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Retrasos en el acceso a los Servicios Sociales públicos y a las prestaciones económicas

Retrasos en el acceso a los Servicios Sociales públicos y a las prestaciones económicas Equipo transversal de análisis de la realidad (ETAR)

Servicio de Estudios Sociales. Gestión del Conocimiento. Caritas Diocesana de Zaragoza 2 de diciembre de 2011 1


Retrasos en el acceso a los Servicios Sociales públicos y a las prestaciones económicas

Contenido

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Acceso a los Servicios Sociales Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Prestaciones y ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) . . . . . . . . . . . . . . . 5 Impedimentos, trabas e incidencias en la tramitación de prestaciones económicas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Prácticas detectadas que buscan una más rápida y mejor atención . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 La Ayuda de Integración Familiar (AIF). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Las Ayudas de Urgente Necesidad (AU). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Consecuencias de los retrasos en las personas atendidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Consecuencias de los retrasos en el modo de intervención de los profesionales de los servicios sociales generales públicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Consecuencias de los retrasos en el modo de intervención de los agentes de Cáritas Diocesana de Zaragoza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Propuestas de actuación desde Cáritas para mejorar el acceso a las prestaciones económicas públicas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

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Introducción Desde el año 2008 son numerosos los estudios realizados y desde variadas perspectivas de análisis sobre las consecuencias de la crisis económica en la ciudadanía. El Colectivo IOE1, a partir de la evaluación del Barómetro Social de España (1994-2009) realiza una excelente síntesis de los principales y paradójicos efectos sociales de la crisis. Por un lado, expone, se ha producido una fuerte destrucción de empleo que ha implicado un incremento de las tasas de pobreza con un aumento de la desconfianza en las instituciones políticas. Tras el pinchazo de las burbuja inmobiliaria y financiera, se han revalorizado en un primer momento las rentas salariales y el acceso a la vivienda, si bien varios de los indicadores analizados apuntan a una salida regresiva de la crisis, con mayor desigualdad y unas políticas sociales que pese a resistir el envite hasta 2009 presentan tendencias menguantes en su capacidad protectora (Colectivo IOE, 2011). Por su parte, Miguel Laparra y Begoña Pérez (2010)2, ponen el acento en el aumento de la vulnerabilidad y las desigualdades sociales durante el periodo 2009-2010 respecto a los dos años anteriores. No sólo aumentan en extensión las situaciones de pobreza y exclusión en España, sino que además las condiciones de vida de las personas en estas situaciones han empeorado. Es más, en tan sólo dos años (2007-2009) apreciaron algunos cambios en la movilidad social de algunos sectores a raíz de la crisis económica: la integración estable disminuyó, aumentó considerablemente la integración precaria y, de forma más leve, la exclusión moderada y la severa.

Incidencia de la exclusión social en España bajo el contexto de la crisis (2007 y 2009)

Fuente: Encuestas FOESSA 2007/09 en Laparra y Pérez (2010)

1

Colectivo IOE (2011) “Efectos sociales de la crisis. Una evaluación a partir del Barómetro. En Papeles de relaciones ecosociales y cambio global” (Fuhem-CIP, Icaria). No 113, pp. 177-188.

2

Laparra, M. y Pérez, B. -coord- (2010) “El primer impacto de la crisis en la cohesión social”, Madrid. Fundación FOESSA Cáritas Editores.

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Ante el impacto de la crisis y del desempleo (con la consiguiente pérdida de derechos de protección que se reconocen a través del contrato laboral) las redes sociales y sobre todo las familias, continúan teniendo un rol amortiguador fundamental: en la búsqueda de apoyo económico, en el sostén emocional y en otros tipos de ayuda. La crisis ha puesto en evidencia también la debilidad de un sistema de protección inacabado y fragmentado, muy basado en la contribución previa y que da lugar a niveles de protección social muy diversos entre la población de las diversas comunidades autónomas e incluso entre municipios o barrios de residencia. Aterrizando en nuestra realidad más cercana, en Cáritas Diocesana de Zaragoza, tres años después del comienzo de la crisis económica, contemplamos una vez más como continúa habiendo retrasos en el acceso a los Servicios Sociales públicos y en la tramitación de las principales prestaciones económicas que éstos gestionan. Lamentablemente el tema no es novedoso, como bien reflejan las múltiples apariciones en prensa por parte de Cáritas Diocesana de Zaragoza, denunciando tal circunstancia. La cobertura de carencias económicas y la tramitación de prestaciones es uno de los ámbitos predominantes de actuación de los Servicios Sociales pero no el único. Sin embargo, volvemos a analizar este tema, dada la persistencia e incluso el agravamiento de las deficiencias y disfunciones detectadas, sobre todo, por las nefastas consecuencias que estos retrasos están generando en las personas que están en situación de precariedad o exclusión social en la diócesis de Zaragoza. El Informe tiene por tanto el objeto de describir y analizar la situación descrita en base al estudio de datos cuantitativos y cualitativos, obtenidos a través del contraste de diversas fuentes de información tanto de agentes de Cáritas Diocesana de Zaragoza como externos a la entidad. El trabajo de campo se llevó a cabo entre el 30 de septiembre y el 10 de octubre de 2011. En un primer momento, se realizaron 24 entrevistas semiestructuradas a 25 técnicos de Intervención Familiar y Acción Especializada, obteniéndose información de todos los Centros Municipales de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y de los siguientes Servicios Sociales de Base (SSB) públicos en el ámbito territorial de la diócesis de Zaragoza: Caspe, Ribera Alta del Ebro, Cariñena, Barrios Rurales de Zaragoza zona norte, Valdejalón, Ejea de los Caballeros, Épila, Bajo Gállego, Fuentes de Ebro, Ribera Izquierda del Ebro, María de Huerva, Tauste, Utebo, Matarraña, y Alcañiz. La aplicación del cuestionario permitió ir recopilando información cuantitativa y cualitativa, así como que los entrevistados dieran cuenta de su análisis respecto a las dificultades detectadas y planteasen propuestas de futuro para superarlas. Paralelamente se aplicaron diversas entrevistas a informantes cualificados de diversas Administraciones Públicas y entidades sociales.

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Posteriormente se elaboró un documento preliminar que fue presentado para su contraste, reflexión y debate en el Equipo Transversal de Análisis de la Realidad de Cáritas Diocesana de Zaragoza. Este informe por tanto, es un documento de consenso elaborado por el


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Servicio de Estudios Sociales y resultado de un proceso de análisis y reflexión compartida de los diversos agentes de Cáritas Diocesana de Zaragoza sobre los “Retrasos en el acceso a los Servicios Sociales públicos y a las prestaciones económicas” en nuestra diócesis.

