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Justicia Internacional. NĂşmero especial Octubre de 2011

Justicia Internacional


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Índice

Un especial para la esperanza

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Los Mau Mau contra Inglaterra

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ICTY, un largo recorrido que encara su recta final

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Una historia reciente

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Algunos artículos sobre Justicia Internacional

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La Mirada: los que se sentaron en el banquillo

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La consolidación de la justicia global

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Batasuna y el TEDH

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La levedad del genocidio

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La Iglesia Católica y la Corte Penal Internacional

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El Sistema Interamericano de Derechos Humanos

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¿Es genocidio lo que sucede en Palestina?

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¿Quién debe ser juzgado?, el caso de los Jemeres Rojos

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Esta publicación es una recopilación de artículos de la página web www.miradasdeinternacional.com, y se acoge a la misma licencia que ésta. Número especial: Justicia internacional. Octubre de 2011. Dirección: Laura Villadiego, Sergio Montijano y Javier Collado. Maquetación: Javier Collado. Portada: Luis Alberto García López, a través de fotos de licencia Creative Commons.

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Un especial para la esperanza Por Sergio Montijano y Alejandra Hernampérez

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l ser humano es capaz de crear la mayor belleza, de superarse así mismo y tocar los límites de lo inalcanzable, pero en ocasiones, también, de crear la mayor destrucción para sí mismo. La barbarie y lo aberrante concurren en un lugar y un momento y el hombre se vuelve un lobo contra el hombre.

ados tras la II Guerra Mundial, que enjuiciaron a los vencidos, tenían un fuerte componente de venganza, pero también de esperanza, de una justicia que, aunque a veces tarde, deficiente, o incompleta, busca resarcir, intentar, en la medida de lo posible, hacer justicia para aquellos que no tienen nada que perder porque ya todo lo perdieron, a menudo, incluso Sin embargo queda la la vida. Tras nuestros especiaesperanza. Los tribunales cre- les sobre Cambio climático y

Democracia en Miradas de Internacional hemos querido realizar un nuevo especial, esta vez sobre la justicia penal internacional. Es el derecho de los soñadores y de aquellos que todavía conservan la fe en el ser humano, en su capacidad de superarse a sí mismo y de avanzar hacia una sociedad mejor. La Justicia Internacional es un campo complejo, con conceptos muy específicos que es necesario conocer para

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comprender el significado de lo que se está hablando. Por ello, como parte de esta introducción, incluimos algunos de los conceptos más importantes que manejaremos durante los próximos días.

Existen cuatro bloques en relación a los delitos más graves a nivel internacional. Son delitos imprescriptibles y que, dependiendo del país en los que sucedan o lo que opine la Comunidad Internacional, son juzgados mediante la Justicia Universal (tan recortada últimamente), principio por el que cualquier país puede juzgar a alguien que haya cometido graves delitos contra la humanidad, o por la Corte Penal Internacional, si el país origen del responsable de dicho crimen ha ratificado el Estatuto de Roma. En contadas ocasiones, se han creado además Tribunales ad hoc (para juzgar un caso concreto) auspiciados por las Naciones Unidas. Hasta el momento, sólo se han aplicado a cuatro casos: Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Camboya. Los delitos más importantes que se juzgan en estas instancias internacionales son los siguientes:

Crímenes contra la humanidad Estos actos también se denominan crímenes de lesa humanidad porque ‘leso’ sig-

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nifica agraviado, lastimado, Genocidio ofendido; un crimen que, por su aberrante naturaleza, ofende, agravia, injuria a la El 11 de diciembre de 1946 Humanidad en su conjunto. la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba la La definición de crimen Resolución 96 por unanimicontra la humanidad que dad en la que declara que el recoge el Estatuto de Roma “genocidio es la negación del comprende el asesinato, el derecho a la existencia de gruexterminio, la deportación o el pos humanos enteros, como el desplazamiento forzoso, la homicidio es la negación del encarcelación, la tortura, la derecho a la vida de seres violación, la prostitución for- humanos individuales; tal zada, la esterilización forzada, negación del derecho a la exisla persecución por motivos tencia conmueve la conciencia políticos, religiosos, ideológi- humana, causa grandes pérdicos, raciales, étnicos u otros das a la humanidad en la definidos expresamente, la forma de contribuciones culdesaparición forzada, el turales y de otro tipo represecuestro o cualquier acto sentadas por esos grupos inhumano que cause graves humanos y es contraria a la sufrimientos o atente contra ley moral y al espíritu y los la salud mental o física de objetivos de las Naciones quien los sufre, siempre que Unidas…” . Dos años más ello se realice como parte de tarde se firmaría en Nueva un ataque generalizado o sis- York la Convención para la temático contra una población prevención y sanción del delicivil y con conocimiento de to de Genocidio. dicho ataque. Son genocidio aquellos Los crímenes pueden ser actos que son perpetrados con realizados por funcionarios la intención de destruir, total estatales (con independencia o parcialmente, a un grupo de su jerarquía o cargo) o por nacional, étnico, racial o relimiembros de una organiza- gioso, como tal mediante la ción política. Debe tratarse de matanza de miembros del un ataque contra la población grupo; la lesión grave a la civil y no sólo se refiere a ata- integridad física o mental de ques militares: pueden produ- los miembros del grupo; el cirse tanto en tiempo de gue- sometimiento intencional del rra como en tiempo de paz grupo a condiciones de exispero hay que recordar que el tencia que hayan de acarrear ataque tiene que ser generali- su destrucción física, total o zado o sistemático, no pudien- parcial; las medidas destinado considerarse como tal los das a impedir los nacimientos actos aislados. en el seno del grupo; y el tras-


lado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. Lo que se busca proteger es la existencia de determinados grupos humanos considerados estables, que son el ámbito en el que se desarrolla el individuo social y culturalmente y que forman el sustrato de la comunidad internacional siendo, en relación a su funcionalidad para el individuo, de importancia casi comparable a los propios Estados. El concepto de genocidio fue el resultado de un difícil equilibrio político y duras negociaciones para sacarlo Representación de la Justicia en Alexandria, Virgina (EEUU) / adelante, lo que resultó en que Flickr, Dan4th no se puede interpretar que englobe en el concepto de genocidio el llamado “autogenocidio“: consistiría en la matanza de miembros del mismo grupo nacional, étnico, racial o religioso que el autor, distinguidos de éste último por otros criterios, como por toma y ejecución de rehenes; ejemplo la ideología o los el pillaje de bienes; la destrucobjetivos políticos. ción sin motivo de ciudades y pueblos; la devastación que Crímenes de guerra y no se justifique por la necesicrímen de agresión dad militar y asimismo , las infracciones graves de las normas de los Cuatro Convenios De acuerdo con el Estatuto de Ginebra y del Protocolo de Roma se consideran críme- Adicional Primero. nes de guerra el asesinato, los malos tratos o la deportación Respecto del crimen de para obligar a realizar traba- agresión tenemos que remonjos forzosos a la población tarnos a la Resolución 3314 civil de los territorios ocupa- de la Asamblea General de dos; el asesinatos o los malos Naciones Unidas en la que tratos a los prisioneros de señala que “la agresión es el guerra o de los náufragos; la uso de la fuerza armada por

un Estado contra la soberanía, la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, o en cualquier otra forma incompatible con la Carta de las Naciones Unidas”. Aunque el crimen de agresión se encuentra tipificado (recogido en texto), no tiene, por el momento, responsabilidad personal en el Estatuto de Roma. Es un crimen de líderes, de los principales dirigentes de los Estados en los que se cometieran o que hayan dado el consentimiento para que se llevaran a cabo.

