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Revista Insurreci贸n Edici贸n No.367 Abril/08/2013


EDITORIAL 3 Gaitán Llama !!!A LA CARGA!!!

Santos Quemó 7 Máquinas de Minería Artesanal

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Autor: Pedro Rodríguez Martínez

Inviable el Rescate Militar del Canadiense [Comunicado N.5]

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Control Social y Política Criminal Contra Insurgente

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Desafíos de la Revolución Después de Chávez

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Autor: Dirección del Frente Darío Ramírez Castro Autor: Colectivo Carlos Alberto Trochez Autor: Frente Internacional Milton Hernández


EDITORIAL

Gaitán Llama

!!!A LA CARGA!!!

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ensaje del Comandante Nicolás Rodríguez, a los convocantes y asistentes del evento a realizarse el 9 de Abril en Bogotá.

Las luchas por la paz no las detiene nadie, Gaitán llama “a la carga” y su pueblo lo escucha hecho rebeldía, hecho esperanza, levantando sus banderas como en aquel febrero de 1948 en “La Oración Por la Paz”. Esta vez el pueblo se está movilizando y a él se unen importantes sectores sociales para plantearle a esa misma oligarquía que asesinó a Gaitán, si va a continuar respondiendo violentamente a sus clamores de justicia, democracia, soberanía y paz, o si por el contrario, la larga noche de mas de medio siglo de conflicto social y armado, la seguirá imponiendo desde el poder esa la oligarquía.

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Esta gran pregunta está planteada en las discusiones que dan distintas expresiones populares y sociales, incluida la insurgencia, porque es claro que un camino hacia la paz implica cambios profundos que superan la retórica y ganarle la batalla política a los que se rasgan las vestiduras porque las mayorías vemos en la paz, un camino que no es el silencio de la rebeldía y de la lucha, sino de profundos cambios estructurales a los que los dueños del poder le temen, porque implica afectar sus privilegios.

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Este asunto que está al centro de las discusiones de hoy, fue la causa del asesinato de Gaitán aquel luctuoso 9 de Abril de 1948.

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Las anteriores movilizaciones clamando paz, la que en este 9 de Abril se desarrolla, la que se realizará del 19 al 22 del presente mes, es una clara demostración de que Colombia no acepta que la clase en el poder, le siga imponiendo el camino de la guerra para dirimir las contradicciones de clase, como fue su criminal decisión que llevó al asesinato de Gaitán y creó el mal llamado Frente Nacional que excluyó a los de a pie y les declaró la guerra.

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Basta ya de esa lógica perversa que criminalizó las luchas de las mayorías. Esta Colombia mayoritaria ha buscado, como lo predicaron Gaitán y Camilo Torres, la unidad popular y por la base de los excluidos de la patria, de los sin tierra, de los sin pan, de los discriminados, de todos los hombres y mujeres a quienes se les excluye de su derechos y que ayer, hoy y mañana, han estado, están y seguirán estando presentes en la vida y las luchas del país, exigiendo que se les tenga en cuenta porque sin ellas y sin ellos, no hay futuro.

Respetadas y respetados señores convocantes y asistentes a este importante evento que viste de esperanzas y sueños de paz nuestra Colombia amada, pero herida de muerte, por un conflicto social y armado, que nos estremece el alma: El ELN está aquí junto a cada una y cada uno de ustedes, buscando los caminos de la paz, tal como lo ha querido desde el mismo momento en que se alzó en armas, y como lo hemos reafirmado dialogando con distintos gobiernos hace más de 20 años, para que se haga realidad la Salida Política al Conflicto, que ustedes y nosotros anhelamos, que no es la rendición ni la entrega, sino un camino distinto al de la Guerra para construir una patria incluyente armoniosa y de paz. No es verdad que el pueblo y los sectores medios del país, seamos violentos; somos gentes de paz y de trabajo, solo que hemos tenido y tenemos dignidad, por ello exigimos y luchamos por lo que nos pertenece y como ello no ha sido posible por las vías políticas y democráticas, no hemos encontrado otro camino que el de la lucha, la rebeldía y el levantarnos en armas.