Acceso a los Servicios Sociales Generales El tiempo que transcurre desde que una persona acude a los Servicios Sociales Generales3 hasta que se le concede la primera cita, continúa teniendo en el conjunto de la diócesis un retraso medio de 2 semanas que oscila entre las 0 y las 9 semanas, cifra similar a la de diciembre de 2010. Retrasos desde que se acude al Servicio Social hasta la primera cita (en semanas)

Como puede observarse en la tabla, los Centros Municipales de Servicios Sociales (CMSS) de Zaragoza capital son los que más cúmulo de retraso mantienen en promedio. La evolución de los retrasos el acceso a la puesta de entrada del sistema Público de Servicios Sociales es variable, pues algunos han reducido los tiempos de espera para la primera cita en 2010 y otros la han aumentado. Es novedoso que en algunos barrios rurales comienzan a producirse retrasos. Otra práctica que ha comenzado a producirse durante el último año, aunque minoritaria son algunos CMSS donde no existe un sistema de cita previa programada sino que en el mismo día en que se realiza la atención al público se da cita a 10 personas. Aquellas que no son atendidas han de volver a intentarlo en el día siguiente que la trabajadora social atienda al público en ese CMSS. Este sistema aunque no genera listas de espera manifiestas impide la atención urgente y prioritaria de algunos casos que por sus específicas circunstancias (movilidad, autonomía o personas a cargo) no puedan acudir temprano a la solicitud de cita en el mismo día que se atienda al público.

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Estos son los anteriormente conocidos como Servicios Sociales Comunitarios: Centros Municipales de Servicios Sociales en Zaragoza capital y Servicios Sociales de Base en el resto de municipios de la diócesis.

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Prestaciones y ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) El siguiente gráfico, muestra la evolución de las principales prestaciones económicas del IASS en la última década. En ella se observa el exponencial incremento del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) y la Ayuda de Integración Familiar (AIF) en el año 2009 y 2010. En el resto de prestaciones las oscilaciones en el número de beneficiarios han sido escasas, destacando una leve tendencia al decrecimiento de los beneficiarios de la Prestación No Contributiva de Invalidez. Evolución de los beneficiarios de las prestaciones y ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Aragón.

Jubilación no contributiva

Invalidez

Ingreso Aragonés de Inserción (IAE)

Ayudas de integración Familiar

Ley Estatal de Integración Social de Minusválidos

Becas en centros de Servicios Sociales

9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fuente: IAEST. Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

El número de beneficiarios de IAI en los últimos tres años (2008, 2009 y 2010) casi se han triplicado, pasando de 911 en 2008, a 1.766 en 2009 y 3.382 en 2010. En el caso de la Ayuda de Integración Familiar, el incremento en el mismo periodo temporal ha supuesto casi duplicar sus beneficiarios en tres años. En 2008 esta ayuda fue percibida por 1.898 familias, en 2009 por 3.063 y en 2010 por 5.246. La siguiente tabla muestra con detalle los datos de beneficiarios e importes medios anuales de las prestaciones económicas durante el año 2010. En ella se muestra la gran disparidad de intensidad protectora de las diversas prestaciones económicas, entre las que destacan las escasas cuantías de la Ayuda de Integración Familiar. 6


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Beneficiarios e importe medio de ayudas del Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Año 2010.

*Prestaciones de la Seguridad Social gestionadas por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Fuente: IAEST. Instituto Aragonés de Servicios Sociales.

Impedimentos, trabas e incidencias en la tramitación de prestaciones económicas públicas Las elevadas tasas de desempleo, así como las carencias del sistema de prestaciones de desempleo en España en general y en Aragón en particular, han obligado a muchas familias, con serias carencias en sus ingresos económicos, a acudir por primera vez a los Servicios Sociales. Así pues se ha producido un incremento progresivo y continuado desde el comienzo de la crisis de la demanda de acceso de los ciudadanos a los Servicios Sociales públicos y privados. Como ya hemos constatado en otros informes, la puerta de entrada al sistema público de Servicios Sociales (CMSS y SSB) continúa colapsada por su falta de adaptación a tal incremento de demanda. Esta situación es especialmente gravosa en el caso de los CMSS, donde son muy escasos los cambios en su estructura organizativa y de funcionamiento así como en la adecuación de los recursos humanos necesarios para una mejor atención a los ciudadanos de estos servicios públicos. En este contexto, se están detectando una serie de incidencias en el funcionamiento de la tramitación de prestaciones económicas de los Servicios Sociales Públicos que retrasan la percepción de ayudas económicas. Se exponen a continuación las principales incidencias detectadas por los agentes de Cáritas:

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■ Disparidad de criterios de los CMSS y SSB o de algunos profesionales en la interpretación de los requisitos a cumplir para poder ser beneficiarios de las prestaciones económicas que gestionan. El 90.5%4de las personas entrevistadas detectan diversidad de criterios en la valoración, tramitación y concesión de prestaciones económicas, sobre todo en la gestión de las Ayudas de Urgencia tanto en los CMSS del Ayuntamiento de Zaragoza como en los SSB. Exponemos algunas de ellas, si bien serán desarrolladas más en profundidad en el respectivo apartado. Dependiendo del Servicio Social de referencia o del profesional asignado se cubren o no los conceptos de alquiler, realquiler, luz, agua o material escolar. Existe también diversidad para el establecimiento de cupos máximos de Ayuda de Urgente Necesidad por usuario al año: topes máximos por concepto y año así como importes máximos de Ayudas de urgencia por usuario al año. También se detecta disparidad de criterios en la valoración de los ingresos económicos, la situación legal o el tipo de hogar al que pertenecen los solicitantes de diversas prestaciones económicas. En todo caso, se consideran que los criterios varían más entre los propios profesionales que entre los CMSS o SSB donde están ubicados. Sin embargo, aun habiendo disparidad de criterios profesionales se detecta cierta tendencia generalizada a priorizar el menor gasto posible por parte de la Administración Pública. Cuando se ha llegado a un tope de ayudas y se observa una cobertura parcial e insuficiente de las necesidades económicas de las personas atendidas es bastante frecuente la derivación (formal o informal) a Cáritas u otras entidades del Tercer Sector. ■ No tramitación de otras ayudas cuando se es perceptor con anterioridad de una prestación económica determinada. Esta incidencia la detectan el 80% de los entrevistados. En general se busca la combinación y tramitación de ayudas económicas que mejor cubran las necesidades económicas de la familia. Sin embargo existen excepciones entre las que destacan: • No tramitar la Ayuda de Integración Familiar (AIF) si ya se ha tramitado el Ingreso Aragonés de Inserción (IAI), cuando el usuario carece de ingresos económicos suficientes de manera periódica y a pesar de las demoras del IAI. Es de señalar que la legislación vigente no impide la solicitud de ambas prestaciones sino el pago concurrente de las mismas. • Por otra parte, suele ser una práctica habitual el no tramitar Ayudas de Urgencia cuando exista alguna prestación económica periódica, sobre todo el IAI. En general, se considera adecuado este criterio, siempre y cuando se tenga la flexibilidad suficiente de valorar la idoneidad de un apoyo puntual y extraordinario en situaciones sobrevenidas que requieran de ayudas económicas urgentes.

