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MARCO REGULATORIO DE LA ABOGACÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES


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Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires Marco regulatorio de la abogacía de la provincia de Buenos Aires. - 1a ed adaptada. - La Plata : Caja de Abogados Provincia de Buenos Aires, 2016. Libro digital, PDF Archivo Digital: descarga y online ISBN 978-987-46394-1-7 1. Normativa Vigente. 2. Abogados. 3. Leyes . CDD 340.092

Impresa en Argentina Edición N° 1 Noviembre de 2016


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Prólogo Este libro se realizó con la intención de brindar al abogado una herramienta de consulta rápida y práctica. Contiene el marco regulatorio de la profesión, al que le agregamos algunas opiniones doctrinarias y el fallo Action Vis de la Corte Suprema, que resume una conquista de la histórica lucha de las Cajas Previsionales de la abogacía para defender el patrimonio que garantice nuestro futuro. En sus páginas, el lector podrá encontrar la ley 6716, donde se explica el régimen previsional del abogado, seguido por la ley 5177, respecto del ejercicio y reglamentación de la profesión de Abogado y Procurador; el Decreto-ley 8904, sobre la ley Arancelaria para Abogados y Procuradores; el Decreto 180/87 sobre el funcionamiento de los Colegios Departamentales; el artículo 125 de nuestra Constitución Nacional y los artículos 40 y 41 de la Provincial, los artículos 74, 74 bis y 75 del Código Contencioso Administrativo; las Normas de Ética Profesional que todos los abogados deben cumplir como servidores de la justicia y colaboradores de su administración y el Reglamento de nuestro Directorio. Incluimos además como apuntes de doctrina un apartado del Tratado de Derecho Administrativo donde el maestro Marienhoff se refiere al tema que nos ocupa, bajo el título: La Personalidad en el Derecho Administrativo (Estado y Administración Pública) y el comentario del Dr. Alberto Biglieri sobre la necesidad del Dictamen jurídico en los actos administrativos de los Colegios, Consejos y Cajas de Profesionales, para concluir el libro con el Fallo Action Vis de la Corte Suprema de la Nación. Este conjunto unificado de material, que resulta muy útil para la labor diaria, se replicará en versión digital, en coherencia con los tiempos de cambios en todos los órdenes del sistema jurídico respecto de los soportes con los que se difunden y sobre los que se trabaja. Hoy, llegamos a los colegas en esta edición impresa de un libro que aspira a situarse siempre a mano del abogado como testimonio de sus derechos y obligaciones para ejercer dignamente esta maravillosa profesión.

Dr. Daniel Mario Burke

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Índice Ley 6.716 - Régimen Previsional del Abogado Texto ordenado con las reformas de las leyes 8455, 10268 y 11625

Pág. 7

Ley 5.177 Texto ordenado por Decreto 2885/01

Pág. 23

Ley Arancelaria para Abogados y Procuradores Decreto-ley 8904/77

Pág. 65

Funcionamiento de los colegios departamentales Decreto 180/87

Pág. 76

Fuentes Constitucionales Artículo 125º de la Constitución Nacional y Artículos 40º y 41º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires.

Pág. 77

Control Jurisdiccional - Extracto de la Ley 12.008 Artículos 74, 74 bis y 75 del Código Contencioso Administrativo

Pág. 78

Normas de ética Profesional Vigentes desde el 1º de agosto de 1954

Pág. 80

Reglamento de Directorio Gobierno y administración de la Caja de Abogados

Pág. 88

Apuntes de Doctrina Naturaleza Jurídica, Doctrina Tratado de Derecho Administrativo de Marienhoff

Pág. 97

El control judicial de los actos de los Colegios, Consejos y Cajas de Profesionales. Dictamen jurídico obligatorio. Por Alberto Biglieri

Pág. 98

Jurisprudencia - Action Vis

Pág. 101

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Ley 6.716 RÉGIMEN LEGAL DE LA CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL PARA ABOGADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Texto actualizado del Texto Ordenado por Decreto N° 4771/95 de la Ley 6716 y con las modificaciones posteriores introducidas por las Leyes 12.259, 12.526.

CAPITULO I Institución ARTICULO 1°: La Caja de Previsión Social para Abogados, creada por la ley n° 5177, continuará funcionando con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley. ARTICULO 2°: La Caja tiene por objeto realizar un sistema de asistencia y previsión fundado en los principios de la solidaridad profesional, cuyos beneficios alcanzan a los abogados que actúan en la Provincia de Buenos Aires y a los Colegios que ellos componen; así como a los jubilados y causahabientes. La Provincia de Buenos Aires no contrae obligación alguna que se relacione con las emergentes del funcionamiento de la Caja. ARTICULO 3°: La Caja tiene su domicilio en la ciudad de La Plata. Los Colegios de Abogados Departamentales son agentes naturales de la misma en sus respectivas jurisdicciones. CAPITULO II DEL GOBIERNO Y DE LA ADMINISTRACION DE LA CAJA ARTICULO 4°: El gobierno y administración de la Caja serán ejercidos por un directorio, cuyos miembros se elegirán uno por cada Colegio Departamental de Abogados, cuando sus inscriptos no pasen de mil; dos por cada Colegio, cuyos inscriptos pasen de mil y no excedan de tres mil, y tres por cada Colegio, cuyos inscriptos pasen de tres mil abogados. La elección se hará en la asamblea convocada para la renovación de las autoridades de los Colegios. Durarán en el cargo cuatro años y podrán ser reelectos. Con los titulares se elegirá un número igual de directores suplentes que reemplazarán a aquellos en caso de ausencia accidental, temporaria o definitiva. La renovación se hará por mitades cada bienio o con uno más o uno menos alternativamente si el número total de miembros fuere impar, a cuyo efecto el directorio hará los sorteos necesarios si ya no estuvieren hechos. En caso de crearse otros Colegios, la duración del mandato de los nuevos directores, siendo más de uno, se decidirá por sorteo. La duración del mandato de los primeros directores de los nuevos Colegios que se crearen, se ajustará, no siendo más de uno, al juego de esta renovación bienal. ARTICULO 5°: Para ser director se requieren diez años de ejercicio profesional en la Provincia, y tener domicilio real en el Departamento Judicial que lo elija. Los abogados que se hubiesen acogido a la jubilación ordinaria podrán ser también directores. El cargo de director será incompatible con el de miembro de los consejos directivos de los Colegios y de los Tribunales de Disciplina. Se le declara carga pública, pudiendo excusarse los mayores de sesenta años, los que hayan desempeñado igual función en un período anterior y los jubilados. El Directorio dispondrá, no obstante ese carácter, el pago de viáticos. ARTICULO 6°: El Directorio procederá a elegir de su seno, por mayoría, un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, los que durarán dos años en sus funciones. El vicepresidente reemplazará al presidente en caso de ausencia temporaria o definitiva del mismo. A falta de ambos, como también en los casos de ausencia temporaria o definitiva del secretario y del tesorero, el Directorio designará los reemplazantes, interinos o por todo el tiempo hasta el final del período. Los directores suplentes, no lo son de los titulares en las mencionadas funciones.

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ARTICULO 7°: El Directorio tendrá plenitud de facultades para el gobierno de la Caja, la administración de sus bienes y la aplicación e interpretación de la presente ley, confeccionando los reglamentos pertinentes. El presupuesto que elaborará será anual, venciendo el ejercicio el 31 de enero de cada año. En dicha fecha se confeccionará la memoria y el balance general, los que serán remitidos a los Colegios de Abogados para conocimiento de sus respectivas asambleas anuales. ARTICULO 8°: El Directorio sesionará con la presencia de más de la mitad de sus miembros, salvo para resolver la reglamentación, creación, modificación o supresión de regímenes de beneficios, las inversiones de fondos, la enajenación de inmuebles, la confección de reglamentos y del presupuesto anual, y sobre los pedidos de reconsideración contra denegatorias de beneficios, en cuyos casos se requerirá la presencia de dos tercios de la totalidad de los miembros. Las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el presidente doble voto en caso de empate. Pero las decisiones sobre reglamentación, creación, modificación o supresión de beneficios, sobre inversiones de fondos, y las que resuelvan la concesión en cada caso de los beneficios jubilatorios, de pensiones y subsidios en caso de fallecimiento, necesitarán para ser aprobados, el voto favorable de más de la mitad de los miembros componentes del Directorio, no funcionando entonces el doble voto del presidente. ARTICULO 9°: El Directorio sesionará, por lo menos, mensualmente, en la forma en que el reglamento interno establezca. La sesión correspondiente al mes de feria judicial será facultativa. El presidente convocará a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o se lo requieran, por lo menos, tres directores. La ausencia de cualquier director a tres reuniones consecutivas, o cinco alternadas, sin causa justificada, autorizará al Directorio a sustituirlo por el suplente, sin otra formalidad. ARTICULO 10°: Las resoluciones del Directorio denegando la concesión de beneficios, serán susceptibles del pedido de reconsideración ante el mismo, dentro de los quince días hábiles de notificarse el interesado, y su rechazo dará lugar a la acción contencioso administrativa de conformidad con lo establecido en el código de la materia. ARTICULO 11°: El presidente o quien lo reemplazare es el ejecutor de las resoluciones del Directorio y el representante legal de la Caja, teniendo personería para representarla ante las autoridades administrativas y judiciales y con los terceros. Podrá delegar en los directores la ejecución de actos determinados y constituir apoderados especiales a los mismos efectos, mediante simple carta poder. El presidente y en su caso quien lo reemplazare, ejercerá la potestad disciplinaria sobre el personal administrativo de la Caja, pero la cesantía será atribución del Directorio. CAPITULO III De la capital de la Caja ARTICULO 12°: (Texto según Leyes 10.268 y 11.625) El capital de la Caja se formará: a) Con el diez (10) por ciento de toda remuneración de origen profesional que devenguen los afiliados y con el cinco (5) por ciento de esos mismos honorarios a cargo de las personas obligadas a su pago en los juicios voluntarios y con el diez (10) por ciento en los contradictorios. b) (Texto según Ley 11.625) Con una cuota anual obligatoria que los afiliados abonarán en el transcurso del año calendario. El monto de esta cuota lo fijará el Directorio en forma diferenciada teniendo en cuenta la edad del afiliado, la fecha de expedición del título y la valuación actuarial que surja como consecuencia del haber jubilatorio básico normal que el Directorio resuelva abonar. El pago de esta cuota se dará por cumplido cuando su importe se cubra con los aportes y contribuciones ingresados durante el mismo año calendario, en función de lo dispuesto por el inciso a) del presente artículo y en concepto de anticipo del artículo 13° o por acreditación de los excedentes a los que se refiere el artículo 38°. Quedan exceptuados del pago de la cuota los afiliados que se incapacitaren para el ejercicio profesional, siempre que la incapacidad se prolongare por noventa (90) días corridos o más, en el

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año calendario y se encontraren al día con las obligaciones con la Caja, previa acreditación de la incapacidad en la forma que determine la reglamentación. También quedan eximidos los afiliados que continuaran en el ejercicio de la profesión no obstante tener otorgada la jubilación ordinaria. El Directorio podrá dejar sin efecto esta exención para el goce de las prestaciones creadas o que se crearen por reglamentación. c) Con las cuotas que el Honorable Directorio resuelva establecer a cargo del afiliado o beneficiario para sostenimiento de la obra asistencial, las cuales podrán ser de carácter obligatorio o voluntario y uniformes o diferenciadas según los familiares a que esos servicios se hagan extensivos. d) Con el importe de los intereses y recargos que se impongan a los afiliados por infracciones a la presente ley y sus reglamentaciones, cuyas tasas y montos serán fijados anualmente por el Directorio. e) Con los intereses y frutos civiles de los bienes de la Caja. f) Con el importe de donaciones y legados. g) Con una contribución a cargo del obligado al pago de la Tasa de Justicia, del diez (10) por ciento de su importe, que se abonará conjuntamente con aquélla. En las actuaciones con intervención letrada ante el Tribunal Fiscal de Apelaciones será del dos por mil (2°/oo) del valor cuestionado.

ARTICULO 13°: (Texto según Leyes 10.268 y 11.625) Al iniciar su actuación profesional en todo asunto judicial o administrativo, con la única excepción de las gestiones que no devenguen honorarios, el afiliado deberá abonar como anticipo y a cuenta del diez (10) por ciento a su cargo que fija en inciso a) del artículo anterior, la cantidad de un "jus previsional" cuyo valor monetario móvil representará una suma que no podrá ser superior a un 3 % del monto de la jubilación ordinaria básica normal. Al hacer efectivo el mencionado aporte del diez (10) por ciento el afiliado deducirá la suma abonada por este anticipo actualizada al valor del "jus previsional" vigente a esa fecha. En ninguna oportunidad ni bajo concepto alguno procederá la devolución total o parcial de la suma percibida como anticipo de aporte, salvo el caso de pago por error. ARTICULO 14°: (Texto según Ley 11.625) Plazo para el depósito de aportes y contribuciones. Los aportes y contribuciones del artículo 12, inc. A), correspondientes a honorarios regulados judicialmente deberán ingresar a la Caja dentro de los sesenta (60) días corridos de quedar firme el auto regulatorio. Si transcurrido dicho plazo no se hubieran pagado, sólo se tendrán por cumplidos cuando se abonare el importe adeudado con más los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para actualización de montos de honorarios. Cuando entre la fecha del primer auto regulatorio y aquella en que adviene firme el honorario hubiesen transcurrido más de ciento ochenta (180) días hábiles, a los aportes y contribuciones que se deban abonar a la Caja se le adicionarán los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la actualización de los honorarios, desde la primera de esas fechas y hasta la de su efectivización. Se descontará el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado o suspendido por disposición del Tribunal o Juez o pendiente de alguna resolución y la demora en dictarla fuera imputable al Tribunal o Juzgado. También se deducirá el lapso en el que el estado del proceso imposibilitare a las partes impulsar el trámite para que los honorarios adquieran firmeza. ARTICULO 15°: (Texto según Ley 10.268) En el territorio de la Provincia de Buenos Aires, los Jueces y Tribunales, así como los funcionarios y Tribunales de la Administración Pública y de Entes Públicos no estatales -con jurisdicción en el mismo-, no darán trámite alguno a las peticiones formuladas por afiliados de la Caja o patrocinadas por ellos, sin que acrediten el pago del anticipo del artículo 13° y/o la parte obligada el de la contribución del inciso g) del artículo 12, según el caso. ARTICULO 16°: (Texto según Ley 8455) Los Jueces y Tribunales, al practicar la regulación de honorarios de abogados, adicionarán a la misma el porcentual a cargo de la parte obligada a su pago.

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ARTICULO 17°: (Texto según Leyes 8455 y 10.268) En toda libranza judicial se hará constar el concepto con determinación del monto de honorarios y del porcentual correspondiente a la parte obligada, descontándose de los honorarios el 10% como tributo profesional y debiendo ingresar a la cuenta de la Caja el total retenido. El Banco responderá de los descuentos o retenciones que se efectuaren de conformidad con el presente artículo. ARTICULO 18°: (Texto según Ley 10.268) Los Jueces y Secretarios Judiciales, así como los funcionarios y miembros de los Tribunales de la Administración Pública y de Entes Públicos no estatales -con jurisdicción en el territorio provincial-, responderán personalmente de los anticipos, aportes y contribuciones dispuestos por esta ley que se hubiesen evadido por omisión o error en los libramientos judiciales o por incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 15° o al artículo 21°, según corresponda. ARTICULO 19°: (Texto según Ley 10.268) Los Jueces, Tribunales y demás funcionarios judiciales y de la Administración Pública, como así también, los Gerentes del Banco de la Provincia de Buenos Aires, deberán facilitar a los representantes que la Caja designe, el acceso a toda documentación que fuere menester consultar para verificar el cumplimiento de todas las obligaciones impuestas por la presente ley. El Banco de la Provincia de Buenos Aires deberá, además, suministrar la información que la Caja le requiera sobre retención de aportes que correspondan a honorarios percibidos mediante libranzas judiciales. ARTICULO 20°: (Texto Ley 10.268) La Caja es parte legítima en todo juicio o trámite administrativo que se sustancie en el territorio de la Provincia, a los fines de controlar y asegurar el fiel cumplimiento de la presente ley. La Caja tendrá facultad para cobrar los aportes, contribuciones, cuotas y demás créditos que hagan a la efectiva percepción de sus recursos, emergentes de la presente ley o de las reglamentaciones que en su consecuencia se dictaren, por el procedimiento de apremio aplicable en la Provincia, siendo título suficiente la liquidación que se expida por el Presidente y Tesorero. ARTICULO 21°: (Texto Ley 12.526) Ningún Juez o Tribunal de la Provincia, cualquiera sea su Fuero, podrá aprobar o mandar a cumplir transacciones y conciliaciones, hacer efectivos los desistimientos, dar por cumplidas las sentencias, ordenar trámites de entrega, de adjudicación, o de transferencia de bienes de cualquier clase que fuere, ordenar cancelación de hipotecas y prendas o levantamiento de embargos, inhibiciones, medidas cautelares u otros gravámenes, devolver oficios o exhortos, dar por terminado un juicio o disponer su archivo, sin antes: 1°) Haberse pagado los honorarios, aportes y contribuciones que correspondan a la presente Ley, de conformidad con su regulación o con su convenio dentro del arancel, con respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficie la medida, con respecto a los profesionales de las partes a quienes beneficien la medida. 2°) O haberse afianzado el pago de los honorarios, aportes y contribuciones mencionados mediante: depósito de dinero, retención porcentual de dinero, depositado a cuenta del monto del capital del juicio, u otras cauciones de tipo real. Se admitirá así mismo cauciones de tipo personal cuando la solvencia de lo obligado al pago sea notoria a criterio del Juez y no medie oposición de los letrados patrocinantes o apoderados de la parte vencedora. Quedarán excluidos de esta exigencia, si a ello optara el profesional las actuaciones judiciales realizadas en representación o patrocinio de ascendientes, descendientes consanguíneos o afines, cónyuge y hermanos, cuyos honorarios fueren exclusivamente a cargo de los mismos. La opción en el caso tendrá los efectos de una renuncia expresa definitiva a la regulación y cobro de los honorarios correspondientes. ARTICULO 21° bis: (Texto incorporado por Ley 12.259) Para el caso de una sentencia de divorcio vincular podrá inscribirse en el Registro de las Personas respecto a la parte que hubiere dado cumplimiento con lo establecido en el artículo anterior. ARTICULO 22°: (Texto Ley 10.268) El pago de los honorarios en las actuaciones judiciales se hará mediante depósito judicial de su importe con el porcentual a cargo de la parte obligada, salvo que ésta optare por el depósito en la cuenta particular del profesional autorizado por la ley 6372 o que éste manifestare expresamente en el expediente haber percibido el honorario. En ambos casos se deberán presentar en el juicio, los comprobantes de pago a la Caja de los aportes y contribuciones que correspondan por aplicación del artículo 12 inciso a), de la ley 6716, sin lo cual no se dará por cumplida la carga legal respectiva.

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ARTICULO 23°: (Texto Ley 10.268) Los Jueces y Tribunales de todos los Fueros deberán remitir mensualmente a la Caja, bajo responsabilidad de lo dispuesto en el artículo 16, una planilla con indicación de las causas en que se haya practicado regulación de honorarios a los afiliados intervinientes, consignando el número del expediente, denominación de la carátula, fecha de la resolución, monto regulado, profesional beneficiario, su inscripción en la matrícula y número de afiliación a la Caja. A este último efecto los afiliados están obligados a consignarlo en toda actuación en la que intervengan. ARTICULO 24°: (Texto Ley 11.625) Cuota anual: plazo de pago, mora, suspensión en la afiliación, rehabilitación. Todo afiliado que no hubiere cumplimentado antes del 31 de diciembre de cada año el pago de la cuota anual obligatoria prevista en el artículo 12, inc. B) podrá hacerlo hasta el 31 de mayo del año siguiente. A tales efectos, al importe adeudado se le adicionarán los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la actualización de honorarios hasta el momento del pago. Vencido este último plazo el afiliado quedará automáticamente en mora, suspendiéndoselo en todos los beneficios a que tuviere derecho que se generen en hechos ocurridos desde la mora hasta la rehabilitación. Para rehabilitarlo deberá cancelar las cuotas pendientes, abonándolas con los intereses que fije la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para la actualización de los honorarios. La rehabilitación operará efectos con respecto a las contingencias que se generaren después de la misma o a las consecuencias de situaciones preexistentes ocurridas durante la mora, que se extendiesen después de la rehabilitación. En este último supuesto, la prestación que correspondiere se abonará a partir de la rehabilitación. ARTICULO 25°: El Banco de la Provincia de Buenos Aires abrirá una cuenta a nombre de la Caja de Previsión Social para Abogados, orden presidente, secretario y tesorero en la que deberán ser depositados los fondos de la misma. A solicitud de la Caja, el Banco abrirá en la Casa Matriz y sucursales las cuentas corrientes y especiales que le fueran requeridas, y el Directorio podrá constituir mandatarios especiales para intervenir en las mismas. ARTICULO 26°: Cada sucursal del Banco de la Provincia de Buenos Aires llevará una cuenta de los depósitos correspondientes a la Caja, a nombre de la misma, comunicando mensualmente el estado de dicha cuenta al Directorio de la Caja y transfiriendo el saldo existente a la cuenta llevada en la Casa Matriz del Banco a nombre de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia, orden presidente, secretario y tesorero. ARTICULO 27°: Los fondos de la Caja se aplicarán: a) En la realización y cumplimiento de los beneficios, prestaciones y demás cometidos que acuerda, o prevé la presente ley, y de los que en virtud de la misma establezca el Directorio; b) En los gastos de administración; c) En la adquisición de los bienes que se requieran para el cumplimiento de sus fines; d) En la construcción o adquisición de edificios destinados al uso de la Caja , los Colegios de Abogados departamentales para sus necesidades o a su renta; e) En hacer directamente o encomendar trabajos de investigación y de estudios relacionados con la previsión social para los abogados y con los problemas de la actuación profesional; f) En ayuda al Colegio de Abogados de la Provincia y a los Colegios de Abogados Departamentales para el mejor cumplimiento de sus fines; g) En títulos y valores de la renta pública; La realización de los destinos indicados en los incisos c), d), e) y f) será dispuesta en la oportunidad, en el orden y en la medida que el Directorio estimare. En ningún caso podrá el Directorio invertir los fondos de la Caja con otros fines que los mencionados, bajo la responsabilidad personal de sus miembros.

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ARTICULO 28°: Los bienes de la Caja son inembargables salvo para responder a sus beneficiarios por el pago de las prestaciones otorgadas, y están exentos de impuestos y tasas fiscales y municipales; la Caja está exenta, asimismo, de todo impuesto y tasa en su actuación administrativa y judicial. IV De los beneficios y de los beneficiarios. ARTICULO 29°: Nómina. (Texto Ley 11.625) La Caja otorgará a sus afiliados, según los regímenes establecidos por la presente ley, los siguientes beneficios: a) Jubilación ordinaria básica normal. b) Jubilación ordinaria básica parcial. c) Jubilación para discapacitados. d) Jubilación extraordinaria por incapacidad. e) Pensión, f) Subsidios. ARTICULO 30°: (Texto Ley 11.625) Potestades del Directorio. La Caja también podrá otorgar, según los regímenes que con carácter general dicte el Directorio, prestaciones como: a) Subsidios especiales, extraordinarios y adicionales, pensiones extraordinarias y especiales, ayudas a los abogados o a derechohabientes. b) Prestamos con garantía hipotecaria y ordinarios. c) Prestaciones e inversiones que sirvan a otros aspectos de la solidaridad o que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida y bienestar de los abogados y de su actuación profesional, y en general cualquiera otra forma de ayuda. Estos beneficios serán establecidos por el Directorio a medida que los recursos de la Caja permitan su realización. Los mismos tendrán vigencia a partir de su aprobación o de la fecha que se fije, sin efecto retroactivo. Los beneficios acordados por la Caja y los derechos correspondientes son intransferibles e inembargables, pero responderán por las obligaciones contraídas con la Caja. ARTICULO 31°: (Texto Ley 10.268) Todos los Abogados y Procuradores inscriptos en la matrícula de los Colegios Departamentales son afiliados de la Caja y sus beneficiarios, de conformidad con las disposiciones de la presente ley y los reglamentos que, encuadrados en la misma, dicte el Directorio. Sin perjuicio de ello es requisito indispensable para asumir el carácter de beneficiario, acreditar actividad profesional en la provincia, en forma de ejercicio continuo, permanente e ininterrumpido, o en lapsos que, sumados, completen el período legal. Cuando se requiera actualidad en el ejercicio para gozar de los beneficios de la presente ley, aquélla será juzgada por el Directorio con arreglo a los antecedentes de cada caso. La actualidad del ejercicio no será exigida si el afiliado estuviera en condiciones de jubilarse. ARTICULO 32°: A los efectos de que la Caja confeccione la nómina de sus miembros, los Colegios de Abogados departamentales comunicarán de manera de proveer la información al día, las inscripciones de abogados y los movimientos de la matrícula, de acuerdo con las circunstancias que contempla el artículo

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12° de la ley 5177, y suministrarán los otros datos inherentes a la matrícula que les solicite la Caja. ARTICULO 33°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación para Discapacitados. Requisitos. Los discapacitados tendrán derecho a la jubilación ordinaria básica normal o básica parcial, según el caso, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Directorio, que no podrá fijar una edad de retiro superior a los cincuenta y cinco (55) años de edad y a veinticinco (25) años de ejercicio profesional. ARTICULO 34°: (Con modificaciones de la Ley 11.625) El Directorio podrá disponer la formación de legajos individuales de los abogados, a los fines de la mejor administración y concesión de los beneficios, requiriendo las informaciones, documentaciones e inscripciones que considerare útiles. El incumplimiento por parte de los abogados a tales disposiciones será penado con multas de hasta quince (15) "jus previsionales", que aplicará el Directorio sumariamente y previa intimación al infractor. Además, será previo al otorgamiento de cualquier beneficio al abogado o a sus causahabientes, la regularización del incumplimiento y de las multas. En los casos de fallecimiento o de incapacidad absoluta, las multas serán deducidas de los subsidios, jubilaciones o pensiones en la proporción que determine el Directorio. ARTICULO 35°: (Texto según Ley 11.625) JUBILACIONES. Jubilación ordinaria básica normal. Requisitos. La jubilación ordinaria básica normal es voluntaria y sólo se acordará a su pedido, a los afiliados que reunieren los siguientes requisitos: a) Treinta y cinco (35) años de ejercicio profesional en las condiciones previstas en el art. 29 de esta ley. b) Sesenta y cinco (65) años de edad. c) Haber cumplido con los aportes mínimos previstos por el inciso c) del art. 32 de la ley 6716 en su texto original y a partir de la vigencia de la ley 10268 con la cuota anual obligatoria establecida por el art. 12° inc. b) de esta ley. ARTICULO 36°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación anticipada. Requisitos. A partir de los cincuenta y cinco (55) años de edad y con veinticinco (25) años de ejercicio profesional, los afiliados podrán solicitar la jubilación anticipada, siempre que la valuación actuarial de los aportes efectuados alcance como mínimo el requerido en el art. 32, inc. c). En este caso su haber será equivalente a una jubilación ordinaria básica normal, sin derecho a los complementos por mayores cotizaciones, establecido por el art. 47 ter, de la presente ley. ARTICULO 37°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación ordinaria básica parcial. Caracterización: Opción y obligación aportativa. El afiliado que probare por el medio fehaciente que reglamente el Directorio, encontrarse obligatoriamente comprendido por otro régimen previsional en mérito a un desempeño profesional en relación de dependencia, podrá optar por una jubilación ordinaria básica parcial. ARTICULO 38°:(Texto según Ley 10.268) Para poder justificar años de ejercicio profesional, a los efectos de la jubilación, será indispensable, además de las formas y condiciones de ese ejercicio dispuestas en el art. 29, que durante cada uno de tales años, el afiliado haya cumplimentado el pago de la cuota mínima anual establecido en el inciso b) del artículo 12. (Párrafo según Ley 11.625) Los afiliados que superen dicho mínimo podrán imputar el exceso, total o parcialmente y a su pedido únicamente a la cancelación de la Cuota Anual Obligatoria del año siguiente. Al importe que se utilice se adicionarán los intereses que el Directorio fijare en función con lo establecido por el art. 23 de la presente Ley, desde el 31 de diciembre del año en que se produce el excedente y hasta el 31 de diciembre del año faltante. La imputación del excedente deberá solicitarse antes del 31 de diciembre de cada año siguiente. El excedente utilizado no se tendrá en cuenta para la liquidación del complemento por mayores cotizaciones.

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ARTICULO 39°:(Texto según Ley 10.268) La prueba del ejercicio profesional por el tiempo a partir del 1° de mayo de 1949 se hará principalmente mediante las constancias que arroje la cuenta de aportes del afiliado. El monto, el número y la fecha de esos aportes además de llenar las cantidades mínimas a que se refieren los artículos 32 y 33, deberá demostrar las condiciones del ejercicio profesional expresadas en el artículo 29. A partir de la vigencia de la presente ley y a los fines del artículo 29 y de la exigibilidad de la cuota anual obligatoria que prevé el inciso b) del artículo 12, la matriculación en los Colegios de Abogados Departamentales hace presumir el efectivo ejercicio de la profesión. ARTICULO 40°: La prueba del ejercicio profesional, por el tiempo anterior al 1° de mayo de 1949, estará a cargo del abogado, debiendo consistir principalmente en la presentación de la nómina de asuntos, con especificación de la denominación de los expedientes, época de su tramitación y juzgado y secretaría de radicación. El peticionante ofrecerá, además, información testimonial ante las autoridades de la Caja o de los Colegios Departamentales del interior, de tres abogados por lo menos de la matrícula o jubilados. El Directorio podrá requerir otros elementos probatorios y proceder a la verificación y certificación, a costa del interesado, pero que estará exenta de todo impuesto, de la nómina de expedientes. Estas diligencias podrán ser omitidas si se tuviera un informe satisfactorio sobre el ejercicio profesional del peticionante expedido por el Colegio Departamental al cual pertenezca, o de los Colegios a los que hubiera pertenecido. ARTICULO 41°: (Texto según Ley 11.625) Jubilación Extraordinaria por incapacidad. Requisitos. La jubilación extraordinaria se otorgará al afiliado que se incapacite física o intelectualmente en forma absoluta y permanente para el ejercicio profesional, siempre que concurran los siguientes requisitos: a) Que la causa de la incapacidad sea posterior a la afiliación. b) Si la afiliación se hubiere efectuado antes de los cincuenta (50) años de edad, se exigirá al afiliado el cumplimiento de todas las cuotas mínimas anuales y obligatorias, hasta el año preanterior al de la incapacidad inclusive, si ésta se hubiere detectado antes del 31 de mayo y si fuere posterior a esta fecha, hasta el año inmediato anterior, inclusive. c) Si la afiliación se hubiera efectuado con posterioridad a los cincuenta (50) años de edad, para poder gozar de este beneficio el afiliado debe haberse sometido, además, a un examen médico, de acuerdo con la reglamentación que dicte el Directorio, del cual resulte que no se encuentra afectado por causa alguna de incapacidad para el ejercicio profesional, a la fecha de su afiliación a la Caja. d) Se excluye el requisito de la cotización mínima, con respecto a los años en que el afiliado hubiera estado exento de la misma por la presente ley. Si del examen médico del inciso c) se detectare una causa de incapacidad anterior a la afiliación, el afiliado quedará excluido del presente beneficio, sin perjuicio del derecho a pensión que esta ley le reconoce a sus causahabientes. Desaparecida la incapacidad cesará el beneficio. ARTICULO 42°: El estado de incapacidad absoluta y permanente para el ejercicio de la profesión, deberá ser establecido por una Junta médica compuesta de dos facultativos que designará el Directorio y otro propuesto por quien solicite el beneficio. El informe pericial no obligará a decisión y el Directorio podrá apartarse de sus conclusiones si estimare justa causa para ello. El Directorio en cualquier momento podrá disponer un examen físico o intelectual del beneficiario. ARTICULO 43°: En caso de insanía, la misma deberá ser declarada en juicio correspondiente, y los pagos se efectuarán al curador que se designare. ARTICULO 44° (Texto según Decreto-Ley 9978/83). El abogado adquirirá el derecho a la jubilación cuando reuniere los requisitos que establece la presente ley, aún cuando continuare ene l ejercicio de la profesión, sin perjuicio de lo cual podrá solicitar a la Caja el acto administrativo que así lo declare.

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Para tener derecho a percibir el beneficio deberá acreditar la cancelación de su matrícula profesional en todas las jurisdicciones del país que estuviere inscripto, mediante certificación pertinente. El pago de la jubilación se liquidará a partir de la fecha de la solicitud del beneficio, en el caso de que la cancelación de las matrículas fuere anterior a la solicitud y desde la fecha de la última cancelación, si fuere posterior a la misma. ARTICULO 45°: (Texto según Decreto-Ley 9978/83). Al hacerse efectiva la jubilación se pondrá en conocimiento del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, del Colegio Departamental de la inscripción del jubilado, del órgano que ejerza el gobierno de la matrícula en las demás jurisdicciones del país en que hubiere estado matriculado y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia. El jubilado no podrá ejercer la profesión de abogado, ni la de procurador, ni el notariado, en forma directa ni indirecta, ni tampoco integrar con su nombre estudios jurídicos. No obstante podrá litigar en causa propia o de su cónyuge, ascendientes, descendientes y hermanos, pudiendo en esos casos devengar honorarios con arreglo a las leyes, cuando hubiere condenación en costas a la parte contraria. La percepción del beneficio jubilatorio será, además, incompatible con el ejercicio en todo el país de cargos judiciales, en tribunales administrativos y en cualquier función pública que requiera para su ejercicio el título de Abogado, excepción hecha de la docencia en todos sus niveles. Mientras dure la incompatibilidad, se interrumpirá el pago del beneficio. En cualquier momento el jubilado podrá solicitar la suspensión del pago del beneficio para ejercer alguna de las actividades profesionales enunciadas en el párrafo anterior. Para lograr la rehabilitación del beneficio, el jubilado deberá acreditar que transcurrió un plazo mínimo de doce (12) meses desde que dejara de percibir su jubilación, como así también los restantes requisitos exigidos en el art. 39. Toda violación a lo dispuesto en el presente artículo será sancionada con la cancelación temporaria o definitiva del beneficio. PENSIONES ARTICULO 46°: (Texto según Ley 11.625) Procedencia. Tendrán derecho a pensión: a) Los causahabientes del afiliado que a su muerte o a su presunto fallecimiento judicialmente declarado estuviere gozando de una jubilación ordinaria básica normal o básica parcial o para discapacitados o extraordinaria por incapacidad o en condiciones de obtenerla o que sin haber llegado al límite de edad, hubiera cumplido el de ejercicio profesional computable para la respectiva jubilación. b) Los causahabientes de los afiliados que al fallecer se encontraren en actividad, incluidos los comprendidos por el segundo párrafo del artículo 36. ARTICULO 47°: (Texto según Ley 11.625) Causahabientes. Los causahabientes con derecho a pensión son los que se mencionan a continuación por orden de prelación excluyente: a) La viuda o el viudo no divorciados por su culpa en concurrencia con los hijos menores o incapacitados de ambos sexos. En caso de separación de hecho el Directorio resolverá de acuerdo con las circunstancias especiales. b) Los hijos de ambos sexos menores de edad o incapacitados. c) La viuda o el viudo en concurrencia con los padres, si éstos hubieran vivido bajo el amparo económico del causante a la fecha del deceso. d) Los padres del causante en las condiciones del inciso anterior. e) La viuda o el viudo no divorciados por su culpa, a falta de ascendientes y descendientes. En caso de separación de hecho el Directorio resolverá de acuerdo con las circunstancias especiales.

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ARTICULO 48°:(Texto según Ley 11.625) Iniciación de la pensión. Distribución. El derecho a la pensión comenzará el día del fallecimiento del causante y, en caso de concurrencia, se distribuirá entre los beneficiarios, de acuerdo con el orden de prelación del artículo 43, de la siguiente manera: 1. Los del inciso a), 50% para el cónyuge y el otro 50% para los hijos en partes iguales. 2. Los del inciso b), en partes iguales. 3. Los del inciso c), 50% para el cónyuge y el otro 50% para el o los ascendientes. ARTICULO 49°: El derecho a pensión se extingue: a) Para los hijos menores, cuando llegaren a la mayoría de edad, o se emanciparen por matrimonio o por el ejercicio del comercio, y para los incapacitados si cesare la incapacidad. b) Para los padres, si cesare el estado de necesidad. ARTICULO 50°: No tendrán derecho a pensión los afectados de indignidad ni los desheredados de acuerdo con las disposiciones del Código Civil. ARTICULO 51°: (Texto según Ley 11.625) Conviviente. A todos los efectos de la presente ley queda equiparada a la viuda o al viudo, la persona que hubiera vivido públicamente y en aparente matrimonio con el causante, siendo éste separado de hecho, durante por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores al fallecimiento o a la fecha en que se requiera a la Caja alguna prestación. El plazo de convivencia se reducirá a dos (2) años cuando hubiere descendencia o el causante fuera soltero, viudo, separado legalmente o divorciado. El o la conviviente excluirá al cónyuge supérstite en el goce de la pensión, salvo que el causante hubiera tenido a su cargo el pago de alimentos, que éstos hubieran sido reclamados fehacientemente en vida o que el causante fuera culpable de la separación o divorcio judicialmente decretados. En estos tres casos el beneficio se otorgará al cónyuge y al conviviente por partes iguales. El Directorio determinará los requisitos necesarios para probar el aparente matrimonio. La prueba podrá sustanciarse administrativamente o ante autoridad judicial, en este último caso se dará intervención necesaria a la Caja. V Determinación del haber ARTICULO 52°: (Texto según Ley 11.625) De la jubilación Ordinaria Básica Normal. El importe mensual de la jubilación ordinaria básica normal, determinando a su vez el de las pensiones, será fijado por el Directorio, en las oportunidades que estimare corresponder. ARTICULO 53°: (Texto según Ley 11.625) Uniformidad. Ese importe mensual será uniforme para todos aquellos afiliados que, computando años de servicio con aportes, el monto de estos últimos, incluyendo el de las contribuciones de terceros previstas en el art. 12, inc. A), cumplan, exclusivamente, con las cotizaciones mínimas exigidas a los fines del reconocimiento jubilatorio. ARTICULO 54°: (Texto según Ley 11.625) Complemento por mayores cotizaciones. Institúyese un régimen de complementos para incrementar el haber jubilatorio básico normal hasta un 200% más, en función de lo que cada afiliado acredite en exceso en concepto de aquellos aportes y contribuciones con relación a los mínimos requeridos en cada uno de los años que se incluyan en el respectivo cómputo jubilatorio.

