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Revista Digital En el primer artículo de la presente edición, se comparte el tema denominado “¿Pagan impuestos las organizaciones políticas?”, mediante el cual, el autor del mismo comparte un análisis sobre las obligaciones sustantivas y formales de las organizaciones políticas, Lic. Julio Abel García Alvarado entendiéndose como tales 1) Partidos políticos Contador Público y Auditor 2) Comités para la constitución de partidos Socio Defensa Fiscal Buró de Auditores “De León De políticos 3) Comités cívicos electorales León & Asociados” y 4) Asociaciones con fines políticos, de conformidad con la Ley electoral y de partidos políticos y sus reformas. Analiza específicamente las Leyes que regulan: a) Impuesto al Valor Agregado, b) Impuesto Sobre la Renta, y c) Impuesto de Solidaridad y da a conocer sus conclusiones. En el segundo artículo, se presenta la sexta parte del tema denominado “Los Límites del poder tributario en la Administración Tributaria”, que viene compartiéndose desde el volumen 24 de la revista. En este artículo, el Dr. Bayron De León, analiza que hablar de inseguridad jurídica tributaria en Guatemala, se está volviendo más común de lo adecuado, y que se hace necesario alcanzar ciertos grados de transparencia y confianza por parte de la Administración Tributaria para que de esa forma el obligado tributario entienda y comprenda del porqué es necesario colaborar y tributar. Deseamos invitarlo estimado lector a que nos apoye, seleccionando a su juicio, el artículo que le pareció más interesante de los publicados en el presente número de la Revista digital BURÓ “el sentido formal y material de los tributos”, y de esa forma ir eligiendo los temas que formarán parte de una publicación impresa, en el mes de diciembre del presente año, que se denominará “Miscelánea Tributaria” http://deleonasociados.com.gt/ encuesta-15-04-2019/

Revista digital Buró “el sentido formal y material de los tributos”


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¿PAGAN IMPUESTOS LAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS?

LOS LÍMITES DEL PODER TRIBUTARIO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

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¿PAGAN IMPUESTOS LAS

ORGANIZACIONES POLÍTICAS?

ERICK FERNANDO MAZARIEGOS SALAS Contador Público y Auditor MSc. En Administración Pública y Gobierno Maestrante Tributaria

en

Consultoría

E

n las últimas semanas, se ha discutido en diferentes medios de comunicación sobre el financiamiento de los partidos políticos, esto, derivado de que en el año 2016 el Congreso de la República de Guatemala, aprobó una reforma de varios artículos del Decreto 1-85 de la Asamblea Nacional Constituyente,


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Ley Electoral y de Partidos Políticos, con el objetivo de regular la forma de financiamiento y del registro contable de las organizaciones políticas; por lo que en palabras del licenciado Mario Ismael Aguilar Elizardi, magistrado presidente 2018-2019 del Tribunal Supremo Electoral “…nos encontramos en el primer proceso electoral en el cual Guatemala llevará a la práctica las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) aprobadas por el Congreso de la República mediante el Decreto 26-2016”, reformas que traen consigo obligaciones tributarias que deben cumplirse por referidos actores políticos. De conformidad con el artículo 16 de la ley electoral y de partidos políticos y sus reformas, las organizaciones políticas se clasifican en 4 tipos: 1) Partidos políticos. 2) Comités para la constitución de partidos políticos. 3) Comités cívicos electorales y 4) Asociaciones con fines políticos. Así mismo, el artículo 21 Ter de la ley, establece que las organizaciones políticas se encuentran obligadas a emitir un recibo contable autorizado por la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, cuando reciban financiamiento tanto dinerario como no dinerario para sus actividades de funcionamiento, proselitismo, campaña electoral y eventos electorales y que deben llevar registros contables organizados.