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Los Mau Mau contra Inglaterra Por Aurora Moreno Alcojor, autora del blog ‘Por fin en África’

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erá difícil que la Justicia con mayúsculas, la de ver a sus torturadores sentados en el banquillo de los acusados, les llegue a la guerrilla rebelde del Mau Mau en Kenya, pero sí es factible que obtengan al menos indemnizaciones y una disculpa pública por parte de Gran Bretaña, potencia colonizadora en Kenya que, según los indicios, utilizó métodos de tortura contra los Mau Mau. En los años 50, los británicos reprimieron a sangre y fuego a los Mau Mau. Durante décadas, Londres negó los hechos, pero recientemente los documentos sobre las torturas sistemáticas han salido a la luz. Ahora, un juez ha dado luz verde a la demanda de los represaliados. Los hechos ocurrieron a finales de los 50 y, a día de hoy, no sólo no han sigo juzgados sino que hasta el momento las autoridades británicas se habían negado a reconocer su existencia. La revuelta de los Mau Mau surgió en el seno de la tribu kikuyu, la más numerosa de Kenia, después de que miles

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de personas de esta etnia fueran trasladadas a la fuerza a otras zonas siendo sus tierras entregadas a los colonos blancos. Nacieron primero con la intención de protestar contra las expropiaciones y con el tiempo evolucionaron hacia las posiciones independentistas. Los Mau Mau fueron declarados asociación ilegal en 1950 por las autoridades británicas, y pronto se convirtieron en un grupo muy radical, llegando en ocasiones a cometer actos de extrema crueldad. Las autoridades impusieron entonces el Estado de emergencia, rebajando al límite los ya de por sí pocos derechos civiles de los africanos, y comenzando una violenta represión que, en muchos casos, afectó a personas que poco o nada tenían que ver con la guerrilla. La brutalidad está en el centro de la demanda presentada este año por cuatro kenianos de entre 70 y 80 años que sufrieron la represión británica en sus carnes: Paulo Nzili, Ndiku Mutua, Wambugu Wa Nyingiy y Jane Muthori Mara. Según sus declaraciones, Nzili y Mutua fueron castrados por pertenecer al movimiento, aunque,

afirman, sólo ayudaban con el suministro de comida; Wa Nyingi estuvo encerrado en varios campos de internamiento y recibió innumerables palizas sin que se le formulara acusación alguna; y Muthori Mara fue detenida con 17 años y brutalmente torturada, además de ser violada. La respuesta de Gran Bretaña ante esta demanda fue la de siempre: negar los hechos y justificarse en la falta de pruebas. Pero en esta ocasión, la jugada se torció para Londres gracias al tesón de Edward Inglett, un funcionario británico perteneciente a la sección africana del Foreign Office. El hombre recibió una solicitud para entregar los documentos relativos al Gobierno colonial en Kenya y empezó a rastrear por los archivos, encontrándose con que varios departamentos le insinuaron que dejara de buscar. Esto le motivo más si cabe y terminó logrando un permiso para entrar en Hanslope Park, sede del servicio de comunicaciones de la Inteligencia británica y hasta hace unos meses un lugar desconocido para el mundo. Allí encontró


Soldados Mau Mau en los años 60. / Créditos: “Mau Mau Fighters in Scout Uniforms, c. 1963 [Photograph],” in Children and Youth in History, Item #105, http://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/105 (accessed September 13, 2011). Annotated by Tim Parsons

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nada menos que 1.500 documentos, muchos de ellos comprometedores, sobre la actuación británica en Kenya. Todo indica que las 300 cajas de documentos descubiertas ahora fueron sacadas de Kenia en 1963 y llevadas en secreto a Londres pocos días antes de la declaración de independencia por el país africano.

¿Pero qué recogen exactamente estos documentos y qué puede suponer para la reclamación de los Mau-Mau?

discutibles dese el punto de vista legal”, en palabras del juez Richard Mc. Combie, que dio la luz verde a la demanda. Los ancianos reclaman al gobierno británico que pida perdón y que constituya un fondo de ayuda a los supervivientes de la represión. Pero de momento, Londres ha respondido que ha pasado ya mucho tiempo y que su responsabilidad habría terminado cuando Kenia accedió a su independencia.

Precedente para otras ex colonias

La importancia de este caso radica, además, en que podría Estos documentos podrían sentar precedente para las servir para demostrar el uso reclamaciones de otros keniasistemático, no puntual, de nos que también sufrieron la torturas y violaciones de represión y, sobre todo, para Derechos Humanos realiza- otros países colonizados en das indiscriminadamente los que el Imperio Británico contra los miembros de la pudo cometer el mismo tipo guerrilla Mau-Mau pero tam- de actuaciones. bién contra población civil. El objetivo de los demandanSegún la Comisión de tes es, por lo tanto, demos- Derechos Humanos de trar que sus casos no fueron Kenya, el número de persoaislados, sino que formaban nas torturadas, mutiladas o parte de un sistema de tortu- ejecutadas por oficiales britáras aplicado por la policía y nicos durante la represión de otros miembros de los servi- la revuelta puede ascender a cios de seguridad con pleno más de 90.00 personas. Más conocimiento de la lejos todavía va la profesora Administración Colonial. de Harvard Caroline Elkins, autora del libro “El Gulag briGracias a estos documen- tánico”-Premio Pulitzer tos, el Tribunal Superior de 2006-, quien estima en Londres ha autorizado a los 100.000 el número de muercuatro ancianos a demandar tes. “La sanidad en los camal gobierno británico, asegu- pos era inexistente, y las epirando que “se trata de casos demias acabaron con muchos

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de los detenidos. Las recomendaciones de los médicos eran ignoradas. La lista de atrocidades cometidas por las autoridades es de todo tipo. Era habitual la violación y la introducción de botellas rotas y cuchillos en hombres y mujeres. También hubo numerosos casos de castración, apaleamientos, aislamiento, quemaduras en los vivos, latigazos, tortura mediante ahogamientos y trabajos forzados”, escribe la norteamericana en su libro. Otros historiadores critican sus cálculos y rebajan el número de víctimas a 20.000, pero más allá de las cifras, lo que queda claro, y así lo demuestran los documentos ahora hallados, es que esta situación fue denunciada por varias personas y que el mismo Sir Evelyn Baring, último gobernador de Kenya antes de la independencia, no sólo tenía conocimiento de la situación sino que informaba periódicamente a sus superiores, lo que prueba también que los responsables en Londres eran conscientes de la situación en la colonia. De momento, la batalla legal no ha hecho más que comenzar y puede que algunas de las víctimas mueran antes del fallo del juez, pero para ellos es ya una victoria, puesto que nunca pensaron poder llegar hasta la mismísima Justicia británica.