Hoy cuando el gobierno anuncia su disposición para que Colombia transite el camino hacia la paz, aquí estamos otra vez, las hijas y los hijos de Gaitán y Camilo, levantando sus banderas para alcanzar una paz digna, que se sintetiza en democracia, soberanía justicia y equidad social. Vamos por ello colombianas y colombianos, que se una y se movilice el país entero, desde el Putumayo hasta la Guajira, desde la tierra digna y luchadora del pacífico chocoano, hasta donde limita Colombia con el Brasil, en una voz altiva y unitaria por la esperanza y la paz que nos merecemos todas y todos para siempre.

Muchas gracias. Abril de 2013.


Autor: Pedro Redríguez Martínez

Santos Quemó 7 Máquinas de Minería Artesanal

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n el marco de la entrega de los recursos minero energéticos colombianos, la minería artesanal fue criminalizada y ahora es llamada “minería ilegal”.

Criminalizada entonces la minería artesanal, se le declara la guerra a los pequeños y medianos mineros que derivan el sustento, de su modesto esfuerzo y son declarados ilegales y perseguidos como criminales.

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¿Que persigue el gobierno con tal procedimiento? Limpiar de obstáculos el territorio, para darle curso a la gran minería, esa sí ilegal y que le causará a Colombia, daños irreparables no solo a sus pobladores sino al medio ambiente.

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Por ello Santos se ufana de ordenar la quema 7 retro-escavadoras destinadas a la pequeña minería y de detener trabajadores, mientras que la presidenta de la Agencia Nacional Minera, María Constanza García ha declarado: “esperamos en el segundo semestre de este 2013, salir a licitar las primeras áreas, de las 20,5 millones de hectáreas proyectadas para exploración minera; se busca aumentar la producción de minerales, poder traer diferentes inversores dependiendo de las posibilidades que tenga cada uno de los sectores en el país. Que vengan a invertir en Colombia, que vengan a traer su músculo financiero, su músculo técnico y que así podamos realmente hacer una transformación y una minería de escala mundial”.


¿Qué significa el propósito de Santista para los millones de mineros artesanales que subsisten de la pequeña y mediana minería? La quema de las 7 máquinas ordenada por Santos en días recientes, en el nordeste de Antioquia, es un claro indicador de para donde van las cosas. El gobierno usa métodos violentos para encarar un grave problema social que se ha generado, fruto de políticas oficiales donde se le abren las puertas al capital transnacional, sacrificando la modesta economía de una población a la que el gobierno en vez de estimularla, la criminaliza sin ofrecerle otra salida que la represión, ilegalización y la lucha. Lo ocurrido en el Nordeste es un campanazo de alerta pero la dimensión del problema presenta un dramatismo necesario de prever y buscar salidas, que superen lo personal y regional igual que con muchos otros problemas que llevaron a Colombia a una grave crisis, veamos:

Aun así y según diversos analistas, entre ellos, Libardo Sarmiento Anzola, en el país operan más de mil empresas multinacionales que abarcan toda la economía. Un importante número de ellas, operan en el sector minero energético, el que en los últimos años, ha captado el mayor esfuerzo inversionista, según la información de la Agencia Minera nacional, que estima en más de 12 mil millones de dólares para el año 2012. Las últimas estadísticas del catastro minero, registra una subida en las solicitudes de títulos mineros por las empresas extranjeras y son las grandes compañías multinacionales del carbón, oro, níquel y petróleo, las principales productoras y exportadoras de minerales. Estos conglomerados empresariales son los que más ejercen presión para que cada día se concedan mayores garantías a las actividades mineras, desarrollo que es muy agresivo en términos ambientales y sociales, para con la madre tierra y las comunidades.