Hasta este punto ya tenemos claro a grandes rasgos cuáles son las obligaciones formales tanto de inscripción como de registro contable de las organizaciones políticas,

¿Posterior a su inscripción las organizaciones políticas están obligadas a pagar impuestos? Para dar respuesta a la pero ahora preguntémonos,

interrogante, debemos recordar que las organizaciones políticas (para este caso los comités para la constitución de partidos políticos y los partidos políticos), realizan sus actividades de funcionamiento y de campaña con el financiamiento obtenido de sus afiliados y simpatizantes, por lo que, considerando esta premisa, nace otra

¿La donación dineraria se constituye en hecho generador para el pago de impuestos? interrogante

El artículo 3, numeral 9 del Decreto 27-92, del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA, establece que se constituye como hecho

la donación entre vivos de bienes muebles e inmuebles. Si se analiza únicamente generador del impuesto,

este artículo sin tomar de referencia la concatenación de las leyes de acuerdo al primer párrafo del artículo 10 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala,


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Ley del Organismo Judicial, el cual establece “…que las normas se interpretan conforme a su texto, según el sentido propio de sus palabras; a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales…”, ni el segundo párrafo de la misma ley el cual indica “…El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de la misma se podrán aclarar atendiendo al orden siguiente: a) A la finalidad y al espíritu de la misma;” tampoco lo establecido en el artículo 106, del Código Civil el cual establece que “…

son bienes muebles los que pueden trasladarse de un lugar a otro…”, se podría concluir que los partidos políticos y los comités para la constitución de partidos políticos sí estarían obligados a pagar

Impuesto al Valor Agregado por las aportaciones recibidas. Al analizar la finalidad de los comités para la constitución de partidos políticos, encontramos que estos son el instrumento legal que permite a un grupo de personas que desean participar en un evento electoral, llenar los requisitos que establece la ley electoral y de partidos políticos para ser inscritos por el registro de ciudadanos como partido político,

sin realizar actividades lucrativas.

Por lo que al integrar los artículos para una correcta interpretación, se observa en el numeral 10 del artículo 7 de la ley del Impuesto al Valor Agregado -IVA-, que

están exentos del pago del impuesto, los pagos por el derecho de ser miembro y las cuotas periódicas a los partidos políticos. Por lo que, se debe resaltar que en ningún momento menciona a los comités para la constitución de partidos políticos, permitiéndonos concluir que tanto los partidos políticos como los comités para

no están obligados a pagar el Impuesto al Valor Agregado. su constitución,

En cuanto al impuesto sobre la renta, si analizamos el artículo 4 del Decreto 10-2012 del Congreso de la Republica de Guatemala, Ley de Actualización Tributaria, nos indica que existen tres tipos de rentas de fuente guatemalteca: 1) Rentas de actividades lucrativas. 2) Rentas del trabajo y 3) Rentas de capital y ganancias de capital. Teniendo como característica principal la generación de renta, y tomando en consideración la finalidad de los partidos políticos, y que desarrolla actividades sin obtener un beneficio económico o lucro, en un análisis simple,

se concluye que tanto los partidos políticos como los comités para la constitución de los mismos, no están sujetos al pago del Impuesto Sobre la Renta -ISR-.


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Por último, el artículo 3 del Decreto 73-2008 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Impuesto de Solidaridad, establece como hecho generador condicionado, la realización de actividades mercantiles o agropecuarias en el territorio nacional. Al analizar el artículo 2 del Código de Comercio, el cual indica que se consideran comerciantes a quienes ejercen en nombre propio y con fines de lucro, actividades de industria dirigida a la producción o transformación de bienes, la prestación de servicios, la intermediación en la circulación de bienes, la prestación de servicios, la banca, seguros y fianzas y las auxiliares de las anteriores; encontramos que en ninguna de ellas encaja la actividad que realizan tanto los partidos políticos como los comités para la constitución de los mismos. Aunado a lo anterior, el artículo 4 inciso e) de la ley establece que están exentos del pago del impuesto los partidos políticos y basándonos nuevamente en el párrafo segundo del artículo 10 del Decreto 2-89 del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Organismo Judicial, los comités para la constitución de partidos políticos están exentos del pago del Impuesto de Solidaridad.

