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REPORTAJE

VIERNES 20 DE FEBRERO DE 2015

Conflicto en La Araucanía:

Los 10 años de protección policial de

René Urban

En noviembre de 2002 la Fiscalía ordenó a Carabineros proteger al agricultor y los fundos La Romana y Montenegro —que suman 200 hectáreas— tras el incendio intencional que destruyó la casa patronal. Ambos predios son reivindicados por la comunidad Tradicional Temucuicui, quienes niegan participar en hechos delictuales, aseguran que sus demandas son legítimas y acusan ser estigmatizados.

CARLOS VÉJAR

—Hola, ¿estai solito?— le dice René Urban a un policía a cargo de su seguridad. —Sí, no hay más gente— responde el carabinero. —Nosotros vamos al campo— agrega Urban. —Voy a comunicar que usted va saliendo a Montenegro— replica el uniformado. —Ah sí puh. Había que ir a buscarlo (al otro carabinero). Pero yo no voy a ir. Es otro el acuerdo— afirma Urban, con voz hosca. Es un día de diciembre en Ercilla, comuna distante a 97 kilómetros al norte de Temuco. El cielo está gris, con algunas nubes más negras que otras. Corre un viento suave y todo indica que podría llover. A bordo de una camioneta gris, marca Volkswagen, René Enrique Urban Pagnard, de 68 años, acelera y va rumbo a La Romana y Montenegro, a ocho kilómetros de su casa, en el sector urbano de Ercilla. Ambos predios, de 140 y 60

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Trabajamos en los territorios a través de siembras e instalamos nuestros animales. Esas cosas no se dan a conocer en la prensa, sino que solo muestran la represión que sufre el mapuche a través de personal de Carabineros” ............................................. Humberto Queipul Carbone, vocero comunidad Tradicional Temucuicui (Foto: Felipe Durán)

hectáreas respectivamente, son reclamados como propios por la comunidad mapuche (gente de la tierra) Tradicional Temucuicui, compuesta por 180 familias mapuches. Este año el agricultor cumplió 10 años con protección policial. Tres sucesos son clave en esta historia: El primer incidente se registró el 25 de febrero de 2001, cuando encapuchados quemaron dos hectáreas de pino y una de eucaliptus. El 19 de noviembre de 2002 un grupo de desconocidos incendió la casa patronal en que la vivía junto a su familia, (fecha en que la Fiscalía decretó la protección policial) que construyó su abuelo Enrique Urban Heberger, quien llegó a Chile desde Suiza en 1906. Y el 9 de febrero de 2006 quedó con quemaduras en sus manos y sufrió una arritmia cardíaca, luego que 15 personas destruyeran seis hectáreas de siembra. Según la Fiscalía Regional de La Araucanía, Urban vive con alto riesgo de ser víctima de un delito violento. “Cuando empezó

el movimiento en contra de Mininco, ahí me decían que me iban a respetar, porque era bueno con ellos. Eso solo duró un par de años”, afirma. Su caso es considerado emblemático en el conflicto entre comunidades mapuches, particulares y el Estado. Todo ocurre en una zona donde, según Libertad y Desarrollo (LyD), de 1990 a la fecha se han registrado 1.330 hechos atribuibles a este tema en la Región. Para Urban, en todo caso, el tema es mucho menos teórico y más práctico: “Ahora, si se les ocurre, nos pueden hacer cualquier huevá para allá”, dice, molesto, mientras el velocímetro marca 90 kilómetros por hora. Al lugar que se desplaza —asegura— es el mismo donde han ocurrido 170 atentados en su contra. Al avanzar por el áspero camino de ripio se observan unas banderas azules en el medio del campo, con símbolos alusivos a las demandas mapuches. Hay cultivos de ave-

