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BOLETÍN DEL ABOGADO Órgano oficial del Colegio de Abogados de Lima DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA JURÍDICA Director: Dr. Jorge Luis Gonzales Loli

Del 16 al 31 de agosto de 2008

AÑO 1, Nº 3

LIMA - PERÚ

COLUMNA DEL DECANO

NOTICIA S CAL inicia campaña por el futuro de la justicia y de la profesión

“TU FIRMA POR EL FUTURO DE LA JUSTICIA”

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rente a la grave crisis del sistema de administración de justicia, el Ilustre Colegio de Abogados de Lima ha iniciado una campaña de recolección de firmas a fin de presentar un anteproyecto de ley al Congreso de la República que suspenda la creación de nuevas facultades de Derecho. Asimismo, su enseñanza a distancia, la eliminación del bachillerato automático, la eliminación de los cursos de titulación automática y la creación de un sistema de acreditación que garantice su óptimo nivel académico.

de ley que el Congreso de la República deberá debatir en los siguientes 120 días posteriores a su presentación con los contenidos antes señalados.

En tal sentido, no hay que olvidar que el sistema de administración de justicia es un servicio público básico que, junto con los sistemas de salud y educación, determinan la calidad de vida del ciudadano. Por lo tanto, el Estado está obligado a garantizar su acceso y su eficiencia.

“Tu firma por el futuro de la justicia” es una iniciativa popular, promovida por el CAL, que pretende despertar la conciencia de la ciudadanía sobre la necesidad de cambiar la justicia, mejorando la formación de sus actores. Para ello solicita el apoyo de todos los ciudadanos, mediante sus firmas, para presentar un anteproyecto de ley que mejore la calidad de formación de los abogados y proscriba las seudofacultades de Derecho, lugares en donde se frustran las expectativas de miles de jóvenes, de padres de familia y de la sociedad.

Una de las causas de la situación crítica de la administración de justicia es la pauperización de la enseñanza y la masificación de la profesión del abogado, generadas por la proliferación de facultades de Derecho y filiales que no prestan una adecuada formación en Derecho con estándares mínimos que aseguren un servicio de justicia idóneo. En consecuencia, el CAL se propone recolectar alrededor de 100 mil firmas para que se validen 55 mil, según establece la ley, para presentar un anteproyecto

Programa PEA-CAL 2008

Capacitación especializada y gratuita para más de 10 mil miembros de la Orden

Hemos apelado a la iniciativa popular porque este instrumento de participación ciudadana tiene la gran ventaja de obligar al Congreso a que debata el anteproyecto dentro de los 120 días posteriores a su presentación, y no corra la suerte de las iniciativas legislativas ordinarias que se encuentran esperando turno durante años, sepultadas en montañas de otros proyectos. Pero, además, esta vía tiene una ventaja adicional, pues permitirá la articulación de la abogacía nacional alrededor de un tema que no le puede ser ajeno: la reforma de la justicia. Pero si todo esto no fuese suficiente, hay otro beneficio, esta vez para la sociedad. Con esta iniciativa el Colegio pretende también volver a poner en la agenda nacional el tema de la justicia, tema y tarea que ha estado ausente en las prioridades de los últimos gobiernos, y que si no la emprendemos todos nuestros avances económicos y aspiraciones de desarrollo fracasarán.

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a Dirección Académica y de Promoción Cultural del CAL, que dirige el Dr. Jorge Luis Gonzales Loli, durante los meses de setiembre y diciembre, organizará una serie de cursos gratuitos destinados a brindar capacitación especializada para los miembros de la Orden. Para tal fin ha estructurado el Programa de Especialización y Actualización (PEA-CAL) 2008, el cual comprenderá más de 30 cursos, dictados por especialistas del más alto nivel, respecto a temas jurídicos de trascendente actualidad. Este incluye las recientes modificaciones a los decretos legislativos promulgados por el Poder Ejecutivo, en el marco de la delegación de facultades para la adecuación de la legislación interna al TLC celebrado con Estados Unidos.

