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Boletín del Colectivo de Acción Revolucionaria Estudiantil (CARE)

Nº 1 año 1, Valparaíso, Octubre 2012

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EDITORIAL Ante el proceso electoral que ha vivido el país este 28 de Octubre, los estudiantes tuvimos básicamente dos posibilidades: 

Hacernos parte del llamado de la ACES respecto de restarnos políticamente el proceso; o

Participar del proceso votando en el mismo, por aquellas opciones que consideramos “menos malas” para los intereses de nuestro movimiento. 

Elegir entre una u otra opción no ha sido poco controversial, pues el reformismo, una vez más, ha intentado confundir a las masas estudiantiles aduciendo la existencia de un enemigo común: la derecha, queriendo hacernos creer que la “oposición” está exenta de sectores burgueses que socavan la lucha del pueblo. El momento político actual, puede ser caracterizado como un período en que las fuerzas dominantes de la sociedad vienen en decadencia; las coaliciones parlamentarias han perdido la legitimidad que el pueblo, engañado por las mismas, les había entregado por los últimos 23 años, lo que tiene directa relación con el descontento que las masas han manifestado durante el gobierno de Piñera con sucesivas oleadas de movilizaciones, en pos de reivindicaciones sociales de la más diversa índole. Por ello es que el adoptar una u otra opción no era un tema menor, pues ambas alternativas ofrecían resultados muy distintos y contrapuestos entre sí, sobre todo para quienes nos reclamamos revolucionarios y trabajamos por la revolución socialista. Este período de inestabilidad del sistema político requiere de cierta dosis de “legitimidad democrática”, necesita de estas elecciones para limpiarse de todo rastro de ingobernabilidad y desconfianza en las instituciones de la burguesía, pues cualquier muestra de lo contrario puede hacer consciente al pueblo de sus fuerzas y de la capacidad de combate que éstos, por devenir histórico, han acumulado. El pueblo les ha dado una respuesta: no está dispuesto a participar del circo que protagonizan los partidos burgueses por la dirección de aparato político, pues ha comenzado a reconocer una verdad histórica: que la clase dominante no será la responsable de acabar con su miseria. Quienes han intentado cooptar estos espacios de poder burgués por la vía electoral no son más que facciones de la pequeña burguesía, cuyo intento por hacerse del aparato burocrático los ha llevado: a pactar con los otros traidores del movimiento popular y estudiantil, en un caso, o a señalar que la batalla por el poder debe darse “en todos los frentes”, en otro, a sabiendas de que el poder popular tiene poco que ver con las instituciones desgastadas de la burguesía nacional, con su falta de legitimidad. Ante esto, sólo podemos denunciarlos como traidores del movimiento social, defensores de status quo, reformistas disfrazados de revolucionarios que intentan usar los instrumentos del capitalismo para “humanizarlo” y perpetuarlo. La propuesta de la ACES denotó un sentido de lucha popular que ninguno de estos electoreros poseyó: la búsqueda por acelerar la conformación de las condiciones para el derribamiento de la burguesía, y el mantenimiento de la independencia de un movimiento de masas que carece de lineamientos políticos claros y que debe unificarse. !A DENUNCIAR A LOS TRAIDORES DEL PUEBLO! !A RESTARSE LAS ELECIONES DE LA BURGUESÍA Y PROMOVER LA ORGANIZACIÓN POPULAR!

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ANTE EL AVANCE DEL PUEBLO: LA BURGUESÍA, LA REPRESIÓN Y SUS MEDIOS.