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El porcentaje de respuesta se refiere al total de técnicos que tienen información y contacto frecuente con los CMSS y SSB.


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■ Alargamiento de plazos de resolución por requerimientos de documentación complementaria. Los entrevistados detectan esta incidencia en un 75%. Se produce especialmente en las prestaciones económicas que se resuelven por el Instituto Aragonés de Servicios Sociales. Fundamentalmente se realizan requerimientos administrativos a causa de la pérdida de algún documento por parte de la Administración y porque se considera que la documentación no es suficiente para acreditar el cumplimiento de los requisitos de las ayudas económicas. Posteriormente, se detallarán algunas situaciones específicas del IAI y de la AIF. ■ Tramitación de ayudas de inferior cuantía económica y periodicidad de las que les correspondería al usuario. Tampoco puede considerarse que sea una práctica generalizada, siendo detectado en un 55% de los técnicos, pero si existen algunas incidencias significativas como: • Tramitación de la Ayuda de Integración Familiar (AIF) a pesar de cumplir los requisitos del Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) por resultar menor gasto a la Administración Pública. • No tramitación del IAI si se sospecha que hay ingresos en la unidad familiar procedentes de la economía sumergida. En este sentido, hay que tener en cuenta que muchos casos podrían ser denegados por este motivo ya que, ante la falta de empleo en el mercado de trabajo muchos susceptibles perceptores suelen tener ingresos procedentes de la economía sumergida. De hecho, si no fuera por estas actividades fuera de la economía formal, muchas familias no podrían subsistir sólo en bases a la ayuda informal de la red social, en el caso de que ésta exista. ■ Retrasos en la resolución de ayudas económicas con valoración técnica completa por falta de presupuesto (81,3%) y retrasos en el pago de resoluciones aprobatorias de ayuda por falta de presupuesto. (53,8%). durante los meses de verano de 2011 hubo un parón en la resolución del IAI que afectó a numerosas personas que lo habían solicitado en los primeros meses del año. Posteriormente el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) realizó una ampliación presupuestaria en la partida correspondiente, y al menos en la Dirección Provincial de Zaragoza, reforzó el personal para una más ágil resolución de la prestación. De todas formas estas mejoras no son suficientes para solventar los retrasos, ya acumulados, desde el comienzo de la crisis económica. En ayudas económicas dependientes de la Administración Local, son de resaltar los enormes retrasos del año 2011 en la firma de los convenios de colaboración entre el IASS y las comarcas y municipios aragoneses lo que ha supuesto la inexistencia de presupuesto para Ayudas de Urgencia en numerosos pueblos de la provincia hasta mediados de año. ■ Por último, la saturación de la demanda de los usuarios a los Servicios y la burocratización del procedimiento administrativo impide, en ocasiones, una valoración adecuada de las necesidades de los usuarios. Se sobredimensiona excesivamente la comprobación de cumplimiento o no de los requisitos para acceder a las prestaciones

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en base a documentación presentada que no siempre refleja la situación actual de los solicitantes, olvidando en algunos casos el espíritu normativo de la legislación. Esto ocurre, por ejemplo, cuando para comprobar la existencia de un menor a cargo de un adulto no basta con el libro de familia y el empadronamiento (documentación suficiente para la solicitud de inscripción en los centros educativos de la comunidad autónoma) sino que se requiere de la presentación del Documento Nacional de Identidad, o en su caso, el Número de Identificación de Extranjero (original, ya que, en algunos casos, el resguardo no ha sido considerado válido). Estos requerimientos no sólo alargan innecesariamente el ya de por si largo procedimiento administrativo sino que su no presentación en el tiempo estipulado puede suponer la denegación de la prestación económica solicitada.

Prácticas detectadas que buscan una más rápida y mejor atención El 95% de los entrevistados han manifestado cómo desde los Servicios Sociales Generales se buscan formas para una mejor atención al ciudadano así como una tramitación más ágil de las prestaciones económicas existentes. Son muchas y variadas las prácticas que persiguen este objetivo. Algunas de las más frecuentes son: el día que van a pedir cita entregarles una hoja informativa con la documentación que han de llevar en la primera cita, no paralizar procesos por falta de información, si falta en el momento de la cita alguna documentación no exigirles solicitar nueva cita para entregarla, buscar “huecos” en su apretada agenda para realizar gestiones pendientes con los usuarios, etc. Estos procesos se aceleran todavía más, si son casos conocidos previamente o existen profesionales de otras entidades acompañando a los usuarios en el momento de la solicitud de las prestaciones económicas. Además, destaca cómo algunos profesionales se implican mucho en la tarea, son creativos e imaginativos exprimiendo al máximo los recursos sociales que disponen, tramitan las renovaciones de prestaciones económicas antes de que caduquen para evitar la ausencia de ingresos de las familias, tramitan varias prestaciones al mismo tiempo para que alguna de ellas sea percibida cuanto antes, trabajan fuera de su jornada laboral, etc. Sin embargo en muchos casos, la sobrecarga de la demanda en los Servicios Sociales públicos no se agiliza en base a recursos propios de la Administración Pública sino que se externaliza, formal o informalmente, a diversas entidades del Tercer Sector. En este sentido, se detecta como numerosas personas son derivadas formal e informalmente a Cáritas, por la agilidad de esta institución en la resolución de las ayudas económicas, por los retrasos en la concesión de prestaciones periódicas o por la falta de disponibilidad presupuestaria en algunas localidades, ya descritas anteriormente.

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El Ingreso Aragonés de Inserción (IAI) Desde la aprobación del Catálogo de Servicios Sociales de Aragón5, el IAI se ha establecido como prestación esencial del Sistema Público de Servicios Sociales en Aragón6. De este modo se ha convertido en un derecho subjetivo, es decir, con presupuesto ampliable y reclamable vía jurídica y administrativa. El Ingreso Aragonés de Inserción “comprende prestaciones económicas, destinadas a garantizar los recursos mínimos de subsistencia, y actuaciones dirigidas a lograr la plena integración social y laboral de sus destinatarios.”7 A pesar de este doble objetivo la inmensa mayoría de los entrevistados están totalmente de acuerdo (78,3%) o muy de acuerdo (21,7%) en que “el IAI se ha convertido en una renta básica que cubre la carencia de ingresos al agotarse otras prestaciones”. Y es que para muchas familias en las que los adultos son personas en edad de trabajar, una vez agotada las prestaciones por desempleo y el subsidio de desempleo8, el IAI es la última posibilidad de recibir un ingreso mínimo durante un periodo continuado. A esta situación contribuye que todavía no se haya regulado y puesto en marcha la Renta Básica en Aragón, mandato del Estatuto de Autonomía de Aragón9, reivindicado por Cáritas en numerosas ocasiones. Como se mencionaba antes, el Ingreso Aragonés de Inserción, tiene también por objeto el establecimiento de un Plan Individualizado de Inserción, acordado entre el profesional y beneficiario, que contempla un conjunto de acciones que van dirigidas a: “a) Apoyar el desarrollo personal, la convivencia y las relaciones de los titulares con su entorno familiar y social. b) Potenciar la educación y formación que permitan el desarrollo de actitudes, hábitos y recursos personales. c) Posibilitar los mecanismos que faciliten la incorporación al mercado de trabajo.”10

5

Decreto 143/2011, de 14 de junio, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Aragón.