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ARTICULO 55°: (Texto según Ley 11.625) Medición por puntaje. Estos complementos se determinarán por un régimen de "puntaje" que se asignará a cada afiliado al momento de serle otorgado el beneficio. Será privativo del Directorio la fijación del valor monetario móvil del "punto", con los debidos fundamentos actuariales. ARTICULO 56°: (Texto según Ley 11.625) Comunicación. Es obligación de la Caja comunicar periódicamente la cantidad de puntos que cada afiliado pudiese acumular en su respectiva cuenta individual. ARTICULO 57° : (Texto según Ley 11.625) Cálculo del puntaje. El puntaje a adjudicar a cada afiliado se calculará de acuerdo con el siguiente procedimiento: a) Los excedentes generados mensualmente, se dividirán por el valor del "jus Previsional" del mes considerado, procediéndose a fin de cada año a la suma de todos los "jus previsionales" acumulados. A tales efectos, los excedentes anteriores a la vigencia de la ley 10268 se ajustarán por los índices de precios al consumidor, nivel general, suministrados por el INDEC, dividiendo el correspondiente al mes de diciembre de 1984 por el del mes de depósito de dichos excedentes. Los importes resultantes se sumarán y se dividirán por el "jus previsional" del mes de enero de 1985. b) El total de "jus previsionales" registrados en cada año se multiplicará por el coeficiente "edad de aporte" que a continuación se detalla, según la edad del afiliado al 31 de diciembre del año en que depositó los respectivos excesos: Edad del afiliado al 31 de Coeficiente edad del diciembre del año en que generó aporte el exceso. 25 ................................................................. 303,69 26 ................................................................. 291,64 27 ................................................................. 280,05 28 ................................................................. 268,92 29 ................................................................. 258,23 30 ................................................................. 247,95 31 ................................................................. 238,08 32 ................................................................. 228,59 33 ................................................................. 219,47 34 ................................................................. 210,70 35 ................................................................. 202,27 36 ................................................................. 194,17 37 ................................................................. 186,36 38 ................................................................. 178,87 39 ................................................................. 171,64 40 ................................................................. 164,68 41 ................................................................. 157,98 42 ................................................................. 151,51 43 ................................................................. 145,28 44 ................................................................. 139,27 45 ................................................................. 133,47 46 ................................................................. 127,88 47 ................................................................. 122,48 48 ................................................................. 117,27 49 ................................................................. 112,24 50 ................................................................. 107,38

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51 ................................................................. 102,67 52 ................................................................. 98,13 53 ................................................................. 93,73 54 ................................................................. 89,47 55 ................................................................. 85,34 56 ................................................................. 81,35 57 ................................................................. 77,48 58 ................................................................. 73,73 59 ................................................................. 70,09 60 ................................................................. 66,56 61 ................................................................. 63,13 62 ................................................................. 59,79 63 ................................................................. 56,53 64 ................................................................. 53,36 65 ................................................................. 50,26 66 ................................................................. 47,24 67 ................................................................. 44,29 68 ................................................................. 41,41 69 ................................................................. 38,60 70 ................................................................. 35,85 71 ................................................................. 33,18 72 ................................................................. 30,59 73 ................................................................. 28,09 74 ................................................................. 25,68 75 ................................................................. 23,37 76 ................................................................. 21,16 77 ................................................................. 19,05 78 ................................................................. 17,04 79 ................................................................. 15,14 80 ................................................................. 13,33 c) La suma de los productos obtenidos de acuerdo con el inciso precedente se la dividirá por el coeficiente de la "edad de retiro" que seguidamente se indica, según la edad del afiliado al 31 de diciembre del año en que comienza la percepción del beneficio. Edad del afiliado al 31 de diciembre Coeficiente edad de del año que comienza a percibirse el retiro. beneficio

65 ................................................................. 6597,43 66 ................................................................. 5994,27 67 ................................................................. 5427,43 68 ................................................................. 4895,94 69 ................................................................. 4399,02 70 ................................................................. 3935,86 71 ................................................................. 3505,62 72 ................................................................. 3107,43 73 ................................................................. 2740,32 74 ................................................................. 2403,27 75 ................................................................. 2095,13 76 ................................................................. 1814,72 77 ................................................................. 1560,82 78 ................................................................. 1332,22 79 ................................................................. 1127,71 80 ................................................................. 946,08 El resultado de esta división será el puntaje que corresponda al afiliado y el monto del complemento surgirá

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de multiplicar este puntaje por el valor del punto a la fecha de pago. ARTICULO 58°: (Texto según Ley 11.625) Modificación de coeficientes. Los coeficientes "edad de aporte" y "edad de retiro" podrán ser modificados por el Directorio en base a cálculos actuariales que lo fundamenten. ARTICULO 59°: (Texto según Ley 11.625) De la jubilación Ordinaria Básica Parcial. Monto. Servicios mixtos: cálculo "prorrata tempore". El haber de una jubilación ordinaria básica parcial será equivalente al 50% del haber básico normal.. Para esta prestación no regirán los complementos por mayores cotizaciones. Si el afiliado que se encuadrare en lo prescripto por el art. 32 ter, computare años con el 50% de la cuota y otros con el 100%, su haber jubilatorio surgirá de sumar el resultado de la multiplicación del haber básico normal por la cantidad de años reconocidos con el 100% de las cotizaciones mínimas, dividido por 35, al que se obtenga de multiplicar el haber básico parcial por la cantidad de años reconocidos con el 50% de esas cotizaciones, dividido 35. Los complementos por mayores cotizaciones se calcularán sobre los períodos de actividad profesional plena, exclusivamente. ARTICULO 60°: (Texto según Ley 11.625) De la Jubilación Extraordinaria por incapacidad. El haber de la jubilación extraordinaria se determinará de la siguiente forma: a) Si la incapacidad sobreviniere durante el primer año de matriculación el monto de esta prestación será equivalente al de una jubilación ordinaria básica normal o parcial, si a esta última hubiera optado el afiliado. b) Si sobreviniere con posterioridad a ese lapso y antes de los 35 años de ejercicio profesional computables se liquidarán técnicamente como si se tratare de una jubilación ordinaria en sus dos variantes (normal o parcial) y los restantes, hasta llegar a esa cantidad de años, se calcularán como si el afiliado hubiere cumplido con las cotizaciones mínimas. La suma de ambos resultados será el haber total de la prestación. c) Si la incapacidad acaeciere después de esos 35 años, el haber será el equivalente al que le hubiere correspondido al afiliado por una jubilación ordinaria básica normal o básica parcial, según el caso. ARTICULO 61°: (Texto según Ley 11.625) De la pensión. El monto de la pensión será del 75% de la jubilación que percibiere o le hubiere correspondido percibir al causante VI Disposiciones comunes a las Jubilaciones y Pensiones. Subsidios ARTICULO 62°: Producido el fallecimiento de un abogado miembro de la Caja, que estuviera jubilado o en condiciones de jubilarse, o en actividad del ejercicio profesional, o en inactividad por causa de fuerza mayor, o por otras causas atendibles que no impliquen abandono de la profesión y que apreciará el Directorio, la Caja entregará un subsidio básico para sepelio y luto a los causahabientes mencionados en el artículo 43 y por su orden de prelación, salvo que hubiera designación del beneficiario. ARTICULO 63°: Si el fallecimiento no diera lugar al derecho a pensión según lo previsto en el título anterior, la Caja entregará además, a los mismos causahabientes, y por su orden, un subsidios complementario en relación a los años de ejercicio del fallecido computables para la jubilación. ARTICULO 64°: El monto de los subsidios básicos y complementario, y el régimen de complementario serán

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establecidos por el Directorio. La fecha del fallecimiento determinará el monto del subsidio. ARTICULO 65°: El abogado tendrá derecho a designar beneficiario del subsidio básico a cualquiera de las personas comprendidas en los causahabientes del artículo 43. Podrá también designar a una extraña a esas personas, pero el beneficio será recibido por la designada, solamente si acreditare haber costeado los gastos de sepelio del fallecido; en caso contrario se entregará a los beneficiarios de la ley. La designación deberá hacerse por el abogado bajo su firma, en sobre cerrado depositado en la Caja. Acreditado el fallecimiento, la Caja procederá a la apertura del sobre, continuándose los procedimientos con intervención de la beneficiaria designada. ARTICULO 66°: La Caja responderá directamente por los gastos de sepelio del abogado fallecido en las condiciones del artículo 62°, hasta el cincuenta (50) por ciento del subsidio básico. Si cubiertos esos gastos se presentare alguna de las personas con derecho a subsidio, éste le será liquidado previa deducción de la suma invertida en el sepelio. ARTICULO 67°: Si la persona que solicita el subsidio complementario fuera causahabiente que tendría derecho a pensión, y si de las actuaciones producidas en el trámite de la solicitud resultara haber lugar a la pensión según lo dispuesto en el título anterior, el subsidio será negado, pudiendo la interesada iniciar el trámite de la pensión pertinente. Si por cualquier causa la circunstancia de haber lugar a la pensión se revelara después de haber pagado el subsidio complementario, igualmente habrá derecho a la pensión, pero ésta se hará efectiva sólo después de transcurrido el tiempo correspondiente a la sucesión de pensiones que se computan compensadas con el monto del subsidio entregado. ARTICULO 68°: El reconocimiento del derecho a los subsidios básicos y complementario, deberá ser reclamado por las personas interesadas dentro del término de cinco años. Transcurrido este plazo caducará el derecho, cualesquiera sean las causas de la inacción. VII Título adicional ARTICULO 69°: Con relación a los beneficios o a cualesquiera de ellos, establecidos por la presente ley y que, autorizados por ésta, establezca el Directorio, la Caja podrá concretar convenios de reciprocidad con los institutos y cajas de previsión y jubilaciones, nacionales y provinciales. Estos convenios necesitarán ser aprobados o ratificados con la concurrencia conforme de dos tercios de los miembros componentes del Directorio. ARTICULO 70°: La Caja podrá, asimismo, extender los beneficios con excepción de la jubilación y pensión dispuestos por esta ley y por el Directorio, o proveer otros análogos, a favor del personal estable de la Caja, del Colegio de Abogados de la Provincia y de los Colegios de Abogados Departamentales. ARTICULO 71° : (Incorporado por artículo 30° de la Ley 11.625) Evaluación económico-financiera. A fin de mantener el equilibrio económico-financiero de la Caja, el Directorio considerará la evolución de los últimos cinco (5) años y la prospección, para los siguientes cinco (5) años, mediante el respectivo cálculo actuarial. Sobre esta base, en forma anual y a partir del 1 de febrero de 1995, teniendo en cuenta el citado análisis económico-financiero, se efectuará la asignación de los recursos necesarios para la atención de las prestaciones previstas por esta ley. ARTICULO 72°: (Incorporado por artículo 31° de la Ley 11.625) Desequilibrios económico-financieros. En caso de desequilibrios económico-financieros que pongan en riesgo la integridad del Sistema, y por lo tanto, la posibilidad de frustrar los fines para los cuales fuera creado, el Directorio que facultado para implementar correcciones que sean pertinentes para recomponer la situación patrimonial alterada. ARTICULO 73°: (Incorporado por artículo 32° de la Ley 11.625) Cuotas impagas: Opción.

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Los afiliados que hasta la vigencia de la presente ley no hubieran cumplimentado el pago de las cuotas anuales obligatorias instituidas por el art. 12°, inc. b), de la ley 6716, modificada por el art. 2° de la ley 10268, podrán optar, por única vez, por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios o por la pérdida de dicho cómputo, en cuyo caso se extinguirán las obligaciones del afiliado frente a la Caja por los respectivos años. La opción referida deberá efectuarse dentro del primer año de vigencia de la presente ley; el silencio del afiliado se reputará como opción por la pérdida del cómputo de los años total o parcialmente adeudados. La opción por el cómputo del o los años respectivos a los fines jubilatorios importará la obligación de ingresar los aportes. Los aportes, contribuciones y anticipos efectuados por los afiliados por la pérdida del cómputo de los años adeudados, se trasladarán al primer año de vigencia de esta ley para que, sumados a los en él depositados, puedan servir para completar el monto de la cuota anual obligatoria fijada por el art. 12, inc. b). Para el traslado indicado en el párrafo anterior se observará el siguiente procedimiento: a) Hasta el 31 de marzo de 1991: los importes correspondientes se actualizarán por el coeficiente resultante de dividir el índice de precios al consumidor, nivel general, suministrado por el INDEC para el mes de marzo de 1991 por el del mes del o de los depósitos realizados. b) A partir del 1 de abril de 1991: a los importes resultantes del inciso anterior y a los aportes, contribuciones y anticipos registrados desde esta fecha se le adicionará hasta el 31 de diciembre del primer año de vigencia de esta ley, la tasa de interés que fija la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, para la actualización de los montos de los honorarios. Si a pesar de esta imputación no se llegare a cubrir el monto de esa cuota, se seguirá el procedimiento de mora establecido en el art. 24°. ARTICULO 74°: (Incorporado por artículo 33° de la Ley 11.625) Jubilaciones y pensiones vigentes. Los actuales jubilados y pensionados en goce de la respectiva prestación seguirán percibiendo sus haberes de acuerdo con las disposiciones vigentes hasta la sanción de la presente ley. ARTICULO 75°: (Incorporado por artículo 34° de la Ley 11.625) Reingreso. Acrecentamiento de haberes. El jubilado que hubiera vuelto o volviere a la actividad y cesare con posterioridad a la fecha de vigencia de la presente Ley: a) Tendrá derecho a reajustar la prestación mediante el cómputo de nuevos servicios siempre que estos alcanzaren un período mínimo de cinco (5) años y acreditare, además, los requisitos exigidos para la obtención de la Jubilación Ordinaria Básica Normal prevista en la presente Ley. Dicho período no regirá cuando el jubilado se incapacite o fallezca en la actividad de reingreso. b) Cumplido los requisitos del inciso anterior tendrá derecho a acrecentar el haber de la prestación, en los términos que autorizan los artículos 54° y siguientes. ARTICULO 76°: (Incorporado por artículo 35° de la Ley 11.625) Derechos adquiridos. Opción. Quienes a la fecha de vigencia de la presente Ley hubieren cumplido los requisitos exigidos por la Ley 6716, para la obtención de las prestaciones previstas en ella, podrán optar por adquirir definitivamente el derecho a su otorgamiento. El régimen jurídico y el contenido patrimonial de las mismas se ajustará a las disposiciones de la referida ley 6716. Si en cambio continuaren en el ejercicio de la profesión y acreditaren haber cumplido con los requisitos exigidos para la obtención de la jubilación ordinaria básica normal, tendrán derecho a un mayor haber jubilatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54° y siguientes. ARTICULO 77°: (Incorporado por artículo 36° de la Ley 11.625) Derechos Jubilatorios en el período de transición. Quienes a la vigencia de la presente ley hubieran cumplido con uno de los requisitos exigidos en el art. 32,

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incs. a) y b) de la ley 6716 y le faltare uno, dos, tres, cuatro o cinco años del otro, podrán peticionar la jubilación ordinaria básica normal, sin derecho al complemento por mayores cotizaciones y tendrán derecho a ella, con cinco, cuatro, tres, dos o un año respectivamente, menos que los requeridos por el artículo 35° de esta ley para el requisito faltante. En este caso se podrá compensar dos años de exceso de edad por uno de servicios por uno de edad, tomando como parámetros los 55 años de edad y los 25 de servicio requeridos por la ley 6716 para el reconocimiento de una jubilación ordinaria. Si, en cambio, continuaren en el ejercicio de la profesión y acreditaren haber cumplido con los requisitos exigidos para la obtención de la jubilación ordinaria básica normal, tendrán derecho a un mayor haber jubilatorio de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 54° y siguientes de la presente. ARTICULO 78°: (Texto según Ley 11.625)Derogación. Derógase toda disposición de igual rango que se oponga a las de la presente ley. ARTICULO 79°: (Texto según Ley 11.625)Texto ordenado. Facúltase al Poder Ejecutivo a dictar el reglamento pertinente para ordenar el texto de la ley 6716 con sus modificatorias y complementarias. ARTICULO 80°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.FUENTE: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-6716.html

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LEY 5.177 Texto Ordenado por Decreto 2885/01 con las modificaciones introducidas por la Ley 13419.LIBRO PRIMERO TÍTULO I DE LOS ABOGADOS CAPÍTULO I ARTICULO 1°: Para ejercer la profesión de abogado en el territorio de la Provincia de Buenos Aires se requiere: 1Tener título de abogado expedido por Universidad Nacional o privada reconocida, o por universidad extranjera cuando las leyes nacionales le otorguen validez o estuviese revalidado por Universidad Nacional. 2Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados departamentales creados por la presente Ley. La profesión deberá acreditarse con el diploma original debidamente inscripto y legalizado, no pudiendo suplirse por ningún otro certificado o constancia. Excepcionalmente, en el caso de que no fuere posible su presentación, el Colegio podrá aceptar un certificado emitido por la propia universidad que expidió el diploma, en el que deberá constar la fecha de su emisión y la de su legalización en los Ministerios de Cultura y Educación y del Interior, ambos de la Nación, respectivamente. ARTICULO 2°: No podrán inscribirse en la matrícula y corresponderá la exclusión de la misma de: 1Los condenados a cualquier pena por la comisión de delito doloso, con sentencia firme, hasta el término de la condena. 2Los fallidos, hasta su rehabilitación. No obstante, cuando de las constancias de la causa no surgieran evidencias de una conducta impropia que impidiese su admisión con anterioridad, el fallido sólo podrá actuar como patrocinante, hasta tanto se resuelva su situación. 3- Los sancionados con la pena prevista en el artículo 28 inciso 4) de la presente. ARTICULO 3°: No podrán ejercer la profesión de abogados por incompatibilidad: Absoluta: a) El Presidente y Vicepresidente de la Nación, el Jefe de Gabinete, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios nacionales y Defensor del Pueblo. b) Los Gobernadores y Vicegobernadores de las provincias. c) Los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Provincial, el Fiscal de Estado y el Asesor General de Gobierno, al igual que sus reemplazantes legales, el Presidente y vocales del Tribunal de Cuentas y los miembros del Tribunal Fiscal. d) Los magistrados, funcionarios y empleados judiciales. e) Los abogados y procuradores que no cancelen su inscripción como escribanos públicos, doctores en ciencias económicas, contadores públicos, martilleros públicos, o cualquier otra profesión o título que se considere auxiliar de la justicia. f) Los abogados y procuradores, jubilados en ese carácter, y los escribanos que hubieren ejercido como procuradores de conformidad lo dispuesto en el artículo 62º inciso 1) y se hubieren jubilado como tales. Relativa: g) Los abogados funcionarios de servicios policiales, penitenciarios y de todo organismo de seguridad, en materia criminal y correccional. h) Los abogados, para intervenir en procesos judiciales que tramiten ante el tribunal en que se hayan desempeñado como magistrados o funcionarios, antes de haber transcurrido dos (2) años desde que cesaron en el cargo. En tal supuesto, el tribunal, a pedido del profesional alcanzado por la prohibición o de alguna de las partes, deberá remitir las actuaciones al que le sigue en orden de turno. i) Los legisladores nacionales y/o provinciales, mientras dure el ejercicio de sus mandatos, en causas judiciales o gestiones de carácter administrativo en las que particulares tengan intereses encontrados con el fisco.

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j) Los intendentes y concejales municipales, mientras dure el ejercicio de su mandato, en causas judiciales y gestiones de carácter administrativo, en que particulares tengan intereses encontrados con el municipio. En el caso previsto en el inciso f), si el profesional optase por ejercer la profesión previamente deberá pedir la suspensión del beneficio previsional de que gozare. ARTÍCULO 4°: Los funcionarios de orden administrativo, en actividad, diplomados en Derecho, sólo podrán ejercer la profesión de abogados cuando las respectivas leyes o reglamentos no lo prohíban. ARTÍCULO 5°: Los abogados afectados por las incompatibilidades y prohibiciones de los artículos anteriores, podrán litigar en causa propia o de su cónyuge, padres e hijos, pudiendo devengar honorarios, con arreglo a las leyes, cuando hubiese condenación en costas a la parte contraria. CAPÍTULO II DE LA INSCRIPCIÓN EN LA MATRÍCULA ARTICULO 6°: El abogado que quiera ejercer la profesión presentará su pedido de inscripción al Colegio Departamental del que formará parte. Para la inscripción se exigirá: 1- Acreditar identidad personal. 2- Presentar el diploma universitario original. 3- Manifestar si le afectan las causales de inhabilidad o incompatibilidad establecidas en los artículos 2º, 3º y 4º. 4Declarar su domicilio real, y el domicilio legal en que constituirá su estudio y servirá a los efectos de sus relaciones con la Justicia y el Colegio. 5Acreditar buena conducta y concepto público. La buena conducta se acreditará mediante certificado expedido por el Registro Nacional de Reincidencias y Estadística Criminal o el organismo que en el futuro cumpla sus funciones. El concepto público y el domicilio se acreditará en la forma que se determine en la reglamentación. ARTICULO 7°: El Colegio verificará si el peticionante reúne los requisitos exigidos para el ejercicio de la profesión y se expedirá dentro de los quince (15) días de presentada la solicitud. Ordenada la inscripción, el Colegio extenderá a favor del matriculado una credencial o certificado habilitante en el que constará la identidad del abogado, su domicilio legal y registro de inscripción, y la comunicará a la Suprema Corte de Justicia, a los Tribunales del respectivo Departamento Judicial, al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia y a la Caja de Previsión Social para Abogados. Dicha credencial será de uso obligatorio y constituirá el único modo de acreditar la condición de abogado habilitado ante las autoridades a las que se presente. En caso de existir alguna causa de incompatibilidad absoluta o relativa, de acuerdo a lo normado en el artículo 3, se hará constar dicha circunstancia en el carnet. ARTÍCULO 8°: El matriculado prestará juramento ante el Consejo Directivo, de desempeñar lealmente la profesión de abogado, observando la Constitución y las leyes, así de la Nación como de la Provincia; de no aconsejar ni defender causa que no sea justa, según su conciencia, y de patrocinar gratuitamente a los pobres. ARTICULO 9°: Podrá denegarse la inscripción cuando el abogado solicitante estuviese afectado por alguna de las causales de inhabilidad del artículo 2º. A estos efectos, los Colegios estarán facultados para solicitar, de oficio, los informes que se consideren indispensables. También podrá denegarse la inscripción cuando se invocase contra ella la existencia de una sentencia judicial definitiva que, a juicio de dos tercios de los miembros del Consejo Directivo, haga inconveniente la incorporación del abogado a la matrícula. En todos los casos, la decisión denegatoria será apelable por ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, dentro de los diez (10) días hábiles de producida su notificación, y deberá hacerse por escrito y en forma fundada. La resolución del Consejo Superior podrá ser recurrida por ante los tribunales contencioso administrativos, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 12.008. ARTICULO 10°: El abogado cuya inscripción fuera rechazada, podrá presentar nueva solicitud, probando ante el Colegio Departamental la desaparición de las causales que fundaron la denegatoria. En todos los casos, la denegatoria deberá ser comunicada a los restantes Colegios Departamentales.

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ARTICULO 11°: Corresponde a los Colegios de Abogados atender, conservar y depurar la matrícula de los abogados en ejercicio, dentro de su Departamento, debiendo comunicar inmediatamente a la Suprema Corte de Justicia, Tribunales del Departamento Judicial, Colegio de Abogados de la Provincia y Caja de Previsión Social para Abogados, cualquier modificación que sufran las listas pertinentes, de acuerdo con la presente Ley. CAPÍTULO III CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE MATRICULADOS ARTICULO 12°: Los Colegios de Abogados Departamentales y el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, en su caso, clasificarán a los inscriptos en la matrícula en la siguiente forma: 1- Matriculados en ejercicio activo con domicilio real en el Departamento Judicial. 2- Matriculados en ejercicio activo, con domicilio real fuera del Departamento Judicial. 3- Matriculados en funciones o empleos incompatibles con el ejercicio de la abogacía. 4- Matriculados en pasividad. 5Matriculados que se encuentran inhabilitados, suspendidos, excluidos o dados de baja para el ejercicio profesional, cualquiera fuere su causa. 6- Abogados fallecidos. ARTÍCULO 13°: De cada abogado se llevará un legajo especial donde se anotarán sus circunstancias personales, títulos profesionales, empleo o función que desempeñe, domicilio y sus traslados, todo cambio que pueda provocar una alteración en la lista pertinente de la matrícula, así como las sanciones impuestas y méritos acreditados en el ejercicio de su actividad. ARTICULO 14°: Es obligación de los Secretarios de la Suprema Corte de Justicia, Procuración General, Tribunal de Casación, Cámara de Garantía, Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Tribunales en lo Contencioso Administrativo, Tribunales de Trabajo, Tribunales de Familia, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz Letrada, conservar siempre visible en sus respectivas oficinas una nómina de los abogados inscriptos en el Departamento Judicial. Las listas estarán depuradas y actualizadas antes de realizar cada sorteo o designación de oficio, de acuerdo a las comunicaciones del Colegio de Abogados bajo pena de nulidad del sorteo o designación. TÍTULO II DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS DEPARTAMENTALES CAPÍTULO I COMPETENCIA, PERSONERÍA ARTÍCULO 15°: En cada Departamento Judicial funcionará un Colegio de Abogados para los objetos de interés general que se especifican en la presente ley. ARTÍCULO 16°: Cada Colegio tendrá su asiento en el lugar donde funcionan los Tribunales a que corresponda; se designará con el aditamento del Departamento Judicial respectivo y serán sus miembros los abogados que ejerzan la profesión en el mismo. ARTICULO 17°: No se admitirá la inscripción de un abogado en mas de un (1) Colegio Departamental. Cuando un abogado o procurador ejerciere su actividad en más de un Departamento Judicial, pertenecerá al Colegio de aquél donde tenga, además, su domicilio real. En todo los casos los actos profesionales serán juzgados por el Colegio de Abogados que correspondiere al Departamento Judicial donde se produjese. Los actos cumplidos ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Previsión Social para Abogados, serán juzgados por el Colegio Departamental a cuya matrícula pertenezca el profesional involucrado. ARTICULO 18°: Los Colegios de Abogados Departamentales funcionarán con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatal, para el mejor cumplimiento de sus fines.

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CAPÍTULO II FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LOS COLEGIOS ARTICULO 19°: Los Colegios de Abogados Departamentales, tendrán las siguientes funciones: 1- El gobierno de la matrícula de los abogados y de los procuradores. 2- La defensa y asistencia jurídica de las personas que carezcan de recursos. 3- El poder disciplinario sobre los abogados y procuradores que actúen en su Departamento. 4Asistir y defender a los miembros del Colegio, ejerciendo las acciones pertinentes, administrativas y/o judiciales, para asegurarles el libre ejercicio de la profesión. Velar por el decoro de los matriculados y afianzar la armonía entre éstos. 5- Fundar y sostener una biblioteca pública de preferente contenido jurídico. 6Participar en estudios, informes, dictámenes, proyectos y demás trabajos que estimen convenientes y oportunos o que los poderes públicos les encomienden, sean o no a condición gratuita, que se refieran a la profesión, a la ciencia del derecho, a la investigación de instituciones jurídicas y sociales, al funcionamiento de la administración de justicia y a la legislación en general. 7- Promover y participar en congresos o conferencias, por medio de Delegados. 8Suscribir convenios con el Poder Judicial, a los efectos de facilitar la consulta y transmisión por medios informáticos de los datos referidos a expedientes judiciales. 9Cumplir y hacer cumplir el mandato ético superior de la abogacía, de defender la justicia, la democracia, el estado de derecho y las instituciones republicanas en toda situación en la que estos valores se encuentren comprometidos, conforme a los derechos y garantías constitucionales. 10- Hacer conocer a los matriculados, a las autoridades públicas y a la comunidad, las irregularidades y deficiencias que se advirtieren en el funcionamiento de los organismos públicos, y las situaciones en las que se requiera la defensa del valor justicia para el aseguramiento de los derechos constitucionales. 11- Acusar a los funcionarios y magistrados de la Administración de Justicia, por las causales establecidas en la legislación vigente. Para ejercer esta atribución, deberá concurrir el voto de dos tercios de miembros que integran el Consejo Directivo. 12- Oponerse al ejercicio ilegal de la abogacía y de la procuración y denunciar a quien lo hiciere. 13- Fijar las bases para un sistema de ayuda judicial que, con la participación activa de todos los Colegios Departamentales, brinde cobertura de acceso a la justicia en el territorio de la Provincia. 14- Otorgar poderes generales o especiales, cuando así fuere necesario, para asumir la defensa de los intereses de la Institución. 15- Dictar los reglamentos inherentes al funcionamiento interno de la Institución y proponer al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia, los proyectos de reglamentación que entienda útiles para el mejor funcionamiento de los Colegios. 16- Adquirir bienes y derechos y disponer de los mismos, con las limitaciones establecidas en la presente ley; contraer obligaciones y gravar aquéllos con el propósito exclusivo de cumplir los fines de la Institución; aceptar y rechazar donaciones y legados. 17- Instituir becas, subsidios, aportes y premios de estímulo, con preferente destino a especialización en estudios de derecho. 18- Promover la creación de institutos para la formación de los abogados en nuevas especialidades y su perfeccionamiento en el conocimiento del derecho; propiciar el establecimiento de centros de mediación, conciliación y tribunales de arbitraje; y celebrar convenios con organismos municipales o entidades privadas para contribuir al mejoramiento del servicio de justicia o prestar asistencia a los abogados y procuradores en el ejercicio de su ministerio. 19- Informar al Consejo de la Magistratura sobre el estado de matrícula y antecedentes disciplinarios de los inscriptos en aquél. 20- Participar de las funciones que le corresponden en el Consejo de la Magistratura. 21- Representar, en calidad de agente natural, a la Caja de Previsión Social para Abogados, en el ámbito departamental. 22- Participar en la obra del Patronato de Liberados en la forma que se determine por Ley. 23- Propender, en general, al mejoramiento y atención del bienestar del matriculado y su familia, en relación a sus necesidades y recreación física y espiritual, dentro del marco de confraternidad que emana de esta Ley.

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Las facultades enunciadas en los incisos precedentes, no se entenderán como negación de otras atribuciones que correspondan a la capacidad reconocida por la ley a las personas jurídicas, o se relacionen con el ejercicio de la abogacía y procuración considerado como problema provincial o nacional, con la institución de la justicia, con el estudio y progreso de la legislación y la jurisprudencia su actualización, perfeccionamiento y especialización de los conocimientos científico-jurídicos de los profesionales. ARTICULO 20°: Cuando un Colegio de Abogados Departamental intervenga en cuestiones notoriamente ajenas a las específicas y exclusivas previstas que la presente ley le asigna o no hace cumplir las mismas, podrá ser intervenido por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia a los efectos de su reorganización, mediante resolución fundada debidamente documentada. El cargo de interventor recaerá en el Presidente del Colegio de Abogados Departamental más cercano. La reorganización deberá cumplirse dentro del término de cuatro (4) meses de comenzada la intervención. El interventor tendrá las mismas atribuciones reconocidas por esta Ley al Consejo Directivo, pudiendo designar como colaboradores a abogados colegiados en ejercicio activo de la profesión. Si no se cumpliere la reorganización dentro del plazo establecido, cualquier abogado de la matrícula del Colegio intervenido podrá recurrir a la Suprema Corte de Justicia de la Provincia para que esta disponga la reorganización dentro del término de treinta (30) días. Las disposiciones previstas en los párrafos anteriores serán aplicables al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia cuando deje de observar lo dispuesto en la presente Ley, con la salvedad de que en este caso la intervención podrá alcanzar también a los Colegios Departamentales cuyos representantes ante el Consejo Superior se hubieran apartado de lo previsto en esta Ley, con la salvedad de que la intervención recaerá en el funcionario que al efecto designe el Poder Ejecutivo. La resolución que disponga la intervención, en todos los casos, deberá ser fundada y hacer mérito de las actas y demás documentación de los Colegios, previa certificación de su autenticidad en caso necesario. ARTÍCULO 21°: Sin perjuicio de lo dispuesto en este capítulo, los abogados podrán ejercer libremente el derecho de asociación y agremiación, con fines útiles. CAPÍTULO III DE LA DEFENSA DE LOS POBRES ARTICULO 22°: Cada Colegio Departamental establecerá en su sede un consultorio jurídico gratuito para personas carentes de recursos y asegurará la asistencia gratuita en las localidades del respectivo departamento que por el número de habitantes y su importancia así lo justifiquen, de acuerdo con el reglamento que al efecto se dicte. La consultoría y asistencia jurídica gratuita son carga pública. ARTICULO 23°: En el consultorio jurídico gratuito, así como en la asistencia de los carentes de recursos ante los tribunales, podrá admitirse como practicantes a los estudiantes de derecho que lo soliciten en el número, modo y condiciones que establezca el Consejo Directivo de cada Colegio Departamental. No obstante lo expresado, en todos los casos, los practicantes serán conducidos por un matriculado que será el responsable directo de su actuación. CAPÍTULO IV PODERES DISCIPLINARIOS ARTÍCULO 24°: Es obligación del Colegio Departamental fiscalizar el correcto ejercicio de la función de abogado y el decoro profesional; a esos efectos se le confiere el poder disciplinario, que ejercitará sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales y de las medidas que puedan aplicar los magistrados judiciales. ARTICULO 25°: Los abogados y procuradores matriculados en el Colegio quedan sujetos a las sanciones disciplinarias del mismo, por las causas siguientes: 1- Pérdida de la ciudadanía, cuando la causa que la determinare importe indignidad. 2- Condena criminal. 3- Violación de las prohibiciones establecidas en el artículo 60. 4Retención indebida de fondos o efectos pertenecientes a sus mandantes, representados, asistidos o patrocinados. 5Infracción manifiesta o encubierta a lo dispuesto en materia de aranceles y honorarios en la ley

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que regula la materia. Retardos o negligencias frecuentes o ineptitud manifiesta y omisiones en el cumplimiento de las obligaciones y deberes profesionales. 7- Violación del régimen de incompatibilidades establecidas en el artículo 3º. Violación a las normas de ética profesional establecidas en el Código respectivo, sancionado por el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia. 8Abandono del ejercicio de la profesión o traslado de su domicilio profesional fuera del Departamento Judicial, sin dar aviso dentro de los treinta días al Colegio de Abogados Departamental, cuando se deviene perjuicio a terceros. 9Inasistencia por parte de los miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina a tres (3) sesiones consecutivas o cinco (5) alternadas en el curso de un año, sin causa justificada. 10- Toda contravención a las disposiciones de esta Ley y del Decreto Reglamentario. 6-

ARTICULO 26°: Sin perjuicio de las facultades disciplinarias que se le otorgan al Tribunal de Disciplina, el Consejo Directivo podrá decretar la suspensión provisoria en la matrícula a aquellos profesionales que se encuentren imputados por delito doloso. Dicha suspensión sólo podrá decretarse con el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo cuando la gravedad del delito y la verosimilitud de las pruebas así lo acrediten, y por simple mayoría cuando exista acusación fiscal. ARTÍCULO 27°: Sin perjuicio de la medida disciplinaria, el abogado culpable podrá ser inhabilitado para formar parte del Consejo Superior o del Consejo Directivo hasta por cinco años. ARTICULO 28° : Las sanciones disciplinarias son: 1- Advertencia individual o en presencia del Consejo Directivo, según la importancia de la falta. 2- Multa, hasta un importe equivalente a cien (100) jus arancelario. 3- Suspensión en la matrícula profesional, hasta dos (2) años. 4- Exclusión de la matrícula profesional. ARTICULO 29°: La sanción prevista en el inciso 1 del artículo anterior se aplicará por el Tribunal de Disciplina con el voto de la mayoría de los miembros que lo componen. Las previstas en los incisos 2), 3) y 4), del mismo artículo, se aplicarán por el voto de dos tercios de los miembros del Tribunal. En todos los casos, la sanción será apelable por ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, recurso que se interpondrá por escrito y fundado ante el Tribunal de Disciplina, dentro del plazo de diez (10) días desde la fecha de la notificación, ampliable en razón de la distancia. La resolución que dicte el Consejo Superior, que determine la aplicación de las sanciones previstas en los incisos 2), 3) y 4) del artículo 28, podrá recurrirse ante los tribunales contencioso administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 74 de la Ley 12.008. La sanción prevista en el inciso 1) sólo será apelable cuando se alegue haberse operado la prescripción. ARTICULO 30°: La sanción del artículo 28, inciso 4), sólo podrá ser resuelta: 1Por haber sido suspendido el profesional inculpado, tres o más veces, por un período total no inferior al plazo máximo establecido para la suspensión. 2Por la comisión de delitos de acción pública y/o privada y siempre que de las circunstancias del caso, cuyo juzgamiento compete al Tribunal de Disciplina, se desprendiere con evidencia la conducta dolosa del profesional. ARTICULO 31°: Los trámites disciplinarios podrán iniciarse por denuncia formulada por el presunto damnificado, por comunicación de los magistrados, por denuncias del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia o de las autoridades de la Caja de Previsión Social para Abogados, de funcionarios de reparticiones públicas, de oficio por el propio Consejo Directivo y por cualquier otra persona física o jurídica. Las denuncias presentadas por el presunto damnificado y por cualquier otra persona física o jurídica deberán ser ratificadas. La citación a tal efecto, deberá formularse dentro de los quince (15) días contados a partir de la primera reunión que se celebre con posterioridad a la recepción de la denuncia. El Consejo Directivo requerirá explicaciones al profesional denunciado, quién deberá brindarlas dentro de los diez (10) días de recepcionada la notificación. El traslado deberá ser conferido dentro del plazo de treinta (30) días, los cuales, en los casos del párrafo anterior, se computarán a partir de la fecha de la

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ratificación. Recibidas las explicaciones o vencido el plazo conferido para ello, el Consejo Directivo resolverá en un plazo no mayor a sesenta (60) días si hay o no lugar a la formación de causa disciplinaria, desestimándose aquellos casos en que la denuncia resultare manifiestamente improcedente o notoriamente infundada. Si hubiere lugar a la iniciación de la causa, la resolución expresará el motivo y se giraran las actuaciones al Tribunal de Disciplina. De igual forma se procederá si el Consejo no se expidiere dentro del plazo previsto en el párrafo anterior. El Tribunal dará conocimiento de las mismas al imputado, emplazándolo para que presente pruebas y defensa dentro de los quince (15) días hábiles. El Tribunal no estará limitado en sus facultades con relación a lo que surja exclusivamente del contenido de la denuncia. Si de la instrucción de la causa resultare la existencia de otros hechos violatorios de las normas de ética profesional, vinculados a la que le dio origen, se dispondrá la formación de una nueva causa disciplinaria para juzgar los mismos. Sin perjuicio de la obligación del denunciado de hacer comparecer los testigos, y de la obligación de éstos de asistir ante las citaciones que se les cursen, el tribunal podrá requerir del auxilio de la fuerza pública para asegurar la concurrencia de los mismos. Producidas las pruebas, el Tribunal resolverá la causa dentro de los treinta (30) días, comunicando la decisión al Consejo Directivo para su conocimiento. La resolución del Tribunal será siempre fundada. ARTICULO 32°: Las acciones disciplinarias prescriben a los dos (2) años, computables desde la fecha en que se produjo el hecho que autoriza el ejercicio de la acción o desde la fecha que el agraviado tomó conocimiento del hecho que motiva la denuncia, salvo las que den lugar a la exclusión de la matrícula profesional que prescriben a los cuatro (4) años. El plazo de prescripción de la acción se interrumpirá por la interposición de la denuncia o acto equivalente que origine la actuación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31, y por la secuela regular del procedimiento. Sin embargo, la acción caducará si no se hubiere dictado sentencia en el plazo de dos (2) años de recibidas las actuaciones por el Tribunal de Disciplina Departamental. Cuando la denuncia fuese presentada ante órgano incompetente, su sola presentación suspenderá el término de la prescripción por el lapso de noventa (90) días corridos. Los plazos de prescripción y caducidad se suspenderán cuando el inicio de la causa disciplinaria o su sentencia dependieran del dictado de un fallo en sede judicial y hasta tanto este último adquiera firmeza. La prescripción podrá ser declarada de oficio por el Tribunal de Disciplina, cuando de las actuaciones surja el transcurso de los plazos establecidos en el presente artículo. ARTICULO 33°: El proceso disciplinario no es susceptible de renuncia ni de desistimiento. La suspensión del imputado o su exclusión de la matrícula no paralizan ni extinguen el proceso. Solo se extingue la acción disciplinaria por fallecimiento del imputado o por prescripción. El abogado excluido de la matrícula profesional, por sanción disciplinaria, podrá ser admitido en la actividad cuando hubieren transcurrido cinco (5) años de la resolución firme respectiva. CAPÍTULO V AUTORIDADES DEL COLEGIO DEPARTAMENTAL ARTÍCULO 34°: Son órganos directivos de la institución: a) La Asamblea. b) Consejo Directivo. c) El Tribunal de Disciplina. El Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina serán elegidos por la Asamblea, y sus miembros durarán cuatro años, renovándose por mitades cada bienio. ARTICULO 35°: Se declara carga pública las funciones de miembros del Consejo Superior, Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina. Podrán excusarse los mayores de setenta años, y los que hayan desempeñado, en el período inmediato anterior, alguno de dichos cargos. ARTICULO 36°: No serán elegibles ni pueden ser electores, en ningún caso, los abogados inscriptos en la matrícula que adeuden la cuota anual establecida en el artículo diecinueve, ni los que se encuentren suspendidos o excluidos de la matrícula por sanción disciplinaria, a la fecha del acto eleccionario.

