuerzas políticas del país, las directivas del Congreso de la República, las FARC-EP y el Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado para la Paz. 6. Queremos llamar la atención del pueblo colombiano y a la Comunidad Internacional en que la obtención de la paz, es el producto del compromiso de todos los colombianos y requiere del tiempo necesario para sentar las bases sólidas de una paz verdadera y duradera. 7. En este propósito conformaremos de común acuerdo, una comisión internacional de acompañamiento que permita servir de verificadores para superar cualquier inconveniente que se pueda presentar.

Andrés Pastrana Arango Manuel Marulanda Firmado en Caquetania el día 2 de mayo de 1999

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CARTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A MANUEL MARULANDA vélez acerca de LA PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REGLAS DE JUEGO EN LA ZONA DE DISTENSIÓN

San Vicente del Caguán, 7 de mayo de 1999

Señor Comandante MANUEL MARULANDA VELEZ FARC-EP

En primer lugar deseo enviarle un saludo extensivo a todos los integrantes de la organización. De acuerdo con el diálogo que Usted sostuvo con el Señor Presidente y cumpliendo instrucciones de él, pongo a su consideración la propuesta de ACUERDO SOBRE REGLAS DEL JUEGO EN LA ZONA DE DISTENSIÓN, que con carácter urgente, se necesita realizar para poder el Gobierno Nacional, expedir el Decreto, prorrogando la vigencia de la zona de distensión, por la obligación que la Constitución y la Ley le imponen al Presidente de la República. Solicito atentamente, su pronta respuesta por la necesidad que seguramente Ud. entenderá. Reciba un saludo y mis votos por su salud y bienestar. Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz HECHOS DE PAZ V

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PROPUESTA DE ACUERDO SOBRE REGLAS DEL JUEGO EN LA ZONA DE DISTENSIÓN

El Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARCEP. Teniendo en cuenta que: a. La zona de distensión debe constituir un escenario de convivencia pacífica donde la vida cotidiana transcurra en absoluta tranquilidad;

b. Se hace necesario que los habitantes de los municipios que se encuentran en la zona de distensión, tengan absoluta garantía en el ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales, los cuales no se pueden ver limitados ni vulnerados por el desarrollo de las negociaciones de paz;

c. Es necesario trabajar conjuntamente por el desarrollo y fortalecimiento de una verdadera cultura para la paz. ACUERDAN: 1. Asegurar el respeto absoluto de los habitantes de la zona de distensión que el Gobierno declare, con el propósito de llevarse a cabo los diálogos de la negociación que acordaron los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, los cuales se dieron a conocer en el documento: AGENDA COMÚN PARA EL CAMBIO HACIA UNA NUEVA COLOMBIA.

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2. Reafirmar la autoridad de los alcaldes y de los concejos municipales, como las máximas autoridades civiles de los municipios de la zona de distensión. 3. Los jueces ejercerán sus funciones normalmente, según lo determine el Consejo Superior de la Judicatura; de igual manera, los fiscales, los registradores y los notarios. Además, se respetará la labor de los Conciliadores en Equidad que se establezcan en cada municipio. 4. El Gobierno fortalecerá a los Cuerpos de Policía y Convivencia Ciudadana, quienes actuarán bajo la exclusiva autoridad del Alcalde Municipal correspondiente. 5. La única autoridad uniformada en los cascos urbanos serán los miembros de los Cuerpos de Policía y Convivencia Ciudadana, debidamente autorizados. 6. Nadie portará armas de fuego en los cascos urbanos a excepción hecha de las personas autorizadas. 7. Para seguridad de la población, se permitirá que aviones comerciales o de organismos humanitarios debidamente identificados, sin armas, efectúen los viajes comerciales y especiales, debidamente autorizados por el Alto Comisionado para la Paz. La Aeronáutica Civil, mantendrá el control de los vuelos autorizados y del cumplimiento de las normas aeroportuarias. 8. Se dispondrán las acciones necesarias para generar oportunidades de estudio y esparcimiento para todos los niños. No habrá reclutamiento obligatorio en la zona. 9. La no instalación de minas antipersonales y la colaboración para el señalamiento y destrucción de las existentes. 10. Propender por la sustitución de cultivos ilícitos y por la protección y conservación del medio ambiente.


11.

No permitir actividades relacionadas con el narcotráfico.

12.

Las quejas de la ciudadanía relacionadas con la aplicación del presente Acuerdo, se tramitarán a través de la Comisión Interna cional, que conformen de común acuerdo el Gobierno Nacional y las FARC-EP, según lo acordado por el señor Presidente de la República en su encuentro con el Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez.

13.

No se llevarán a cabo, desde la zona de distensión, ataques con traterritorios que estén por fuera de la zona referida.

14.

No se dará entrenamiento militar ni se dotará de armas a los habitantes de la zona de distensión.

15.

No se introducirán en la zona de distensión, más armas de las que actualmente se encuentran.


MESA DE DIÁLOGO GOBIERNO Y FARC-EP


DISCURSO DEL PRESIDENTE ANDRÉS PASTRANA ARANGO, EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO CON LAS FARC-EP San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999

Colombianos: Hoy venimos a cumplir una cita con la historia. Hemos demorado casi medio siglo en hacerla realidad. Sabemos que los ojos de todos, de cada trabajador, de cada empresario, de cada campesino, de cada madre de familia, de cada desplazado, de cada soldado, de cada insurgente, están pendientes de nosotros. Hemos venido a encontrarnos con un ayer de contrastes, de luces y de sombras, de logros y de fracasos, de sucesos que nos llenan de orgullo y de otros que nos abruman. Pero también a construir un destino común que tenga el rostro y la dimensión de nuestros sueños, de nuestros sacrificios y de nuestra generosidad. Confío en que la ilusión de paz de los colombianos será realidad y que esta oportunidad histórica iniciará, por siempre y para siempre, la travesía hacia la paz. Invoco al paciente Dios de los colombianos para que nos guíe con su sabiduría por la senda que hoy emprendemos. Vengo a San Vicente del Caguán, como Jefe de Estado, a cumplir mi palabra. La ausencia de Manuel Marulanda Vélez no puede ser razón para no seguir adelante con la instalación de la Mesa de Diálogo para acordar una agenda de conversaciones que deben conducir a la paz.

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El Gobierno Nacional, bajo mi liderazgo, llega a la instalación de la Mesa de Diálogo con una agenda abierta, sin intención de vetar ni de imponer temas. Estamos dispuestos a discutir, a disentir, a proponer, a evaluar pero, sobre todo, a construir. Esa es la esencia misma de una democracia. En ella, las Fuerzas Armadas cumplen lealmente la noble tarea que la Constitución Nacional les ha señalado. Y debo destacar, con justicia, la voluntad manifiesta con la que han colaborado en este proceso en que estamos empeñados desde el momento mismo en que el pueblo colombiano me entregó el mandato para gobernarlo. Siempre han sido compañeros leales en el camino de la paz. Así como siempre han defendido con valor nuestras instituciones, sé que están comprometidas a trabajar en el logro de la paz. Sé para dónde vamos. Sé que la travesía será difícil. Sé que hay un camino dispendioso por delante. En él encontraremos sobresaltos y oportunidades. Los colombianos somos conscientes de que un conflicto de muchas décadas no se va a terminar en unos pocos meses. Pero yo estoy seguro de que, al culminar la ruta que nos hemos trazado, lograremos la reconciliación nacional. Como Presidente de todos los colombianos quiero una Nación próspera y optimista. Sin violencia, comprometida contra la corrupción, progresando contra la pobreza y con sus mejores esfuerzos dedicados al bienestar de mis compatriotas. En esta tarea de cambio se encuentra empeñado mi Gobierno. He liderado ese proceso con seguridad y dirección. Luchamos de manera infatigable contra la pobreza y contra la corrupción, buscamos crear las condiciones para dar empleo seguro y confiable, diseñamos un plan de desarrollo para construir la paz y fortalecemos la imagen de Colombia en el exterior. Mi querido amigo, el Presidente de Suráfrica y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, en sus Memorias dice que “al comienzo la gente puede no creer que el proceso se ha iniciado en serio, pero sin la paz todo está perdido. Sólo es creíble una paz que supera las razones que generan la violencia”.

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He reconocido el carácter político de su organización. Mi presencia en esta plaza, como Jefe de Estado de una sola Nación, es un esfuerzo sin precedentes para encontrar fórmulas y mecanismos que nos permitan hallar el rumbo de la convivencia pacífica. Vengo investido de la legitimidad que me otorgó la democracia con la más alta participación de nuestra historia republicana. Nos reúne aquí el respeto por la unidad de la Nación y la consolidación de sus instituciones. En fin, son la soberanía popular y la democracia, las que nos permiten realizar este encuentro e iniciar el viaje hacia el reencuentro de todos los colombianos. Como Jefe de Estado, estoy aquí expresando la voz de un país que quiere paz, que reclama paz, que busca justicia social y está dispuesto a darle curso a la política como ejercicio del bien común. Un país que reclama libertad con seguridad y pide se le garantice libertad con dignidad. Un país que exige detener la muerte y abrirse hacia las reformas que sean necesarias para merecer el futuro. Pero de la misma manera, con que vengo a reclamar el derecho a la paz, yo, como Jefe de Estado, estoy dispuesto a cumplir y a hacer cumplir los deberes que impone la reconciliación. Hay quienes no se dan cuenta de que el fortalecimiento de la paz no sólo exige dejar de matar sino tener la decisión de privilegiar la vida. Retomemos las palas y los azadones, los libros y los cuadernos, los martillos y los ladrillos para construir el país que todos queremos. Hay quienes no han visto que la “guerra de la paz” se gana en el empleo, en la vivienda, en la nutrición, en la salud, en la educación, en el respeto a la ecología, en la certeza de la supervivencia siempre abierta a la felicidad. Su Santidad Juan Pablo II lo ha dicho: “El derecho a la paz favorece la construcción de una sociedad en cuyo seno las relaciones de fuerza se sustituyen por las relaciones de colaboración con vistas al bien común. La situación actual prueba sobradamente el fracaso del recurso a la violencia como medio para resolver los problemas políticos y sociales”.

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Sólo en paz crecerán la justicia social y las oportunidades para todos. El crecimiento de la convivencia pacífica hará posible la aplicación del Plan de Desarrollo “Cambio para construir la paz” en toda su capacidad y del “Plan Colombia” en todo su significado. Cada progreso de la paz será un avance de los recursos para cimentarla y apuntalarla; cada acuerdo dará lugar a proyectos de desarrollo y crearán las condiciones para que la solidaridad de los pueblos convierta en obras de bienestar las buenas intenciones de sus propósitos. Sólo la paz, entendida como derecho a la libertad y al desarrollo, ofrecerá la oportunidad de entregar a los campesinos posibilidades ciertas para la sustitución agrícola y la eliminación de los cultivos vinculados al tráfico de drogas. Con narcotráfico, no hay paz. No se deben sustituir las convicciones, por justificadas que sean, por el usufructo de intereses ilícitos. Tengo el optimismo de quien reconoce que, al lado del desangre sufrido por los colombianos, ha crecido una percepción y una sensibilidad especiales por los derechos humanos. Yo sé que “la paz florece” cuando se observan íntegramente estos derechos; yo sé que la paz sólo es posible si se tiene conciencia de la dignidad del ser humano; yo sé que cada persona debe ser respetada por sí misma; yo sé que la paz comienza en el derecho a la vida y que se le da su dimensión tanto en los derechos civiles y políticos como en los económicos, sociales y culturales. Mi Gobierno, así como la comunidad internacional, aspiran a que el proceso que hoy iniciamos nos permita humanizar el conflicto. En ese sentido, debemos propiciar el respeto pleno al derecho internacional humanitario para comportarnos como una Nación civilizada. Todo el que sueñe la Patria tiene derecho y obligación de participar en este esfuerzo que nos debe vincular a todos. Hay gente que está sólo de forma intelectual con la paz pero no quiere hacer sacrificios por ella. Es preciso entender que nuestra paz debe generar un modelo de nueva sociedad en donde “lo social sea la fuerza que anima la transformación del Estado”. Cuando lo social sea el factor determinante de la organización de la comunidad, la justicia social se convertirá en la piedra angular de la soberanía. 262 REPÚBLICA DE COLOMBIA


Queridos amigos: Basta poner tanto esfuerzo e imaginación para la paz como se ha puesto ahora para la guerra. No podemos olvidar las víctimas de este conflicto. No quiero repetir la amarga experiencia que –como yo- han vivido y viven tantos colombianos. Nuestro sacrificio no puede pasar inadvertido. El dolor de las familias, el padecimiento de los secuestrados y la incertidumbre provocada por los desaparecidos pesan mucho en nuestros corazones. Por todos ellos y, sobre todo, por la memoria de las víctimas que ha dejado esta tragedia nacional, los invito a un momento de reflexión en homenaje respetuoso. No debemos olvidar que la diferencia entre la guerra y la paz es que “en la guerra los padres entierran a sus hijos y en la paz son los hijos los que entierran a sus padres”. Es claro que los esfuerzos por la reconciliación deben conducir a que cesen la muerte y el secuestro. Un acto magnánimo como el señalado hará crecer la confianza entre los colombianos y permitirá recuperar la percepción positiva sobre las verdaderas intenciones de las fuerzas en conflicto. Agradezco en nombre de Colombia a la población y a los alcaldes de los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán, que pertenecen a la zona de distensión, por la generosa hospitalidad con que han acogido a los innumerables visitantes que llegan por estos días a la región. El paso que damos hoy se ha ganado el respaldo de la comunidad internacional. Mi agradecimiento por su presencia en este acto, la cual entendemos como un testimonio de apoyo a la Diplomacia por la Paz que ha orientado nuestra acción internacional. Apreciamos la presencia, igualmente, de quienes están aquí como testigos de buena voluntad; ojalá fueran ellos los mejores embajadores nuestros en sus países para lograr frutos oportunos y dignos de cooperación internacional. HECHOS DE PAZ V

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Colombia no puede seguir dividida en tres países irreconciliables en donde un país mata, otro país muere y un tercer país, horrorizado, agacha la cabeza y cierra los ojos. Esa división debe terminar. Sólo juntos podemos sobrevivir. El futuro de un pueblo bueno, noble y generoso, que anhela cambiar el miedo por la esperanza, que sueña, a cada hora de cada día, con el sueño de la paz, depende de ustedes y de nosotros. No perdamos más tiempo. No más huérfanos llorando destrozados sobre los ataúdes de sus padres, no más niños empuñando armas. No frustremos otra generación de colombianos. Los hijos de ustedes y los hijos de nosotros tienen derecho a vivir en un país en paz. Tenemos el deber de entregárselos. La historia nos juzgará. Su veredicto será implacable. Nada ni nadie nos debe impedir el derecho que tenemos a construir un país en paz. Un país en donde la bandera patria se iza orgullosa. La bandera, herencia de nuestros libertadores y que nos rodea y acompaña en el día de hoy, nos hace temblar de emoción en recuerdo de lo mucho que ello simboliza. Una Patria unida con un destino común. Segura de sí misma. Una bandera que nos hace vibrar ante la gloria de Gabo y la maestría de Botero, la jugada prodigiosa del “Pibe” Valderrama o del “Chicho” Serna, la letra original y moderna de Shakira y los Aterciopelados, la ciencia de Patarroyo y Rodolfo Llinás, la sublime emoción de esta mañana llanera y el profundo orgullo de ser colombianos. Colombianos La hora de la paz ha llegado y nada podrá detenerla.

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palabras DE MANUEL MARULANDA VéLEZ, COMANDANTE EN JEFE DE LAS FUERZAS ARMADAS REVOLUCIONARIAS DE COLOMBIA, FARC-EP, leídas por joaquín gómez San Vicente del Caguán, 7 de enero de1999

Señor presidente Andrés Pastrana Arango; alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo; ministros; presidentes de las Cortes; Procurador General y Contralor de la Nación; representantes de la cultura, partidos políticos, gremios económicos; gobernadores; alcaldes; iglesias; diputados a las asambleas; concejos municipales; institutos descentralizados; representantes sindicales; delegaciones municipales y departamentales; medios de comunicación hablados y escritos; autoridades cívicas; Colombia entera e invitados internacionales: Reciban de las FARC-EP un cordial saludo de bienvenida y al mismo tiempo nuestros agradecimientos por honrarnos con su presencia en este trascendental acto público que hoy nos congrega aquí, en la plaza de San Vicente del Caguán. Por primera vez en 34 años de confrontación armada declarada por el Estado en 1964, a 48 hombres con la asesoría militar y ayuda económica del gobierno de los Estados Unidos, quien le entregó 500 millones de pesos al Presidente de ese entonces, Guillermo León Valencia, para acabar con las supuestas “Repúblicas Independientes”, que existían tan sólo en la mente del Parlamento, en cabeza del doctor Alvaro Gómez (que en paz descanse), quien promovió un fogoso debate en el Congreso contra éstas, para justificar la represión, mientras no lo hizo con la real República Independiente situada en Loma Linda (Meta), santuario norteamericano, donde permanecían un gran número de ciudadanos de este país, armados y sin ningún control estatal, a cuyo campamento no podían entrar ni los generales colombianos. Motivados por el doctor Gómez, el Congreso facultó al Presidente y a los altos mandos militares, para que nos pasaran la cuenta de cobro por haber HECHOS DE PAZ V

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enfrentado las dictaduras de Laureano Gómez y el general Rojas Pinilla, a pesar de haber sido nosotros amnistiados e indultados por una ley del Parlamento. Huyendo a la represión oficial, nos radicamos como colonos en la región de Marquetalia, Tolima, donde el Estado nos expropió fincas, ganados, cerdos y aves de corral. Extendiendo esta medida a miles de compatriotas por no compartir con la política bipartidista del Frente Nacional. De paso les cerraron las puertas a nuevas corrientes políticas en vías de crecimiento, convirtiendo las elecciones en una maquinaria excluyente, sólo para beneficio del bipartidismo liberal-conservador, quienes eran los únicos que podían elegir a sus representantes, porque así lo “consagraba la Constitución”. Los préstamos e imposiciones del Fondo Monetario Internacional, hoy día instrumento de la política injerencista, aumentaron el descontento popular, y el abismo entre ricos y pobres sobrepasó los límites, sin solución a corto plazo. Mientras tanto aumentaba el presupuesto para la guerra y se creaban los primeros batallones de contraguerrilla, por mandato del Parlamento, reduciendo gracias a esta medida la inversión social, destinada a mejorar el bienestar de la población. Las manifestaciones, movimientos cívicos, paros laborales y estudiantiles, fueron ilegalizados y sus líderes detenidos; algunos de ellos fueron posteriormente asesinados por agentes de la inteligencia del Estado. La instalación de mesa de diálogos por 90 días, a partir del despeje militar, ha despertado gran expectativa en todo el país y el mundo, para buscarle una salida con justicia social y soberanía, al conflicto social y armado que está desangrando al país hace más de cuatro décadas. Las FARC en condición de movimiento revolucionario en lucha por los cambios, pondrá sobre la mesa la plataforma de los 10 puntos, para el estudio y análisis de los tres poderes, los partidos políticos, intelectuales, industriales, ganaderos, agricultores, comerciantes, profesores, estudiantes, clase obrera, campesinado, juntas comunales, desempleados, desplazados por la violencia, la insurgencia y otras organizaciones, para el debate fundamental sobre la solución política y la transformación radical de las viejas estructuras del Estado, por medio de una asamblea nacional constituyente, con la representación directa de los distintos estamentos de

