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REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS ESCUELA DE DERECHO

Carlos Marapacuto CI: V-13.785.799

Abril, 2018


ANÁLISIS TÉCNICO SENTENCIA

Magistrado Ponente: EMIRO GARCÍA ROSAS Exp. Nº 2011-0988 En su parte Narrativa la presente sentencia denota que: “Mediante escrito presentado el 3 de mayo de 2012, por los apoderados judiciales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, solicitaron aclaratoria de la sentencia N° 00333 dictada por esta Sala en fecha 17 de abril de 2012 y publicada el 18 de ese mismo mes y año, que resolvió el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano José Rafael GUTIÉRREZ CHIRINOS, contra la Resolución N° 01-00-000060 del 3 de marzo de 2011, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración incoado en fecha 1 de diciembre de 2010, contra la Resolución N° 01-00-000312 del 30 de septiembre de 2010, con la que se destituyó al referido ciudadano del cargo de “Profesor Asistente a dedicación exclusiva y Profesor de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela Eje Falcón o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando”. El 8 de mayo de 2012 el apoderado judicial de la parte recurrente, solicitó que desestime la aclaratoria requerida, ya que considera “que la Contraloría pretende que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo se pronuncie nuevamente sobre lo ya decidido de manera clara, sencilla y precisa”. Por otra parte en su parte Motiva se establece que: Mediante sentencia N° 00333 de fecha 17 de abril de 2012, se faculta al máximo órgano contralor para imponer tres tipos de sanciones: primera: La suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de


veinticuatro (24) meses; segunda: La destitución; tercera: La inhabilitación para el ejercicio de las funciones públicas hasta por un máximo de quince (15) años. Por lo que resulta claro que cuando la norma establece que el Contralor General de la República “podrá” acordar la suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo o la destitución del declarado responsable, se refiere al cargo que ocupaba el sujeto objeto de control fiscal en el organismo donde sucedieron los hechos que le merecieron la declaración de responsabilidad administrativa y la aplicación de la sanción de suspensión o destitución, y no de cualquier otro cargo que este pudiera estar desempeñando posteriormente; de allí que a juicio de esta Sala la sanción impuesta por la Contraloría General de la República al ordenar la destitución del ciudadano José Rafael GUTIÉRREZ CHIRINOS del cargo de “Profesor Asistente a dedicación exclusiva y Profesor de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela Eje Falcón o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando”, carece de fundamento legal, pues la potestad de aplicar la sanción de destitución “de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando”, como en efecto se produjo en este caso al destituirse al recurrente de un cargo distinto al que ejercía al momento de la actuación fiscal del órgano contralor estadal, no se encuentra prevista entre los supuestos establecidos en el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, aplicable ratione temporis. Por las anteriores razones, la Sala declara con lugar el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano José Rafael GUTIÉRREZ CHIRINOS, contra la Resolución N° 01-00-000060 del 3 de marzo de 2011y Consecuencialmente se declara la nulidad de ese acto. Así mismo En escrito de fecha 3 de mayo de 2012, las abogadas Inés del Valle MARCANO VELÁSQUEZ y Linda Carolina AGUIRRE ANDRADE y los abogados Carlos Luis MENDOZA GUYÓN y Ricardo Isaac MÁRQUEZ SÁNCHEZ,


fundamentaron su solicitud de la siguiente manera: “En la parte motiva de la referida decisión, relativo a la „Violación del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la defensa y debido proceso por ausencia de tipicidad”, esta Sala, entre otros particulares, sostuvo al respecto que: la Sala no es clara en la interpretación que efectúa sobre el contenido del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría, en este sentido es claro y evidente, que la inmediata aplicación de las sanciones accesorias previstas en el artículo 105 se ven afectadas. La presente solicitud, como se indicó anteriormente, se contrae a la aclaratoria de la sentencia identificada, con relación al lapso procesal del cual disponen las partes para solicitar las aclaratorias y ampliaciones del fallo, esta Sala se ha pronunciado en otras oportunidades en el sentido de que los referidos lapsos deben preservar el derecho al debido proceso y a una justicia transparente, consagrados en la vigente Constitución, y no constituir por su extrema brevedad, un menoscabo al ejercicio de dichos derechos. En tal sentido, se advierte que la sentencia objeto de aclaratoria fue publicada el 18 de abril de 2012, mientras que esta (la aclaratoria) fue propuesta mediante escrito consignado en fecha 3 de mayo de 2012, es decir, al quinto día de despacho siguiente a la publicación de la sentencia, por lo que en aplicación del criterio antes transcrito la Sala considera que la solicitud fue interpuesta tempestivamente. Así se declara. Establecida la tempestividad de la solicitud bajo examen, la Sala decidió con lugar el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano José Rafael GUTIÉRREZ CHIRINOS, contra la Resolución N° 01-00-000060 del 3 de marzo de 2011, dictada por la Contraloría General de la República, mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto en fecha 1 de diciembre de 2010, contra la Resolución N° 01-00-000312 del 30 de septiembre de