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La Ley 99 de 1993 estableció que la biodiversidad de Colombia, por ser patrimonio nacional y de interés de la humanidad, debe ser protegida prioritariamente y aprovechada en forma sostenible (numeral 2, articulo. 1), y que la acción para la

protección y recuperación ambientales del país es una tarea conjunta y coordinada entre el Estado, la comunidad y las organizaciones no gubernamentales y el sector privado.

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Tales empresas multinacionales cuentan con el mayor nivel de información sobre las reservas minero-energéticas y no energéticas de Colombia, porque muchos de sus gerentes han sido funcionarios de alto nivel en los ministerios e instituciones ambientales y mineras colombianas, que salen directamente a ejercer la dirección de las multinacionales, e influyen decididamente en los marcos constitucionales y políticos para este sector económico, que coloca en entredicho la soberanía del país en el manejo y administración de los recursos naturales. Las desventajas y consecuencias sociales, económicas ambientales y de entrega de la soberanía que implica la mentada

Locomotora Minero Energética santista, no caben ni pueden describirse en muchas cuartillas. Todos sabemos lo lesiva que fue para Colombia, la inmisericorde dominación del imperio español durante 500 años, ahora la voracidad de las transnacionales imperialistas, traen sus tecnologías de punta para robarse la riqueza que aun le queda a esta saqueada patria, y no necesitan medio siglo para que su rapacidad acabe con el futuro de las generaciones futuras y dejen nuestro suelo convertido en un sombrío socavón, como testimonio de una clase dominante vende patria y una sociedad que no tuvo el valor de defender su futuro.


Colombianos y colombianas, la dignidad es el patrimonio que nos han dejado los mayores, no podemos ser inferiores, es la hora de la lucha, de la unión, el patriotismo y el amor a las nuevas generaciones; no permitamos que con nuestro sacrificio, pretendan los extranjeros superar la crisis de un sistema decadente, que ha descargado su crisis sobre los hombres de los trabajadores y las gentes humildes. Unamos las luchas y los esfuerzos para que una sola voz se escuche, se respete y podamos hablar así, de democracia, justicia soberanía y paz, estos son objetivos, no retóricas que se repiten desde el poder, para

seguir engañando y ofreciendo trabajo a unos pocos con el sacrificio de todos; es la hora de despertar, estar de pie y luchar por lo que nos pertenece. El ELN reitera su compromiso de seguir estando del lado de los humildes y acompañar sus luchas hasta las últimas consecuencia, es de esa manera que Colombia alcanzará la paz que hoy se invoca desde todos los rincones de Colombia, donde un nuevo gobierno representando los intereses de todos, concrete ese anhelado sueño de los hombres y mujeres que hemos echado nuestra suerte a andar, por dignidad patria y por la definitiva independencia.


Autor: Dirección del Frente Darío Ramírez Castro

Inviable el Rescate Militar del Canadiense

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esde el 18 de enero, en que guerrilleros del frente Darío Ramírez Castro, tomaron las instalaciones de la mina de oro de Casa de Barro, Norosí, de la multinacional minera Braewal Mining Corporation, las fuerzas militares, paramilitares y policiales del gobierno de Santos, intentan inútilmente el rescate militar del geólogo Jernoc Wobert.

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El cerco que realizan las fuerzas gubernamentales, fue atacado este sábado 23, a las 11 y 50 AM, en las afueras del casco urbano de Norosí, en medio de 2 de sus Bases fijas, por las Tropas Especiales guerrilleras comandante Yesenia, produciéndoles 4 bajas. Durante el ataque las unidades insurgentes no tuvieron contratiempos.

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La multinacional minera Braewal con sede en Toronto, Canadá, debiera buscar una solución no militar a la retención que sufre su vicepresidente de exploraciones, el geólogo Wobert. Una muestra de su voluntad de negociar, sería que devolviera los Títulos Mineros que sonsacó a las comunidades de mineros tradicionales de Mina Seca (1526,91 hectáreas), La Nevera (880,32 Has), Casa de Barro (200 Has) y Las Nieves (36 Has). ¡Colombia para los trabajadores! ¡Ni un paso atrás, liberación o muerte! Dirección del Frente Darío Ramírez Castro Ejército de Liberación Nacional Serranía de San Lucas Marzo 26 de 2013.


