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Resumen del libro

La nueva empresa europea por Donald Kalff El resurgir de una nueva forma de hacer negocios

Introducción Las creencias imperantes en la actualidad dan por sentada la superioridad del modelo americano de empresa y su capacidad para garantizar el éxito comercial. El autor de este libro plantea una legítima duda sobre su derecho a erigirse en patrón para todas las demás empresas. De hecho, los escándalos financieros protagonizados por compañías norteamericanas en los últimos años han debilitado significativamente esas creencias. Como alternativa al modelo norteamericano de empresa, Kalff se decanta por el europeo, basado en valores culturales, éticos y económicos muy diferentes de los norteamericanos y en absoluto menos competitivos. En ese sentido, el autor demuestra cómo el modo de hacer norteamericano puede ser inflexible e ineficiente. La apuesta por su superioridad se apoya en una red de falsas expectativas, promovidas por instituciones financieras y consultores norteamericanos y europeos, y regidas por el principio de optimización del beneficio por acción como única vía hacia el rendimiento de las inversiones de los accionistas. Sin embargo, el modelo norteamericano limita en la realidad el potencial de crecimiento de las empresas y daña las bases para la cooperación dentro de sí mismas y entre ellas, algo fundamental en la siguiente fase del desarrollo económico. Frente a este enfoque se alza la capacidad de Europa para desarrollar su propio modelo de capitalismo, que permite aplicar diferentes acercamientos al negocio en función de los requisitos específicos del mercado y de los contextos reguladores. En efecto, una adecuada combinación de gestión, organización, planificación y evaluación de rendimiento para las empresas privadas es la fuente de la ventaja competitiva. De esta manera, la alternativa europea se afirma sobre la idea de que la calidad de los recursos humanos y la calidad de su cooperación desplazan a las finanzas y a la tecnología como factores principales de un desarrollo corporativo exitoso.

© 2013 Leader Summaries. Resumen autorizado de: La nueva empresa europea, por Donald Kalff, © 2006 Kogan Page. 1


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Parte I: la desaparición del modelo americano de empresa La revolución de los 90. Los años 90 representaron el periodo más largo de expansión económica de toda la historia de los Estados Unidos. El crecimiento económico iba parejo a unas tasas de desempleo e inflación bajas. Asimismo, el sector privado se caracterizaba por unos fuertes niveles de inversión, unas altas tasas de crecimiento y una elevada rentabilidad. La ideología predominante en este período provenía del legado Reagan/Thatcher de la anterior década, según el cual el protagonismo lo tenía el ciudadano ambicioso, con confianza en sí mismo, responsable de sus acciones y a la espera de ser retribuido por ellas. Su correlativo en términos económicos lo representaba el accionista dispuesto a arriesgar el capital y el emprendedor que lucha con sus competidores. Siendo esto así, la cultura empresarial se caracterizaba por la búsqueda del rendimiento de la inversión, el sólido papel del director ejecutivo y la creación de unidades de producción en cercanía de los mercados. La dirección estaba centrada principalmente en la consecución de los objetivos financieros. El modelo americano de empresa llegó así a su apoteosis final, definido por las siguientes características: • Énfasis en la asunción de riesgos, que son considerados la quintaesencia del emprender. Los empleados cobran salarios, los proveedores y clientes están cubiertos por sus respectivos contratos y, por lo tanto, los accionistas constituyen la única parte expuesta al riesgo: en consecuencia, son sus intereses los que deben ser protegidos. • Un liderazgo fuerte y único. La única manera de asegurar los intereses de los accionistas, la transparencia y la rapidez en la toma de decisiones es que la empresa sea liderada por una única persona: el Director Ejecutivo. • Descentralización en la toma de decisiones. Resulta necesario si la compañía quiere reaccionar rápida y adecuadamente a las cambiantes preferencias de los clientes y a la acción de los competidores. Por ello, las empresas deben compartimentarse en divisiones, éstas en unidades de negocio y éstas, a su vez, en combinaciones de producto/mercado. • Fuertes controles financieros. La descentralización de la toma de decisiones tiene que ir acompañada de un fuerte control financiero, basado en objetivos claros para todos los niveles. La remuneración de los ejecutivos dependerá de la consecución de estos objetivos. Igualmente, la transferencia de precios entre unidades necesita reflejar los precios de mercado, de manera que la rentabilidad de las unidades y su valor de mercado puedan ser determinadas. Sobre esta base, algunas unidades de negocio organizativa y operativamente independientes pueden ser compradas o vendidas para optimizar los resultados de las empresas. • Dirección financiera de las oficinas. La necesidad de reducir costes y de evitar solapamientos con las actividades de las unidades de negocio conduce a un menor número de expertos técnicos y comerciales en el nivel de dirección. • Una relación flexible entre la dirección y los empleados. En muchas empresas, la planificación de personal es reemplazada por mercados laborales internos. • Un nuevo estilo de dirección. Sólo se tienen en cuenta los resultados, y estos deben ser tangibles. Las nuevas reglas del juego empresarial son fáciles de entender y todos son