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la sociedad colombiana, para que sea ella la que apruebe o desapruebe los acuerdos de Estado e insurgencia, para que la paz alcanzada sea duradera. Por ello los representantes de las FARC-EP están dispuestos a escuchar y a ser escuchados. Las FARC informarán a la opinión pública acerca de los resultados de las deliberaciones Gobierno e Insurgencia, durante los tres meses. Somos optimistas del nuevo proceso que hoy comienza, donde analizaremos a profundidad la situación política, económica, social, cultural, ecológica y de soberanía, hasta encontrar las soluciones de fondo. Para que fructifique, sugerimos a las distintas organizaciones no gubernamentales acertar en la escogencia de sus representantes, a través de asambleas populares, para que hagan parte en la mesa de diálogo y así evitar los errores del pasado con anteriores gobiernos, que no permitieron la participación del pueblo y dejaron toda la responsabilidad a los tres poderes, para que analizaran y aprobaran las reformas solicitadas por las FARC en los acuerdos de La Uribe. Esperamos ocho años para conocer los resultados, incluida la indemnización a quienes perdieron todo, en los departamentos del Tolima, Huila, Cauca, Valle y Caldas. Los tres poderes nunca hicieron nada para materializar los acuerdos y menos aún para aclimatar la paz. En cambio, se enfrascaron en constantes debates partidistas a favor de sus intereses personales, dando tiempo de manera premeditada al desgaste político de las FARC, para someternos a la política oficial sin condiciones y por la fuerza, como lo intentaron sin resultado alguno. En diciembre de 1990 con el ataque a Casa Verde, mediante bombardeos, ametrallamientos y desembarcos, el señor César Gaviria liquida toda posibilidad de diálogos encaminados a buscar la paz. Con esta nueva agresión el ejército oficial se apodera de 300 mulas de carga, 70 caballos de silla, 1.500 cabezas de ganado, 40 cerdos, 250 aves de corral, 50 toneladas de comida; destruye puentes de la comunidad; arrasa con las sementeras y quema casas, para demostrar el poderío del Estado a través de la Fuerza Pública. De la misma manera procedieron en 1965 en las regiones de El Pato, Caquetá; Guayabero, Meta; y Riochiquito, Cauca. Hoy la lucha contra el narcotráfico viene siendo otro caballito de batalla utilizado por algunos gobiernos, para ocultar sus verdaderos fines de acción contra la insurgencia, para impedir que se hagan los cambios que

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están reclamando las mayorías. Donde los gobernantes norteamericanos invierten grandes sumas de dinero haciendo víctima a la población civil por intermedio de la Fuerza Pública colombiana, con bombardeos, ametrallamientos y fumigaciones indiscriminadas, acabando con pastos, sementeras y aves de corral, dejando una buena parte de la tierra estéril, en desmedro de miles de familias agobiadas por la pobreza y sin ninguna protección de parte de los poderes del Estado. Es necesario que los poderes elaboren planes de erradicación de los cultivos de coca y amapola, partiendo de que el problema de la siembra de cultivos ilícitos, por el campesinado colombiano, obedece a profundas raíces económico-sociales y por lo tanto, su tratamiento no puede ser represivo. Consideramos que es necesario para ambientar el proceso de paz que hoy se inicia, que nuestros adversarios terminen con el lenguaje calumnioso de narcoguerrilleros, bandidos, terroristas, narcobandoleros, etc., porque la confrontación no se gana con sandeces, sino haciendo un sociedad más justa, para terminar con las causas objetivas de la violencia. El ex presidente César Gaviria, en calidad de ministro del gobierno del presidente Virgilio Barco, confirmó en un debate en el Senado, la existencia de 150 grupos de paramilitares en el Magdalena Medio, Huila, Urabá, y otros departamentos, asesorados por los mandos militares y financiados por narcotraficantes, sin que el gobierno central tomara ningún tipo de correctivo. El paramilitarismo como modalidad del terrorismo de Estado, es financiado por un considerable número de ganaderos, latifundistas e industriales, y tiene como política exonerar al Ejército de la responsabilidad que a éste le compete, en la eliminación física de todos aquellos verdaderos opositores al establecimiento, a cuya cabeza figura Carlos Castaño. Estos señores por ser hijos legítimos del Estado y defensores del mismo, no pueden recibir tratamiento político, como lo pretenden algunos líderes políticos, haciendo creer a la opinión pública que el enfrentamiento es entre guerrilla y paramilitares, y no entre guerrilla y el Ejército oficial. Ellos, al igual que algunos altos mandos militares deberán responder por los crímenes de Estado cometidos contra la población civil, como el genocidio político contra la Unión Patriótica, al igual que por la muerte de comunistas, sindicalistas, defensores de los derechos humanos como 268 REPÚBLICA DE COLOMBIA


el caso de los esposos Elsa Alvarado y Mario Calderón, Eduardo Umaña Luna, Jesús María Valle y el dirigente obrero Jorge Ortega. Estos grupos, como han sido creados por el Estado, tienen que ser sometidos por el mismo Estado a la justicia ordinaria, para satisfacer el clamor nacional e internacional, antes que la emprendan contra el mismo establecimiento, con cualquier pretexto, para conseguir estatus político. Hay que evitar que los crímenes cometidos por estos grupos queden impunes y que la violación de los derechos humanos sea aún mayor, hasta poner en grave riesgo los diálogos, por las continuas matanzas de inocentes, dejando más de un millón de campesinos desplazados y sin tierra, de la que se han apropiado los paramilitares. En 1984, a los acuerdos de la Uribe, cada sector social le dio su propia interpretación de acuerdo con sus particulares intereses de clase. Durante el proceso adelantado con el gobierno del ex presidente Belisario Betancur, a pesar de existir un acuerdo de alto al fuego aprobado por ambas partes, las Fuerzas Armadas fueron reiterativas en su violación. El caso más sobresaliente fue el de Urabá, Antioquia, cuando el Ejército asesina a 25 guerrilleros. Cuando exigimos claridad, de por qué la Fuerza Pública violando acuerdos había hecho esa matanza, que no era cosa distinta que un directo saboteo al proceso de paz, la respuesta que fríamente dieron los representantes del Gobierno fue que la Constitución y las leyes facultaban al Ejército oficial para poner a buen recaudo, a quienes sin pertenecer a la autoridad legítimamente constituida, portaran armas privativas de las Fuerzas Armadas. Esto como es lógico causó disgusto entre los guerrilleros, y como respuesta solidaria atacaron una unidad militar en el Caquetá, entre Puerto Rico y San Vicente del Caguán, causando aproximadamente el mismo número de muertos y heridos. Enseguida el Gobierno Central y la clase política del país pusieron el grito en el cielo y condenaron el hecho por “atentar contra la paz”. El primer suceso para ellos no tuvo mayor importancia porque las víctimas fueron guerrilleros y los victimarios una institución del Estado; pero el segundo sí, por ser una acción realizada por la guerrilla, contra el Ejército oficial. En este mismo proceso, la Brigada 20, en combinación con el general Maza Márquez nos desaparecieron varios guerrilleros, sin contar cuatro que fueron eliminados en pleno centro de Bogotá; más otra serie de provocaciones de orden militar

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a los distintos frentes de las FARC, causándonos considerables muertos y daños de todo tipo. Es innegable que con esta concepción de Estado y el comportamiento de las Fuerzas Estatales durante los intentos de paz con gobiernos anteriores, se ha sembrado la desconfianza en nuestros combatientes, quienes han visto caer abatidos por balas oficiales, hasta los mismos reinsertados. Y esto se ha dado desde los mismos inicios de la lucha insurgente en Colombia. Durante los acuerdos de La Uribe los mandos militares elaboraron y ejecutaron un plan de infiltración al interior de nuestro movimiento, con agentes del Estado, para asesinar a comandantes, guerrilleros y auxiliadores nuestros, en las áreas de orden público; causándonos pérdidas tanto humanas como económicas. En este proceso con el ex presidente Betancur también murieron a manos de la Fuerza Pública, centenares de ciudadanos del barrio Siloé, en Cali. La violenta represión contra los trabajadores bananeros en Urabá, Antioquia; y posteriormente el asalto al Palacio de Justicia, donde un poder mató al otro, para vergüenza de la democracia del sistema. A pesar de la gravedad de todos estos hechos, la clase política, valiéndose de la manipulación de los medios de comunicación, ha querido sembrar de manera artificial amnesia parcial en la mente de los colombianos, para que olviden estos hechos, los que permanecerán latentes en la memoria histórica de nuestro pueblo. A cuatro meses de posesionado, el ex presidente Gaviria nos dio un ultimátum a través de Alvaro Vásquez, el senador Motta y Carlos Romero, para que nos desmovilizáramos y nos incorporáramos a la vida civil, a cambio de una curul en la Asamblea Nacional Constituyente. Días después creó otra brigada móvil de contraguerrilla y nos atacó a mansalva y sobreseguro en los campamentos de Casa Verde, sede de los diálogos con los Gobiernos de Betancur y Barco, acabando totalmente con la posibilidad de continuar la política de paz. A pesar de ello nos reunimos en Caracas, Venezuela, y Tlaxcala, México, para dialogar y buscar la manera de parar la confrontación bélica. Ello prueba la voluntad política de las FARC para buscar una salida política al conflicto. Cuando en 1964, a raíz del triunfo de la revolución cubana, el Presidente Kennedy diseñó un plan contrainsurgente para América Latina, con el fin de evitar el surgimiento

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de otras revoluciones en el continente. A estas medidas diseñadas por el Pentágono se les dio el nombre de Plan Lasso y es dentro de este marco cuando el presidente Guillermo León Valencia les declara la guerra a 48 campesinos de la región de Marquetalia, dirigidos por Manuel Marulanda Vélez. Ante la inminencia de la agresión gubernamental, estos 48 hombres se dirigieron al propio Presidente, al Congreso, a gobernadores, a la Cruz Roja Nacional e Internacional, Iglesia, Naciones Unidas, a los intelectuales franceses y demás organizaciones democráticas, para que impidieran el comienzo de una nueva confrontación armada en Colombia con imprevisibles consecuencias. Infortunadamente nadie nos escuchó, salvo la Iglesia, la que comisionó al sacerdote Camilo Torres Restrepo para que se entrevistara con nosotros, pero los altos mandos militares se lo impidieron. A los pocos días comenzó el gigantesco operativo con 16 mil hombres del Ejército, utilizando toda clase de armas, inclusive bombas bacteriológicas, lanzadas por aviones piloteados por expertos militares gringos. Y sólo ahora después de 34 años de permanente confrontación armada, los poderes y la sociedad comienzan a darse cuenta de las graves consecuencias del ataque a Marquetalia. En aquel entonces esos 48 campesinos solamente exigían la construcción de vías de penetración para sacar sus productos agrícolas, un centro de mercadeo y unas escuelas para educar a sus hijos, lo que implicaba del Estado una inversión no superior a cinco millones de pesos. El ex presidente Samper, al cabo de tres meses de no haber aceptado la propuesta nuestra de despejar La Uribe para dialogar, por imposición de los altos mandos, creó dos nuevas brigadas móviles de contraguerrilla y nos declaró la guerra total, y fueron 4 años de represión y violencia a cargo de la Fuerza Pública para defender privilegios de clase, de los monopolios nacionales y extranjeros, para lo cual utilizó leyes aprobadas por el Parlamento, incluida la mordaza a la prensa y radio; extraditó compatriotas a los Estados Unidos; penalizó la protesta social; creó zonas especiales de orden público acompañadas de bloqueo económico y control del tránsito; convirtió el delito político en delito común, para dejar de por vida a los luchadores populares en las cárceles. Estas medidas agudizaron aún más la confrontación y profundizaron la crisis en los poderes y en los partidos tradicionales, hoy difícil de resolver. La

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superación de la misma, sólo podrá darse realizando profundos cambios en las estructuras del Estado, para cambiar la imagen de Colombia, hoy conocida en el exterior como violadora de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Los distintos gobiernos durante tres décadas han manejado al país con métodos represivos, siempre aplicando el estado de sitio, hoy día llamado conmoción interior, pretextando cualquier circunstancia política, económica o social. Han declarado la guera al pueblo para someterlo a la política neoliberal y antidemocrática, impidiendo el surgimiento de nuevas fuerzas productivas y la presencia de nuevos partidos en el escenario político. Cada día son más visibles las desigualdades sociales que obligan a las masas a movilizarse y protestar para alcanzar sus objetivos, recibiendo como respuesta del Estado la represión, como lo vimos recientemente con los empleados estatales. El presidente Pastrana, a sólo tres meses de posesionado, ha creado dos nuevos batallones de contraguerrilla móviles: uno asesorado y financiado por los Estados Unidos, para ubicarlo en Barranco Colorado, Guaviare, y mantener un anillo alrededor del secretariado, con el sambenito de combatir el narcotráfico. A esto se le agrega la reciente creación de la unidad de inteligencia militar, dotada con sofisticados medios técnicos; más los cinco millones de dólares para reestructurar, para la guerra, la base aérea de Tres Esquinas del Orteguaza, en el Caquetá. Los desprevenidos ciudadanos se preguntan: ¿será que con más batallones se eliminarán las causas objetivas del conflicto interno? Queremos paz, sin hambre, sin leyes represivas, sin mordaza a la prensa; con tierra, salud, vivienda, bienestar, empleo; crecimiento económico con desarrollo social; derecho a la vida y soberanía, para lo cual se requieren grandes inversiones del Estado, con el aporte económico de la comunidad internacional, sin que esto signifique injerencia en los asuntos internos de nuestro país.

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No siendo otro el motivo de la presente, me despido de ustedes haciendo un cordial y fraternal llamamiento a todos los colombianos a fortalecer la unidad, en torno a la plataforma de los diez puntos, base fundamental de la solución política, la reconciliación y la reconstrucción del país. Atentamente, Manuel Marulanda Vélez.

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DECLARACIÓN CONJUNTA Declaración del Gobierno Nacional y las Farc-Ep, San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999

En San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, reunidos el Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango, varios de sus ministros del Despacho con miembros del Secretariado General de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -Farc-, encabezadas por Manuel Marulanda Vélez, declaran: 1. Que hoy, en presencia de las autoridades regionales y diversas entidades cívicas y sociales del Caquetá, así como de miembros del cuerpo diplomático acreditado en Colombia, otros voceros de organismos internacionales y numerosos invitados especiales, reiteran su firme voluntad de buscar caminos de reconciliación entre los colombianos. 2. Que en función de este propósito, con la participación de los representantes designados por el Gobierno Nacional y por las Farc, se dará instalación a la mesa de diálogo encargada de preparar una agenda y convenir un cronograma, acuerdos que conduzcan en el menor tiempo posible a concretar negociaciones formales de paz. 3. Que al iniciar este proceso, interpretan el querer del pueblo colombiano que ha sufrido los efectos de un largo y penoso conflicto armado y reclama la oportunidad de vivir en una sociedad donde se restablezca la justicia social como fundamento de la paz.

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San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999 Por el Gobierno Nacional: Víctor G. Ricardo Piñeros (Firmado) Por las Farc-Ep, los voceros: Raúl Reyes (Firmado) Joaquín Gómez (Firmado) Fabián Ramírez (Firmado)

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DISCURSO DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, EN LA INSTALACIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO CON LAS FARC-EP San Vicente del Caguán, 7 de enero de 1999

Con esfuerzo y voluntad en este histórico encuentro entre el Gobierno Nacional y las FARC, le abrimos finalmente una fisura a la dura laja de las mutuas prevenciones y desconfianzas creadas tras años de dolor, destrucción y muerte. Iniciamos el proceso de paz con optimismo y esperanza. Estamos contentos por ello, pero sabemos que el verdadero éxito lo podemos predicar el día que demos por declarado el fin a la confrontación nacional. Está a prueba la grandeza, la firmeza de nuestros propósitos y la reciedumbre de nuestro compromiso. Podemos hacer del peor, el mejor de los tiempos para Colombia. Es imperativo que el proceso que hoy hemos iniciado nos conduzca a probar que el destino de Colombia no puede ser la guerra como lo dijo Jacobo Arenas y lo traía a nuestro recuerdo Raúl Reyes. Hoy podemos confiar en nuestra capacidad de transformar la razón de las armas por las armas de la razón. Somos conscientes de que la patria no merece ni soporta que la muerte continúe de ronda por sus campos, arrasando por su paso la esperanza y arrebatándonos el futuro. Confío, fervorosamente, que hoy hemos dado inicio al fin de la violencia y que no seremos inferiores al reto que nos propone la patria. Como se dice en el lenguaje campesino, “quien dialoga no dispara”.

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Estoy seguro de que el intercambio franco de las tesis y el análisis sobre nuestras coincidencias y diferencias nos irá indicando el camino de la reconciliación nacional. El Gobierno emprende el diálogo sin soberbia, sin prepotencia y sin terquedad, consciente de que el objetivo supremo de la paz es la más formidable tarea colectiva que se le haya puesto de frente a la nación. Hoy sabemos que no hay recetario de la verdad, ni fórmulas mágicas para la obtención de la felicidad. No hay abismos ideológicos que nos separen. En cambio, tenemos la perspectiva común y compartimos la convicción de que la justicia social es el fundamento de la paz. El proceso de paz debe permitir que nos pongamos de acuerdo sobre la forma de alcanzar ese propósito común. Probablemente, tenemos diferencias de percepción, ideas contrapuestas, pero si actuamos de buena fe, con transparencia y sobreponiendo los intereses de la nación a cualquier otra circunstancia, probaremos que es más lo que nos une que lo que nos separa. Nuestro filósofo Estanislao Zuleta explicaba con una anécdota cómo no siempre las cosas se ven por todos de la misma manera. El decía: animales inofensivos el tigre, el león y la pantera; animales altamente peligrosos la gallina, el ganso y el pato. Eso enseña una mamá lombriz a sus hijitos. El diálogo, entonces, debe partir de esa sensatez que surge de la disposición a aceptar que en lo que se da por cierto puede haber una sombra o una duda. Por eso, en el Gobierno queremos un diálogo abierto, libre y dialéctico, constructivo en una sociedad mejor entre todos y para todos. Solo así se podrán identificar las diferencias y establecer las fórmulas que nos permitan resolverlas. Hay que evitar a toda costa la Torre de Babel. El verdadero diálogo es comunicación. Antes que hablar exige escuchar con el ánimo de analizar, reconocer y acoger sin cobardía los argumentos que resulten más convincentes y las soluciones que demuestren ser más 278 REPÚBLICA DE COLOMBIA


razonables. Es con esa disposición que aspira y confía el Gobierno conversar con las FARC. Los invito a un diálogo franco en el que florezcan las diferencias pero en que no se tema estar de acuerdo, el diálogo no debe replicar la perversa lógica de la guerra en la que por coacción, la amenaza o la resonancia de la fuerza se requiere obtener la concesión. Conforme lo hemos convenido, estos primeros diálogos deben conducirnos ojalá muy pronto a definir la agenda definitiva de negociación y a establecer los mecanismos que nos permitan, en un clima de confianza reciente, llegar a los acuerdos. Confío en que no nos atascaremos en asuntos de procedimiento, pues creo que nos mueve a todos la urgencia de ofrecerles a los colombianos resultados concretos que expresen inequívocamente nuestra voluntad de avanzar hacia la parte siguiente del proceso. Las decisiones que adoptemos en este diálogo serán un buen termómetro de la capacidad de traducir en acción la buena intención de paz que nos acompaña. El país tiene puestos los ojos en este escenario y ha depositado su confianza y su esperanza en que de aquí saldrá el país en paz en el que todos soñamos. Está claro que el Gobierno quiere seguir avanzando con paso firme y que tiene el ánimo dispuesto para trabajar sin tregua por la paz. Hemos puesto todas nuestras energías y todos los recursos a favor de este proceso. Invito a las FARC a que apretemos el paso, alentados por la complacencia de este primer éxito. El señor Presidente Pastrana ha cumplido su palabra y aquí lo hemos tenido en el día de hoy, instalando la mesa de diálogo.