ICTY, un largo recorrido que encara su recta final Por Rubén Martínez El ex jefe del ejército yugoslavo Momcilo Perisic ha sido el último general condenado por el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, el ICTY. Perisic pasará los próximos 27 años en prisión por proporcionar ayuda militar a las fuerzas serbobosnias responsables de la masacre de Srebrenica, y participar en la sangrienta campaña llevada en Sarajevo durante cuatro años. Con la sentencia a Perisic, las Naciones Unidas ha condenado por primera vez a un oficial militar o civil de la antigua Yugoslavia por crímenes de guerra y contra la humanidad llevados a cabo en Bosnia. Pero la labor del ICTY no se acaba aquí, dado que aún ha queda mucho trabajo por hacer para seguir cerrando heridas del pasado. Son numerosos los casos ya cerrados y los que se encuentran en su recta final, pero en la lista de espera para ser sentenciados, dos pesos pesados; Ratko Mladic y Goran Hadzic, capturados en mayo y julio respectivamente tras años de persecución internacional. Mladic está acusado de genocidio, exterminación y liderar la matanza de 8,000 musulmanes

en la población bosnia de Srebrenica, motivo por el que se conoce a este antiguo general como ‘el carnicero de Srbenica’. Tras 16 años de búsqueda y captura, Mladic fue arrestado y trasladado a La Haya, donde será juzgado y sentenciado. En las jornadas previas al propio juicio, negó tener nada que ver con dicha matanza ocurrida en la guerra de Bosnia (1992-1995) y acabó siendo expulsado de la sala por su comportamiento. Por su parte, Goran Hadzic está acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad por su supuesta implicación en el asesinato de miles de civiles croatas entre 1991 y 1993. La acusación cita, de manera especial, la masacre de Vukovar en 1991. Hadzic es el último acusado reclamado por el ICTY y en la primera jornada de escuchas previas al juicio, el exmilitar se negó a declararse culpable o inocente. Estas dos detenciones cerraron una etapa muy importante para Serbia, que intenta sanar heridas del pasado, y se sumaron a la de Radovan Karadzic, en 2008. Al mismo tiempo, estos acontecimientos abren las puertas de la UE para Serbia, tras años de tensas negociacio-

nes marcadas por la necesidad de saldar cuentas pendientes. El ICTY fue creado por la ONU en mayo de 1993, en plena guerra en los Balcanes, creando mucho escepticismo internacional debido a las dudas de su funcionalidad si el conflicto armado aún no había acabado. El Tribunal tiene jurisdicción sobre cuatro grupos de delitos cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia desde 1991: violación de los Convenios Internacionales de guerra, genocidio y crímenes contra la humanidad y violaciones graves de los Convenios de Ginebra. La máxima sentencia que puede imponer es la cadena perpetua. El objetivo del l Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia es completar todos los juicios y apelaciones en 2013, con excepción del caso de Radovan Karadzic, cuyo juicio está previsto que finalice en 2012. En dicha estrategia no entran los casos de Mladic y Hadzic, cuyas resoluciones alargarían el proceso de cierre y transferencia de responsabilidades del ICTY al Mecanismo Internacional residual de los Tribunales Penales, inicialmente previsto para el 1 de julio de 2013.

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Una historia reciente Por Itxaso Domínguez de Olazábal

Bernard-Henri Lévy, en uno de sus artículos de opinión que cada semana publica El País en su suplemento dominical, y al hilo de la detención en Belgrado de uno de los criminales de guerra más buscados durante los últimos años, Ratko Mladic, proclama “la justicia internacional existe”. Una justicia internacional de la que cada

dictum homo homini lupus est (el hombre es un lobo para el hombre), o de que compartamos los ideales comunitaristas de John Locke y otros, un importante número de ciudadanos comparte la idea de que, para Independientemente de vivir en sociedad, los seres que, como Thomas Hobbes y humanos celebraron en el sus herederos de la escuela alba de los tiempos un conrealista, partamos del famoso trato social implícito en vir-

vez oímos hablar más a menudo, planteándonos como una posibilidad real el que ésta haya adquirido la “legitimidad y autoridad” de la que habla el filosofo francés.

Los juicios de Nuremberg fueron uno de los primeros intentos de jurisdicción internacional./ Dominio público

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tud del cual, a cambio de renunciar a ciertas cotas de libertad de las que gozaban en el estado de naturaleza, les fueron atribuidos ciertos derechos: los derechos y deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato social, y el Estado se erige como entidad creada para hacer cumplir este contrato. Para poder garantizar el bonum commune (bien común), éste precisa ordenar a los miembros e imponer restricciones a la libertad y a ciertos derechos: toda sociedad necesita un sistema represivo para asegurar la defensa de sus valores supremos. Y éste es también el caso de la sociedad internacional que, aunque escasamente integrada, esbozó desde hace más de un siglo un sistema que tenía como principal objetivo ajusticiar actos ilícitos de manifiesta gravedad. Los primeros pasos de lo que podríamos denominar el proceso de formación de la justicia internacional se dan en el siglo XIX, en el que se tipifican como actos criminales ciertas conductas individuales que la comunidad internacional en su conjunto consideraba ofensivas: la piratería en alta mar, la trata de esclavos, el tráfico de drogas, e incluso el terrorismo, que la Convención de Ginebra de 1937 encuadraba como crimen internacional. Y, tras la Primera Guerra

Un momento de la firma de la Carta de Naciones Unidas en 1945. / www.pbworks.com

Mundial, el Tratado de Versalles de 1919 previó la creación de un tribunal especial para juzgar a Guillermo II por “ofensa suprema a la moral internacional y a la autoridad de los tratados.”

