Los tres órdenes de gobierno –municipal, estatal y federal– y los tres poderes –legislativo, ejecutivo y judicial–, a través de los cuales se manifiesta el poder público, tienen obligación de organizar el aparato gubernamental de manera tal que sean capaces de asegurar, en el ejercicio de sus funciones, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Para cumplir con esta obligación, los tres órdenes y los tres poderes deben prevenir, atender, investigar, sancionar y reparar el daño que se les inflige a las mujeres. Las interpretaciones progresistas de la definición de la Declaración de las Naciones Unidas afirman que los actos de omisión, como la desatención o la privación, pueden constituir violencia contra las mujeres. Instrumentos jurídicos internacionales más recientes amplían la definición para incluir la violencia estructural, es decir, el daño derivado de los efectos de la organización de la economía en la vida de las mujeres14.
Violaciones al derecho a la libertad El artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice a la letra: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. La violación al derecho a la libertad personal se produce cuando el Estado, a través de sus agentes, niega a una persona o grupo de personas el ejercicio de sus derechos fundamentales, privándolas de la libertad, ya sea sometiéndolas a reclusión en un recinto carcelario o trasladándolas a lugares distintos al de sus domicilios habituales15.
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Ver el Protocolo de los Derechos de la Mujer en África (julio 2003), de la Unión Africana, y la recomendación de Ministros del Consejo de Europa a a los Estados Miembros sobre la protección de las mujeres contra la violencia, Rec (2002)5, del 30 de abril de 2002. Clasificación de la violación a los derechos humanos. Disponible en: www.derechoschile.com/basicos/definiciones/glosfasic.htm#3 [Consulta: 2 de diciembre de 2010].
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