6

Ley 5/2009, de Servicios Sociales en Aragón.

7

Artículo 2, de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social.

8

Siempre y cuando no se haya podido acceder al Programa PREPARA (que se puso en marcha tras la derogación del PRODI, y que cuenta con escasos beneficiarios) o la Renta Activa de Inserción (RAI), ambas gestionadas por el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM).

9

El Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado por la Ley Orgánica 5/2007, incluye un mandato expreso en materia de bienestar y cohesión social, en el artículo 23.1: “Los poderes públicos de Aragón promoverán y garantizarán un Sistema Público de Servicios Sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente a la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando una renta básica en los términos previstos por la ley”

10

Artículos 17 y18, de la Ley 1/1993, de 19 de febrero, de Medidas Básicas de Inserción y Normalización Social.

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Y en este sentido, desde la puesta en marcha del Ingreso Aragonés de Inserción se ha generado un amplio debate sobre la adecuación de las medidas y el grado de inserción de esta Renta Mínima en la comunidad autónoma. Al preguntar a los agentes de Cáritas sobre esta cuestión un 83.5% están muy de acuerdo en que “El seguimiento de los acuerdos de inserción ha perdido su carácter educativo y promocional”. Incluso se considera que nunca ha existido dicho carácter educativo, y que ahora las dificultades se plantean más por el incremento de beneficiarios que por la pérdida del carácter promocional de la prestación que nunca ha tenido. También se considera que desde 2009 se ha producido un punto de inflexión, reduciéndose sustancialmente el seguimiento de los planes de inserción. Anteriormente se realizaban entrevistas mensuales, visitas domiciliarias con un estudio de la situación más en profundidad y un diseño personalizado de las acciones a realizar por los perceptores. Actualmente, los acuerdos son genéricos y estandarizados, en torno a tres aspectos básicos: la escolarización de los hijos, el alojamiento y la Búsqueda Activa de Empleo. La escasez de personal y la presión asistencial de los CMSS y SSB impiden que los profesionales hagan un acompañamiento del proceso de inserción y una mayor coordinación entre los recursos sociales implicados con cada caso. Así mismo, se insiste en que son las dificultades de acceso al mercado de trabajo, las que impiden que los nuevos perceptores, sin trayectorias laborales y sociales en situación de exclusión social, accedan a un empleo. En realidad son usuarios que llegan a la prestación por su carencia de ingresos económicos y no porque se adecúe al sector de población para el que se puso en marcha el Ingreso Aragonés de Inserción. También se considera que si las medidas de inserción, en periodos previos a la crisis, hubieran tenido una mayor aplicación y desarrollo, se podrían adaptar las mismas en estos momentos a perfiles más normalizados, en colaboración con el INAEM y otras entidades sociales. En todo caso, y más allá del grado en que se ha ido desvirtuado la intervención social vinculada al IAI, algunos perfiles –personas sin cargas familiares, personas que han estado trabajando por cuenta propia como Autónomos, personas en situación irregular11, etc.- se quedan fuera del acceso a esta prestación esencial. En general se opina que no hay un problema de escasez de recursos sociales que permitan llevar a cabo itinerarios de inserción itinerarios de inserción socio laboral sino más bien de identificación clara de los objetivos de intervención de cada recurso, de perfiles de situaciones atendidas, de un adecuado reparto y especialización de áreas de intervención (laboral, personal, social) y de coordinación entre ellos.

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En el “Informe de Seguimiento de la crisis 2008-2010” de Cáritas Diocesana de Zaragoza (SES, Junio 2011), hay una enumeración detallada de perfiles socio-demográficos de personas que quedan excluidos de las prestaciones económicas periódicas en Aragón.


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En parte se opina que en Zaragoza capital existen bastantes recursos pero que todos realizan tareas similares y se dirigen a las mismas personas, siendo derivados generalmente las personas atendidas a todos los recursos existentes. El elevado paro y las dificultades para encontrar empleo, hacen tener sensación entre los profesionales de estar “manteniendo” ocupados a aquéllos que buscan empleo, sin mucha esperanza en que la oferta de los recursos sociales vaya a facilitar verdaderamente el acceso a un puesto de trabajo. En el medio rural, en cambio, se constata la escasez de recursos relacionados con la formación y el empleo, con pocas plazas y opciones más allá de los sindicatos y alguna entidad social. En algunos casos con seguimiento, son derivados a recursos de Zaragoza capital. Se echa en falta también recursos sociales que trabajen desde una perspectiva integral de la persona (no sólo centrado en aspectos formativos o laborales) y se observa un fuerte decrecimiento de recursos que trabajan con personas en situación de irregularidad administrativa y sin documentación.

Retrasos en la tramitación del Ingresos Aragonés de Inserción. Octubre 2011.

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos del IAI es garantizar los recursos mínimos de subsistencia de los perceptores, sigue llamando la atención cómo durante el último año se incrementan los retrasos en su tramitación. Este incremento se debe a que desde el IASS no sólo no resolvieron en los primeros meses del año los retrasos acumulados del año anterior sino que la falta de disponibilidad presupuestaria del verano incrementó la demora en las resoluciones. Así pues, en la actualidad, el tiempo de tramitación de un IAI12 tiene un promedio de 8 meses en Zaragoza capital, un mes menos en los barrios rurales de la capital aragonesa y 2 meses menos en los pueblos de la diócesis. El retraso mínimo que estimamos en el conjunto de la diócesis es de 5 meses y en algunos casos los retrasos llegan a alcanzar los 10 meses de duración. 12

Desde que se una persona se dirige por primera vez a su CMSS o SSB hasta el cobro de la prestación.

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En la siguiente tabla pueden observarse los incrementos de los retrasos del IAI en la actualidad respecto a los estimados en diciembre del 2010. Retrasos en la tramitación del Ingresos Aragonés de Inserción. Diciembre 2010-Octubre 2011.

Antes de terminar este apartado referido al Ingreso Aragonés de Inserción, nos parece oportuno tener un análisis comparativo del mismo respecto al resto de Rentas Mínimas existentes en España, a través del estudio de las variables de la siguiente tabla.

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La comparación se establece en base a los datos recopilados de todos los CMSS en diciembre de 2010.


Notas interpretativas: Todos los datos en color verde están entre en el 25% mejores de la serie. Todos los datos en color rojo están entre en el 25% peores de la serie.

Fuente: elaboración propia a partir de INE, Barómetro Social de España, Laparra y Pérez (2010), diario EL PAIS (15 de agosto de 2011), Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (Gobierno de España) y Departamento de Empleo y Asuntos Sociales (Gobierno Vasco).