Estados, horrorizados por los acontecimientos que tuvieron lugar durante la misma, decidieron tipificar los crímenes internacionales más importantes, los más graves, haciendo además énfasis en una importante novedad: no sólo se trataba de delitos Toda sociedad necesita un siste- cometidos a título particular, sino que también se persema represivo para guirían actos obrados en ejerasegurar la defen- cicio de un cargo público o al sa de sus valores servicio de un Estado. Las supremos. Y éste potencias aliadas crearon en 1945 el Tribunal de es también el Nuremberg, encargado de caso de la socie- decidir sobre el castigo que dad internacional recibirían los principales responsables capturados del Sin embargo, será sobre régimen nazi, acusados de todo tras la Segunda Guerra haber cometido tres categoríMundial cuando los principa- as principales de crímenes: les representantes de los crímenes contra la paz, crí-

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menes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se creó un sistema análogo para enjuiciar a los principales criminales de guerra nipones al establecerse en 1948 un Tribunal Penal Militar Internacional para el Lejano Oriente, o Tribunal de Tokio.

Derecho Internacional aprobó el Proyecto de Código Internacional de crímenes contra la Paz y la Seguridad de la humanidad, que regula los siguientes supuestos: agresión, genocidio, crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra, y crímenes contra el personal de Naciones Unidas. Pero, al igual que ocurre con numerosos instrumentos internacionales, este texto no preveía mecanismos de control y sanción en caso de incumplimiento, y por lo tanto carecía virtualmente de efectividad.

También como consecuencia de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, la Organización de Naciones Unidas, creada en 1945, encabezó los esfuerzos para regular lo que el profesor Adolfo Miaja ha llamado la Desde 1979 han “más grave expresión de críexistido algunos menes contra la humanidad”, proceso que culminó con la intentos de esta“Convención para la blecer un código Prevención y la Sanción del penal internacioDelito de Genocidio” de 1948, nal que tipifique acto “cometido con el propóqué debe entensito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, derse por delito étnico, racial o religioso”, que internacional. preveía que su sanción sería Pero carecen de impuesta bien por el tribunal mecanismos de competente del Estado en cuyo territorio se hubiese control y sanción. cometido el acto, bien por un No son efectivos. tribunal penal internacional competente a tal efecto, que sin embargo nunca fue creaDe hecho, y precisamente do. sobre la base del insuficiente nivel de integración de la Siguiendo esta línea, tam- sociedad internacional, el bién han existido, desde el Derecho Internacional prevé año 1979, algunos intentos de en muchos de los casos menestablecer un código penal cionados, en virtud de la teointernacional que tipifique ría del desdoblamiento funqué es lo que debe entender- cional del profesor Georges se por delito internacional y Scelle, que sean los propios así, en 1996, la Comisión de órganos estatales quienes

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impongan la sanción correspondiente. Esta es la consecuencia de la puesta en marcha de tres mecanismos: la incorporación de tales delitos en códigos penales nacionales, el recurso a la extradición, y la denominada jurisdicción universal, atribución de competencia a tribunales nacionales para juzgar un delito cometido en el extranjero, por un extranjero, y siendo la victima extranjera, pero aplicando su propio ordenamiento jurídico. No obstante, seguía existiendo un fuerte deseo, y una significativa necesidad, en vista de la falta de cooperación por parte de numerosos Estados, de crear una jurisdicción penal internacional. Siguiendo el ejemplo de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, el Consejo de Seguridad, en aplicación de los poderes que le concede la Carta de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz internacional, creó los Tribunales Penales Internacionales para la Antigua Yugoslavia y para Ruanda, en 1993 y 1994, respectivamente, tribunales de carácter ad hoc que han cumplido un papel fundamental para la reconciliación en ambos territorios, y también impulsó la creación de Tribunales internacionales especiales de carácter mixto. Era el primer germen de una justicia penal internacional permanente.


Algunos artículos sobre Justicia Internacional 1. Justicia internacional: ¿una conveniente arma política?

Geraldine Coughlan en Radio Nederlands

Entrevista con Geert-Jan Knoops, uno de los abogados internacionales más importantes de la actualidad, quien asegura

que “la comunidad internacional opta por lo que le conviene cuando se trata de la justicia internacional”. Se refiere a la justicia en general, y no sólo a la penal, aunque habla en concreto de los tribunales internacionales ad hoc.

2. Los jefes de Estado y la Justicia Internacional

Luis Peraza Parga en Revista Nómadas

Los jefes de Estado, primeros ministros y ministros de Asuntos Exteriores en funciones gozan de inmunidad ante una orden de detención cursada por tribunales extranjeros por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

cometidos durante su cargo. Han existido sin duda excepciones a este principio. Un buen repaso a este principio y a sus posibles interpretaciones.

3. Llanto por la jurisdicción universal

Reed Brody en Público

“La jurisdicción universal el principio según el cual a todos los estados les compete llevar ante la Justicia a los perpetradores de ciertos crímenes, independientemente de dónde se cometiera el crimen y la nacionalidad de los responsables y sus víctimas”. Sin embargo, Brody asegura que este principio se ve amenazado constantemente por los intereses de algunos países.

4. El genocidio como superlativo

Pablo FronteraD

Representación de la justicia en Old Bailey, Londres / Flickr, stevec77

Mediavilla

en

Como se ha visto en uno de los artículos publicados, el término genocidio nació para acotar un delito concreto y su uso se ha extendido más allá de su significado real. Pablo Mediavilla lo retrata muy bien con el ejemplo de la República Democrática del Congo.

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La Mirada: los que se sentaron en el banquillo Jean-Pierre Bemba, vicepresidente de la República Democrática del Congo entre 2003 y 2006, fue acusado de crímenes de guerra y contra la humanidad en la República Centroafricana perpetrados entre 2002 y 2003. Lideró el grupo armado y luego partido Movimiento por la Liberación del Congo, que acudió en ayuda del despuesto presidente centroafricano Patassé. Su juicio comenzó en noviembre de 2010.

El presidente serbio Slobodan Milosevic fue acusado de crímenes de guerra y genocidio, durante el conflicto que asoló los Balcanes durante los años 90. Fue el primer Jefe de Estado en ser oficialmente acusado en un Tribunal internacional estando todavía en el cargo. Murió en 2006 sin haber escuchado su sentencia.

Nuon Chea fue el hermano número dos durante el régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979) en el que murieron dos millones de personas. Era responsable directa de la seguridad interna y de los campos de detención y exterminio que sembraron el país. Está acusado por genocidio, crímenes contra la humanidad y de guerra. Su juicio, junto a otros tres líderes del régimen, empezó en junio de 2011.

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Charles Taylor, presidente de Liberia entre 1997 y 2003, fue acusado de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por su intervención en la guerra civil de la vecina Sierra Leona. También se le acusa de utilizar las minas de diamantes del país en su propio beneficio. Su juicio sigue abierto, con poca colaboración por parte del acusado.

Thomas Lubanga fue el líder del grupo rebelde Unión de Patriotas Congoleños, acusado de perpetrar masacres y otras violaciones de los derechos humanos en el conflicto en la provincia de Ituri. En 2006, Lubanga se convirtió en la primera persona en ser arrestada por una orden de la Corte Penal Internacional. Su juicio comenzó en junio de 2009.