No cabe duda de que una de las caras más crudas que ha mostrado el actual Gobierno de Piñera dice relación con el endurecimiento de las prácticas policiales y el consecuente efecto pernicioso sobre los derechos del pueblo, como así también, con el descarado aval y fomento que tales prácticas han recibido por parte de los distintos poderes del Estado. De este modo, se ha hecho tristemente habitual en estos tiempos conocer de distintos casos de compañer@s, obreros, estudiantes y mapuches, víctimas de humillaciones, golpizas, torturas, abusos sexuales y montajes; todo esto amparado por el aparataje estatal y coordinado a través del Ministerio del Interior. El pueblo avanza, y la burguesía lo reprime utilizando los cuantiosos medios materiales e inmateriales de los cuales dispone, siendo el principal de ellos, por supuesto, el Estado. Partiremos entonces sobre la base de que el Estado “es producto y manifestación del carácter irreconciliable de las contradicciones de clase”, entre la clase dominante y los oprimidos, de esta forma como señala Lenin, no es una construcción espontanea de la sociedad, sino que este “surge en el sitio, en el momento y en el grado en que las contradicciones de clase no pueden, objetivamente, conciliarse. Y viceversa: la existencia del Estado demuestra que las contradicciones de la clase son irreconciliables”, de aquí la importancia radical de la función de dominación del Estado sobre los sujetos y de sus órganos represivos policiaco-militares, así como de los organismos de inteligencia como la otrora CNI, hoy “ANI” o Agencia Nacional de Inteligencia para asegurar esa tarea. Sin embargo, conviene desde ya despejar una habitual confusión: es errado identificar represión única y exclusivamente con violencia corporal. En efecto, el término represión tiene un carácter más amplio, pudiendo ser entendida como “el empleo o la amenaza de coerción en grado variable, aplicada por los gobiernos sobre los opositores reales o potenciales con vistas a debilitar su resistencia frente a la voluntad de las autoridades”. Vale decir, si bien tiene un contenido que implica el uso de la fuerza, éste no necesariamente dice relación con el castigo físico. En esta línea, cabe destacar que las relaciones económicas de clase entre los poseedores de los medios de producción y cambio, detentadores de la hegemonía estatal, y el proletariado, tienen una naturaleza eminentemente coactiva, cuestión a partir de la cual puede afirmarse la existencia de una violencia estructural, la cual viene a constituir el grado de menor visibilidad de la represión. Aclarado lo anterior, podemos animarnos a esbozar una diferenciación entre las diversas formas de represión existentes. Al ser ésta un fenómeno multifacético admite innumerables clasificaciones, no obstante, y por fines meramente prácticos, parece mejor atender a la categorización realizada por Gary Marx, la cual diferencia las acciones represivas de acuerdo a los objetivos específicos que ellas persiguen. Sin complejidad podrá identificarse como cada una de estas categorías no sólo fueron impuestas y puestas en práctica en Dictadura, sino que como aún en tiempos del “retorno de la democracia” se continúan impunemente aplicando. De tal forma, podemos distinguir: “1. Creación de une imagen pública desfavorable del grupo movilizado al objeto de deslegitimarlo socialmente 2. Campañas de desinformación que resten credibilidad a los motivos de la protesta 3. Restricción de los recursos con que cuenta el movimiento, limitando su acceso a los medios de comunicación, dificultando o prohibiendo sus reuniones, etc. 4. Políticas tendentes a la desmovilización de sus activistas y de sus grupos de simpatizantes; 5. Represión selectiva contra sus líderes, bien policial o de descrédito público; 6. Políticas de fomento de las divisiones y conflictos dentro del grupo movilizado y o; 7. Sabotaje y, en su caso, represión policial directa de sus acciones concretas”. https://www.facebook.com/care.valparaiso