En conclusión, los partidos políticos están exentos del pago de impuestos, pero no del cumplimiento de obligaciones formales.


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PARTE

VI

LOS LÍMITES DEL PODER TRIBUTARIO EN LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

…continúa el tema de INSEGURIDAD JURÍDICA TRIBUTARA GUATEMALTECA…

BAYRON INES DE LEÓN DE LEÓN Doctor en Derecho Tributario y Mercantil. Experto en Consultoría Tributaria y Defensa Fiscal.

Los gobiernos pasan, dictan y desarrollan programas para luchar contra el fraude fiscal y mientras no exista un cambio de signos políticos, el fraude seguirá ahí, en cuotas similares a las que se presentaban al inicio de cada legislatura, la realidad invita por tanto, a considerar que para combatir el


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fraude fiscal, se necesitan otros instrumentos más allá de las políticas puramente represivas, convendría no olvidar por otra parte que se necesita para este menester una ejemplaridad en el comportamiento de nuestros dirigentes públicos de la que tampoco debemos precisamente presumir. La inseguridad jurídica está presentado una creciente litigiosidad tributaria, porque a juicio del que escribe, son 4 las causas principales de conflictividad.

1. En primer lugar la complejidad del sistema fiscal sobre el que ya nos hemos referido. 2. En segundo término, la propensión de fraude, a la optimación fiscal por parte de los contribuyentes. 3. En tercer lugar, una actitud inadecuada por parte de la Administración Tributaria. 4. En cuarto lugar y por fin la propia mecánica del sistema basado esencialmente en las autoliquidaciones masivas, donde el Contribuyente no solo tiene que entender las normas, sino que debe aplicarlas sin margen alguno de error.

Si se tuviera al alcance o a la mano los resultados litigiosos en fase administrativa,

es probable que el resultado sea muy favorable a la SAT, ahora bien, se carece de datos acerca de cuántos recursos se estimaron o el tiempo que se tardó la SAT en resolverlos, nos imaginamos que fueron muy pocos los que se resolvieron a favor de los contribuyentes y responsables, por lo que es necesario ventilar los mismos en fase jurisdiccional, fase en la cual el contribuyente y responsable, tiene un alto porcentaje de posibilidades de ganar, por lo que la pregunta con todo esto, no es otra que ¿acaso se

equivoca tanto la SAT, para perder sus casos en fases jurisdiccionales?,

el problema irradia en la juridicidad de los actos, la SAT, presume deudas y obligaciones tributarias, por simple analogía, hace demasiado uso de la técnica, mucho criterio técnico profesional, lo que limita la juridicidad de los actos, vulnerando con ello en demasía principios constitucionales que atañen a los sujetos pasivos.


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Dice la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), que los órganos tributarios (SAT) tienen que conocer cómo funcionan las empresas, deben conocer cómo desarrollan su actividad económica los sujetos pasivos, las características específicas del sector y también los rasgos y circunstancias que caracterizan a dicha actividad en particular y que quizá se pudieran explicar, la conducta concreta que esa empresa ha adoptado, parece novedad, pero no lo es, la Administración Tributaria debe abandonar la posición institucional de recelo y de desconfianza y entrar a la realidad económica empresarial.

En síntesis, la Administración Tributaria debe actuar con imparcialidad y además debe tener claro que solo tiene derecho a recaudar el tributo, no a maximizar el importe de las liquidaciones tributarias,

así mismo, la SAT, debe ser consciente, de que cuando no le asista la razón, no debe permitir que la controversia se alargue hasta llegar a los tribunales de justicia, donde le darán la razón al Contribuyente, toda vez que, es caro, muy caro en términos económicos. La actuación de la SAT, debería ser siempre jurídica y proporcional y con ello no caer en comprobaciones especulativas, injustificadas cuando el contribuyente está ofreciendo colaboración y transparencia, la -OCDE- aludía a este respecto a un dato muy elocuente: “las expresiones

de riesgo “son tan contrarias” de hecho como las planificaciones”, o “bien solicitar únicamente -insiste la OCDE- la información que pueda conducir a concluir la investigación o a cerrar las investigaciones con