La inscripción es totalmente gratuita para los miembros de la Orden que se encuentren en condición de activos (hábiles). Si se desea la certificación respectiva (opcional) se pagará un derecho de S/. 5.00. Las inscripciones para cada uno de los

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lo largo de las últimas décadas se han hecho numerosos intentos por reformar la justicia, sacarla de su atraso, de su laberinto burocrático, de su ineficiencia, en una palabra, de su crisis. Por desgracia, todo lo que se ha intentado ha fracasado y seguirá fracasando mientras no ataquemos su origen, mientras no hagamos un cambio de enfoque. Digámoslo con honestidad: una de las principales causas de la crisis del servicio de justicia tiene que ver con la masificación y la pauperización de la enseñanza del Derecho. Los problemas importantes exigen para su solución realismo y valor: los abogados estamos dispuestos a ambas cosas. Por eso afirmamos que no habrá cambio en la justicia mientras no transformemos la abogacía, y no se podrá cambiar la abogacía mientras no mejoremos la enseñanza del Derecho en el país. Esta ecuación es irrefutable. Por tal motivo, recuperando el liderazgo social e institucional que otrora tuvo el CAL, hemos decidido iniciar una jornada cívica a nivel nacional con el propósito de reformar la justicia comenzando por nosotros los abogados. Se trata de un acto de responsabilidad y de madurez de una institución bicentenaria que desde hace muchos años tiene una deuda con el país y ha decidido saldarla.

“Tu firma por el futuro de la justicia” es una iniciativa que nace en el CAL y busca llamar la atención de los ciudadanos para que tomen conciencia que no habrá cambio de justicia mientras no exista una reforma en la enseñanza de la abogacía.

De esta manera, se dictarán cursos referidos al Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal, Derecho Procesal Constitucional, Derecho Laboral, Administrativo, Derecho Contencioso-Administrativo, entre otros, de acuerdo con las preferencias obtenidas en la encuesta aplicada a los miembros de la Orden a través de la página web del CAL (ver publicidad en la página 4).

Por la reforma de la justicia y de la educación legal

En suma, es una oportunidad para que la abogacía nacional demuestre que está dispuesta a liderar un cambio de la justicia, comenzando por donde hay que empezar, por la reforma de la educación legal. Por eso, como dice nuestra propuesta, pongamos la profesión del Derecho en su lugar.

cursos se efectuarán a través de la página web del CAL (www.cal.org.pe) o en nuestra sede de Miraflores (Dirección Académica). Las vacantes son limitadas. Para aquellos abogados que participen en diversos cursos, se establecerá el derecho de certificación progresiva acumulativa de las horas que comprende cada curso.

Walter Gutiérrez C. decano@cal.org.pe


BOLETÍN DEL ABOGADO

Del 16 al 31 de agosto de 2008 / pág. 2

COMENTARIO LEGAL

Por: Juan MORALES GODO Experto en Derecho Civil y Procesal Civil

OPINIÓN

Comparecencia del demandado rebelde antes y después de la sentencia definitiva

Por qué deben restituirse los juzgados de tránsito

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n principio, el litigante rebelde puede De encontrarnos frente a un rebelde involuntario, el incorporarse al proceso como parte en cualquier incidente de nulidad de lo actuado hasta el estado de estado de este, sujetándose al estado en que se notificársele correctamente con la demanda, a efectos de encuentre. No es posible retroceder respecto de los actos que pueda hacer valer su derecho legítimo de defensa, procesales ya precluidos. Es indudable que esta debería ser atendido, aun encontrándose en la Corte disposición es aplicable para el rebelde voluntario, es Suprema vía casación. decir, aquel que habiendo sido emplazado correctamente, De comprobarse la irregularidad en el emplazamiento al habiendo tomado conocimiento de la existencia de la demandado, el juez o los vocales superiores o supremos, demanda en su contra, no comparece ni contesta la según sea el caso, deberán declarar la nulidad de todo lo demanda. El demandado rebelde puede ejercer los actuado, reponiéndose la causa al estado de notificársele derechos que le corresponden a partir de su correctamente, al demandado, la demanda. apersonamiento al proceso. Comparecencia después de la sentencia definitiva ¿Podrá ofrecer medios probatorios, siendo que nuestro ordenamiento procesal señala que el momento que el El litigante rebelde puede apersonarse al proceso aun cuando este se encuentre en la fase de ejecución. demandado puede hacerlo es al contestar la demanda? Los Indudablemente, la regla de que asume el medios probatorios que requieran de proceso en el estado que se encuentre es actuación, indudablemente, no podrían ser aplicable también para estas situaciones, tomados en consideración, pero los otros ¿El demandado rebelde sin que sea posible retrotraer el proceso a medios probatorios que no requieren de los actos ya precluidos. Si se trata de un actuación, y si a criterio del juzgador son podrá ofrecer medios probatorios rebelde voluntario, la sentencia definitiva y deter-minantes para decidir la causa, deben pese a que nuestro ordenamiento firme no puede ser destruida. ser tomados en consideración, máxime si el El tema discutible se presenta cuando juez está facultado para llevar adelante procesal señala que el momento estamos frente a un rebelde involuntario. pruebas de oficio. La Sala de Procesos para hacerlo es al contestar ¿Podrá declararse la nulidad de lo actuado, Sumarísimos de la Corte Superior de Lima, la demanda? estando el proceso en ejecución de con fecha 25 de marzo de 1999, en el sentencia y habiendo pasado por todas las Expediente Nº 20785-98, señaló lo instancias? siguiente: “(…) Que, si bien mediante resolución de fecha 30 de noviembre de 1998 obrante a Nuestro punto de vista es que si se demuestra que el fojas diecisiete se decretó la rebeldía de la demandada, demandado ha sido colocado en una situación de indefensión, porque no ha sido debidamente notificado, también es verdad que nuestro ordenamiento procesal no deberá generarse un incidente de nulidad, a efectos de que prohíbe valorar los medios probatorios presentados por el el juez atienda dicho pedido, por constituir una violación rebelde, más aún si con su apreciación se puede llegar a flagrante al debido proceso y a la tutela jurisdiccional solucionar el conflicto de intereses a que se hace referencia efectiva. en el artículo tercero del Título Preliminar del Código Procesal Civil (…)”. Debe tenerse presente el principio de que nadie puede sufrir las consecuencias de un proceso en el que no ha El artículo 462 del CPC que regula el tema, no hace ningún tenido la oportunidad de ejercer su legítimo derecho de distingo entre el rebelde voluntario del involuntario, con defensa. gran perjuicio para este. Sin embargo, es evidente que el rebelde involuntario, es decir, aquel que ha derivado a esa De no ser amparada esta justa petición, el perjudicado situación, pero por causas ajenas a él, ya que no ha sido tendría que interponer un proceso de amparo contra la debidamente notificado con la existencia de la demanda, sentencia definitiva, alegando violación del debido colocándosele en una situación de indefensión, debe tener proceso, por haberse seguido con el demandado en un tratamiento específico, a efectos de que se le restituyan situación de indefensión, por lo que se trataría de un claro sus derechos íntegramente (restitutio in integrum). proceso irregular.