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El avance de las masas durante el 2011, y particularmente del frente estudiantil, supuso un pleno empleo de los mecanismos represivos antes enumerados, fundamentalmente a través de los medios de comunicación masiva monopolizados por los grandes conglomerados económicos. Así, a los estudiantes les correspondió batallar contra el cerco comunicacional; contra la imagen de “terroristas” o “violentistas” proyectada por los medios masivos de comunicación, por el solo hecho de protestar; contra la distorsión de los sucesos sociales y políticamente relevantes efectuados por los medios burgueses, en complot con las políticas gubernamentales criminalizadoras de Piñera, Hinsspeter, Chadwick; contra la difamación de la opinión de los líderes más avanzados y radicales de movimiento estudiantil, como la vocera de la ACES Eloísa González, y el montaje comunicacional policial que han sufrido Pedro Quezada, Recaredo Gálvez o Juan Tapia, por ejemplo; así como también contra la tarea represiva y desmoralizadora que cumplen los altos mandos académicos del CRUCH, y precisamente los profesores que llaman a “movilizarse con clases”, es decir, mantener la obediencia, la inacción de las bases estudiantiles, para hacerle más “fácil la pega” al gobierno fascista en su afán privatizador; y contra los cotidianos abusos de poder policial y los desalojos de los colegios en toma. Sin embargo, ni aún la sistemática aplicación de estos mecanismos fue suficiente para frenar a la masa estudiantil, por lo que la burguesía se vio la necesidad de consolidar y perfeccionar los mismos. Dentro de este contexto se enmarcan la Ley HinSSpeter, la Ley Corta de TVN, el proyecto de modificación del artículo 76 de la Constitución, el fortalecimiento presupuestario e institucional de la ANI, a la cual pese a asignársele amplias atribuciones, no debe cumplir con las más mínimas obligaciones de transparencia y responsabilidad y, recientemente, el anuncio de un proyecto de “reforma a la reforma procesal penal”, cuyos ejes centrales apuntan a un fortalecimiento de las atribuciones de las policías, como así también a una reducción de las garantías del ciudadano frente al poder coercitivo del Estado, con todo lo cual se pretende cerrar cualquier posibilidad de que la protesta social sea ejercida de forma efectiva por los canales establecidos por el Estado burgués. Rechazamos por tanto, la postura de quienes, impulsados sea por la ciega confianza que depositan en la institucionalidad, sea por las migajas que pueden recoger de la misma, no hacen sino reforzar sus bases. En razón de lo anterior, llamamos enérgicamente a una contraofensiva popular, donde los estudiantes juegan un papel fundamental en la paralización, toma y autogestión de los espacios que les pertenecen, para hacer frente a la represión que el actual gobierno de Piraña y sus ministros tecnócratas pretende institucionalizar, comprendiendo la utilidad e importancia de la acción directa, no como un fin en si mismo, sino como una de las herramientas que el pueblo debe valerse en la tarea revolucionaria, tanto en su autodefensa, como así también para organizar y vincular territorialmente a pobladores, trabajadores y estudiantes en el rearme de las fuerzas sociales.

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Chávez: La confusión de la izquierda revolucionaria.

Mucho se ha discutido en la izquierda respecto del acontecer en Venezuela, sobre el ascenso de las masas en ese país, el como son los procesos actuales y finalmente, que significa esta revolución del SXXI, generándose una escisión entre quienes ven el movimiento bolivariano como un proceso revolucionario y quienes discuten tal carácter. Mientras los primeros son tildados de reformistas y amarillos por sus detractores, éstos a su vez, son calificados por los adherentes al régimen chavista como sectarios, ciegos por la teoría que no constatan las condiciones materiales del país. Pero desde nuestra vereda creemos que debemos hacer un diagnóstico claro, para no confundirnos en esta nueva dinámica del acontecer latinoamericano y mundial. No podemos negar que existió primariamente en Venezuela un gran avance de las masas, proceso en el cual éstas se empoderaron. Este ascenso decantó en el gobierno de Chávez, lo cual da cuenta de una disposición subjetiva favorable a la revolución. Pero en orden a un análisis materialista y dialéctico, debemos ser precisos en caracterizar el régimen, el Estado y el gobierno en conjunto al sistema económico imperante en Venezuela. El Estado se define a partir de la clase dominante que lo utiliza para explotar a otra clase, el régimen a partir de las instituciones estatales que utiliza y se apoya para explotar y finalmente el gobierno, que es el sujeto que gobierna. Es así que podemos analizar las superestructuras de Venezuela: el estado imperante no es feudal, ni esclavista; por lo cual nos quedan como opciones el burgués, el obrero y el asiático o burócrata. Estos dos últimos requieren necesariamente de una economía planificada, y por tanto, del control directo de los trabajadores en los medios de producción y del monopolio del comercio exterior, situación que lamentablemente no existe en Venezuela. Entonces nos queda como alternativa el Estado burgués. ¿Por descarte? Ciertamente no. Invirtamos pues el método y comentemos acerca de las condiciones materiales y de lo que existe hoy por hoy en dicho país. A nivel internacional, Venezuela sigue adscrita a los pactos políticos y económicos del imperialismo mundial como la Organización de los Estados Americanos, Fondo monetario internacional, Tratado de Río de Janeiro; mantiene además relaciones especiales privilegiadas con el imperialismo europeo, en específico España, y más gravoso aún respecto del imperialismo estadounidense: el gobierno del “socialismo del siglo XXI” sigue pagando la deuda externa y cumpliendo rigurosamente con el suministro de petróleo a EEUU, sin expropiar las multinacionales que controlan el 45% de la explotación petrolera nacional. Además a esto, ha surgido un nuevo sector burgués rentista, que disputa la renta petrolera que se genera por las nacionalizaciones de acuerdo a su ubicación en el aparato del Estado: es la llamada “boliburguesía” o burguesía bolivariana. Algunos de los representantes de esta clase son Diosdado Cabello, dueño de varias empresas; los millonarios Markos Zarikian, propietarios de Hotel Eurobuilding y magnate además de la industria textil venezolana; Alberto Vollmer, dueño del “Ron Santa Teresa”, principal emporio industrial de Venezuela; Víctor Vargas Irausquín y Víctor Gil Ramirez, dueños de los bancos Occidental de Descuentos y Fondo Común. Todos ellos conforman la organización de “Empresarios Socialistas de Venezuela”, presidida por José Agustín Campos, ex dirigente de Acción Democrática, todos los nombrados son los verdaderos dueños del PSUV, el partido de Chávez.