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Nos hubiera gustado como funcionarios y como colombianos ver también la presencia del líder máximo de las FARC, el comandante Manuel Marulanda Vélez, pero estamos aquí, están sus representantes autorizados, sus voceros, que al igual que los del Gobierno, firmemente comprometidos con el futuro y en el caso del Gobierno, representativos del Estado y la sociedad colombiana, trabajarán unidos por lo que es un objetivo y un derecho de todos los colombianos sin distingo de partidos, de razas o de clases sociales. Un país en el que la clase pobre no come, en que la clase media no vive, y en que la clase rica no duerme, necesita de la voluntad de todos los colombianos para construir conjuntamente el futuro. Hagamos de la paz la gran alianza contra el delito, la gran alianza contra la corrupción, contra el narcotráfico, contra la violación de los derechos humanos, contra la injusticia social y entendamos que la paz no se decreta, sino se construye. Los invito, pues, a construir la paz para todos los colombianos.

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ACTA No. 1 pRIMERA REUNIÓN DE LA MESA DE DIÁLOGO

En la ciudad de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, a los 7 días del mes de enero de 1999, se llevó a cabo la primera reunión de la Mesa de Diálogo entre los voceros del Gobierno Nacional y de las Farc-Ep. Sus miembros, después de haber sido instalados formalmente por el señor presidente de la República de Colombia, Andrés Pastrana Arango, y en virtud de que se llevarán a cabo durante ese día una serie de actos con motivo de la instalación, decidieron convocar a una nueva reunión para el día sábado 9 de enero a las 9:00 a.m. en la vereda La Machaca, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán. En constancia se firma la presente acta por quienes hacen parte de la mesa. (Firmado) Por el Gobierno Nacional: Víctor G. Ricardo Piñeros María Emma Mejía Vélez Fabio Valencia Cossio Nicanor Restrepo Santamaría Rodolfo Espinosa Meola Por las Farc-Ep: Raúl Reyes Joaquín Gómez Fabián Ramírez

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COMUNICADO No. 1 Los voceros del Gobierno Nacional y las FARC-EP

ACUERDAN:

Los voceros del Gobierno Nacional y de las Farc-Ep, reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el día 9 de enero de 1999, acuerdan: 1. Ratificarles a todos los colombianos nuestra indeclinable voluntad de contribuir a la construcción de un país con una paz sostenible, con equidad y justicia social, aclarando que estamos frente a un proceso largo y sensible, donde será necesario el aporte colectivo para lograr una nueva realidad, a través de profundos cambios sociales, económicos y políticos. 2. Establecer un mecanismo único de información a la opinión pública, sobre los avances de la mesa de diálogo, mediante la expedición de comunicados conjuntos y escritos que se revelarán después de cada sesión. 3. Solicitar a los medios de comunicación que en aras de mantener una objetiva información del avance del proceso de paz, se basen en los comunicados y se eviten interpretaciones que puedan afectar el desarrollo de la mesa de diálogo. 4. Convocar la próxima reunión de trabajo para el lunes 11 de enero de 1999, en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, a las 9 de la mañana.

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(Firmado) Por el Gobierno Nacional: Fabio Valencia Cossio María Emma Mejía Vélez Nicanor Restrepo Santamaría Rodolfo Espinosa Meola Por las Farc-Ep: Raúl Reyes Joaquín Gómez Fabián Ramírez

La Machaca, San Vicente del Caguán, enero 9 de 1999.

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comunicado no. 2 Los voceros del Gobierno Nacional y las FARC-EP

INFORMAN:

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, el día 11 de enero de 1999, informan: 1. Las partes formalizaron la presentación de las propuestas de agenda que serán objeto de análisis y discusión en las próximas reuniones, de manera que se decida la agenda definitiva que se incorporará a la fase de negociaciones. 2. Los voceros de las Farc-Ep entregaron su agenda contenida en el documento "Plataforma para un gobierno de reconciliación y reconstrucción nacional". 3. El Gobierno Nacional, a través de sus voceros, también presentó su propuesta de agenda, contenida en el documento, "Una política de paz para el cambio". 4. Los voceros acordaron anexar al presente comunicado cada uno de los documentos mencionados, de manera que estos sean conocidos por los colombianos. En esta fase del proceso se hace necesario que las partes involucradas en los diálogos comiencen el análisis temático de dichas agendas y realicen las consultas convenientes.

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5. En vista de lo señalado en el punto anterior, los voceros acuerdan dos próximas reuniones para los días 24 y 25 de enero en el casco urbano del municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, con el fin de llegar a la elaboración de una agenda única. (Firmado) Por el Gobierno Nacional: Fabio Valencia Cossio María Emma Mejía Vélez Nicanor Restrepo Santamaría Rodolfo Espinosa Meola Por las FARC-EP Raúl Reyes Joaquín Gómez Fabián Ramírez

La Machaca, San Vicente del Caguán, enero 11 de 1999.

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COMUNICADO No. 3 San Vicente del Caguán, 25 de enero de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional, de las FARC-EP, reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, acordaron: 1. Reafirmar la voluntad de las partes de continuar trabajando en una solución política al grave conflicto que vive el país, fundamentada en la construcción conjunta de un Estado regido por la equidad y la justicia social. 2. Reconocer la prioridad que debe darse en la construcción de la paz, a la solución del problema de carácter social y económico de los cultivos ilícitos, proporcionando alternativas reales para los campesinos, a través de una adecuada explotación de los recursos naturales y con programas productivos rentables para sus beneficiarios. Por medio del Plan de Desarrollo Alternativo, se adelantarán, con colaboración de las Farc-Ep, experiencias para la sustitución de dichos cultivos. 3. Trabajar en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, basado en el potencial social y ambiental de la Nación y enmarcado dentro de un proceso participativo, que permita el respeto del patrimonio ecológico y preserve el medio ambiente, como fuente de riqueza nacional y mundial para las generaciones presentes y futuras.

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(Firmado) Por el Gobierno: Víctor G. Ricardo Rodolfo Espinosa Meola Nicanor Restrepo Santamaría Fabio Valencia Cossio María Emma Mejía Vélez. Por las Farc-Ep Raúl Reyes Joaquín Gómez Fabián Ramírez.

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COMUNICADO No. 4 La Machaca, San Vicente del Caguán, 21 de abril de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, reunidos en la Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, los días 20 y 21 de abril de 1999, acuerdan e informan: 1. Reafirmar la común voluntad de continuar la búsqueda de soluciones políticas al grave conflicto que vive la Nación hacia la construcción de un país con una paz sostenible, con equidad y justicia social, aclarando que estamos ante un proceso largo y sensible, donde será (importante) indispensable el aporte colectivo, para lograr una nueva realidad, a través de profundos cambios sociales, económicos y políticos. 2. Se presentarán los siguientes documentos e informes:

a. El gobierno nacional un informe sobre la política de Estado contra el paramilitarismo. b. Los voceros de las FARC-EP una segunda lista de personas comprometidas en la actividad paramilitar.

3. Los voceros se reunirán los días 24 y 25 de abril de 1999 para:

a. Continuar explorando las condiciones y divergencias acerca de los documentos básicos presentados por cada una de las partes, conducentes a la elaboración de una agenda común de diálogo, que conduzcan a la búsqueda de un consenso nacional, para lo cual HECHOS DE PAZ V

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los voceros del gobierno hicieron entrega de un proyecto de agenda única.

b. Analizar el informe sobre la política del Estado contra el paramilitarismo que presentó el Gobierno Nacional.

c. Iniciar el análisis de un plan modelo de desarrollo alternativo que lleve a la sustitución de cultivos ilícitos.

d. Trabajar en el diseño de la temática del medio ambiente y la protección de los recursos naturales.

(Firmado) Por el Gobierno Nacional: Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP: Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabían Ramírez.

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COMUNICADO No. 5 La Machaca, San Vicente del Caguán, 25 de abril de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, durante los días 24 y 25 de abril de 1999 informan a la opinión pública: 1. Que utilizando una metodología que fue aprobada al inicio de esta sesión se ha empezado el análisis a través de comisiones de los siguientes temas:

a. Exploración de una agenda única para la negociación. b. Búsqueda de un procedimiento común para la discusión de los temas que se incluyan en la agenda única. c. Diseño de un plan experimental para la sustitución de cultivos ilícitos.

2. Que la primera comisión trabajó a partir de las coincidencias existentes en las agendas presentadas por el Gobierno Nacional y por las FARCEP con el propósito de concluir en una agenda única para la negociación. 3. Que la segunda comisión trabajó sobre el diseño de un procedimiento eminentemente participativo y no excluyente que permita el aporte de todos los ciudadanos y que nos conduzcan al cambio hacia una nueva Colombia.

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4. Que la tercera comisión concentró sus esfuerzos en realizar un diagnóstico, escoger un área, precisar los entes participativos, determinar una metodología y aclarar los alcances de un plan experimental de sustitución de cultivos ilícitos. 5. Que todas las comisiones iniciaron los estudios correspondientes tendientes a hacer efectiva las labores encomendadas de manera que se propicien las condiciones necesarias para la etapa de negociación. 6. Que para continuar este análisis los voceros acuerdan reunirse en la zona de distensión los días 29 y 30 del mes en curso.

(Firmado) Por el Gobierno sus voceros: Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP: Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez.

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COMUNICADO No. 6 La Machaca, San Vicente del Caguán, 30 de abril de 1999

El siguiente es el texto del comunicado conjunto, suscrito hoy por los representantes del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, luego de la sesión de trabajo de ayer y hoy en San Vicente del Caguán, Caquetá. Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, reunidos en La Machaca, municipio de San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, durante los días 29 y 30 de abril de 1999, informan a la opinión pública: 1. Que la dinámica del proceso de paz ha permitido amplias conversaciones entre el Gobierno, las FARC-EP y algunos sectores que tienen representación en la vida nacional, tales como jefes de partidos y fuerzas políticas, miembros del Congreso de la República, el Procurador General de la Nación, gremios económicos, directores de medios de comunicación y académicos, entre otros, con la coordinación del Alto Comisionado para la Paz, proporcionando un espacio de diálogo y participación en la exploración de los grandes temas para la paz, con el objetivo de llevar a cabo intercambios para lograr un consenso alrededor del compromiso de todos los colombianos en la política de paz que conduzca a la reconciliación nacional. 2. Que como resultado de estos intercambios se han logrado acuerdos que permiten trabajar en la búsqueda de una solución política al conflicto colombiano y el apoyo a la política de Estado en su lucha con el paramilitarismo.

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3. Que los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP han encontrado que se hace necesario llegar a un acuerdo de agenda común que permita trabajar en la Etapa de Negociación en los temas que lleven a las transformaciones económicas, políticas y sociales para la construcción conjunta de un Estado fundamentado en la Justicia Social, donde quepamos todos y todos lo respetemos. 4. Que en desarrollo del trabajo realizado hemos avanzado en un 80% en nuestro propósito de convenir una agenda común, una metodología y un procedimiento de participación ciudadana a través de audiencias públicas. En breve tiempo daremos a conocer estas decisiones para poder iniciar así la Etapa de Negociación dentro del Proceso de Paz en marcha. (Firmado) Por el Gobierno Nacional: Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP: Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez. Las partes acordaron que las sesiones de trabajo continuarán el próximo lunes en un sitio aún por definir, dentro de la Zona de Despeje.

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COMUNICADO No. 7 Caquetania, departamento del Caquetá, 4 de mayo de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, reunidos en Caquetania, Departamento del Caquetá el día 4 de mayo de 1999, informan a la opinión pública: 1. Su complacencia por el encuentro que se realizó el pasado 2 de mayo entre el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango y el Comandante en Jefe de las FARC-EP, Manuel Marulanda Vélez con la presencia del Alto Comisionado para la Paz, Víctor G. Ricardo y de algunos miembros del Secretariado de las FARC-EP y sus voceros en la Mesa de Diálogo que se inició el pasado 7 de enero de 1999. 2. Dicho encuentro tuvo como resultado la suscripción conjunta de un comunicado mediante el cual se expresa, entre otras cosas, la voluntad política de las partes de resolver el conflicto, generando un nuevo espacio de confianza entre los colombianos y una nueva dinámica al proceso de paz en la búsqueda de la reconciliación entre todos nuestros conciudadanos. 3. Durante el día de hoy se ha continuando en la elaboración de una agenda común y de un procedimiento de participación ciudadana. Con el trabajo realizado se tiene decidido un 90% de los objetivos fijados por la Mesa de Diálogo. Realizaremos un nuevo encuentro el próximo jueves 6 de mayo de 1999, con el fin de completar el trabajo faltante y dar comienzo a las negociaciones, de acuerdo con lo establecido por el Señor Presidente de la República y el Comandante en Jefe de las FARCEP. HECHOS DE PAZ V

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(Firmado) Por el Gobierno Nacional: Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP: Raúl Reyes, Joaquín Gómez y Fabián Ramírez.

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COMUNICADO FINAL DE LA MESA DE DIÁLOGO La Machaca, departamento del Caquetá, 6 de mayo de 1999

Los voceros del Gobierno Nacional y de las FARC-EP, reunidos en La Machaca, Departamento del Caquetá el día 6 de mayo de 1999, informan a la opinión pública: 1. En el día de hoy hemos terminado el desarrollo del trabajo que nos habían encomendado, con el fin de elaborar una agenda que hemos decidido llamar "AGENDA COMUN PARA EL CAMBIO HACIA UNA NUEVA COLOMBIA", la cual tiene doce grandes temas. 2. Así mismo, hemos definido los mecanismos de participación ciudadana durante el desarrollo de los diálogos políticos para la negociación, que se encuentran especificados en el documento titulado "POR EL CAMBIO: ENCUENTRO CON LA NACION". 3. Los acuerdos pactados los ponemos a disposición de los Negociadores que designen el Gobierno Nacional y el Secretariado Nacional de las FARC-EP. 4. Expresamos a la opinión pública que este primer resultado concreto del proceso de paz, es el inicio de la construcción que todos los colombianos debemos llevar a cabo, con el propósito de lograr la reconciliación nacional. Es indispensable crear conciencia de que este objetivo no se logra como producto de unas pocas reuniones y en un corto tiempo, sino del compromiso y del aporte que todos los colombianos hagamos.

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5. Estamos seguros que con la voluntad política expresada por las partes para resolver el conflicto social y armado, los encuentros llevados a cabo con los dirigentes de las fuerzas políticas, gremios económicos, directores de medios de comunicación, miembros del Congreso de la República y otros sectores, lo mismo que el decisivo diálogo sostenido entre el Señor Presidente de la República y el Comandante en Jefe de las FARC-EP, hemos logrado avanzar de manera positiva, en la consecución de una paz verdadera y estable. 6. Agradecemos a las autoridades y habitantes de la zona de distensión su comprensión, permanente apoyo y disposición de contribuir a la paz de todos los colombianos. 7. Expresamos nuestro deseo para que los negociadores de las partes tengan la sabiduría en el análisis de los temas, en el logro de consensos y en la obtención de acuerdos que permitan, a través del tiempo, crear los hechos de paz que el país y la comunidad internacional esperan del proceso colombiano, con el fin de construir un Estado fundamentado en la equidad y la justicia social. 8. Por último, hacemos un llamado para que no desaprovechemos la oportunidad histórica que tenemos de crear las condiciones para construir una Nación en la que quepamos todos y tengamos un Estado que todos respetemos. (Firmado) Por el Gobierno Nacional: Fabio Valencia Cossio, María Emma Mejía Vélez, Nicanor Restrepo Santamaría, Rodolfo Espinosa Meola y Víctor G. Ricardo, Alto Comisionado para la Paz. Por las FARC-EP: Raúl Reyes, Joaquín Gómez, Fabián Ramírez. 298 REPÚBLICA DE COLOMBIA


PROPUESTAS DE AGENDA PARA LA MESA DE DIÁLOGO


UNA POLÍTICA DE PAZ PARA EL CAMBIO Agenda de Paz del Gobierno Nacional

Vereda La Machaca, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, 11 de enero de 1999. El alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo, dio a conocer hoy la agenda que el Gobierno Nacional presentará a la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional y las Farc-Ep. Sostuvo Víctor G. Ricardo que esta agenda la presentarán los voceros del Gobierno durante la reunión que se llevará a cabo en la vereda La Machaca, jurisdicción del municipio de San Vicente del Caguán, entre los voceros del Gobierno Nacional y los de la guerrilla.

Introducción La negociación política que permita superar las causas de un conflicto que rechazan masivamente los colombianos, debe ser principalmente la estrategia que conduzca a la obtención de una paz sustentada en la justicia social. Así lo respaldaron los colombianos al acoger la propuesta de paz que les presentó el presidente Andrés Pastrana y el Mandato Ciudadano por la Paz, la Vida y la Libertad, el cual acepta el Gobierno Nacional. 1. Protección incondicional de los derechos humanos y respeto al derecho internacional humanitario: el derecho fundamental a la vida, los demás derechos humanos y el derecho internacional humanitario, de-

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ben respetarse integralmente como base esencial de la construcción de una sociedad democrática y de una paz duradera y estable. En este sentido, el secuestro, principal y más lesivo atentado contra la dignidad de la persona, debe finalizar en forma definitiva. Debe procurarse la humanización del conflicto mientras avanzan las negociaciones y debe tenerse como meta lograr el cese al fuego. 2. Estructura económica y social: el análisis de la estructura económica y social debe concentrarse en la superación de las causas objetivas de la violencia: la pobreza y la inequitativa distribución del ingreso. Uno de los principales objetivos de la negociación es realizar una amplia reforma económica y social que sirva de base para la construcción de un país donde convivamos todos los colombianos. 3. Reforma política y del Estado: para profundizar la democracia y dentro de la construcción de un nuevo Estado de Derecho, debe efectuarse una reforma política que garantice, entre otros puntos, la separación de poderes, la existencia de organismos de control independientes, un régimen territorial ágil y eficiente para fortalecer el proceso de descentralización, reglas electorales, movimientos y partidos políticos modernos y participativos, garantías reales para las minorías y para el ejercicio libre de la oposición. Se hace necesario proceder a la reforma administrativa del Estado, que permita tener una estructura adecuada, no burocratizada y eficiente. 4. Desarrollo alternativo y sustitución de cultivos: sobre la base de reconocer el carácter social de este fenómeno, se buscarán soluciones fundamentadas en el desarrollo alternativo para regiones y campesinos mediante inversiones en el campo social, en el sector agropecuario y en la infraestructura regional. El Plan de Desarrollo Alternativo, iniciado con experiencias piloto, será el eje fundamental en la obtención de las acciones y metas aquí propuestas. 5. Protección del medio ambiente: se trata de construir un modelo de desarrollo basado en el potencial social y ambiental de la Nación, enmarcado

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dentro de un proceso participativo de ordenamiento territorial, tomando en cuenta su diversidad cultural y sus particularidades geográficas. La solución al conflicto requiere también la decisión de respetar el patrimonio ecológico de la Nación. Es menester preservar el medio ambiente como fuente de riqueza nacional y mundial para las generaciones presentes y futuras, sobre la base del desarrollo racional y sostenible. 6. Fortalecimiento de la justicia y lucha contra la corrupción: a efecto de restablecer la confianza de los ciudadanos en la correcta y oportuna administración de justicia, se hace necesario mejorar el funcionamiento de la rama judicial del poder público y fortalecer su estructura, de manera que se garantice la credibilidad en la justicia colombiana y se eviten la impunidad y los abusos en la aplicación de la ley. Para combatir la corrupción es necesario fortalecer las instituciones que velan por la transparencia en el ejercicio, aplicación y ejecución de la administración pública y la actividad privada. Erradicar el narcotráfico, la violación de los derechos humanos y la corrupción, exigen el establecimiento de una normatividad jurídica especial y una adecuada y eficiente estructura administrativa de las entidades a quienes corresponde su control. 7. Reforma agraria: Colombia posee considerables extensiones de tierra que no están siendo utilizadas de manera apropiada y otras pertenecientes al narcotráfico. A través de una reforma integral y con base en la participación de las comunidades, se buscará una adecuada distribución de la tierra, a fin de lograr, entre otras, la sustitución de los cultivos ilícitos, proporcionando alternativas reales para los campesinos con una adecuada explotación de los recursos naturales y con programas productivos rentables para los beneficiarios. 8. Paramilitarismo: los grupos paramilitares contradicen esencialmente la facultad exclusiva del Estado de aplicar justicia y de ejercer la autoridad y son factor gravísimo del conflicto armado. No puede concebirse la paz sin acallar sus armas, lo cual deberá hacerse como una responsabilidad exclusiva del Estado.