NORMAS LEGALES RECIENTES • PODER JUDICIAL Notificaciones electrónicas El Poder Judicial ha decidido hacer uso de la tecnología de información a fin de instaurar el servicio de notificaciones electrónicas, el cual será implementado progresivamente a nivel nacional de acuerdo a las prioridades. Esta medida busca mejorar la organización de las actividades operativas del servicio de justicia (Res. Adm. Nº 214-2008-CE-PJ de 15/08/2008). Jueces informarán de demandas de amparo o hábeas corpus que reciban La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia de la República ha dispuesto que los jueces especializados informen a la presidencia de su respectiva corte y al jefe del órgano de control de su distrito judicial cada vez que reciban una demanda de amparo o de hábeas corpus. Como se sabe, existen reiteradas denuncias de abuso desmedido de los procesos constitucionales, razón por la cual la mencionada sala, a fin de promover un mayor flujo de información estadística, ha dispuesto que cada vez que los jueces reciban demandas de amparo o hábeas corpus informen ello de manera inmediata a las mencionadas autoridades, destacando en su comunicación la información más relevante (Oficio Circular Nº 020-2007-SG-CS-PJ de 13/08/2008). Registro Nacional deAutorización y Oposición de Viaje de Menores El Poder Judicial ha creado el Registro de Autorización y Oposición de Viaje de Menores (Renavim) y además ha aprobado su reglamento, a fin de brindar a los magistrados y a los entes interesados información veraz, actualizada y oportuna de las autorizaciones y oposiciones de viajes a menores concedidos por los órganos jurisdiccionales con competencia en materia de familia. Este registro tiene por finalidad frenar el incremento de los delitos de tráfico, trata y sustracción nacional e internacional cometidos contra niños, niñas y adolescentes (Res. Adm. Nº 204-2008-CE-PJ de 07/08/2008). Conceden plazo excepcional a órganos jurisdiccionales de la Corte Superior para descongestionar carga procesal Debido al volumen de la carga procesal, por el excesivo retardo en resolver y por otros factores externos e internos, la Oficina de la Magistratura del Poder Judicial ha decidido otorgar a los juzgados especializados en lo civil ubicados en la sede Alzamora Valdez un plazo de sesenta días a fin de descongestionar sus respectivas cargas procesales. Asimismo, se ha dispuesto la posibilidad de asignar dos auxiliares de justicia adicionales