Autor: Colectivo Carlos Alberto Trochez

Control Social y Política Criminal

CONTRA INSURGENTE

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a política contra la criminalidad en un país, está relacionada con la forma como la sociedad actúa organizadamente frente a las acciones delictivas que intimidan, afectan su armonía y su normal desarrollo. A esta política no sólo le debe interesar la descripción de la reacción de la sociedad, sino que debe busca dar soluciones y prevenir el delito, fin último que permitirá una mayor eficiencia del sistema.

Las sociedades deben propender porque la política contra el crimen de sus países sea estable, obedeciendo a los niveles de organización y evolución de la misma sociedad. Una sociedad organizada debe estudiar a profundidad y decidir, luego de estudios sociológicos, sicológicos e históricos, qué clase de conductas merecen tratamiento penal, cuál debe ser la magnitud de la sanción y cuál el régimen penitenciario aplicable.

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En función de ello se dan un conjunto de acciones por parte del Estado, tendientes primero a prevenir y posterior castigar el delito y desde esta perspectiva, se definen los fines jurídicos y el orden que busca proteger, definiendo los instrumentos legales para estos propósitos y los entes que los aplican y desde un estudio juicioso del comportamiento de la sociedad, establecer la conducta que penaliza, de la misma forma fijar las sanciones, que deben ser “coherentes y proporcionales”, acorde a la gravedad, y definir en correspondencia el tratamiento indicado.

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Pero en realidad los usos del derecho penal a través de la política contra el crimen en Colombia, se dan como mecanismo de control, obedeciendo a dinámicas coyunturales generadas por los desajustes de la sociedad y también obedeciendo a dictados del imperialismo en su afán de controlar el continente. Es por ello que para combatir el comunismo en Colombia se adopta el programa de política criminal que conocimos como Doctrina de Seguridad Nacional DSN. El código penal de 1980 fue influenciado política y jurídicamente por esta doctrina, de ahí sobrevino la criminalización de toda manifestación de protesta social. Hoy tenemos una sociedad con

grandes y graves desajustes sociales: niveles de pobreza extremos, dinámicas de exclusión históricas, inequidad como ningún otro país en el continente, diversas expresiones de violencia, narcotráfico, corrupción, una guerra interna como expresión de un conflicto político social y armado, un Estado aliado del narcotráfico y el paramilitarismo, que sembraron de sangre y degradaron de manera extrema el conflicto. Estos graves desajustes de la sociedad, afecta la dignidad y los derechos humanos de la población colombiana, y las posibilidades de un normal desarrollo como colectividad. Por su parte el Estado ha demostrado que es incapaz de resolver teles problemas, por la vía de políticas, planes y programas


de desarrollo, esta realidad y el crecimiento de estos desajustes sociales rompen su propio ordenamiento jurídico, acudiendo a la adopción de la política criminal como instrumento para enfrentar los graves desajustes sociales. Un Estado como el colombiano, que no es capaz de resolver los problemas de sus ciudadanos, no puede tener una política estable contra la criminalidad, lo cual lo lleva a cambiarla constantemente de acuerdo a sus intereses y a los vaivenes coyunturales, pues se pretende resolver los problemas sociales y sus consecuencias con el código penal. En los últimos años, el legislativo se ha dedicado a cambiar dicho Código, para crear delitos o aumentar penas, una tarea poco difícil para los

legisladores, de la que ya son expertos, pero que no ha mostrado su eficacia. Según las leyes colombianas, el Estado tiene como objetivo primordial la prevención del delito, entendido de la mejor manera, como coerción jurídica, encaminada a solo castigar al ciudadano cuando comete acciones consideradas lesivas a la sociedad. Los problemas sociales no pueden tener un tratamiento penal, la pobreza, la exclusión, no pueden ser castigadas con cárcel, es necesario deslindar la política criminal de los desajustes de la sociedad, de lo contrario estamos hablando de un Estado Fallido que no resuelve sus problemas y que por el contrario reprime y castiga


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a sus ciudadanos, que reclaman sus derechos fundamentales.