Jean-Paul Akayesu fue acusado por las matanzas en la comunidad que dirigía en Ruanda entre 1993 y 1994. Fue la primera personas en ser condenada por una instancia internacional por genocidio. Cumple cadena perpetua en una prisión en Mali.

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La consolidación de la justicia global

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in ningún lugar a dudas, el verdadero punto de inflexión en Derecho Internacional lo ha representado la creación de un Tribunal internacional permanente, la Corte Penal Internacional de La Haya, en virtud del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de Julio de 1998 durante la Conferencia Diplomática de plenipotenciarios de las Naciones Unidas sobre el establecimiento de una Corte Penal Internacional, encabezado por un Preámbulo en el cual se afirma que “los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto no deben quedar sin castigo y que, a tal fin, hay que adoptar medidas en el plano nacional e intensificar la cooperación internacional para asegurar que sean efectivamente sometidos a la acción de la justicia”. De acuerdo con el principio nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, cuatro son los crímenes que entran dentro de la competencia del órgano: el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. La Corte será competente únicamente cuando un país no juzgue o no pueda juzgar los hechos de competencia del tri-

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Por Itxaso Domínguez de Olazábal

bunal; no podrá conocer de hechos o delitos cometidos con anterioridad a su entrada en vigor el 1 de julio de 2002; será improcedente el cargo que ocupara la persona enjuiciada

La ONU puede poner en movimiento o paralizar la Corte, una decisión política que podría atentar contra los principios de la justicia internacional (todos son en principio, por lo tanto, iguales ante la Corte), y las penas podrán consistir en la imposición de prisión por un plazo no mayor de 30 años, o (dependiendo de la gravedad de los crímenes) cadena perpetua, además de una multa y el decomiso de las especies que sean de propiedad del condenado.

de los puntos más conflictivos: cuando el asunto es remitido por un Estado Parte o por el Fiscal, será necesario que haya reconocido la competencia uno de los siguientes Estados: bien el Estado en cuyo territorio hayan tenido lugar los hechos, bien el Estado de la nacionalidad del presunto autor. Por lo tanto, la Corte únicamente tendrá competencia universal cuando el asunto sea remitido por el Consejo de Seguridad, tal y como ha ocurrido con la Resolución 1973 en relación con el Coronel Gadafi y sus colaboradores directos. De hecho, el Consejo de Seguridad puede además solicitar la suspensión de la investigación o enjuiciamiento por un plazo máximo de 12 meses renovables, si considera que afectan a la paz y seguridad internacionales, lo que en la práctica significaría que tiene la facultad de poner en movimiento o paralizar la Corte, una decisión de carácter político que de acuerdo con las críticas de varias Organizaciones no Gubernamentales podría atentar directamente contra los fundamentos de la justicia internacional.

Tres son los sujetos legitimados para que se ponga el marcha el procedimiento ante la Corte: éste podrá ser iniciado por un Estado parte, por el Fiscal de la Corte (Luis Moreno Ocampo), y por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Otro punto controvertido Y precisamente aquí reside uno gira en torno a la identidad de


Sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos. / Vincent van Zeijst

algunos de los países que no han ratificado el Tratado: Estados Unidos, Rusia, India, China, Israel, Cuba e Irak. Tal y como señalan autores como Lluis Bassets, el caso de Estados Unidos es el más polémico, ya que el Congreso norteamericano aprobó en 2002 la American Service members’ Protection Act, que prohíbe a los gobiernos y a los organismos federales, estatales y locales estadounidenses asistir a la Corte, como puede ocurrir ante solicitudes de extradición de cualquier persona de los Estados Unidos a la Corte.

Congo y la República Centroafricana – han referido casos a la Corte. Recientemente, la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía la apertura de la investigación sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en Kenia durante los años 2007 y 2008. Y, antes de someter a su consideración el posible enjuiciamiento del líder libio, el Consejo de Seguridad remitió a la Corte la situación en la región sudanesa de Darfur, Estado no Parte en el Estatuto de Roma, cuyo presidente, Omar al Bashir, ha visitado desde la emisión de la orden de Hasta la fecha, tres Estados arresto contra él en 2009 varios Parte en el Estatuto – Uganda, países – por ejemplo Egipto, la Republica Democrática del Eritrea, Libia, Qatar y Arabia

Saudí-, uno de los mayores reveses a los que se ha enfrentado la Corte. Su portavoz, Laurence Blairon señaló en su momento “tenemos un mandato legal, no político. Contamos con la colaboración de los Estados y hemos demostrado que nadie es impune. Y sobre todo, sabemos esperar”. Y quizás ese sea el mayor dilema al que se enfrenta la Corte Penal Internacional y, por ende, la justicia internacional, tal y como ha demostrado la detención de Mladic, 16 años después de la masacre de Srebrenica: como dijo Cicerón, “Quo usque tandem abutere, Catilina, patientia nostra?” (¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia?).

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Batasuna y el TEDH Por Javier Collado

El partido político Batasuna fue uno de los últimos intentos de la banda terrorista ETA por participar en el proceso democrático. Si sus fines eran adquirir financiación pública para la banda, lograr poder a través de ediles y escaños o simplemente recurrir a la vía legal para establecer su ideología política, que opine cada cual.

Garzón dictaba dos meses después un auto donde suspendía toda actividad de este partido político. Entre las causas, “que la instrumentalización de HBEA-Batasuna por parte de ETA no sólo es política e institucional, sino también económica, mediante su financiación por una doble vía” y que Batasuna “no es que apoye, o que constituya el entorno de ETA. Es que Lo cierto es que Batasuna se [...] forma parte de la misma, funda en mayo de 2001, y en cumple sus cometidos y se junio de 2003 se ilegaliza. Tras identifica por sus claves.” la aprobación, el 27 de junio de 2002, de la nueva Ley de Tras ser ilegalizada por el Partidos Políticos, la Justicia se Tribunal Supremo en 2003, y puso manos a la obra. Baltasar confirmada la sentencia en

2004 por el Tribunal Constitucional, al partido independentista sólo le quedaba el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, al que acude ese mismo año. El argumento que Batasuna empleó para elevar su protesta a la justicia internacional fue el mismo que utilizó en el territorio nacional: violaciones de los artículos 10 (libertad de expresión), 11 (libertad de reunión y asociación) y 13 (derecho a un recurso efectivo) del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal de Estrasburgo desestimó el tercer

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por frankartculinari (Flickr)

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Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por François Schnell (Flickr)

apartado, pero admitió a trámite los dos primeros a finales de 2007. Algo ya de por sí relevante, teniendo en cuenta que sólo admite a trámite el 1,5% de las reclamaciones presentadas. El 30 de junio de 2009, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dicta sentencia. Da la razón a la jurisdicción española, dejando a un lado las quejas de los batasunos. Respecto a la libertad de reunión y asociación estiman que “dadas las circunstancias, se considera que la disolución persigue varios objetivos legítimos enumerados en el artículo 11, incluido el mantenimiento de la seguridad pública, la defensa del orden y la protección de los derechos y libertades de los demás”. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por François Schnell (Flickr) Estrasburgo “considera que los actos y discursos imputables

a los partidos políticos demandantes (Batasuna y HB) constituyen un conjunto, dando una imagen clara del modelo de sociedad concebida y defendida por los partidos, y que es incompatible con el concepto de ‘sociedad democrática’“.