para que apoyen a dichos juzgados en las funciones de descarga (Res. Nº 083-2008-J-OCMA de 18/08/08). Instauran centro de documentación del Poder Judicial y aprueban directivas tendientes a mejorar la gestión de los despachos judiciales El Centro de Documentación del Poder Judicial, adscrito al Consejo Ejecutivo, estará bajo la administración y dirección del Centro de Investigaciones Judiciales; asimismo, contará con el apoyo de la Biblioteca de la Corte Suprema de Justicia. Este centro tiene como finalidad concentrar la información vinculada a temas de impartición de justicia, así como archivar las disposiciones administrativas de carácter general que dicten las dependencias administrativas y/o jurisdiccionales (Res. Adm. Nº 121-2008-CE-PJ de 19/08/2008). • TRIBUNALCONSTITUCIONAL Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional Con la modificación del artículo 8 del Reglamento Normativo del Tribunal Constitucional, que regula la irrecusabilidad y abstención de los magistrados constitucionales, se ha establecido que antes de su deliberación por el Pleno, el proyecto de sentencia debe ponerse en conocimiento de los mencionados magistrados para su estudio, al menos con una semana de anticipación. Asimismo, se ha suprimido del texto de dicho artículo la parte que señalaba el tiempo que debía transcurrir para que se publicara la sentencia después de haber sido dictada, el cual estaba fijado en cuarenta y ocho horas (Res. Adm. Nº 096-2008-P-TC de 14/08/2008). • SUNAT Modifican el Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva de la Sunat Se establece que no será necesario que el ejecutor coactivo emita resolución que suspenda el procedimiento de cobranza coactiva cuando en un proceso constitucional de amparo se notifica a la Sunat sobre una medida cautelar que ordena la suspensión de la cobranza coactiva de acuerdo con lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional. Respecto de los efectos de la interposición de admisión a trámite de la intervención excluyente de propiedad se establece que si se declara fundada la demanda respecto de un bien inscrito sobre el cual se hubiera trabado embargo en forma de inscripción, será de cargo de la Sunat el pago de las tasas registrales u otros derechos exigidos para la anotación y/o levantamiento de dicha medida cautelar. Antes la norma indicaba que los referidos pagos eran de cargo del tercero (Res. Nº 159-2008/SUNAT de 24/08/2008)

a cantidad de accidentes de tránsito, el número de personas que fallecen como consecuencia de ellos y los daños materiales que producen este tipo de acontecimientos en nuestro medio, son razones más que suficientes para preguntarnos por las circunstancias que motivan que durante el año 2007, hayan fallecido en nuestro medio cerca de 3,500 personas como consecuencia de estos accidentes. Las causas son de distinta naturaleza, entre las que cabe destacar: irresponsabilidad de conductores y peatones; autoridades pusilánimes e indiferentes; empresas de transporte irresponsables; falta de recursos económicos para una correcta señalización; inobservancia de las leyes en materia de tránsito e impunidad cuando dichas trasgresiones y delitos son ventilados en las instancias administrativas y jurisdiccionales a las que corresponden. Como todos sabemos, un proceso administrativo o judicial de esta especialidad hasta que se dirima y termine pueden pasar varios años, entre que se agota la vía administrativa, la Policía investiga, y los jueces resuelven estableciendo no en todos los casos algún tipo de responsabilidad penal o administrativa para los culpables. Mientras un proceso de esta índole se tramita, las víctimas y sus familiares se encuentran en una situación de especial desventaja frente a los causantes o infractores, que tienen como el mejor medio de defensa el paso del tiempo y la letanía de las autoridades. Una solución importante será restituir los juzgados de tránsito que se encargarían exclusivamente de procesar todos los delitos e infracciones que tienen que ver con los accidentes de tránsito. Hablo no solo de las sanciones penales a los responsables, sino de las reparaciones civiles e indemnizaciones que les corresponden según la magnitud de los daños que cada persona haya sufrido, a consecuencia de una colisión entre vehículos, atropellos y otras circunstancias similares. Un juzgado de tránsito implica en las condiciones actuales toda una especialización, por la complejidad que en los momentos actuales ha adquirido el sistema de tránsito vehicular en nuestro medio, como lo denota los cientos de millares de vehículos que transitan por nuestras carreteras y, sobre todo, en consideración a los millares de personas que todos los años mueren en nuestras pistas como consecuencia de los accidentes de tránsito. Otros países con problemas similares hace años que no solo optaron por hacer más severas las sanciones para todos los que infringían alguna normativa en materia de tránsito vehicular o peatonal.