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conscientes de que los sacrificios personales son inevitables. Este arquetipo de empresa americana fue excepcionalmente exitoso. Emulado por prácticamente todas las grandes empresas en Europa, parecía no tener límites en su aplicación. En este contexto de euforia, la empresa como institución se convirtió en una fuerza culturalmente dominante, la encarnación de las virtudes estadounidenses y el punto de referencia para los estándares de los servicios públicos, desde la sanidad, educación o asuntos sociales a las cuestiones militares. Sin embargo, como se pondrá de manifiesto en el siguiente apartado, tras esa exaltación económica se enmascaraba una crisis latente, y la catástrofe no tardó en aparecer. En el año 2001 la economía estadounidense empezó a tambalearse, y a los escándalos financieros protagonizados por Enron y Arthur Andersen se añadieron los casos de WorldCom, Adelphia Communications, YOL Time Warner y otros. Se puso de manifiesto que las direcciones de las empresas habían estado inflando sus ganancias para mantenerse a la altura de las expectativas del mercado, además de proteger los intereses privados antes de las bancarrotas de las empresas o durante las mismas. Los bancos, por su parte, manipulaban las cotizaciones. Como resultado, las bolsas cayeron, los fondos de pensiones se evaporaron y los despidos masivos resultaron la única vía de salvación para muchas grandes empresas. La confianza en los mercados financieros y la economía estaba seriamente dañada. Aunque la crisis fue rápidamente contrarrestada por una serie de medidas gubernamentales eficaces, nadie se atrevió a investigar las razones profundas que la habían provocado ni a cuestionar el modelo de empresa norteamericano. No obstante, su rendimiento fue mucho menor de lo que se pensaba. Los años 90 no fueron lo que parecían. Los políticos estadounidenses, los funcionarios, emprendedores y banqueros, esto es, todos los que conformaban la economía de Estados Unidos, miraban con orgullo a los 90, la década del milagro económico. Durante esos años, el crecimiento económico se situaba alrededor del 4%, mientras que la inflación permanecía bajo control y ello permitía al Banco de la Reserva Federal mantener unos bajos tipos de interés. Al mismo tiempo, se creó empleo y las tasas de paro bajaron al 4%, de forma que, por primera vez, el conjunto de la población americana parecía participar de lo que se ha considerado la mayor expansión económica de su historia. Sin embargo, los años 90 no fueron exactamente lo que aparentaban. La economía norteamericana no funcionó tan bien como mostraban las grandes cifras, tanto desde el punto de vista histórico como comparativamente con Europa. Contrariamente a la creencia popular, las empresas norteamericanas facturaron pobremente y bastante peor que sus contrapartes europeas. Hacia el final de la década, parecía claro que el progreso había conllevado un gran riesgo para la economía. Finalmente, fue patente que los accionistas también habían pagado muchísimo por los intentos de mejorar los resultados de sus inversiones. De hecho, los indicadores macroeconómicos estadounidenses, esto es, el crecimiento de la economía, los ingresos per capita, el empleo, la inflación y la reducción de la pobreza, eran mucho menores de lo que se pensaba en comparación con los europeos. Por ejemplo, aunque el PIB de Estados Unidos y de la Unión Europea entre los años 1996-2001 era de 3,6 y 2,4 % respectivamente, la diferencia se puede explicar por las distintas tasas de crecimiento de las dos poblaciones: más alta en Estados Unidos y menor en la Unión Europea. Al mismo tiempo, el PIN estadounidense en ese período tenía una tasa de crecimiento del 2,2 al año, comparada con la europea de 1,9, pero esa diferencia era aún menor si se corrige con las tasas de inflación aceleradas a finales de los noventa. Asimismo, la cifra de desempleo americana en esos años subiría considerablemente si se incluyese en el cálculo el aumento del número de trabajadores en baja por enfermedad (3 millones en 1990, 5 millones en 2000), el aumento de la población reclusa (1,1 millones en 1990, 2 millones en 2000) y el porcentaje 3