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9. Apoyo de la comunidad internacional al proceso: la participación de la comunidad internacional es fundamental en todos los estadios del proceso: como facilitadora de fórmulas de entendimiento que impulsen la negociación, apoyando económicamente la redención y el desarrollo integral de las zonas en conflicto, como testigo de los compromisos adquiridos y como instancia de verificación del cumplimiento de esos compromisos. 10. Viabilización de instrumentos hacia la paz: una paz verdadera y estable se debe enmarcar en la formalización de los puntos pactados como producto de una negociación política del conflicto armado. El Gobierno considera esencial la participación de la totalidad del pueblo colombiano en la ratificación de los acuerdos. Un instrumento ampliamente democrático, objeto del acuerdo, será la garantía para que quienes hoy están por fuera del Estado de Derecho se incorporen en su actividad y condición a la nueva normatividad constitucional y legal que ponga fin a la violencia y permita la obtención de un país donde imperen la paz, la equidad y la justicia social.

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PROPUESTA DE AGENDA DE LAS FARC-EP

1. Solución política al grave conflicto que vive el país. 2. La doctrina militar y de defensa nacional del Estado, será bolivariana. Dijo el Libertador que "el destino del Ejército es guarnecer la frontera. Dios nos preserve de que vuelvan sus armas contra los ciudadanos". Las FF. AA. serán garantes de nuestra soberanía nacional, respetuosas de los derechos humanos y tendrán un tamaño y un presupuesto acordes a un país que no está en guerra con sus vecinos. La Policía Nacional volverá a ser dependiente del Ministerio de Gobierno, reestructurada para que cumpla su función preventiva; moralizada y educada con el respeto de los derechos humanos. 3. Participación democrática nacional, regional y municipal en las decisiones que comprometen el futuro de la sociedad. Fortalecimiento de los instrumentos de fiscalización popular. La Procuraduría será rama independiente del poder público y el Procurador General de la Nación será elegido popularmente. El Parlamento será unicameral. La oposición y las minorías tendrán plenos derechos políticos y sociales, garantizándoles el Estado su acceso a los grandes medios de comunicación.

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Habrá libertad de prensa. La Rama Electoral será independiente. La Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo Nacional de la Judicatura serán elegidos por voto directo de todos los jueces y magistrados del país. Moralización de la Administración Pública y de las instituciones civiles y militares del Estado. 4. Desarrollo y modernización económica con justicia social. El Estado debe ser el principal propietario y administrador en los sectores estratégicos: en lo energético, en las comunicaciones, servicios públicos, vías, puertos y recursos naturales en beneficio del desarrollo económicosocial equilibrado del país y las regiones. El énfasis de la política económica será la ampliación del mercado interno, la autosuficiencia alimenticia y el estímulo permanente a la producción, a la pequeña, mediana y gran industria privada, a la autogestión, la microempresa y a la economía solidaria. El Estado invertirá en áreas estratégicas de la industria nacional y desarrollará una política proteccionista sobre las mismas. La gestión económica oficial se debe caracterizar por su eficiencia, su ética, su productividad y su alta calidad. Habrá participación de los gremios, las organizaciones sindicales, populares, entes académicos y científicos en la elaboración de las decisiones sobre la política económica, social, energética y de inversiones estratégicas. 5. El 50% del Presupuesto Nacional será invertido en el bienestar social, teniendo en cuenta al colombiano, su empleo, su salario, salud, vivienda, educación y recreación como centro de las políticas del Estado, apoyados en nuestras tradiciones culturales democráticas y buscando el equilibrio de la sociedad con su medio ambiente y la naturaleza.

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El 10% de Presupuesto Nacional será invertido en la investigación científica. 6. Quienes mayores riquezas posean, más altos impuestos aportarán para hacer efectiva la redistribución del ingreso. El impuesto del Iva sólo afectará bienes y servicios suntuarios. 7. Política agraria que democratice el crédito, la asistencia técnica y el mercadeo. Estímulo total a la industria y a la producción agropecuaria. Proteccionismo estatal frente a la desigual competencia internacional. Cada región tendrá su propio plan de desarrollo elaborado en conjunto con las organizaciones de la comunidad, liquidando el latifundio allí donde subsista, redistribuyendo la tierra, definiendo una frontera agrícola que racionalice la colonización y proteja del arrasamiento nuestras reservas. Ayuda permanente para el mercadeo nacional e internacional. 8. Explotación de los recursos naturales como el petróleo, el gas, el carbón, el oro, el níquel, las esmeraldas, entre otros, en beneficio del país y de sus regiones. Renegociación de los contratos con compañías multinacionales que sean lesivos para Colombia. La Comisión Nacional de Energía, con participación del Estado, los trabajadores del sector y las regiones, planificará la política energética. Se construirán más refinerías y se desarrollará la industria petroquímica. El gobierno le informará a la comunidad con transparencia, los términos del contrato existente para la explotación de Cusiana. Tan sólo los 5.000 millones de barriles de petróleo de reserva que poseen, a los precios de

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hoy y a la tasa de cambio vigente, producirán $80 billones (80 millones de millones de pesos), es decir, más de seis veces el Presupuesto Nacional de 1999. Colombia entera conocerá cómo y a qué ritmo se explotará Cusiana y cómo insertamos su producido en los planes generales de nuestro desarrollo. Hay que "sembrar el petróleo", para las próximas generaciones, porque el crudo es de todos los colombianos y sus beneficios también. 9. Relaciones internacionales con todos los países del mundo bajo el principio del respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y del mutuo beneficio. Priorizar tareas por la integración regional y latinoamericana. Respeto a los compromisos políticos del Estado con otros Estados. Revisión total de los pactos militares y la injerencia de las potencias en nuestros asuntos internos. Renegociación de la deuda externa, buscando un plazo de 10 años muertos en el pago de los servicios. 10. Solución del fenómeno de producción, comercialización y consumo de narcóticos y alucinógenos, entendido ante todo como un grave problema social que no puede tratarse por la vía militar, que requiere acuerdos con la participación de la comunidad nacional e internacional y el compromiso de las grandes potencias como principales fuentes de la demanda mundial de los estupefacientes.

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INSTRUMENTOS JURテ好ICOS


REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN NÚMERO 84 DEL 14 DE 0CTUBRE DE 1998

"Por el cual se reconoce a unas personas como miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC-" El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere la ley 417 de 1997,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el parágrafo 2º del artículo 8º de la Ley 418 del 26 de diciembre de 1997, la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- ha designado a los señores Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Milton de Jesús Toncel, como miembros representantes de la mencionada organización para participar en los diálogos, negociación o suscripción de acuerdos con el Gobierno nacional o sus delegados,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º. Reconocer a los señores Raúl Reyes, Fabián Ramírez y Milton de Jesús Toncel, como miembros representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- en el proceso de diálogo, negociación o firma de acuerdos que inicia esta organización con el Gobierno.

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ARTÍCULO 2º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Comuníquese y Cúmplase. Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de octubre de 1998.

Andrés Pastrana Arango. (Firmado) El Ministro del Interior, (Firmado) Néstor Humberto Martínez Neira. El Ministro de Justicia y del Derecho, (Firmado) Parmenio Cuéllar Bastidas. El Ministro de Defensa, (Firmado) Rodrigo Lloreda Caicedo.

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN NÚMERO 85 DEL 14 DE OCTUBRE DE 1998

"Por la cual se declara la iniciación de un proceso de paz, se reconoce el carácter político de una organización armada y se señala una zona de distensión". El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le confiere la Ley 418 de 1997,

CONSIDERANDO: 1. Que la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia -FARC- ha expresado su propósito y voluntad de paz. 2. Que el Gobierno Nacional, atendiendo la voluntad expresada por los colombianos en las urnas el 26 de octubre de 1997 en el mandato por la Paz, la Vida y la Libertad, ha iniciado conversaciones con la mencionada organización insurgente, con el objeto de resolver pacíficamente el conflicto armado. 3. Que el Gobierno y los miembros representantes de las Farc acordaron iniciar el proceso dentro de los tres primeros meses de gobierno, el cual tendrá lugar en una zona de distensión comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán,

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RESUELVE: ARTÍCULO 1º. Declarar abierto el proceso de diálogo con la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-. ARTÍCULO 2º. Reconocer carácter político a la organización mencionada. ARTÍCULO 3º. Con el fin exclusivo de llevar a cabo las conversaciones de paz con representantes del Gobierno y voceros y representantes de las Farc, a partir del 7 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de febrero de 1999, establécese una zona de distensión en los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, municipios del departamento del Meta y San Vicente del Caguán, departamento del Caquetá, zonas en las cuales regirán los efectos del inciso 5º del parágrafo 1º del artículo 8º de la ley 418 de 1997, en relación con las personas que intervengan legalmente en dichas conversaciones. ARTÍCULO 4º. La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese y Cúmplase. Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 14 días del mes de octubre 1998. Andrés Pastrana Arango. (Firmado) El Ministro del Interior, (Firmado) Néstor Humberto Martínez Neira. El Ministro de Justicia y del Derecho, (Firmado) Parmenio Cuéllar Bastidas. El Ministro de Defensa, (Firmado) Rodrigo Lloreda Caicedo.

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN NÚMERO 01 DEL 5 DE ENERO DE 1999.

"Por la cual se modifica la Resolución No. 85 de 1998" El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le confiere la Ley 418 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Primero. Que mediante Resolución 85 de 1998, el Gobierno Nacional declaró la iniciación de un proceso de paz con la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP, le reconoció carácter político y señaló una zona de distensión para tales efectos; Segundo. Que el artículo 8º de la Ley 418 de 1997 faculta al Gobierno Nacional para acordar la ubicación temporal, en determinadas zonas del territorio nacional, de los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político en un proceso de paz; Tercero. Que se ha acordado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP instalar la mesa de diálogo para definir la agenda y las reglas para la solución negociada al conflicto armado en Colombia, el próximo 7 de enero de 1999, mediante un acto formal que se realizará en el Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá,

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RESUELVE:

Artículo Primero. Adiciónase el artículo 3º de la Resolución Ejecutiva 85 de 1998, en el sentido de ampliar los efectos allí previstos a los miembros de la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – FARC-EP que participen en los actos de instalación de la mesa de diálogo para definir la agenda y las reglas para la solución negociada al conflicto armado, en el Municipio de San Vicente del Caguán, Departamento del Caquetá, durante los días 6, 7 y 8 de enero de 1999. Artículo Segundo. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación. Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 5 días del mes de enero de 1999.

Andrés Pastrana Arango (Firmado)

El Ministro del Interior, (Firmado) Néstor Humberto Martínez Neira

El Ministro de Justicia, (Firmado) Parmenio Cuéllar Bastidas

El Ministro de Defensa, (Firmado) Rodrigo Lloreda Caicedo

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REPÚBLICA DE COLOMBIA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

RESOLUCIÓN NÚMERO 27 DEL 1o. DE MAYO DE 1999 "Por la cual se adiciona la Resolución No. 85 de 1998" EL GOBIERNO NACIONAL

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial de las que le confiere la Ley 418 de 1997, y

CONSIDERANDO:

Que mediante la Resolución No. 85 de 1998, el Gobierno Nacional declaró la iniciación de un proceso de paz con la organización Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, les reconoció carácter político y señaló una zona de distensión para tales efectos; Que el artículo 8o. de la Ley 418 de 1997, faculta al Gobierno nacional para acordar la ubicación temporal, en determinada zona del territorio nacional, de los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político en un proceso de paz; Que se acordó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC-EP, realizar una reunión de trabajo con el fin de definir las reglas y el inicio del proceso de negociación,

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RESUELVE:

Artículo 1o. Adiciónese al artículo 3o. de la Resolución Ejecutiva No. 85 de 1998, en el sentido de ampliar los efectos allí previstos a todos los miembros de las FARC-EP, que participen en la reunión de trabajo que se llevará a cabo con funcionarios del Gobierno el día 2 de mayo, dentro de la denominada zona de distensión. Artículo 2o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. Comuníquese, Publíquese y Cúmplase. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 1o. de mayo de 1999.

Andrés Pastrana Arango (Firmado) El Ministro del Interior, Néstor Humberto Martínez (Firmado)

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REPúBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN NÚMERO 31 DEL 7 de mayo de 1999

"Por la cual se autoriza la creación de un Cuerpo Cívico de Convivencia para la Zona de Distensión en los municipios de Uribe, Vista Hermosa, Mesetas, Macarena y San Vicente del Caguán".

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA en uso de las atribuciones constitucionales y legales y en especial de las contenidas en el parágrafo 1 del artículo 8o. de la Ley 418 de 1997,

CONSIDERANDO:

1. Que el Gobierno Nacional, con fundamento en lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 8o. de la Ley 418 de 1997 y con el fin de iniciar conversaciones y diálogos de paz con la organización insurgente FARC-EP, a la cual le reconoció carácter político, dispuso el retiro de la Fuerza Pública de los siguientes cuatro municipios del departamento del Meta: Uribe, Vista Hermosa, Mesetas y Macarena y del municipio de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá, desde el 7 de noviembre de 1998. 2. Que de conformidad con la misma norma mencionada en el numeral anterior, el Presidente de la República, mediante orden expresa y en la

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forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni se generen inconvenientes o conflictos sociales; 3. Que es necesario que en dichos municipios se garantice el desarrollo de las actividades normales de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos ciudadanos y de sus libertades públicas.

RESUELVE:

Artículo 1o. Autorizar a los Alcaldes de los Municipios de Uribe, Vista Hermosa, Macarena, Mesetas y San Vicente del Caguán, la creación de un Cuerpo Cívico de Convivencia para la Zona de Distensión que actuará bajo su dependencia y lo apoyará en el ejercicio de sus funciones de policía y en especial en la protección de los derechos y libertades ciudadanos y en la conservación del orden público. Artículo 2o. Autorizar la celebración de un Convenio de Cooperación entre la Policía Nacional y el Fondo Especial para la Paz, con el objeto de apoyar el funcionamiento y las labores del Cuerpo Cívico de Convivencia para la Zona de Distensión creado por los Alcaldes de los Municipios que se encuentran en la zona de distensión, de conformidad con las directrices que al respecto se coordinen con el Alto Comisionado para la Paz. Artículo 3o. El Cuerpo Cívico de Convivencia será escogido entre personas de intachable conducta en la comunidad, por los Alcaldes de cada uno de los Municipios. Artículo 4o. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

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Comuníquese y Cúmplase. Dada en Santa Fe de Bogotá, D.C., a los 7 días del mes de mayo de 1999.

Andrés Pastrana Arango (Firmado) El Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, (Firmado) Juan Hernández Celis

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REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA RESOLUCIÓN NÚMERO 32 DEL 7 de mayo de 1999

"Por la cual se adoptan decisiones para contribuir a la búsqueda de la Paz"

El Gobierno Nacional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales y en especial de las que le confiere la Ley 418 de 1997,

CONSIDERANDO:

Que el Presidente de la República desde que tomó posesión de su cargo ha venido liderando en lo político, económico y social, las acciones que permitan la reconciliación de los colombianos, en desarrollo del mandato constitucional contenido en el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia; Que el Gobierno Nacional y los representantes de las FARC-EP acordaron iniciar los diálogos en una zona de distensión comprendida por los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa y San Vicente del Caguán; Que la Resolución No. 85 del 14 de octubre de 1998 estableció la zona de distensión en los mencionados municipios, a partir del 7 de noviembre de 1998 y hasta el 7 de febrero de 1999;

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Que a través de la Resolución No. 07 del 5 de febrero de 1999 amplió el término para la zona de distensión en los municipios referidos hasta por noventa (90) días más; Que en desarrollo de la mesa de diálogo, tanto el Gobierno como las FARCEP hicieron presentación formal de la agenda de propuestas que permita avanzar en el desarrollo de planteamientos que conduzcan al logro de acuerdos que tengan como finalidad la reconciliación de todos los colombianos, dentro del marco de un Estado fundamentado en la justicia social. Que como consecuencia de lo anterior, el Gobierno Nacional y las FARCEP han llegado a un acuerdo sobre la agenda común y el mecanismo de participación de la sociedad colombiana en el Proceso de Paz que permitirá entrar a analizar los temas de la agenda con el propósito de llegar a los acuerdos necesarios, el supremo objetivo de la construcción de la paz. Que mientras se definen las estrategias y políticas de negociación y se determinan los negociadores y los integrantes de la Comisión Internacional de Veeduría en este proceso, es procedente ampliar el término para la zona de distensión establecido en la Resolución número 085 del 14 de octubre de 1998 y ampliado por la Resolución 07 del 5 de febrero de 1999. Que una vez efectuadas las determinaciones de que trata el considerando anterior, el Gobierno Nacional establecerá las condiciones adecuadas para la etapa de negociación,

RESUELVE:

ARTÍCULO lo. Amplíase el término para la zona de distensión de los municipios de Mesetas, La Uribe, La Macarena, Vista Hermosa, del departamento del Meta, y del municipio de San Vicente del Caguán del departamento del Caquetá, hasta por 30 días. En dicha zona continuarán rigiendo los efectos del inciso 5o. del parágrafo 1o. del artículo 8o. de la

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Ley 418 de 1997, en relación con las personas que intervienen legalmente en dichas conversaciones. ARTÍCULO 2o. La presente Resolución rige a partir de su expedición.

Publíquese, Comuníquese y Cuúmplase. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a los 7 días del mes de mayo de 1999.