Luis Lamas Puccio

BOLETÍN DEL ABOGADO Órgano oficial del Colegio de Abogados de Lima Año 1, Nº 3 www.cal.org.pe comunicaciones@calperu.org.pe


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COMENTARIO JURISPRUDENCIAL

Por: Clara MOSQUERA VÁSQUEZ Jueza y especialista en temas civiles

La pensión de alimentos para la cónyuge en el divorcio por separación de hecho

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infundada la reconvención respecto de la n tema que genera opiniones encontradas es el referente a los alimentos que le continuación de la obligación alimentaria a favor de la corresponderían a la cónyuge divorciada cónyuge y, por lo tanto, extinguida dicha obligación. como consecuencia de un proceso de divorcio por la Posteriormente, la cónyuge demandada interpuso causal de separación de hecho. En el caso que recurso de casación, entre otros motivos, por comentaremos en esta oportunidad (Cas Nº 3710considerar que al declarar la sala superior extinguida 2006-Lima), mientras que en primera instancia se la obligación alimentaria, había efectuado un ordenó que el demandante continúe acudiendo a la pronunciamiento extra petita; asimismo, que ha demandada con una pensión alimenticia cumplido con acreditar que se encuentra anteriormente fijada, la sala superior resolvió imposibilitada de trabajar. extinguir la obligación alimentaria y, al interponerse La Corte Suprema al emitir su fallo consideró que en recurso de casación, la Corte Suprema consideró que la sentencia emitida por la sala superior no existía en dicho extremo no existía incongruencia en el fallo incongruencia alguna, ni constituía una sentencia emitido por la sala superior, ni que esta había emitido extra petita pues los alimentos entre los cónyuges son una sentencia extra petita . Comenzaremos un deber derivado del vínculo comentando lo referente al principio matrimonial, habiendo la sala de congruencia y, finalmente, superior desarrollado este extremo analizaremos el caso concreto. Al disolverse el vínculo en el sexto considerando de su El artículo VII del Título Preliminar sentencia, donde se analizó la matrimonial el juez no está en la del Código Procesal Civil señala que capacidad de la recurrente de el juez debe aplicar el derecho que obligación de fijar una pensión proveerse sus propios alimentos, corresponda al proceso, aunque no donde además se valoraron los haya sido invocado por las partes o lo alimenticia a favor del cónyuge medios probatorios, de conforhaya sido erróneamente, pero no midad con el artículo 197 del perjudicado puede ir más allá del petitorio ni Código Procesal Civil. fundar su decisión en hechos diversos Coincidimos con lo expresado por de los que han sido alegados por las la Corte Suprema pues al haberse partes. Este principio conocido como extinguido el vínculo matrimonial también se principio de congruencia procesal, significa que el extinguió la obligación de prestar alimentos a la juez no puede fallar más allá de lo que las partes cónyuge, así, la sentencia emitida por la sala superior hayan demandando, esto es, debe haber concordancia no constituía un fallo extra petita sino uno acorde a entre lo pedido por las partes y lo que el juez decida. ley. Debe precisarse que la vulneración del principio de Por otro lado, debe precisarse que al disolverse el congruencia da lugar a cuatro vicios: i) Plus petita: se presenta cuando el juez concede más de lo pedido por vínculo matrimonial el juez no está en la obligación de las partes; ii) Infra petita: se presenta cuando el juez fijar una pensión alimenticia a favor del cónyuge no se pronuncia sobre todos los petitorios de las perjudicado sino, por el contrario, deberá evaluar si se partes; iii) Extra petita: se presenta cuando se dan los presupuestos señalados por el artículo 481 del concede algo diferente a lo pedido por las partes o Código Civil, esto es, que exista un estado de cuando la decisión se refiere a persona ajena al necesidad del beneficiario y que el obligado esté en proceso; y, iv) Citra petita: se presenta cuando el juez condiciones de otorgarlos. En el caso que nos ocupa, omite total pronunciamiento sobre las pretensiones la sala superior consideró que la cónyuge perjudicada de las partes. estaba en condiciones de proveerse sus propios alimentos, más aún cuando en autos se evidenció que En el caso que nos ocupa se advierte que la demanda el demandante procuró salvaguardar la estabilidad presentada por don Eleuterio Cabrejos Sánchez económica de la cónyuge perjudicada, ofrecimiento contra Silvia Sebastiana Vásquez Aguilar sobre que fue rechazado por esta, por lo que la sala superior divorcio por causal de separacion de hecho, fue concluyó que la cónyuge perjudicada no tenía declarada fundada y, asimismo, se declaró fundada la necesidad económica alguna. reconvención respecto de la obligación alimentaria a favor de la cónyuge inocente, ordenándose que el Consideramos que en estas condiciones, establecer demandante continúe cumpliendo su obligación una pensión alimenticia a favor de la cónyuge alimentaria hacia la cónyuge demandada. perjudicada, constituiría un abuso del derecho en Al interponer la cónyuge demandada recurso de perjuicio del demandante y hubiese constituido un apelación, la sala superior, entre otros puntos, declaró fallo injusto y contrario a derecho.