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de desempleados en el año 2000 entre la población comprendida entre los 18 y los 54 años. De igual manera, la diferencia en la renta entre ricos y pobres en Estados Unidos, lejos de disminuir, aumentó: en el año 2000, el 1% de la población más rica poseía más que el 40 % de la población pobre, lo cual representaba el doble que en 1979. Siendo esto así, del análisis de las verdaderas cifras económicas resultaba que, a fin de cuentas, el desarrollo económico experimentado en los Estados Unidos no era tan espectacular como se esperaba en el contexto de la revolución informática y de las comunicaciones. En efecto, las empresas americanas no mejoraron la productividad a pesar del aumento constante de la demanda y, de hecho, la rentabilidad fue mucho menor si se considera que la contabilidad de muchas empresas estaba plagada de prácticas irregulares o sospechosas. Además, las inversiones mal empleadas provocaron sobrecapacidad en muchos sectores y condujeron a despidos masivos de trabajadores. Finalmente, el déficit, tanto del gobierno federal como en el comercio exterior, constatado a principios de los 90, contribuyó a la mayor crisis de las finanzas estatales americanas a finales de la década. Así, la deuda pública y privada alcanzaron sus cuotas más altas hasta el momento. Consecuentemente, la resistencia del sistema bancario empezó a verse mermada ante unos mercados derivativos en expansión, pero no regulados. El valor de las acciones se vio gravemente perjudicado por la búsqueda de unos beneficios cada vez mayores que no reflejaban fielmente la realidad económica. A mayor abundamiento, la respuesta a esta recesión no contenía ninguna medida novedosa. Consistió básicamente en bajar los impuestos y los tipos de interés, recurrir a los despidos masivos y al outsourcing. El final del camino. Aunque el modelo americano de empresa había mostrado sus insuficiencias, ello no se asumió en Estados Unidos hasta sus últimas consecuencias. En ese sentido, las políticas económicas adoptadas para combatir la crisis fueron insuficientes: se intentó paliarla con la reducción de impuestos, las privatizaciones de servicios públicos y la limitación del poder de los sindicatos. Sin embargo, la reducción de impuestos tiene sentido sólo si está encaminada a reformar el estado de bienestar, no a destruirlo. En el mismo sentido, la revisión del sistema de seguridad social es inevitable, pero la existencia de ese sistema es también imprescindible. En el contexto corporativo, los mercados financieros continuaron exigiendo medidas que tuvieran efectos directos sobre el precio de las acciones, lo cual se traducía en la compra de estas, la reestructuración corporativa, la bajada de costes y el outsourcing. Sin embargo, resultaron ser contraproducentes. Así, las empresas que compraban sus propias acciones para mantener su precio en el mercado, sólo perjudicaban su propia solvencia económica a corto y largo plazo. Las unidades de producción con bajo rendimiento sólo se podían vender o desmantelar. Las fusiones y adquisiciones rebajaban el valor de las acciones de la empresa que las protagonizaba. Por su parte, el outsourcing era una buena práctica aunque plagada de riesgos, pues tenía menos flexibilidad para satisfacer los cambios en la demanda. Así, la cadena de abastecimiento, producción y distribución se hizo más vulnerable. Por último, la reducción del personal parecía inevitable para preservar la competitividad; sin embargo, su coste en términos éticos, de coherencia y viabilidad de la propia empresa era muy elevado. En conclusión, las nuevas ideas escaseaban. Las empresas consultoras no ponían interés en demostrar independencia, porque la pureza ideológica se consideraba muy importante. Esta falta de nuevos horizontes era especialmente evidente en las empresas que operaban en mercados saturados. Como resultado de todo lo anterior, las ventas y los esfuerzos del mercado se hicieron cada vez menos efectivos. 4