Corte hubiera dado la razón a Batasuna. En un ambiente siempre tenso entre el Gobierno central y el vasco (hasta la llegada de Patxi López a la lehendakaritza), tras varios procesos de negociación con ETA y treguas fallidas, la deslegitimación que habría supuesto para los tribuEl Tribunal Europeo de nales de justicia españoles y Derechos Humanos da por para el acuerdo de política anticerrado el asunto, entendiendo terrorista de los dos grandes que lo concerniente al artículo partidos nacionales habría sido 10 y la libertad de expresión res- un duro escollo que solventar. ponde a los mismos argumentos desglosados previamente Es el eterno debate sobre para el artículo 11. Así, Batasuna cuándo es permisible la injese ve obligada a recurrir a la rencia en los asuntos internos más alta instancia de este de un país. La cesión de soberaTribunal, la Gran Mesa, que lo nía, de los ciudadanos a la desestima, poniendo fin al peri- nación, y de la nación a orgaplo judicial del partido político. nismos internacionales, cada día es más común en las socieComo se ha visto, el TEDH dades democráticas. Pero tanto da cabida en su orden del día a la ingerencia en algunos casos sentencias juzgadas previamen- como la no intervención en te en los diferentes países. Pero otros puede resultar crucial en resulta inquietante imaginar la evolución de la vida política qué habría ocurrido si esta de un estado.

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La levedad del genocidio Por Laura Villadiego

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xisten diferentes versiones sobre el origen de la palabra genocidio, pero todas ellas coinciden en situarlo durante la II Guerra Mundial. Las matanzas perpetradas por el régimen nazi horrorizaron a la sociedad europea y la primera reacción fue buscar palabras para describir lo ocurrido. En general, se atribuye el nacimiento del terminó a Raphael Lemkin, quien lo acuñaría en algún momento entre 1941 y 1944, ya que las fechas varían según las fuentes. Según la definición de Lemkin, genocidio es “el crimen de destruir grupos nacionales, raciales o religiosos”. El término mezclaba el concepto griego genos (raza, tribu o etnia) y el vocablo latino cidere o caedere (matar). La acepción era poco precisa y Lemkin se preocupó más por el alcance jurídico del crimen, planteándose si debía ser considerado como un delito nacional o internacional, o si la situación de guerra podía ser considerada como un atenuante. Lemkin añadió, sin embargo, dos de los aspectos clave del término, el de “conspiración”, es

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decir, la existencia de un plan o programa deliberado para exterminar a los citados grupos, y el de “masivo”, crímenes que afectaran a una amplia colectividad. La Convención para la prevención y sanción del delito de Genocidio de 1948, la primera plasmación de este principio en el derecho internacional, pondría más adjetivos a esta tipología de crimen para acotarla con mayor claridad. Así, la convención incluiría a la definición de Lemkin el grupo étnico y aclararía que dentro de genocidio se incluyen la matanza de miembros del grupo; la lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; el sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; las medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo o el traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo. Desde entonces, como puso de manifiesto Pablo Mediavilla en su artículo en Frontera D “El genocidio como superlativo” la palabra

genocidio ha sido utilizada con cierta ligereza para designar numerosos crímenes que a menudo no se correspondían con la definición oficial, pero que en otros casos, su aplicación no estaba clara. La vaguedad, principal problema del derecho, ha afectado también a este concepto universal. La primera de las características dadas por Lemkin es uno de los principales debates. ¿A partir de cuántas personas se considera masivo? ¿Miles, decenas de miles, millones? La matanza de Srebrenica en 1995, donde fueron asesinadas 8.000 bosnios musulmanes y considerada por el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia como un genocidio en sí mismo, puede dar una idea de la dimensión que se plantea. Sin embargo, el número no es suficiente para determinar qué se considera como genocidio. No hay que olvidar, por ejemplo, que la Matanza de Srebrenica se dio en un lapso de tiempo reducido (apenas 10 días) y en una ciudad concreta, cuya población total apenas rebasaba las 50.000


Calaveras extraídas de una fosa común en Camboya. / Laura Villadiego

personas. ¿Se hubiera considerado genocidio si las 8.000 muertes se hubieran dado en un territorio más amplio y durante un periodo mayor de tiempo? Probablemente no. La segunda característica afectaría sobre todo a la fase de aportar pruebas del genocidio. ¿Qué documentos o hechos pueden verificar que había efectivamente un plan para destruir a un grupo concreto de población? ¿Qué ocurre si las matanzas son indiscriminadas? Esta segunda pregunta lleva directamente a considerar los conceptos de etnia y religión como los realmente definitorios del genocidio. Un buen ejemplo son las Cámaras Extraordinarias de las Cortes de Camboya, más

conocidas como Tribunal Internacional de Camboya (aunque en realidad no es un tribunal internacional), que juzgan los dos millones de muertes que se produjeron durante el régimen de los Jemeres Rojos (1975-1979). Los principales procesados, los cuatro líderes del régimen aún vivos, han sido acusados de crímenes contra la humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Sin embargo, éste último se aplica solo a las matanzas de vietnamitas y monjes budistas, unas 60.000 personas del total de dos millones. Las motivaciones políticas o sociales no se incluyen dentro del crimen de genocidio, aunque sí quedan recogidas dentro de los crímenes contra la humanidad, concepto más

amplio que en realidad engloba muchos de los aspectos del genocidio. Éste último, sin embargo, ha adquirido con el tiempo un significado más amplio del real y en el imaginario colectivo es utilizado para designar cualquier matanza colectiva, sea cual sea su origen. Dado que los crímenes contra la humanidad y el genocidio tienen una naturaleza jurídica similar (imprescriptibilidad, universabilidad…), legalmente la diferencia es más técnica que real. Sin embargo, para las víctimas, e incluso la población en general, sí tiene gran importancia, ya que a menudo entienden que el genocidio es la categoría más grave de delito y se desilusionan al pensar “lo nuestro se quedó tan solo en un crímen contra la humanidad”.