na y trigo. Urban señala con el dedo los cortafuegos que hizo durante las últimas semanas de noviembre. En un espacio de unos cuatro metros dejó solo tierra, para evitar que ataques incendiarios arrasen su próxima cosecha, la que realizará durante el verano de 2013 con protección policial. “Lo más preocupante de todo es que la gente siente normal esto, que a una persona le destruyan sus cosas y no dicen nada. Están más preocupados del mapuche. Los quieren tener llenos de tierra y no la trabajan. El primer oficio para hacer cualquier cosa es estudiar y prepararse: ellos no están listos para tener tierra y ejercer la agricultura”, asegura Urban, quien se tituló como técnico agrícola en el Liceo El Vergel de Angol. Tras egresar, en 1965, comenzó a trabajar en las tierras de su padre, las mismas que hoy están en disputa. Una vez en Montenegro, Urban detiene el vehículo. En la entrada del campo están los restos de su casa, calcinada en 2002 en un incendio intencional. Lo único que queda son escombros que parecen ser parte de un baño y ladrillos quebrados. Todo se confunde entre los matorrales y el pasto que creció. “Cuando quemaron la casa nos quedamos con la ropa puesta. Se fueron todos los recuerdos de familiares (...) Nos trataron de amedrentar para dejar nuestras cosas. Había una quinta con muchas frutas: nísperos, manzanas, cerezas y uvas”, explica. Tras bajar de la camioneta, abre el portón de metal. Salen unos perros famélicos, a los que se les notan las costillas. Del pickup toma un saco de avena molida para los quiltros, quienes están junto a la garita de lata de Carabineros. Durante las 24 horas el predio tiene protección policial, para evitar ocupaciones ilegales. Un galpón similar está instalado en el fundo La Romana, a unos 400 metros.

Protección policial Según el general y jefe de la Novena Zona de Carabineros, Iván Bezmalinovic, existen 50 órdenes de protección similares en toda La Araucanía, solicitadas por el Ministerio Público. “Nosotros no consideramos que esto sea un conflicto mapuche, sino que hablamos de temáticas étnicas”, sostiene. Desde la Fiscalía agregan que para cumplir este trabajo, unos 250 carabineros tienen que trabajar a diario para ejecutarlas, en un 70% destinados a la provincia de Malleco y un 30% para Cautín. “A mayor cantidad de hechos de violencia, la cantidad de víctimas aumenta y crece la necesidad de protección”, dice el fiscal regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic. En la cuenta pública 2012 del Gobierno Regional se revela que 2.515 carabineros forman la dotación total en La Araucanía, por lo que uno de cada diez policías en la zona están dedicados exclusivamente a cumplir órdenes de protección, en el contexto del


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OPINIÓN

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De conflicto a cuestión nacional Si uno viaja a La Araucanía, palabras como “conflicto mapuche”, “zona roja”y “terrorismo” se repiten en un lenguaje insertado por la clase política y los medios. Creo que estamos ante una demanda política del movimiento autonomista mapuche que no exige, sino construye en la cotidianidad una autodeterminación fundamentada por derechos internacionales, pero en la misma historia de despojo territorial y reducción sociopolítica desde la ocupación de La Araucanía. De construirse ello, bajo un diálogo real en la multiculturalidad, Chile podría resolver el que sea uno de los temas políticos más trascendentales de la transición. Cuando en los 90’ irrumpió el Consejo de Todas las Tierras, la búsqueda de crear una autodeterminación dejó de ser algo retórico. El ente creó una bandera, impuso autoridades y se insertó en las comunidades en la búsqueda de volver a mapuchizar a su sociedad chilenizada a la fuerza de las escuelas, la po-

FERNANDO PAIRICÁN, LICENCIADO EN HISTORIA Y EGRESADO DEL MAGÍSTER EN HISTORIA DE AMÉRICA DE LA UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE.