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El voto es obligatorio y quién, sin causa justificada comprobada, no emitiese su voto sufrirá una multa de cinco jus que le aplicará el Tribunal de Disciplina. ARTICULO 37°: El Consejo Directivo deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de modo de facilitar el voto a los matriculados que no tengan domicilio en la ciudad asiento del Colegio. Al efecto, la autoridad electoral podrá disponer que el presidente de la mesa correspondiente al elector reciba el voto en forma anticipada durante los cinco días previos al comicio, como así también la instalación de urnas en las localidades que por su importancia así lo justifiquen, dentro del ámbito del respectivo Departamento Judicial. CAPÍTULO VI DE LAS ASAMBLEAS ARTICULO 38°: Cada año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, se reunirá la Asamblea Ordinaria para considerar la Memoria, Balance y Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, la fijación de contribuciones extraordinarias y los demás asuntos de competencia del Colegio y los relativos al ejercicio de la profesión en general, incluidos en el Orden del Día. El año que corresponda renovar autoridades se incluirá también en el Orden del Día la pertinente convocatoria. ARTICULO 39°: Se citará a asamblea extraordinaria cuando lo solicite por escrito no menos de un quinto (1/5) de los miembros del Colegio, lo resuelva el Consejo Directivo o una Asamblea Ordinaria, con los mismos objetivos señalados en el artículo anterior. Cuando los miembros del Colegio excedan de dos mil (2.000) bastará con la firma de cuatrocientos (400) profesionales. ARTICULO 40°: La Asamblea funcionará con la presencia de más de un tercio (1/3) de los colegiados inscriptos legalmente. Los abogados y procuradores jubilados podrán asistir con voz pero sin voto. Será citada para una sola fecha. Si a la hora prevista no se reuniere el tercio exigido, funcionará válidamente una (1) hora después con los miembros presentes. La citación se hará personalmente y en un diario de la ciudad cabecera del Departamento Judicial, en este caso, por un (1) día. Ninguna Asamblea podrá tratar asuntos no incluidos en la convocatoria y en el orden del día respectivo. Para que las decisiones sean consideradas válidas, se exige que hayan sido adoptadas por un (1) voto más que los votos en contra computables. Los integrantes del Consejo Directivo y el Tribunal de Disciplina serán elegidos en comicios en los que el voto será secreto y obligatorio. Cuando se oficialicen más de una lista, se consagrará ganadora la que obtenga mayor número de votos, quedando elegidos todos sus candidatos si ninguna de las demás listas obtuvieran el veinticinco (25) por ciento de los votos. Si hubiera una o más listas, que sigan en número de votos a la ganadora, y que hayan obtenido no menos del veinticinco (25) por ciento de los votos válidos emitidos, la distribución de los cargos se hará mediante el sistema proporcional. Los consejeros suplentes llamados a sustituir a los consejeros titulares, serán los electos en el mismo acto y pertenecientes a la misma lista que los titulares que deban reemplazar. CAPÍTULO VII CONSEJO DIRECTIVO ARTICULO 41°: El Consejo Directivo de los Colegios de Abogados se compondrá de un Presidente y once miembros titulares, que durarán cuatro (4) años en sus funciones. En la primera reunión que celebre el cuerpo se designarán los miembros de la mesa directiva por el término de dos (2) años, y se proveerán los demás cargos que se consideren necesarios. Se elegirán asimismo nueve (9) consejeros suplentes en los Colegios cuya matrícula de profesionales en actividad de ejercicio exceda de un mil (1.000) y cinco (5) consejeros suplentes en los restantes, con igual duración de mandato. Para ser elegido miembro del Consejo se requiere tener domicilio real en el Departamento o estudio instalado en el mismo con una antigüedad mínima, en ambos casos, de tres (3) años. ARTICULO 42°: Corresponde a los Consejos Directivos:

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Resolver los pedidos de inscripción. Llevar la matrícula. Esta se organizará sobre la base de un doble juego de ejemplares, uno de los cuales será remitido al Colegio de Abogados de la Provincia para su centralización y a los fines del artículo 11. 3- Convocar las asambleas y redactar el orden del día. 4Representar a los matriculados en ejercicio, dictando las disposiciones necesarias y ejerciendo las acciones judiciales y administrativas pertinentes, para asegurarles el legítimo desempeño de su profesión. 5- Defender los derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los abogados, velando por el decoro e independencia de la profesión. 6Cuidar que nadie ejerza ilegalmente la abogacía y la procuración y denunciar a quién lo haga sin estar debidamente habilitado. 7Hacer conocer a los tribunales superiores las irregularidades y deficiencias que notare en el funcionamiento de la administración de justicia. 8- Intervenir a solicitud de parte, en los conflictos que se susciten entre colegas, o entre abogados y clientes y por restitución de papeles o documentos con motivo de gastos y honorarios, sin perjuicio de la intervención que corresponda a los jueces. 9Establecer el monto y la forma de percepción de la cuota anual que deberán abonar los colegiados, administrar los bienes del colegio, proyectar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para someter a la consideración de la asamblea y fomentar su biblioteca pública. 10- Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las asambleas. 11- Proponer al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia los proyectos de reglamentos, a los que se refiere el artículo 19 inciso 15), como así las modificaciones que estime necesarias. 12- Nombrar y remover sus empleados. 13- Informar al Consejo de la Magistratura sobre los antecedentes de matrícula de los inscriptos que aspiren a desempeñarse en cargos judiciales, sin perjuicio de otros que, vinculados a la cuestión, se prevean en otras leyes. 14- Disponer la iniciación de los trámites disciplinarios de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 primer párrafo. 15- Promover y resolver el funcionamiento de institutos vinculados a la mediación, al arbitraje y a la conciliación. ARTÍCULO 43°: El Presidente del Consejo Directivo, o su reemplazante legal, presidirá las asambleas, mantendrá las relaciones de la institución con sus similares y con los poderes públicos, ejecutará todo crédito por cuota o multa, notificará las resoluciones y cumplirá y hará cumplir las decisiones del Colegio Departamental y del Colegio de Abogados de la Provincia. ARTICULO 44°: El Consejo Directivo deliberará válidamente con la presencia de, por lo menos, la mitad más uno de sus miembros, tomando sus resoluciones por mayoría de votos. En caso de empate el voto del Presidente se computará doble. Funcionará asimismo una Mesa Directiva, integrada como mínimo por el Presidente, el Secretario y el Tesorero, pudiendo los Colegios ampliar el número de miembros de la misma, conforme a las circunstancias que se valoren en cada caso. La Mesa Directiva tendrá a su cargo la atención del despacho diario, la representación social del Colegio, el manejo del personal y asuntos administrativos, pudiendo adoptar de medidas urgentes que no admitan dilación, con cargo de dar cuenta al Consejo Directivo en la primera sesión que se realice. CAPÍTULO VIII DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA ARTICULO 45°: El Tribunal de Disciplina se compondrá de cinco (5) miembros titulares e igual número de suplentes, elegidos en la forma establecida en el artículo 34. Para ser miembro se requieren las mismas condiciones que para integrar el Consejo Directivo y, además, diez (10) años de ejercicio profesional. Los miembros del Consejo Directivo no podrán formar parte de este Tribunal. El Organismo designará, al entrar en funciones un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario. En ningún caso los procuradores integrarán el Tribunal de Disciplina.

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ARTICULO 46°: Para la recusación y excusación de los miembros del Tribunal se aplicarán las mismas causales que las establecidas para los Jueces en el Código de Procedimiento Criminal y Correccional. CAPÍTULO IX DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE LA PROVINCIA ARTÍCULO 47°: Los Colegios departamentales constituyen el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. ARTICULO 48°: El Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires funcionará con el carácter, derechos y obligaciones de las personas jurídicas de derecho público no estatales, para el mejor cumplimiento de sus fines. Tendrá su asiento en la ciudad de La Plata y sesionará en la misma o en el lugar que determine el propio organismo. ARTICULO 49°: La representación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires estará a cargo de un Consejo Superior, integrado por los Presidentes de los Colegios Departamentales que funcionen en el territorio de la Provincia de Buenos Aires. Tendrán carácter de Consejeros suplentes los Vice Presidentes 1º, de cada Colegio Departamental. ARTICULO 50°: El Colegio de Abogados de la Provincia tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a) Representar a los Colegios Departamentales en sus relaciones con los poderes públicos. b) Promover y participar en conferencias o congresos vinculados con la actividad jurídica por medio de sus delegados. c) Propender al progreso de la legislación de la Provincia y dictaminar o colaborar con los estudios, proyectos de Ley y demás trabajos de técnica jurídica que le solicitaren las autoridades. d) Elaborar proyectos vinculados a la legislación que atañe a la abogacía y a la procuración. e) Dictar el reglamento que, de conformidad con esta Ley, regirá el funcionamiento de los Colegios Departamentales y el uso de sus atribuciones. f) Centralizar la matrícula de los abogados y procuradores, en base a los datos provistos por los Colegios Departamentales. g) Resolver, en grado de apelación, aquellas cuestiones expresamente previstas en esta Ley. h) Fijar la contribución de los Colegios Departamentales, administrar sus fondos, proyectar el presupuesto de gastos y cálculo de recursos para ser elevado a la asamblea, nombrar y remover a sus empleados y cuantas más atribuciones sean conducentes al logro de los propósitos de esta Ley. i) Velar por el fiel cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y resolver en última instancia las cuestiones que se suscitaren en torno a su interpretación y aplicación. j) Fijar, de manera uniforme, el monto y forma de percepción de la cuota anual que deberán abonar los colegiados. k) Actuar judicial o administrativamente en defensa de los intereses profesionales, pudiendo otorgar mandatos a tal efecto. l) Celebrar convenios con organismos provinciales conforme a los cuales el Colegio colabore en el mejoramiento del servicio de justicia y con entidades privadas y fundaciones para prestar asistencia a los abogados en ejercicio de su profesión. m) Promover el desarrollo de medios alternativos para la solución de conflictos. n) Integrar el Consejo de la Magistratura conforme a lo dispuesto en la Ley específica. o) Organizar un registro centralizado por profesión, de las causas disciplinarias que se sustancien ante los Colegios Departamentales, y llevar asimismo un registro de sanciones. p) Distribuir mensualmente entre los Colegios Departamentales los importes que se recauden en concepto del derecho fijo creado por la Ley 8.480, previa deducción del porcentaje atribuido al Consejo Superior y las retenciones que reglamentariamente correspondan. Las atribuciones enumeradas no importan negar el ejercicio de otras que respondan al cumplimiento de sus fines. ARTÍCULO 51°: A los fines de la organización y funcionamiento del Colegio de Abogados de la Provincia, el Consejo Superior de dicho organismo fijará el monto y la forma de contribución que los Colegios Departamentales deberán destinar de la cuota anual que se establezca de acuerdo al artículo 53. ARTICULO 52°: El Consejo Superior designará de entre sus miembros un Presidente, un Vicepresidente, un

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Secretario, un Tesorero, un Prosecretario y un Protesorero, que formarán la mesa directiva. Las decisiones del Organismo se tomarán por simple mayoría, teniendo el presidente doble voto en caso de empate. Sin perjuicio de ello, se exigirá una mayoría especial de tres cuartas partes de la totalidad de sus miembros, en los casos de elección de autoridades, representación de la Institución, revocación de resoluciones anteriores y fijación de la cuota anual de matriculación. Para sesionar, deberá contar con la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Cuando se trate de resolver cuestiones disciplinarias, en grado de apelación, deberán abstenerse de participar de la votación los miembros del organismo que no reúnan la antigüedad requerida por el artículo 45 para ser miembro del Tribunal de Disciplina, como así también aquellos miembros que representen al Colegio Departamental cuyo Tribunal de Disciplina dictó la medida recurrida. CAPÍTULO X DE LA CUOTA ANUAL ARTICULO 53°: La cuota anual será abonada por los matriculados en actividad, en los plazos en que lo determine el Consejo Superior del Colegio de la Provincia, conforme la atribución conferida por el artículo 50 inciso j). La falta de pago de dos (2) anualidades se interpretará como abandono del ejercicio profesional y determinará la exclusión automática de la matrícula respectiva, hasta tanto el matriculado moroso regularice su situación. Sin perjuicio de ello, los Consejos Directivos de los Colegios podrán suspender en la matrícula a quienes adeuden una (1) anualidad. El profesional que incurra en la situación prevista en el presente artículo no podrá tampoco litigar en causa propia o de su cónyuge, padres e hijos. El ejercicio profesional durante el período de abandono o suspensión se considerará ilegal y hará pasible al abogado o procurador de las sanciones pertinentes. ARTICULO 54°: Cuando la matriculación o reincorporación se produjeren con posterioridad al vencimiento del período que se fije conforme al procedimiento determinado en el artículo anterior, el pago de la cuota anual se efectivizará al momento de producirse las mismas, pudiendo ser proporcional al tiempo que faltare hasta la finalización del año calendario, y computándose lapsos mensuales. Para los procuradores, la cuota anual será equivalente a la mitad de la que corresponda pagar a los abogados. Operado el vencimiento del plazo que se fije anualmente para el pago de la matrícula y aunque hubieren mediado pagos parciales, el colegiado deudor deberá abonar, además del saldo impago, un interés que será equivalente a la tasa activa que cobre el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento, sobre el total de lo adeudado. Su cobro se realizará por la vía de apremio, siendo título ejecutivo hábil al efecto la planilla de liquidación suscripta por el Presidente y Tesorero del Colegio Departamental respectivo. Si se hubiere establecido el pago de la matrícula en cuotas, el atraso en el pago de cualquiera de ellas implicará automáticamente la caducidad de los plazos siguientes y hará exigible la totalidad de lo adeudado. ARTICULO 55°: El Colegio de Abogados Departamental percibirá el importe de la cuota que se establezca de acuerdo al artículo 50 inciso j, y sus acreencias si correspondiere. Al Colegio de Abogados de la Provincia le corresponde el cinco (5) por ciento de ese monto, que será liquidado por el Colegio Departamental en el plazo de treinta (30) días posteriores al mes en que se hubiere percibido la cuota. CAPÍTULO XI DE LOS MIEMBROS ARTICULO 56°: El ejercicio de la profesión de abogado comprende las siguientes funciones: a) Defender, patrocinar o representar causas propias o ajenas, en juicio o proceso o fuera de ellos, en el ámbito judicial o administrativo y en cualquier otro donde se controviertan derechos o intereses legítimos. b) Evacuar consultas y prestar todo tipo de asesoramiento en cuestiones en que se encuentren involucrados problemas jurídicos. Dichas funciones le son propias y exclusivas, salvo lo dispuesto en relación al ejercicio de la procuración.

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En el desempeño de su profesión, el abogado será asimilado a los magistrados en cuanto atañe al respeto y consideración que debe guardársele. Cometerá falta grave quién no respete esta disposición, y su violación podrá dar lugar a la pertinente denuncia ante el superior jerárquico del infractor, debiendo ser sustanciada de inmediato. El profesional afectado se encuentra legitimado para la radicación e impulso de los trámites respectivos. c) (Inciso incorporado por Ley 13419) Presentar con su sola firma los escritos de mero trámite. ARTICULO 57°: Es facultad de los abogados y procuradores, en ejercicio de su función, recabar directamente de las oficinas públicas, bancos oficiales o particulares y empresas privadas o mixtas, informes y antecedentes, como así también solicitar certificados sobre hechos concretos atinentes a las causas en que intervengan. Estos pedidos deberán ser evacuados por las oficinas y entidades aludidas dentro del término de quince días. En las solicitudes, el profesional hará constar su nombre, domicilio, carátula del juicio, juzgado y secretaría de actuación. Las contestaciones serán entregadas personalmente al profesional, o bien remitidas a su domicilio, según lo haya solicitado; no habiendo realizado ninguna solicitud en tal sentido, serán remitidas al Juzgado de la causa. Con la sola exhibición de la credencial profesional, el abogado o procurador podrá examinar y compulsar actuaciones judiciales y administrativas, provinciales y municipales y registros notariales. Cuando un funcionario o empleado de cualquier manera impidiera o trabare el ejercicio de este derecho, el Colegio Departamental pertinente, a instancia del afectado, pondrá el hecho en conocimiento del superior jerárquico de aquéllos, a los efectos que correspondan, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 y sin perjuicio de otras medidas a que hubiere lugar. CAPÍTULO XII OBLIGACIONES DEL ABOGADO ARTICULO 58°: Son obligaciones de los abogados y procuradores: 1Prestar su asistencia profesional como colaborador del Juez y al servicio de la justicia. La inobservancia de esta regla podrá dar lugar a la formación de causa disciplinaria. 2Patrocinar o representar a los declarados pobres en los casos que la ley determine y atender el consultorio gratuito del Colegio en la forma que establezca el reglamento interno. 3Aceptar los nombramientos que le hicieren los jueces o tribunales con arreglo a la ley, y las misiones que le encomiende el Colegio, pudiendo excusarse solo por causas debidamente fundadas. 4Tener estudio dentro del Departamento Judicial en el que se encuentre matriculado, sin perjuicio de su ejercicio profesional en otros Departamentos Judiciales. 5- Dar aviso al Colegio Departamental de todo cambio de domicilio, como así del cese o reanudación del ejercicio profesional. 6- Guardar secreto profesional respecto de los hechos que ha conocido con motivo del asunto que se le hubiere encomendado o consultado, con las salvedades establecidas por la Ley. 7- No abandonar los juicios mientras dure el patrocinio. 8- Ajustarse a las disposiciones del artículo 73, cuando actuare en calidad de apoderado. ARTÍCULO 59°: Aceptado el poder conferido, el abogado asume todas las responsabilidades que las leyes imponen a los mandatarios, sujetándose a las reglas establecidas en el Código Civil sobre los contratos de esta clase. Estarán obligados a ejercer la representación, hasta que hayan cesado legalmente en su cargo. Las simples consultas se considerarán como locación de servicio. CAPÍTULO XIII PROHIBICIONES ARTICULO 60°: Sin perjuicio de lo que disponen las leyes generales, está prohibido a los abogados: 1Patrocinar o asesorar a ambos litigantes en un juicio, simultáneamente o sucesivamente, o aceptar la defensa de una parte, si ya hubiere asesorado a la otra. 2Patrocinar y representar individual y simultáneamente a partes contrarias, los abogados asociados entre sí. 3Ejercer su profesión en un conflicto en cuya tramitación hubiere intervenido como magistrado, funcionario judicial o administrativo. 4Aceptar el patrocinio o representación en asuntos en que haya intervenido un colega, sin dar

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previamente aviso a éste, excepto en casos de extrema urgencia y con cargo de comunicárselo inmediatamente. 5Sustituir a abogado o procurador en el apoderamiento o patrocinio de un litigante, cuando ello provoque la separación de juez de la causa por algún motivo legal. 6- Procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional. 7Publicar avisos o realizar propaganda, por cualquier medio de difusión que pueda inducir a engaño a los clientes u ofrecer servicios contrarios o violatorios de las leyes. La publicidad profesional se habrá de limitar a su nombre, dirección del estudio, títulos científicos, horario de atención al público, fuero, materia o asuntos a los que especialmente se dedique. 8Requerir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados para obtener asuntos. 9- Celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abogados o procuradores. 10- Celebrar contrato de sociedad con quienes no posean título de abogado o procurador, o integrar asociación o sociedad comercial que pueda tener por objeto exclusivo el ofrecimiento de servicios jurídicos. Sin embargo, el abogado o procurador podrá establecer formas asociativas no comerciales con otros profesionales universitarios, a través de la prestación de servicios con sentido interdisciplinario, siempre que ello no altere la independencia funcional e individualidad de la profesión y preserve la responsabilidad inherente a su calidad de profesional del derecho. En todos los casos deberá declarar la existencia de esa relación ante el Colegio Departamental respectivo. 11- Constituir domicilio en oficinas públicas, excepto cuando se trate de funcionarios o empleados públicos que litiguen en calidad de tales y específicamente con motivo de su función. CAPÍTULO XIV ORGANIZACIÓN MUTUALISTA ARTICULO 61°: El régimen instituido por la Ley 6.716 y sus modificatorias no impide el funcionamiento de cualquier organización de carácter mutualista, en cuanto contemple situaciones similares a las previstas en dicha Ley. LIBRO SEGUNDO TÍTULO I DE LOS PROCURADORES CAPÍTULO I DEL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN ARTICULO 62°: Para ejercer la procuración se requiere: 1Tener título de procurador o de escribano, en este último caso siempre que no ejerza dicha profesión, expedido por Universidad Nacional, Provincial o Privada reconocida o por Universidad extranjera cuando las leyes nacionales le otorguen validez o estuviere revalidado por la Universidad Nacional. 2- Estar inscripto en la matrícula de uno de los Colegios de Abogados creados por la presente Ley. ARTÍCULO 63°: No podrán ejercer la procuración por incompatibilidad las personas alcanzadas por las inhabilidades establecidas en el artículo 3º. CAPÍTULO II DE LA INSCRIPCIÓN DE LA MATRICULA ARTICULO 64°: El profesional que quiera ejercer la profesión de procurador solicitará inscripción al Colegio de Abogados Departamental que le corresponda, acreditando los mismos requisitos exigidos a los abogados en el artículo 6º. ARTICULO 65°: Regirán en cuanto a las condiciones para la admisión de los procuradores como matriculado o su denegatoria, las mismas disposiciones establecidas en esta Ley respecto de los abogados.

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ARTICULO 66°: Llenados los requisitos exigidos en los artículos anteriores, el procurador prestará juramento de buen y fiel desempeño profesional ante el Consejo Directivo, quien expedirá constancia del acto. CAPÍTULO III CLASIFICACIÓN DE LOS REGISTROS DE LA MATRÍCULA ARTICULO 67°: Los Colegios de Abogados clasificarán a los procuradores inscriptos en el Departamento Judicial correspondiente, en igual forma que la establecida para los abogados en el artículo 12, como así les será de aplicación, en lo que les fuere atinente, lo dispuesto en el artículo 14. ARTICULO 68°: Se llevará un legajo personal para cada procurador, en donde se anotarán sus circunstancias personales, títulos profesionales, empleo o función, domicilio y sus traslados, todo cambio que pueda provocar una alteración en la lista pertinente de la Matrícula y las sanciones y méritos acreditados. CAPÍTULO IV INVIOLABILIDAD DEL ESTUDIO JURIDICO ARTICULO 69°: El estudio profesional es inviolable, en resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio y del secreto profesional. En caso de allanamiento dispuesto por autoridad competente, deberá darse aviso, bajo pena de nulidad, al Colegio de Abogados del domicilio donde se practique la medida, el cual podrá estar presente durante su realización. El abogado podrá solicitar la presencia de un miembro del Consejo Directivo durante el procedimiento, sin que ello implique suspenderlo. TÍTULO II CAPÍTULO I DERECHOS DE LOS PROCURADORES ARTÍCULO 70°: El ejercicio de la profesión de Procurador, comprende las siguientes funciones: 1. Representar en juicio o proceso, o fuera de él bajo patrocinio de letrado cuando así lo prescribiere esta ley o las leyes de procedimientos. 2. Presentar con su sola firma aquellos escritos que tengan por objeto activar el procedimiento, acusar rebeldía, deducir recursos de apelación y en general, los de mero trámite. ARTICULO 71°: Los procuradores podrán prescindir de dirección letrada en los juicios ejecutivos y de desalojo, mientras no se opongan excepciones o defensas, con excepción de los juicios ejecutivos hipotecarios, las actuaciones en las audiencias y en los incidentes en que haya contienda entre partes. CAPÍTULO II DEBERES DE LOS PROCURADORES ARTÍCULO 72°: Es obligación de los Procuradores: 1. Representar gratuitamente a los declarados pobres en los casos y modos previstos por la ley. 2. Recurrir a dirección letrada en la forma ordenada por las leyes procesales. 3. Poner en conocimiento del letrado patrocinante las notificaciones que se les hicieren de providencia, autos o sentencias. ARTICULO 73°: Son deberes comunes a los abogados y procuradores: 1Asistir los días designados para las notificaciones en la oficina, a los juzgados o tribunales donde tengan pleitos o procesos, y con la frecuencia necesaria en los casos urgentes. 2- Presentar y suscribir los escritos y activar el procedimiento en las condiciones de Ley. 3- Asistir puntualmente a las audiencias que se celebren en los juicios donde intervienen. Los apoderados, además de las obligaciones establecidas en los incisos anteriores deberán: a) Interponer los recursos legales, bajo responsabilidad de daños y perjuicios,

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b)

contra toda sentencia definitiva contraria a las pretensiones de su poderdante y contra toda regulación de honorarios que le corresponda abonar al mismo, salvo el caso de que éste le diera por escrito instrucciones en contrario o no le proveyese de los fondos necesarios cuando le fuere menester. Ejercer la representación aceptada, hasta que hayan cesado legalmente en sus cargos de acuerdo con las leyes procesales.

DISPOSICIONES GENERALES DE LOS LIBROS PRIMERO Y SEGUNDO ARTICULO 74°: Los Jueces y Tribunales comunicarán al Colegio de Abogados Departamental: a) Las declaraciones de incapacidad, los autos de prisión, las Sentencias condenatorias y las declaraciones de falencias que afecten a abogados y procuradores. b) Las infracciones que comprobaren en los expedientes, cometidas por profesionales colegiados. c) Las suspensiones, apercibimientos y multas decretadas contra los mismos. De todo ello, se tomará debida nota en el legajo personal correspondiente. ARTÍCULO 75: En lo no previsto por esta ley y el reglamento se aplicará el Código de Procedimiento Civil y Comercial. LIBRO TERCERO TÍTULO ÚNICO NOMBRAMIENTO DE OFICIO ARTÍCULO 76°: Todo nombramiento judicial de oficio de partidores, tutores, curadores, síndicos y, en general, cualquier designación que deba recaer en abogados, se hará entre los inscriptos en las listas de nombramientos de oficio previstas en el artículo 12 de esta ley. ARTÍCULO 77°: El abogado que al solicitar o ratificar su inscripción incurriera en falsedad o inexactitud, respecto a las exigencias necesarias para la inclusión en la lista de nombramientos de oficio, en cualquier momento que se pruebe, será eliminado de la misma y no podrá integrarla hasta pasados cinco años. ARTÍCULO 78°: El cambio de domicilio real a otro Departamento Judicial o fuera de la Provincia, hecho con posterioridad al nombramiento, deja sin efecto a éste, desde ese momento. ARTÍCULO 79°: En cualquier tiempo los abogados de la matrícula podrán solicitar por escrito en papel simple, al Consejo Directivo del Colegio de Abogados, la exclusión de uno o varios de los componentes de las listas, ofreciendo la prueba de la existencia de causales que obstaculicen al impugnado para el ejercicio de la profesión o para la inscripción en la lista de nombramientos de oficio. ARTÍCULO 80°: Presentada la denuncia en forma, la misma se sustanciará por el procedimiento de las causas disciplinarias. En el supuesto que el Tribunal de Disciplina considerase maliciosa la denuncia, podrá imponer a su autor una multa equivalente a entre cinco (5) y veinte (20) jus. ARTÍCULO 81°: Sin perjuicio de otras sanciones, si fuesen aplicables conforme al derecho vigente, la exclusión resuelta por sentencia o por reconocimiento del interesado, inhabilitará a éste por cinco años, para ser inscripto en las listas a que se refiere este título. ARTÍCULO 82°: En todo tiempo la Suprema Corte de Justicia o las Cámaras de Apelaciones podrán eliminar de las listas de nombramientos de oficio a los que se encuentren comprendidos por las causas de inhabilidad previstas por la ley, por auto fundado, susceptible de reposición a solicitud del interesado. ARTÍCULO 83°: Todo nombramiento de oficio se hará por sorteo público en audiencia que deberá ser notificada a las partes en juicio y al Colegio de Abogados Departamental, señalándose a tal fin día y hora que serán anunciados en el tablero del Juzgado o Tribunal, durante dos días por lo menos, bajo la pena de nulidad. Los Colegios por medio de sus representantes y los profesionales individualmente podrán

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concurrir a la audiencia. ARTÍCULO 84°: De la operación de sorteo se labrará acta sumaria en el libro especial que deberá llevar cada juzgado y será suscripta por el magistrado que presida la audiencia, el secretario y dos testigos, poniéndose la debida constancia en los autos. ARTÍCULO 85°: Efectuado el sorteo, la designación se comunicará al interesado dentro de los cinco días en el domicilio constituido para la matrícula, y a los otros juzgados de la jurisdicción para que sea eliminado de la lista. El designado deberá aceptar el cargo, dentro de los tres días de serle notificado, transcurrido los cuales, si no lo aceptare o lo renunciara sin justa causa a juicio del Juez o del Tribunal, será excluido de la lista por dos años, a cuyo fin se comunicará a los Juzgados y Colegios. La sustitución se hará por nuevo sorteo, siguiendo los trámites establecidos. ARTÍCULO 86°: Se entenderá justa causa de excusación: a) No ejercer la profesión en la localidad en que se verifique el nombramiento; b) Enfermedad que impida el desempeño de la función para que fuere llamado; c) Urgente necesidad de ausentarse; d) Tener a su cargo dos o mas defensas confiadas de oficio en materia criminal o el patrocinio de dos o más declarados pobres. ARTÍCULO 87°: Los abogados que aceptaren un nombramiento de oficio, no obstante deber legalmente excusarse, o que aceptaren, a pesar de conocer que han sido designados en forma ilegal, serán excluidos de la lista por dos años, contados desde la fecha de su designación, sin perjuicio de los daños e intereses a que estén sujetos. La exclusión de la lista será tan sólo a los efectos de los nombramientos de oficio sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que pudiera haber lugar. ARTÍCULO 88°: Ningún abogado podrá ser sorteado por segunda vez, mientras la lista no haya sido agotada; a medida que se vayan efectuando los sorteos, se eliminará de la lista al abogado designado, hasta la terminación de aquella, después de lo cual se considerará reproducida. Si ocurriere el caso subsistirá exclusivamente la primera designación. ARTÍCULO 89°: La obligación de practicar sorteo no rige para los nombramientos de tutores y curadores definitivos. ARTÍCULO 90°: Los nombramientos de administradores, liquidadores e interventores se harán por sorteo de una lista especial de abogados y contadores, debiendo previamente el juez determinar, conforme a la naturaleza del asunto, la lista de la que ha de hacerse el sorteo. ARTÍCULO 91°: La infracción a lo dispuesto en los artículos anteriores respecto a los nombramientos de oficio podrá constituir falta grave de los jueces encargados de su aplicación a los efectos de la ley de enjuiciamiento de los magistrados, sin perjuicio de la responsabilidad civil en que incurrieren hacia los interesados. LIBRO CUARTO TÍTULO I DE LAS INTERVENCIONES DE LAS PARTES EN EL PROCESO CIVIL Y COMERCIAL CAPÍTULO I REGLAS GENERALES ARTÍCULO 92°: Salvo los casos de representación obligatoria sancionados por las leyes en vigencia, toda persona puede comparecer por derecho propio, en juicio, siempre que actúe con patrocinio letrado, sin perjuicio de que conforme a las leyes del mandato, pueda hacerse representar por abogado o procurador de la matrícula.

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ARTÍCULO 93°: No rigen las normas del artículo anterior, y en consecuencia puede actuar aún sin patrocinio letrado: 1. Cuando se deban solicitar medidas precautorias o urgentes. 2. Para contestar intimaciones o requerimientos de carácter personal. 3. Para la recepción de órdenes de pago. 4. Cuando se actúa en la justicia de paz lega. 5. Para solicitar declaratoria de pobreza. ARTÍCULO 94°: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los jueces pueden ordenar sin recurso alguno, que la parte sea asistida por letrado, cuando a juicio del juez, obstare la buena marcha del juicio, a la celeridad y el orden de los procedimientos, presentare escritos impertinentes o lo exigiera la calidad o importancia de los derechos controvertidos. ARTÍCULO 95°: Los Jueces y Tribunales, no proveerán los escritos de profesionales que no consignen escritos a máquina o impresos con sellos, sus nombres, apellidos, tomo y folio, o número de inscripción en la matrícula, a su comienzo y al pie de la firma, o contiguos a ella; y que no traigan la indicación precisa de la representación que ejercen. TÍTULO II DE LA DEFENSA DEL DECLARADO POBRE CAPÍTULO I DE LOS DEFENSORES PARTICULARES ARTÍCULO 96°: Toda persona que haya obtenido a su favor declaratoria de pobreza, en los casos en que medie resolución judicial fundada que así lo declare tiene derecho a apoderar al procurador que resulte sorteado de la lista de inscriptos en la Matrícula del Tribunal donde se encuentre radicado o deba radicarse el juicio y al patrocinio de letrado en los casos en que la ley lo exija, todo ello gratuitamente, con cargo de satisfacer los honorarios que se regulen a los profesionales que interviniesen en su favor, cuando llegare a mejorar de fortuna. ARTÍCULO 97°: Para usar el derecho concedido en el artículo anterior, dentro de los 30 días de otorgada la carta de pobreza, el declarado pobre deberá solicitar del Juez en lo Civil y Comercial en turno del lugar donde deba entablar el pleito o contestar la acción, el nombramiento de un procurador para su apoderamiento, expresando sumariamente el motivo del litigio y los fundamentos de su derecho, en papel simple y sin ninguna formalidad. El juez proveerá la petición dentro de 10 días. ARTÍCULO 98°: El juez podrá denegar la solicitud solamente: a) Cuando a la fecha de la presentación de la carta de pobreza hubiera transcurrido el plazo fijado en el artículo anterior. b) Por auto fundado del que resulte que la reclamación jurídica que se pretende entablar no ofrece perspectiva de éxito, sea notoriamente temeraria o maliciosa o contraríe los deberes profesionales de los abogados y procuradores. Contra la resolución denegatoria no habrá recurso alguno. ARTÍCULO 99°: Si a juicio del juez procediere el nombramiento, proveerá a la desinsaculación del procurador en la forma y modo establecido para los nombramientos de oficio. El juzgado hará saber la designación al procurador sorteado, notificándolo por cédula; el cargo deberá aceptarse dentro del tercer día de la notificación. Dentro del mismo plazo el procurador deberá manifestar al juez si tiene justa causa para excusarse; sólo por causas sobrevevinientes podrá excusarse después de esa oportunidad. Los desinsaculados no podrán ser nuevamente sorteados hasta agotada la lista de inscriptos. ARTÍCULO 100°: El procurador que no acepte sin justa causa, el apoderamiento del declarado pobre, ordenado de oficio, se hará pasible de multa que no excederá de $ 200 moneda nacional, sin perjuicio de que los jueces puedan decretar su suspensión hasta por un mes en caso de reincidencia. Aceptado el cargo el procurador quedará sujeto a las obligaciones y responsabilidades de los apoderados (*). (*)Por Decreto Nacional 2.128/91 y art. 12 de la Ley Nacional 23.928 se modificó el signo monetario.