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La Iglesia Católica y la Corte Penal Internacional Por Sergio Montijano

l pasado 13 de septiembre, una ONG jurídica neoyorkina, en nombre de la Red de Sobrevivientes de Personas Abusadas por Sacerdotes (SNAP), presentó al Fiscal de la Corte Penal Internacional una solicitud para que se inicie la investigación y el procesamiento de funcionarios de alto nivel del Vaticano por violaciones y otras formas de violencia sexual y tortura como crímenes de lesa humanidad.

en el Vaticano”. Ahora le toca a la Fiscalía decidir si inicia o no las investigaciones en base a si entra dentro o no de su jurisdicción. En una rueda de prensa, Pamela Spees, una abogada del Center for Constitutional Rights, la organización que ha participado en la presentación de la propuesta, “El procesamiento de casos individuales de vejaciones y agresiones sexuales a menores no ha llegado al problema sistémico, mayor, [que existe] aquí. La rendición de cuentas es el objetivo, y la CPI tiene más sentido, puesto que se trata de un problema global”. Spees dijo que espera persuadir a la Corte de que el caso está bajo su jurisdicción en tanto que los abusos “son sistemáticos y extendidos.”

La petición manifiesta que “los oficiales de alto nivel de la Iglesia Católica no han prevenido ni castigado estas acciones criminales [...] que han, hasta la fecha, disfrutado de total impunidad”. Se señala al Papa, Benedicto XVI, a los cardenales Tarcisio Bertone, Angelo Sodano y a William Levada, este Mark Ellis, director ejecutivo último Prefecto de la de la Asociación Internacional Congregación para la Doctrina de Abogados piensa que la de la Fe - la oficina designada Corte abrirá una investigación por el Vaticano para ocuparse preliminar para determinar si de los casos de abusos sexuales tiene o no jurisdicción y, posidel clero remitidos por los obis- blemente, concluya que no, prepos - como personas que puede cisando que “los crímenes conconsiderarse que tienen la tra la humanidad son los actos mayor responsabilidad ya que, cometidos como parte de un según ha manifestado la aboga- ataque generalizado o sistemáda que ha presentado la peti- tico dirigido contra una población, “los crímenes cometidos ción civil […] una política, en la siguen siendo ocultados por que el gobierno o las autoridafuncionarios de más alto nivel des están planeando el ataque.”

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Corte Penal Internacional (La Haya) Fotografía: (cc) Josef Stuefer / flickr

Aunque la Santa Sede no se ha pronunciado por el momento, el abogado del Vaticano en Estados Unidos, Jeffrey Lena, ha manifestado que considera el movimiento, “un ridículo truco publicitario y un mal uso de los procedimientos judiciales internacionales”. La Ciudad del Vaticano no es un Estado signatario de la Estatuto y por lo tanto la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción automática. Sin embargo la petición presentada se refiere a abusos cometidos en multitud de países, muchos de los cuales –salvo algunas notables ausencias, como Estados Unidos- reconocen su competencia.


El Sistema Interamericano de Derechos Humanos Por Alesia Martínez

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a defensa de los derechos humanos en América pasa por varias etapas, ligadas al acontecer histórico. De este modo, la Segunda Guerra Mundial y el genocidio nazi marcan un cambio de concepto sustancial e irreversible: se comprende que deben haber instancias supra-estatales para controlar a los gobiernos. En este contexto, tras la aprobación de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, surge el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (o SIDH).

Ubicado en Costa Rica, este alto Tribunal funciona desde 1978 y su misión es determinar si un país de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha violado alguna de las normativas estipuladas en la misma. 21 estados han reconocido la potestad de la Corte.

Obstáculos y desafíos

La mayoría de expertos coinciden en que el SIDH ha jugado en la última década un papel fundamental para la consolidación de las democracias en América Latina, amenazadas Se fundamenta en dos pila- por dictaduras, condiciones de res básicos, mantenidos hasta la pobreza y conflictos internos. fecha: una Comisión y una Pero existen deficiencias que Corte creadas específicamente ponen en riesgo su mandato. para velar por estos derechos. Pedro Nikken, ex presidente La primera, con sede en de la Corte Interamericana de Washington, es un órgano con- Derechos Humanos (o CIDH), sultivo y de observación que señala que “la debilidad más recibe las denuncias de parti- notoria radica en que el apoyo culares u organizaciones y las de los Estados es, por lo general, examina para ver si entran meramente nominal”. dentro de su competencia. Los siete miembros que la inteEllo, por una parte, se debe a gran, formulan recomendacio- que muchas de las disposiciones a las partes implicadas nes emitidas por los órganos del para tratar de llegar a una solu- SIDH no son atendidas por la ción amistosa. De no ser posi- Organización de Estados ble, se presenta una demanda a Americanos y, por otra, a que la Corte, y ésta entra a conocer los recursos humanos y mateel caso. riales que se tienen no son sufi-

cientes para atender el actual volumen de demandas. “Es frecuente - apunta Nikken - que la parte de la sentencia referida a la indemnización del daño se cumpla, aunque con demoras y regateos. Por el contrario, las medidas de restitución, no repetición y satisfacción tienden a ser desatendidas”. En este sentido, la analista Claudia Martin, señala como una de las preocupaciones principales la dependencia de donaciones estatales para el funcionamiento de las entidades del SIDH. Mientras, el Secretario especial de Derechos Humanos de Brasil, Paulo Vannuchi, considera que uno de los desafíos para que el SIDH siga siendo “una vía subsidiaria de las vías internas de los países en los casos de violaciones” es solucionar “los problemas de demora excesiva en los procesos judiciales”. Otra de las reclamaciones es la “ausencia de mecanismos periódicos y efectivos que permitan el seguimiento y cumplimiento de las medidas cautelares interpuestas, así como la descoordinación entre la Comisión y la Corte”, según señala el Director de la Comisión Colombiana de Juristas, Gustavo Gallón.

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¿Es genocidio lo que sucede en Palestina? Por Alejandra Hernámperez

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l sionismo profesa que los judíos tienen derecho exclusivo a mi tierra natal. Cualquier judío tiene el derecho automático de ir a quedarse en “Israel”. Mis parientes, que fueron expulsados en 1948, no tienen ese derecho. Si eso no es racismo, ¿qué es?” Carta al New York Times, 5 de septiembre, 2001 El conflicto palestinoisraelí no es una situación nueva. Es un conflicto enquistado desde hace décadas cuya solución no será rápida ni tranquila. La viola-

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ción diaria de los derechos humanos que ejerce el ejército israelí contra la población palestina, con la aprobación del estado de Israel, bloquea cualquier intento de paz y las ofensas van desde descalificativos racistas a ataques a sus sitios sagrados, destrucción de sus mezquitas, demolición de sus casas, destrucción de sus tierras, cultivos, negación del derecho de residencia, detenciones y arrestos masivos, asesinatos selectivos, control ilegal de la explotación de los recursos naturales que se encuentran en Territorio Palestino

(TPO); abusos verbales… En todas estas acciones se pone de claro manifiesto la “intención de destruir al grupo”. Pero los palestinos no sólo sufren estas violaciones de sus derechos por parte del ejército, sino que también hay una serie de medidas administrativas discriminatorias, como las restricciones a la libertad de movimiento y circulación, la denegación de la condición de “palestino” y la separación de facto de las poblaciones del TPO –Franja de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este-. O sanciones


na de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión pública o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. Este precepto legal, sin embargo, no es utilizado para la población palestina, ya que son considerados “inmigrantes” en su propia tierra.