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La existencia del conflicto político social y armado en Colombia, ha llevado a criminalizar la acción de rebeldes y opositores al régimen, convirtiendo la política criminal y el sistema carcelario en instrumento contrainsurgente, como otra manera de combatir y diezmar la acción y lucha revolucionaria. Esta política criminal, claramente defiende unos intereses de clase, que busca obtener beneficios políticos y de control social para unos pocos, a costa del sometimiento de los grupos más vulnerables de la sociedad.

En síntesis una política criminal encaminada a sostener el estado de exclusión e inequidad que padecemos los colombianos. La crisis social que vive el país, no la resolvemos con política criminal, ni penal, ni mucho menos con la construcción de megacárceles, es necesario abordar desde sus raíces esta realidad para transformarla. La gran mayoría de las personas privadas de la libertad, no son violentas por naturaleza, sino que reaccionas recurriendo a la rebeldía, resultado de una violencia emanada de un sistema económico y social, injusto y excluyente, de una sociedad mercantilizada y


degradada que ha venido sepultando los valores humanos y los principios éticos. Ahora que el el gobierno plantea la búsqueda de la terminación del conflicto político social y armado, entre insurgencia y Estado colombiano, como se expresa en la mesa de dialogo en la Habana y en el posible proceso con el ELN, con la participación activa de la sociedad organizada y que nos acercamos a la construcción de la paz duradera como resultado de un gran acuerdo de los colombianos, que encamine al país por la senda de la democracia real; la política contra la criminalidad colombiana debe cambiar y obedecer a la nueva realidad; en esta perspectiva se debe emprender de manera juiciosa el estudio de los cambios que requiere esta política, para una sociedad justa y estable.

Cada grupo de políticas debe garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Dentro de este parámetro la política contra el crimen colombiana debería tender a la prevención eficaz del delito y ser garante de la justicia social. Por lo anterior deben desaparecer todas las normas arbitrarias que judicializan la pobreza y la protesta social. La pena máxima de prisión en el nuevo código penal no puede exceder los 20 años. Mientras tanto, debe darse una alternativa para los presos del país, que han sido condenados obedeciendo a una política criminal equivocada y excluyente. Recuperar su dignidad cumpliendo por lo menos con las normas establecidas por la normatividad internacional para estos casos y una acción de reparación general y de justicia, que otorgue una rebaja de la pena del 20 %. Sería lo justo si se trata de resolver los problemas que han generado tanta violencia.

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La política contra el crimen, no puede ser vengativa, debe estar orientada a prevenir los comportamientos tipificados como delitos, para que no se traduzca en una política punitiva que se reduce a castigar con penas de prisión, aumentándolas al extremo de cadenas perpetuas; debe hacer parte integral de las transformaciones sociales que requiere el país, estar

simultánea e íntegramente relacionada con todas las políticas que constituyen el conjunto de políticas públicas, ya que ellas no se realizan por sí mismas.

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Autor: Frente Internacional Milton Hernández

Desafíos de la Revolución Después de Chávez “Todo lo que usted no hizo, está por hacerse.”

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alabras que el ELN pronunció para despedir al Comandante en jefe Manuel Pérez Martínez, que hoy retomamos para dirigimos a la memoria eterna del Comandante Hugo Chávez.