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ARTÍCULO 101°: Para los trámites y actuaciones en que la ley exija firma de letrado o cuando fuere necesaria dirección letrada, a juicio del juez, éste designará un abogado de la matrícula para que asuma el patrocinio del declarado pobre. A estos fines los jueces y tribunales distribuirán por estricto orden numérico, sobre las listas de nombramientos de oficio, las designaciones que deban recaer en abogados. El nombramiento se notificará por cédula al abogado designado, debiendo aceptarlo dentro de los tres días de la notificación. ARTÍCULO 102°: El abogado que no aceptare o abandonare el patrocinio del declarado pobre, sin justa causa para ello, será eliminado por un año de la lista de nombramientos de oficio; sufrirá además, un multa que no excederá de 200 pesos moneda nacional. En caso de reincidencia, podrá ser suspendido en el ejercicio hasta por un mes (*). (*) Por Decreto Nacional 2.128/91 y art. 12 de la Ley Nacional 23.928 se modificó el signo monetario. ARTÍCULO 103°: Los procuradores y abogados designados en la forma prevista en los Arts. 99 y 101 no podrán ser recusados por el litigante que haya pedido el nombramiento; pero deberán manifestar al juez toda causa de impedimento que tuvieren para que, tomada en consideración, se provea a lo que corresponda. ARTÍCULO 104°: El declarado pobre quedará excluido del pago del impuesto de justicia, sellado de actuación o derechos de esta índole, en el expediente, actuación, juicio o proceso para el que se concedió el beneficio; pero no estará exento de pago de costas en el que hubiere sido condenado si tiene bienes con que hacerlo. ARTÍCULO 105°: Los poderes que confiere el declarado pobre se harán por acta ante el secretario de actuación, en papel simple, cualquiera sea el monto del asunto que lo motiva, y la inscripción en el registro de mandatos sin cargo de reposición. Los profesionales que intervengan en favor del declarado pobre quedan eximidos de pago de impuestos de actuación o curiales sin perjuicio de oblarlos en caso de cobrar honorarios. ARTÍCULO 106°: El abogado o procurador del declarado pobre tiene derecho a cobrar sus honorarios a la parte contraria si se le impusieran las costas, salvo el caso de insolvencia del mismo; en este supuesto podrá cobrarlos de su mandante de acuerdo con el arancel que fija la presente, si éste resulta vencedor en la litis y el monto de lo percibido o a percibirse fuese superior a pesos dos mil monada nacional (*). (*) Por Decreto Nacional 2128/91 y art. 12 de la Ley Nacional 23.928 se modificó el signo monetario. ARTÍCULO 107°: En los casos en que los procuradores o abogados asuman voluntaria o espontáneamente el apoderamiento o patrocinio del que litiga con carta de pobreza, ya por no haber éste usado de la franquicia del Art. 96 o por haber sido denegado el nombramiento pedido, los Jueces y Tribunales podrán condenarlos solidariamente en todo o en parte, al pago de las costas, cuando el pleito fuese perdido en su mayor parte o totalmente y se declarase a la demanda temeraria o maliciosa. ARTÍCULO 108°: Quedan exceptuados de la obligación de representar o patrocinar a los declarados pobres, los asesores y representante legales del fisco nacional, provincial o municipal. TÍTULO III DE LOS EXPEDIENTES ARTÍCULO 109°: Los documentos e instrumentos judiciales, desde el momento de su presentación, quedarán bajo la custodia y responsabilidad del secretario de actuación, jefe de archivo o de la oficina respectiva. Se entenderá por tales, todo expediente, protocolo, escrito, exhorto, oficio, comunicación, nota, piezas procesales, instrumentos públicos o privados, etc., relacionados con la actividad de los Tribunales de Justicia, aun en los casos en que no esté agregada su ordenación o no sea susceptible de agregarse a ningún proceso. ARTÍCULO 110°: Corresponde a los secretarios: 1. Dar al interesado, si lo solicitare, un recibo en papel común, de todo documento o escrito que se presente en juicio, expresando el día y la hora de su presentación;

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2.

Cuidar de la recepción y entrega de los documentos o instrumentos aludidos en el artículo anterior; 3. Pasar, bajo recibo, los autos al Ministerio Pupilar, Ministerio Fiscal, Dirección General de Escuelas, o Secretaría, en los casos en que proceda, y organizar la recepción de los mismos a su devolución; 4. Informar, a requerimiento de parte, acerca del destino de los autos, cuando estos no se encontraren en la oficina actuaria; exhibiendo los recibos de la oficina profesional que los tenga en su poder; 5. Dejar constancia autorizada de la entrega de los documentos o instrumentos, cuando ésta se haga en cumplimiento de orden judicial, con individualización de la persona a quien se hace. Las disposiciones precedentes rigen, en lo pertinente, para el jefe de archivo o de oficina, respecto a los documentos, instrumentos o expedientes confiados a su custodia. ARTÍCULO 111°: Los secretarios llevarán un libro donde extenderán los recibos de los expedientes que salgan en traslado, vista o estudio, con la expresión del término de la entrega, no pudiendo dispensarse de esta formalidad a los funcionarios de la administración de justicia, que por razón del cargo intervinieron en ello. Bastará la simple constancia en dicho libro, firmada por los secretarios, cuando los jueces retuvieren los expedientes en el despacho para su estudio. ARTÍCULO 112°: Los secretarios, jefe de Archivo, o de la oficina respectiva, son responsables de las mutilaciones, alteraciones o pérdidas de los documentos que estuvieron a su cargo, salvo que se comprobara la acción directa y dolosa de terceros, en cuyo caso, la responsabilidad penal será de éstos. Por el extravío de cada expediente cuyo paradero no justifiquen, incurrirán en multas de 50 a 500 pesos moneda nacional, sin perjuicio de que instruida una información sumaria se sancione del mismo modo la inconducta del personal si hubiere contribuido a su pérdida, siendo exclusiva la responsabilidad del empleado o funcionario si se demostrare que obró con negligencia. La reiteración que a juicio del Tribunal o del juez en sus respectivas jurisdicciones, no lleven al doble de la multa, sin exceder su máximo, importará la pérdida del empleo o cargo que deberá decretarse con intervención de las autoridades competentes (*). (*) Por Decreto Nacional 2.128/91 y art. 12 de la Ley Nacional 23.928 se modificó el signo monetario. ARTÍCULO 113°: En los casos que corresponda, la Secretaría autorizará el examen de los documentos, autos originales e instrumentos judiciales exclusivamente: a) Por las partes cuando lo requieran personalmente; b) Por quienes acrediten fehacientemente ante el actuario tener en los mismos o a su respecto, algún interés legítimo, actual o futuro; c) Por los abogados, escribanos, procuradores o peritos, inscriptos en la matrícula respectiva, y en ejercicio de su profesión; d) Por los alumnos universitarios autorizados por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, con fines de estudio. ARTÍCULO 114°: Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior la persona que compruebe en la forma y modo que determinen los Colegios respectivos, su calidad de empleado permanente de abogado o procurador, podrá examinar los expedientes en que su principal intervenga, retirar oficio, recibir cédulas y diligenciar mandamientos, siempre bajo la directa responsabilidad del profesional a cuyas órdenes trabaje. Esta franquicia es personal, y para no más de dos individuos por cada Departamento en que el profesional actúe. ARTÍCULO 115°: Las personas no comprendidas en los arts. 113 y 114 de esta ley, serán consideradas como extrañas a la actividad judicial, y no podrán, aunque medie autorización, retirar o recibir los documentos o instrumentos a que se refiere el artículo 109, ni requerirlos para su examen o copia, ni solicitar o recibir informes sobre el estado, destino, etc., de los mismos LIBRO QUINTO TÍTULO ÚNICO INFRACCIONES AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES

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DE ABOGADO Y PROCURADOR ARTÍCULO 116°: Será penado con multa de hasta doscientos (200) jus: a) El que en causa judicial, sin tener título que para ello lo habilite y/o inscripción en la matrícula, patrocine, defienda, tramite o de cualquier manera tome intervención o participación directa no autorizada por la Ley. b) El que sin tener título habilitante y/o inscripción en la matrícula evacue, a título oneroso o gratuito, consultas sobre cuestiones o negocios jurídicos que estén reservadas a los profesionales del derecho. Exceptúase de esta prohibición a los abogados excluidos del ejercicio profesional por jubilación y a los abogados con título extranjero cuando la consulta sea promovida por un profesional de la matrícula de abogado. c) El abogado o procurador que, como consecuencia de una sanción disciplinaria o alguna medida dispuesta por el Consejo Directivo, se encuentre temporariamente inhabilitado o excluido de la matrícula y no obstante ello continúa en el ejercicio profesional. d) El funcionario, empleado, practicante, o auxiliar de la Justicia o del proceso que, sin encontrarse habilitado para ejercer la abogacía o la procuración, realice gestiones directas o indirectas vinculadas a dichas profesiones, aún en el caso de que fueren propias o conexas de las que podría desempeñar de acuerdo con los títulos que poseyera. e) El que encomiende por sí o por otro, encubra o favorezca las actividades que se reprimen en los presentes incisos. f) El que anuncie o haga anunciar actividades de abogado, doctor en Jurisprudencia, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, escribano, notario o procurador, sin publicar en forma clara e inequívoca el nombre, apellido y título de quien las realice. g) El que anuncie o haga anunciar actividades de las referidas en el inciso anterior con informaciones inexactas, capciosas, ambiguas o subrepticias que, de algún modo, tiendan a provocar confusiones sobre el profesional, su título o sus actividades. h) La persona o los componentes de una sociedad, corporación o entidad, que use denominaciones que permitan referir o atribuir a una o más personas la idea del ejercicio de la profesión, tales como: “Estudio”; “Asesoría”; “Bufete”; “Oficina”; “Consultorio Jurídico”; u otras semejantes, sin tener y mencionar el abogado encargado en forma directa y personal de las tareas. En este caso, sin perjuicio de la aplicación de la multa prevista en el presente artículo, la autoridad judicial podrá ordenar la clausura del local a simple requerimiento de los representantes de los Colegios Profesionales. ARTÍCULO 117°: Cuando el infractor sea funcionario, empleado o auxiliar de la Administración de Justicia, el mínimo de la multa establecida en el artículo anterior, será equivalente a cien (100) jus, adicionándose a la pena pecuniaria la suspensión de uno a seis meses en el cargo, matrícula, inscripción, registro o empleo. La reincidencia será penada con exoneración del empleo o cargo y/o exclusión de la matrícula. ARTÍCULO 118°: Si el responsable de las actividades penadas en este título fuese profesional del derecho, cuyo título no lo habilite para las actividades que se atribuye o ejercite o en que colabore, además de las penas del art. 116, será suspendido en los derechos que le confiere en su Matrícula, inscripción o registro, por el término de un mes. En caso de reincidencia, la suspensión será de un año. ARTÍCULO 119°: En los casos de los incisos f), g) y h) del artículo 116, el Juez ordenará una publicación aclaratoria análoga a la utilizada por el infractor y adecuada a ese fin, que deberá ser costeada por dicho infractor dentro del término perentorio de tres (3) días, a contar de la notificación de la sentencia, debiendo certificarse por el Secretario sobre el cumplimiento de esa orden. Vencido ese término y siempre que el infractor no acreditase el pago, el Secretario dará cuenta del hecho, informando cual es la suma que juzga necesaria para cubrir el precio de la publicación ordenada y, en tal caso, el Juez, sin intimación previa ni otro trámite, mandará anotar la inhibición del condenado y su levantamiento solo podrá disponerse después de cumplida la publicación. Si se conociera o denunciaren bienes del deudor, el Juez designará de oficio un letrado de la matrícula para que persiga el cobro de la cantidad fijada, mediante los trámites de la Ley de Apremio. ARTÍCULO 120°: El conocimiento de las causas que se promovieren con respecto a las infracciones comprendidas en este Título corresponderá, sin perjuicio de las facultades disciplinarias atribuidas a los

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Colegios de Abogados por esta Ley: 1- Al Juez o Tribunal ante el cual fueron cometidas. 2- Al Juez en lo Criminal y Correccional en turno en los demás casos. Las causas serán promovidas de oficio por el propio Juez, por denuncia de los secretarios, jefes de oficina o archivo y por los representantes de los colegios profesionales. ARTÍCULO 121°: Los representantes legales de las entidades profesionales podrán tomar intervención coadyuvante en el curso del respectivo proceso, con las siguientes facultades: 1. Solicitar las diligencias útiles para comprobar la infracción y descubrir a los responsables. 2. Asistir a la declaración del inculpado y a las audiencias de testigos con facultad para tachar y repreguntar a éstos. 3. Activar el procedimiento y pedir el pronto despacho de la causa. 4. Denunciar bienes a embargo para asegurar el pago de las multas y costas. ARTÍCULO 122°: Las denuncias deberán contener la mención total de las pruebas del hecho en infracción de esta ley. El Juez o Tribunal tendrá amplias facultades para ordenar las comprobaciones que juzgue necesarias, pudiendo desestimar la denuncia por insuficiente. ARTÍCULO 123°: Sólo habrá una instancia que substanciará por el procedimiento fijado para las causas correccionales en cuanto no resulte modificado por las normas de éste Título. Si el infractor citado en forma no concurriere al llamado para su declaración y descargo, se le citará nuevamente bajo apercibimiento de que su simple inasistencia autorizará a la prosecución del juicio en su rebeldía sin necesidad de otra notificación. El agente fiscal en turno deberá en todo caso proseguir la acción hasta que se dicte sentencia, sin poder desistir de ella. ARTÍCULO 124°: Las multas deberán oblarse dentro de los diez días posteriores a la intimación. En defecto del pago, el infractor sufrirá arresto a razón de un día por cada veinte pesos de multa. ARTÍCULO 125°: En caso de detención de un abogado, ordenada por los jueces y con motivo de las disposiciones de la presente ley, aquélla será cumplida en el domicilio del letrado, salvo que por la gravedad de la infracción el Juez ordenare fundadamente la detención en lugar distinto. ARTÍCULO 126°: Quedan derogadas las leyes 3.527 y 4.265, capítulo III del título I del Código de Procedimiento Civil y Comercial y las disposiciones que se opongan a la presente ley. ARTÍCULO 127°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

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INDICE DE ORDENAMIENTO TEXTO ORDENADO DE LA LEY N° 5177 (T.O. por Decreto 180/87), MODIFICADA POR SUS SIMILARES 12277 Y 12548 EJERCICIO Y REGLAMENTACION DE LA PROFESION DE ABOGADO Y PROCURADOR

ARTICULO ORIGINAL

ARTICULO SEGUN T.O. Dto. 180/87

ARTICULO SEGÚN T.O.

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ARTICULO SEGUN T.O. Dto. 180/87

ARTICULO SEGÚN T.O.

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53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 5177 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 5177 Ley 12277 Ley 12277 Contenido incorporado por Ley 12277

104 105 106 107 109 110 123 124

87 88 89 90 92 93 94 95

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Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley

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ORIGEN DEL TEXTO ACTUAL

Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley Ley

5177 5177 12277 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177 5177

DISPOSICIONES EXCLUIDAS DEL ORDENAMIENTO ARTICULO ORIGINAL

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ARTICULO SEGUN T.O. Dto. 180/87

CAUSA DE LA EXCLUSION

3 Inc.f) 19 Inc.12 42 Inc.9 50 Inc. e) 50 Inc. h) 50 Inc. j) 56

Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Ley 12277 Derogado por Ley 12277

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64 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86

CAUSA DE LA EXCLUSION

Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por aplicación Dec 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Derogado por aplicación Dec-ley 10472/56 y Ley 6716 Por pérdida de vigencia Derogado por Ley 12277 Derogado por Ley 12277 Derogado por Ley 12277 Derogado por Ley 12277 Derogado por Ley 12277 Derogado por Ley 12277 Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia -

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108 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175

ARTICULO SEGUN T.O. Dto. 180/87

CAUSA DE LA EXCLUSION

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Derogado por Ley 12277 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Ley 7193 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77

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ARTICULO SEGUN T.O. Dto. 180/87

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CAUSA DE LA EXCLUSION

Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Ley 6716 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por Dec-Ley 8904/77 Derogado por C.P.C. y C. Dec Ley 7425/68 Derogado por C.P.C. y C. Dec Ley 7425/68 Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 ( arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (ar ts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por C.P.C. y C. Dec -Ley 7425/68 (arts.40/42, 46/55 y 853 última parte C.P.C. y C.) Derogado por Ley 5827 (arts. 80/87)

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ARTICULO ORIGINAL

ARTICULO SEGUN T.O. Dto. 180/87

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Derogado por Ley 5827 (arts. 80/87) Derogado por Ley 5827 (arts. 80/87) Derogado por Ley 5827 (arts. 80/87) Derogado por Ley 5827 (arts. 80/87) Derogado por Ley 5827 (arts. 80/87) Derogado tácitamente por arts. 127/130 -Dec-Ley 7425/68 Derogado tácitamente por arts. 127/130 -Dec-Ley 7425/68 Derogado tácitamente por arts. 127/130 -Dec-Ley 7425/68 Derogado tácitamente por arts. 127/130 -Dec-Ley 7425/68 Derogado tácitamente por arts. 127/130 -Dec-Ley 7425/68 Derogado tácitamente por arts. 127/130 -Dec-Ley 7425/68 Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia Por pérdida de vigencia

REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COLEGIOS DEPARTAMENTALES (Art. 50 inc.e de la Ley n° 5177 - T.O. por Decreto N° 180/87 - modificada por sus similares 12.277 y 12.548) SECCIÓN PRIMERA REGLAMENTACIÓN GENERAL I INSCRIPCIÓN Y REGISTRO ARTICULO 1º: Las solicitudes de inscripción serán puestas a consideración pública mediante su exhibición en las dependencias del Colegio durante cinco (5) días, y, previa certificación del secretario sobre su resultado, se elevarán al Consejo Directivo para su estudio y resolución. En todos los casos, se exigirá que dos abogados de la matrícula, con no menos de cinco años de antigüedad, formulen mediante cartas fundadas, la presentación del colega que aspira a inscribirse. El buen concepto resultará del contenido de dichas cartas y de la inexistencia de oposiciones fundadas luego de puesta a la consideración pública la solicitud de inscripción o de antecedentes públicos o profesionales que, a juicio del Consejo Directivo, hagan inconveniente para la profesión acceder al pedido de matriculación. El rechazo de la inscripción deberá ser fundado y contar con la adhesión de, al menos, dos tercios de la totalidad de los consejeros titulares.

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Cuando se solicite la rehabilitación de la matrícula deberá expedirse nuevamente el Consejo Directivo Departamental, debiendo requerirse al solicitante los mismos recaudos que para los nuevos inscriptos. ARTICULO 2º: El Consejo Directivo podrá delegar en el presidente, vicepresidentes o secretario, la facultad de disponer las inscripciones y de recibir juramento a los inscriptos, de lo que se dará cuenta en la primera reunión que el cuerpo celebre. ARTICULO 3º: La solicitud de inscripción se dejará en suspenso cuando se tratare de un fallido, hasta tanto se determine, mediante información sumaria, si de las constancias de la causa respectiva surgen evidencias de una conducta impropia, a los fines de su inscripción con prohibición de actuar como mandatario en el ejercicio profesional. ARTICULO 4º: Cada Colegio Departamental comunicará al Colegio de la Provincia las inscripciones que efectúe, con indicación de los datos personales y profesionales de los inscriptos, como asimismo las que rechace. El Consejo Superior, a su vez, las comunicará a los Colegios Departamentales mediante circular. ARTICULO 5º: El Colegio de la Provincia determinará los períodos en que se actualizarán los registros a que se refiere el artículo 12° de la Ley y la forma en que los Colegios Departamentales comunicarán las modificaciones que en ellos se introduzcan. A los efectos de lo dispuesto en el artículo 12°, incisos 1º y 2º de la Ley se considerarán “en ejercicio activo” los abogados inscriptos que no hayan solicitado suspensión de inscripción o no deban ser dados de baja por causas legales. Los registros del artículo 12° de la Ley, incluirán en todos los casos la fecha de inscripción de cada abogado. ARTICULO 6º: Cada Colegio Departamental remitirá al Colegio de la Provincia un duplicado de los registros que prepare, y el Colegio de la Provincia hará con ellos la clasificación general, a los efectos de lo dispuesto por el artículo 50°, inciso f), de la Ley. ARTICULO 7º: Los jefes de las oficinas del Registro Civil comunicarán al Colegio de la Provincia el fallecimiento de los abogados cuya defunción asienten. Independientemente de ello, cuando por vía de cualquier medio de comunicación trascendiere en forma fehaciente el fallecimiento de un abogado, el Colegio respectivo, de oficio, podrá dejar constancia de esa circunstancia en su legajo, aunque no hubiese recibido aquella comunicación. En tal caso, el Colegio deberá realizar las diligencias que la situación permita para obtener la certificación del deceso. ARTICULO 8°: En las solicitudes de inscripción deberá incluirse una manifestación expresa del peticionante acerca de la existencia de matrícula o inscripción anterior, bajo la forma de declaración jurada, constituyendo el falseamiento de la misma una falta profesional pasible de alguna de las sanciones previstas en el art. 28° inc. 3 y 4 de la Ley. ARTICULO 9°: Cuando se presente solicitud de inscripción de un abogado con más de un año de graduado, el Colegio que la reciba requerirá de cada uno de los demás Colegios Departamentales un informe fehaciente acerca de la inexistencia de inscripción del interesado, como recaudo previo a la procedencia del pedido. ARTICULO 10°: Cuando un abogado solicite su pase a otro Colegio, efectuando su presentación en este último, el pedido de remisión del legajo al Colegio de origen deberá efectuarse dentro del término de veinte (20) días. Este último conservará en todos los casos copia íntegra de la documentación respectiva. Dentro del mismo término, el Colegio de origen deberá remitir al Colegio solicitante los documentos que éste le recabe. El abogado continuará perteneciendo al Colegio de origen hasta tanto se le dé el alta en el nuevo Colegio, circunstancia que se comunicará de inmediato. ARTICULO 11°: En los casos de remisión de actuaciones disciplinarias de un Colegio a otro, el pase respectivo se operará de Consejo a Consejo, tanto cuando el propio Consejo Directivo advierta su incompetencia, como en el caso de que la misma sea decidida por el Tribunal de Disciplina.

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ARTICULO 12°: A los efectos de la obligación de satisfacer la cuota anual, se considerarán en ejercicio activo los abogados inscriptos en la matrícula que no correspondan a la clasificación del artículo 12°, incisos 3º, 4°, 5º y 6º de la Ley, y no hayan hecho manifestación escrita ante el Colegio Departamental de suspensión de su inscripción. II INCOMPATIBILIDADES ARTICULO 13°: La incompatibilidad que establece el artículo 3º, inciso e), de la Ley sólo rige para el ejercicio efectivo de la escribanía, y no alcanza a los escribanos inscriptos en el “Registro de Aspirantes a Notario”, ya que esa sola circunstancia no los habilita para actuar en carácter de titulares, adscriptos o suplentes de un registro notarial de esta provincia, en virtud de no haber obtenido la nominación respectiva con arreglo a la Ley Orgánica del Notariado. En el supuesto contemplado por el párrafo anterior, el interesado, al inscribirse como abogado, deberá declarar bajo juramento que se abstendrá de realizar cualquier otra actividad notarial secundaria y acompañará un certificado donde conste la denuncia de tal incompatibilidad ante el órgano jurisdiccional competente, conforme a las leyes regulatorias pertinentes. ARTICULO 14°: En los casos en que el profesional que se inscriba hallándose en situación de incompatibilidad, solicite la entrega de la credencial de abogado, la misma deberá llevar inserta una leyenda destacada que indique dicha condición, y la causa legal de limitación del ejercicio profesional. III AUTORIDADES ARTICULO 15°: Señálase el 1º de junio como fecha de iniciación del mandato ordinario de las autoridades electas en cada renovación. ARTICULO 16°: Las deliberaciones de los Consejos Directivos y del Consejo Superior serán públicas, salvo decisión especial expresa y fundada adoptada por no menos de los dos tercios de miembros presentes. ARTICULO 17°: Los fondos y documentación de valores de los Colegios Departamentales y del Colegio de la Provincia, estarán depositados en el Banco de la Provincia en cuentas a su nombre, y a la orden de Presidente y Secretario o Tesorero. De resultar conveniente patrimonialmente para los Colegios, se podrán depositar en otras entidades bancarias, mediante resolución fundada adoptada por no menos de dos tercios de los miembros del Consejo Directivo. IV CONSEJO DIRECTIVO ARTICULO 18°: Corresponde al Consejo Directivo representar al Colegio Departamental en sus relaciones con las autoridades locales y al Consejo Superior representarlo en sus relaciones con los poderes de la Provincia o con entidades de las cuales los Colegios formen parte, estén vinculadas o tengan relación con la profesión de abogado. ARTICULO 19°: El Consejo Directivo de los Colegios de Abogados se compondrá de presidente y once (11) miembros titulares. Se elegirán asimismo nueve (9) consejeros suplentes en aquellos Colegios cuya matrícula de profesionales en ejercicio activo exceda de un mil (1.000), y cinco (5) en los restantes. En el caso de Colegios que tengan menos de 1.000 matriculados activos a la fecha de sanción de la Ley 12.277, y que lleguen a esa cantidad con posterioridad, la elección de los faltantes se efectivizará en ocasión de la próxima Asamblea Ordinaria. ARTICULO 20°: En la primera reunión que celebre, el cuerpo elegirá de entre los consejeros titulares: Vicepresidente 1º, Vicepresidente 2º, Secretario General, Prosecretario, Tesorero y Protesorero, los cuales durarán dos (2) años en sus cargos, salvo que sea menor el mandato del designado, y se proveerán los demás cargos que se consideren necesarios. ARTICULO 21°: En los casos de elección total del Consejo Directivo se votará por Presidente, once (11)

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Consejeros Titulares y la cantidad de Consejeros Suplentes que se ajuste a lo dispuesto por el artículo 19°. En la primera reunión que celebre el cuerpo se sortearán seis (6) consejeros cuyo mandato durará dos (2) años. En igual situación el Tribunal de Disciplina practicará sorteo de dos (2) miembros titulares y tres suplentes. En caso de renovación extraordinaria por incluirse cargos con duración de cuatro (4) y dos (2) años, la elección se hará con indicación del tiempo por el cual se elige a los candidatos. ARTICULO 22°: El Consejo Directivo tendrá la facultad de interpretar las disposiciones que le corresponde aplicar, con apelación ante el Consejo Superior. ARTICULO 23°: Los casos de urgencia que no permitan una reunión oportuna del Consejo Directivo serán resueltos por la Mesa Directiva, la que dará cuenta al Consejo en su primera reunión. ARTICULO 24°: Para el ejercicio de la intervención coadyuvante acordada a los Colegios por el art. 121 de la Ley, la Mesa Directiva podrá acreditar como representante a un miembro del Consejo Directivo. ARTICULO 25°: El Vicepresidente 1º reemplazará al Presidente en caso de vacancia del cargo, licencia o ausencia. Vacando la vicepresidencia primera o, en caso de ausencia del titular, el Vicepresidente 2º ejercerá las funciones de Presidente. Producida la vacancia de la presidencia, la autoridad del Vicepresidente que lo reemplace durará hasta la realización de la próxima asamblea de renovación de autoridades, en que se incluirá la elección del presidente por un período completo. ARTICULO 26°: Los consejeros suplentes reemplazarán a los titulares en caso de vacancia del cargo, suspensión o licencia. Serán llamados a desempeñarlos por resolución de la Mesa Directiva, en el orden en el que fueron incluidos en la lista en la elección respectiva.

V CONSEJO SUPERIOR ARTICULO 27°: Además de la atribución conferida por el artículo 50°, inciso e), de la Ley, el Colegio de la Provincia dictará: a) Las disposiciones comunes a las cuales se subordinará la asistencia jurídica a las personas carentes de recursos por parte de los Colegios Departamentales, sin perjuicio de la facultad de éstos para proveer también a dicho fin. b) Las Normas de Etica Profesional, cuya observación será obligatoria para todos los abogados. c) Las reglas para un sistema uniforme de inscripción o de renovación de inscripciones d) Todas las reglamentaciones que sean necesarias para la más efectiva observancia de la Ley o el mejor desenvolvimiento de los Colegios. e) Las normas necesarias para centralizar la matrícula a través de medios electrónicos y de informática. f) La reglamentación de las bases de un sistema de ayuda judicial que, con la participación activa de todos los Colegios Departamentales, brinde cobertura de acceso a la justicia en el territorio de la Provincia. Realizará asimismo el ejercicio financiero del Colegio de la Provincia, que abarcará el período comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de cada año. ARTICULO 28°: El Colegio de Abogados de la Provincia podrá hacerse representar por medio de delegados que deberán pertenecer a alguno de los Colegios Departamentales. ARTICULO 29°: Corresponde a la Mesa Directiva del Colegio de Abogados de la Provincia atender el despacho y adoptar las providencias que las tareas ordinarias impongan, dando cuenta al Consejo Superior en su primera reunión. ARTICULO 30°: El mandato para las funciones directrices será de dos años, coincidente con las renovaciones parciales que lleve a cabo cada Colegio Departamental. ARTICULO 31°: Los miembros suplentes del Consejo Superior reemplazarán a los titulares en cualquier

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oportunidad en que éstos no se encuentren presentes. ARTICULO 32°: La liquidación del aporte del cinco por ciento con que deben contribuir los Colegios para formar el patrimonio del Colegio de la Provincia, se practicará mensualmente. VI PAGO DE LA CUOTA DE MATRICULACIÓN ARTICULO 33°: En los casos del artículo 5º de la Ley, la actuación profesional a que el mismo se refiere no exigirá el requisito previo del pago de la cuota anual de matriculación, ya que es uno de los supuestos previstos en el artículo 53° de la misma y constituye una norma excepcional. ARTICULO 34°: Los pagos a cuenta efectuados por un abogado moroso deben imputarse primero a intereses y capital de cuotas anteriores, y luego a la cuota que se pretende imputar por parte del deudor. Si mediare oposición por parte de este último, deberá formularse la reserva correspondiente en el recibo que instrumente dicho pago. ARTICULO 35°: El previo pago de la cuota anual correspondiente en el Colegio donde se halle inscripto será regla general en los casos de pedido de pase a otro Colegio Departamental, debiendo entenderse como “cuota anual” la totalidad del monto que se hubiere fijado, aunque sea divisible el pago en cuotas. En caso de pedidos de pase de matriculación a otro Colegio Departamental, la cuota anual se dividirá entre ambos Colegios en forma proporcional, tomando como fecha de corte, aquélla de la solicitud de pase. ARTICULO 36°: Podrá solicitarse la suspensión en la matrícula antes del 31 de marzo de cada año, sin abonar la cuota respectiva, siempre que se acredite no haber ejercido la profesión en ese lapso de tres meses, mediante certificado negativo de la existencia de aportes, expedido por la Caja de Previsión Social para Abogados. ARTICULO 37°: El letrado que se inscriba hallándose en alguna de las causales de incompatibilidad que determina la Ley, deberá abonar igualmente la cuota de matriculación. ARTICULO 38°: Cuando el abogado que solicite el pase a otro Colegio se encuentre en situación de incompatibilidad, no hará falta que solicite rehabilitación, ni que abone la matrícula, debiendo accederse a la petición sin el cumplimiento de ningún requisito previo. ARTICULO 39°: El pago fraccionado de la matrícula no será procedente en los casos de suspensión voluntaria, incompatibilidad y pase a otro Colegio, pero podrá ser ejercida la facultad prevista en la parte final del primer párrafo del artículo 54° de la Ley, tomando en cuenta al respecto la fecha en que se produzca el cambio de situación de matrícula. ARTICULO 40°: A los efectos del cálculo de antigüedad para el goce de franquicias, la incorporación del letrado se tomará por año calendario a partir de la expedición del título y tomando como referencia el día 1° de enero del año en el que se pretendan usufructuar dichos beneficios. VII INCLUSIÓN DE DATOS PERSONALES ARTICULO 41°: En el caso de implementarse sistemas de registración informática de datos en los Colegios Departamentales y en el Colegio de la Provincia, deberá respetarse el derecho a la intimidad, no incluyéndose, en ningún caso, constancias relativas a las convicciones filosóficas, políticas o religiosas. ARTICULO 42°: En todos los casos, los registros de datos de los abogados colegiados deberán limitarse a las constancias personales, familiares o académicas, detallando la situación legal de ejercicio, suspensiones o exclusiones de la matrícula, así como las relacionadas con el pago de la cuota anual obligatoria, por la influencia en el mantenimiento del ejercicio de la actividad profesional. ARTICULO 43°: En el caso de las sanciones disciplinarias, deberán constar las consecuencias de las mismas relacionadas con la suspensión o exclusión de la matrícula, pero el detalle de las sanciones no será

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accesible en forma directa, sino que deberá estar protegido por claves de acceso que aseguren la reserva de la información. ARTICULO 44°: En cuanto a las comunicaciones judiciales relacionadas con cada profesional, que no tengan influencia en la situación del matriculado en el ejercicio profesional, deberán ser reservadas en el legajo personal del mismo. ARTICULO 45°: La comunicación de datos de profesionales entre los distintos Colegios, deberá reducirse, exclusivamente, a todos aquéllos que fuesen públicos. VIII DISPOSICIONES VARIAS ARTICULO 46°: La lista de abogados a que se refiere el artículo 76° de la Ley, se confeccionará por los Colegios Departamentales con los letrados de su matrícula que voluntariamente se inscriban. ARTICULO 47°: Las autoridades del Colegio Departamental o cualquiera de los miembros del mismo, podrán denunciar el ejercicio profesional sin inscripción en la matrícula, ante el Juez a cargo del organismo donde litigue el infractor, a los efectos de la multa prevista por el artículo 116°, incisos a) y b), de la Ley.

SECCIÓN SEGUNDA APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO PROCEDIMIENTO PREVIO ANTE EL CONSEJO DIRECTIVO ARTICULO 48°: La atribución que confiere el artículo 31° de la Ley a los Consejos Directivos para la iniciación de oficio de trámites disciplinarios será ejercida cuando obren en poder o conocimiento de éstos, elementos o antecedentes suficientes para efectuar la pertinente declaración. ARTICULO 49°: La denuncia contra un profesional deberá ser hecha por escrito, determinando con precisión la persona imputada, su domicilio, cuando lo conociera, los antecedentes del hecho, y las pruebas que tuviera en su poder, especificando claramente el lugar exacto donde sucedieron los hechos. El denunciante deberá justificar su identidad y constituir domicilio, acompañar copia de la denuncia y de los documentos presentados, y ofrecer toda la prueba de la que intente valerse. La ratificación de la denuncia podrá efectuarse, en caso de ser posible, en el mismo acto de la presentación. Caso contrario, será citado a tal efecto para que comparezca dentro de un término igual al que contempla el artículo 31°, segundo párrafo, de la Ley. En cualquiera de los dos supuestos precedentes, el interesado podrá completar los datos y referencias que no se hubieren incluido en la denuncia original. Sin perjuicio de lo prescripto, el Consejo Directivo tendrá facultad para adoptar cualquier otra medida tendiente a posibilitar la formalización de la denuncia, cuando las circunstancias del caso lo justifiquen. ARTICULO 50°: La ratificación no será necesaria cuando el denunciante sea un colegiado o esté patrocinado por éste, o cuando se trate de una comunicación de organismo colegial, magistrado judicial o repartición administrativa. ARTICULO 51°: El Consejo Directivo, a través de alguno de sus miembros, tomará la información pertinente y resolverá, conforme al procedimiento establecido por el artículo 31° de la Ley, si corresponde dar curso a la denuncia y pasar los antecedentes al Tribunal de Disciplina. El Consejo podrá encomendar a uno o varios de sus miembros la recopilación de información y producción de un dictamen para fundar su posterior decisión. ARTICULO 52°: Sin perjuicio de ello, la autoridad del Colegio, de oficio o a pedido del denunciante o denunciado, en los casos del artículo 42, inciso 8, de la Ley , podrá citarlos para intentar que se ponga punto final al diferendo, en cuyo caso se archivarán las actuaciones. Previamente, deberá hacérseles saber en forma fehaciente la posibilidad que ofrece el artículo 42° inc. 8° de la Ley, al momento de citarlos. ARTICULO 53°: Cumplidos los recaudos establecidos en los artículos precedentes, se dispondrá el traslado

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de la denuncia al denunciado -con copia y bajo apercibimiento de tenerlo por decaído en su derecho-, para que en el plazo de diez (10) días formule por escrito las explicaciones que considere pertinentes y constituya domicilio en la localidad asiento del Colegio, pudiendo en dicha oportunidad acompañar la prueba de que pretenda valerse. Dicho traslado será notificado sucesivamente al denunciado en el domicilio legal previsto por el artículo 6º, inciso 4º, de la Ley, o en su domicilio real. Formuladas las explicaciones requeridas o vencido el plazo otorgado sin que el denunciado las hubiere proporcionado, se hará efectivo el apercibimiento respectivo y las actuaciones pasarán a consideración del Consejo Directivo, previo informe de Secretaría sobre antecedentes del denunciado y anotaciones que consten en el legajo personal del mismo. ARTICULO 54°: En caso de que el denunciado, al dar explicaciones, formule otra denuncia vinculada con los mismos hechos, que afecte a otro colegiado, se dará traslado de la misma al nuevo denunciado, en la forma y procedimiento previstos precedentemente. ARTICULO 55°: La resolución del Consejo Directivo será notificada íntegramente a denunciante y denunciado. Ambos podrán impugnar la resolución dictada, mediante recurso de reposición que deberá fundarse por escrito exclusivamente en error material o de hecho, dentro del término perentorio de cinco días hábiles. Consentida o firme la resolución del Consejo Directivo, o vencidos los sesenta (60) días desde que se hubieren brindado explicaciones por parte del denunciado o desde aquella en que hubiere vencido el plazo que se le otorgara para ello, las actuaciones serán remitidas de inmediato al Tribunal de Disciplina, o se mandarán archivar, según lo que corresponda. Cuando por razón de competencia un Consejo o Tribunal se inhiba de actuar y remita el expediente a otro Colegio, el plazo de sesenta días deberá computarse desde que este último reciba las actuaciones. Idéntico procedimiento se aplicará en los casos de recusación o excusación de un Consejo y las actuaciones deban pasar a otro Colegio. ARTICULO 56°: Los miembros del Consejo Directivo podrán ser recusados o deberán excusarse por las causas previstas en el Código de Procedimientos en lo Criminal y Correccional de la Provincia. No será admitida la recusación sin causa. Si se produjere la recusación o excusación de un número tal de miembros del Consejo Directivo que le impida reunirse con el quórum necesario, la actuación pasará al Consejo Directivo del Colegio más próximo, a menos que el profesional afectado pertenezca a la matrícula de otro Colegio, en cuyo caso será remitida a éste.

II CONSTITUCION DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA ARTICULO 57°: El Tribunal de Disciplina elegirá un secretario en la oportunidad prevista por el artículo 45° de la ley, sin perjuicio de la facultad de designar actuarios para la sustanciación de las causas. ARTICULO 58°: El vicepresidente del Tribunal de Disciplina reemplazará al presidente en caso de licencia, ausencia o impedimento. Los miembros suplentes del Tribunal de Disciplina reemplazarán a los titulares en casos de vacancia del cargo, suspensión, licencia o inhabilidad. La función del suplente incorporado no se extiende al cargo que el titular desempeñaba dentro del Tribunal. En tal caso, el Tribunal hará el nombramiento que corresponda. ARTICULO 59°: El miembro que se encontrare comprendido en alguna de las causales de recusación previstas en el artículo 46° de la Ley, deberá plantear su excusación al Tribunal. Será aplicable, asimismo, lo dispuesto en el art. 56°, parte final, cuando la recusación impidiese el quórum necesario.