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Entonces nuevamente concluimos que en Venezuela hay un régimen de carácter burgués, pero con una política abiertamente reformista, muy lejos de plantear una conducción revolucionaria acorde con este proceso. Chávez tiene el apoyo de las masas en Venezuela, y este hecho es innegable por su reciente victoria en las urnas, pero aquello no es por si mismo suficiente para caracterizar a un proceso como revolucionario. ¿Por qué es relevante caracterizar el gobierno de Chávez como burgués? En definitiva, el que un estado sea burgués lo determina la forma de organización de la producción, y el gobierno de Chávez no ha cambiado las relaciones de las fuerzas económicas, el control de los medios de producción sigue en manos de la burguesía y no ha roto con el imperialismo ni política, ni económicamente. Lo único que tiene Chávez es el apoyo de las masas, del pueblo venezolano; por eso lo caracterizamos como un gobierno frente populista, que vacila entre pequeñas concesiones ante las presiones de un pueblo descontento en orden a poder seguir manteniendo el capitalismo, que se sustenta de la explotación de las mujeres y hombres del pueblo Venezolano. A lo anterior se suma además otro hecho, que dice relación con el programa del partido de Chávez, el que apunta en esencia, y como mucho a una democracia burguesa avanzada. Se piensa por una izquierda confundida que el fenómeno de Chávez vendría a ser una etapa previa, en orden a que, llegado el momento de la verdadera revolución que derive en un Estado Obrero, ésta no retroceda derrotada por no haberse conquistado sus etapas previas. Se estima por algunos que Chávez da cumplimiento a esa tarea pre-revolucionaria. Pero hay un grave problema en este análisis, y es que el programa del partido de Chávez no se orienta a un avance del ímpetu de las masas, ni tiene por objeto conquistar esas etapas previas con miras a la contrucción de un Estado Obrero y de sectores populares, sino que por el contrario, está circunscrito al marco y límites de una democracia burguesa avanzada, conteniendo finalmente el movimiento de obrero y de masas. En razón de lo expuesto, la confusión generalizada de la izquierda en torno al tema de Chávez resulta preocupante, y como CARE Valparaíso creemos clave hacer hincapié (conforme a este análisis objetivo, material) en el riesgo de retroceso en la lucha que existe de calificar al gobierno de Chávez como de revolucionario. Su derrota es inminente, básicamente porque su actuar traiciona los intereses del pueblo venezolano que lo apoya, al seguir protegiendo los privilegios de los burgueses. Hablamos de riesgo de retroceso en la lucha con su derrota, pues probablemente sea promocionado por los agentes de la burguesía como “el nuevo fracaso del socialismo en el mundo”, debilitando el viraje de masas hacia la izquierda y, ciertamente, la confusión imperante a este respecto, así como la falta de claridad política para identificar y diferenciar los elementos objetivos del gobierno de Chávez respecto del proceso de masas venezolano, habrán contribuido en ese retroceso. En definitiva, el tema de Chávez tan sólo nos evidencia la urgente necesidad de una dirección revolucionaria, orientada en su programa a la construcción de un Estado en donde la vanguardia sea la clase obrera, codo a codo, con el resto de los sectores oprimidos.

