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TRIBUNA Por Carles Campuzano*

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n fantasma recorre la península, el fantasma de la intervención por parte del Gobierno a una comunidad autónoma. La sistemática y continuada campaña contra las comunidades autónomas parece que debe tener su punto culminante en la asunción por parte del Gobierno central del control efectivo de una comunidad. No sabemos cuál, pero se nos ha dicho por tierra, mar y aire en los últimos años, que es el descontrol del gasto autonómico, uno de los principales factores de desconfianza de los mercados respecto a la capacidad de España para cumplir con sus compromisos europeos en materia de reducción del déficit público. Esta es una idea que se ha asumido por determinada prensa internacional, influyente, sin lugar a dudas. Y también ha impactado en importantes sectores de la opinión pública del conjunto del Estado. Todo ello, en el contexto de la decisión de Madrid de actualizar la distribución del déficit público entre las distintas administraciones. Efectivamente esta última actualización ha supuesto una nueva vuelta de tuerca para las comunidades autónomas, que deberán reducir en más de 6.600 millones de euros de los previstos, su déficit contemplado para 2013. Por otra parte, la aprobación de unos Presupuestos Generales para 2012 y previsiblemente para 2013, que dejan prácticamente liquidadas la financiación del Estado para las políticas de empleo, la atención a la dependencia, o las políticas de integración de la inmigración, al abandonar o reducir substancialmente sus aportaciones a estas políticas, supone más presión a los gobiernos autonómicos y una mayor degradación de su solvencia frente a los ciudadanos. Esta

es una situación que nos hace pensar que estamos frente a una verdadera profecía autocumplida. El Gobierno Rajoy hace recaer de manera desproporcionada el ajuste a las comunidades autónomas, que gestionan el gasto social estructural, sin margen de tiempo para reformas inteligentes de mejora y ahorro de los servicios públicos, y al mismo tiempo deja más inermes a las comunidades autónomas para gestionar los impactos sociales de la crisis, especialmente todo aquello que se deriva del masivo desempleo y el brutal incremento de la pobreza. Las Comunidades Autónomas se ven obligadas a suplicar avances de financiación del Estado para hacer frente a sus graves problemas de tesorería, o a solicitar préstamos para pagar sus deudas con proveedores, y todo ello sin conseguir reducir sus niveles de déficit ni poder cumplir con sus responsabilidades. La situación empieza a ser insostenible. Alentada y auspiciada desde hace años por algunos medios de comunicación con sede en Madrid, construida desde la FAES desde un punto de vista ideológico, y asumida tácitamente por influyentes sectores de la izquierda española, la campaña contra el modelo autonómico parece tener éxito. Las condiciones políticas parecen darse para la intervención. Incluso alguien podría tener la tentación de pensar que es conveniente y pretender lanzar un mensaje de firmeza a los mercados con la decisión de intervenir una comunidad autónoma. Ahora bien, la puesta en marcha de una intervención, que es una medida prevista en el artículo 155 de la Constitución, y que tiene un marcado carácter excepcional, sería un grave error del Gobierno, de consecuencias imprevisibles.

F. MORENO

Un fantasma recorre la península

En una Catalunya con alto nivel de conciencia nacional y en un estado de desafección en aumento respecto del proyecto español, la intervención con que amenaza Montoro abriría la confrontación social y política

De entrada, expresaría frente a los mercados, una enorme debilidad, ya que implicaría asumir un nivel de gravedad de la situación superior al previsto y al asumido hasta el momento; estaríamos frente a un verdadero estado de excepción: Y todo ello sin que, además, la decisión de intervenir ahora una comunidad en concreto, evitase continuar deteriorando la valoración internacional de la economía española. Seguramente los mercados exigirían más todavía,… Pero es que las reacciones sociales que una medida de este tipo podría implicar son altamente arriesgadas para el Gobierno popular. Quizás en otros territorios, con un nivel de autorreconocimiento más débil, una intervención de este tipo podría ser soportada, o incluso aplaudida, pero en Catalunya, con un alto nivel de conciencia nacional, y en un estado de desafección en aumento respecto del proyecto español, la confrontación social y política estaría abierta. Democráticamente y pacíficamente, las instituciones políticas y sociales catalanas rechazarían de pleno dicha medida. Pocas razones quedarían en Catalunya para asumir la legitimidad de las instituciones españolas. Catalunya ha asumido, a través de su Gobierno, la realización de importantes sacrificios para con sus ciudadanos, al asumir la lógica de la austeridad y el rigor que Europa nos ha impuesto. Fue la primera en ejecutar dolorosas medidas en ámbitos sensibles de sus políticas públicas y en priorizar el cumplimiento de la reducción del déficit público, pero las deslealtades del Gobierno español no pueden llevar en ningún caso a liquidar nuestro autogobierno. Todo lo contrario. ● * Diputado por CiU en el Congreso de los Diputados. nº 971. 7–13 de mayo de 2012

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