breza y una derrota frente a la expansión del Estado. El proyecto fue asumido por las generaciones jóvenes mapuche. Sin embargo, los canales políticos cerrados por la transición —principalmente por la derecha, que en el parlamento no aceptó el Convenio 169 de la OIT y tachó la palabra pueblo de la Ley Indígena de 1993— generaron un contexto para la irrupción de nuevas formas de hacer política. Ralco apuró ese proceso. Las pocas devoluciones de tierras para las comunidades crearon un vacío político, que en parte fue copado en diciembre de 1997, cuando tres camiones de forestal Arauco fueron incendiados en Lumaco. Este hecho, y el nacimiento de nuevas organizaciones mapuche cerraron un primer ciclo por la demanda de la autodeterminación. Al poco tiempo nació la Coordinadora Arauco Malleco, que unió distintos tipos de mecanismos políticos para concretar

el proyecto autodeterminista. Paralelamente surgió la Identidad Territorial Lafkenche, que en conjunto con utilizar las recuperaciones de tierras, también se insertó en la legalidad de la transición: su principal triunfo fue la alcaldía de Tirúa. Distintas formas y subjetivida-

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Lo que se ha calificado como conflicto, desde el prisma de los indígenas, no es más que la cimentación de una utopía: la reconstrucción de un país mapuche”.

des se proyectaron detrás de un objetivo: reconstruir lo que llamaron Wallmapu (País Mapuche). El ciclo terminó a fines de 2002, cuando el Presidente Ricardo Lagos re-

conoció una deuda en Verdad Histórica y Nuevo Trato, al mismo tiempo que encaminó la “Operación Paciencia”, trabajo de inteligencia y judicial que terminó con comuneros y dirigentes, principalmente de la CAM, procesados por la justicia. A esto se suma la muerte de Álex Lemun, un comunero de 17 años. Tras esto surgieron el Partido Mapuche Nacionalista Wallmapuwen y la Alianza Territorial Mapuche (2005), las cuales se unieron a las ya existentes. Todas se autodefinieron como autonomistas, mientras había un florecimiento intelectual de poetas, historiadores y muralistas que profundizaron la demanda. No era algo aislado, era consistente. Lo que se ha calificado como conflicto, desde el prisma de los indígenas, no es más que la cimentación de una utopía: la reconstrucción de un país mapuche, mirando las experiencias de Europa y latinoamérica, en concordancia con las particularidades de la Región. n

conflicto. Es una labor no exenta de riesgos. El pasado domingo 16 de diciembre, dos carabineros fueron heridos por desconocidos con disparos de escopeta, en un incidente que las autoridades calificaron de “emboscada”. Según el boletín de la Fiscalía Regional, entre enero y junio de 2012, ingresaron 34.986 denuncias. De ese total, 127 casos —entre enero y mayo, según lo recopila LyD del Barómetro de Conflicto con Connotación Indígena— corresponden a investigaciones por hechos vinculados al tema. Es decir, un 0,36% de todos los ilícitos. Pese a las estadísticas, Ljubetic estima que es el tema más grave de la Región: “Son ataques selectivos. Tienen la seguridad y certeza que cumplirán el fin. Desde esa lógica, que en un momento fue denominado como guerrilla rural, nos permite saber que hay grupos que están actuando con un carácter paramilitar”.

Tierras ancestrales Humberto Queipul es el hermano de Mijael Carbone Queipul, werken (portavoz) de la comunidad Tradicional Temucuicui y quien está en la clandestinidad desde el 23 de agosto. Accedió a esta entrevista el martes 11 de diciembre, antes de viajar a Santiago para conocer la sentencia de un recurso de nulidad a favor de Carbone, condenado por el Tribunal Oral en lo Penal de Angol a siete años de cárcel por homicidio frustrado en contra de efectivos de Carabineros. El supuesto hecho ocurrió al interior de los predios de Urban, el 25 de mayo de 2011. Él relata por qué consideran legítimas sus demandas: “El Estado chileno les brindó un porcentaje de territorio a colonos, los que fueron robados al pueblo mapuche. Actualmente nos centramos en los predios de René Urban, porque nuestra intención es recuperar territorio. No podemos seguir militarizados, ya que en este momento está la policía en La Romana y Montenegro. No llevamos una vida tranquila”. Queipul, quien asume la vocería de su comunidad, tiene 23 años. En sus manos tiene un celular con el que se comunica para saber los detalles de lo que ocurrirá al día siguiente en la Corte Suprema. Tiene pasaje para las 10 de la noche a Santiago y el trayecto desde la comunidad hasta Ercilla, donde tomará el bus, lo hará pie. La última vez que lo hizo se demoró 25 minutos en recorrer los 11 kilómetros por el camino vecinal, entre Temu-