Andrés Pastrana Arango (Firmado) El Ministro del Interior (Firmado) Néstor Humberto Martínez Neira El Ministro de Justicia y del Derecho (Firmado) Parmenio Cuéllar Bastidas El Ministro de Defensa Nacional (Firmado) Rodrigo Lloreda Caicedo

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algunas DEFINICIONES sobre temas de interĂŠs en el contexto de la paz


Sobre la Zona de Distensión

1. La naturaleza y el alcance de la Zona de Distensión en la política de paz del Gobierno Nacional. La Zona de Distensión es un instrumento de carácter procedimental en el proceso de paz, que tiene como propósito exclusivo suministrar las condiciones de seguridad y las garantías para adelantar diálogos y negociaciones, así como firmar acuerdos con las organizaciones armadas a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político. 2. La declaratoria de la Zona de Distensión es un acto de soberanía del Estado con fundamento legal. La determinación de las condiciones de tiempo, modo y lugar para la declaratoria de una Zona de Distensión corresponde en forma exclusiva al Presidente de la República. Su fundamento legal se encuentra en el parágrafo 1 del artículo 8 de la Ley 418 de 1997, incorporado dentro del Título I "Instrumentos para la búsqueda de la Convivencia", capítulo 1 "Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica. Conforme a dicho texto, la declaratoria de una Zona de Distensión tiene el siguiente fundamento legal:

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"El Presidente de la República, mediante orden expresa, y en la forma que estime pertinente, determinará la localización y las modalidades de acción de la Fuerza Pública, siendo fundamental para ello que no se conculquen los derechos y libertades de la comunidad, ni genere inconvenientes o conflictos sociales". Y: "El Gobierno Nacional podrá acordar con los voceros o miembros representantes de las organizaciones armadas al margen de la ley a las cuales se les reconozca carácter político, en un proceso de paz y para efectos del presente artículo, su ubicación temporal o la de sus miembros en precisas y determinadas zonas del territorio nacional. En las zonas aludidas quedará suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra éstos, hasta que el Gobierno así lo determine o declare que ha culminado dicho proceso". 3. Características de la declaratoria presidencial de una Zona de Distensión:

a. Es un acto administrativo de potestad exclusiva del Presidente de la República, en ejercicio de la soberanía y en aplicación de la ley del Estado.

b. Es un acto facultativo y discrecional.

c. Tiene como único objetivo facilitar el diálogo, la negociación y la firma de acuerdos con los movimientos armados a los que se les haya reconocido carácter político.

d. Se limita a decisiones sobre: 1. La localización y modalidades de acción de la Fuerza Pública, sin que se afecte el ejercicio de las autoridades civiles del Estado; 2. La suspensión temporal de órdenes de captura contra los miembros de un grupo armado al que se le haya reconocido el carácter político.

e. Es una determinación de carácter temporal. (Esto quiere decir que se puede adoptar sin fecha de terminación, pero que en cualquier momento puede suspenderse).

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4. Diferencias entre la Zona de Distensión y el "Control Territorial Efectivo" al que se refiere el Derecho Internacional Público como requisito de un grupo armado para obtener el Estatuto de Beligerancia.

a. La Zona de Distensión se crea por disposición del Presidente de la República, en aplicación de la ley del Estado, mientras que el Control Territorial Efectivo se alcanza por la capacidad militar de un grupo armado para imponerse o conquistar una parte del territorio nacional.

b. En la Zona de Distensión continúa vigente el Estado de Derecho y presentes las autoridades civiles del Estado, mientras que el Control Territorial Efectivo supone que el grupo armado dicta y aplica en él sus propias normas.

c. La Zona de Distensión es una medida discrecional del Presidente de la República, de carácter temporal y con el exclusivo propósito de realizar diálogos, negociaciones y la firma de acuerdos de paz, mientras que el Control Territorial Efectivo es una imposición militar de un grupo armado, de carácter permanente, en cuyo perímetro interno ejerce actos de soberanía.

d. La Zona de Distensión supone decisiones del Gobierno sobre la localización de la Fuerza Pública y la suspensión de órdenes de captura, mientras que el Control Territorial Efectivo supone el ejercicio de autoridad política, militar, económica y social del grupo armado, contra la voluntad del Estado.

5. La vigencia del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos y las libertades públicas en la Zona de Distensión Es obligación del Estado garantizar la vigencia del Estado de derecho y el ejercicio de los Derechos Humanos y las libertades públicas en la Zona de Distensión.

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A fin de proveer estas garantías y evitar eventuales irregularidades, el Gobierno Nacional y las FARC han acordado, para el caso de la Zona de Distensión, conformar una Comisión Internacional de Verificación. 6. La decisión adoptada por el señor Presidente de la República de no establecer un nuevo término para la finalización de la Zona de Distensión para el proceso de paz con las FARC. La decisión de no establecer un nuevo término para la finalización de la Zona de Distensión para el proceso de paz con la FARC no quiere decir que el Gobierno Nacional le confiera carácter permanente, sino que vincula su culminación al avance y resultados del proceso de negociación. La Zona de Distensión, como elemento adjetivo, queda subordinada en su duración al cronograma, los plazos y las condiciones establecidas para el cumplimiento de los aspectos sustantivos del proceso de paz. Es decir, por tratarse de un aspecto procedimental del proceso de paz, y como tal, de una herramienta de orden operativo vinculada legalmente a los diálogos, la negociación y la firma de acuerdos, se ha dispuesto que sean el desarrollo y los resultados de ese proceso de solución política del conflicto armado los que sirvan de base para la determinación de la duración de la Zona de Distensión.

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Sobre la beligerancia

1. DEFINICIóN DE LA BELIGERANCIA La Beligerancia es una institución del Derecho Internacional Público mediante la cual se reconoce la igualdad de condiciones entre partes enfrentadas en un conflicto armado que se libra al interior de las fronteras territoriales de un Estado. El efecto de su reconocimiento es el surgimiento de un nuevo sujeto del derecho internacional público, que responde autónomamente ante la comunidad internacional por sus acciones, gozando parcialmente de los deberes y privilegios de un Estado. Una consecuencia directa de ello es la exculpación de la responsabilidad internacional del Estado por los actos que realiza un grupo alzado en armas. A partir del reconocimiento, el conflicto armado que enfrenta a las Fuerzas Militares del Estado y los movimientos alzados en armas se transforma en un conflicto armado de índole internacional, por librarse entre sujetos del derecho internacional público. El acto de reconocimiento de Beligerancia genera entonces una nueva situación jurídica, en la que se hace aplicable entre el Estado y al grupo alzado en armas contra él la totalidad del derecho internacional de los conflictos armados.

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2. CONDICIONES MATERIALES NECESARIAS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA BELIGERANCIA Para que un grupo alzado en armas contra un Estado pueda ser reconocido como Fuerza Beligerante es necesario que cumpla con las siguientes condiciones:

a. Unidad de mando responsable; es decir, debe tener un mando que responda por los actos que realicen los hombres en sus filas, de tal forma que exista quien objetivamente tenga la personería jurídica del Grupo frente a la Comunidad Internacional o, en otras palabras, quien tenga ante Comunidad Internacional las funciones que ordinariamente tienen los gobiernos. Esta condición no se refiere a la existencia de estructuras jerárquicas como ejército ni de grados militares.

b. Control territorial efectivo; es decir, el dominio adquirido mediante su capacidad militar para ocupar y dominar una porción del territorio del Estado en el que opera, de tal forma que en dicho territorio ejerza de manera permanente funciones de Estado o actos de soberanía, como los de dictar y aplicar sus propias normas. Dicho control territorial debe ser permanente y obedecer a la consolidación de posiciones militares que permitan al insurgente actuar como Estado y que impidan a dicho Estado ejercer allí su jurisdicción.

c. Capacidad y voluntad para aplicar las leyes de la guerra; es decir, el grupo insurgente debe ser capaz de responder internacionalmente por el cumplimiento de las normas que regulan los conflictos armados. Tales normas son las contenidas en los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949 y sus dos Protocolos adicionales de 1977.

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3. EL ACTO DE RECONOCIMIENTO DEL ESTATUTO DE BELIGERANCIA Una vez se verifica la existencia concurrente de estas condiciones, el Estado en el que opera el grupo armado organizado, o terceros Estados, pueden reconocerle el Estatuto Internacional de Beligerancia. Dicho reconocimiento es constitutivo y no declarativo de tal condición. 3.1 El reconocimiento que proviene del Estado en que opera el Beligerante. Dicho reconocimiento se confiere mediante un acto jurídico unilateral que puede ser expreso o tácito. El efecto de este reconocimiento se da frente a todos los demás Estados. Cuando expresamente el Estado niega la condición de Beligerancia no puede argumentarse su reconocimiento tácito. 3.2 El reconocimiento que proviene de un tercer Estado. En este caso el reconocimiento debe ser expreso y surte efectos solamente en la relación de las partes en conflicto con el Estado que lo otorga. Este reconocimiento constituye una declaratoria de neutralidad que establece para el tercer Estado las mismas obligaciones que un Estado neutral posee en los conflictos de índole internacional. No obstante, no corresponde a terceros Estados determinar o evaluar si se cumplen las condiciones materiales previas al reconocimiento de Beligerancia (véase, supra, 2). En consecuencia, éstos sólo pueden proceder al reconocimiento de Beligerancia una vez el Estado en que opera el grupo insurgente ha reconocido que se cumplen tales condiciones. De lo contrario, el tercer Estado estaría violando el principio de no intervención en asuntos internos. El reconocimiento de Beligerancia, en el caso de terceros Estados, debe provenir de su Gobierno. Declaraciones de particulares sobre este tema no surten efecto jurídico alguno.

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4. LA POSICIóN OFICIAL DEL GOBIERNO DE COLOMBIA RESPECTO A LA NO BELIGERANCIA DE LOS GRUPOS INSURGENTES QUE OPERAN EN SU TERRITORIO Tal y como ha sido dispuesto por el Presidente de la República, el proceso de paz en curso se desarrolla en todas sus etapas con arreglo a la Constitución y las leyes vigentes en la totalidad del territorio nacional. Es sólo en ese marco que el Gobierno Nacional ha adoptado las decisiones conducentes a iniciar diálogos de paz tanto con las FARC como con el ELN, entre ellas, el reconocimiento del carácter político de esas agrupaciones, efectuado conforme a lo establecido en la ley 418 de 1997. Dicho reconocimiento del carácter político no modifica en forma alguna el estatuto jurídico internacional de la insurgencia, tal y como ha sido ampliamente aceptado y reconocido por la Comunidad Internacional en el caso colombiano y en otros contextos. La declaratoria de una Zona de Distensión en cinco municipios del sur del país es una decisión soberana del Gobierno Nacional, que proviene de una facultad legal y que tiene como propósito exclusivo crear las condiciones de seguridad solicitadas por la insurgencia para la realización de diálogos de paz. En ningún caso dicha decisión supone ni puede entenderse como que la insurgencia tenga allí control territorial efectivo, en los términos exigidos como condición previa al reconocimiento del Estatuto Internacional de Beligerancia. En la Zona de Distensión permanece vigente el orden jurídico nacional, sus autoridades civiles, y es una medida voluntaria de carácter temporal, cualquiera que sea su término. De igual modo, el Gobierno Nacional ha sido claro al señalar que un eventual estudio sobre la posibilidad de convenir con la insurgencia los términos de un intercambio de personas privadas de la libertad no podría entenderse en ningún caso como el reconocimiento de que la insurgencia tiene en su poder "prisioneros de guerra". Esta administración ha advertido que los miembros de la Fuerza Pública en poder de los grupos insurgentes continúan bajo el amparo y la protección jurídica del Estado colombiano,


sin perjuicio de su cautiverio. En ese sentido, tampoco esta propuesta significa que se acepte la existencia en el territorio colombiano de un orden jurídico paralelo al del Estado. Por otra parte, la insurgencia colombiana ha venido negando y desconociendo las obligaciones a que está sujeta bajo las normas del Derecho Internacional Humanitario. Más aún, en casos como el secuestro, que constituye una infracción grave al artículo 3 común de los Cuatro Convenios de Ginebra de 1949, sistemática, masiva y premeditadamente desconoce las normas que regulan los conflictos armados y, por tanto, tampoco en este caso se configura uno de los supuestos fácticos necesarios para el reconocimiento de la Beligerancia. El Gobierno Nacional expresamente ha señalado que no tiene intención alguna de conferir a los grupos insurgentes el Estatuto Internacional de Beligerancia, posición que mantiene hasta ahora. Así mismo, ha reiterado que no se reúnen los supuestos fácticos que se requieren para que terceros Estados puedan pronunciarse en ese sentido y ha hecho constar internacionalmente esta situación. "Ni el reconocimiento del carácter político de las organizaciones insurgentes, ni ninguna otra de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional en el marco del proceso de paz, significan que se tenga intención de conferir a alguna de ellas el Estatuto Internacional de Beligerancia. No existe en nuestra realidad ninguno de los presupuestos jurídicos que se establecen en el derecho internacional para ese efecto". En conclusión, ni se dan los supuestos fácticos o condiciones materiales para el reconocimiento del Estatuto Internacional de Beligerancia a la insurgencia por el Estado colombiano o por terceros Estados, ni el Gobierno Nacional tiene intención alguna de conferir dicho reconocimiento. Adicionalmente, en ningún caso reciente, la Comunidad Internacional ha aceptado el surgimiento de nuevos sujetos del derecho internacional público sobre la base de conflictos armados de índole no internacional.


ALGUNOS DEBATES EN EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA


RESPUESTAS AL CUESTIONARIO DE LA PROPOSICIÓN No. 09

1. En los diálogos que tuvo en Suiza con el ELN, ¿llegaron a un acuerdo de qué alcance y en qué temas? El Alto Comisionado para la Paz no estuvo en Suiza. 2. ¿Se confirmó el acuerdo de Mainz que firmaron los llamados representantes de la sociedad civil con el ELN? Como esta pregunta tiene relación directa con la anterior, no tiene respuesta. 3. ¿Cuál es la situación que existe entre los diálogos que se han adelantado con las FARC?, ¿para qué el despeje de los cinco municipios? La decisión del despeje de los cinco municipios corresponde a la necesidad de entablar una mesa de diálogo y concertación con las FARC-EP, con el fin de encontrar una salida política al conflicto armado. 4. ¿Qué diálogos se han adelantado con los grupos paramilitares? El Alto Comisionado para la Paz no ha adelantado ningún tipo de conversaciones con los grupos paramilitares. 5. ¿Reconoce el Gobierno Nacional el estatus de beligerancia a algún grupo insurgente en Colombia?

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El Gobierno Nacional reconoce que el conflicto político armado no sólo tiene una salida de tipo militar, sino también de tipo político, es decir, por la vía del diálogo. Por lo anterior, el Gobierno Nacional recurrirá, entre otras normas, a las establecidas en la ley 418.

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PROPOSICIONES NÚMEROs 59 Y 80 Honorable Senado de la República Martes 3 de noviembre de 1998

Respuestas del alto comisionado para la paz, Víctor G. Ricardo

Temas: avances de la política de paz con los grupos insurgentes, reforma a la Carta de 1991, los acontecimientos de Machuca, los asesinatos de los líderes sindicales y las masacres del retorno de los desplazados de Bolívar desde Barranca. Invitados al debate: Ministros del Interior, Defensa, Justicia y Alto Comisionado para la Paz. La actual administración del señor presidente Andrés Pastrana Arango se ha caracterizado por el establecimiento de varias premisas y directrices para el desarrollo del proceso de paz. El Presidente ha tomado el liderazgo de los procesos de paz y sentado las premisas fundamentales de su desarrollo, bajo su dirección y responsabilidad y la del Alto Comisionado para la Paz. Antes de abordar lo referente a los avances de la política de paz con los grupos insurgentes, es necesario señalar la concepción del proceso de paz de la actual administración, así como el entendimiento que se hace de ciertos procedimientos consagrados en las leyes respectivas.

1. Autorizaciones al Gobierno Nacional La integralidad del proceso de paz implica reformas que faciliten y amplíen los canales democráticos, cuyos proyectos se encuentran a consideración del Honorable Congreso de la República. HECHOS DE PAZ V

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Consciente de las limitaciones legales y teniendo como referencia los artículos transitorios 12, 13 y 30 de la Constitución de 1991, el Gobierno requiere herramientas que le permitan avanzar con las organizaciones insurgentes sin afectar las órbitas constitucionales de las otras ramas del poder público. Estos instrumentos facilitaron los procesos de diálogo y negociación durante la administración del presidente César Gaviria Trujillo, con las organizaciones Corriente de Renovación Socialista, Milicias Populares y una fracción del Epl. Igualmente, permitieron consolidar los procesos anteriores con el M-19, el Epl, el Quintín Lame y el Prt. Como se expresa en la Exposición de Motivos de la Reforma Política que actualmente hace tránsito, las facultades al gobierno están dirigidas a facilitar el adelanto de los procesos de paz, y sus diferentes etapas de prenegociación, negociación, celebración de acuerdos, ejecución y verificación de los mismos. Entendida la dimensión del conflicto, es claro que los acuerdos de paz con la insurgencia armada no pueden sólo ser la consagración de una declaración de voluntades, sino que afectarán, de manera positiva, el ámbito social, político, económico y presupuestal, por lo que se le da capacidad al Gobierno para entrar a dictar medidas en dichos campos, dentro del marco específico del desarrollo de un proceso de paz. En esa visión amplia y a futuro, se inscribe la consagración del derecho de gracia, como un instrumento que pueda facilitar, en su debido momento, la construcción de espacios de confianza y permitir el desarrollo del proceso de paz.

2. Avances con la Insurgencia De otro lado, el Presidente de la República en uso de su potestad constitucional, ha venido trabajando con el Alto Comisionado para la Paz, en la primera fase de una agenda procedimental con las Farc para sentarse a dialogar, desarrollar los cimientos para la discusión seria de una agenda y encontrar los mecanismos que permitan la obtención de una paz estable y duradera. 344 REPÚBLICA DE COLOMBIA


La creación de una zona de distensión no es más que la generación de garantías mínimas y del espacio para que las partes enfrentadas puedan interlocutar. En este primer espacio, por un lapso máximo de 90 días, se determinarán los procedimientos y derroteros para fases más avanzadas del proceso. La interlocución en esta primera fase será entre los delegados del Presidente de la República y los tres conocidos emisarios designados por el Secretariado de las Farc. Es importante señalar que el único objeto de la creación de una zona de distensión es adelantar conversaciones de paz y que durante este término las autoridades políticas y judiciales ejercerán sus funciones normalmente. Como lo ha expresado el Presidente de la República, "...asumo con realismo que voy a negociar con fuerzas insurgentes que han expresado su decisión de ser coprotagonistas de la reconstrucción nacional". Al respecto ha afirmado el Alto Comisionado para la Paz:"La decisión del despeje como zonas de distensión y laboratorios de paz, es también reconocimiento a la seriedad de la decisión de la guerrilla de ser coprotagonista de la reconstrucción nacional, expresada en su agenda" (Víctor G. Ricardo. Discurso en Cartagena, agosto 21 de 1998). Con el Ejército de Liberación Nacional el Señor Presidente ha sido receptivo al trabajo desarrollado por integrantes de la sociedad y del Consejo Nacional de Paz, órgano consultor y asesor del Gobierno, y ha considerado valioso su aporte en el desarrollo de una nueva y novedosa metodología como es la realización de la Convención Nacional. Respecto a la Convención Nacional y otros instrumentos, el Presidente de la República ha dicho: "La aceptación de instrumentos como la Convención Nacional, los diálogos regionales y nacionales o la Asamblea Nacional Constituyente, así como el examen de la viabilidad jurídica del canje, implica tener claro el gran objetivo

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de la transformación política que sirva de sustento a las grandes transformaciones económicas, sociales y culturales que puedan conducirnos, tanto a las organizaciones guerrilleras como al resto de la sociedad colombiana, a la democracia y al siglo XXI" La generación de espacios participativos en los que la insurgencia dé a conocer y exponga de manera clara sus planteamientos políticos, permitirá al país entero y a los sectores de la sociedad civil comprometidos en esta dinámica, sopesar los alcances reales y desarrollos de un proceso de paz. La prudencia de los tiempos establecidos refleja la complejidad de la guerra en Colombia y señala los parámetros de paciencia y sabiduría que deben demarcar el camino. Hay que recordar que la Convención Nacional es un espacio en construcción, y debe ser no sólo el concienzudo foro de polémicas sobre puntos esenciales, sino el ámbito de generación de propuestas concretas que permitan la suscripción de acuerdos y la cesación de las hostilidades. Ante todo debe ser el escenario para el debido e inmediato acatamiento de las normas y principios del derecho internacional humanitario. Respecto al trabajo por la paz de otros órganos y miembros del Estado, así como de la sociedad civil, el Presidente ha afirmado: "Todo el gobierno y seguramente en un futuro muy próximo todo el Estado, con el apoyo de la sociedad civil y la facilitación de la comunidad internacional, somos responsables de llevar a feliz término este anhelo multitudinario de paz. Por eso, y por mi condición de liderar personalmente el proceso, he dicho que no quiero construir una burocracia de la paz" El trabajo ha comenzado en múltiples frentes. Si bien el gobierno es optimista, la prudencia de los tiempos se impone, así como la necesidad de que el Presidente de la República ejerza pleno control y liderazgo en el proceso, convocando en su momento a las demás ramas del poder, órganos del Estado y sectores de la vida nacional, con el fin de actuar de manera mancomunada y garantizar la unidad del país en torno a la noble tarea de la paz.