RENTAS MÍNIMAS, TASAS DE PARO Y POBLACIÓN POR COMUNIDAD AUTÓNOMA EN ESPAÑA (2007-2009)

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Retrasos en el acceso a los Servicios Sociales públicos y a las prestaciones económicas

Los perceptores del Ingreso Aragonés de Inserción en 2010 percibieron una cuantía media mensual de 441 €. Ocupan el cuarto puesto de las cuantías medías de los perceptores de Rentas Mínimas en España en dicho año, si bien el País Vasco y Navarra, con cuantías mensuales de 650,2 € y 633 € respectivamente, otorgan importes mensuales medios muy superiores a los de nuestra comunidad autónoma. Durante el año 2009 el IAI ascendió de 901 a 1.768 perceptores, un 96% más que en 2007, si bien hay que considerar que eran muchas las Comunidades Autónomas (CC.AA.) que partían en 2007 con un número de perceptores mucho mayor. De hecho, en 2007 todas ellas excepto tres tenían más de 1.000 perceptores de Rentas Mínimas en su ámbito territorial. Además ese incremento del 96% de perceptores en 2009 respecto a 2007 ha sido muchísimo mayor en otras CC.AA. como Extremadura (212%), Murcia (171%) o Navarra (159%). En todo caso, teniendo en cuenta las debilidades del sistema de protección social contributivo y el rápido incremento de las tasas de desempleo (subiendo en Aragón del 5,2% al 12,7% en tan solo dos años), y de los hogares sin ningún ingreso14, deberían considerarse partidas presupuestarías adecuadas dado el creciente volumen de población susceptible de percibirlo. Además la tasa de cobertura de la Renta Mínima por cada 1.000 habitantes muestra como Aragón apenas alcanza un 1.3, cifra muy lejana a las tasas de comunidades autónomas con población similar como Asturias con un 7,3, u otras con aproximadamente la mitad población que Aragón, como Navarra o Cantabria, con un 9,6 y 3,8 de tasa media de cobertura.

La Ayuda de Integración Familiar (AIF) “Son ayudas de apoyo a la integración familiar las que tienen por objeto el mantenimiento de la unidad familiar con menores a su cargo, evitando el internamiento de éstos en centros especializados o la adopción de medidas externas de protección”15. Estas ayudas económicas se tramitan directamente por las Direcciones Provinciales del IASS, y los Servicios Sociales Generales, solamente informan de las características de la prestación y los documentos a presentar. Son unas prestaciones de pequeñas cuantías económicas mensuales: 108€/mes con un hijo, 148€/mes con dos hijos, 198€/mes con tres hijos, etc. La estimación de retrasos de la tramitación de la AIF se ha reducido y oscila entre los cinco o seis meses de duración respecto a diciembre de 2010. Sin embargo, presenta un alto grado de incidencias e impedimentos en la tramitación así como de resoluciones denegatorias de la ayuda en diversas situaciones: cuando los padres están en situación

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Mucho más elevado que en otras crisis económicas precedentes.

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Artículo 16 del Decreto 48/1993, de 9 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las modalidades de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de marzo, de ordenación de la acción social.


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de irregularidad administrativa se solicita no necesaria para acreditar el cumplimiento de requisitos de la normativa de la prestación (NIE más actualizado, informe de vida laboral, etc.), cuando varias unidades familiares residen en un mismo domicilio y algunos de sus miembros tiene vínculos de sangre, al no presentar -en situaciones de separación- la reclamación de la pensión de alimentos para los niños16, etc. Como antes se ha señalado, en el caso de los menores no es suficiente la presentación del libro de familia, ni el resguardo de solicitud de DNI o NIE, sino el documento oficial de éstos. En ocasiones también se pide documentación sobre cursos de formación de los padres y en caso de que haya personas indocumentadas en el domicilio del menor la prestación suele denegarse. Si tenemos en cuenta que el objeto de la prestación es la protección de los menores, estas situaciones descritas parecen no tener en cuenta las disposiciones establecidas en el artículo 3.2 del “Decreto 48/1993, de 9 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las modalidades de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de marzo”, que en su artículo 3.2 señala que “Podrán ser beneficiarios de las prestaciones mencionadas, los transeúntes, los extranjeros, los refugiados, los asilados y los apátridas, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes y en los tratados internacionales vigentes en España, con carácter potestativo mediante resolución de la Dirección General de Bienestar Social y Trabajo” (hoy Dirección General de Bienestar Social y Dependencia). Asimismo, no se está primando el interés superior del menor protegido en la normativa de rango superior en Aragón a través de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón. Esta ley es aplicable en Aragón, y afecta a todos los menores de dieciocho años que residan o se encuentren transitoriamente en Aragón, independientemente de su situación legal, salvo que los mismos hayan alcanzado la mayoría de edad en virtud de la legislación civil aplicable17.

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En el Informe que Caritas Diocesana de Zaragoza elaboró para el Encuentro con la Consejera de Servicios Sociales y Familia, en noviembre de 2009, ya se argumentó que “Entendemos que hay numerosas situaciones (mujeres amenazadas, maltratadas, separadas pero sin iniciar los trámites de separación,...) donde no se puede ni deben forzar procesos personales como requisito previo para acceder a esta prestación. Muy al contrario son situaciones que requieren de procesos de acompañamiento pero en ningún caso su situación debe implicar un límite en el acceso a la prestación.”

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Los artículos de la Ley 12/2001, de 2 de julio, de la Infancia y la Adolescencia en Aragón que entendemos tendría que tenerse especialmente en cuenta en la tramitación de la Ayuda de Integración Familias son: Artículo 4. Interpretación de la Ley. La interpretación de la presente Ley, así como la de sus normas de desarrollo y demás disposiciones legales relativas a la infancia y la adolescencia debe realizarse teniendo en cuenta el interés superior del menor y de conformidad con los tratados internacionales ratificados por el Estado español y, especialmente, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989. Artículo 5. Prioridad presupuestaria. La Administración de la Comunidad Autónoma tendrá entre sus prioridades presupuestarias las actividades de prevención, atención y reinserción de la infancia y la adolescencia. Asimismo, los Ayuntamientos y, en su caso, los órganos comarcales deberán tener en cuenta tal prioridad, dentro de sus posibilidades y competencias. En todo caso, el contenido esencial de los derechos de los menores no podrá verse afectado por falta de recursos básicos. Artículo 17. Derecho a la integración. 1. Los menores que residan o se encuentren transitoriamente en Aragón tienen derecho a la integración social, y, para ello, las Administraciones públicas de Aragón establecerán las medidas necesarias para facilitar a los menores su completa realización personal, su integración social y educativa y el ejercicio de sus derechos. 2. La Administración de la Comunidad Autónoma destinará los recursos necesarios para garantizar

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De continuar así, sin que prime el interés superior del menor, muchos menores que potencialmente tienen un mayor riesgo de exclusión social por su posición social y jurídica en Aragón, serán doblemente excluidos por el sistema de protección social. Esta doble exclusión afecta especialmente a menores residentes en familias con mayor hacinamiento residencial (donde varias unidades familiares compartan alojamiento), de la menor red social (en el caso de mujeres solas separadas con hijos sin reclamación de pensión de alimentos) o de una mayor vulnerabilidad por no tener sus padres residencia legal en España.