cuicui y el pueblo. Explica que actualmente no tienen ninguna relación con Urban y culpa a los medios de comunicación y al Estado de estigmatizar la zona como violenta, y a ellos, como autores de hechos delictuales. “Esto, por ejemplo, pasó en un capítulo del programa Informe Especial de TVN (emitido el 21 de octubre), donde se repitió el concepto de zona roja. Yo creo que esta es una zona verde, que está llena de carabineros, civiles y pinos. En ningún momento ha existido matanzas ni uso de armamento. Los únicos que han muerto son peñis (hermanos). Si ha Temucuicui lo apuntan por muchas cosas que han pasado, es porque hemos tenido una capacidad de resistencia enorme”, dice. A los muertos que se refiere Queipul son Jaime

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Antes de volver desde el campo, René Urban sacó a tres vacunos de Montenegro que no eran suyos y los dejó en un predio aledaño. Los arreó en su camioneta y a pie”.

Mendoza Collío (2009), Matías Catrileo Quezada (2008) y Alex Lemún Saavedra (2002). Según todas las indagaciones, los tres jóvenes murieron baleados por policías. Y el 2 de abril falleció el sargento segundo Hugo Albornoz Albornoz, quien recibió un

impacto de bala en su cuello. El hecho ocurrió en un allanamiento a la comunidad Wente Winkul Mapu de Ercilla. La investigación de la Fiscalía, a cargo del abogado Luis Chamorro, confirmó que el disparo no provino de otro efectivo policial y se desconoce el autor del crimen. Sobre las ocupaciones de terreno que tienen en La Romana y Montenegro, Queipul asegura que ellos lo hacen de forma pacífica. Ejemplo de esto fue lo ocurrido durante septiembre, cuando ingresaron a La Romana con un tractor: “Trabajamos en los territorios a través de siembras e instalamos nuestros animales. Y esas cosas no se dan a conocer a través de la prensa, sino que solo muestran la represión que sufre el mapuche a través de Carabineros”. Un informe publicado en abril de 2012 por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica que si bien aumentó la cantidad de tierras de la comunidad —a partir de 2001, luego de la compra del ex fundo Alaska a la forestal Mininco (1.926,5 hectáreas a $1.348 millones)— la calidad de vida de las familias de Temucuicui no cambió. “Las tierras que la Conadi ha entregado a las comunidades (…) están altamente degradadas y son poco productivas. Al no existir programas de apoyo técnico, crediticio y técnico para su recuperación, no contribuyen de manera efectiva a asegurar la supervivencia de la población”, explica el documento de 159 páginas. El 18 de diciembre Mijael Carbone dejó la clandestinidad, tras estar cuatro meses prófugo. La Corte Suprema determinó anular el juicio por considerar insuficientes las pruebas que presentó el Ministerio Público. “Se han vertido afirmaciones desprovistas de fundamento y como resultado de ello, ha quedado como único argumento lo dicho por tres funcionarios policiales, que afirman haber visto a un sujeto que vestía igual a como lo hacía el acusado momentos antes, razonamiento que riñe con las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia”, establece la sentencia de la Suprema. El nuevo juicio se realizará el 18 de febrero de 2013 en Angol.

Alimentado por mapuches Antes de volver del campo, René Urban saca a tres vacunos de Montenegro que no eran suyos y los deja en un predio aledaño. Los arrea en su camioneta y a pie. Ahora está más relajado, en el living de su casa. En un costado hay una mesa con unos 20 trofeos, los que ganó gracias a su participación en actividades deportivas. Su buen estado físico y el metro 97 de esta-


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Según Carabineros, en toda la región ejecutan 80 órdenes de la Fiscalía, consistentes en patrullajes constantes por sectores rurales. En la fotografía, captada en las cercanías de la comunidad José Guiñón de Ercilla, están los restos de un minibús, que fue atacado por un grupo de desconocidos. Al momento de registrar la imagen, los funcionarios que iban en el vehículo policial consultaron al reportero qué estaba haciendo en la zona y le recomendaron “tener cuidado”.