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Consecuencias y costes inesperados. La consecuencia más visible de los cambios organizativos y culturales introducidos por las empresas, para facilitar su búsqueda de beneficios sobre las inversiones de los accionistas ante el contexto de crisis descrito, fue la consolidación del director ejecutivo como una estrella, tanto a nivel personal como por su función. Un liderazgo inspirado sería la condición necesaria de progreso en una empresa. La figura del director ejecutivo necesitaba un control máximo para poder satisfacer las expectativas de los accionistas. Sin embargo, la creencia en la omnipotencia del director ejecutivo resultó ser muy gravosa. En muchas empresas su persona se convirtió en una fuente de desestabilización, toda vez que sus preferencias individuales ejercían una influencia perjudicial sobre la asignación de puestos y las políticas de colaboración. Además, en su afán de satisfacer las expectativas de los mercados financieros, a menudo prometía cosas que no podía cumplir. Frecuentemente, ello le costaba el puesto y el de todo su equipo. Las consecuencias eran caras, perjudiciales y de largo alcance. Por otro lado, el empeño en reducir los gastos generales privó a las oficinas centrales de mucha experiencia técnica y comercial y reforzó el papel de los consultores financieros y estratégicos en las tomas de decisión corporativas. Sin embargo, sus intereses financieros en las propias empresas que asesoraban, a menudo ponían en cuestión su imparcialidad cuando se trataba de nuevas fusiones, financiación corporativa, desinversiones o adquisiciones. Como consecuencia de la necesidad de centrarse en el cliente, se decidió agrupar operaciones y actividades comerciales en unidades de negocio pequeñas, que operaban en cercanía con el cliente y que podían reaccionar rápidamente a su cambio de preferencias. Pero estas unidades de negocio también necesitaban apoyo corporativo y dinero para proteger adecuadamente sus intereses y los de sus clientes, y las tensiones entre el director ejecutivo (centrado en el aspecto financiero de la empresa) y los jefes de las unidades de negocio (preocupados por los aspectos comercial y operacional), eran constantes. La divergencia entre los intereses personales financieros de los directivos y los intereses financieros de la organización aumentaba constantemente. Esta disparidad se agravaba con la introducción de un modelo de remuneración cada vez más alto y variable. La actitud competitiva de los directivos, útil frente a la competencia, se reveló perjudicial ante sus compañeros. Se generó un clima de hostilidad en el que los directivos se vieron obligados a defender sus posiciones ante ataques reales o imaginarios; la desconfianza y la cautela se volvieron cualidades imprescindibles para la supervivencia. Estas tensiones y el aumento de la frecuencia e intensidad de los conflictos han tenido un efecto muy negativo sobre la toma de decisiones corporativas, puesto que aquellas destinadas exclusivamente a reforzar la posición personal del directivo tan sólo destruyen valor. Por ello, cuando la cooperación entre unos expertos cada vez más especializados y las unidades de negocio se hizo esencial para lograr cualquier progreso, resultó claro que la manera americana de hacer negocios había destruido por completo la confianza sobre la que se basa toda forma de cooperación corporativa. Todo esto hace que resulte inevitable buscar alternativas al modelo americano de empresa, que se reveló inflexible, con un rendimiento mucho menor de lo esperado y sujeto a la ley del rendimiento decreciente. En todo caso, es preciso constatar que el modelo sobrevivirá, a pesar de sus imperfecciones, al menos en EEUU, donde las empresas no podrán hacer nada más que intentar perfeccionarlo aprovechando unas condiciones económicas favorables como la existencia de un mercado único y relativamente homogéneo, unos mercados laborales flexibles, un espíritu emprendedor ampliamente extendido, un alto nivel de inversiones en desarrollo e investigación, la cooperación entre las universidades y el sector privado y la abundancia del capital-riesgo. También sobrevivirá en Europa por mucho tiempo, puesto que son bastantes las empresas europeas 5


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que basan sus estructuras organizativas y sus procedimientos en los principios del modelo americano y sus equipos directivos se identifican plenamente con ellos. Sus deficiencias (la figura del director ejecutivo omnipotente, su remuneración, el comportamiento poco ético de los ejecutivos, etc.) se intentarán paliar reforzando cada vez más la responsabilidad social de las empresas, sin que ello suponga poner en cuestión los principios básicos del paradigma americano.