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3. Internacionalización Es clara la complejidad de un proceso de paz y su lento desarrollo dentro de un ambiente de violencia que ha alcanzado expresiones de barbarie y donde concurren múltiples actores: políticos, narcotráfico, paramilitares y delincuencia común. Esa misma complejidad del conflicto hace necesario el acompañamiento internacional, no sólo por las repercusiones sociales y políticas del conflicto para el hemisferio, sino por la necesidad de enfrentar otra guerra: la del narcotráfico, a través del diseño de una estrategia integral que permita vencerlo y abordar un proceso de fortalecimiento del Estado Social de Derecho. Pero la paz no está limitada al establecimiento de un procedimiento, ni a la suscripción de acuerdos. Como lo dijo el Alto Comisionado para la Paz "No se trata sólo de la cooperación para lo concerniente a la negociación y a velar por el cumplimiento de los acuerdos, sino también de la participación decidida en la estructuración, financiación y ejecución de un ambicioso proyecto de desarrollo a largo plazo, para construir las bases de la paz, sustituir los cultivos y garantizarle la plena sostenibilidad al proyecto nacional que se ha acordado en el marco de las negociaciones" (Víctor G. Ricardo. Cartagena 21 de agosto de 1998). Para abordar el proceso de paz se ha partido del ineludible proceso de globalización del cual no puede escapar nuestro país. Ello nos obliga a superar los esquemas provinciales que contemplan el conflicto colombiano como un problema de nuestro resorte exclusivo. Hoy en día al estar insertos en una dinámica universal en aspectos económicos, sociales y políticos, el concurso de la comunidad internacional no sólo es importante sino imprescindible, como acompañantes del proceso. Más que nunca, países como España, Alemania y los Estados Unidos están atentos al desarrollo de la dinámica de la paz en Colombia, y ofrecen su apoyo, experiencia y recursos para llevar a buen puerto el proceso de paz y el fortalecimiento de la democracia.

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4. El Plan Colombia De otro lado, y entendiendo el proceso de paz como el mejoramiento de una serie de aspectos estructurales del país, consciente el Gobierno de la situación de inequidad de amplios sectores de la sociedad colombiana y deseoso de brindar un mejor futuro a nuestros compatriotas, se vienen desarrollando los pilares del Plan Colombia al estilo del Plan Marshall, concebido como la más importante inversión social para la Colombia afectada por la violencia, que además garantice un pleno y amplio desarrollo en múltiples campos de la vida nacional. El Plan Colombia ya cuenta con el apoyo de organismos financieros internacionales y en la búsqueda de recursos al interior del país se elabora la dinámica de los bonos de paz. Ya lo ha afirmado el Señor Presidente de la República: "Estoy invitando a la comunidad internacional y a todos los colombianos a que contribuyamos con un Plan al estilo Plan Marshall para la Paz en Colombia. Este plan no puede entenderse como una simple bolsa de recursos, es algo mucho más profundo. Es la suma de recursos educativos, científicos, técnicos, culturales, sociales, económicos y políticos, para potenciar las energías con que cuenta esta Nación..." "La comunidad internacional está decidida a apoyar nuestro Plan Colombia porque sabe cuán profundamente ese plan asegurará para nuestro país una democracia plena, cuya expresión jurídica prioritaria sea la reforma agraria integral, cuya expresión política será la descentralización que fomente el liderazgo regional y asegure la unidad nacional y cuya expresión participativa será el desarrollo del talento humano, a partir de formidables transformaciones técnicas y culturales lideradas por las universidades regionales" (Andrés Pastrana Arango, 22 de octubre de 1998). El Plan Colombia no sólo permitirá cerrar una brecha económica y de oportunidades, caldo de cultivo para las violencias, sino que se plantea como una verdadera oportunidad y reto para redefinir el país y permitirle su entrada con pie derecho al siglo XXI. Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz

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RESPUESTA AL CUESTIONARIO ENVIADO AL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ, VÍCTOR G. RICARDO, POR LA COMISIÓN SEXTA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA PROPOSICIÓN No. 22 DE 1998.

1. Si el Gobierno Nacional tiene previsto crear zonas de distensión a cuatro municipios del departamento del Meta como son: La Uribe, La Macarena, Mesetas y Vista Hermosa, ¿qué mecanismos se establecerán para garantizar el cumplimiento de la Constitución Política y de la ley? El señalamiento de estas zonas corresponde a la necesidad de hacer posibles los diálogos para construir la agenda de un proceso de paz, sin que en dicho lugar existan hostilidades entre los representantes del grupo insurgente FARC-EP y la Fuerza Pública. Con respecto a los mecanismos establecidos para garantizar el cumplimiento de la Constitución y la ley, el manejo político-administrativo y judicial de los municipios durante la distensión estará dentro de un marco de normalidad institucional y las autoridades legítimamente constituidas continuarán en el ejercicio de sus funciones. 2. ¿Cómo se respaldará la vida e integridad física y respeto de su investidura, a los funcionarios públicos que ejercen funciones jurisdiccionales de control y políticas en los citados municipios? Estos funcionarios públicos, y en particular el alcalde de cada municipio, cuentan desde ya con el apoyo de un cuerpo de policía cívica especial, compuesto por doscientos hombres, organizado con la colaboración de la Policía Nacional. Así también la Cruz Roja está haciendo presencia en la zona como mecanismo neutral de apoyo, con reconocido prestigio nacional e internacional. HECHOS DE PAZ V

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3. ¿Qué organismos de orden internacional participarán como observadores y garantes en todo el proceso de desmovilización en estas zonas y cuáles serán sus funciones generales y específicas? Con el objeto de velar por la transparencia del proceso que se inicia en la zona de distensión, se ha creado la Comisión de Acompañamiento que funcionará durante los 90 días, compuesta por personalidades de reconocida solvencia moral, tanto nacionales como extranjeras. Es función de la Comisión realizar buenos oficios con el fin de aclarar y solucionar las situaciones que se presenten, de tal forma que éstas no afecten la construcción de un proceso de negociación entre el Gobierno y las FARC-EP. La Comisión también atenderá a la Comunidad residente en los cinco municipios con el fin de determinar y poner en conocimiento todo hecho que atente contra el normal desarrollo de la vida social y que pueda amenazar o vulnerar el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos. Dicha comisión tiene como fin actuar de manera neutral como receptora de las inquietudes que se presenten en el área de distensión, siendo amables componedores de los problemas, para el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana en la región, lo cual es fundamental para la mesa de diálogo entre el Gobierno y las FARC-EP. De otra parte, varias entidades internacionales han ofrecido el apoyo decidido a este proceso, como son las Naciones Unidas, Unicef y la Cruz Roja, entidades todas de reconocida imparcialidad y solvencia ética, cuya misión se concentraría básicamente en vigilar el respeto y la observancia del derecho internacional humanitario. 4. ¿Cómo se prevé asegurar el normal desarrollo de las actividades económicas, privadas y políticas del orden comercial, financiero, industrial, agrícola y ganadero, teniendo en cuenta que el despeje implica el desplazamiento de las fuerzas militares, de policía, de seguridad e investigativas? 350 REPÚBLICA DE COLOMBIA


En esta materia cabe insistir en que las actividades de los habitantes de la región se están realizando dentro de la normalidad. En ello, existe un compromiso por parte del grupo insurgente FARC-EP, de respetar la integridad personal, los bienes, el ejercicio de los derechos y libertades, y en general el desarrollo de las actividades de todos los residentes en la zona de distensión. Lo anterior incluye las actividades económicas, comerciales, financieras, agrícolas, ganaderas, educativas y las demás que se deriven del funcionamiento normal de estos municipios. 5. ¿Qué mecanismos adoptará el Gobierno para efectos de que la inversión social en esta área y en cumplimiento de complementación, subsidiaridad y solidaridad entre el departamento y los municipios, tengan correspondencia y ejecución dentro del Plan de Desarrollo vigente, sin la vulnerabilidad a la que estaría expuesta por la posible injerencia de los alzados en armas? Como es sabido por la opinión pública, el Gobierno ha diseñado, además del Plan Nacional de Desarrollo, un plan especial para regiones que de alguna manera están afectadas por el conflicto armado, o donde su población se encuentre en condiciones especiales de vulnerabilidad por la pobreza, el desplazamiento, o donde sea necesario un programa serio de sustitución de cultivos, denominado Plan Colombia. El Plan Colombia tendrá cuatro grandes ejes, a saber: los agroproyectos, el desarrollo de infraestructura, la conservación de los recursos naturales y la salvaguarda de los derechos humanos, en especial de la población vulnerable por la pobreza o por ser víctimas de desplazamiento. El desarrollo de los diferentes programas se llevará a cabo con la participación de los ciudadanos en forma directa y a través de las organizaciones sociales que operan en cada zona, tanto para el diseño de los mismos como para su realización y seguimiento. En los municipios que integran la zona de distensión se está trabajando con los alcaldes y en general con las autoridades locales, y a nivel depar-

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tamental con los gobernadores, para que exista la debida coordinación y equilibrio de los planes y programas que se acuerden para cada municipio, con los respectivos planes departamentales. 6. Con relación al comentario de prensa (EL Nuevo Siglo, lunes 26 de octubre de 1998), en la cual se denuncia "la incertidumbre de la población para la construcción ilegal de una carretera que comunicará a la inspección La Julia con el municipio de La Macarena, por parte de las FARC, como corredor estratégico para su desplazamiento, con maquinaria sustraída a empresarios particulares y a la Secretaría de Obras Públicas del Meta. Además de la exigencia millonaria a sus propietarios, en estos días se ha incrementado el robo de vehículos en la zona de despeje, exigen un aporte del 35% de las utilidades producto de la venta de ganado; el cobro de un supuesto "bono por la paz" a los comerciantes; los transportadores para poder operar también deben pagar un "impuesto", ejercicio y control policivo y cobro de multas; secuestro de ganado, etc. Aspiramos una respuesta satisfactoria para claridad de la población. En relación con este punto, el Alto Comisionado ha dado traslado de las denuncias a la Comisión de Acompañamiento para que actúe en el marco de sus funciones y además se ha solicitado la investigación respectiva a las autoridades competentes.

Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz.

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TERCERA PARTE


ACCIONES Y PLANTEAMIENTOS DEL GOBIERNO NACIONAL EN LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA LUCHA CONTRA EL PARAMILITARISMO


Discurso del presidente de la república Andrés Pastrana Arango, en la posesión del vicepresidente Gustavo Bell Lemus como Alto Consejero Presidencial Santa Fe de Bogotá, D.C., 9 de septiembre de 1998

Asume hoy usted, doctor Gustavo Bell, uno de los encargos más difíciles y complejos, pero al mismo tiempo cautivantes y llamativos, que este Gobierno se propone desarrollar. La defensa de los derechos humanos es asunto prioritario en todas las agendas de los gobernantes mundiales, hasta el punto que su vigencia se confunde con la esencia misma de la democracia. Y erradicar la corrupción es para la Colombia de hoy tan importante, que en ello nos estamos jugando la existencia misma de las instituciones democráticas. Con la proclamación de los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa y en la independencia de los Estados Unidos, se inició en la historia de la humanidad una larga lucha que aún no termina por el reconocimiento y la vigencia plena de los valores inherentes e inalienables del individuo frente al poder, casi omnipotente, del Estado. La maravillosa estructura del Estado de Derecho consiste precisamente en que el individuo, armado solamente de unos principios esenciales consagrados en la Constitución, pueda enfrentarse solitario al formidable poder estatal y doblegarlo. La verdadera esencia de la democracia está, más que en la oportunidad de escoger periódicamente a los gobernantes, en el poder que tiene el ciudadano inerme de exigir a la autoridad que respete y haga cumplir sus derechos individuales. Solamente hay democracia cuando hay Estado de Derecho, y solamente hay Estado de Derecho cuando la sentencia de un juez tiene más poder que cien batallones. Los colombianos podemos sentirnos orgullosos de que, aún en medio de las turbulencias y las tribulaciones de nuestra azarosa historia, los principios HECHOS DE PAZ V

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Reitera su decisión de aplicar y defender el Derecho Internacional Humanitario y su compromiso de protección a la población civil. democráticos han logrado subsistir entre nosotros, y el precioso hilo de la legalidad ha resistido los mandobles de la violencia y de la bestial confrontación entre hermanos. En el campo de la protección a los derechos humanos aún tenemos un largo camino que recorrer y Colombia no puede cerrar los ojos y negarse a ver esas nuevas realidades, porque ello nos podría acarrear lamentables consecuencias. En esa perspectiva, ¿qué mejor designación para trabajar en estas aspiraciones que la de Gustavo Bell en el cargo de Alto Consejero Presidencial? Por su reconocida trayectoria académica, por su inquebrantable compromiso en procura de una sociedad más justa, por su certero desempeño como mandatario regional elegido popularmente y por su condición de Vicepresidente de la República, el Gobierno que presido quiere conferirle al tema de los derechos humanos una altísima prioridad. Dada la enorme importancia que tiene para Colombia en la actual coyuntura que vive la Nación la aplicación de una política de Estado seria, coherente y eficaz para la defensa de los derechos humanos, política que deber ser manejada al más alto nivel, le he pedido al señor Vicepresidente de la República que la desarrolle y la ejecute. Con valentía, y con mucho amor por Colombia, el doctor Gustavo Bell ha aceptado tan alto encargo, que desde luego tenemos la más absoluta certeza que cumplirá con la eficacia que el país le reconoce. Ha aceptado también el señor Vicepresidente la ardua tarea de encabezar la lucha contra la corrupción, una de las preocupaciones centrales de mi Gobierno y uno de los compromisos más serios que tengo con el pueblo colombiano. La corrupción es sin duda uno de los problemas más graves que tiene este

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país, porque se roba la plata de los pobres, porque devora los recursos destinados a la inversión social y a la infraestructura, porque perturba el normal desenvolvimiento de la contratación estatal afectando las obras públicas, porque desmoraliza la sociedad y deslegitima el sistema democrático, y porque constituye un excelente pretexto para justificar la acción de los violentos. Tal como lo he dicho en varias ocasiones, para luchar contra la corrupción no sólo necesitamos acciones para prevenir este tipo de actividades, sino que a los corruptos los vamos a meter a la cárcel, estén donde estén. Para tal efecto he dado instrucciones precisas para crear un grupo especial de las más altas condiciones morales e intelectuales, para que, en coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría, presenten las denuncias que sean necesarias y realicen un estricto seguimiento a estos procesos para que obtengamos resultados concretos en esta materia. Son vitales y significativas, señor Vicepresidente, las cargas que hoy asume usted. Pero todos reconocemos su inteligencia, la preparación y su decisión de cumplirle a Colombia, en estos dos frentes trascendentales para la consolidación de la democracia y el porvenir de la República.

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DIRECTIVA PRESIDENCIAL No. 03 Santa Fe de Bogotá, D.C., 15 de octubre de 1998

Para:

Vicepresidente de la República, Ministro del Interior, Ministro de Justicia y del Derecho, Ministro de Relaciones Exteriores, Ministro de Defensa Nacional, Alto Comisionado para la Paz, Comandante de las Fuerzas Militares, Comandante de la Armada Nacional, Director de la Policía Nacional, Director del Departamento Administrativo de Seguridad, Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, todas las autoridades con jurisdicción y mando en el Magdalena Medio y demás entidades públicas.

De:

Andrés Pastrana Arango Presidente de la República

Asunto: Política gubernamental con relación a los grupos paramilitares que actúan en el Magdalena Medio. Ante la violación de los derechos humanos efectuada contra la población civil del Magdalena Medio por más de una década y considerando que se han utilizado sistemáticamente prácticas de desaparición forzada de personas, torturas, masacres, asesinatos, desplazamientos forzados masivos e individuales, ejecutadas en contra de personas ajenas al conflicto armado, el Gobierno Nacional: Reafirma su compromiso incondicional de procurar el respeto por los Derechos Humanos en el país. HECHOS DE PAZ V

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Reafirma que la presencia de la Fuerza Pública en el territorio nacional tiene como finalidad esencial, el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades, y la preservación del orden constitucional y legal, y propender por que los habitantes de Colombia vivan en paz. Reitera su voluntad política para prevenir y contener a los grupos paramilitares igualmente, expresa su compromiso de velar porque recursos de empresas o particulares no se desvíen hacia el financiamiento de actividades ilícitas. Renueva el compromiso de propiciar la plena vigencia de los derechos humanos en el país, especialmente en el Magdalena Medio, en cumplimiento de sus obligaciones de prevenir y sancionar cualquier conducta de los servidores públicos que por acción u omisión, incurran en violación de la Constitución y la Ley, en un marco democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo. Reitera su convicción de hacer real y efectivo el Estado Social de Derecho y de poner en marcha una política integral contra las organizaciones armadas al margen de la ley. Así mismo, exhorta a los funcionarios de control e investigación del Estado a la realización de todas las acciones adecuadas para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral a las víctimas. Manifiesta su voluntad política de apoyar la tipificación del delito de desaparición forzada. Respalda, con fundamento en el ordinal 1 del artículo 201 de la Constitución Política, a los jueces y tribunales competentes, así como a las autoridades investigadoras y de control, para que se logre una pronta y cumplida justicia, y en especial, para que las investigaciones sobre violaciones de derechos humanos sean ágiles, eficaces e imparciales,

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logrando así la efectiva realización de los derechos a la verdad y a la justicia. De acuerdo con las razones que anteceden, se solicita acatar las siguientes directrices:

1. Vicepresidente de la República El Vicepresidente de la República en su condición de Alto Consejero Presidencial, con el apoyo de los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores, de Justicia y del Derecho y Defensa Nacional, preparará para su discusión en la "Comisión para el Análisis y Asesoramiento en la Aplicación de las Recomendaciones Formuladas por los Organos Internacionales de Derechos Humanos", creada mediante el Decreto 1290 de 1995, un proyecto que defina la POLÍTICA ESTATAL PERMANENTE CON RELACIÓN A LOS GRUPOS PARAMILITARES, dentro de los tres meses siguientes a la expedición de esta directiva. Para tal efecto, evaluará las recomendaciones hechas por los organismos internacionales de Derechos Humanos, en sus diferentes pronunciamientos frente a dichos grupos y el desplazamiento forzado en Colombia. De la misma manera, como parte de la agenda de discusión sobre las acciones que deberá contener esta política, se incluirán las propuestas elaboradas por la Mesa Regional del Magdalena Medio de Trabajo Permanente por la Paz.

2. Ministerio de Relaciones Exteriores El Ministerio de Relaciones Exteriores contando con el apoyo del Ministerio de Justicia y del Derecho, deberá impulsar el estudio de la ratificación del tratado que crea la Corte Penal Internacional, para lo cual conformará una Comisión que aborde su análisis a la luz de la HECHOS DE PAZ V

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Constitución Política y revise la pertinencia de su presentación al Congreso de la República y su adopción en el orden interno.

3. Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho Los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho, de acuerdo con sus respectivas competencias: Impulsarán y harán seguimiento permanente a los proyectos de ley que en materia de tipificación del delito de desaparición forzada de personas se presenten al Congreso de la República; solicitando el mecanismo de mensaje de urgencia si resultara conveniente para la buena marcha del proyecto de acuerdo con su agenda legislativa. Concertarán reuniones con los presidentes de Senado y Cámara y los de las comisiones correspondientes, así como con los respectivos ponentes para asegurar su trámite. Revisarán las distintas iniciativas que cursan actualmente en el Congreso sobre la tipificación de desaparición forzada, Código Penal y Código Penal Militar, con el objeto de determinar las que requieran mayor impulso para su aprobación. Adicionalmente, el Ministerio del Interior aportará los recursos necesarios para la realización de un Foro Nacional sobre el Fuero Penal Militar en Colombia y la publicación de sus memorias. Dicho Foro lo realizará la Asociación Campesina del Valle del Cimitarra, en Barrancabermeja los días 8 y 9 de diciembre de 1998, según acuerdo efectuado en la Mesa de Trabajo por la Paz en el Magdalena Medio. De otra parte, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, expedirá el decreto de creación de la comisión especial de impulso, coordinación e información de las investigaciones sobre Derechos Humanos, que estará conformada por la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación, con representación de los campesinos del éxodo de Barrancabermeja 364 REPÚBLICA DE COLOMBIA


y las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos. Dicha comisión tendrá sede en Barrancabermeja y efectuará reportes públicos trimestralmente sobre los resultados de las mismas.

4. Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, deberá establecer los mecanismos para desmontar las cooperativas y demás organizaciones que presten servicios especiales de vigilancia y seguridad privada que violen los derechos y libertades fundamentales de la comunidad o que sirvan de instrumento para la realización de actividades ilícitas. Para ello solicitará a la Defensoría del Pueblo la colaboración que dicha entidad deba prestar de conformidad con sus competencias.

5. Ministerio de Defensa Nacional, Fuerzas Militares, Polícia Nacional, Departamento Administrativo de Seguridad Las unidades policiales y militares, que tienen asiento donde operan los grupos paramilitares están en la obligación de intensificar acciones y mostrar resultados contundentes. El Gobierno Nacional prestará la colaboración necesaria para que la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación puedan garantizar la sanción penal y disciplinaria de los particulares y servidores públicos que creen, financien o apoyen logísticamente a los grupos paramilitares. El Ministerio de la Defensa Nacional, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad, desarrollarán institucionalmente los mecanismos tendientes a vigilar que los bienes y recursos públicos a su cargo, en ningún caso se destinen a promover, apoyar o financiar, a los grupos de paramilitares.

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El Ministerio de Defensa Nacional diseñará planes de seguridad en sus instalaciones militares, así como la posibilidad de reubicación espacial y estratégica, entre otras medidas, para que la población civil goce de una protección general contra los peligros del conflicto armado. 6.

Servidores Públicos

Cuando existan evidencias contundentes y manifiestas de grave violación de derechos humanos por parte de servidores públicos, las autoridades nominadoras correspondientes dispondrán, con observancia de las disposiciones legales pertinentes, la destitución o demás sanciones que, como resultado de los procesos disciplinarios o penales hayan de imponerse a los servidores públicos implicados. En aquellos casos en los cuales un servidor público tenga conocimiento de hechos violatorios de los Derechos Humanos, deberá inmediatamente, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de las demás autoridades competentes. Los servidores públicos velarán porque en el desarrollo e implementación de proyectos de infraestructura, se garanticen los Derechos Humanos de las comunidades así como sus derechos sociales y económicos. 7. Entidades Públicas del Orden Nacional y Territorial Las entidades públicas ejercerán una especial vigilancia sobre quienes celebren contratos con ellas, con el fin de garantizar que la ejecución del objeto contractual no se desvíe hacia la realización de actividades ilícitas. Cuando se demuestre la desviación antes mencionada, las autoridades deberán adoptar de inmediato las acciones judiciales correspondientes.

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8. La ESAP Brindará apoyo logístico para realizar la capacitación de los jueces penales militares de primera instancia y miembros de la fuerza pública del Magdalena Medio y del país, sobre la doctrina y jurisprudencia constitucional relativa a la competencia y alcance del fuero penal militar.

Andrés Pastrana Arango (Firmado) Presidente de la República

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CARTA ABIERTA del Secretariado del Estado Mayor Central de las farc AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DOCTOR ANDRÉS PASTRANA ARANGO

Montañas de Colombia, 18 de enero de 1999

Señor Presidente:

1. El día 8 de enero, un día después de haber instalado usted la Mesa de Diálogo Gobierno-Farc en San Vicente del Caguán, los colombianos despertamos ahogándonos en sangre, ante las matanzas de la población civil desarmada, ejecutadas por la acción coordinada en todo el país, de militares con paramilitares; cobrando en 4 días, más de 200 víctimas inocentes. 2. Llama la atención la complaciente actitud de algunos políticos, empresarios y columnistas: unos, exigiendo abiertamente igualar política y jurídicamente a los paramilitares con la guerrilla; y otros, sin pronunciar ni una sola palabra, mostrando su silencio cómplice. 3. La gente sensata de la comunidad nacional e internacional, no entiende cómo las Farc mantiene diálogos dirigidos a buscar la convivencia con un Estado, que argumentando la incapacidad de la Fuerza Pública, no da muestras contundentes de desmontar y castigar ejemplarmente a los gestores y actores de las organizaciones, que asesinan indiscriminadamente en nombre del propio Estado. 4. Exigimos al Gobierno que usted preside, acciones eficientes contra estos asesinos del pueblo indefenso. HECHOS DE PAZ V

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5. Para permitir del Gobierno Nacional los resultados esperados, consideramos necesario congelar los diálogos iniciados, dejando las propuestas sobre la mesa, hasta ver resultados satisfactorios contra el paramilitarismo.

Atentamente.

Secretariado del Estado Mayor Central: Manuel Marulanda Veléz, Alfonso Cano, Raúl Reyes, Timoleón Jiménez, Iván Márquez, Jorge Briceño y Efraín Guzmán.

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RESPUESTA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ A LA CARTA ABIERTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DEL SECRETARIADO DEL ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP

Santa Fe de Bogotá, D.C., 20 de enero de 1999

Señores Manuel Marulanda Veléz Alfonso Cano Raúl Reyes Timoleón Jiménez Iván Márquez Jorge Briceño Efraín Guzmán Secretariado del Estado Mayor Central Me permito responder la carta abierta que ustedes dirigieron al señor Presidente de la República, doctor Andrés Pastrana Arango. El conjunto de la sociedad colombiana y de la comunidad internacional conoce la indeclinable voluntad del Gobierno Nacional para avanzar por los caminos que nos lleven a la culminación del conflicto armado y a la superación de sus causas por la vía del diálogo y negociación con los movimientos insurgentes. A la vez, saben todos los colombianos que la política de paz inspirada y conducida por el señor Presidente de la República busca poner fin a toda forma de violencia, incluida la que desde hace años se ejerce ilegalmente por grupos de particulares como respuesta a la subversión.

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El señor Presidente de la República ha expresado con claridad que la lucha contra los grupos de autodefensa constituye un compromiso con el Estado de Derecho y forma parte sustancial de su política de paz y actúa de manera consecuente. Por ello ha dispuesto su combate frontal y las acciones que conduzcan al cese definitivo de sus operaciones y el desmantelamiento de sus estructuras militares. El Gobierno Nacional ha dado muestras claras de que son un perverso factor de guerra que debe erradicarse. Ese compromiso proviene de la convicción del Estado, es independiente del proceso de paz que se realiza con la insurgencia y no está condicionado a su desarrollo y resultados. En el cumplimiento de dicho objetivo y la prioridad que este Gobierno le ha dado, designó al señor Vicepresidente de la República para que personalmente coordine las acciones que permitan obtener la meta señalada. Así mismo el Consejo Nacional de Inteligencia, que preside el Ministro del Interior, se ha dedicado en forma sistemática durante todas sus sesiones más recientes, a poner en marcha dicha política con el concurso de todos los Organismos de Inteligencia del Estado. Adicionalmente, tal vez ustedes no conocen la Directiva Presidencial No. 03 del 15 de octubre de 1998, mediante la cual el Presidente de la República establece la política gubernamental en relación con los grupos paramilitares, razón por la cual me permito enviarles un ejemplar. No nos hemos quedado en la retórica; hay resultados concretos, que son la respuesta de las acciones conjuntas del Estado. Su labor ha sido con la participación activa de los Organismos del Gobierno y en especial de la Fiscalía General de la Nación, lo cual nos permite señalar hechos concretos en la lucha contra el paramilitarismo: 70 3 82 298 225

Presos Presos vinculados a la Fuerza Pública Medidas de aseguramiento Órdenes de captura

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Sentencias anticipadas y condenatorias Resoluciones de acusación

En cuanto a las acciones disciplinarias, la Procuraduría General de la Nación está llevando a cabo las investigaciones respectivas. El señor Presidente de la República y su equipo de Gobierno recibimos con sorpresa y desconcierto la carta pública que le dirigió el Secretariado General de las FARC el día de ayer, en la que sujeta la continuación de los diálogos de paz a “resultados satisfactorios contra el paramilitarismo”. También para esa organización es clara la voluntad del Gobierno de buscar el desmantelamiento de los grupos de autodefensa y justicia privada y son conocidos los grandes esfuerzos que realiza el Estado en su conjunto para hacerles frente. La acción de estos grupos atenta contra el proceso de paz que el Gobierno Nacional y los grupos insurgentes hemos emprendido. Para que la paz impere sobre la violencia es necesario demostrar la firmeza en el propósito de la reconciliación, lo que se concreta en la consolidación de la mesa de los diálogos, es decir, fortaleciendo y no debilitando el camino del entendimiento. Con esa convicción el Gobierno Nacional acudirá a la cita que está convenida para continuar la búsqueda de la paz, el próximo 24 y 25 de enero. No será el Gobierno quien ponga a los colombianos ante el riesgo de una nueva frustración. Colombia y la Comunidad Internacional lo que está esperando es que se expongan en la Mesa de Diálogo que conduzca a la negociación, los programas y propuestas que permitan trabajar en la construcción de un Estado donde prevalezca la equidad y la justicia social. El Gobierno los invita a demostrarle a la Nación y al mundo que es más poderosa la fuerza de la razón que las razones de la fuerza.

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz

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POSICIÓN DEL GOBIERNO NACIONAL FRENTE A LAS AUTODEFENSAS DE COLOMBIA (AUC): COMUNICADO Santa Fe de Bogotá, D.C., 19 de enero de 1999

1. El gobierno Nacional ha manifestado y reitera su voluntad de comprometer todos los recursos al alcance del Estado para hacer frente a los grupos de autodefensa y justicia privada que operan actualmente en el territorio nacional. Así lo hace consciente de que el uso de las armas corresponde de manera exclusiva al Estado y que nadie puede usurparlas para hacer justicia por mano propia. Su manifestada pretensión de apoyar las instituciones democráticas, obtener la recuperación de territorios o luchar contra la subversión, son argumentos que el Gobierno Nacional rechaza enfáticamente en toda circunstancia. 2. La voluntad de la actual Administración es poner fin a todas las formas de violencia que golpean a la sociedad colombiana desde hace décadas, incluida la que ejercen los grupos de autodefensa y justicia privada en reacción al fenómeno insurgente. La violencia solo trae más violencia. 3. La cruenta ofensiva realizada en los días pasados por los grupos de autodefensa y justicia privada ratifica, una vez más, que su existencia constituye uno de los más graves y perversos factores de degradación del conflicto armado. No existe ninguna razón válida para justificar el repudiable atentado contra la vida de personas indefensas que no participan en las hostilidades militares. Esos asesinatos no solo constituyen una grave violación del Derecho Internacional Humanitario, confesada por ellos públicamente, sino que además son crímenes de guerra que ofenden en lo más profundo la conciencia de los colombianos y de la humanidad. HECHOS DE PAZ V

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4. Se ha dispuesto la intensificación del combate contra los grupos de autodefensa y justicia privada con total independencia del proceso de paz iniciado con los movimiento insurgentes, sobre el entendido de que su desmantelamiento es una tarea que corresponde lograr exclusivamente al Estado y que esa obligación no está ni estará sujeta al desarrollo y los resultados del proceso de diálogo y negociación con la insurgencia. 5. El Gobierno ha mostrado su disposición de llevar a cabo acciones que conduzcan a establecer las condiciones para el cese definitivo de sus operaciones y el desmantelamiento de sus estructuras militares. Son solamente éstos los términos y alcances de la oferta hecha por el Gobierno Nacional y su posibilidad está condicionada al compromiso inequívoco y verificado de poner fin a las infracciones del Derecho Internacional Humanitario.

Víctor G. Ricardo (Firmado) Alto Comisionado para la Paz.

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CARTA DE LAS AUTODEFENSAS UNIDAS DE COLOMBIA AL alto comisionado para la paz, VÍCTOR G. RICARDO

Doctor: Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz Santa Fe de Bogotá, D.C.

Con desconcierto conoce el País sus últimas “gestiones de paz” adelantadas con la guerrilla, dándoles a conocer un detallado informe sobre los resultados del Gobierno en la lucha contra las Autodefensas; informe que no solamente contiene apartes de la reserva del sumario en los procesos que se adelantan contra los AUC, sino que pone en el patíbulo frente a la guerrilla a los familiares de centenares de colombianos antisubversivos. Todo indica, según su actitud, que es menos condenable alzarse en armas para intentar destruir la Nación colombiana, que oponerse a esto, como la hace el Movimiento de Autodefensas. La concertación no es para que guerrilla y Gobierno ataquen a otros colombianos, la concertación es para la convivencia nacional. La guerrilla es la mayor convencida de que no somos Paraestatales, ni Paramilitares, no se les puede hacer el juego en su pretensión de que Autodefensas y Gobierno se destruyan mutuamente mientras ellos radicalizan sus posiciones.

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Lo ideal en sus gestiones de paz es mostrarle al país resultados concretos en los diálogos con la subversión y que las FF.AA. muestren sus resultados en la lucha contra la guerrilla. Mientras no se conozcan estos resultados, el Movimiento Nacional de Autodefensas continuará firme en su convicción irrenunciable de no abandonar nuestra lucha antisubversiva. Las Autodefensas no somos un obstáculo para la paz, es por ella que luchamos, pero es inconcebible que la generosidad de un Gobierno sea ilimitada frente a una guerrilla que no da muestras de reciprocidad.

Autodefensas Unidas de Colombia - AUC

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Informe de avance de la política de protección de los Derechos Humanos

I. Diseño de una Política Integral En la actualidad y en desarrollo de lo expuesto por el señor Vicepresidente de la República el pasado 10 de diciembre, con ocasión de la celebración de los 50 años de la declaración universal de los Derechos Humanos, la oficina de la Alta Consejería viene trabajando en forma coordinada con los Ministerios de Justicia, Interior, Defensa, Relaciones Exteriores, y Trabajo, y con la oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el diseño de una política integral de gobierno de protección a los Derechos Humanos. La política que se persigue será integral en razón de la dependencia recíproca que existe entre todas las llamadas generaciones de derechos humanos, por ello se trabaja con instancias como el ministerio del Trabajo y Seguridad Social, y más adelante con los Ministerios de Educación, Cultura y Comunicaciones. No obstante, y dadas las circunstancias del conflicto armado y de violencia generalizada que se vive en el país, la protección de los derechos fundamentales a la vida, integridad, dignidad y libertad de los colombianos, serán objeto de una especial prioridad. El carácter integral de la política de protección de los Derechos Humanos busca, igualmente, que ella sea entendida como una perspectiva que atraviesa toda la acción del Estado y que le da sentido a toda su gestión. La política integral tendrá como sus objetivos básicos de acción los siguientes:

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1. Fortalecer una sólida cultura de respeto a los derechos humanos. 2. Consolidar mecanismos institucionales de protección de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. 3. Continuar las acciones para erradicar la impunidad en materia de DD HH y del DIH. 4. Reducir los niveles de violaciones a los derechos humanos y al DIH. 5. Mantener abierta una disposición al diálogo con la insurgencia armada en procura de una paz negociada. 6. Promover la concertación en la acción entre las distintas agencias del Estado que prestan servicios básicos a la comunidad, en orden a producir una política coherente, integral y participativa en materia de derechos humanos y de DIH. 7. Diseñar los mecanismos que permitan identificar los avances y obstáculos, de manera periódica y sistemática, de las políticas de respeto a los derechos humanos y al DIH. 8. Incrementar la difusión entre la opinión pública de los mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos y del DIH. 9. Coadyuvar al cumplimiento de los compromisos internacionales en esas materias. 10. Promover la colaboración entre el sector público y la sociedad civil, a través de los mecanismos institucionales y legales existentes para fortalecer la protección de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

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II. Desarrollos Puntuales Con respecto a los lineamientos esbozados en la intervención aludida del señor Vicepresidente, se han hecho avances en los siguentes temas: Paramilitarismo • Bajo la coordinación del Ministerio del Interior se aprobó por parte del Consejo Nacional de Inteligencia el pasado 23 de diciembre, el Plan Estratégico Nacional contra los grupos armados privados, cuyo objetivo es capturar a los principales jefes de dichos grupos y desmantelar sus organizaciones. • Se continúa con la política de eliminación de las antiguas cooperativas de seguridad Convivir por parte de la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, siguiendo las pautas del Decreto 2974/97. De las 414 antiguas Convivir, actualmente sólo 23 se ajustaron a los requisitos de dicho decreto y tienen licencia de funcionamiento, trece de ellas ubicadas en Antioquia. (Suspendidas y canceladas 304, dejaron vencer sus permisos y no renovaron 89. Solicitaron licencia 83, de las cuales sólo 2 han obtenido licencia). Estas nuevas organizaciones no se denominan Convivir, sino Servicios Especiales de Seguridad y Vigilancia Privada.

La Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada, de acuerdo a los procedimientos contemplados en la ley, sancionó a 8 de las anteriores Convivir por violaciones a los Derechos Humanos. Hay que anotar que desde que entró en vigencia el decreto 2974/97 no se han presentado sanciones a las 23 nuevas organizaciones.

• En la actualidad las Fuerzas Armadas estudian y analizan la posibilidad de adoptar en su seno el mecanismo de suspensión temporal consagrado para la Policía Nacional en el Decreto 573 de 1995, por sus excelentes resultados en la depuración de esa institución de agentes con conductas y acciones irregulares.

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Desarrollos legislativos 1. El proyecto de ley sobre desaparición forzada y delitos de lesa humanidad, se encuentra en la actualidad para su aprobación en la Cámara de Representantes. El Ministro de Justicia adelanta gestiones con las directivas de la Cámara para que su estudio esté entre los primeros temas en el orden del día cuando se inicien las sesiones ordinarias del Congreso el próximo 16 de marzo. Existe un amplio ambiente favorable para la aprobación de este proyecto de ley.

La razón por la cual fue retirado del temario de las sesiones extraordinarias se debió básicamente a que era preciso enviar al Congreso las medidas adoptadas en el Estado de Emergencia originadas por el terremoto de la zona cafetera, y por la exigencia de la constitución de presentar el Plan de Desarrollo. De otro lado, en las próximas sesiones ordinarias no se envía mensaje de urgencia por cuanto se le dará prioridad al proyecto de ley que remplaza la Justicia regional.

2. El proyecto del nuevo Código Penal Militar, se encuentra para estudio de las plenarias de Cámara y Senado, ya que las respectivas comisiones lo aprobaron en forma conjunta en diciembre de 1997.