JURISPRUDENCIAS RECIENTES • TRIBUNALCONSTITUCIONAL Actuación del “agente encubierto” es legítima pero debe respetar los principios de subsidiaridad y de necesidad El Tribunal Constitucional legitimó la actuación del agente encubierto pues permite el conocimiento de hechos sobre la comisión del delito que se investiga sin que se amenacen o afecten derechos fundamentales. No obstante, señaló que el empleo de esta técnica debe cumplir con dos principios: el principio de subsidiaridad y el principio de necesidad. Según el primero, las autoridades competentes solo podrán acudir a esta técnica si no se puede obtener información sobre la comisión del delito por métodos tradicionales; mientras que el segundo, debe considerar los fines de la investigación respecto de la gravedad del delito de la organización criminal (Expediente Nº 4750-2007-PHC/TC). Dejan sin efecto la desafiliación del Club Deportivo Wanka El Tribunal Constitucional dejó sin efecto la Resolución Nº 005FPF-2005 por la cual se desafilió al Club Deportivo Wanka de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y prohibió a sus dirigentes ejercer cualquier actividad en el fútbol durante los años 2004 y 2005. El tribunal estimó que al imponerse la sanción se vulneró el derecho al debido proceso en su manifestación del derecho a la defensa y, en consecuencia, el derecho de asociación del referido club, pues la FPF le aplicó una sanción disciplinaria sin respetar las garantías mínimas de todo proceso; toda vez que solo se le notificó la resolución mediante la que se acuerda su desafiliación y no establecerse en su estatuto un procedimiento disciplinario sancionador (Expediente Nº 3574-2007-PA/TC). • PODER JUDICIAL Segundo Pleno Casatorio se pronunciará sobre prescripción adquisitiva de dominio El 28 de agosto último se convocó a los integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema para que realicen el Segundo Pleno Casatorio

que se pronunciará sobre prescripción adquisitiva de dominio a propósito del expediente que contiene el recurso de casación signado con el Nº 2229-2008. La sesión del pleno casatorio se realizará el próximo jueves 18 de setiembre a las doce del mediodía en la Sala de Juramentos de la Corte Suprema teniendo como vocal ponente al doctor Manuel Sánchez-Palacios Paiva (Resolución Nº 01-2008-I Pleno Casatorio-P-CS-PJ). Por mandato judicial Hipermercados Metro desaloja el local del Cono Norte El local de Hipermercados Metro, ubicado en el cruce de la Panamericana Norte y la avenida Carlos Izaguirre, en el distrito de Independencia, fue desalojado en cumplimiento de lo dispuesto por el Tercer Juzgado Comercial de Lima que resolvió el cierre de este local porque el terreno donde se encuentra el supermercado está en medio de un litigio con el Banco Internacional del Perú, propietario del inmueble. • TRIBUNALFISCAL Deuda tributaria puede registrarse en las centrales de riesgo El Tribunal Fiscal estableció como precedente de observancia obligatorio que la Administración Tributaria tiene la facultad de registrar en las centrales de riesgo la deuda tributaria exigible coactivamente, no obstante que aún no se haya iniciado el procedimiento de cobranza coactiva o este haya sido suspendido o dejado sin efecto por razones distintas a la no exigibilidad de la deuda en cobranza, Este criterio vinculante se sustenta en el numeral 1 del cuarto párrafo del artículo 85 del Texto Único Ordenado del Código Tributario, en el que dispone que no se puede incluir dentro de la reserva tributaria la publicación que realice la Administración Tributaria de las deudas exigibles, por lo que en este caso se deberá consignar el nombre del contribuyente o responsable, nombre comercial si lo tuviese (Resolución N° 09151-1-2008).

ENTREVISTA

“La justicia arbitral no solo es para causas de alto contenido económico” Jorge SANTISTEVAN DE NORIEGA Ex Defensor del Pueblo

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¿Qué opinión tiene acerca de las facultades conferidas a los árbitros en la nueva Ley de Arbitraje para que puedan ejecutar directamente las medidas cautelares que dictan y sus propios laudos?

Es concebible y aconsejable que los árbitros ejecuten sus resoluciones y laudos con una condición: que las partes así lo hayan convenido. Así lo concibe el Decreto Legislativo N° 1071 en su art. 67. Para la ejecución de laudos, no es una facultad tan nueva pues estaba prevista en la legislación anterior. Lo importante es que las partes lo hayan decidido; esta expresión concreta de la autonomía de la voluntad constituye la fuente de la competencia de los árbitros en la ejecución de los laudos.

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¿Es viable que los árbitros ejecuten sus resoluciones?