Parte II: la aparición de modelos europeos de empresa Frente al modelo americano de empresa, se perfila la alternativa europea: empresas concebidas para crear valor económico y no para optimizar el beneficio por acción, inspiradas por la idea de que la calidad de los recursos humanos y su cooperación son la base del desarrollo corporativo, por delante de la tecnología y las finanzas. El nuevo modelo europeo de empresa se perfila en un contexto de innovación social, de nuevas formas de organización y de nuevas maneras de evaluar y mejorar el rendimiento, y resulta especialmente apto para las grandes compañías. Se diferencia nítidamente de su contraparte americana en las siguientes áreas: • La propiedad, el control y la distribución de los beneficios económicos. • El régimen de administración. • La gestión organizativa y la estructura. • La agenda estratégica. • El desarrollo organizativo. • La planificación de resultados, la evaluación y la remuneración. La propiedad, el control y la distribución de los beneficios económicos. Según el modelo europeo, la propiedad corporativa es entendida como perteneciente a aquellos que concibieron, desarrollaron e implementaron la idea fundamental del negocio, esto es, una combinación de personas, equipo y recursos que añaden valor sobre una base sostenible. En ese sentido, se considera que una idea de negocio es una forma de propiedad intelectual, como lo pueden ser los hallazgos científicos, las obras de arte o los libros, con la diferencia de que su propiedad no es exclusiva de un inventor o diseñador, sino de la organización en su totalidad: y es que muchos miembros de la misma han participado en su desarrollo mediante sus contribuciones prácticas y creativas. Por lo tanto, no se puede proteger legalmente los derechos individuales de autoría sobre la idea, sino que estos derechos se trasladan a la totalidad de la empresa, y a la dirección corporativa como representante de la misma, precisamente porque ha sido el conjunto de la empresa el que ha creado las condiciones para su desarrollo y porque muchos de sus miembros, desde sus distintas posiciones, han contribuido a ello. Los intereses de la compañía y su continuidad son responsabilidad exclusiva de su administración, sin que los accionistas y los representantes laborales puedan reclamar los mencionados derechos de propiedad. Por otro lado, la propiedad y el control de la compañía coinciden mientras ésta puede financiar el crecimiento de su propio movimiento de efectivo. Si la compañía opta por acelerar el crecimiento más de lo que le permite su movimiento de efectivo, puede recurrir a un banco para conseguir el 6