2010, en la que se destituyó al referido ciudadano del cargo de “Profesor Asistente a dedicación exclusiva y Profesor de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela Eje Falcón o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando”, y en consecuencialmente se declaró la nulidad. Para explicar mejor los motivos de tal interpretación, debe la Sala aclarar que sea por razones estatutarias o como consecuencia del ejercicio de control fiscal, cuando se habla de destitución se hace referencia a la situación por la cual un funcionario, siendo de carrera o no, se le desvincula de la relación de empleo público por haber incurrido en cualquiera de los supuestos establecidos en la ley como causales de la referida sanción. Por ello, insiste la Sala en que de la interpretación del artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, se deduce que tanto la sanción de suspensión del ejercicio del cargo sin goce de sueldo por un período no mayor de veinticuatro (24) meses como la destitución del declarado responsable, afectan solo el ejercicio del cargo en el que presta su función en el organismo donde cometió la infracción y no en otro, salvo que adicionalmente se le haya impuesto la sanción de inhabilitación, lo cual no ocurrió en el caso de autos, como se estableció en la sentencia cuya aclaratoria se solicita. La deducción que realizó la Sala es el resultado de una simple operación lógica, pues no podría esperarse que el legislador prevea en la norma que la suspensión o destitución del funcionario afecte solo la relación de empleo público en el organismo en el que cometió la infracción, como lo pretenden los


apoderados judiciales de la Contraloría General de la República, pues la redacción de la norma sería a todas luces tautológica y carente de técnica legislativa por encontrarse dicho supuesto sobreentendido. Por el contrario, si la intención del legislador hubiese sido que la sanción de destitución se extendiera a otros empleos públicos que posteriormente desempeñase la persona, como pretenden los referidos apoderados, este supuesto debería ser expreso en armonía con el mandato establecido en el ordinal 4° del artículo 49 de la Constitución de la República

Bolivariana

de

Venezuela,

que

establece

el

principio

constitucional “nullum crimen nulla poena sine lege”, aplicable también al derecho administrativo sancionador. Es por ello que esta Sala entendió que la Contraloría General de la República incurrió en un error de interpretación de la norma, ya que al momento de imponer la sanción se percató de que el funcionario ya no ocupaba el cargo de Director de la Oficina Regional de Información del Ejecutivo del Estado Falcón, en el que cometió la infracción (no acatar las recomendaciones del órgano contralor regional formuladas en un informe elaborado antes de que fuese designado en el cargo) y por el cual debió ser sancionado, decidió no destituirlo de ese cargo, sino del que en ese momento estaba ejerciendo (profesor Asistente a dedicación exclusiva y Profesor de Comunicación Social de la Universidad Bolivariana de Venezuela Eje Falcón); entonces, con esa información, decidió darle un alcance extraordinario a la sanción impuesta no prevista en la norma y destituirlo de ese “o de cualquier otro cargo público que pudiera estar desempeñando”. Con estedesiderátum, la Contraloría General de la República hizo írrito su acto administrativo.


En su parte dispositiva se concluye que: El

Tribunal

Supremo

declara IMPROCEDENTE la

de

Justicia,

solicitud

en

Sala

planteada

Político-Administrativa,

por

la CONTRALORÍA

GENERAL DE LA REPÚBLICA. ANÁLISIS INFERENCIAL Del análisis de la sentencia anterior se desprende en su parte narrativa una síntesis totalmente clara y precisa de la controversia presentada entre las partes, identificando tanto a los apoderados judiciales de la Contraloría general de la Republica, como a la parte recurrente y su apoderado judicial. En ese mismo orden de ideas en su parte motiva se denoto primeramente los antecedentes jurisprudenciales del caso en cuestión, así como lo establecido en la norma que guarda relación con la pugna establecida. Posteriormente se dictaron los autos respectivos realizando la solicitud de aclaratoria de la sentencia producto del caso inicial, fundamentando la misma con una motivación basada en el principio constitucional relativo a la inviolabilidad del derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, a la defensa y debido proceso por ausencia de tipicidad, así como también los alegatos respectivos de los apoderados judiciales de la Contraloría General de la República, declarando Los motivos de hecho y de derecho de la decisión antes prescrita. Una vez realizado el razonamiento jurídico a través del análisis de las consideraciones y fundamentos exhibidos en la controversia antes prescrita, se llegó a la parte dispositiva de la misma a través del pronuncia sobre peticiones de las partes, resolviendo mediante el debido proceso las incidencias, o cuestiones diversas del asunto principal del litigio, que eran necesaria dirimir por encontrarse


vinculadas y que pudieron haber surgido a lo largo del proceso jurisdiccional, llegando a la decisiรณn de improcedencia de la solicitud interpuesta, por motivo principal de tempestividad de la misma.

Carlos Marapacuto

LINK DE LA SENTENCIA:

https://vlexvenezuela.com/vid/guti-suspensi-resoluci-contralorrep-379536354

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