En la segunda disposición complementaria del Decreto Legislativo N° 1071 se permite que las instituciones arbitrales y las entidades públicas o privadas suscriban convenios para hacer efectiva la facultad de ejecución de los árbitros. Vamos a tener probablemente convenios entre los bancos, la SBS y los centros arbitrales para que estén registradas las firmas de los árbitros y a partir de ello sus laudos, resoluciones o medidas cautelares sean ejecutados de manera confiable. Del mismo modo, se podrán suscribir convenios entre las instituciones arbitrales y los Registros Públicos para que haya seguridad jurídica sobre los embargos en forma de inscripción que puedan disponer los árbitros y que, contando con el acuerdo de las partes, sean ejecutados directamente y admitidos por los registradores.

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La primera disposición final de la nueva Ley de Arbitraje alude al “arbitraje popular” mas no desarrolla su concepto de manera satisfactoria. En su opinión, ¿qué contenido debería dársele a esta figura?

El Decreto Legislativo N° 1071 prevé el arbitraje popular, lo que es un avance. Esta idea –de la que el Decano del CAL, Dr. Walter Gutiérrez Camacho, ha sido el promotor singular– es buena y tiene acogida en otros países. En España, por ejemplo, opera como “arbitraje de consumo” y supone que si hay una controversia entre un consumidor y un proveedor en el mercado esta puede resolverse mediante arbitraje. Algo así como que los reclamos del consumidor y los de los usuarios de los servicios públicos en lugar de ser canalizados administrativamente al Indecopi para su solución –o a los organismos reguladores (Osiptel, Sunass, Osinergmin y Ositran) para que resuelvan en segunda instancia lo que hayan decidido las empresas prestadoras– se resuelvan por árbitros debidamente escogidos por cada una de las partes en instancia única y de manera definitiva.

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¿Cómo operaría el arbitraje popular en el Perú?

Tendría que definirse primero qué materias van a ser arbitrables por esta vía. Si se concibe que sean los problemas del consumidor o los usuarios, bien puede ser el Indecopi o los reguladores de servicios públicos donde tendría que alojarse una mínima administración de los arbitrajes, determinar una lista de árbitros idóneos y operar con reglas mínimas inmediatamente. Para los reguladores de servicios públicos no sería nada completamente nuevo pues tienen al arbitraje previsto en sus respectivas leyes institucionales. Si se trata del arbitraje de temas patrimoniales entre privados, de problemas entre inquilinos y dueños de propiedades o asuntos similares, creo que tendría que buscarse la voluntad política de las municipalidades y gobiernos locales para que en sus instalaciones se aloje una mínima administración, con reglas básicas definidas y listas de árbitros. Y, como en otras partes, a partir de allí comenzar a hacer la historia, sin convertirlo en obligatorio para que se legitime el arbitraje popular por sus propios medios, se convierta en autosostenible y dé cuenta de su propia competitividad. Tengo fe en que puede ser provechoso pues no concibo ninguna razón para que el acceso a la justicia arbitral sea el coto cerrado de las grandes causas de alto contenido económico.


BOLETÍN DEL ABOGADO

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NOTICIAS GREMIALES

Inscripción registral de Policlínico del CAL Junta Directiva concluye exitosamente saneamiento del inmueble ubicado en el Jr. Luis N. Sáenz Nº 232, Jesús María

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a actual Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima ha concluido exitosamente el saneamiento de la inscripción registral del inmueble ubicado en el Jr. Luis N. Sáenz Nº 232 del distrito de Jesús María, para destinarlo al funcionamiento del Policlínico de la Orden.

Código de Ética de los jueces y litigantes

CAL y OCMA implementarán Código de Ética Proponen norma de colaboración eficaz para quienes denuncien actos de corrupción

Cabe destacar que en gestiones anteriores no se había logrado la inscripción registral que permitiera consolidar los derechos de propiedad de nuestra institución sobre el mencionado inmueble, lo que significaba el inminente riesgo de que nuestra titularidad pudiese ser eventualmente afectada por terceros. Esta situación ha sido finalmente superada en esta gestión. En efecto, asumiendo su compromiso de resguardar el patrimonio del Colegio y cautelar sus inversiones, la actual Junta Directiva del CAL ha logrado que el título registral se encuentre expedito para su inscripción registral, lo cual permitirá asegurar las inversiones que se

harán en la pronta implementación de nuestro nuevo policlínico en un local debidamente saneado y registrado. Las gestiones de la inscripción del inmueble estuvieron a cargo del Director de Comunicación e Informática Jurídica del CAL, Dr. Jorge Luis Gonzales Loli.