III PROCESO DISCIPLINARIO ANTE EL TRIBUNAL ARTICULO 60°: Sin perjuicio de los poderes y facultades conferidas por la Ley de su creación, el Tribunal de Disciplina asumirá la dirección del proceso y la instrucción de la causa, respetando los principios de

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concentración, saneamiento, economía procesal e inmediación. A tal efecto, concentrará en lo posible en un mismo acto o audiencia todas las diligencias que sea menester realizar. Cuando lo considere necesario para la investigación, podrá interrogar libremente al imputado y al denunciante. Deberá adoptar asimismo las medidas tendientes a evitar la caducidad del proceso; y ordenará en cualquier momento las diligencias que crea convenientes para investigar la verdad de los hechos. Podrá decretar el secreto de las mismas, haciendo respetar el derecho de defensa; como así también solicitar el comparendo compulsivo de testigos mediante el uso de la fuerza pública. En todos los casos, pronunciará la decisión definitiva dentro de los plazos legales, la que hará cumplir arbitrando los medios conducentes. ARTICULO 61°: El denunciante no adquirirá la calidad de parte, pero estará obligado a brindar la más amplia colaboración para la investigación de la verdad y comparecer ante el Tribunal las veces que sea citado, aportando los elementos probatorios que obren en su poder. ARTICULO 62°: En los supuestos previstos por el artícuo 31°, párrafo 5º, de la Ley, recibida las actuaciones por el Tribunal, éste resolverá dentro del plazo de treinta (30) días, mediante auto fundado, la apertura de la causa o su archivo, según corresponda. ARTICULO 63°: El Tribunal dará traslado de la denuncia al imputado por el término de quince (15) días, haciéndole saber su integración. La notificación se hará en los domicilios que el letrado hubiera declarado en el Colegio respectivo, si no se hubiese presentado en el expediente y constituido uno nuevo, con entrega de copias de la denuncia y documentos acompañados. ARTICULO 64°: Todas las notificaciones se harán en la forma que para cada caso establezca el Tribunal. ARTICULO 65°: Dentro del término establecido en el artículo 63°, el imputado deberá presentar el escrito de defensa reconociendo o negando los hechos invocados en la denuncia y la autenticidad de los documentos que se le atribuyen, constituir domicilio en el lugar de asiento del Tribunal y ofrecer las pruebas de descargo. En la misma oportunidad deberá ejercer su derecho a la recusación, la cual será resuelta en forma inmediata, y oponer todas las excepciones procesales que tuviere, las que serán resueltas al dictarse sentencia, salvo las que fueran de previo y especial pronunciamiento y la defensa de prescripción cuando resultare manifiesta. Con el escrito de defensa y prueba se deberá acompañar los interrogatorios de los testigos y, si se ofreciere prueba pericial, indicar los puntos de pericia respectivos. El imputado que ofreciere prueba de testigos, podrá solicitar al Tribunal que los mismos sean citados. Si así no lo hiciere, asumirá la carga de hacerlos comparecer a la audiencia fijada, bajo apercibimiento de tenerlo por desistido, salvo que en ese mismo acto pidiera el comparendo compulsivo con el auxilio de la fuerza pública, del testigo ausente sin justificación. De dicha facultad también podrá hacer uso el denunciante. Aún sin petición expresa, si el Tribunal considerara necesario interrogar al testigo, lo hará comparecer de oficio, con el auxilio de la fuerza pública. ARTICULO 66°: Del escrito de defensa y ofrecimiento de prueba se dará traslado al denunciante por el término de cinco (5) días al solo efecto que amplíe la prueba, si lo creyere necesario, sobre los hechos nuevos alegados. ARTICULO 67°: Ofrecida la prueba, el Tribunal se pronunciará sobre su admisibilidad, pudiendo denegar la misma total o parcialmente y fijar el término de su producción. ARTICULO 68°: Para la recepción de la prueba, ya sea en forma total o parcial, el Tribunal podrá delegar la función en uno de sus miembros, que será asistido por el Actuario que designará el mismo Tribunal. Las decisiones que adopte el miembro delegado en ejercicio de su función serán apelables ante el Tribunal pleno en el acto de la audiencia. Cuando se deban tramitar pruebas fuera de la ciudad asiento del Tribunal, el miembro encargado del trámite y secretario podrá constituirse donde se requiera su intervención o de lo contrario encomendar la diligencia al Tribunal de Disciplina del Departamento al que pertenezca la localidad donde deba cumplirse la diligencia. ARTICULO 69°: Sustanciado el proceso o contestado el traslado previsto en el artículo 63° se dictará la

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providencia de autos, la que quedará firme dentro del quinto día de notificarse al imputado. Durante ese lapso, el interesado podrá alegar por escrito sobre el mérito de la prueba. La sentencia deberá ser fundada y decidirá sobre las costas, si las hubiere. A los fines de graduar la sanción, el Tribunal deberá tener en cuenta los antecedentes del imputado. ARTICULO 70°: Sin perjuicio de la independencia del pronunciamiento del Tribunal de Disciplina, éste podrá disponer la suspensión del procedimiento disciplinario cuando por los mismos hechos estuviere pendiente resolución judicial o en el supuesto de causas disciplinarias conexas, cuando los hechos investigados en una de ellas constituyan precedente necesario para la prosecución de la otra. No se computará plazo alguno mientras dure la suspensión. ARTICULO 71°: Durante la sustanciación del proceso, todas las resoluciones del Tribunal serán irrecurribles, salvo los casos especialmente previstos en este Reglamento. ARTICULO 72°: Las sentencias que se dictaren deberán ajustarse a lo dispuesto en el artículo 29° de la Ley, y en todos los casos, las sanciones serán apelables ante el Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, en la forma que establece el 2º párrafo de dicho artículo. ARTICULO 73°: A los efectos del artículo anterior, se considerará que existe mayoría cuando concurren tres votos concordantes, y dos tercios cuando los votos iguales sumen cuatro. ARTICULO 74°: Las resoluciones que dicte el Consejo Superior podrán impugnarse ante los tribunales en lo contencioso administrativo, conforme al artículo 74° de la Ley 12.008, dentro del plazo de quince (15) días, y mientras éstos no funcionaren, ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala Especial. ARTICULO 75°: Las sentencias del Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia que impongan las sanciones establecidas en el artículo 28° de la Ley, serán impugnables en las mismas condiciones del artículo anterior, conforme lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley. El Cómputo de la sanción de suspensión será por días corridos. ARTICULO 76°: Las sanciones de suspensión y exclusión, una vez firmes, deberán ser difundidas mediante su publicación. A pedido del interesado, y a su costa, también podrán publicarse las sentencias absolutorias. En todos los casos, sin excepción, los datos esenciales de cada causa se publicarán en la Memoria anual del Colegio de Abogados de la Provincia y de los Colegios Departamentales.

IV DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS ARTICULO 77°: Es obligación de los abogados guardar respeto a las autoridades de los Colegios, y colaborar en el esclarecimiento de cualquier cuestión en que se encuentren involucrados, que no afecte su derecho de defensa. ARTICULO 78°: Se aplicará la sanción del artículo 36° de la ley, al miembro del Colegio que, transcurridos diez días de realizada la elección, no haya sometido a consideración del Consejo Directivo la justificación por no haber votado. Se admitirá que el profesional se allane al pago de la multa, caso en el cual no será necesario sustanciar sumario por la infracción. El importe respectivo ingresará a las arcas del Colegio Departamental al que pertenezca el involucrado. ARTICULO 79°: Para la formación de causa disciplinaria, la conducta del profesional deberá ser violatoria de disposiciones expresas de la Ley o de las Normas de Etica Profesional. ARTICULO 80°: Las sanciones aplicadas por los Tribunales de Disciplina, cualquiera fuese su índole, deberán ser comunicadas a todos los Colegios Departamentales. ARTICULO 81°: Los términos y plazos procesales establecidos en la 1° y 2° sección de este reglamento se computarán en días hábiles.

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SECCIÓN TERCERA REGLAMENTO DE CONVOCATORIA Y FUNCIONAMIENTO DE ASAMBLEAS TÍTULO ÚNICO CAPÍTULO I ASAMBLEAS ARTICULO 82°: La Asamblea Ordinaria se realizará en el transcurso del mes de mayo de cada año. ARTICULO 83°: El Consejo Directivo elaborará el Orden del Día, que comprenderá, obligatoriamente, la consideración de la Memoria y Balance del último ejercicio y, periódicamente, la elección de autoridades, sin perjuicio de los demás asuntos que estime necesario incluir dentro de las directivas del artículo 38° de la Ley. ARTICULO 84°: Ninguna asamblea podrá tratar asuntos no incluídos en la convocatoria. Sus decisiones exigirán para ser válidas un voto más que los votos en contra computables. ARTICULO 85°: El derecho de solicitar Asamblea Extraordinaria sólo corresponderá a los miembros del Colegio en condiciones de participar en ella. ARTICULO 86°: La Asamblea Extraordinaria se convocará en la forma que determina el artículo 39° de la Ley. CAPÍTULO II FUNCIONAMIENTO ARTICULO 87°: La Asamblea comenzará a funcionar puntualmente a la hora fijada en la convocatoria. La Presidencia queda facultada para prorrogar el comienzo hasta media hora después. ARTICULO 88°: A la hora fijada para sesionar se abrirá un registro de colegiados presentes, el que podrá ampliarse ininterrumpidamente hasta la conclusión de la Asamblea. En todos los casos, el asambleísta que deseare retirarse de la reunión deberá requerir autorización a la Presidencia. ARTICULO 89°: La Asamblea será presidida por el Presidente del Colegio o quien legalmente lo reemplace, actuando como Vicepresidente y Secretario los del Consejo Directivo. Se podrán designar dos Prosecretarios. ARTICULO 90°: Es nula la consideración de todo asunto no incluido expresamente en el Orden del Día de la convocatoria. ARTICULO 91°: La sesión comenzará con la íntegra lectura del Orden del Día. Los asuntos se considerarán en el orden señalado en la convocatoria, salvo decisión en contrario que podrá resolverse por simple mayoría. ARTICULO 92°: Para la consideración de cada punto del Orden del Día se abrirá por Secretaría un registro de asambleístas que usarán de la palabra. La Presidencia invitará a anotarse en dicho registro, que se cerrará antes de entrar en la consideración del tema. La palabra será concedida a los asambleístas en el orden en que figuren anotados en el registro. ARTICULO 93°: El asambleísta, al hacer uso de la palabra, se dirigirá siempre al Presidente o a la Asamblea en general. Están prohibidas las alusiones irrespetuosas o incultas, la personalización en el debate y las interrupciones reiteradas. Para fundar su punto de vista, cada asambleísta tendrá un plazo de diez minutos. Vencido el mismo, y en el supuesto de que quien esté en el uso de la palabra no hubiera concluido su exposición, la Presidencia someterá a decisión de la Asamblea si se le acuerda ampliación del término por cinco minutos más que serán improrrogables. ARTICULO 94°: Las interrupciones y aclaraciones de quien esté en el uso de la palabra serán otorgadas y

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denegadas con la venia del Presidente y consentimiento del orador. Quien hubiese hecho la interrupción o pedido de aclaración dispondrá para ello de breve lapso, que será computado al tiempo de quien concedió la interrupción. Los asambleístas no podrán usar dos veces de la palabra en la consideración del mismo tema, salvo que sean directamente aludidos o que fuesen autorizados por mayoría de votos presentes. ARTICULO 95°: Con excepción de los casos establecidos en los artículos 102° y 103°, el orador sólo podrá ser interrumpido cuando saliese notoriamente de la cuestión o cuando faltare al orden. ARTICULO 96°: El presidente deberá llamar a cuestión al orador que se aparte del tema en debate. Si el orador pretendiera estar en la cuestión, la Asamblea decidirá inmediatamente por simple mayoría de votos presentes, pudiendo aquél continuar en el uso de la palabra en caso de resolución afirmativa. Cualquier asambleísta, como moción de orden, podrá solicitar que la Asamblea decida idéntica cuestión. ARTICULO 97°: Cuando la Presidencia o la Asamblea resuelvan llamar al orden al orador, éste deberá explicar su actitud o retirar los términos que se hayan considerado impropios. Si accediese, proseguirá la sesión sin más ulterioridad; si se negase o si las explicaciones no fuesen satisfactorias, podrá retirársele el uso de la palabra, por mayoría de votos presentes. ARTICULO 98°: No podrá hacer uso de la palabra quien no se hubiese inscripto en el registro que establece el artículo 92°. Ello no obstante, el registro podrá reabrirse en cualquier momento de la consideración del punto en debate, por el voto de los dos tercios de asambleístas presentes. ARTICULO 99°: Cuando se agotare la lista de oradores o se hiciese moción del cierre del debate sin haberse agotado aquélla, lo que deberá resolverse por dos tercios de votos presentes, se procederá a votar el punto en tratamiento, en forma nominal no fundada. ARTICULO 100°: Las sesiones se desarrollarán hasta su terminación en forma ininterrumpida, salvo que por mayoría de votos se resolviera pasar a cuarto intermedio. ARTICULO 101°: Las sesiones serán públicas, salvo decisión expresa en contrario que se tomará por simple mayoría de votos presentes. ARTICULO 102°: Son atribuciones y deberes del Presidente: a) Dirigir y ordenar el debate, de conformidad con este Reglamento, pudiendo adoptar las medidas que permitan asegurar su desarrollo dentro del orden y el empleo razonable del tiempo. b) Mantener el orden en el recinto. c) Suspender la sesión en caso de desorden, si no cesa el mismo después de una prevención; y pasar a cuarto intermedio si, reanudada, el desorden se reproduce. d) El Presidente no podrá abrir opinión sobre el asunto en debate, pero tendrá derecho a tomar parte en el mismo, en cuyo caso invitará al Vicepresidente primero o al Vicepresidente segundo, en su defecto, a ocupar la Presidencia. e) El Presidente deberá resolver la cuestión con su voto en los casos de empate. Fuera de éstos, sólo podrá votar en aquellos asuntos en cuya discusión hubiera tomado parte, siempre que no quiera hacer uso de igual derecho el Vicepresidente que lo hubiera reemplazado. f) Ejecutar las decisiones de la Asamblea. ARTICULO 103°: Las mociones de orden tendrán preferencia de tratamiento y no podrán ser fundadas para su consideración. Se consideran mociones de orden, exclusivamente: a) La consideración de la prórroga del plazo de exposición del asambleísta que hubiese excedido el tiempo reglamentario. b) La consideración de la alteración en la prelación de tratamiento de los distintos puntos del Orden del Día. c) La reapertura del registro de oradores. d) El pedido de cierre del debate. e) El pedido de que se considere al orador fuera de la cuestión en debate. f) El pedido de que se le prohiba al orador continuar en la exposición. g) El pedido de pasar a cuarto intermedio.

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SECCIÓN CUARTA RÉGIMEN ELECCIONARIO CAPÍTULO I DE LA CONVOCATORIA ARTICULO 104°: Corresponde a los Consejos Directivos adoptar las medidas necesarias para la organización del acto electoral y resolver los problemas que se planteen, informando en su oportunidad al Consejo Superior. ARTICULO 105°: El Consejo Directivo podrá resolver que la elección se anticipe a la sesión de la Asamblea, en cuyo caso los comicios serán abiertos por el Presidente del Colegio o su reemplazante legal. ARTICULO 106°: La convocatoria a elecciones se hará con quince (15) días de anticipación. Será publicada en un diario de la ciudad cabecera del Departamento Judicial, por un día; se exhibirá en el local del Colegio, y se hará saber a los colegiados por los medios de difusión del Colegio. En la convocatoria se expresará qué funciones deben cubrirse y la duración del mandato de los que resulten electos. CAPÍTULO II DE LOS PADRONES ARTICULO 107°: Los Colegios de Abogados Departamentales procederán a confeccionar el padrón electoral con los abogados inscriptos, en ejercicio activo de la profesión, que no adeuden la cuota anual al 31 de diciembre del año inmediato anterior. ARTICULO 108°: Al 15 de abril se confeccionará un padrón adicional con los abogados inscriptos, los rehabilitados y los que paguen la matrícula del año inmediato anterior entre el 1º de enero y el 15 de abril. ARTICULO 109°: El padrón será puesto a disposición de los colegiados durante diez (10) días, contados a partir del tercer día hábil subsiguiente al 15 de abril, en el local del Colegio de Abogados. ARTICULO 110°: Dentro del plazo fijado en el artículo anterior podrán efectuarse observaciones al padrón, por omisiones o inclusiones indebidas. ARTICULO 111°: El Presidente del Colegio, o su reemplazante legal en caso de excusación, resolverá las observaciones dentro del plazo de cinco (5) días. ARTICULO 112°: No podrá votar ningún colegiado que no figure en el padrón. ARTICULO 113°: Los Colegios deberán excluir del padrón respectivo a los abogados que, con posterioridad a la confección definitiva del mismo, hubieran pasado a otro Colegio o suspendido su matrícula, o se hubiesen jubilado o entrado en situación de incompatibilidad absoluta. CAPÍTULO III DE LOS CANDIDATOS ARTICULO 114°: Hasta diez (10) días antes del fijado para la convocatoria a Asamblea o para la fecha de elección si se anticipare a aquélla, deberán oficializarse listas de candidatos. La presentación deberá hacerse ante las autoridades del Colegio, con la aceptación expresa de aquéllos que se postulen para los cargos a elegir, y hallarse patrocinada por un número de abogados no postulados equivalente al uno por ciento del total del padrón electoral, con un mínimo de diez (10) profesionales habilitados. ARTICULO 115°: Las listas que se oficialicen deberán postular candidatos para todos los cargos que se elijan, de acuerdo con lo dispuesto en la convocatoria, no pudiendo la misma persona candidatearse para dos puestos simultáneamente en la misma elección. ARTICULO 116°: Sin perjuicio de la facultad conferida a la Asamblea, conforme al artículo 129° de la

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presente reglamentación, por Secretaría se certificará sobre las cualidades de los candidatos, de acuerdo con los artículos 36°, 41° y 45° de la Ley, y 5º de la Ley 6716 – T.O. por Decreto N° 4771/95 -. ARTICULO 117°: Dentro de las 72 horas de presentada la lista respectiva, se comunicarán las observaciones pertinentes al apoderado de la misma, a los efectos de permitir que se subsane el vicio, lo que deberá hacerse en igual lapso, bajo apercibimiento de tenerla por no presentada. ARTICULO 118°: Cada lista deberá designar uno o dos apoderados generales, y podrá designar un fiscal por cada mesa receptora de votos. CAPÍTULO IV DEL COMICIO ARTICULO 119°: El Consejo Directivo determinará el número de mesas receptoras de votos, designará sus autoridades -constituídas cada una por tres miembros-, y fijará las horas durante las cuales funcionará el comicio. ARTICULO 120°: En cada mesa actuarán un presidente y dos vocales, y los fiscales que designen las listas oficializadas. Las autoridades de cada mesa serán designadas por el Consejo Directivo, conforme al presente Reglamento. ARTICULO 121°: Los presidentes de las mesas receptoras de votos constituirán, una vez concluido el comicio, la Comisión de Escrutinio. Cuando funcione una sola mesa receptora, esta Comisión será integrada, además, por los vocales. Los fiscales o apoderados generales presenciarán el acto. ARTICULO 122°: La elección de autoridades se hará por voto secreto y los candidatos resultarán electos a simple pluralidad de sufragios. En caso de empate el Presidente practicará el sorteo en el mismo acto. CAPÍTULO V DEL ESCRUTINIO ARTICULO 123°: A la hora fijada como cierre del comicio, cada mesa realizará el escrutinio, a cuyo efecto comenzará por la verificación del número de votantes y el de sobres que contengan las urnas. ARTICULO 124°: No será válido el voto que reemplazare a un candidato de una lista por otro postulado para el mismo cargo. ARTICULO 125°: Sólo serán validos los votos emitidos en las boletas oficializadas, sin admitirse agregados o tachaduras de candidatos, considerándose estas últimas como inexistentes. Las boletas que incluyan leyendas o agregados de cualquier naturaleza serán votos nulos. ARTICULO 126°: Terminado el escrutinio en cada mesa, las autoridades previstas en los artículos 120° y 121° formarán la Comisión de Escrutinio. Dicha Comisión será presidida por el miembro con mayor antigüedad en la profesión. El computo de votos se hará, en todos los casos, por “lista”. En caso de empate de votos entre dos o más listas mayoritarias, se determinará por sorteo la asignación del candidato que excedieren aquellos determinados por el sistema de representación proporcional. Estos cómputos y asignación de electos se realizarán por cada categoría de candidatos, distinguiendo entre titulares y suplentes, e incluso entre el Presidente y Consejeros. A los efectos de lo dispuesto por el art. 40° de la Ley 5177, modificado por la Ley 12.548, una vez efectuado el escrutinio y sumados los votos válidos computados y los que haya obtenido cada una de las listas oficializadas, la comisión a que se refiere el art. 126° se sujetará para la asignación de cargos al procedimiento y orden que se establece a continuación: 1) Se consagrará ganadora a la lista que hubiere obtenido el mayor número de votos, y elegidos todos sus candidatos, si ninguna de las listas restantes obtuviera el veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos. 2) De haber una o más listas que en número de votos sucedan a la ganadora, siempre que hayan obtenido no menos del veinticinco por ciento (25%) de los votos válidos emitidos, la distribución

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de cargos se efectuará mediante el sistema de representación proporcional, con sujeción al siguiente mecanismo: 2-1) Con respecto a la elección de miembros titulares del Consejo Directivo, miembros titulares del Tribunal de Disciplina y miembros suplentes de este último cuerpo, se dividirá el número total de votos válidos por el número de candidatos a elegir, y el cociente que se obtenga será el cociente electoral, tomándose como tal la cifra exacta con decimales. 2-2) El número de votos obtenido por cada lista se dividirá por el cociente electoral, de lo que resultarán los nuevos cocientes indicativos de los números de candidatos electos de cada una de aquellas. Las que no alcancen el cociente electoral no tendrán representación. 2-3) Si sumados todos los cocientes no llegase a cubrirse el número total de representantes a elegir, se adjudicará un candidato más para cada una de las listas que por aplicación de cociente electoral haya determinado mayor residuo, completándose de tal modo la representación con los candidatos de la lista que logró el mayor número de votos. De resultar residuos iguales, se adjudicará el candidato a la lista que hubiera obtenido mayoría de votos. 2-4) En la determinación del cociente no se tendrán en consideración los votos en blanco y los anulados. 2-5) En el caso de que ninguna de las listas alcanzase el cociente electoral, a los efectos de adjudicar la representación se tomará como base el cincuenta por ciento (50%) de aquél. De no lograrse ese cincuenta por ciento (50%), se disminuirá en otro tanto y así sucesivamente, hasta llegar a un cociente que haga posible la adjudicación del total de las representaciones. 2-6) Con respecto a la elección de miembros suplentes del Consejo Directivo: a) Se otorgará un cargo a cada lista que hubiese logrado la designación de un miembro titular del Consejo Directivo, siguiendo el orden del mayor número de votos obtenidos; b) Si hubiere un remanente de cargos, se aplicará el sistema de distribución determinado en los puntos anteriores. Serán de aplicación supletoria para el procedimiento electoral de los Colegios de Abogados departamentales, las normas contenidas en la Ley electoral vigente en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, en cuanto no se opongan a la Ley 5177 y su reglamentación. ARTICULO 127°: La Comisión de Escrutinio elevará su informe a la Asamblea en forma conjunta, por medio de su Presidente, sin perjuicio de que cada presidente de mesa aclare luego las cuestiones que se hubieren suscitado en su respectivo ámbito. ARTICULO 128°: Las impugnaciones y observaciones a los votos serán sustanciadas en la respectiva mesa y en el momento en que se produzcan, con intervención de las autoridades y fiscales habilitados. El voto impugnado u observado, junto con las actuaciones que se labraren, será colocado en sobre aparte dentro de la urna. La Comisión de Escrutinio dictaminará sobre la cuestión y sugerirá a la Asamblea la resolución a adoptar en cada caso. Los votos impugnados u observados, junto con todos sus antecedentes, serán elevados a la Asamblea, la que deberá pronunciarse, exclusivamente, por su nulidad o su validez. Si fuera declarado válido, se procederá de inmediato a su escrutinio. ARTICULO 129°: Corresponde a la Asamblea considerar el informe de la Comisión de Escrutinio, juzgar la formalidad de la elección, verificar las condiciones de los candidatos electos y proceder a su proclamación. ARTICULO 130°: En el caso de que la Asamblea resolviera que el acto eleccionario adolece de vicios sustanciales, o cuestionare la calidad de los electos, deberá elevar los antecedentes para su decisión al Consejo Superior del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires. ARTICULO 131°: El Presidente de la Asamblea deberá comunicar al Consejo Directivo la nómina de los abogados que no hayan cumplido la obligación de emitir su voto para la elección de autoridades. TÍTULO III DISPOSICIÓN GENERAL ARTICULO 132°: Los términos y plazos establecidos en la presente sección se computarán en días corridos, salvo disposición expresa en contrario.

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SECCIÓN QUINTA NOMBRAMIENTOS DE OFICIO ARTICULO 133°: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 11°, y segunda parte del artículo 14° de la Ley, la lista será depurada antes de cada sorteo, de conformidad a las prescripciones de este Reglamento. ARTICULO 134°: Al 30 de noviembre de cada año, los Colegios de Abogados Departamentales confeccionarán la lista especial, con los abogados que voluntariamente se inscriban en ella, y la remitirán a los señores Jueces de Primera Instancia el 1º de febrero del año siguiente al de la inscripción. La lista tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre del año posterior al de la inscripción. ARTICULO 135°: Los abogados que opten por dicha inscripción deberán: a)Estar matriculados en el Colegio Departamental donde soliciten su inscripción. b)Estar al día con el pago de la matrícula. c)Tener su domicilio real y permanente en el Departamento Judicial donde se opere la inscripción. d)No estar comprendidos en ninguna de las causales de suspensión, exclusión o incompatibilidad que la Ley determina. ARTICULO 136°: Regirán las disposiciones del artículo 77° de la Ley, en su relación con el régimen de la lista especial de este Reglamento y en cuanto a los supuestos que ellas contemplan. SECCIÓN SEXTA REGLAMENTO SOBRE PUBLICIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS COLEGIOS ARTICULO 137°: La documentación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y de los Colegios Departamentales tendrá para sus colegiados carácter de pública, con excepción de: a) Las actuaciones disciplinarias en trámite, ya sea que el procedimiento esté radicado en el Consejo Directivo o ante el Tribunal de Disciplina, y para aquéllos que no estén directamente interesados en su trámite. b) El legajo y la restante documentación de carácter personal del colegiado, siempre que no se trate del propio interesado y/o sus causahabientes. c) La demás documentación a cuyo respecto, por resolución expresa y fundada, el Consejo Directivo dispusiere su reserva. En estos casos, la reserva cesará cuando la cuestión haya sido definitivamente resuelta. ARTICULO 138°: Todo colegiado tendrá derecho a examinar la documentación del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires y del Colegio Departamental en el cual estuviera matriculado, sujeto a las normas de la presente reglamentación. ARTICULO 139°: El abogado interesado en el examen de determinada documentación deberá solicitar por escrito su exhibición. ARTICULO 140°: El Consejo Superior y los Consejos Directivos Departamentales, en su caso, fijarán el horario en que podrá efectuarse el examen que se les solicite. Dicho horario tendrá una duración mínima de una hora diaria. ARTICULO 141°: El examen de la documentación se efectuará en la sede del respectivo Colegio y de modo tal que no interrumpa sus actividades normales. ARTICULO 142°: Cuando fueren varios los colegiados que requieren vista de documentación, quedan facultados los Colegios para distribuir racionalmente el estudio entre los interesados, según el tiempo que se prevé en el artículo 140° de este Reglamento. ARTICULO 143°: Los colegiados podrán requerir, a su costa, que se expida fotocopia de la documentación que sea de su interés, siempre que no se trate de las excepciones previstas en el artículo 137°. FUENTE: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-5177.html

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Decreto Ley 8904/77 Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por las Leyes 10310 y 11593.

LA PLATA, 14 de octubre de 1977. VISTO lo actuado en el expediente número 2200-4089/76 y la autorización otorgada mediante la Instrucción número 1/76, artículo 5 de la Junta Militar; ejercicio de las facultades legislativas por ellas conferidas, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE LEY

LEY ARANCELARIA PARA LAS PROFESIONES DE ABOGADOS Y PROCURADORES TÍTULO I - DISPOSICIONES GENERALES ARTÍCULO 1°: Los honorarios profesionales de abogados y procuradores devengados en juicios, gestiones administrativas y prestaciones extrajudiciales, deben considerarse como remuneraciones al trabajo personal del profesional y se regirán por las disposiciones de la presente Ley. ARTÍCULO 2°: En defecto de contrato escrito, los honorarios que deban percibir los abogados y procuradores por su labor por prestaciones extrajudiciales, serán fijados en la forma que determina la presente Ley. Será nulo todo pacto o convenio que tienda a reducir las proporciones establecidas en el arancel fijado por esta Ley, así como toda renuncia anticipada total o parcial de los honorarios. No obstante, el profesional que hubiere renunciado celebrando el convenio, quedará sujeto a los términos del mismo; en tal caso, el Colegio de Abogados o de Procuradores Departamental, tendrá acción para reclamar del deudor del honorario, la diferencia que resulte por aplicación de esta Ley. TÍTULO II - DE LOS CONTRATOS Y PACTOS SOBRE HONORARIOS ARTÍCULO 3°: Los abogados y procuradores podrán fijar por contrato el monto de sus honorarios sin otra sujeción que a esta Ley y al Código Civil, pero el contrato será redactado por escrito bajo pena de nulidad y no admitirá otra prueba de su existencia que la exhibición del documento o la confesión de la parte obligada al pago de honorarios, de haber suscripto el mismo. ARTÍCULO 4°: Los abogados y procuradores matriculados podrán celebrar con sus clientes pacto de cuota litis, con sujeción a las siguientes reglas: a) Se redactarán en doble ejemplar, antes o después de iniciado el juicio. b) No podrán exceder de la tercera parte del resultado líquido del juicio, cualquiera fuese el número de pactos celebrados. c) El profesional podrá tomar a su cargo los gastos correspondientes a la defensa del cliente y la obligación de responder por las costas causídicas del adversario, en cuyo caso el pacto podrá extenderse hasta la mitad del resultado líquido del juicio. d) Los honorarios que se declaren a cargo de la parte contraria corresponderán exclusivamente a los profesionales. e) El pacto podrá ser presentado por el profesional o por el cliente en el juicio a que el mismo se refiere, en cualquier momento. f) No podrán ser objeto de pactos de cuota litis los casos de trámites y procesos previsionales y aquéllos que versen sobre derechos de sustancia alimenticia. ARTÍCULO 5°: Será nulo todo contrato sobre honorarios profesionales que no sea celebrado por abogados o procuradores inscriptos en la matrícula respectiva al tiempo de convenirlo.

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ARTÍCULO 6°: La revocación del poder no anulará el contrato sobre honorarios, salvo que ella hubiese sido motivada por culpa del abogado o procurador, en cuyo caso éste será reembolsado por regulación judicial, si correspondiere. ARTÍCULO 7°: El profesional que hubiere celebrado contrato de honorarios y comenzado sus gestiones, puede separarse del juicio en cualquier momento. En tal caso quedará sin efecto el contrato y sus honorarios se regularán judicialmente. ARTÍCULO 8°: El abogado o procurador podrá pedir regulación por los trabajos efectuados en cualquier estado del proceso. En este caso queda ipso iure anulado el contrato o pacto. TÍTULO III - DE LA UNIDAD DE MEDIDA ARANCELARIA ARTÍCULO 9°: Institúyese con la denominación de “Jus” la unidad de honorario profesional de Abogado o Procurador, que representará el uno (1) por ciento de la remuneración total asignada al cargo de Juez Letrado de Primera Instancia de la Provincia de Buenos Aires, entendiéndose por tal la suma de todos aquellos rubros, sea cual fuere su denominación, incluida la bonificación por antigüedad por el tiempo exigido por el artículo 178 de la Constitución Provincial, cuya determinación no dependa de la situación particular del Magistrado. La Suprema Corte de Justicia suministrará mensualmente el valor resultante, eliminando las fracciones decimales. (Párrafo sustiuído por la Ley 11593). Sin perjuicio del sistema porcentual establecido en las disposiciones siguientes, los honorarios mínimos que corresponde percibir a los Abogados y Procuradores por su actividad profesional resultarán del número de “Jus” que a continuación se detalla: I - HONORARIOS MINIMOS EN ASUNTOS JUDICIALES NO SUPCEPTIBLES DE APRECIACION PECUNIARIA 1. Divorcios 2. Divorcios por presentación conjunta 3. Adopciones 4. Tutela y Curatela 5. Insania y Filiación 6. Tenencia y régimen de visitas 7. Informaciones sumarias 8. Inscripción en la matrícula de comerciante 9. Autorización para ejercer el comercio y trámites similares ante el Registro Público de comercio. 10. Rubrica de Libros de Comercio 11. Presentación de denuncias penales con firma de letrado 12. Pedido de excarcelación 13. Excarcelación concedida 14. Pedido de eximición de prisión 15. Eximición de prisión concedida 16. Defensas penales a)

60 30 20 15 30 10 10 15

“Jus” “Jus” “Jus” “Jus” “Jus” “Jus” “Jus” “Jus”

8 4

“Jus” “Jus”

10 10 12 10 10

“Jus” “Jus” “Jus” “Jus” “Jus”

Sumario I. Contravenciones o faltas administrativas: defensa 12 Jus; con pruebas producidas 20 Jus; resolución favorable 25 Jus; II. Juicios correccionales: defensa 22 Jus; con pruebas producidas 25 Jus; sobreseimiento provisorio 30 Jus; definitivo 40 Jus; III. Juicios criminales: defensa 30 Jus; con pruebas producidas 35 Jus; sobreseimiento provisorio 50 Jus; definitivo 60 Jus.

b) Plenario (absorbe honorarios del sumario) I. Juicios correccionales: defensa 25 Jus; con pruebas producidas 35 Jus; sentencia absolutoria 55 Jus.

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II. Juicios criminales: defensa 30 Jus; con pruebas producidas 45 Jus; sentencia absolutoria 60 Jus. 17.Actuación de particular damnificado. a) Embargo e inhibiciones: como en los juicios civil y comercial. b) Revocación de libertad provisoria 12 Jus; con pruebas producidas 22 Jus. c) Obtención de prisión preventiva o revocación de sobreseimiento provisorio 25 Jus; con pruebas producidas 30 Jus. d) Obtención de condena o revocación de sobreseimiento definitivo 30 Jus; con pruebas producidas 50 Jus. 18. Actor civil en material penal: como en materia civil y comercial; a) Querellas 30 Jus; con producción de pruebas 50 Jus; con éxito 60 Jus. b) Patrocinio de defensores: como en material civil y comercial. II - HONORARIOS MÍNIMOS POR LA LABOR EXTRAJUDICIAL 1. Consultas verbales 2. Consultas evacuadas por escrito 3. Estudio o información de actuaciones judiciales o administrativas 4. Asistencia y asesoramiento del cliente en la realización de actos jurídicos 5. Por la redacción de contratos de locación, del 1 al 5% del valor del contrato con un mínimo de 6. Redacción de boleto de compraventa del 1 al 5% del valor de los bienes con un mínimo de 7. Por la redacción de testamentos el 1% del valor de los bienes con un mínimo de 8. Por la redacción de contratos o estatutos de sociedades comerciales, o de asociaciones, fundaciones y constitución de personas jurídicas en general del 1 al 3% del capital social con un mínimo de 9. Por la redacción de contratos no comprendidos en los incisos anteriores del 1 al 5% del valor de los mismos con un mínimo de 10. Arreglos extrajudiciales: mínimo el 50% de las escalas fijadas para los mismos asuntos judiciales establecidas en la presente ley 11. Por gastos administrativos de estudio para iniciación de juicios (fotocopias, abrir aportes de colegio, etc.) 12. Redacción de denuncias penales (sin firma del letrado)

0,5 1

“Jus” “Jus”

2

“Jus”

2,5

“Jus”

6

“Jus”

10

“Jus”

10

“Jus”

20

“Jus”

6

“Jus”

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“Jus” “Jus”

TÍTULO IV - PRINCIPIOS GENERALES SOBRE HONORARIOS ARTÍCULO 10: El honorario devengado o regulado es de propiedad exclusiva del profesional que hubiere hecho los trámites pertinentes. ARTÍCULO 11: No será lícito contratar el honorario con arreglo al tiempo que dure el asunto. ARTÍCULO 12: El abogado o procurador en causa propia podrá cobrar sus honorarios y gastos cuando su contrario hubiere sido condenado en costas. ARTÍCULO 13: Cuando en un juicio intervenga más de un abogado o procurador por una misma parte se considerará, a los efectos arancelarios, como un solo patrocinio o representación y se regularán los honorarios individualmente en proporción a la tarea cumplida por cada uno. Si el abogado se hiciere patrocinar por otro abogado, el honorario se regulará considerando al patrocinado como procurador y al patrocinante como abogado.

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ARTÍCULO 14: Los honorarios de los procuradores se fijarán en un cincuenta (50) por ciento de los que por esta ley corresponda fijar a los abogados patrocinantes. Cuando el abogado actuare en carácter de apoderado sin patrocinio, percibirá la asignación total que hubiere correspondido a ambos. Cuando solamente patrocine a la parte interesada, percibirá el noventa (90) por ciento de la asignación total que hubiere correspondido a ambos. ARTÍCULO 15: Toda regulación judicial de honorarios profesionales debe hacerse con citación de la disposición legal aplicada bajo pena de nulidad. ARTÍCULO 16: Para regular los honorarios, se tendrá en cuenta: a) El monto del asunto, si fuera susceptible de apreciación pecuniaria. b) El valor, motivo y calidad jurídica de la labor desarrollada. c) La complejidad y novedad de la cuestión planteada. d) La responsabilidad que de las particularidades del caso pudiera haberse derivado para el profesional. e) El resultado obtenido. f) El cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59, inciso 1° de la Ley 5177. g) La probable transcendencia de la resolución a que se llegare, para casos futuros. h) Las actuaciones esenciales establecidas por la Ley para el desarrollo del proceso. i) Las actuaciones de mero trámite. j) La trascendencia económica y moral que para el interesado revista la cuestión en debate. k) La posición económica y social de las partes. l) El tiempo empleado en la solución del litigio, siempre que la tardanza no fuera imputable al profesional. ARTÍCULO 17: A pedido de los profesionales, los jueces deberán practicar en relación a las tareas realizadas, regulaciones parciales y provisionales cuando se hubieran cumplido cada una de las etapas establecidas en el artículo 28. El pago de los honorarios regulados estará a cargo de la parte a quien el profesional peticionante representa o patrocina. La regulación se efectuará en el mínimo del honorario que le hubiere podido corresponder al peticionante, sin perjuicio que al dictarse la sentencia el juez se pronuncie determinando la regulación definitiva por toda la actuación del profesional. ARTÍCULO 18: Sin perjuicio de la acción directa de los profesionales de una parte contra otra vencida en costas, no son ejecutables los honorarios regulados contra el litigante patrocinado o representado, cuando los servicios profesionales de sus abogados o procuradores hubieran sido contratados en forma permanente, mediante una retribución periódica. El contrato deberá redactarse por escrito y registrarse bajo responsabilidad del profesional dentro del término de quince (15) días de su otorgamiento en el Colegio Profesional Departamental donde estuviere inscripto aquél. El Colegio Departamental inscribirá el contrato si de los términos del mismo surge una remuneración adecuada al monto de los trabajos, a la importancia de las tareas, a la extensión y al tiempo que requiera su atención. En caso de denegatoria de la inscripción, el profesional será remunerado por regulación judicial. ARTÍCULO 19: Cada vez que el profesional reciba en forma directa dinero u otros bienes, que deban ser imputados a honorarios o cualquier otro concepto, por parte de su cliente, deberá extender recibo que contendrá las siguientes enunciaciones esenciales: a) Apellido, nombre, dirección y matrícula respectiva del profesional otorgante. b) Apellido, nombre o razón social de quienes efectúan el pago o a nombre de quien se efectúa el pago. c) Carátula, Juzgado y Departamento Judicial de radicación de la litis, objeto del pago, o enunciación del asunto extrajudicial que motivó la intervención del profesional. d) Rubro al que se imputa el pago (honorarios, capital, intereses, gastos de estudio, gastos causídicos, gastos por diligenciamientos extrajudiciales). e) Fecha y monto de pago, con aclaración de si es parcial o total y si debe imputarse al cumplimiento de un pacto sobre honorarios o de cuota litis. f) Firma y sello aclaratorio del profesional.