tura le ayudaron a ser parte de selecciones de básquetbol, donde representó a combinados de Ercilla, Victoria, Angol y Collipulli, incluso en campeonatos nacionales. También practicó atletismo y rodeo. En las paredes, donde también hay un retrato del fallecido general Augusto Pinochet, tiene galvanos con figuras de caballos, que recuerdan su participación —tanto competitiva como en organización— en el deporte ecuestre. Esa pasión por los caballos, dice Urban, la heredó de Enrique Urban Schaffner, su padre, quien nació en el fundo Montenegro el 28 de enero de 1916. Según él su familia nunca tuvo un problema con las comunidades mapuches: “A mi abuela la atendieron las parteras de la zona. Como tuvo problemas de leche, algunas señoras que tenían guaguas le daban de amamantar. Sé que tomó leche de vecinas mapuches. Como mis abuelos no hablaban español, los ayudaron mucho”. “Yo no tengo nada que ver con el tema de tierras en esta zona, vengo del gremio de los camiones, del transporte”, dice Alejo Prais, vocero de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural (AVVR), y quien perdió un camión de $140 millones en enero de 2008 tras un ataque incendiario en la Ruta 5 Sur. La ONG, que se formó en septiembre, tiene como fin asesorar a las personas que sean víctimas de delitos violentos, en el marco del conflicto, desde tres ámbitos: social, legal y comunicacional. Lo último es clave según Prais: “Creo que hay un apoyo extranjero. Las cabezas pensantes no son de la etnia, sino gente de afuera

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que está haciendo su trabajo acá”. Un total de 72 millones de pesos anuales son los que proyectan que requerirán para financiar el trabajo de la AVVR. Con ese dinero financiarán los sueldos de un periodista, un abogado y un trabajador social. Prais agrega que necesitarán un vehículo para movilizar a los profesionales una vez que ocurra un hecho de violencia. Ahora están en esa fase, de buscar el presupuesto. A la fecha tienen 100 socios, entre agricultores y transportistas.

En la ciudad El 6 de diciembre asumió su segundo periodo como alcalde José Vilugrón (UDI). Una hora antes de que se realizara la ceremonia, en el gimnasio municipal, habían seis vehículos de Carabineros afuera: dos “zorrillos”, un “guanaco” y un microbús para trasladar eventuales detenidos por parte de Fuerzas Especiales. Y una camioneta de Collipulli y otra de la prefectura de Malleco. A 50 metros del gimnasio se ve un rayado que dice: “Libertad a los presos políticos mapuche”. Un grupo de vecinas murmura al ver la presencia policial. Una de ellas dice: “Ojalá no pase nada”. En efecto, el acto fue tranquilo. Se presentó el alcalde y los seis concejales de Ercilla. Ninguno tiene apellido mapuche. Según el Censo de 2002, la comuna tiene un 46,7% de población indígena, de un total 9.041 personas. En el primer discurso Vilugrón se refiere a los desafíos en materia de educación, salud y la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, no hay

No queremos que Ercilla salga más en las páginas rojas de los medios de comunicación”.

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JOSÉ VILUGRÓN, ALCALDE

Hay grupos que están actuando con un carácter paramilitar en La Araucanía” FRANCISCO LJUBETIC, FISCAL REGIONAL

mención al conflicto que se vive en su comuna. Ni tampoco a la presencia policial. El único que rompe el protocolo es el concejal DC Jorge Sougarret. Cuando tiene que jurar, toma el micrófono y pide un minuto de silencio por Héctor Gallardo Aillapán, quien murió asesinado de tres balazos el 2 de septiembre, cuando intentaba defender la casa de su hermano Ismael. Tres encapuchados exigían armas y dinero. “Él era una persona humilde que con