CAL rinde reconocimiento a Oficial Mayor de la Orden Placa y diploma fueron entregados en el marco de las celebraciones del Bicentenario del CAL

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l Ilustre Colegio de Abogados de Lima entregó el pasado 6 de agosto una placa y un diploma al Oficial Mayor de la Orden, don Gabriel Pita Martínez, como reconocimiento a sus distinguidos servicios y compromiso con la institución en el marco de las celebraciones del Bicentenario de la primera Junta Directiva del CAL. En medio de grandes aplausos y sentidas palabras de reconocimiento, el Decano de la Orden, Dr. Walter Gutiérrez, destacó su loable ejemplo y disciplina durante los cerca de cuarenta años de labor ininterrumpida que desempeña en el CAL. A su turno, don Gabriel Pita Martínez expresó su agradecimiento a la ilustre mesa conformada por los ex decanos Ulises Montoya Alberti, Greta Minaya, Fernando Vidal Ramírez, Vicente Ugarte

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l Decano del Colegio de Abogados de Lima, Dr. Walter Gutiérrez Camacho, y la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), Dra. Elcira Vásquez, sostuvieron una reunión de trabajo destinada a enfrentar conjuntamente la lucha contra la corrupción en el ámbito judicial y que comprende a todos los operadores. Ambas autoridades propusieron la implementación de medidas concretas para dicho flagelo. En su caso el Dr. Walter Gutiérrez Camacho propuso la implementación de un Código de Ética de los jueces y litigantes, así como la aprobación de una norma de colaboración eficaz para quienes denuncien actos de corrupción. Coincidieron en que la corrupción es el principal mal que aqueja a la justicia y que esta se encuentra instalada en todos los niveles del sistema.

del Pino y Jorge Avendaño, así como al Presidente del Poder Judicial, Francisco Távara y al Presidente del Tribunal Constitucional, Carlos Ramírez.

Asimismo, señalaron que la lucha contra la corrupción también debe darse en el ámbito universitario porque es en donde se forman los futuros operadores del sistema de justicia.

SOBRE GESTIÓN CAL

Se desbarata red de corrupción en el CAL Junta Directiva adopta urgentes medidas y procede a denunciar a ex trabajadores implicados

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omo resultado de las acciones emprendidas para reordenar y optimizar el funcionamiento del sistema de recaudación del CAL y los procedimientos contables, la Junta Directiva ha descubierto y desbaratado una red de corrupción conformada por trabajadores responsables de las funciones de caja, contabilidad e informática. Dichos actos de defraudación sistemática se habrían efectuado con la participación de un grupo de trabajadores, en acción concertada, para apropiarse ilícitamente de ingresos del CAL, mediante modalidades que se han venido empleando desde hace varios años. Ante esta situación, y en resguardo de la economía de la institución, así como con el propósito de que se sancione a los responsables de dichos actos delictivos, la Junta Directiva en sesión del 25 de agosto de 2008 adoptó diversas acciones. La primera de ellas fue autorizar al Director de Defensa Gremial a formular la denuncia penal contra el personal presuntamente involucrado en los ilícitos señalados, medida que ya se ha ejecutado. Asimismo, se dispuso la realización de una auditoría de las operaciones de caja realizadas en los últimos periodos. Igualmente, se procedió a la inmediata sustitución de todo el personal involucrado, y se autorizó la tercerización de las funciones de caja, mediante la contratación de empresas especializadas en la materia. Finalmente, se ha dispuesto que se informe a la Junta de Vigilancia los hechos y lo actuado, para que proceda conforme a sus atribuciones. La Junta Directiva reafirmó su compromiso de continuar con el cambio de los viejos sistemas de administración que se habían enquistado en el CAL y que han permitido, a lo largo de varios años, diversos actos de corrupción. Estas medidas permitirán mantener las cuentas en azul que la actual gestión ha logrado.

Dos nuevos bancos para pagos Facilidades para pago de cuotas de agremiados

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a Oficina de Comunicaciones e Informática Jurídica estableció dos nuevas alianzas de servicios para incrementar la red de pago de las cuotas ordinarias de los agremiados de la Orden tanto por Internet como por ventanillas. Interbank y Scotiabank se unen al servicio de pagos que ya ofrece el Banco de Crédito del Perú facilitando el acceso a mayor número de miembros a efectuar el pago oportuno de sus cotizaciones. Asimismo, se informa a los miembros de la Orden que el Policlínico del CAL ya cuenta con el terminal de las tarjetas de crédito Visa y Visa Electrón para realizar el pago de sus cuotas y otros conceptos. Los abogados también pueden solicitar la papeleta de habilidad en la sede del referido establecimiento, sito en Jr.Arnaldo Márquez N° 2006, Jesús María.


Boletin del Abogado N° 3