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ARTÍCULO 20: En los casos de transmisión de bienes por tracto abreviado, el Registro de la Propiedad no procederá a la inscripción si no se acredita haberse abonado los honorarios por la labor judicial de los abogados y procuradores intervinientes, o encontrarse suficientemente garantizado su pago. TÍTULO V - DE LOS HONORARIOS POR LA LABOR JUDICIAL ARTÍCULO 21: En todos los procesos susceptibles de apreciación pecuniaria, por las actuaciones de primera instancia o en Tribunales Colegiados de Instancia Unica, hasta la sentencia, el honorario del abogado será fijado entre el ocho (8) y el veinticinco (25) por ciento de su monto. Cuando haya litis consorcio la regulación se hará con relación al interés de cada litis consorte. Las regulaciones no superarán, en total, el cuarenta (40) por ciento que resulte de la aplicación de la respectiva escalada arancelaria. En los procesos de jurisdicción voluntaria, a los fines de la regulación, se considerará que hay una sola parte. ARTÍCULO 22: (Texto según Ley 10310) En ningún caso, la regulación podrá ser inferior a cuatro (4) “Jus”, cualquiera sea el Tribunal donde el profesional haya actuado. ARTÍCULO 23: En los juicios por cobro de sumas de dinero, la cuantía del asunto a los fines de la regulación de honorarios, será el monto de la demanda o reconvención; o si fuere mayor, el de la liquidación que resulte de la sentencia, por capital -actualizado si correspondiere- intereses y gastos. Cuando fuere íntegramente desestimada la demanda o reconvención, se tendrá como valor del pleito el importe de la misma, actualizado al momento de la sentencia en base a los índices de depreciación monetaria, si ello fuere pertinente. ARTÍCULO 24: La determinación de la depreciación monetaria a los efectos de la aplicación de la presente Ley, se realizará de acuerdo con la variación de los índices de precios al consumidor, suministrada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos u organismo nacional que haga sus veces. Los índices mencionados, serán suministrados mensualmente a cada uno de los Tribunales de Justicia por la Suprema Corte. ARTÍCULO 25: En los casos de transacción, la regulación de honorarios se practicará sobre el monto total que resulte de la misma. ARTÍCULO 26: Si en el pleito se hubieren acumulado acciones o deducido reconvención, se regularán por separado los honorarios que correspondan a cada una. Los honorarios de la parte que pierda el pleito totalmente, se fijarán tomando como mínimo el setenta (70) por ciento de la escala del artículo 21 y como máximo el monto de dicha escala. ARTÍCULO 27: El monto de los juicios se determinará: a) Cuando se trate de juicios sobre bienes inmuebles o derechos sobre los mismos, si no han sido tasados en autos, se tendrá como cuantía del asunto la valuación fiscal al momento en que se practique la regulación incrementada en el veinte (20) por ciento. No obstante, reputándose a ésta inadecuada al valor real del inmueble, el profesional estimará el valor que le asigne de lo que se dará traslado por cédula a quienes se encuentren obligados al pago de honorarios a regularse. En caso de oposición el juez designará perito de la lista oficial. La pericia se pondrá de manifiesto por cinco (5) días, por auto que se notificará a las partes. Si el valor que asigne el juez fuera más próximo al propuesto por el profesional, que el fiscal o el que hubiere propuesto el obligado, las costas de la pericia serán soportadas por este último; de lo contrario, serán a cargo del profesional. Este procedimiento no impedirá que se dicte sentencia en lo principal, difiriéndose la regulación de honorarios. b) Cuando se trate de juicios sobre muebles, semovientes o automotores, se tomará como cuantía del asunto el valor que surja de autos, sin perjuicio de efectuarse la determinación establecida en el inciso anterior y por el mismo procedimiento. c) En juicios de cobro de sumas de dinero, si el reclamo se ampliare con posterioridad a la sentencia, por haber vencido nuevos plazos, o cuotas de la obligación en cuya virtud se procede, se tendrá como valor del pleito el total de la reclamado.

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d) Derechos creditorios: el valor consignado en las escrituras o documentos respectivos, deducidas las amortizaciones normales previstas en los mismos, o las extraordinarias que justifique el interesado. e) Títulos de renta y acciones de entidades privadas: el valor de cotización de la Bolsa de Comercio de la Provincia de Buenos Aires o de la Capital Federal. Si no cotizaren en Bolsa, el valor que informe cualquier Entidad Bancaria oficial. Si por esta vía fuere imposible lograr la determinación, se estará a la estimación que efectúe la parte. f) Establecimientos comerciales, industriales o mineros: se evaluará el activo conforme las normas de este artículo. Se descontará el pasivo justificado por certificación contable u otro medio idóneo cuando no se lleve contabilidad en legal forma, y al líquido que resulte se le sumará un diez (10) por ciento que será computado como valor llave. g) Dinero, créditos u obligaciones expresados en moneda extranjera: se estará al valor de plaza conforme al tipo de cambio más elevado que establezcan las autoridades pertinentes. h) Usufructo: se determinará el valor de los bienes conforme las normas de este artículo, disminuyéndoselo en un cincuenta (50) por ciento. i) Nuda propiedad: se adoptarán las mismas pautas del inciso anterior. j) Uso y habilitación: será evaluado en el doce (12) por ciento anual del valor del bien respectivo, justipreciado según las reglas de este artículo, y el resultado se multiplicará por el número de años por el que se tramite el derecho, no pudiendo exceder en ningún caso del cien (100) por ciento de aquél. k) Bienes sujetos a agotamiento, minas, canteras y similares: se determinará el valor por el procedimiento previsto en el inciso b) del presente artículo. l) Concesiones, derechos, marcas y privilegios: se seguirán las mismas normas del inciso anterior. ARTÍCULO 28: A los efectos de la regulación de honorarios, los escritos se clasificarán del modo siguiente: a) Procesos ordinarios. 1. Demanda, reconvención y sus contestaciones. 2. Actuaciones de prueba. 3. Diligencias y trámites posteriores hasta la terminación del juicio en primera instancia. b) Procesos sumarios y sumarísimos 1. Demanda, reconvención, sus contestaciones y ofrecimiento de prueba. 2. Actuaciones de prueba y trámites posteriores hasta la terminación del juicio en primera instancia. c) Sucesiones intestadas o testamentarias. 1. Actuación completa de iniciación. 2. Actuaciones hasta la declaratoria de herederos o hasta la aprobación del testamento. 3. Diligencias y trámites hasta la inscripción de la declaratoria de herederos o del testamento. d) Concursos. 1. Actuación completa de iniciación. 2. Actuación hasta la junta de acreedores. 3. Actuaciones hasta la finalización. e) Causas penales. 1. Actuaciones en sumario. 2. Defensa y ofrecimiento de prueba. 3. Actuaciones posteriores hasta la sentencia. f) Procesos orales ante los tribunales colegiados. 1. Demanda, reconvención, contestaciones y segundos traslados. 2. Actuaciones de prueba anteriores a la vista de la causa. 3. Audiencia de vista de la causa. Los trabajos profesionales individualizados en cada uno de los apartados precedentes, serán remunerados y considerados como una tercera parte, o la mitad en su caso, del juicio pertinente. Todo trabajo complementario o posterior a las etapas judiciales enumeradas precedentemente deberá regularse en forma independiente y hasta una tercera parte de la regulación principal. ARTÍCULO 29: A los efectos de la regulación de honorarios, la firma del abogado patrocinante en los escritos presentados en juicios implicará su dirección profesional en las actuaciones posteriores que no lleven su firma mientras no lo sustituya en el patrocinio otro abogado que declare en forma expresa que ha quedado excluido el anterior. Esta regla no se aplicará en los juicios en que el interesado intervenga

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directamente sin procurador. ARTÍCULO 30: Los trabajos y escritos notoriamente inoficiosos no serán considerados a los efectos de la regulación de honorarios. ARTÍCULO 31: Por las actuaciones correspondientes a la segunda o ulterior instancia, se regulará en cada una de ellas del veinte (20) al treinta y cinco (35) por ciento de la cantidad que se fije para honorarios en primera instancia. Si la sentencia recurrida fuera revocada o modificada, el Tribunal de Alzada deberá adecuar de oficio las regulaciones por los trabajos de primera instancia, teniendo en cuenta el nuevo resultado del pleito y regulará seguidamente los honorarios que correspondan por las tareas cumplidas en la alzada, aunque no hubiese mediado apelación del profesional beneficiario por los honorarios. Si la sentencia recurrida fuera revocada en todas sus partes en favor del apelante, los honorarios de sus profesionales, por los trabajos en esa instancia de apelación, se fijarán entre el veintisiete (27) y el treinta y cinco (35) por ciento de los correspondientes a primera instancia. ARTÍCULO 32: Para la regulación de los honorarios del administrador judicial designado en juicios voluntarios, contenciosos y universales, se aplicará la escala del artículo 21 sobre el monto de los ingresos obtenidos durante la administración, con prescindencia del valor de los bienes. TÍTULO VI - DE LOS HONORARIOS EN LOS JUICIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECIALES ARTÍCULO 33: En las causas penales cuyo monto pueda apreciarse pecuniariamente, los honorarios profesionales se fijarán de acuerdo con la escala del artículo 21. En todos los casos, a los efectos de las regulaciones, deberá tenerse en cuenta: a) Las reglas generales del artículo 16. b) La naturaleza del caso y la pena aplicable por el delito materia del proceso. c) La influencia que la sentencia tenga o pueda tener por sí o con relación al derecho de las partes ulteriormente. d) La actuación profesional en las diligencias probatorias de sumario y plenario, así como la importancia, calidad y complejidad de las pruebas ofrecidas o producidas. En los juicios sobre faltas, la escala del artículo 21, se reducirá de un tercio a la mitad. La acción indemnizatoria que se promoviere en el proceso penal se regulará como si se tratara de un proceso sumario en sede civil, reduciéndose el monto del honorario hasta un treinta (30) por ciento. ARTÍCULO 34: En los juicios ejecutivos y ejecuciones especiales, no oponiéndose excepciones, por lo actuado desde su iniciación hasta la sentencia de remate inclusive, el honorario del abogado o procurador será calculado de acuerdo con la escala del artículo 21°, reduciéndose el monto hasta un treinta (30) por ciento. Habiendo excepciones, se reducirá un diez (10) por ciento. ARTÍCULO 35: En el proceso sucesorio cuando un solo abogado patrocine o represente a todos los herederos o interesados, su honorario se regulará sobre el monto del acervo, inclusive los gananciales, aplicando una escala del seis (6) al veinte (20) por ciento del total, y de acuerdo con las siguientes pautas: a) Inmuebles: el valor se tomará sobre la valuación fiscal vigente al momento de la regulación. b) Otros bienes: para establecer el valor se seguirán las pautas reglamentarias en el artículo 27° incisos b) al l). Cuando constare en el proceso un valor por tasación, estimación o venta superior a la valuación fiscal, dicho valor será considerado a los efectos de la regulación. Cuando el haber sucesorio se integre con un solo bien inmueble que hubiere constituido el hogar conyugal, cuya valuación no exceda el límite establecido en la Provincia para su afectación al régimen del bien de familia, y el mismo se destine a vivienda familiar, siendo los herederos el cónyuge, ascendientes o descendientes, el honorario se fijará en el mínimo de la escala. Será nulo todo pacto o convenio por el que se exceda dicho monto. Respecto de los demás bienes muebles se aplicará la escala indicada en el primer párrafo. Cuando intervengan varios abogados, se regularán los honorarios clasificándose los trabajos, debiendo determinar la regulación el carácter de común a cargo de la masa o particular a cargo del interesado.

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El honorario de abogado o abogados partidores, en conjunto, se fijará sobre el valor del haber a dividirse aplicando una escala del dos (2) al tres (3) por ciento del total. ARTÍCULO 36: En los concursos, los honorarios serán regulados conforme a las disposiciones de la presente Ley y de la Ley Nacional en la materia. ARTÍCULO 37: En las medidas cautelares se regulará sobre el monto que se tiende asegurar, y se aplicará un tercio de la escala del artículo 21; salvo los casos de controversia, en que será la mitad. ARTÍCULO 38: Tratándose de acciones posesorias, interdictos o de división de bienes comunes, se aplicará la escala del artículo 21° reduciéndose el monto del honorario en un veinte (20) por ciento, atendiendo al valor de los bienes conforme a lo dispuesto en el artículo 27°, si la gestión hubiera sido de beneficio general y con relación a la cuota o parte definida, si fuere en el sólo beneficio del patrocinado. ARTÍCULO 39: En los juicios de alimentos se fijará el honorario considerando monto del proceso la cantidad a pagar durante dos (2) años conforme a la escala del artículo 21. En los casos de aumentos, disminución, cesación o coparticipación en los alimentos, se tomará como base la diferencia que resulte de la sentencia por el término de dos (2) años, en base a la escala aplicable a los incidentes. ARTÍCULO 40: En los procesos de desalojo se fijará el honorario de acuerdo con la escala del artículo 21, tomando como base los alquileres de dos (2) años o los del plazo contractual o legal vigente como fuera mayor. Cuando el profesional estimare inadecuado el alquiler fijado en el contrato o en caso que éste no pudiera determinarse exactamente, o se tratase de juicios por intrusión o tenencia precaria, deberá fijarse el valor locativo actualizado del inmueble aplicándose en lo pertinente, el mecanismo estimatorio previsto en el artículo 27 inciso a). Tratándose de homologación de convenio de desocupación, el honorario se regulará en un cincuenta (50) por ciento del establecido en el párrafo primero. ARTÍCULO 41: En el procedimiento de ejecución de sentencias recaídas en procesos de conocimiento, las regulaciones de honorarios se practicarán aplicando la mitad de la escala del artículo 21. Las actuaciones posteriores a la sentencia de remate se regularán en un cuarenta (40) por ciento de la escala del mismo artículo. ARTÍCULO 42: En casos de gestión útil, por los trabajos del abogado o procurador, que beneficien a terceros acreedores o embargantes que concurran, el honorario se incrementará en un dos (2) por ciento de los fondos que resulten disponibles a favor de aquéllos, a consecuencia de su tarea. ARTÍCULO 43: En las causas laborales y complementarias tramitadas ante Tribunales del Trabajo, se aplicarán las disposiciones arancelarias de la presente Ley, tanto en los procedimientos contradictorios cuanto en las ejecuciones de resoluciones administrativas o en las que intervenga como tribunal de alzada. En las acciones de entidades gremiales por cobro de aportes, se considerará como valor del juicio el de tres años de aportes mensuales que se obtengan por la acción, o el de la demanda -el que fuera mayor-, aplicándose la escala del artículo 21. En las demandas de desalojo por restitución de inmuebles o parte de ellos, concedidos a los trabajadores en virtud de la relación de trabajo, se considerará como valor del juicio el 20% del último salario mensual que deba percibir según su categoría profesional por todo el lapso de su relación laboral, con un cómputo mínimo de dos años. En las tercerías de competencia de la justicia laboral se aplicará el artículo 47. ARTÍCULO 44: Por la interposición de acciones y peticiones de sustancia administrativa se seguirán las siguientes reglas: a) Demandas contencioso-administrativas: lo determinado en el artículo 21 si la cuestión es susceptible de apreciación pecuniaria. b) Actuaciones ante organismos de la Administración Pública, Empresas del Estado, Municipalidades y entes descentralizados y autárquicos, cuando tales procedimientos estén reglados por normas especiales, el profesional podrá solicitar regulación judicial de su labor si la cuestión es susceptible

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de apreciación pecuniaria, y se aplicará el inciso a) del presente artículo, con una reducción del 30%. En todos los casos en que los asuntos no fueran susceptibles de apreciación pecuniaria, la regulación no será inferior a 25 “jus” o 10 “jus” según se trate del ejercicio de acciones contencioso-administrativas o de actuaciones administrativas, respectivamente. Cuando se practique la regulación por las actuaciones en sede administrativa, el Juez mandará notificar por cédula a la Caja de Abogados. ARTÍCULO 45: En los juicios de divorcio el monto de la regulación no podrá ser inferior al que se determina en el artículo 9 apartado 1 incisos 1° y 2°. En la aplicación y disolución de la sociedad conyugal se aplicará lo normado en el artículo 38. ARTÍCULO 46: En los juicios de escrituración y en general, en todos los procesos derivados del contrato de compraventa de inmuebles, se aplicará la norma del artículo 27 inciso a), salvo que resulte un monto mayor del boleto de compraventa, en cuyo caso se aplicará éste último. ARTÍCULO 47: Los incidentes y tercerías serán considerados por separado del juicio principal y el honorario se regulará teniéndose en cuenta: a) El monto que se reclame en el principal o en la tercería si el de ésta fuere menor. b) La naturaleza jurídica del caso planteado. c) La vinculación mediata o inmediata que pueda tener con la resolución definitiva de la causa. En los incidentes se aplicará de un 20 a un 30% de la escala del artículo 21° y en las tercerías, del 80 al 100% de la misma escala. ARTÍCULO 48: Las gestiones ante los Juzgados de Primera Instancia en lo Comercial de Registro Público de Comercio se regularán teniéndose en cuenta: a) Por cada inscripción en la matrícula de comerciante, el mínimo establecido en artículo 9° apartado 1° inciso 8; b) Por cada inscripción de contrato o estatuto de sociedades comerciales, sus modificaciones, prórrogas, aumentos de capital, cesión de cuotas sociales y disoluciones totales y parciales, se regulará sobre el valor del acto sujeto a inscripción, entre el 5 y 15 por mil, con un mínimo de 10 “Jus”. ARTÍCULO 49: Por la interposición de acciones de inconstitucionalidad, de amparo y de habeas corpus, se aplicarán las normas del artículo 16° con un mínimo de 20 “Jus”. ARTÍCULO 50: El honorario por diligenciamiento de exhortos, procedentes de otros jueces o tribunales será regulado de acuerdo a lo dispuesto en la “Ley Convenio de Exhortos”; con sujeción al arancel siguiente: a) Dos “Jus” por cada notificación o acto semejante, no pudiendo exceder el total de los honorarios a seis “Jus”, salvo si el exhorto comprendiera otras diligencias de distinta índole. b) Del dos al seis por ciento del valor de los bienes con un mínimo de 10 “Jus” cuando se soliciten inscripciones de dominios, hijuelas, testamentos, gravámenes, secuestros, embargos, inhibiciones, inventarios y/o tasaciones, remates y cualquier otro acto susceptible de apreciación pecuniaria. Por el levantamiento o cancelación de esta medida se regulará el 1% sobre el monto de las mismas y no menos de 4 “Jus”. c) Cuando se trate de diligencias de prueba y se hubiere intervenido en su producción o contralor, el juez exhortado regulará los honorarios proporcionalmente a la labor desarrollada, de acuerdo al artículo 16, con un mínimo de 6 “Jus”. Si se suscitaren incidentes, se regularán los honorarios acerca de estas cuestiones, de acuerdo con las normas del artículo 47. Los mismos honorarios se regularán si alguna de las diligencias previstas en este artículo se mandaren producir por aplicación de la “Ley Convenio de Exhortos”, sin la formalidad del mismo.

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TÍTULO VII - DEL PROCEDIMIENTO PARA FIJAR O REGULAR HONORARIOS ARTÍCULO 51: Aún sin petición del interesado, al dictarse sentencia se regulará el honorario respectivo de los abogados y procuradores de las partes, salvo que la condena incluya el pago de intereses, frutos y otros accesorios, en cuyo caso habrá de diferirse la regulación hasta la oportunidad en que quede firme la liquidación respectiva. ARTÍCULO 52: No procederá la regulación de honorarios en favor de los profesionales apoderados o patrocinantes de la parte que hubiere incurrido en plus petición inexcusable, si además se calificare, por resolución fundada, de maliciosa o temeraria la conducta de aquéllos. ARTÍCULO 53: Al cesar la intervención del abogado o procurador y a su pedido, los jueces y tribunales efectuarán las regulaciones que correspondan de acuerdo a este arancel. Los profesionales podrán formular la estimación de sus honorarios, practicar liquidación de gastos y poner de manifiesto las situaciones de orden legal y económico que consideren computables. De la estimación se dará traslado por cédula por el término de cinco (5) días a quienes pudieren resultar obligados al pago. La regulación tendrá carácter de provisoria y se efectuará en el mínimo de la escala. ARTÍCULO 54: Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme el auto regulatorio. Los honorarios por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a) Reclamar los honorarios revaluados con el reajuste establecido en el artículo 24, con más un interés del ocho (8) por ciento anual. b) Reclamar los honorarios, con más el interés que perciba el Banco de la Provincia de Buenos Aires en operaciones de descuento. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio real. En la cédula de notificación, en todos los casos y bajo apercibimiento de nulidad, deberá transcribirse este artículo. ARTÍCULO 55: Para la determinación judicial de honorarios por trabajos extrajudiciales, cuando el profesional o el beneficiario de los mismos lo solicitare, se tendrán, en cuenta las pautas mínimas fijadas en el artículo 9° y las normas generales establecidas en el artículo 16 en lo que fueren aplicables. Con la petición que se hará ante el juez competente en razón de la materia, deberá acompañarse toda la prueba y demás elementos de juicio que acrediten la importancia de la labor desarrollada, de lo que se dará traslado a la otra parte por cinco (5) días, notificándose por cédula. De no mediar oposición sobre el trabajo realizado, el Juez fijará sin más trámite el honorario que corresponda; si la hubiere, la cuestión tramitará por proceso sumario. ARTÍCULO 56: No serán apelables las resoluciones que dispongan diligencias probatorias para la determinación de los honorarios. ARTÍCULO 57: Los autos que regulen honorarios deberán ser notificados personalmente o por cédula a sus beneficiarios y a los obligados a su pago. Serán apelables en el término de cinco (5) días, pudiendo fundarse la apelación en el acto de deducirse el recurso, que se resolverá sin sustanciación dentro de los diez (10) días de recibido el expediente por la Alzada. Cuando la regulación fuere hecha por las Cámaras de Apelación, Tribunales de Unica Instancia o por la Suprema Corte de Justicia, no habrá recurso alguno. ARTÍCULO 58: La regulación judicial firme constituirá título ejecutivo contra el condenado en costas y solidariamente contra el beneficiario del trabajo profesional. La ejecución se sustanciará en incidente separado o, a opción del letrado, por el procedimiento de ejecución de sentencia en el mismo juicio en que se hayan regulado los honorarios. Estará exenta del pago de todo gravamen fiscal, la ejecución de honorarios profesionales, sin perjuicio de incluirse en la liquidación definitiva a cargo del deudor.

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TÍTULO VIII - DISPOSICIONES COMUNES ARTÍCULO 59: Los abogados y procuradores designados de oficio, cualquiera sea la naturaleza del juicio en que intervengan, no podrán convenir con ninguna de las partes el monto de sus honorarios, ni solicitar ni percibir de ninguna de ellas suma alguna antes de la regulación definitiva, bajo pena de multa por igual suma a la que convinieran, solicitaren o percibieren, todo ello sin perjuicio de las sanciones disciplinarias a que hubiere lugar. ARTÍCULO 60: Toda transgresión a las disposiciones de la presente Ley será sancionada con una multa de cinco (5) a diez (10) “jus”, que se elevará hasta el doble en caso de reincidencia, a beneficio del Colegio de Abogados o Procuradores, según el caso, del Departamento Judicial donde se cometiere la infracción, la cual se cobrará por vía de apremio. ARTÍCULO 61: Las disposiciones de la presente Ley se aplicarán a todos los procesos en que no hay resolución firme regulando honorarios, al tiempo de su promulgación. Sin perjuicio de ello, encontrándose pendiente el pago total o parcial de honorarios regulados y firmes, en la primera presentación el profesional podrá acogerse al procedimiento del artículo 54 con las formalidades establecidas en el mismo. ARTÍCULO 62: Deróganse los artículos 60, 139 a 184 y 186 a 188 de la Ley 5177 y toda otra norma que se oponga a la presente. ARTÍCULO 63: Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese al Registro y Boletín Oficial y archívese. FUENTE: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-8904.html

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DECRETO 180/87 Abogacía y procuración - Normas para el ejercicio de la profesión - Texto Ordenado en 1987 de la Ley 5177. LA PLATA, 13 de ENERO de 1987. ARTÍCULO 1.- Apruébase de conformidad con la facultad conferida por el Decreto-Ley 10073/83, el texto ordenado de la Ley 5177 -Ejercicio y Reglamentación de la profesión de Abogado y Procurador-, con las modificaciones introducidas por Leyes 5445; 6627; 7193 y 8480 y los Decretos-Leyes 3610/55; 7916/72 y 8904/77, juntamente con el índice del ordenamiento correspondiente al mismo, los cuales forman parte integrante de este Decreto como Anexos I y II, respectivamente. ARTÍCULO 2.- El Ministerio de Gobierno, por intermedio de la Dirección Provincial de Proyectos y Coordinación Legislativa y de la Dirección de Impresiones del Estado y Boletín Oficial, implementará los medios necesarios a efectos de la publicación y distribución del texto ordenado que se aprueba por el artículo anterior. ARTÍCULO 3.- El presente Decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Gobierno. ARTÍCULO 4.- Comuníquese, etc. NOTA: El Texto aprobado por el presente Decreto con más sus modificaciones posteriores puede consultar en Leyes 5177. FUENTE: http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/87-180.html

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Fuentes Constitucionales Constitución Nacional Artículo 125.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes protectoras de estos fines, y con sus recursos propios. Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura.

Constitución de la Provincia de Buenos Aires Artículo 40.- La Provincia ampara los regímenes de seguridad social emergentes de la relación de empleo público provincial. El sistema de seguridad social para los agentes públicos estará a cargo de entidades con autonomía económica y financiera administradas por la Provincia con participación en las mismas de representantes de los afiliados conforme lo establezca la ley. La Provincia reconoce la existencia de cajas y sistemas de seguridad social de profesionales. Artículo 41.- La Provincia reconoce a las entidades intermedias expresivas de las actividades culturales, gremiales, sociales y económicas, y garantiza el derecho a la constitución y desenvolvimiento de colegios o consejos profesionales. Asimismo fomenta la organización y desarrollo de cooperativas y mutuales, otorgándoles un tratamiento tributario y financiamiento acorde con su naturaleza.

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CONTROL JURISDICCIONAL Extracto de la Ley 12.008 CAPITULO III IMPUGNACIONES ESPECIALES CONTRA RESOLUCIONES DE COLEGIOS O CONSEJOS PROFESIONALES Y DE CAJAS DE PREVISION SOCIAL DE PROFESIONALES ARTICULO 74º : (Texto según Ley 13325) Impugnación de resoluciones de Colegios o Consejos Profesionales. Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, tramitarán mediante recurso directo ante las Cámaras Departamentales en lo Contencioso Administrativo que corresponda al lugar donde se produjo el hecho que motivó el acto cuestionado a los fines de establecer el debido control de legalidad de aquéllos. El plazo para deducir el recurso será de quince (15) días a partir de la notificación de la última resolución administrativa y deberá interponerse ante el Organo Colegial que dictó el acto administrativo. El recurso tendrá efectos suspensivos y deberá ser fundado en el mismo acto. El Organo Colegial pertinente deberá remitir el recurso juntamente con las actuaciones administrativas, dentro de los diez (10) días hábiles de recibidos, bajo exclusiva responsabilidad de las autoridades de la Institución, quienes serán pasibles de multas procesales en caso de incumplimiento. Recibidas las actuaciones, la Cámara deberá llamar autos para sentencia y dictará el fallo definitivo dentro del plazo de sesenta (60) días. En caso de denegarse la concesión del recurso por parte del Organo Colegial, el recurrente podrá interponer recurso de queja ante la Cámara competente dentro del plazo de cinco (5) días de notificado de la denegatoria. Con la queja deberá adjuntarse copia de la sentencia recurrida y del escrito recursivo. La Cámara podrá requerir las actuaciones administrativas, las que deberán ser remitidas por la Autoridad Colegial dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, bajo el apercibimiento antes previsto. La remisión de las actuaciones administrativas tendrá efectos suspensivos respecto de la sentencia dictada por el Organo Colegial. ARTICULO 74 bis.- (Artículo incorporado por Ley 13325) Disposición Transitoria: Las pretensiones anulatorias de los actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos Profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario, iniciadas bajo el régimen del anterior artículo 74 del Código Contencioso Administrativo (texto según Ley 13.101), quedarán suspendidas en su trámite cualquier sea su estado y se adecuarán al procedimiento recursivo establecido en la presente ley. A tal fin, el Juzgado formulará el requerimiento correspondiente concediendo al accionante un plazo de treinta (30) días para la presentación del recurso. Producida la adecuación dentro del plazo acordado, el expediente será elevado a la Cámara competente para la decisión definitiva. En el supuesto que el requerido no diere cumplimiento a la adecuación, se declarará extinguido su derecho, devolviéndose la causa al Colegio o Consejo Profesional. En cualquier caso, las costas se impondrán en el orden causado.

ARTICULO 75º : (Texto según Ley 13101) Impugnación de resoluciones de las Cajas de Previsión Social de Profesionales. 1. Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de los actos administrativos definitivos emanados de los órganos superiores de las Cajas de Previsión Social de Profesionales, tramitarán por las normas del proceso ordinario, sin perjuicio de la opción prevista en el Título II, Capítulo I del presente Código.

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2. La pretensión deberá interponerse dentro del plazo establecido en el artículo 18° del presente Código, si el interesado hiciere la opción por el proceso ordinario, o dentro de los sesenta (60) días de notificado el acto que agota la vía administrativa si hiciere la opción dispuesta en el inciso anterior. Serán competentes los juzgados contecioso ad,ministrativos según lo dispuesto en el artículo 5°, inciso 2), párrafo b.

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Normas de Ética Profesional NORMAS EN VIGENCIA DESDE EL 1 DE AGOSTO DE 1954

El Artículo 25, inc. 8, de la ley 5177 (ahora art. 25, inc. 7, del texto ordenado por decreto 2885/01) y el artículo 32, inc. b) del decreto N° 5410/49 (ahora art. 27, inc. b, del reglamento aprobado por decreto 2885/01), imponen al Colegio de Abogados de la Provincia la obligación de dictar Normas de Ética para los abogados. Una Comisión Especial constituida por los doctores Sixto F. Ricci, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial del Sudoeste, y Santiago Cenoz, Presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de la Costa Sud, tuvo a su cargo la redacción del proyecto. Con gran conciencia y sin apresuramientos fue estudiado por el Consejo Superior, pasado dos veces en consulta a los Colegios Departamentales, tratado en última revisión el 25 de febrero de 1954, y sancionado en esa oportunidad. Las modificaciones que se introdujeron al proyecto no afectaron su valor originario. Las siguientes Normas de Ética se hallan en vigencia desde el 1 de agosto de 1954. Advertencia: Las referencias puestas al final de cada artículo corresponden, salvo tres o cuatro excepcionales remisiones, a Cressoniéres, Calvento y la ley reglamentaria de la profesión de escribano en la Provincia, a los cuatro ordenamientos siguientes: a) Reglas de Ética adoptadas por la Asociación del Foro de Nueva York en su XXXII Congreso Anual celebrado en Búffalo en enero de 1909, difundidas en el país por traducción del doctor O. Rodríguez Saráchaga y publicadas por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en 1919 (se las designa con la abreviatura N. Y.). b) Normas de Ética Profesional del Abogado, proyectadas por el doctor J. M. González Sabathié y sancionadas por la Federación Argentina de Colegios de Abogados el 26 de mayo de 1932 (se las designa con la abreviatura Fed.). c) Anteproyecto de Código de Ética y Decoro del Abogado, de la Federación Argentina de Colegios de Escribanos, con tres secciones de numeración independiente, Normas de Ética, Normas de Decoro y Deberes Particulares (que se designan con la abreviatura general del Proyec. Fed. y los agregados especiales Et., Dec. y Deb. Part., respectivamente). d) El Proyecto de Código Unificado de Ética Profesional, aprobado en la Quinta Conferencia Interamericana de Abogados, realizada en Lima en 1947, y recomendada por la Sexta Conferencia celebrada en Detroit, Michigan, en 1949, para la preparación de códigos uniformes por las asociaciones afiliadas. Se basa en el anteproyecto formulado por la Barra Mejicana (se le designa con la abreviatura Unif.).

SECCIÓN PRIMERA NORMAS GENERALES ART. 1 - ESENCIA DEL DEBER PROFESIONAL. CONDUCTA DEL ABOGADO. El abogado debe tener presente que es un servidor de la justicia y un colaborador de su administración; que su conducta ha de estar caracterizada por la probidad y la lealtad, y por el desempeño con dignidad de su ministerio; y que la esencia de su deber profesional es consagrarse enteramente a los intereses de su cliente, y poner en la defensa de los derechos del mismo su celo, saber y habilidad, siempre con estricta sujeción a las normas morales. La conducta profesional supone, a la vez, buen concepto público de la vida privada del abogado. (Unif. 1;Fed. 1 y 4; N. Y. 15) ART. 2 - DEFENSA DEL HONOR PROFESIONAL. El abogado debe mantener el honor y la dignidad profesional. No solamente es un derecho, sino un deber, combatir por todos los medios lícitos, la conducta moralmente censurable de jueces y colegas y denunciarla a las autoridades competentes o a los Colegios de Abogados. (Unif. 2; Fed. 45; N. Y., 29; Proyec. Fed. 3. Deb. Part.) ART. 3 - INDEPENDENCIA. El abogado debe guardar celosamente su independencia frente a los clientes, los poderes públicos, los magistrados y demás autoridades ante las cuales ejerza habitualmente; y en el cumplimiento de su

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cometido profesional, debe actuar con independencia de toda situación de interés que no sea coincidente con el interés de la justicia y con el de la libre defensa de su cliente; si así no pudiera conducirse debe rehusar su intervención. (Fed. 1; N. Y., 32) ART. 4 - DESINTERÉS. El espíritu de lucro es extraño fundamentalmente a la actividad de la abogacía. El abogado, aunque debe defender su derecho a la digna retribución de su trabajo, debe tener presente que el provecho es sólo un accesorio del fin esencial de la profesión y no puede constituir decorosamente el móvil determinante de su ejercicio. Dentro de la medida de sus posibilidades y con sujeción a la ley y a las presentes normas, el abogado debe prestar su asesoramiento a toda persona urgida o necesitada que se lo solicita, con abstracción de que sea o no posible la retribución. Le está impuesto en especial, como un deber inherente a la esencia de la profesión, defender gratuitamente a los pobres.(Unif. 7 y 33; Fed. 3 y 6; N. Y., 4; Proyec. Fed. 5. Deb. Part.) ART. 5 - RESPETO DE LA LEY. Es deber primordial del abogado respetar y hacer respetar la ley y las autoridades legítimas. (Fed. 4; Proyec. Fed. 1. Deb. Part.) ART. 6 - VERACIDAD Y BUENA FE. La conducta del abogado debe estar garantizada por la veracidad y la buena fe. No ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, firmar o negar con falsedad, hacer citas inexactas o tendenciosas, ni realizar acto alguno que estorbe la buena y expedita administración de justicia o que importe engaño o traición a la confianza pública o privada. Tampoco debe permitir ni silenciar las irregularidades en que incurran las personas que ejerzan funciones públicas o cargos privados. (Unif. 3 y 4; Fed. 2; N. Y. 22 y 32; Proy. Fed. 2 y 3, Et.) ART. 7 - ABUSOS DE PROCEDIMIENTO. PERJUICIOS INNECESARIOS. El abogado debe abstenerse del empleo de recursos o medios que, aunque legales, importen una violación a las presentes normas y sean perjudiciales al normal desarrollo del procedimiento; de toda gestión puramente dilatoria que, sin ningún propósito justo de defensa, entorpezca dicho desarrollo; y de causar aflicciones o perjuicios innecesarios. (Unif. 5; Fed. 12; N. Y., 30; Proyec. Fed. 9, Et.) ART. 8 - ACUSACIONES PENALES. El abogado que tenga a su cargo una acusación criminal, ha de considerar que su deber primordial es conseguir que se haga justicia, y no obtener la condenación del acusado. (Unif. 9; N. Y., 5) ART. 9 - CALIDAD DE LAS CAUSAS. DEFENSA DE ACUSADOS. El abogado no debe abogar o aconsejar en causa manifiestamente inmoral, injusta o contra disposición literal de la ley, sin perjuicio de asumir las defensas criminales con abstracción de la propia opinión sobre la culpabilidad del acusado. No puede aconsejar ni aceptar causa contraria a la validez de un acto jurídico, en cuya formación haya intervenido profesionalmente. (Unif. 6; Fed. 19; N. Y., 31) ART. 10 - ACEPTACIÓN O RECHAZO DE ASUNTOS. Dentro de las normas del artículo precedente, el abogado tiene libertad para aceptar o rechazar los asuntos en que se solicite su patrocinio, sin necesidad de expresar los motivos de su resolución, salvo el caso de nombramiento judicial o del Colegio de Abogados, en que la declinación debe ser justificada. Cuando voluntaria o necesariamente manifieste los motivos de su resolución, debe hacerlo en forma de no causar agravio o perjuicio a la defensa cuyo patrocinio rehúsa. Al resolver sobre la aceptación o rechazo, el abogado debe prescindir de su interés personal y cuidar que no influyan en su decisión el monto pecuniario del asunto, ni el poder o la fortuna del adversario. No debe aceptar asuntos en que haya de sostener tesis contrarias a sus convicciones, aunque, excepcionalmente, podrá aducir una tesis contraria a su opinión dejando claramente a salvo ésta, si aquélla fuere ineludible por virtud de ley o de la jurisprudencia aplicable. Debe, asimismo, abstenerse de intervenir, cuando no esté de acuerdo con el cliente en la forma de realizar la defensa, o cuando una circunstancia de parentesco, amistad u otra cualquiera, pudiera afectar su independencia. En suma, el abogado no debe hacerse cargo de un asunto sino cuando tenga libertad moral para dirigirlo o atenderlo. (Unif. 6; Fed. 19; N. Y., 31)

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ART. 11 - SECRETO PROFESIONAL. SU EXTENSIÓN Y ALCANCE. El abogado debe guardar rigurosamente el secreto profesional. I) La obligación de la reserva comprende las confidencias recibidas del cliente, las recibidas del adversario, las de los colegas, las que resulten de entrevistas para conciliar o realizar una transación, y las hechas por terceros al abogado en razón de su ministerio. En la misma situación se encuentran los documentos confidenciales o íntimos entregados al abogado. II) La obligación de guardar secreto es absoluta. El abogado no debe admitir que se le exima de ella por ninguna autoridad o persona, ni por los mismos confidentes. Ella da al abogado el derecho ante los jueces, de oponer el secreto profesional y de negarse a contestar las preguntas que lo expongan a violarlo. III) Ningún asunto relativo a un secreto que se le confíe con motivo de su profesión, puede ser aceptado por el abogado sin consentimiento previo del confidente. (Unif. 10 y 11; Fed. 16 y 17; Proyec. Fed. 8, Et.) ART. 12 - EXTINCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE GUARDAR EL SECRETO PROFESIONAL. I) La obligación del secreto profesional cede a las necesidades de la defensa personal del abogado, cuando es objeto de acusaciones por su cliente. Puede, entonces, revelar tan sólo lo que sea indispensable para su defensa y exhibir los documentos que aquél le haya confiado. II) Cuando un cliente comunica a su abogado la intención de cometer delito, la reserva de la confidencia queda librada a la conciencia del abogado, quien, en extremo ineludible, agotados otros medios, puede hacer las revelaciones necesarias para prevenir el acto delictuoso o proteger a las personas en peligro. (Unif. 12; Fed. 18; Proyec. Fed. 8, Et.) ART. 13 - INCITACIÓN A LITIGAR, AVENIMIENTOS Y TRANSACCIONES. PASIONES DE LOS CLIENTES. I) Es contrario a la dignidad del abogado, fomentar conflictos o pleitos. También lo sería ofrecer espontáneamente sus servicios o aconsejar oficiosamente, con el objeto de procurarse un cliente o provocar se instaure un pleito, excepto los casos en que vínculos de parentesco o de íntima confianza lo justifiquen. II) Es deber del abogado favorecer las posibilidades de avenimiento y conciliación o de una justa transacción. Tal deber es más imperioso en los conflictos de familia y en general entre parientes, en los cuales la intervención del abogado debe inspirarse en el propósito de allanar o suavizar las diferencias. III) El abogado no debe estimular las pasiones de sus clientes y se abstendrá de compartirlas. (Unif. 16; Fed. 21; Proyec. Fed. 7. Deb. Part.) ART. 14 - CUIDADO Y HONOR DE LA RESPONSABILIDAD. El abogado debe cuidar su responsabilidad y hacer honor a la misma. I) No debe permitir que se usen sus servicios profesionales o su nombre, para facilitar o hacer posible el ejercicio de la profesión por quienes no están legalmente autorizados para ejercerla. II) Afecta el decoro del abogado la firma de escritos en cuya preparación o redacción no ha intervenido. III) No es aceptable que el abogado se exculpe de los errores y omisiones en que incurra en su actuación pretendiendo descargarlos en otras personas, ni de actos ilícitos atribuyéndolos a instrucciones de su cliente. IV) El abogado debe adelantarse a reconocer la responsabilidad derivada de su negligencia o actuación inexcusable, allanándose a resarcir los daños y perjuicios causados al cliente. (Unif. 23 y 28; Fed. 13; Proyec. Fed. 6 y 8 Dec.) ART. 15 - INCOMPATIBILIDADES. I) El abogado debe respetar las disposiciones legales que establecen las incompatibilidades de la profesión, absteniéndose de ejercerla cuando se encuentre en algunos de los casos previstos. II) Debe evitar, en lo posible, la acumulación al ejercicio de la profesión de cargos o tareas susceptibles de comprometer su independencia, insumirle demasiado tiempo o resultar inconciliable con el espíritu de la abogacía, tales como el ejercicio del comercio o la industria, las funciones públicas absorbentes y los empleos en dependencias que no requieran título de abogado. III) Es recomendable que el abogado evite, en lo posible, los mandatos sin afinidad con la profesión, los depósitos de fondos y administraciones, y en general las gestiones que puedan dar lugar a acciones de responsabilidad y rendiciones de cuentas. IV) El abogado legislador o político, debe caracterizarse por una cautela especial, preocupándose en todo momento de evitar que cualquier actitud o expresión suya pueda ser interpretada como tendiente a aprovechar su influencia política o su situación excepcional. No aceptará designaciones de oficio que no se hagan por sorteo. (Fed. 10; Cressoniéres, pág. 20 de la Traduc.)