Las Ayudas de Urgente Necesidad (AU) La gestión de las Ayudas de Urgente Necesidad18 (AU) corresponde a la Administración Local y por tanto todas las fases del procedimiento administrativo corresponde a los Ayuntamientos y las Comarcas. A pesar de estar concebidas para cubrir carencias puntuales, esporádicas y extraordinarias que puedan tener los ciudadanos en un momento determinado, actualmente son muchos los que solicitan AU ante las demoras de otras prestaciones económicas de carácter periódico como el Ingreso Aragonés de Inserción o las Ayudas de Integración Familiar. En otros casos, se solicitan AU para cubrir necesidades específicas y de carácter puntual que tampoco son resueltas por la Administración en el plazo previsto, como ocurre con las Ayudas para Material Escolar. Ya se ha comentado anteriormente, que tanto entre los CMSS del Ayuntamiento de Zaragoza como en los distintos SSB de la diócesis, se detectan diversidad de criterios en la valoración, tramitación y concesión de las Ayudas de Urgencia. Como se observa en el siguiente cuadro, las diversas necesidades de la diócesis se cubren o no desde los Servicios Sociales públicos, con mayor o menor grado de agilidad, dependiendo del Servicio Social de referencia o del profesional asignado. La tabla también recoge cuando Cáritas u otras organizaciones sociales cubren dicha necesidad o el tiempo de demora hasta que es cubierta por los Servicios Sociales públicos.

la asistencia a menores que, por sus especiales circunstancias físicas, psíquicas o sociales, puedan ser susceptibles de un tratamiento discriminatorio. (...) 3. Los menores extranjeros que residan o se encuentren en Aragón recibirán los apoyos y ayudas públicas necesarios para su integración social y cultural, especialmente a través de la enseñanza del idioma y usos sociales. Artículo 24. Prestaciones económicas y apoyo técnico. 1. Las familias o las personas bajo cuya responsabilidad se encuentren los niños y adolescentes podrán ser objeto de ayuda en forma de prestaciones económicas o apoyo técnico. 18

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Habitualmente conocidas como “Ayudas de Urgencia”.


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Cobertura de necesidades de los servicios sociales públicos

(Nota interpretativa: los valores de la tabla tienen una graduación en colores, siendo rojo los porcentajes más bajos, amarillo los intermedios y los verdes los más elevados)

Los Servicios Sociales públicos cubren sobre todo el alquiler, la alimentación y el material escolar. Sin embargo en dos de cada tres casos en que cubre esas necesidades lo hace tarde, siendo Cáritas y otras entidades, las que responden con más rapidez. Las necesidades menos cubiertas por los Servicios Sociales públicos son la documentación, el transporte, la ropa y el calzado, los realquileres y los medicamentos y los tratamientos médicos, haciéndose cargo de éstos entidades del Tercer Sector. Existe también, tanto el medio rural como en el urbano, diversidad en el establecimiento de cupos máximos de Ayuda de Urgente Necesidad por usuario al año: topes máximos por concepto y año así como importes máximos de Ayudas de urgencia por usuario al año. En todo caso, entendemos que en las circunstancias actuales no habría impedimento legal para sobrepasar estos topes máximos de Ayudas de Urgencia, dado que muchas solicitudes de AU están derivadas por los retrasos que la propia Administración Pública mantiene 19


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en la concesión de las prestaciones económicas periódicas que de ella dependen19. Sin embargo, se detecta una tendencia bastante generalizada a que los Servicios Sociales públicos se repartan informalmente con los equipos de Cáritas la cobertura de necesidades económicas básicas. El Servicio Público asume parte de los conceptos o los importes de las ayudas económicas y otra parte de las necesidades económicas básicas se cubren a través de ayudas de Cáritas. Esta tendencia a la cofinanciación informal de ayudas y del gasto generado por éstas, nos muestra no sólo la falta de agilidad de la Administración en la atención a las necesidades básicas de los ciudadanos sino también cómo en la práctica se van introduciendo dinámicas en las que elude parte de su responsabilidad como servicio público delegándola tácitamente en nuestra entidad social. Es de resaltar también en muchos SSB la nula o escasa disponibilidad presupuestaria para ayudas económicas en los seis primeros meses de 2011, cubriéndose sólo ayudas para determinados conceptos o de manera extraordinaria en situaciones muy extremas (desahucios, cortes de luz en familias con menores, etc.). Por ello las personas suelen derivarse a Cáritas y otras entidades sociales para que desde éstas se les otorgue las ayudas económicas que ellos no pueden conceder. A continuación se describen las principales incidencias en la cobertura de necesidades por conceptos de los Servicios Sociales públicos que no han sido descritas hasta el momento: • Suministros: En los CMSS cada vez existen más dificultades en la concesión de ayudas da luz y gas. Si ya es paradójico de por sí que existan retrasos en ayudas de “urgente” necesidad todavía lo es más, que para poder cobrar una Ayuda de Urgencia por estos conceptos, el solicitante en algunos casos tenga que abonar a la empresa por adelantado el importe siendo posteriormente reembolsado el importe por el CMSS. También destaca cómo los recibos de agua, no los cubre ninguna ayuda económica si bien sólo se detectan casos aislados de cortes de agua en algún municipio. • Desahucios: los costes del desahucio en sí no los cubre nadie, pero suele haber una intervención social coordinada de Cáritas junto a los Servicios Sociales tanto en el acompañamiento personal como en los gastos que implica evitarlos o para la búsqueda de nuevo lugar de residencia. • Alquileres y realquileres: No existen apenas dificultades en la concesión de AU para alquiler, cuando existe documentación acreditativa del mismo. En algunos casos existen restricciones en la cuantía a financiar, si los solicitantes residen en Viviendas de

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Artículo 34, Baremo número 6: Topes máximos de las ayudas de urgencia. El máximo anual a conceder por unidad familiar, por varios conceptos será el 50 % del Salario Mínimo Interprofesional. Por un solo concepto el máximo anual a conceder será el 75 % del límite fijado en el párrafo anterior. En supuesto de excepcional gravedad, el Servicio Provincial de Sanidad, Bienestar Social y Trabajo podrá incrementa estas ayudas hasta el límite que se considere necesario, para atender convenientemente la urgencia sobrevenida. (Decreto 48/1993, de 19 de mayo, de la Diputación General de Aragón, por el que se regulan las modalidades de prestaciones económicas de acción social reguladas por la Ley 4/1987, de 25 de marzo)