Muro que separa Israel y Palestina en Cisjordania. / Justin McIntosh

penales como son el caso de los asesinatos selectivos o los castigos colectivos. Otra medida es la no vuelta de los refugiados palestinos que incumple la resolución 194 de la Asamblea General de Naciones Unidas; otra forma de desmembrar al grupo palestino. El estado de Israel tiene ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Naciones Unidas 1966) en el que en su artículo 2 expone “que tendrán que proteger dichos derechos sin distinción algu-

ción física de él, como se puede apreciar en referencia a los asesinatos selectivos, sino una destrucción del palestino como nación, con una serie de derechos inalienables y con libre determinación, tal y como lo ampara la Asamblea de Naciones Unidas.

El ejército israelí bloquea cualquier intento de paz con los palestinos. Atacan sus mezquitas y les imponen restricciones legales para separar al grupo

¿Qué es el genocidio? Según el Estatuto de la Corte Penal Internacional, el genocidio es “cualquiera de los actos… con la intención de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso…”. Se incluye también la asociación para cometer genocidio, la instigación directa y pública para El gobierno de Israel no ha cometerlo, la tentativa y la declarado explícitamente la complicidad de su perpetra- finalidad de destruir a los ción. palestinos, pero las consecuencias de sus actos contriEntonces ¿se puede consi- buyen a la eliminación de los derar genocidio o no lo que mismos como grupo por sucede en Palestina? Para cuestiones de religión y etnia. responder a esta pregunta Por tanto, la definición del hay que plantear antes dos delito de genocidio y su sancuestiones previas: ¿existe la ción penal internacional intención de destruir a los deberían poder llevarse a palestinos? y ¿qué significado cabo. tiene destruir? ¿Nos referimos a una destrucción física El problema que se plantea o va más allá? ahora es que el Estado de Israel no ha ratificado el Queda bastante latente Estatuto de Roma, o lo que es que, tras las constantes viola- lo mismo, el Estatuto de la ciones de los derechos huma- Corte Penal Internacional nos a la población palestina, por lo que no dejará que la finalidad de dichas accio- nadie juzgue a sus nacionales nes es la destrucción del y seguirá impune como hasta grupo. Y no sólo una destruc- ahora.

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¿Quién debe ser juzgado?,

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na de las cuestiones que se plantea al iniciar los juicios por crímenes contra la humanidad, de guerra o genocidio es la duda sobre quién debe ser juzgado. En las grandes matanzas que han sido motivo de los llamados tribunales internacionales ad hoc, los implicados suelen ser muchos, aunque la lista de responsables últimos sea más reducida. No obstante, a menudo tampoco hay consenso sobre quiénes son esos “responsables últimos”, como ha ocurrido con el tribunal que juzga a los Jemeres Rojos desde el año 2009. Según el reglamento del Tribunal Internacional de Camboya, sólo entran dentro de la jurisdicción del tribunal “los líderes y/o aquellos que fueron máximos responsables”. Esto ha provocado batallas entre las partes nacional e internacional que conforman el tribunal por decidir quiénes serán los que pasen por el banquillo de los acusados. Hasta el momento, sólo cinco personas han sido imputadas; Duch, el jefe de la prisión S-21 donde murieron unas 14.000 personas y que fue condenado a 35 años de prisión en julio de 2010; y los cuatro principales líderes aún vivos (Nuon Chea, Ieng Sary,

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Ieng Tirith y Khieu Samphan), cuyo juicio acaba de comenzar. Otros dos casos han sido abiertos (el 003 y el 004), pero son bloqueados continuamente por el gobierno camboyano, quien se niega a que haya más investigaciones que podrían provocar una “guerra civil” en el país. Observadores internacionales aseguran que el gobierno de Hun Sen quiere evitar, sin embargo, que se descubra la relación de algunos de los miembros del gobierno o de altas esferas de la Administración con el régimen de Pol Pot. Gracias a esta negativa de abrir nuevos casos, el propio Duch vio la oportunidad para declarar que él tampoco entraba en la categoría de “máximos responsables”, ya que era sólo un subordinado que dirigía una de las más de 140 prisiones que había en el país. El S-21, a pesar de que era la más importante de todas porque allí eran enviados los sospechosos más importantes, ni siquiera fue el centro donde murieron más personas.

en el régimen de los Jemeres Rojos, especialmente Estados Unidos y China, ha complicado la creación del tribunal. Tom Fawthrop y Helen Jarvis cuentan detalladamente en su “Getting away with genocide” las negociaciones que llevaron a la instauración del Tribunal de Camboya y cómo un acuerdo estuvo bloqueado durante años precisamente por la jurisdicción que debía tener el tribunal. “Lejos de buscar la paz, Washington y Pekín astutamente bloquearon cualquier iniciativa de paz reconociendo el liderazgo de los Jemeres Rojos para negar un tribunal. Cada año, el gobierno camboyano siguió pidiendo un juicio de los líderes del régimen de Pol Pot, en vez de su reconocimiento continuo, en aras de la memoria de aquellos que murieron bajo su gobierno”, aseguran los autores en el libro.

China y Estados Unidos, a través de su control de la ONU, no aceptaron ningún acuerdo que no diera al tribunal una jurisdicción limitada a los sucesos acaecidos dentro de Camboya entre el 7 de abril de 1975 y el 6 de enero de La parte internacional no 1979 (fechas de la instauraestá libre de pecado. La impli- ción y caída del régimen de cación de países extranjeros los Jemeres Rojos). Esto deja-


el caso de los Jemeres Rojos Por Laura Villadiego ba fuera los bombardeos de Estados Unidos sobre Camboya a principios de los años 70, que dieron alas al movimiento jemer rojo, y, en la práctica, también el apoyo chino al régimen. El juicio a los Jemeres Rojos será algún día útil para la sociedad camboyana por la información que de él puede extraerse. Sin embargo, estas limitaciones de la jurisdicción que atienden a razones políticas y no legales han terminado de minar la credibilidad de un tribunal que llega demasiado tarde, porque muchas personas clave han muerto, y que está fallando a la hora de crear una sensación de justicia entre las víctimas.

Nuon Chea, hermano número 2 del régimen de los Jemeres Rojos, durante una de las sesiones del juicio. / ECCC

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