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rapidez, cuando las cuestiones más significativas han sido averiguadas satisfactoriamente y está claro que las diferencias que pudieran descubrirse ya no van hacer realmente significativas, habrían de justificarse las decisiones a adoptar explicarlas con carácter previo a su adopción” agrega también la OCDE. En fin, hablar de inseguridad jurídica tributaria en Guatemala, se está volviendo más común de lo adecuado, es triste ver cómo se manosea el derecho tributario, la crisis financiera se está utilizando como un medio para justificar procedimientos ilegales, los cuales irradian en lo arbitrario, por lo que se hace necesario alcanzar ciertos grados de transparencia y confianza por parte de la Administración Tributaria y que de esa forma el obligado tributario entienda y comprenda del porqué es necesario colaborar y tributar.

TODO LO ESCRITO CON ANTERIORIDAD, ES SIMPLE Y LLANAMENTE UN PENSAMIENTO DE ESTE POBRE HOMBRE… QUE AMPARADO A LO DICHO POR EL TEÓLOGO ALEMAN: Martín Lutero, “el pensamiento está libre de impuestos”.

Ahora bien, resulta profundamente contradictorio una legislación dirigida a impulsar potencias, ampliar las iniciativas y el margen de decisión de la Administración Tributaria, con una realidad que apela a los contribuyentes y responsables como una fuerza motora de su viabilidad, si además los sujetos pasivos, tienen en cuenta otros factores como el nivel de incentivos económicos y retributivos de la SAT.

Principio de Jerarquía Este norma sobre

principio enseña que una de mayor jerarquía prevalece cualquiera de menor rango.

El artículo 175 Constitucional, da a conocer en su esencia: que ninguna ley podrá

contrariar las disposiciones de la Constitución; este artículo es claro y

categórico en su declaración, al establecer una protección constitucional. En la práctica se viven muchas experiencias de la emisión de leyes que contrarían el texto constitucional, para lo cual ha existido el remedio de la inconstitucionalidad declarando esas normas como nulas ipso jure “nulas de pleno derecho”; para lo cual se debe tener


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claro que es la Corte de Constitucionalidad la que se encarga de velar por la jerarquía de la Constitución y que esta no sea vulnerada en las normas de menor rango. El artículo 2 del Código Tributario, trata sobre las fuentes del ordenamiento jurídico tributario y en orden de jerarquía los establece así:

1 2 3

Las disposiciones constitucionales.

Las leyes, los tratados y las convenciones internacionales que tenga fuerza de ley.

Los reglamentos que por Acuerdo Gubernativo dicte el Organismo Ejecutivo.


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En un sentido más amplio, se puede decir que cualquier ciudadano respeta y cumple un reglamento si y solo si, no vulnere el contenido de la ley, y se respeta el contenido de la ley, si y solo si, no vulnere el contenido de la Constitución; el comentario versado, lleva a una conclusión; todos los

criterios administrativos que la Administración Tributaria, aplique y que se encuentren fuera del contenido de la ley y vulnere principios constitucionales, no son de aplicabilidad general ni específica, al contrario se deben someter a la Ley.

En siguientes ediciones de la presente revista, se desarrollará el complemento del presente tema…

Por lo tanto en caso de conflictos de ley, se debe aplicar la de mayor jerarquía y de especialidad.

1. DRAE = 2. adj. Dicho de una disposición legal: Que rige casos especiales y no tiene aplicación genérica.


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Revista Digital BURÓ No. 29, Abril 2019  

Hoy 15 de abril del 2019 nos complace compartir con ustedes la vigésima novena edición de la Revista Digital Buró ''el sentido formal y mate...

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Hoy 15 de abril del 2019 nos complace compartir con ustedes la vigésima novena edición de la Revista Digital Buró ''el sentido formal y mate...

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