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Protección Oficial o si conviven con personas sin documentación y sin hijos a cargo. Muchos más problemas se detectan con los realquileres, al no haber la mayor parte de las veces documentación que demuestre tal circunstancia. En esos casos, tras la valoración sobre la idoneidad de la ayuda es Caritas quien cubre esta necesidad. • Alimentación: Se valora positivamente algunas mejoras en la gestión de las AU por este concepto en los CMSS, sobre todo las tarjetas que se otorgan a los beneficiarios y que pueden acudir a supermercados de su barrio sin que nadie sepa que han acudido previamente a los Servicios sociales a pedir ayuda económica. • Ropa: Normalmente son entidades sociales las que ofrecen servicios de ropero, a excepción del Albergue Municipal de Zaragoza y algunos roperos en SSB. • Medicamentos/ Tratamientos médicos: Los CMSS y algunos SSB cubren a través de Ayudas de urgente necesidad los conceptos de de gafas, odontología y ortopedia. En el Albergue Municipal, se financian los medicamentos hasta que se agota el presupuesto. Para los perceptores de IAI, y en el caso en que el beneficiario tenga necesidad de medicamentos por enfermedad se les concede en algunos casos un complemento económico para esta finalidad en el importe mensual de la prestación. Sin embargo, detectamos que estos gastos son mayoritariamente cubiertos por Cáritas y otras entidades como Médicos del Mundo o Farmacéuticos Sin Fronteras a través de los convenios de colaboración con algunas entidades y centros sanitarios. • Transporte: en general, solo está contemplado el Transporte Urbano en los casos de IAI. • Documentación: Cáritas Diocesana de Zaragoza es la única entidad que cubre este tipo de demanda. • Material y comedor escolar: Desde Cáritas hemos detectado escasa cobertura y gestión inadecuada de las ayudas públicas para las familias en la adquisición de material escolar. Los retrasos en la aprobación de ayudas de material escolar para 2o ciclo de Infantil del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, hacen que en octubre haya menores que no cuenten con el material y equipamiento requerido por los Centros Escolares. Además estas ayudas no cubren todos ciclos de la enseñanza obligatoria. Ante estas disfunciones algunas familias tratan de solventar la adquisición de material escolar a través de las Ayudas de Urgencia. Y en este sentido, se detecta una desigual respuesta por parte de los CMSS y SSB con disparidad de criterios, baremos y cuantías otorgadas por este concepto. En las becas para comedor escolar ocurre algo similar, con retrasos en la resolución de solicitudes, y respuesta dispar en cuanto a AU se refiere por parte de los Servicios Sociales Generales. 21


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Retrasos en la tramitación de las Ayudas de Urgencia. Octubre 2011.

Los retrasos estimados de las Ayudas de Urgente Necesidad en el conjunto de la diócesis tienen un promedio de 2 meses, oscilando entre las 2 semanas mínimas en algunos SSB hasta los 4 meses de algunos CMSS de Zaragoza Capital. Aunque existe una fuerte disparidad entre los tiempos de espera de una determinada delimitación territorial y otra, sí parece haber cierta asociación entre más rapidez conforme más pequeño es el tamaño de la Administración local que resuelve las ayudas. Una vez más esto muestra la enorme burocratización existente en la respuesta de los Servicios Sociales públicos en la atención a las necesidades básicas y urgentes de los ciudadanos.

Retrasos en la tramitación de las Ayudas de Urgencia. Diciembre 2010-Octubre 201120.

Por otra parte se estima que también los tiempos de espera respecto al año 2010 han aumentado. Posiblemente, derivado tanto del efecto rebote de los retrasos en el IAI y la AIF como de las circunstancias particulares y específicas de cada Administración Local21.

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La comparación se establece en base a los datos recopilados de todos los CMSS en diciembre de 2010. En algunos SSB, por ejemplo, se retrasan las resoluciones por dificultades de reunión de las personas designadas para ello.


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Consecuencias de los retrasos en las personas atendidas La mayoría de personas ante las demoras de los Servicios Sociales públicos se ven afectadas acrecentándose su empobrecimiento y produciéndose un debilitamiento generalizado de sus condiciones materiales de existencia: precarización residencial, alimentación deficiente, aumento de su endeudamiento, pérdida de viviendas,... La mayoría busca de nuevo la solidaridad en la red familiar y la obtención de ingresos en la economía sumergida y recurren a Cáritas y otras entidades del tercer sector en búsqueda de ayuda. Asimismo se incrementa la inestabilidad de todo tipo: aumento de los conflictos familiares, mayor violencia con los menores, sentimientos de angustia, desasosiego, rabia, indefensión, desmotivación e incertidumbre ante un futuro incierto. En algunos casos la pérdida de sueño continuada y la ansiedad, la sobrecarga emocional conduce a la depresión y se está detectando un aumento de personas en atención psiquiátrica. Todo este enorme sufrimiento social va aparejado a procesos de precarización psicosocial y de exclusión social.

Consecuencias de los retrasos en el modo de intervención de los profesionales de los servicios sociales generales públicos Un grupo de profesionales de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza está recogiendo firmas para un manifiesto22 y entre otras cuestiones señalan su incapacidad de dar respuesta a las necesidades del “tsunami” de personas que hoy solicitan apoyo. Dicen estar desbordados y ver “con preocupación la incapacidad de un sistema prestacionista, burocrático, con una organización obsoleta, que no planifica ni previene, que da respuestas puntuales y en precario ante situaciones que necesitan una intervención en profundidad.” Señalan el incremento de personas antes incluidas que por primera vez “se deslizan hacia situaciones de pobreza” así como los largos tiempos de espera que se han abordado en este informe y en otros servicios como “el Programa de Educación Familiar o las Atenciones domiciliarias para personas mayores”. También argumentan que “Se requiere un cambio radical y urgente de modelo. Es necesario un plan de choque para favorecer una respuesta rápida y eficaz a las situaciones de necesidad y para ello es imprescindible reforzar el sistema y cubrir todas las bajas de personal. (...) Urge un giro de sistema hacia un modelo más preventivo, con una intervención grupal y comunitaria, donde no se prime la atención a demanda, sino la intervención en profundidad ligada a procesos personales y con planes de desarrollo personal, inserción social y laboral”. El manifiesto se apoya en un documento técnico, donde desarrollan un “Análisis de la situación de los Servicios Sociales” en la ciudad de Zaragoza, en el que advierten como esta situación revierte en una atención básicamente asistencialista, en muchos casos insuficiente y con una escasa intervención para la inserción social. Desde Cáritas se está totalmente de acuerdo con esta afirmación. 22

http://manifiestoserviciossociales.blogspot.com

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Se considera que no se hace un estudio de los casos en profundidad, la intervención se reduce a cubrir exclusivamente y con retraso carencias económicas, sin acompañamientos personales y seguimientos cercanos de las personas atendidas. En este sentido, se considera que la crisis económica también ha desenmascarado el poco reflejo que en la práctica profesional ha tenido la pretendida universalidad de los Servicios Sociales, de la que derivan ahora las grandes dificultades para plantear estrategias de actuación con personas de perfil normalizado, que el desempleo y precariedad social ha conducido por primera vez a los Servicios Sociales.