Es pertinente anotar que la expedición de este nuevo código forma parte del acuerdo político nacional, suscrito recientemente por iniciativa del presidente Pastrana con las diferentes fuerzas políticas del país, lo cual asegura su pronta aprobación en el Congreso.

De otro lado, y bajo la coordinación de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, se conformará un grupo de estudio conformado por funcionarios expertos en el tema de los Ministerios de Justicia, Interior, y Defensa, y de la Alta Consejería de Derechos Humanos, que presente a la mayor brevedad posible un informe sobre los alcances jurídicos del proyecto de Código para la consideración del Presidente y los titulares de aquellos ministerios. Ello con el fin de tener una mayor claridad sobre el tema que sirva para impulsar su aprobación.

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3. Ley órganica de justicia que reemplaza la justicia regional. Este proyecto ya fue presentado por el Ministerio de Justicia al Congreso el pasado noviembre. En las próximas sesiones ordinarias del legislativo el gobierno enviará un mensaje de urgencia sobre este proyecto con el fin de que sea aprobado antes de junio del presente año. Con ello se daría un importante paso en la eficiencia de la justicia y se dará uno definitivo en el desmonte de la controvertida justicia sin rostro. 4. Jueces de paz. El pasado 11 de febrero el Presidente sancionó la ley que crea los denominados jueces de paz, quienes serán una importante herramienta para la solución pacífica de conflictos menores en las zonas más apartadas del país, evitando así la apelación a la justicia privada por parte de los ciudadanos. Protección a los defensores de Derechos Humanos - El pasado martes 16 de febrero, el Presidente, conjuntamente con el Ministro del Interior y el Vicepresidente se reunieron con 10 representantes de ONG de Derechos Humanos para analizar la situación de sus defensores. Esta reunión fue solicitada por las ONG en reunión previa con el Ministro de Justicia. En desarrollo de la reunión se comprometieron las siguientes acciones: 1. El Ministro del Interior buscará recursos en el Ministerio de Hacienda para financiar el programa de protección a los defensores de Derechos Humanos calculado en $l0.000 millones. 2. El Presidente expedirá en los próximos días una nueva directriz relacionada con las declaraciones que los funcionarios públicos emitan sobre las ONG que trabajan en Derechos Humanos. De acuerdo con ella, dichos funcionarios deberán abstenerse de dar declaraciones enjuiciando a esas organizaciones como colaboradoras de la subversión o catalogando a sus miembros como ayudantes de la guerrilla, o haciendo alusiones indebidas que comprometan sus funciones.

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3. La Vicepresidencia adelantará en forma conjunta con las ONG una intensa campaña a través de los medios masivos de comunicación para reivindicar la importancia y legitimidad de las ONG que trabajan en la defensa y protección de los Derechos Humanos. La campaña incluirá espacios en el canal de televisión Señal Colombia y en la Radiodifusora Nacional. 4. Se agilizarán las investigaciones que en este momento se adelantan con respecto a los asesinatos cometidos contra defensores de derechos humanos. En particular se instalará formalmente el Comité de impulso de casos, creado por el gobierno nacional a comienzos de diciembre pasado.

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LINEAMIENTOS GENERALES PARA UNA POLÍTICA ESTATAL PERMANENTE CON RELACIÓN A LOS GRUPOS ARMADOS PRIVADOS

El conflicto armado que desde hace ya varias décadas padece la sociedad Colombiana se ha visto recrudecer en los últimos años a extremos inaceptables en el mundo contemporáneo. La degradación que ha sufrido el enfrentamiento en diferentes regiones del país produce una violación persistente de la gran mayoría de los derechos humanos de las poblaciones ubicadas en tales lugares. Las investigaciones adelantadas por distintas organizaciones, tanto estatales como no gubernamentales, coinciden en señalar que los grupos armados privados “llamados comúnmente como paramilitares” son los autores del mayor porcentaje (más del 70%) de violaciones de los derechos humanos de la población civil y del derecho internacional humanitario. Estos grupos, resultado de la combinación de una serie de factores políticos, económicos, y sociales que han tenido lugar en las dos últimas décadas en el país, y, que en principio tuvieron como objetivo defenderse del accionar de la guerrilla, han ido ampliando sus acciones enfrentando a los diferentes órganos del estado encargados de sancionarlos, alimentando así la espiral de violencia en que se encuentra sumida la nación. Hoy en día varios grupos armados privados se han venido organizando con pretensiones de constituirse en un movimiento nacional con fines políticos; su accionar, sin embargo, sustentado en la debilidad del Estado para proteger eficazmente a la población de las zonas rurales, es abiertamente ilegal por cuanto contradice el principio del monopolio de las armas por parte de aquel. Con el argumento de apoyar la lucha contrainsurgente, HECHOS DE PAZ V

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los grupos armados privados han venido cometiendo toda clase de delitos contra la población civil, especialmente contra aquellos que señalan arbitrariamente como colaboradores de la guerrilla. Estos actos, sin embargo, lejos de ser una solución a la existencia de la guerrilla, lo que generan es un mayor incremento del conflicto armado y la violencia. La estrategia de amedrentamiento hacia la población civil en las zonas de influencia de los movimientos subversivos, se basa en la comisión de masacres selectivas y de terror violatorias de los derechos humanos y de las prescripciones mínimas contempladas en las normas del derecho internacional humanitario. Los grupos armados privados, cualesquiera que sean sus orígenes y sus fines, se constituyen en un gravísimo obstáculo para la paz en Colombia y en una amenaza para la soberanía del estado que no puede ser aceptada bajo ninguna consideración o motivación. Por ello, es un deber del Estado en su conjunto combatir por todos los medios que dispone la ley la existencia de esos grupos y castigar sus miembros, así como fortalecer su presencia institucional en todo el territorio nacional para evitar que los ciudadanos acudan a cualquier forma ilegal de defensa o de lo que erróneamente y cínicamente se llama aplicación de justicia. El gobierno nacional impulsará, en consecuencia, una política estatal de lucha contra tales grupos armados privados que se orientará de acuerdo con los siguientes lineamientos: l. Lucha frontal contra los grupos armados privados Bajo la dirección del Ministerio del Interior, el gobierno nacional pondrá en marcha el Plan Estratégico Nacional contra los grupos armados privados aprobado por el Consejo Nacional de Inteligencia el 23 de diciembre de 1998. Para una mayor eficacia del plan se creará un Comité Técnico de Planeación y Análisis de Inteligencia. El plan tendrá como misión principal combatir las diferentes modalidades de "grupos de justicia privada", y sus objetivos serán la captura de los

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cabecillas y miembros de esas organizaciones y el desmantelamiento de las mismas. 2. Marginamiento de la población civil del conflicto armado El gobierno evitará por todos los medios que la población civil se involucre en tareas defensivas u ofensivas que deban adelantar exclusivamente las fuerzas estatales de seguridad en las diferentes regiones del país. Para tales efectos la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con la colaboración de la Defensoría del Pueblo, agilizará el desmonte definitivo de los servicios especiales de seguridad, y demás organizaciones que violen los derechos humanos, de acuerdo con la Directiva Presidencial 03 de octubre 15 de 1998 y en el marco de la legislación vigente al respecto. El gobierno nacional a través del Programa para la Convivencia y Seguridad Ciudadana y el Delito, trabajará en el diseño de una política de seguridad basada ante todo en actividades preventivas y de solidaridad social, que le permitan a la población civil colaborar debidamente con las fuerzas de seguridad en garantizar la protección eficaz de los derechos y libertades fundamentales. (De todas formas, los esquemas de seguridad privada armados no forman parte de la estrategia estatal contrainsurgente.) 3. Fortalecimiento de la administración de justicia y de participación ciudadana en la misma Para fortalecer la administración estatal de justicia, el gobierno reforzará las políticas de persecusión de la criminalidad organizada al tiempo que implementara instancias de resolución de conflictos que involucren a la comunidad en la solución pacífica de sus diferencias, de modo que el ciudadano acceda con confianza a los aparatos legítimos de administración de justicia, desestimulando así la apelación a otras formas de solución. En cuanto al primero de los anteriores objetivos, el Ministerio de Justicia y del Derecho impulsará la aprobación por el Congreso de la República de un sistema judicial que reemplace el de la justicia regional y que se encargue del conocimiento y juzgamiento de delitos de lesa humanidad y

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de narcotráfico. (Los proyectos de ley que contienen este sistema fueron presentados por el Ministerio al Congreso en noviembre pasado.) Se busca que la criminalidad vinculada a hechos punibles gravemente atentatorios de los derechos humanos sea perseguida por un cuerpo de jueces y fiscales especializados en este tipo de delitos, que gocen de protección especial del Estado, y que a su vez estén en capacidad de brindarla a los testigos e intervinientes en los procesos adelantados contra los autores de genocidios, masacres, etc. Con respecto al segundo objetivo, se cuenta con la próxima entrada en vigencia de la ley que crea los Jueces de Paz, instrumento con el que se espera contribuir a la solución pacífica de conflictos y a legitimar la capacidad de respuesta del Estado a las demandas de justicia de los colombianos. Se trata de fortalecer la justicia alternativa -jueces de paz, conciliación en equidad, centros de conciliación- como mecanismos de participación de los ciudadanos habilitados para la prestación de servicios jurídicos y de contribución a la creación de una cultura de paz en las relaciones cotidianas de los colombianos. 4. Lucha contra la impunidad y apoyo a sanciones ejemplarizantes El gobierno nacional, por medio de los Ministerios del Interior y de Justicia y del Derecho y según la Directiva Presidencial No. 03, promoverá y apoyará la expedición por parte del Congreso de la República de todas aquellas leyes y códigos que buscan tipificar penalmente la desaparición forzada y las demás conductas que de forma reiterada son llevadas a cabo por parte de los grupos armados privados (masacres, desplazamiento forzado e infracciones al DIH). De la misma forma, y a través de las distintas comisiones de protección de los Derechos Humanos, seguirá prestándole toda la ayuda posible a los diferentes órganos del Estado encargados de perseguir y sancionar a quienes cometan violaciones a los derechos humanos, y a aquellos que promuevan grupos armados privados. Por su parte, las Fuerzas Armadas velarán permanentemente para evitar cualquier tipo de vinculación de su personal con los grupos armados pri-

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vados y procederán con la mayor eficacia y rigurosidad, de acuerdo con los procedimientos establecidos en la ley, a sancionar a aquellos de sus agentes sobre los cuales se tengan pruebas de tener conexiones con dichos grupos. Cuando estos eventos ocurran los altos mandos serán explícitos y contundentes en condenar esos actos con el fin de no dejar lugar a equívocos de su voluntad de combatir a los grupos armados privados, tanto hacia la sociedad como hacia el interior de sus fuerzas. El gobierno nacional impulsará el fortalecimiento y profesionalización de las Fuerzas Armadas, según los lineamientos expuestos por el Vicepresidente de la República en su discurso del pasado 10 de diciembre de 1998, con el fin de garantizar que la defensa del estado de derecho y el ejercicio de la fuerza sólo la realicen las autoridades legítimamente constituidas. En todas sus actuaciones el gobierno reforzará la presencia institucional del estado en las distintas regiones del país para garantizar el monopolio de la fuerza legítima. Siendo como son los grupos armados privados un factor gravísimo del conflicto armado en Colombia, la paz no se concibe sin su desmantelamiento y desarme total, lo que se hará utilizando todos los instrumentos legales vigentes y como una responsabilidad exclusiva del Estado.

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CARTA al ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ DE LAS AUTODEFENSAs uNIDAS DE COLOMBIA RATIFICANDO SU POSICIÓN

Montañas de Colombia, 23 de enero de 1999

Doctor Víctor G. Ricardo Alto Comisionado para la Paz Santa Fe de Bogotá

Con desconcierto conoce el país sus últimas "gestiones de paz" adelantadas con la guerrilla, dándoles a conocer un detallado informe sobre los resultados del Gobierno en la lucha contra las autodefensas, informe que no solamente contienen apartes de la reserva del sumario en los procesos que se adelantan contra las AUC, sino que pone en el patíbulo frente a la guerrilla a los familiares de centenares de colombianos antisubversivos. Todo indica, según su actitud, que es menos condenable alzarse en armas para intentar destruir la nación colombiana, que oponerse a esto, como lo hace el movimiento de autodefensas. La concertación no es para que guerrilla y gobierno ataquen a otros colombianos, la concertación es para la convivencia nacional. La guerrilla es la mayor convencida de que no somos para-estatales, ni paramilitares. No se les puede hacer el juego en su pretensión de que autodefensas y gobierno se destruyan mutuamente mientras ellos radicalizan sus posiciones.

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Lo ideal en sus gestiones de paz es mostrarle al país resultados concretos en los diálogos con la subversión y que las FFAA muestren sus resultados en la lucha contra la guerrilla. Mientras no se conozcan estos resultados, el movimiento nacional de autodefensas continuará firme en su convicción irrenunciable de no abandonar nuestra lucha antisubversiva. Las autodefensas no somos un obstáculo para la paz, es por ella que luchamos pero, es inconcebible que la generosidad de un gobierno sea ilimitada frente a una guerrilla que no da muestra de reciprocidad.

AUTODEFENSAS UNIDAD DE COLOMBIA –AUC POR UNA COLOMBIA LIBRE Y EN PAZ - AUC

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COMBATE CONTRA LOS GRUPOS DE AUTODEFENSA

La política nacional contra los grupos de autodefensa es una política de Estado. Se adelantará a partir de dos ejes complementarios: el primero, tendiente a combatir de manera directa y efectiva sus acciones y el segundo, de carácter disuasivo, dirigido al desmantelamiento de los factores que inciden en el surgimiento y desarrollo de tales grupos.

I. Políticas dirigidas directamente contra los Grupos de Autodefensa 1. Centro de Coordinación de la Lucha contra los Grupos de Autodefensa Se creará un Centro de Coordinación, que articule la gestión de inteligencia de las Fuerzas Militares (Ejército, Armada y Fuerza Aérea), la Policía Nacional, la Fiscalía, la Procuraduría, el Ministerio del Interior y el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El Centro de Coordinación identificará la ubicación de los grupos de autodefensa y colaborará en el diseño del plan operativo militar correspondiente, cuya ejecución estará a cargo de las unidades operativas y tácticas con jurisdicción en la región. Este Centro contará con un banco de datos, análisis estadísticos y geográficos, además de la capacidad logística y administrativa requerida.

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El Centro contará con una junta central de coordinación, seguimiento y control, bajo la presidencia de un funcionario del más alto nivel político. Estará integrado por: El Vicepresidente de la República o un delegado El Ministro de Defensa o un delegado El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado El Director de la Policía Nacional o su delegado El Director del Departamento Administrativo de Seguridad o su delegado El Fiscal General o su delegado El Procurador General o su delegado 2. Apoyo a la Fiscalía General de la Nación Apoyará a la Fiscalía, mediante asignación de recursos financieros y acompañamiento, en la labor encaminada a la investigación de casos que involucren a miembros de grupos paramilitares, y en especial, a la Unidad de Derechos Humanos. Como dispositivo de lucha complementaria contra los grupos de autodefensa, se contará con un Grupo de Apoyo Operativo a la Fiscalía para la ejecución de las órdenes de captura, integrado por personal especializado de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y el DAS. 3. Sistema de alerta temprana Se diseñará y pondrá en marcha un sistema de alerta temprana, con el fin de prevenir la ocurrencia de masacres. 4. Acuerdos humanitarios Apoyará la suscripción de acuerdos de carácter humanitario con los grupos de autodefensa, con el propósito de aliviar los padecimientos de la población civil.

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II. Políticas complementarias 1. Modernización de la Fuerza Pública Para la recuperación del monopolio de la fuerza por parte del Estado, disputado y colocado en tela de juicio por el accionar de los grupos de autodefensa, el Gobierno desarrollará las siguientes acciones: - El Presidente de la República ejercerá un fuerte liderazgo en la lucha contra los grupos de autodefensa, para lo cual cuenta, entre otros recursos, con la facultad constitucional propia de su condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, de llamar a calificar servicios. - Con base en un procedimiento análogo al existente en la Policía Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares podrá desvincular del servicio activo, mediante decisión discrecional, a integrantes de las distintas Fuerzas, en razón de su ineficiente o insatisfactorio desempeño en la lucha contra los grupos armados al margen de la ley. - Dentro de los criterios para los ascensos de los miembros de la Fuerza Pública, así como para su rotación y adscripción a unidades, se tendrán especialmente en cuenta su desempeño respetuoso de los derechos humanos y su eficacia en las acciones perpetradas contra los grupos armados al margen de la ley. - Se intensificarán, dentro de la Fuerza Pública, los programas pedagógicos en materia de derechos humanos y de Derecho Internacional Humanitario, en orden a propiciar el absoluto respeto de la población civil, en el marco de la confrontación armada. - Fortalecerá, en primera instancia, la presencia de la Fuerza Pública en las regiones donde han actuado los grupos de autodefensa, y asegurará la prestación de servicios básicos por parte de las instituciones estatales.

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2. Lucha contra el narcotráfico Fortalecerá la lucha contra los narcotraficantes, en las regiones donde sus nexos con los grupos de autodefensa son más directos, a través de medidas policivas, como la ejecución de órdenes de captura, medidas económicas, como la extinción de dominio de propiedades obtenidas por medios ilícitos y medidas financieras, como el control de cuentas bancarias. 3. Desmantelamiento de apoyos sociales - Propiciará la creación de espacios de diálogo con la dirigencia política y económica regional y local, en orden a crear conciencia sobre las graves consecuencias de conferir funciones propias del Estado a particulares. - Brindará asistencia a los sectores campesinos víctimas de la guerrilla, a través de asistencia económica y social, con el propósito de desestimular eventuales apoyos de estos sectores a los grupos de autodefensa. - Mantendrá espacios de interlocución con las organizaciones sociales conformadas por sectores campesinos, con el fin de promover la superación de las insuficiencias de atención a sus necesidades básicas y de seguridad y de propiciar un clima de distensión. 4. Humanización del accionar de la guerrilla Impulsará la suscripción de acuerdos humanitarios con las organizaciones insurgentes, con el propósito de suprimir prácticas graves en contra de la población, que generan fuertes reacciones sociales tendientes a proporcionarse seguridad y justicia por mano propia. Los acuerdos a los que se ha hecho referencia deben contemplar la puesta en marcha de veedurías que hagan seguimiento al cumplimiento de los mismos.

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5. Otras medidas - Fortalecerá las Procuradurías Delegadas para las Fuerzas Militares y para los Derechos Humanos. - Promoverá la discusión sobre el fenómeno de los grupos de autodefensa en los consejos de seguridad departamentales y municipales, así como la adopción de medidas concretas en su contra a nivel departamental y municipal. III. Desmonte de los Servicios Especiales de Vigilancia y Seguridad Privada Armados Se desmontarán los servicios especiales de vigilancia y seguridad privada armados. La razón es la voluntad del Estado de ejercer el monopolio sobre las armas, evitar la confusión sobre la calidad de no combatientes de la población civil e impedir que las acciones de estos servicios armados autorizados puedan apoyar o confundirse con las acciones delictivas de los grupos de autodefensa. En consecuencia, el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada: a. Se abstendrá de expedir o renovar licencias de funcionamiento para estos servicios; b. Ejercerá estricta vigilancia sobre la observancia de los deberes y obligaciones, así como de las disposiciones legales y reglamentarias, por aquellos servicios que tengan licencia vigente y suspenderá o cancelará dicha licencia en caso de incumplimiento de aquéllos. Además se observará una estricta observancia de la utilización de las armas y de la forma como ejercen sus funciones los servicios autorizados de los departamentos de seguridad.

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Paz V-VI Parte 1