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ART. 16. - El abogado no debe procurarse clientela por medios incompatibles con la dignidad profesional ni recurrir directamente o por terceras personas o intermediarios remunerados, para obtener asuntos. Tampoco debe celebrar contratos de sociedad profesional con personas que no sean abogados o procuradores. ART. 17. - ESTUDIO. DECORO EN LA ATENCIÓN DE LA CLIENTELA. Debe estimarse que el estudio es indispensable para la debida actuación del abogado en el ejercicio de su profesión. I) El abogado debe cumplir la obligación de tener Estudio, manteniendo dentro de la jurisdicción departamental una oficina digna de la calificación de tal. En ella debe concentrar la atención personal y predominante de sus asuntos y de los clientes, de modo que sirva para determinar el asiento principal de su actividad profesional. El mismo Estudio puede serlo de dos o más abogados, siempre que estén asociados o compartan la actividad profesional, lo que se hará saber al respectivo Colegio. II) El abogado que teniendo el asiento principal de su profesión fuera de la Provincia, actúe en ésta y no establezca y atienda el Estudio en las condiciones expresadas, debe fijarlo a los efectos de la ley y de la presente disposición en el Estudio de otro abogado, vinculado a su actividad en la Provincia, lo que se hará saber al respectivo Colegio. El abogado vinculado contrae la obligación de atender en su Estudio los asuntos y los clientes del otro abogado. III) Cuando el abogado interviene accidentalmente en otro Departamento, debe constituir domicilio y atender a sus clientes en estudio de colegas de la jurisdicción, que solicitará le sea facilitado a ese objeto en la medida más discreta posible. IV) Sólo en casos justificados, puede el abogado atender consultas y entrevistar a los clientes fuera de su estudio o del de otro colega. Afecta al decoro del abogado hacerlo en lugares públicos o concurridos, inadecuados a tal objeto. V) El abogado no deberá dar su nombre para denominar un estudio, sin estar vinculado al mismo. (Fed. 4; Proyec. Fed. 9, Deb., Calvento, Art. 91) ART. 18 - PUBLICIDAD. El abogado debe reducir su publicidad a avisar la dirección de su estudio, sus nombres, títulos científicos y horas de atención al público. No debe publicar ni inducir a que se hagan públicas noticias o comentarios vinculados a los asuntos en que intervenga, a la manera de conducirlos, la importancia de los intereses comprometidos y cualquier ponderación de sí mismo. Debe abstraerse de publicar escritos judiciales o las discusiones mantenidas con relación a los mismos asuntos. Si circunstancias extremas o causas particulares muy graves justifican una exposición al público, no debe hacerse anónimamente; y en ese caso, que es mejor evitarlo, no deben incluirse referencias a hechos extraños al proceso, más allá de las citas y documentos de los autos. Concluido el proceso, puede publicar en forma ponderada y respetuosa sus escritos y las sentencias y dictámenes del expediente; pero no los escritos del adversario sin autorización de su letrado. (Unif. 13, 14 y 15, Fed. 15; N. Y., 20; Proyec. Fed. 10) (Dec.; Calvento, notas a los incisos 41 y 51 del art. 14) ART. 19 - ESTILO. En sus expresiones verbales o escritas, el abogado debe usar la moderación y energía adecuadas, tratando de decir nada más que lo necesario al patrocinio que se le ha confiado. En la crítica del fallo o de los actos de un magistrado, y en las contestaciones y réplicas dirigidas al colega adversario, debe mantener el máximo de respeto, absteniéndose de toda expresión violenta o agraviante. Debe tratar a los litigantes, testigos y peritos del juicio con la consideración debida. La severidad en el trato que puedan imponer las exigencias de la defensa, no autoriza ninguna vejación inútil o violencia impropia. El cliente no tiene derecho de pedir a su abogado que falte a la parte contraria o que incurra en personalismos ofensivos. (Fed. 7; N. Y., 18; Poyec. Fed. 6, Dec.) ART. 20 - PUNTUALIDAD. Es deber del abogado ser puntual con los tribunales y sus colegas, con los clientes y con las partes contrarias, y ser preciso y directo en todo cuanto se expida. (Unif. 24; N. Y., 21)

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SECCIÓN SEGUNDA RELACIONES DE LOS ABOGADOS CON LOS TRIBUNALES Y DEMÁS AUTORIDADES ART. 21 - RESPETO Y APOYO A LA MAGISTRATURA. ACUSACIÓN DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS. Es deber de los abogados guardar a los magistrados el respeto y la consideración que corresponden a su función social. No siendo los jueces enteramente libres para defenderse, tienen derecho a esperar la ayuda del foro contra las críticas injustas. Frente a motivos fundados de serias quejas contra un magistrado, es derecho y deber de los abogados presentar la denuncia o acusación ante las autoridades o ante sus Colegios. En tales casos, los abogados que los formulen deben ser apoyados por sus colegas. La presente norma se hace extensiva a todo funcionario ante quien deban actuar los abogados en el ejercicio de su profesión. (Unif. 17, 18, 19 y 20; Fed. 40 y 45; N. Y., 1) ART. 22 - NOMBRAMIENTO Y ACTIVIDAD DE MAGISTRADOS. ASPIRACIÓN A LA MAGISTRATURA. Es deber de los abogados procurar por todos los medios lícitos que el nombramiento de magistrados se haga en consideración exclusiva a sus aptitudes para el cargo y que los jueces se contraigan a su función, apartándose de actividades distintas a la judicatura, que impliquen el riesgo de comprometer su imparcialidad o disminuyan la jerarquía de su investidura. La aspiración de los abogados al desempeño de funciones judiciales, debe estar inspirada en una estimación imparcial de su idoneidad para aportar honor al cargo, y no por el deseo de obtener las distinciones y ventajas que el cargo pueda significar. (Unif. 18; N. Y., 2) ART. 23 - INFLUENCIAS PERSONALES SOBRE EL JUZGADOR. COMUNICACIÓN PRIVADA CON EL JUEZ. El abogado no debe ejercer influencia sobre el juzgador, apelando a vinculaciones políticas, de amistad o de otra índole, o recurriendo a cualquier otro medio que no sea el de convencer con razonamiento. Las atenciones excesivas con los jueces y las familiaridades no usuales, deben ser prudentemente evitadas por los abogados cuando, aún motivadas por relaciones personales, puedan suscitar falsas o equivocadas interpretaciones de sus motivos. El abogado debe abstenerse de comunicarse o discutir en privado con los jueces, respecto del mérito de las causas sometidas a su decisión, salvo casos de justificada urgencia. Puede hacerlo en el despacho de los magistrados, fuera de la actuación ordinaria de las causas, para urgir pronunciamientos o reforzar oralmente sus argumentaciones. Pero en ninguna de ambas hipótesis es admisible que en ausencia del abogado contrario, se aduzcan motivos y consideraciones distintos de los que constan en autos. (Unif. 22; Fed. 43; N. Y., 3; Proyec. Fed. 10, Et. y 5, Dec.) ART. 24 - RECUSACIONES. El abogado debe hacer uso del recurso excepcional de las recusaciones con gran moderación, recordando que el abuso de ellas compromete la majestad de la justicia y la dignidad de la profesión. (Fed. 41; Proyec. Fed. 7, Dec.).

SECCIÓN TERCERA RELACIONES DE LOS ABOGADOS CON SUS CLIENTES ART. 25 - OBLIGACIONES PARA CON EL CLIENTE. El abogado debe realizar plenamente la gestión y defensa de los intereses de su cliente. Ningún temor a la antipatía del juzgador ni a la impopularidad, ha de detenerle en el desempeño de su deber. El cliente tiene derecho a los beneficios de todos los recursos y defensas autorizados por la ley, y debe esperar de su abogado que apele a todos esos recursos y defensas. Pero tendrá presente que la misión del abogado debe ser cumplida dentro de los límites de la ley, y que debe obedecer a su conciencia y no a la de su cliente. (Unif. 25; Fed. 21; N. Y. 15) ART. 26 - ASUNTOS POSTERIORES, CONTRARIOS A LOS INTERESES DEL CLIENTE, CONFIADOS EN SECRETO. El deber de patrocinar al cliente con absoluta fidelidad y de no revelar sus secretos y confidencias, impide al abogado la aceptación subsiguiente de tareas profesionales en asuntos que afecten el interés del cliente, con respecto a los cuales se le haya hecho alguna confidencia. (N. Y., 6)

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ART. 27 - CONOCIMIENTO DE LOS ASUNTOS. ASEVERACIONES SOBRE SU EXITO Y CONVICCION PERSONAL DEL ABOGADO. El abogado debe tratar de obtener pleno conocimiento de la causa de su cliente antes de emitir opinión sobre ella, pero no debe nunca asegurar el éxito del pleito, limitándose a significarle si su derecho está o no amparado por la ley y cuáles son, en su caso, sus probabilidades, sin adelantarle una certeza que él mismo no puede tener. El abogado debe abstenerse de afirmar como argumento en juicio, su convicción personal sobre la inocencia de su cliente o la justicia de su causa.(Unif. 26; Fed. 24; N. Y. 8 y 15; Proyec. Fed. 11, Et.) ART. 28 - ACLARACIONES AL CLIENTE. CONFLICTO DE INTERESES. Es deber del abogado enterar al cliente de todas las circunstancias que puedan influir sobre él, respecto de la elección de abogado. Es contrario a la profesión representar intereses opuestos, excepto mediando consentimiento unánime prestado, después de completa aclaración de los hechos. Dentro del sentido de esta regla, existen intereses encontrados cuando se debe simultáneamente defender e impugnar una misma medida. (Unif. 29; N. Y. 6) ART. 29 - RENUNCIA AL PATROCINIO. Una vez aceptado el patrocinio de un asunto, el abogado no podrá renunciarlo sino por causa justificada sobreviniente o anterior recién conocida, especialmente que afecte su honor, dignidad o conciencia o implique incumplimiento de las obligaciones morales o materiales del cliente hacia el abogado o haga necesaria la intervención exclusiva de profesional especializado. Pero, aún en este caso, debe cuidar que su alejamiento no sea intempestivo y perjudicial al cliente, y, en todos los casos, reservar las causas que lo hayan determinado a alejarse, cuando la revelación pueda perjudicar al cliente. Aunque la renuncia se produzca antes de asumir el patrocinio, el abogado debe considerarse hacia el cliente con las mismas obligaciones que si lo hubiera desempeñado. (Unif. 30; Fed. 20, 22 y 23) ART. 30 - REEMPLAZO POR COLEGA. En general, el abogado no debe, sin consentimiento del cliente, hacerse reemplazar por otro en la defensa o patrocinio confiados. Empero, puede proceder a ese reemplazo en caso de impedimento súbito o imprevisto, dando inmediato aviso al cliente. (Fed. 26) ART. 31 - COLABORACIÓN PROFESIONAL EN LA DEFENSA DEL CLIENTE Y CONFLICTO DE OPINIONES. La proposición el cliente de dar intervención a otro abogado adicional, no debe ser considerada como prueba de falta de confianza, pues el asunto debe ser dejado al arbitrio del cliente, y, por regla general, aceptarse la colaboración. Sin embargo, el abogado debe rehusar la asociación de otro colega, si no le resulta grata, declinando el patrocinio confiado. Cuando los abogados que colaboran en un asunto discrepan, el conflicto de opiniones debe ser expuesto al cliente para su resolución final. La decisión debe ser aceptada, a menos que la diferencia la vuelva impracticable para el abogado cuya opinión ha sido rehusada, en cuyo caso corresponde se lo dispense de seguir interviniendo. (Unif. 44; N. Y., 7) ART. 32 - CONDUCTA INCORRECTA DEL CLIENTE. I) El abogado debe procurar que sus clientes no incurran en la comisión de actos reprobados por las presentes normas y velar porque guarden respeto a los magistrados y funcionarios, a la contraparte, a sus abogados y a los terceros que intervengan en el asunto. Si el cliente persiste en su actitud, el abogado debe renunciar al patrocinio. II) Cuando el abogado descubre en el juicio una equivocación o una impostura que beneficie injustamente a su cliente, deberá comunicárselo a fin de que la rectifique y renuncie al provecho que de ella pudiera obtener. En caso que el cliente no esté conforme, el abogado debe renunciar al patrocinio. (Unif. 31 y 32; Fed. 21; N. Y., 16; Proyec. Fed. 8, Deb. Part.) ART. 33 - HONORARIOS Y ANTICIPOS. CONTROVERSIAS ACERCA DE LOS HONORARIOS. El abogado debe ajustar la fijación y cobro de sus honorarios a las reglas de la ley. Puede solicitar del cliente entregas a cuenta de honorarios o gastos, siempre que observe la moderación adecuada a su ministerio. Debe evitar los apremios y toda controversia con el cliente acerca de los honorarios, hasta donde sea compatible con su dignidad y con el derecho a recibir la justa retribución. Sólo debe recurrir a la demanda

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contra su cliente para impedir la injusticia, la injustificada demora o el fraude, y en tal caso se aconseja al abogado se haga representar o patrocinar por un colega. (Unif. 38; Fed. 34, 35 y 37; N. Y., 14) ART. 34 - ADQUISICIÓN DE INTERESES EN EL ASUNTO. Es recomendable que el abogado no adquiera interés pecuniario de ninguna clase relativo al asunto que patrocina o haya patrocinado, ni directa o indirectamente bienes pertenecientes al juicio en los remates judiciales que sobrevengan, aunque sea por razón del cobro de sus honorarios; ni acepte en pago de éstos donación de bienes que hayan pertenecido a la causa patrocinada. (Unif. 37; N. Y. 10) ART. 35 - BIENES DEL CLIENTE. El abogado debe dar aviso inmediato a su cliente, de los bienes y dinero que reciba para él y entregárselos tan pronto aquél los solicite. La demora en comunicar o restituir, constituye falta grave a la ética profesional. (Unif. 39; Fed. 25; N. Y., 11; Proyec. Fed. 6, Et.)

SECCIÓN CUARTA RELACIONES DEL ABOGADO CON SUS COLEGAS Y LA CONTRAPARTE ART. 36 - FRATERNIDAD ENTRE LOS ABOGADOS. DEBERES ENTRE SI. Entre los abogados debe haber fraternidad que enaltezca la profesión, y cada uno de ellos hacer cuanto esté a su alcance para procurarla. I) Los sentimientos hostiles que puedan existir entre los clientes, no deben influir en la conducta y disposición de los abogados entre sí. Deben evitar los personalismos, respetar la dignidad del colega y hacer que se la respete debidamente, impidiendo toda maledicencia del cliente hacia su anterior abogado o hacia el patrocinante de su adversario. II) La confianza, la lealtad y la hidalguía deben constituir la disposición habitual del abogado hacia sus colegas, a quienes facilitará la solución de impedimentos momentáneos que no les sean imputables, como ausencia, duelo, enfermedad u otros semejantes. Ningún apremio del cliente debe autorizarlo a apartarse de estas normas. III) Los esfuerzos directos o indirectos, para apoderarse de los asuntos de otros abogados o captarse sus clientes, son indignos de quienes se deben lealtad en el foro; pero es deber profesional dar consejos adecuados a quienes buscan ayuda contra abogados infieles o negligentes. Es recomendable, como norma general, informar previamente al colega imputado. IV) Todos los abogados intervinientes deben considerarse con idéntico interés solidario en el más rápido y económico desarrollo del proceso. Les alcanza el deber de no demorar el cumplimiento de las diligencias decretadas durante el litigio. Incurre en desconsideración para con sus colegas el abogado que, pese a solicitación de otro profesional, espere las notificaciones o intimaciones respectivas sin explicar las causas que justifiquen su demora. (Unif. 40; N. Y., 7 y 17; Proyec. Fed. 4, Part.) ART. 37 - AYUDA A LOS ABOGADOS JÓVENES. Los abogados jóvenes han de utilizar en los primeros tiempos del ejercicio de la profesión, como convenientes y en algunas circunstancias como necesarios, el consejo y la guía de abogados antiguos de su Colegio, quienes deben prestar esta ayuda desinteresadamente y del modo más amplio y eficaz. La omisión en reclamarlo por parte del abogado nuevo, será estimada al considerarse las transgresiones en que incurra. Asimismo, la negación de auxilio en la medida en que deba esperarse lo preste el abogado requerido, constituirá falta susceptible de sanción disciplinaria. ART. 38 - CONVENIOS ENTRE ABOGADOS. Los acuerdos celebrados entre abogados deben ser estrictamente cumplidos, aunque no se hayan ajustado a las normas legales. Los que fueren importantes para el cliente deberán ser documentados; pero el honor profesional exige que, aún no habiéndolo sido, se cumplan como si constaran en instrumento público. (Unif. 43) ART. 39 - TRATO CON LA CONTRAPARTE Y TESTIGOS. El abogado no debe tener trato directo ni indirecto con la contraparte. Únicamente por intermedio de su abogado deben ser gestionados convenios y transacciones.

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Cuando el adversario no tenga patrocinante, esté iniciado o no el pleito, y el asunto requiera razonablemente asesoramiento, el abogado debe exigirle dé intervención a otro abogado para tratar convenios o transacciones. El abogado puede entrevistar libremente a los testigos de una causa civil o penal en la que intervenga, pero no debe inducirlos por medio alguno a que se aparten de la verdad. (Unif. 41; Fed. 27; N. Y., 9; Proyec. Fed. 4, Dec.) ART. 40 - SUSTITUCIÓN EN EL PATROCINIO. El abogado debe dar aviso al colega que haya intervenido en un asunto, antes de aceptar el patrocinio o representación de la misma parte. El aviso previo no es necesario cuando el anterior colega ha renunciado expresamente al patrocinio o mandato. Sin embargo, es recomendable que el nuevo abogado haga saber al anterior su intervención en el asunto. (Unif. 42; Fed. 46; Proyec. Fed. 9, Deb. Part.) ART. 41 - DEBERES HACIA SU COLEGIO. Es deber del abogado prestar su concurso personal para el mejor éxito de los fines del Colegio a que pertenezca, y del Colegio de la Provincia. Los encargos y comisiones que se le confíen deben ser aceptados y cumplidos, excusándose sólo cuando pueda invocar causa justificada. (Unif. 47)

SECCIÓN QUINTA ART. 42 - APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE ESTAS NORMAS. ALCANCE Y CUMPLIMIENTO. Las normas de Ética se aplican a todo el ejercicio de la abogacía. Los abogados inscriptos en los Colegios Departamentales de la Provincia quedan obligados a su fiel cumplimiento. (Unif. 48) ART. 43 - REGLA GENERAL DE INTERPRETACIÓN. Los deberes particulares señalados no importan la negación o exclusión de otras reglas que, sin estar especificadas, derivan imperativamente de las condiciones esenciales del ejercicio de la abogacía. (N. Y., Intr. Proyec. Fed. Disp. Final)

FUENTE: www.colproba.org.ar

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Reglamento de Directorio Reglamento aprobado el 15 de mayo de 1969 (Acta Nº 245); modificado el 13 de mayo de 1988 (Acta Nº 483); modificado el 14 y 15 de septiembre de 2006 (Acta Nº 735); modificado el 19 y 20 de agosto de 2010 (Acta Nº 811); modificado el 14 y 15 de abril de 2011 (Acta Nº 820); modificado el 19 y 20 de mayo de 2011 (Acta Nº 822); modificado el 21 y 22 de febrero de 2013 (Acta Nº 843)

LEY N° 6.716 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA CAJA Capitulo II Art. 8° El Directorio sesionará con la presencia de más de la mitad de sus miembros, salvo para resolver la reglamentación, creación, modificación o supresión de regímenes de beneficios, las inversiones de fondos, la enajenación de inmuebles, la confección de reglamentos y del presupuesto anual y sobre los pedidos de reconsideración contra denegatorias de beneficios, en cuyos casos se requerirá la presencia de dos tercios de la totalidad de los miembros. Las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos presentes, teniendo el presidente doble voto en caso de empate. Pero las decisiones sobre reglamentación, creación, modificación o supresión de beneficios, sobre inversiones de fondos y las que resuelvan la concesión en cada caso de los beneficios jubilatorios, de pensiones y subsidios en caso de fallecimiento, necesitarán para ser aprobados, el voto favorable de más de la mitad de los miembros componentes del directorio, no funcionando entonces el doble voto del presidente. Art. 9° El Directorio sesionará, por lo menos mensualmente, en la forma en que el reglamento interno lo establezca. La sesión correspondiente al mes de feria judicial será facultativa. El presidente convocará a sesión extraordinaria cuando lo estime necesario o se lo requieran por lo menos tres directores. La ausencia de cualquier director a tres reuniones consecutivas o cinco alternadas, sin causa justificada, autorizará al Directorio a sustituirlo por el suplente, sin otra formalidad.

REGLAMENTO DE SESIONES DEL HONORABLE DIRECTORIO Capítulo 1° CELEBRACIÓN DE SESIONES Art. 1° El Directorio celebrará sus sesiones en el edificio social. Cuando lo considere necesario, podrá sesionar en otro lugar. Art. 2° Las citaciones serán dispuestas por la Presidencia, y se formularán por intermedio de la Secretaría, consignando día y hora de la sesión; mencionando cuando corresponda, naturaleza, carácter y objeto de la misma. Las citaciones deberán efectuarse con no menos de diez días de anticipación, a excepción de supuestos especiales. Art. 3° Reunido el Directorio con "quorum" legal, el Presidente declarará abierta la sesión, poniéndose a consideración del Cuerpo, los asuntos contenidos en el "Orden del Día" formulado por la Presidencia, sin perjuicio de la alteración del mismo por resolución del Directorio, tomada antes de entrar a la consideración de los asuntos. Capítulo 2° USO DE LA PALABRA Art. 4° Para hacer uso de la palabra, los directores deberán solicitarla a la Presidencia. Art. 5° En el tratamiento de asuntos, se observará la siguiente prelación en el uso de la palabra: a) Autor del proyecto en discusión.

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b) Miembro firmante del dictamen de mayoría. c) Miembro informante del dictamen de minoría. d) Demás Directores en el orden en que la soliciten. Art. 6° Si dos o más Directores solicitaren a un mismo tiempo el uso de la palabra, la obtendrá el que propusiera oponerse a la idea en discusión, si el que lo precediera la hubiere defendido y viceversa. No tratándose de este caso, la Presidencia acordará por sí la prioridad. Art. 7° Los Directores deberán dirigirse a la Presidencia, evitando el diálogo y conversaciones entre sí, y refiriéndose siempre a la cuestión en debate. Art. 8° Ningún Director en uso de la palabra puede ser interrumpido sin su consentimiento, la Presidencia deberá hacer observar esta norma. Art. 9° Cuando un Director en uso de la palabra, se apartase notoriamente de la cuestión, podrá ser interrumpido por la Presidencia por sí misma o a solicitud de otro Director. Si el que se encuentra en uso de la palabra, considera que no ha existido apartamiento de la cuestión, el Directorio lo decidirá inmediatamente por simple mayoría. Art. 10. Si la decisión fuera favorable al orador, éste podrá continuar en el uso de la palabra, en caso contrario quedará privado de la misma. Capítulo 3° MOCIONES Art. 11. Las mociones pueden ser: a) De orden. b) De preferencia. e) De tratamiento sobre tablas. d) De reconsideración. e) Innominadas. Art. 12. Son mociones de orden: Las que tienen alguno de los siguientes objetos: a) Que se trate una cuestión de privilegio. b) Que se levante la sesión. c) Que se pase a cuarto intermedio. d) Que se cierre la lista de oradores y se pase a votación. e) Que se aplace la consideración de un asunto que figura en el Orden del Día, con fijación de oportunidad. f) Que un asunto se pase o vuelva a Comisión. g) Que el Directorio se constituya en Comisión. Art. 13. Las mociones de orden son previas a todo otro asunto, aún cuando se esté en debate; y serán consideradas con la prelación establecida en el articulo anterior. Las cuatro primeras se votarán sin discusión y las restantes admiten breve debate, no pudiendo cada Director hablar sobre ella más de una vez y por un término de cinco minutos, excepción hecha del autor, que podrá hablar dos veces. Art. 14. Se consideran cuestiones de privilegio: Las relacionadas con el sostenimiento y defensa de los privilegios reconocidos al Cuerpo y a cada uno de sus miembros individualmente. Art. 15. Cuando se aprobara la moción de orden contemplada en el inciso d) del artículo 12, previamente al cierre de la lista de oradores, se podrán anotar en ella los Directores que quisieran hacer uso de la palabra sobre el asunto en discusión. Luego por Secretaría se declarará cerrada y después de oídos exponer a los anotados, la Presidencia someterá a votación, sin admitirse más debate al respecto. Art. 16. La aprobación de las mociones de orden, necesitan el voto de la mayoría de los miembros presentes. Art. 17. Es moción de preferencia la que tiene por objeto anticipar el momento en que con arreglo al Orden del Día, debe tratarse un asunto incluido en él. Para su aprobación se requiere el voto de la mayoría de los

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presentes. Art. 18. Es moción de tratamiento sobre tablas: la que tiene por objeto considerar de inmediato, con o sin despacho de Comisión, un asunto que no figura en el Orden del Día. Necesita para su aprobación los dos tercios de votos de los miembros presentes. Art. 19. Una vez aprobado el tratamiento sobre tablas, para la decisión sobre el fondo del asunto que se pone en discusión, la aprobación o desaprobación se hará por simple mayoría; sin perjuicio de mayorías especiales requeridas para ciertas especies de asuntos. Art. 20. Es moción de reconsideración: la que tiene por objeto rever: una decisión del Directorio, sea en general o en particular. Art. 21. Si fueran formuladas en la sesión en que aprobó la decisión sobre que versan, requerirán para su aprobación la mayoría de dos tercios de los presentes. Si lo fueran en otra sesión, requerirán simple mayoría, sin perjuicio de mayorías especiales requeridas. Art. 22. El alcance de la aprobación de la moción de reconsideración es poner nuevamente en discusión un asunto. Una vez debatido el mismo, se pondrá a votación, requiriéndose para el pronunciamiento del. Directorio, simple mayoría, salvo disposiciones especiales al respecto. Art. 23. Es moción innominada toda proposición que no constituyendo ninguna de las enunciadas precedentemente, se refieran a incidencias del momento o a cuestiones circunstanciales de menor importancia: Respecto a esas mociones podrá resolverse por simple asentimiento del Cuerpo.

Capitulo 4° CONSIDERACIÓN DE ASUNTOS Art. 24. Cuando el asunto en discusión fuera un proyecto que constara de varios artículos o partes, se considerará y votará primero en general y luego en particular. Art. 25. La discusión en general versará sobre la idea fundamental del proyecto considerado en conjunto. Art. 26. Antes de entrar a considerarse un asunto con despacho de Comisión, se dará lectura por Secretaría del dictamen o dictámenes respectivos. La lectura del proyecto en sí solo corresponderá cuando el mismo no hubiera sido repartido con anterioridad a los Directores. Art. 27. Durante la discusión en general, podrán presentarse proyectos sobre la materia del que se está considerando, tendiente a sustituirlo. La discusión del proyecto sustituto sólo corresponderá si desechado o retirado el proyecto originario, se resolviera su tratamiento sobre tablas, de acuerdo a las disposiciones respectivas. De lo contrario se girará a estudio de Comisión. Art. 28. Cuando un artículo o parte de un proyecto, constara a su vez de varios incisos o términos, la Presidencia, por si o a propuesta de algún Director, podrá someter el mismo a consideración y votación en general y particular, sucesivamente. Art. 29. Efectuada la votación y aprobado en general un asunto o proyecto, se pasará inmediatamente a su discusión en particular. Si el asunto fuera rechazado concluye toda discusión al respecto, y sólo podrá volver a tratarse en el curso del año cuando así lo decidiera el Directorio por los dos tercios de sus miembros presentes. Art.30. La discusión en particular se hará en detalle, artículo por artículo, o período por período, debiendo recaer votación sucesivamente sobre cada una. Podrá omitirse la lectura de cada uno de ellos, cuando obrasen en poder de los Directores. Art. 31. Durante la discusión en particular, pueden presentarse otro y otros proyectos de artículos tendientes a modificar o sustituir total o parcialmente el que se está discutiendo. Si la Comisión acepta la modificación o sustitución, éstas serán parte integrante del despacho, y se votarán directamente. Si la

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Comisión no aceptase, se votará en primer término su dictamen y solamente en caso de rechazo del mismo, se considerarán y votarán sucesiva y excluyentemente el o los artículos nuevos en el orden propuesto. Art. 32. En la consideración en particular, los artículos o períodos que se lean o enuncien y no fueran observados, se tendrán por aprobados sin necesidad de votación expresa. Art. 33. En ningún caso podrá omitirse la lectura de artículos o períodos que modifiquen o sustituyan al original en discusión, debiendo recaer siempre votación expresa sobre los mismos. Art. 34. El Directorio, cuando lo estime conveniente, podrá constituirse en Comisión, para considerar uno o más asuntos o proyectos. En estos casos el debate será libre, y agotado el mismo, la votación que se produzca tendrá la validez y fuerza de ejecución propia de las decisiones del Cuerpo. Capítulo 5° VOTACIONES Art. 35. Todo pronunciamiento del Directorio será resuelto por votación expresa, salvo las excepciones admitidas en el presente reglamento. Art. 36. La votación será: a) Por signo manifestado simultáneamente por todos los Directores, a invitación del Presidente. b) Nominal, expresada de viva voz por cada componente del Cuerpo, a invitación del Secretario. En principio, toda votación será por signo, salvo cuando un Director solicitara el procedimiento contrario, en cuyo caso se consignará en el acta el voto de cada uno de los Directores. Art. 37. Toda votación se reducirá a la afirmativa o negativa con respecto al tema en discusión. Cuando el mismo tenga dos o más puntos o ideas separables, podrá votarse por partes a requerimiento de algún Director o por decisión del Cuerpo. Art. 38. Al votarse, aún cuando se hiciera por signo, los Directores podrán dejar constancia en actas de los fundamentos de su pronunciamiento o de su disconformidad con la decisión adoptada. Art. 39. Salvo los casos especiales contemplados en la ley respectiva y en el presente reglamento, el voto de la mayoría de los miembros presentes en "quorum legal", hace decisión del Directorio. Art. 40. Si se suscitaren dudas sobre el resultado de una votación, cualquier Director podrá solicitar su repetición, la que se practicará con los que intervinieron en la misma. Art. 41. Si la votación se empatare, desempatará el Presidente. Art. 42. Toda elección de autoridades deberá hacerse por votación secreta. Art. 43. Cuando por ausencia del Presidente la sesión es presidida por un Director, éste vota en todos los casos desde la Presidencia como Director, y además en caso de empate vota nuevamente como Presidente. Capítulo 6° SESIONES Art. 44. Las sesiones pueden ser: a) Ordinarias: Constituyen el funcionamiento normal del cuerpo y tendrán lugar el día y hora establecida por la Presidencia con la anticipación requerida. El Presidente podrá delegar la función mencionada en el Secretario, si así lo requieren las necesidades de la Institución. b) Extraordinarias: Las que se realizan convocadas por la Presidencia o a requerimiento de tres Directores con el objeto de considerar algún asunto especial. Sólo se tratará durante las mismas el tema objeto de la convocatoria. Art. 45. El cuerpo decidirá por simple mayoría la celebración de sesión secreta, cuando la índole de los asuntos o cuestiones a debatir así lo requiera. En estos casos sólo tendrán acceso a la Sala de Sesiones, los Directores y el personal que el cuerpo autorice al efecto, quienes deberán guardar estricta reserva sobre

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los temas debatidos y resoluciones adoptadas.

Capítulo 7° PROYECTO Art. 46. Todo proyecto de resolución con carácter general deberá presentarse por escrito en Secretaría del Directorio. Podrá ser acompañado, si su autor lo considera necesario de una fundamentación o exposición de motivos. El Secretario deberá darle inmediato trámite, girándolo a la comisión o comisiones respectivas y dará cuenta de su entrada en la primera sesión del Directorio. Art. 47 Dichos proyectos se entregarán al Secretario con la debida antelación, a los efectos de la confección de ejemplares para cada Director.