esfuerzo progresaba. Por cosas que pasan en la vida, a él lo mataron. Queda una familia, sus cuatro hijos abandonados. Yo no entiendo que pasen estas cosas, que se confunda el conflicto mapuche y la solicitud de tierras con actos delictuales”, afirma. La tesis de la relación entre la muerte de Gallardo Aillapán y los hechos de violencia asociados al conflicto la comparte el fiscal regional Francisco Ljubetic: “Fue un robo que terminó en algo más grave”. Una vez terminada la ceremonia, Vilugrón acepta contestar preguntas. Respecto a la fuerte presencia policial dice que no tiene relación con posibles protestas de comuneros. “Antes eran los mapuches, ahora son fanaticadas de algunos candidatos que quedaron en el camino”, asegura. Respecto a la situación de los predios La Romana y Montenegro, los 10 años de protección policial de René Urban y las demandas de Temucuicui, el alcalde dice que eso es materia de Estado y que ellos como municipio pueden funcionar como puente para el diálogo. “No queremos que nunca más la comuna de Ercilla salga en las páginas rojas de los medios de comunicación, sino la paz social que merecemos”, dice. Intentamos obtener la versión del Gobierno Regional sobre el tema. Se nos pidió enviar por correo electrónico un cuestionario de preguntas, el que al cierre de este reportaje aún no era contestado. Y desde comunicaciones de la Conadi —quienes llevan los procesos de compra de tierras— se comprometieron a responder por teléfono. Tampoco se concretó. n

›› Cuatro miradas sobre cómo terminar la problemática:

Hernando Silva, abogado de la ONG Observatorio Ciudadano “El Estado debería hacer uso de una herramienta, que contempla el ordenamiento jurídico, que es la expropiación, mediante la cual en función del interés nacional podría resolver la situación de conflictividad. Habría una cancelación de un monto de mercado a los particulares titulares por estos predios. Esto generaría controversia por la clase política chilena, que tiene una postura más bien cercana a los gremios, latifundistas, agrícolas y forestales que habitan la Región. Aquí hay una situación de interés público, que surge de un actuar del Estado que usurpó y privó de la propiedad de las tierras a las comunidades indígenas”.

Gonzalo Arenas, diputado de la UDI por IX Región Norte

Eugenio Tuma, senador del PPD por la IX Región Sur

“Proponemos un ‘Acuerdo de Ercilla’, que solucione el tema de forma global y que tiene que referirse no solo al problema de tierras, sino incorporar los derechos políticos, sociales y culturales. En parte esto se ha logrado con la instauración de un Área de Desarrollo Indígena (ADI) en Ercilla. Creo que el ‘Acuerdo de Ercilla’ se ha cumplido más menos en esta mesa de diálogo, que tiene poder resolutivo, como una nueva forma de relación entre el Estado y el pueblo mapuche. La lógica de los grupos extremistas es evitar el diálogo, y por eso, se empeñan en sus actos violentos”.

“El conflicto mapuche es un problema político, pero el foco sigue siendo policial: No se resuelve con más asistencialismo y programas. Debe mejorar caminos, hacer hospitales, escuelas, fomento productivo y restituir tierras que están establecidas en la ley como un derecho y no como beneficio. El conflicto de La Araucanía es un proceso histórico y quienes sí vivimos en la Región sabemos de su complejidad. El Estado de Chile ha dado respuestas erráticas por muchas décadas, atacando las consecuencias y no el problema de fondo, cometiendo muchas equivocaciones, incluidos los gobiernos de la Concertación”.

Corte Interamericana de DD.HH. por litigio entre indígenas de Nicaragua con el Estado En la década del 90’ Nicaragua le dio un permiso a la compañía Solcar para explotar madera en territorios ancestrales de la comunidad Awas Tingni. En 1995 los indígenas presentaron un recurso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2001 se dictó sentencia, que afirma que el Estado violó derechos de propiedad. “El Estado debe adoptar en su derecho interno (...) medidas legislativas, administrativas y de cualquier otro carácter que sean necesarias para crear un mecanismo efectivo de delimitación y titulación de las propiedades de las comunidades indígenas, acorde con el derecho consuetudinario, los valores, usos y costumbres de éstas”, dice el fallo”.


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