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La partida física del Comandante Chávez, ha dejado un notorio vacío dentro de las izquierdas nuestramericanas. Su papel protagónico como arquitecto, no solamente de la revolución bolivariana sino nuestramericana, es incuestionable. Por tanto, resulta casi inevitable desear que otro líder de su tamaño político-éticoespiritual, aparezca para llenar el vacío que él dejó. Pero, como personas de la magnitud de Chávez, Bolívar, Fidel y el Ché, solo es producto de los procesos mismos, lo cual precisa pensar que la tarea de hacer avanzar el proyecto de liberación socialista reposa sobre nuestros propios hombros: es decir, de los pueblos. La despedida de Chávez debe servirnos como un llamado de atención para no “dormirnos en los laureles” de las recientes conquistas electorales del campo progresista, de no pecar de triunfalismos y definir las rutas de profundización y radicalización de nuestros proyectos emancipatorios. Para ello, es indispensable partir de un análisis objetivo del momen-


to histórico que vive la Patria Grande. El politólogo e intelectual cubano, Roberto Regalado, aporta el siguiente diagnóstico, que nos sirve para provocar una reflexión.

Crítica y autocrítica: 1.- Los gobiernos progresistas y de izquierda existentes en América Latina continúan siendo espacios de confrontación, en la cual ninguno ha podido sustraerse de manera absoluta de la hegemonía neoliberal. 2.- Si bien la izquierda latinoamericana ha conquistado importantes espacios institucionales, el proyecto alternativo, poscapitalista, socialista, no acaba de nacer: está aún en fase de construcción. 3.- A diferencia de las vertientes revolucionarias del siglo XX, los actuales gobiernos latinoamericanos de izquierda: a) No destruyen al Estado burgués.

c) No fundan un nuevo poder, ejercido exclusivamente por las clases desposeídas (dictadura del proletariado). 4.- La izquierda latinoamericana ha accedido al gobierno de

A estos elementos que, de acuerdo al analista cubano, representan los desafíos más significativos para el avance del proceso revolucionario de Nuestramérica, podríamos adicionarle dos más, planteados por el comandante Pablo Beltrán, del Comando Central de nuestro ELN: 1. La necesidad de superar “el productivismo, desarrollismo, extractivismo, consumismo”, que son “hijos de una letal creencia, en la que el progreso, se considera como una línea ascendente sin fin, para dominar la naturaleza, devorarla y agotarla, en un delirante acto de egoísmo, carente de responsabilidad con el futuro”; y 2. La necesidad de avanzar en la construcción de una contracultura socialista, en franco desafío de la hegemonía cultural del capital que impone “el interés individual, privado, sectorial y de elite” por encima de la fuerza “de lo comunitario, la colectividad, lo social, lo público, las mayorías y lo nacional.”

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b) No eliminan la propiedad privada de los medios de producción.

acuerdo con las reglas de la democracia burguesa, incluido el respeto de la alternabilidad, en este caso con la derecha neoliberal que, desde la oposición obstaculiza, y si regresa al gobierno revertirá, las políticas que ella ejecuta.

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Superar el Estado burgués; suplantar las lógicas depredadoras del capital por un sistema de producción y reproducción ampliada del vivir bien; superar la tentación de reproducir los patrones desarrollistas y extractivistas; y, socializar el poder político y social para construir auténticos poderes populares, son desafíos que dependen de la capacidad de nuestros pueblos de, en las palabras del comandante Beltrán, “liberar la fuerza creativa socialista expresada sobre todo en la producción, el poder y el saber popular.” Es ese el mejor homenaje que le podemos brindar a la memoria eterna del Comandante Hugo Chávez.

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En este sentido, nos podemos remitir al Plan de Gestión Bolivariana Socialista (2012), redactada por el Comandante Chávez, donde señala: “No nos llamemos al engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista.” El documento sigue al señalar como meta estratégica desarrollar “la propiedad social sobre los factores y medios de producción básicos y estratégicos que permita que todas las familias y los ciudadanos y ciudadanas venezolanos y venezolanas ejerzan el pleno goce de sus derechos económicos, sociales, políticos y culturales, logrando el vivir bien.”

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Revista Insurrección N.367  

Revista realizada por el Ejército de Liberación Nacional

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