Capítulo 8° COMISIONES Art. 48. El Directorio en la primera sesión ordinaria procederá a integrar las Comisiones permanentes del art. 49, pudiendo delegar esa tarea a la Mesa Ejecutiva. A tales efectos la Presidencia solicitará a los miembros del Cuerpo que manifiesten por escrito en las cuales desean participar. Cada Director no podrá integrar más de tres Comisiones permanentes. Las Comisiones estarán compuestas por lo menos por cinco miembros cada una. No podrán integrarlas más de dos Directores del mismo Departamento Judicial ni tampoco los miembros de la Mesa Ejecutiva, cargos ya sean legales o reglamentarios. Art. 49. Las Comisiones permanentes de asesoramiento del Directorio, serán las siguientes: 1.Interpretación y Reglamento; 2.- Hacienda y Presupuesto; 3.- Sistema Asistencial; 4.- Jubilaciones, Pensiones, Subsidios y Asignaciones; 5.- Préstamos; 6.- Estudios y Proyectos de Legislación; 7.- Estructura Administrativa; 8.- Sistemas Informáticos; 9.- Comunicación Institucional; 10.- Turismo; 11.- Control de Aportes; 12.- Delegaciones; 13.- Coordinadora para Abogados con Discapacidad. Art. 50. Compete a la Comisión de Interpretación y Reglamento, dictaminar sobre la interpretación de la ley orgánica y sobre la modificación o creación e interpretación de reglamentos. Asimismo intervendrá en cuestiones vinculadas a los aportes de ley y demás acreditaciones. Art. 51. Compete a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, elaborar el presupuesto anual y dictaminar sobre su ejecución y modificación. Igualmente, dictaminará sobre proyectos o asuntos que se relacionen con los bienes de la Institución, destino de los excedentes de recaudación, composición de las reservas, montos de los beneficios y en general sobre todo aquello que haga al desenvolvimiento económico financiero de la misma. Dictaminará asimismo sobre los proyectos o asuntos que se relacionen con la adquisición, venta, mantenimiento, construcción y locación de inmuebles. Colaborará en la formación de las comisiones de preadjudicación. Art. 52. Compete a la Comisión del Sistema Asistencial, proyectar y dictaminar sobre la creación de nuevas coberturas y el perfeccionamiento, reemplazo, suspensión o supresión de las vigentes, debiendo también expedirse sobre la procedencia de las prestaciones de esta índole cuyo otorgamiento esté reservado al Directorio, o sea legalmente necesario un pronunciamiento de éste. Art. 53. Compete a la Comisión de Jubilaciones. Pensiones, Subsidios y Asignaciones dictaminar sobre la concesión de jubilaciones, pensiones, subsidios, reconocimiento de ejercicio profesional, asignaciones familiares y de todo otro beneficio de naturaleza previsional, creado tanto por ley como por reglamentación del Directorio. Art. 54. Compete a la Comisión de Préstamos, proyectar y dictaminar sobre sistemas de créditos a los afiliados y su concesión, en los casos en que fuere menester un pronunciamiento expreso del Directorio. Art. 55. Compete a la Comisión de Estructura Administrativa, estudiar, proyectar y asesorar en lo concerniente a la organización administrativa de la Caja, debiendo expedirse, además, sobre las

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propuestas de cobertura de vacantes y designación del personal y llamado a concurso cuando así correspondiese. Mantener actualizado el organigrama funcional de la Institución y asesorar en todo lo relativo a la implementación de normas que tiendan a la capacitación de los recursos humanos y a su compenetración y defensa de los intereses solidarios de la Caja. Art. 55 bis: Compete a la Comisión de Sistemas Informáticos estudiar, proyectar y asesorar en todo lo concerniente y desarrollo de la actividad informática de la Caja, digitalización, adquisición de software, hardware, y de todo otro elemento tecnológico necesario para la actualización de los sistemas y programas, tratando de que estos últimos sean realizados preferentemente con recursos humanos de la Institución; control y seguimiento del Convenio Tripartito celebrado entre la Caja, la Suprema Corte de Justicia y Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta preferentemente los intereses de la Caja y que su utilización no interfiera ni complique el ejercicio de la profesión y que se preserve la privacidad de sus datos. Art. 56. Compete a la Comisión de Estudios y Proyectos de Legislación, estudiar, proyectar y dictaminar sobre modificaciones a la ley orgánica de la Institución y sus Reglamentos. Art. 57. Compete a la Comisión de Comunicación Institucional, proyectar y elaborar las comunicaciones de la Institución con relación a sus afiliados y público en general, promover estudios y divulgación de las actividades concernientes a la Seguridad Social con relación a los abogados y, en especial con respecto de quienes se incorporen al sistema, con el propósito de formar una sólida conciencia sobre el mismo. Art. 58. Compete a la comisión de Turismo, programar los servicios turísticos a ofrecer a los beneficiarios y asesorar al Directorio sobre las cuestiones que requieran su decisión, en un todo de acuerdo a la reglamentación vigente. Art. 59. Compete a la Comisión de Control de Aportes, la organización de los sistemas de control, mediante la formación de grupos de trabajo, políticas de dirección y funcionamiento. Asimismo proponer al Directorio, cursos de acción que tengan por objetivo efectivizar el ingreso de aportes. Art. 59 bis. Compete a la Comisión de Delegaciones, estudiar, proyectar y asesorar en todo lo relativo a la estructura de recursos humanos, materiales, tecnológicos y al funcionamiento y organización de las Delegaciones de la Caja como áreas de servicios, para una eficiente atención del afiliado y su familia. Proyectar cuando se lo juzgue necesario las estructuras edilicias de las mismas, dentro o fuera de los ámbitos colegiales y en su caso las relaciones con los Colegios y sus Directores Departamentales, como así la verificación del funcionamiento de las “extensiones administrativas” de la Caja y su puntual cumplimiento de las disposiciones y normativas en vigencia. Art. 59 ter. Compete a la Comisión Coordinadora para Abogados con Discapacidad proyectar y asesorar al Directorio en temas de problemática de discapacidad. Art. 60. El Directorio en los casos que estime conveniente, o en aquellos que no estén previstos en este Reglamento, podrá nombrar o autorizar al Presidente para que nombre comisiones especiales que dictaminen sobre ellos. Art. 61. Las Comisiones se instalarán inmediatamente después de nombradas y elegirán a pluralidad de votos, su Presidente y su Secretario, quienes fijarán día y hora de reunión. También deberá reunirse a instancias de la Mesa Ejecutiva en el día y hora que ella determine, cuando la naturaleza de los asuntos a tratar así lo aconsejare. Una vez producido el dictamen o dictámenes de las Comisiones correspondientes, serán enviados a Secretaria de Directorio quien remitirá copia a los miembros de éste, para posibilitar su conocimiento y estudio con anterioridad a la reunión del cuerpo, salvo en casos que el asunto revista carácter urgente o general. El Presidente hará los requerimientos necesarios a las Comisiones para que produzcan despachos. Art. 62. Las Comisiones sesionarán válidamente con la presencia de tres de sus miembros. En caso de no reunir número suficiente para sesionar, podrá solicitar a la presidencia de la institución que se integre a la misma o que designe los miembros necesarios para formar quorum. En todos los casos se elaborará dictamen de la resolución que adopte la Comisión en cada reunión, dejándose constancia a pedido del

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Director componente de las razones en que funda su voto. El Presidente de la Comisión o el integrante que se designe, será miembro informante. La Comisión nombrará a otro miembro para informar sobre los dictámenes en minoría. Art. 63. Las situaciones no previstas en el presente Reglamento se regirán supletoriamente por el Reglamento de la H. Cámara de Diputados. Las citaciones a las reuniones se harán por escrito por Intermedio de la Secretaria de cada Comisión.

MEMORIA Y BALANCE Art. 7° de la ley 6716: El presupuesto que se elaborará será anual, venciendo el ejercicio el 31 de enero de cada año. En dicha fecha se confeccionará la memoria y el balance general, los que serán remitidos a los Colegios de Abogados para conocimiento de sus respectivas asambleas anuales. COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Art. 1ro.) El Directorio de la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires, crea la Comisión Revisora de Cuentas (art. 7, primer párrafo, Ley 6716, To. Dec. 4771/95). ELECCIÓN DE SUS MIEMBROS: Art. 2do.) La Comisión Revisora de Cuentas estará integrada por un representante por cada Colegio Departamental de Abogados elegidos en la oportunidad y forma prevista para la elección de los Directores de la Caja. Junto con el representante titular se elegirá un suplente. Este cargo tendrá una duración de cuatro (4) años, pudiendo ser reelegidos. DE SU ORGANIZACIÓN: Art. 3ro.) Treinta días después del último acto eleccionario en los respectivos Colegios y con aquellos miembros cuyos diplomas fueran aprobados por el Directorio, procederán a elegir, por mayoría simple y en voto secreto, un ÓRGANO EJECUTIVO integrado por cinco miembros con los cargos de Presidente, Vicepresidentes 1ro. y 2do., Secretario y Prosecretario, los que durarán dos años en sus funciones y podrán ser reelectos. Los restantes titulares, en el orden que ellos establezcan por sorteo, reemplazarán a los miembros del Órgano Ejecutivo en los casos de ausencia temporaria mayor de sesenta (60) días o definitiva. El acta de esta reunión constitutiva deberá ser remitida dentro del término de cinco (5) días hábiles al señor Presidente de la Caja, quien la pondrá en conocimiento del Directorio en la primera sesión ordinaria de ese Cuerpo. REQUISITOS: Art. 4to.) Para ser miembro de esta Comisión los candidatos deberán reunir los mismos requisitos exigidos para ser Director de la Caja (art. 5, primer párrafo, Ley cit.), debiendo haber ejercido, además, el cargo de Director de ésta o el de Consejero en alguno de los Colegios de Abogados Departamentales, en ambos casos, como titular. Art. 5to.) El desempeño como miembro de esta Comisión será incompatible con el de miembro de los Consejos Directivos de los Colegios de Abogados y de los Tribunales de Disciplina (Art. 5, segundo párrafo, Ley cit.). Asimismo, no podrán tener parentesco directo o colateral por consanguinidad o afinidad, en el primer caso, hasta el cuarto grado y en el otro, hasta el segundo grado inclusive, con los miembros titulares o suplentes del Directorio de la Caja, ni sociedad de cualquier naturaleza con ellos. Art. 6to.) Se declara carga pública el ser miembro de esta Comisión, sin perjuicio de lo cual quienes la integren percibirán de la Caja los mismos viáticos (art. 5, "in fine", Ley cit.) y gastos de traslado que los Directores, conforme los fije el Directorio. SEDE Y REUNIONES: Art. 7mo.) Los titulares de la Comisión Revisora de Cuentas en pleno se reunirán exclusivamente cuatro veces por año, a fin de conformar tanto los informes trimestrales como el referente al Balance de cierre de cada ejercicio.

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El ORGANO EJECUTIVO se reunirá en la sede de la Casa Central de la Institución en el espacio físico que le asigne la Mesa Ejecutiva y sesionará validamente con la mitad más uno de sus miembros y deberá reunirse no más de una vez por mes para el cumplimiento de sus misiones y funciones. MISIONES Y FUNCIONES: Art. 8vo.) Son funciones exclusivas del Organo Ejecutivo de esta Comisión Revisora de Cuentas: a) Verificar el cumplimiento del artículo 27 de la Ley 6716, To. Dec. 4771/95 en la aplicación de los fondos de la Caja. b) Revisar y controlar la contabilidad de la Caja, pudiendo examinar para el cumplimiento de sus fines las constancias contables y documentación que la respalde. Esta actividad deberá ejercerla cada tres meses, dando cuenta de ello al Directorio mediante un informe circunstanciado de sus resultados, el que será elevado dentro de los diez (10) días de practicados dichos controles. c) Presentar al Directorio, al cierre de cada ejercicio anual un informe fundado y por escrito dictaminando sobre el Balance y los respectivos estados contables que se presenten, para ser tenidos en cuenta al momento de su consideración. También deberán elevar al Directorio un informe fundado y por escrito sobre los estados de ejecución del presupuesto que se practican trimestralmente. Art. 9no.) Para el cumplimiento de sus funciones el Organo Ejecutivo de la Comisión Revisora de Cuentas contará con un asesor contable, el que será designado por el Directorio de la Caja de una terna propuesta por dicho Organo. Art. 1Omo.) Las misiones y funciones que en forma taxativa se encomiendan a la Comisión Revisora de Cuentas, no alcanzará al mérito, oportunidad y conveniencia de los actos del Directorio, ni a la gestión de gobierno y administración de los bienes de la Caja de Previsión Social para Abogados (art. 7 primer párrafo de la Ley cit.). Art. 11ro.) El informe anual producido al cierre de cada ejercicio, por parte de la Comisión Revisora de Cuentas, integrará la Memoria y Balance, el que una vez aprobado por el Directorio, será remitido por éste a los Colegios de Abogados para conocimiento de sus respectivas asambleas anuales (Art. 7, "in fine", Ley cit.). Art. 12do.) La Mesa Ejecutiva de la Caja deberá remitir al Organo Ejecutivo de la Comisión Revisora de Cuentas los "Estados de ejecución del presupuesto" que se vayan produciendo trimestralmente durante el transcurso de cada ejercicio. Art. 13ro.) Quedan derogadas las resoluciones del Directorio de fechas 1/IV/82 y 13/V/82 referidas a la Comisión Revisora de Cuentas. Art. 14vo.) Su entrada en vigencia será a partir del 01/06/2003. ELECCIÓN DE DIRECTORES Art. 4° de la ley 6716: La elección se hará en la asamblea convocada para la renovación de las autoridades de los Colegios. Durarán en el cargo cuatro años y podrán ser reelectos. Con los titulares se elegirá un número igual de directores suplentes que reemplazarán a aquéllos en caso de ausencia accidental, temporaria o definitiva. La renovación se hará por mitades cada bienio o con más o menos alternativamente si el número total de miembros fuere impar, a cuyo efecto el Directorio hará los sorteos necesarios si ya no estuvieren hechos. En caso de crearse otros Colegios, la duración del mandato de los nuevos directores, siendo más de uno, se decidirá por sorteo. La duración del mandato de los primeros directores de los nuevos Colegios que se crearen, se ajustará, no siendo más de uno, al juego de esta renovación bienal. REMPLAZO DE DIRECTORES TITULARES Reglamento Cuando se trate de Colegios con más de un representante, los Directores suplentes se elegirán de la siguiente manera:

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1. Si en la elección se hubiera determinado expresamente el régimen de suplencias, se respetara el orden seguido. 2. Si así no fuera, los señores Directores titulares indicaran el nombre de sus correspondientes. Si no lo hicieran se los designará por sorteo. 3. En el caso de imposibilidad de incorporarse el suplente así designado, se incorporada al otro suplente y luego aquel cuyo mandato no coincida con aquel Director al que va a remplazar. El Directorio queda facultado para resolver todas las cuestiones que se susciten con motivo de la interpretación de este Reglamento.

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Naturaleza Jurídica, Doctrina Tratado de Derecho Administrativo de Marienhoff "100. En el parágrafo precedente quedó establecido que hay dos clases de personas jurídicas públicas: las estatales y las no estatales, cuyos respectivos elementos característicos también quedaron de manifiesto. De esa clasificación, y de esos distintos elementos característicos, derivan consecuencias fundamentales en el régimen del ente, ya sea en lo atinente al origen de la entidad, a la naturaleza de los actos que emite, al carácter de sus órganos personas, a su patrimonio, a la existencia o no de cierto poder coactivo o de imperio a disposición de la entidad, al control del Estado sobre el ente, a la finalidad a cumplir, etcétera. Sobre la base de tales elementos de juicio, en los casos concretos podrá establecerse si el ente público es "estatal" o "no estatal" y cuáles son las consecuencias que derivan del hecho de pertenecer a uno o a otro grupo. Tratándose de personas jurídicas públicas "estatales", las características de éstas son las propias de la Administración Pública, o sea: su origen es siempre estatal; sus "fines" son fines esenciales y específicos del Estado; emiten actos administrativos; sus órganos personas son funcionarios o empleados sometidos a una relación de derecho público; su patrimonio es del Estado, pudiendo integrarse el mismo por bienes del dominio público o del dominio privado; tienen las prerrogativas propias de la Administración Pública, especialmente la potestad de imperio, ejercida ésta en nombre propio para el cumplimiento total de su actividad (773) ." Otra cosa ocurre con las personas jurídicas públicas "no" estatales. Su origen o creación puede responder a un acto del Estado o de los particulares (774) . Sus "fines", si bien han de ser indispensablemente de "interés general", no es menester que coincidan en todo o en parte con los fines específicos del Estado; como lo expresé precedentemente, trátase de un interés general menos intenso que el que satisface el Estado como función esencial y propia de él. Sus órganos personas no son funcionarios o empleados públicos; en consecuencia, no se rigen por el derecho administrativo, sino por el derecho laboral. Sus actos o decisiones no son actos "administrativos". Su patrimonio no es totalmente del Estado, aunque parte puede ser de éste. Por la índole de la actividad que ejercen, están sometidas a un control más o menos riguroso por parte del Estado. Pueden poseer cierto poder coactivo o de imperio sobre los administrados o particulares que actúan dentro del ámbito en que el ente ejerce su actividad (775) . Por aplicación de ideas que coinciden con las precedentes, y después de un análisis de sus elementos, entre nosotros se ha considerado que la Caja de Previsión Social para Abogados de la Provincia de Buenos Aires es una persona jurídica pública "no estatal" (776) . Del mismo modo, antes de ahora he considerado que, entre nosotros, la Iglesia Católica Apostólica Romana, si bien es una persona jurídica pública, no es, en cambio, una persona estatal, vale decir, no integra la organización jurídica de la Nación (777) . Nuestro Código Civil, en materia de clasificación de las personas jurídicas, sigue un criterio que, con razón, ha sido criticado: personas de existencia necesaria y de existencia posible (artículo 33). La "necesidad" y la "posibilidad" de la existencia de los entes jurídicos constituye un dato meramente empírico y contingente, exento de criterio científico (778) . Se impone una modificación de nuestro sistema legal: las personas morales o jurídicas han de clasificarse en dos grandes grupos: públicas y privadas; a su vez, las personas jurídicas públicas deben subclasificarse en estatales y no estatales. En la actualidad, en nuestro país el carácter público -estatal o no estatal- de una persona jurídica, surge de las enseñanzas de la doctrina científica que, como tantas veces ha acontecido, sirve de guía a la futura acción del legislador (779) . Para la condición jurídica del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (ley 23187 ), ver Corte Suprema de Justicia de la Nación, "Fallos", tomo 308, página 987 y siguientes, considerandos 5º y 8º.

Extracto: MARIENHOFF, Miguel S.; “Tratado de Derecho Administrativo”, Tº I, Título III La Personalidad en el Derecho Administrativo (Estado y Administración Pública) Cap.I págs. 360-383, en esp. pág. 380,381,382, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, Quinta edición actualizada, mayo 2000

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El control judicial de los actos de los Colegios, Consejos y Cajas de Profesionales (Dictamen jurídico obligatorio) por Alberto Biglieri I) La Remisión: Una nueva forma de remisión surge de la lectura del artículo 741 del Código Contencioso Administrativo. Hasta ahora el legislador utilizaba distintos tipos de remisiones a través de las cuales2 incorporaba en el texto normativo una referencia explícita a otra norma, pudiendo esta última transformarse en complementaria3 o supletoria4 de aquella. En esta ocasión, la remisión surge en forma implícita de la estructura sintáctica de la norma: “Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos profesionales referidos al gobierno de la matrícula o registro de profesionales5 y/o control disciplinario de los mismos y los definitivos emanados de los órganos de control disciplinario....” , cabe entonces concluir que la forma en la que se expiden los Colegios o Consejos Profesionales son , indubitablemente, Actos Administrativos. Igualmente, antes de volver al tema de las remisiones, quiero dejar un motivo para la reflexión: esta redacción , que deja en la competencia del CCA los Actos referidos al gobierno y control matricular, ¿ Pretende dejar en el fuero civil comercial penal o laboral, según corresponda, las otras actividades de los Colegios pero obligándolos a comunicarse por Actos Administrativos6? ¿Es esta una derogación tácita de las normas que regulan las actividades de las profesiones en la Provincia?. El Tiempo dirá7. Volviendo al tema que nos ocupa: el legislador nos ha remitido, con un nuevo estilo en el artículo sub exa1- El viejo artículo, en lo que aquí importa también tomaba la noción de acto administrativo. En momento de la reforma se decidió aclarar que el gobierno de la matrícula importaba el control disciplinario, ante alguna crítica de la doctrina – que no comparto sobre las dudas que de ello se suscitaban en cuanto a la cuestión de la competencia del control judicial para las sanciones por las trasgresiones e incumplimientos a las normas de ética profesionales y demás regulaciones que rigen el ejercicio de cada profesión. Artículo 74.- (Según Ley 12008) Impugnación de resoluciones de colegios o consejos profesionales. 1. Las pretensiones que tengan por objeto la impugnación de los actos administrativos definitivos de los colegios o consejos profesionales, a cuyo cargo estuviere el gobierno de la matrícula o registro de profesionales, tramitará por el proceso instituido en el presente capítulo, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las restantes normas del presente Código. 2.Serán de aplicación las siguientes reglas procesales: a) La demanda deberá interponerse por escrito, directamente ante el tribunal contencioso administrativo, dentro de los quince (15) días, contados a partir del día siguiente al de la fecha de notificación del acto cuestionado. En lo pertinente, el escrito deberá reunir los requisitos establecidos en el artículo 27 del presente Código. La pretensión deberá interponerse ante los tribunales competentes según lo dispuesto en el artículo 5, inciso 1, primer párrafo. b) Dentro de los cinco (5) días de presentada la demanda se requerirá, por oficio dirigido a la autoridad superior del ente correspondiente, la remisión de los antecedentes administrativos, lo que deberá efectuarse dentro de los diez (10) días de notificados. En caso de incumplimiento del deber de remisión, se aplicará lo dispuesto en el artículo 30, inciso 2 del presente Código. c) Cumplido el trámite previsto en el apartado anterior, el tribunal conferirá traslado por diez (10) días al ente demandado. Contestado el traslado o expirado el plazo respectivo, se llamará autos para sentencia. d) Si hubiere hechos controvertidos, la causa será abierta a prueba por un plazo no mayor de quince (15) días. e) Vencido dicho plazo el tribunal, previo llamado de autos, dictará sentencia dentro del plazo de treinta (30) días. 3. Las reglas del presente capítulo serán de aplicación a todos los procedimientos previstos por las leyes de creación de los colegios o consejos profesionales u otras normas similares, en materia de impugnación judicial contra: a) Los actos que decidan la suspensión, cancelación o denegación de la inscripción en la matrícula correspondiente. b) Los actos mediante los que se impongan sanciones en los supuestos contemplados por las normas de aplicación. c) En general, los actos de gravamen emanados de aquellos entes. 2- Oroz, Miguel en “El nuevo proceso contencioso administrativo de la PBA” –obra colectiva- Librería Editora Platense , 2° Edición, pág. 671 y ssgtes. enuncia como “ remisión expresa y puntual” al sistema en que la norma menciona a la cual se debe remitirse –por ej. la de los arts. 11,12 inc. 4, 21 inc. 2, etc.-; y como “remisión indirecta” la que menciona una norma que a su vez se complementa con otra –por ej. El art. 76 bis, que envía a la 9122 que nos vuelve a remitir al CPCC3- CCA Artículo 77 inciso 2 4- CCA Artículo 12 inciso 4 5- Hasta aquí, en negrita, redacción original según Ley 12008. 6- En su oportunidad la Cámara Especial que entendía ante los recursos de las sanciones disciplinarias de las organizaciones profesionales habían optado (sin demasiada sistematización) en acudir a normas penales (como analógicas de ilícitos administrativos) o a civiles (como analógicas por actos y capacidad civiles). 7- Han pasado más de 10 años de la primera versión de este pequeño artículo, y todavía siguen las mismas dudas. Ver en BIGLIERI, Alberto. Revista Colegio de Abogados de Quilmes Nº 62, Revista del Colegio de Abogados de Mercedes Nº 127, Revista del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires Nº XXI y Revista Jurídica de la Facultad de Derecho de la UNLZ Nº 1. 2005.

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mine, a la Ley 7.6478, al decir la impugnación de actos administrativos definitivos emanados de los Colegios o Consejos profesionales , grita a los cuatro vientos que estos organismos se “comunican” por medio de actos administrativos. Dicha remisión hace necesaria una nueva interpretación de las normas de procedimiento correspondientes. II) Características del Acto Administrativo en el ámbito del derecho público de la Provincia de Buenos Aires: Insistiendo: Tomás Hutchinson9 ha expresado “ No puede identificarse el acto administrativo de ....denegación de la matrícula, etc, con una sentencia....” y Oroz10 “son típicos actos de gravamen.....actos administrativos y que requieren....” ; es entonces, para no aburrir con citas , la estructura formal con la que se expiden los Colegios o Consejos Profesionales en el ejercicio de prorroga de potestades públicas (vg. Control matricular) la de un ACTO ADMINISTRATIVO. No siendo el objeto de este trabajo un estudio del acto administrativo en la órbita provincial bonaerense o en los municipios de esta jurisdicción11, me referiré a un concepto incluido por la doctrina12 - la voluntadcomo requisito esencial del acto administrativo, y que no es enunciado generalmente en la normativa por considerarlo redundante13, pero que cobra una importancia excluyente especialmente desde el punto de vista de la emisión en un organismo colegiado14. Las distintas profesiones y sus marcos regulatorios contienen diferentes estructuras de actuación interna, pero en todas, aún con distintos sistemas de representación de minorías o formas de elección de autoridades es necesario respetar las nociones de convocatorias a sesiones ordinarias fijadas (en general en una o dos mensuales) mediante un cronograma determinado (del tipo : 1er. y 3er. Martes de cada mes), las notificaciones fehacientes de las convocatorias a extraordinarias, el envío de la Orden del Día (en ambos casos), la formación de quórum, y en algunos casos la obtención de mayorías agravadas. Estos detalles hacen a la conformación de la “voluntad colegial”, y en algunos casos los vicios de la voluntad –individual- pueden no afectarla (por ejemplo. El voto por error de un miembro del Consejo cuyo número no modifique el resultado en la elección de la moción o su presencia no afecte el quórum). III)La necesidad de adecuar las organizaciones profesionales. La enmarañada redacción de las normas que rigen el Acto Administrativo en la Ley 7.64715 nos obliga a bucear hasta los artículos16 del Capítulo “Del Impulso Procesal”17, especialmente en la acepción analógica de la necesidad de dictamen jurídico, previo a la resolución final. Hará falta, de ahora en más, que todos los ACTOS REALIZADOS EN EJERCICIO DE PRORROGA DE POTESTADES PUBLICAS (vg. Actos Administrativos) cuenten previa y OBLIGATORIAMENTE con la opinión técnico jurídica, como procedimiento de legitimidad de la decisión y cuya ausencia hará insanablemente nulo el acto en cuestión. Las normas de admisión (y por ende las de rechazo) de un profesional al registro de matrícula de cada Colegio o Consejo, seguirán en manos de los respectivos órganos directivos, pero ahora necesitarán, antes de decidir sobre la incorporación o no del nuevo aspirante, el dictamen jurídico que haga las veces del control de legalidad de la decisión a adoptar. En igual criterio, e independientemente de los estilos de las normas disciplinarias de cada profesión, los Tribunales de disciplina deberán “transformar” sus secretarías letradas (o crear si no las tenían) en una oficina (no importa que sea unipersonal si se prevé un buen sistema de reemplazos para los casos de recusación o excusación del dictaminador) de asesoría letrada cuya participación será ahora OBLIGATORIA, a la luz de lo analizado en los dos primeros puntos de este artículo. El artículo 75. Las resoluciones de las Cajas Profesionales. Gracias a una de las pocas decisiones destacables de la Convención Constituyente provincial de 1994, el ar8- Ley 7647 , artículos 103 y ssgtes. 9- Hutchinson Tomás: Estudio Preliminar a la obra de Danielán M. Recursos Judiciales y procedimientos Administrativos, Tomo I Págs.. 22 y ssgtes, Rubinzal Culzoni, Santa Fé, Bs As. 2000. 10- Oroz, Miguel y Otros, Op. Cit. Págs. 701 y 702.11- Huchinson Tomás: “Procedimiento y Proceso Administrativo, en la Provincia de Buenos Aires”, pág. 103 y ss., Editorial Scotti, Buenos Aires, 1995. Botassi Carlos: “Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, pág. 369 y ss., Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, Buenos Aires, 1994. 12- Dromi Roberto : Derecho Administrativo , 10° Edición, Editorial Ciudad Argentina, pág. 360 . 13- Cassagne, Juan Carlos: “Derecho Administrativo”, Séptima Edición Actualizada, Abeledo Perrot, Tomo II, págs. 97 y 101, Buenos Aires, 2002. 14- Dromi Roberto: Op. Cit. Pág. 373.- Cassagne, Juan Carlos: Op. Cit., Tomo I, pág. 255. 15- Mucho más simple es usar de base el art. 7 de la la Ley Nacional de Procedimientos Administrativo, como fuente de “doctrina”. 16-Arts. 57,58,59 y 69 de la Ley 7647. 17- Sostenemos que es mala la utilización del término procesal, correspondería PROCEDIMENTAL.

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tículo 40 de la Constitución Bonaerense “blindó” el régimen previsional de los profesionales que ejercen en la provincia. En consonancia, desde la aprobación del nuevo código contencioso, la forma y procedimiento de la toma de decisiones en el ámbito de esas instituciones se equiparó a la regulación que ordena la actividad en los órganos y organismos públicos, aún cuando la fuente en la que abreva ( el Código Varela) había impuesto en su competencia ese control por las condiciones extrínsecas de la decisión del administrador, más no por su naturaleza jurídica original18. El artículo 75 tampoco19 ha modificado la utilización de la remisión a la norma que rige el actuar administrativo en la provincia. Esa noción sustantiva, se ha mantenido sin modificaciones desde su dictado en la ley 12008, y por ello considero de plena utilización todas las reflexiones aportadas en la primera parte de este comentario, referidas al artículo 74, con la excepción que la mención de la naturaleza jurídica de la actividad previsional permite reconocer que no se sigue, necesariamente, en un ámbito objetivo de derecho público, y que por ello las políticas de adjudicación de competencias en las leyes de organización judicial, pueden enviar el control a distintas sedes jurisdiccionales, sin mantener el criterio de fuente señalado.

18- Monte Pío. 19- Artículo 75.-(según ley 12008) Impugnación de resoluciones de las cajas de previsión social de profesionales. 1. Las pretensiones que tengan por objeto impugnación de los actos administrativos definitivos emanados de los órganos superiores de las cajas de previsión social de profesionales, tramitarán por las normas del proceso ordinario, sin perjuicio de la opción prevista en el título II, capítulo I del presente Código. 2. La pretensión deberá interponerse dentro del plazo establecido en el art. 18 del presente Código, y ante los tribunales competentes según lo dispuesto en el artículo 5, inciso 1, primer párrafo.

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Jurisprudencia - Action Vis -CSJ 627/ 2014 (50-M) / CS1- “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Action Vis S.A. y otro s/ exptes. civiles” Corte Suprema de Justicia de la Nación Buenos Aires, 18 de noviembre 2015. VISTOS los autos: “Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social c/ Action Vis S.A. y otro s/ expedientes civiles“. CONSIDERANDO: 1°) Que por la sentencia de fs. 104, esta Corte dispuso que la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, dictara un nuevo pronunciamiento, que se expidiera, en forma fundada, acerca de la alegada obligación del Letrado de la Parte Actora, de cumplir con los Aportes establecidos en el régimen de la Caja de Seguridad Social para Abogados de la referida Provincia (decreto–ley local Nº 15/75, t.o. 1987). Para decidir de ese modo, el Tribunal se remitió a los fundamentos del Dictamen elaborado por la Sra. Procuradora Fiscal, en el que se había advertido la falta de tratamiento del Planteo del Abogado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, relativo a que la Ley Nº18.038 y la Modificación introducida a su Art.3º por la Ley 23.987, por referirse a un régimen diseñado para Trabajadores Autónomos, no era aplicable a los Profesionales dependientes del Estado Nacional, al que representaban. También se destacó que las Resols. 484/10 del Consejo de la Magistratura de la Nación y 31/04 de la Secretaría de Seguridad Social, no habían hecho más que restaurar la operatividad de aquella legislación (dado el esquema de derogación utilizado por la Ley Nº 24.241), sin extender expresamente su alcance a los Abogados que se desempeñaran bajo relación de dependencia, por lo que, el fallo se apoyaba en un fundamento aparente y, en consecuencia, debía ser dejado sin efecto (fs.79/81). 2°) Que el a quo dictó la sentencia de fs. 107/108, en la que se limitó a expresar que de la decisión de esta Corte, se desprendía que el representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, en la medida en que trabajaba en relación de dependencia con el Estado Nacional, no se encontraba alcanzado por la reforma introducida por la Ley 23.987 a Ley 18.038, por lo que correspondía rechazar la apelación deducida por la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta y confirmar la decisión que lo eximía del pago de los referidos aportes. 3°) Que respecto de dicho pronunciamiento la mencionada Caja dedujo recurso extraordinario, que fue concedido y resulta formalmente procedente, pues siempre que se halle en tela de juicio la interpretación de un fallo anterior del Tribunal recaído en la causa, se configura una cuestión federal que habilita la vía del art. 14 de la Ley 48, máxime cuando, como en el caso, la resolución impugnada consagra un inequívoco apartamiento del criterio allí sentado (fs. 116/128; 139/140; doctrina de fallos 310:1129; 315:2249; 320:425, entre otros). En efecto, la Cámara no adecuó su nuevo fallo a lo dispuesto por esta Corte, le atribuyó un alcance que no surge de sus términos, y, en lugar de expedirse respecto de los motivos por los cuales, la Ley 18.038 se consideraba aplicable al abogado que, desde el inicio del proceso, había denunciado que trabajaba en relación de dependencia con el Estado Nacional, se limitó a resolver el caso en sentido contrario, al que había adoptado inicialmente. 4°) Que aun cuando el defecto de fundamentación del auto que concedió el recurso extraordinario invocando la existencia de gravedad institucional -que no constituye una causal autónoma de procedencia de la vía- podría determinar su nulidad, razones de economía y celeridad procesal imponen a esta Corte la necesidad de emitir un pronunciamiento a fin de evitar mayor dispendio jurisdiccional. Por idénticas razones, el Tribunal juzga que las características del presente caso autorizan el ejercicio de la

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jurisdicción que le otorga la segunda parte del artículo 16 de la ley 48, por lo que resolverá el fondo de la cuestión controvertida, que se circunscribe a determinar si el abogado que actúa en representación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social debe cumplir con el pago de la estampilla previsional prevista en el artículo 23 inciso b) del decreto ley 15/75 de la Provincia de Salta.

5°) Que dicha norma, con las modificaciones introducidas por la ley 6449/87, regula el funcionamiento de la Caja de Seguridad Social para Abogados de esa jurisdicción y establece que los abogados y procuradores inscriptos en la matrícula con domicilio real y ejercicio permanente de la profesión en la referida provincia estarán obligatoriamente afiliados a la caja, cuyo capital se formará, entre otros aportes, con el valor de la estampilla previsional que deberá ser acompañada junto al primer escrito que aquéllos presenten ante el Poder Judicial (arts. 18 y 23, inc. b). Por otra parte, del juego de los arts. 2° y 3°, inciso e, de la ley 18.038 -t.O. 1980-, resulta que la afiliación al régimen de jubilaciones y pensiones para trabajadores autónomos es voluntaria para los profesionales graduados universitarios cuando sus actividades se encontraren obligatoriamente comprendidas en uno o más regímenes jubilatorios provinciales para profesionales, en la medida en que actúen en su ámbito territorial de aplicación y aun cuando lo hagan ante organismos nacionales allí existentes. En ese marco, la ley 23.987 (art. 1) estableció la aplicación de las leyes previsionales locales al fuero federal por medio de la incorporación del siguiente texto como últimos párrafos del artículo 3° de la mencionada ley 18.038: "..las leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procuradores se deben aplicar en todos los juicios que se tramitan ante los juzgados y tribunales de la justicia federal existentes en sus respectivos ámbitos territoriales de validez. Los aportes fijados en las leyes locales de previsión y seguridad social para abogados y procuradores no regirán respecto de los honorarios y comisiones regulados a los profesionales que representen al Estado Nacional sus desconcentraciones y sus entidades descentralizadas cualquiera sea su naturaleza jurídica siempre que aquéllos en los juicios, y actuaciones en los que éstos sean parte, no tuviesen derecho a la percepción de dichos honorarios por encontrarse a cargo de sus representados. Por último, la ley 24.241 mantiene aquel esquema de afiliación voluntaria para quienes se encontrasen obligatoriamente comprendidos en uno o más regímenes locales de previsión social para profesionales (conf. artículo 3, inciso b, apartado 4). 6°) Que el letrado que interviene en el presente caso está alcanzado por las normas antes descriptas. En efecto, se encuentra obligatoriamente afiliado a la Caja de Previsión social para Abogados de la Provincia de Salta (matrícula provincial N° 1898, según escrito de inicio de fs. 3/4) y voluntariamente inscripto en el régimen de seguridad social para trabajadores autónomos (CUIT 20-23079498-8, responsable monotributo). Dicha situación determina que esté sujeto al pago de la "estampilla previsional" contemplada en el art. 23, inciso b, del decreto ley 15/75 citado, aporte que constituye un condicionamiento impuesto a los abogados para actuar en el ámbito provincial que encuentra fundamento en la regla de solidaridad profesional (conf. Art.1° del decreto ley citado) y que, además, podrá redundar en su derecho a acceder a las prestaciones y beneficios que instituye dicho régimen legal que, a su vez, participa del sistema nacional de reciprocidad jubilatoria (arts. 13 y concordantes de la resolución 363/81 de la Subsecretaría de Seguridad Social y resolución 9/2002 de la Secretaría de Seguridad Social) . La única excepción a la aplicación de las normas previsionales provinciales es la prevista en la citada ley 23.987, que no tiene relación con la obligación que aquí se discute, pues no se trata esta última de un aporte que deba ser liquidado sobre los honorarios del abogado, sino de un importe fijo que rige la primera presentación en los procesos judiciales. 7°) Que la existencia de un vínculo dependiente del letrado con el Estado Nacional al que representa (conf. Recibo de sueldo obrante a fs. 6) no resulta óbice suficiente para la aplicación del marco legal descripto que impone el pago de la estampilla referida, pues más allá de que las leyes 18.038 y 24.241 (arts. 2 y 3), comprendan a los trabajadores autónomos, el abogado interviniente está sujeto al cumplimiento de la normativa previsional local por estar matriculado en la Provincia de Salta. Por ello, se declara procedente el recurso extraordinario, se revoca la sentencia apelada y se ordena al le-

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trado del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que dé cumplimiento al pago de la estampilla previsional con destino a la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta (artículo 16, segunda parte, de la ley 48). Con costas por su orden, dada la complejidad de la cuestión debatida (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). Notifíquese y devuélvase. Firmantes: Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, Dra. Elena I. Highton de Nolasco, Dr. Juan Carlos Maqueda y Dr. Carlos S. Fayt. Recurso Extraordinario interpuesto por la Caja de Seguridad Social para Abogados de la Provincia de Salta, en calidad de tercero interesado, representada por el Dr. Abraham José Turna, en calidad de representante legal. Traslado contestado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, actor en autos, representado por el Dr. Javier Cáceres Moreno, en calidad de apoderado. Tribunal de origen: Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Tribunales que intervinieron con anterioridad: Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Salta.

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DIRECTORIO 2016-2018 Mesa Ejecutiva Presidente Dr. Daniel Mario Burke Vicepresidente Dr. Alberto Biglieri

Vicepresidente II Dr. Ricardo Gaspar Garcia

Secretario Dr. Héctor Manuel Dias

Tesorero Dr. Pedro Martín Augé

Prosecretario Dr. Aníbal Alfonso Vidal

Protesorero Dr. Marcelo Mauro Gradín

Directores Departamentales Dr. Javier G. Raidan, Dr. Marcelo A. Bianco, Dr. Raúl H. Saparrat, Dr. Gerardo R. Salas, Dr. Horacio G. Fahey, Dr. Martín Rivas, Dr. Gustavo D. Lorenzo, Dr. Rubén D. Guerra, Dr. Fernando P. Levene, Dr. Gabriel De Pascale, Dr. Diego A. Molea, Dra. María Fernanda Huerta, Dr. Carlos G. Tirrelli, Dr. Alejandro P. Vega, Dr. Ariel Fusco, Dr. Litman Carlos Malis, Dr. Jorge O. Frega, Dr. Adrián E. Villegas, Dr. Marcelo Díaz Dr. Horacio A. Obregón, Dr. Hugo Gercovich, Dr. Pablo O. Fernández, Dra. Mirta E. Fraile, Dr. Diego O. Cortes Guerrieri, Dra. Nancy M. Quattrini, Dr. Alejandro P. Alerino, Dr. Ricardo M. Magnano, Dra. Graciela E. Santaliestra, Dr. Marcelo D. Mollo, Dr. Alberto E. Chazarreta, Dra. Silvana S. Barreca


Ley 6.716 - Régimen Previsional del Abogado Ley 5.177 Ley Arancelaria para Abogados y Procuradores Funcionamiento de los colegios departamentales Fuentes Constitucionales Artículos 74, 74 bis y 75 del Código Contencioso Administrativo Normas de ética Profesional Reglamento de Directorio Apuntes de Doctrina Jurisprudencia - Action Vis

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