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REFERENDUM ESTATUTOS ORGANICOS: TRIESTAMENTALIDAD Y CO-GOBIERNO. La participación triestamental universitaria no es algo nuevo en nuestro país. Durante el año 1967 se llevó a cabo una reforma universitaria, impulsada por académicos y estudiantes, en la cual se aspiraba a este fin, la participación igualitaria de los tres estamentos en la toma de decisiones dentro de la universidad. Es así como durante ese año se logró un gobierno universitario de carácter horizontal, con activa participación de todos los estamentos que conforman la comunidad universitaria y elección directa de las autoridades, tanto de rectores y consejos superiores. La llegada de la dictadura el año 73 trajo, entre otras consecuencias nefastas para la democracia, la desarticulación de los gobiernos triestamentales, de la participación inclusiva de toda la comunidad universitaria en las decisiones y en las elecciones. La negativa del cogobierno universitario se materializó en el DFL 2, que explícitamente prohíbe la participación de estudiantes y funcionarios en cuerpos colegiados (como Senados Universitarios por ejemplo) y en la elección de autoridades. Con la llegada de la democracia el panorama no cambió, el mencionado DFL es parte de la actual LGE, quedando, hasta el día de hoy, prohibida por ley la participación de estudiantes y funcionarios no académicos en el gobierno universitario. Es en este contexto en el que se nos presenta como una gran reivindicación a las demandas de triestamentalidad la posibilidad de realizar un referéndum de estatutos orgánicos para la Universidad de Valparaíso, referéndum que promete ser pionero al ser plebiscitado por toda la comunidad universitaria y que además generará un precedente para que las demás universidades comiencen sus procesos de participación democrática. Al respecto, es importante señalar algunas cosas; en primer lugar un plebiscito “democrático” sólo se puede llevar a cabo en un escenario de igualdad, de hecho, uno de los fundamentos de la democracia es la igualdad de todos los actores que participan, por lo que mal podemos hablar de participación democrática cuando nos encontramos con votos ponderados, en los cuales, por supuesto, los académicos tienen más del 50% de ponderación de sus votos. Es por este motivo que creemos imposible un resultado favorable a nuestras pretensiones, considerando que es en los académicos donde radica, finalmente, el resultado, los mismos que desean mantener sus cuotas de poder. En segundo lugar es importante señalar la incertidumbre sobre el efecto que tendrá el resultado de referéndum, cualquiera sea el resultado de éste las propuestas a plebiscitar contienen, en distinta medida, participación de los tres estamentos, cuestión prohibida expresamente por el DFL 2, de esta forma, aunque el resultado sea favorable a una mayor participación, éste se verá limitado al tener que esperar una reforma parlamentaria a dicho decreto que nos permita ejercer el resultado del referéndum. A modo de ejemplo podemos señalar el caso de la Universidad de Chile, en el cual se logró formar un Senado Universitario, en que participan todos los estamentos, pero sus decisiones no son vinculantes, es sólo un órgano deliberativo, porque su conformación y su funcionamiento son contrarios al DFL 2. Por último queremos señalar que independiente el resultado del referéndum éste no satisface de ninguna manera nuestras pretensiones de cogobierno. La triestamentalidad la podemos entender como un paso necesario para lograr un gobierno universitario en que las decisiones no vengan tomadas desde arriba y nuestra participación, como la de los funcionarios, se limite a un voto de cuestiones ya zanjadas, es decir, la opinión que podamos emitir viene determinada a priori y sin contar con la participación de las bases. Decimos que la triestamentalidad es necesaria porque es a través de ésta que, tanto estudiantes como funcionarios, tomamos conciencia de nuestro rol en el gobierno universitario y a la vez confirmamos que nuestra participación estuvo siempre limitada a partir del carácter burgués que posee la institución universitaria.

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Sin Tregua Nº 1 Año 1