Consecuencias de los retrasos en el modo de intervención de los agentes de Cáritas Diocesana de Zaragoza La saturación y los retrasos de los Servicios Sociales públicos se traducen en una mayor presión asistencial a Caritas. Las personas están acudiendo en condiciones muy extremas, graves y en ocasiones irreversibles. En este sentido se considera que se está dando una asistencia necesaria y ágil en la cobertura de necesidades económicas básicas, por lo que somos preventivos de situaciones más extremas, pero ello se realiza en detrimento de valoraciones en profundidad, acompañamientos personales y procesos de animación comunitaria. Los equipos de Cáritas son receptores en muchas ocasiones de la gran carga de ansiedad y de incertidumbre vital de las familias que acogen. A la estresante tensión emocional de la precaria situación vital que atraviesan estas familias, se unen las consecuencias de una dilatada y angustiosa espera de unas prestaciones económicas públicas que parecen no llegar nunca. Esta dinámica continuada en el tiempo genera desgaste y debilita la estructura y el funcionamiento de los equipos.

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Propuestas de actuación desde Cáritas para mejorar el acceso a las prestaciones económicas públicas ■ Continuar reivindicando desde Cáritas unos Servicios Sociales públicos con una dotación presupuestaria y de personal, estructura organizativa y funcional, adecuada al incremento de demanda y nuevos perfiles de población de los tres últimos años: ❖ Proponer la necesaria reordenación de los Servicios Sociales Públicos adecuándolos a las necesidades actuales de la población. ❖ Adecuar la distribución de personal a las características socio-demográficas de cada CMSS o SSB (algunos mucho más saturados que otros en la actualidad). ❖ Ampliar los plazos de atención al público. Se propone que los CMSS y SSB también abran en horario de tardes, como se abren los Centros de Salud y otros servicios al ciudadano. ❖ Diseñar propuestas de actuación para perfiles de población normalizados, en colaboración con el INAEM y otras entidades. ❖ Regular los precios y las calidades de los Servicios Sociales públicos. ❖ Establecer una ratio de casos por profesional, de tal modo que se pueda dedicar suficiente tiempo a la valoración y el diagnóstico, el seguimiento de los acuerdos del IAI, y establecer procesos de intervención no necesariamente vinculados a la ayuda económica con continuidad en el tiempo, animación comunitaria, etc. ❖ Exigir el liderazgo público local, en ciudades y comarcas respecto a las actuaciones en materia de acción social. ■ Poner a la persona en el centro de la intervención y simplificar/ agilizar los procesos administrativos23: ❖ Revisar meticulosamente la adaptación de los procedimientos administrativos a los fines que persiguen las prestaciones económicas. ❖ Adecuar la petición de documentación acreditativa a las distintas realidades que presentan las familias, evitando que la documentación sea un fin en sí mismo dentro de la intervención. ❖ Proponer que en los baremos de las ayudas económicas se tengan en cuenta tanto los ingresos como los gastos de las familias. En este sentido, la escasa oferta de alquiler digno y barato obliga a muchas familias a elegir entre vivir en infraviviendas o aumentar su endeudamiento y dificultades para llegar a fin de mes. ❖ Unificar las tramitaciones de los diversos organismos públicos. ❖ Exigir la publicidad y transparencia en la gestión de fondos públicos, especialmente en materia de acción social.

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Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

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❖ Potenciar y exigir a la Administración Pública el uso de las nuevas tecnologías e internet24 en la gestión de las prestaciones económicas. ❖ Promover la figura del “defensor del usuario de los Servicios Sociales” de ámbito local y autonómico para atender dudas y reclamaciones, o si existiera algún espacio de reclamación ciudadana, conocer su funcionamiento y poder darlo a conocer, a las muchas familias que habitualmente nos transmiten sus problemas cotidianos con la Administración. ■ Mejorar la cobertura de necesidades de las familias beneficiarias de las prestaciones económicas: ❖ Garantizar las prestaciones básicas desde el sistema público, entre las que destacan el Ingreso Aragonés de Inserción, la Ayuda de Integración Familiar y las Ayudas de Urgente Necesidad. ❖ Ingreso Aragonés de Inserción (IAI): • Establecer el doble derecho subjetivo a una Renta Básica (ya aprobada en el Estatuto de Autonomía de Aragón) y a un IAI, que recupere y lleve a cabo actuaciones dirigidas a lograr la plena integración social y laboral de sus destinatarios. • Realizar los seguimientos del IAI con un acompañamiento efectivo en la búsqueda de empleo. • Posibilitar un procedimiento “urgente” para agilizar las resoluciones en caso de familias con menores. ❖ Ayuda de Integración Familiar: primar el interés superior del menor en todo el proceso de tramitación de la prestación económica. ❖ Ayudas de Urgente Necesidad (AU): no interpretar de forma restrictiva la concesión de AU, cuando no existan ingresos suficientes para cubrir necesidades básicas de los ciudadanos que están a la espera de la Resolución de otras prestaciones económicas públicas. ■ Continuar poniendo en marcha dinámicas y actuaciones desde Cáritas que favorezcan la reivindicación de derechos de los ciudadanos que atendemos: ❖ Informar a los ciudadanos en el ejercicio de los derechos y los deberes, y sobre todo animarles a que los hagan efectivos y acompañarles con responsabilidad y continuidad a lo largo de todo el proceso. ❖ Mantener el contacto y establecer cauces de coordinación con las Administraciones Públicas, plantear propuestas de actuación antes temas específicos y relevantes en el momento en que se establezcan. ❖ Exigir la responsabilidad pública en la garantía de los derechos ciudadanos y transmitir a las Administraciones Públicas que estamos asumiendo como Cáritas una cobertura de necesidades de la población que no nos corresponde.

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Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos.


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❖ Potenciar la animación y participación de los Consejos de Bienestar Social, y de Salud en barrios y pueblos. ❖ Mejorar nuestro trabajo en red y buscar acciones integradas y coordinadas desde distintas entidades con el fin de optimizar ayudas (públicas y privadas) y de tener una visión más completa de las actuaciones con cada familia, respetando la protección de datos de cada familia y no sólo como medida de control. ❖ Buscar cauces formales de comunicación para el seguimiento de los casos con los profesionales de los Servicios Sociales públicos y establecer metodologías de actuación de forma conjunta y eficaz. ❖ Potenciar el trabajo entre distintas redes y la realización de acciones grupales y comunitarias, cuando las características de las familias atendidas lo permitan, como formato valioso para activar otras redes de apoyo y para gestionar la participación de todos en los problemas de todos25.

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Existen algunas experiencias de trabajo en red en nuestro entorno más cercano como la Plataformas de infancia y de mayores en el Casco Histórico, Oliver o Delicias y en otros lugares que podrían extenderse a nuevos territorios.

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Retrasos en el acceso a los Servicios Sociales públicosy a las prestaciones económicas