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dinero que precisa, lo cual otorgará al banco un cierto grado de control sobre ella. Sin embargo, el préstamo no resulta caro para aquellas compañías que mantienen un movimiento de efectivo estable y basan su actividad en ideas de negocio que funcionan correctamente. Si los tipos de interés son bajos, y el pago es flexible, el control del banco sobre la compañía queda de esta forma reducido al mínimo. En todo caso, es imprescindible estudiar minuciosamente las condiciones de los préstamos bancarios que, en ocasiones, pueden comportar altos grados de control sobre la empresa, tales como el derecho a nombrar directores. Por otra parte, la compañía puede optar por buscar capital recurriendo a inversores privados mediante la venta de sus acciones ordinarias. Los nuevos inversores obtendrán no sólo la parte del beneficio que les corresponde, sino una capacidad de control de la empresa que variará dependiendo de su participación en la misma. Este control podrá adoptar diferentes formas, por ejemplo, el derecho a nombrar y despedir a los directivos o el derecho a un tratamiento preferencial cuando se generen nuevas acciones. No puede olvidarse que los inversores protegerán sus intereses en aquellas áreas que les sean importantes, como la posibilidad de capitalizar sobre el valor creado por la compañía en el futuro. En todo caso, las decisiones del inversor dependen de su confianza en la dirección de la compañía. Ciertamente, cuando el rendimiento de las compañías no alcanza niveles excepcionales, el precio del dinero sube y las instituciones financieras o nuevos inversores redoblan su control. La empresa debe alcanzar un adecuado equilibrio entre su estrategia corporativa y su propia viabilidad económica, de forma que asegure su continuidad y su desarrollo, pero preservando su propia identidad e independencia. El régimen de administración corporativa, la gestión y estructura administrativas. En cuanto al régimen de administración corporativa, la principal diferencia entre los modelos americano y europeo radica en que éste último cuenta con un sistema basado en dos consejos: el comité ejecutivo y el consejo de administración. Según este diseño, el director ejecutivo mantiene la independencia necesaria para gestionar la empresa, pero es parte de la estructura de dirección corporativa. Semejante estructura proporciona mecanismos de control suficientes para preservar el equilibrio en las fases cruciales de tomas de decisión corporativas. Las responsabilidades de los consejos de administración europeos consisten en designar y supervisar al director ejecutivo y a su equipo, en determinar su remuneración, evaluar el rendimiento de la compañía y en llevar a cabo, en su caso, la aprobación de inversiones, colaboraciones y cambios en la financiación de la empresa. Su mandato es lo suficientemente amplio y flexible como para permitir cualquier grado de control requerido. Por todo ello, este modelo resulta más ventajoso que el americano, en el que existen las figuras del director ejecutivo y del presidente del consejo, ambos miembros del mismo, pero en el cual el director ejecutivo ejerce más poder que el presidente y, de esta forma, todo depende de su comprensión de la situación y de su visión personal. Los consejos de administración europeos son pequeños, con un presidente a tiempo completo. Su composición la determinan los expertos y directivos de rango medio, que aprueban a los candidatos a propuesta del presidente. Los miembros del consejo tienen un buen conocimiento de la empresa y del sector al que se dedica. Asimismo, el consejo aprueba y evalúa los planes propuestos por el director ejecutivo y su equipo. Por su parte, estos planes abarcan tres áreas diferenciadas: • La primera representa a la empresa en su totalidad (recursos humanos, actividades, activos,

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colaboración y financiación); se trata de garantizar el cumplimiento de normas internas y externas, la aplicación debida de las mejores prácticas operativas y comerciales, la optimización de los resultados, el desarrollo de colaboraciones y la gestión de acuerdos con accionistas y bancos. • La segunda área se ocupa de incrementar el valor estructural de la empresa mediante cambios en la estructura de la dirección, en la composición de la fuerza laboral y la introducción e integración de nuevo equipamiento. • Por último, la tercera área tiene que ver con la calidad de las actividades corporativas. La meta consiste en mejorar el movimiento de efectivo de la empresa mediante la introducción de cambios en su posicionamiento estratégico. Se trata de la búsqueda de nuevas ideas con personal y socios diferentes, paralela al abandono de ciertas actividades anteriores que se han mostrado poco productivas. La misión del director ejecutivo europeo y su equipo consiste, pues, en encontrar el equilibrio entre los objetivos que persiguen estas tres áreas. La agenda estratégica. En el contexto actual, el equipo directivo no lidera la compañía simplemente porque ejerce el control sobre ella, sino porque establece estándares y asegura que existen los mecanismos adecuados de control. De esta manera, la función del equipo directivo en el modelo europeo no radica únicamente en decidir sobre las inversiones a llevar a cabo, el personal y otras propuestas dirigidas a incrementar el valor de la compañía, sino en concentrarse en la calidad del proceso de toma de decisiones, desde la concepción de una idea hasta su aprobación. Por ello, los directivos deben estudiar las inversiones, los presupuestos, los criterios de contratación y despido y los procedimientos. La dirección corporativa debe velar por conseguir un equilibrio entre gestionar el negocio, expandirlo y fortalecerlo y desarrollar otros nuevos. El director ejecutivo y su equipo pueden mejorar su influencia guiando la toma de decisiones desde sus primeras etapas. Por ello, debe tomar en cuenta las condiciones macroeconómicas para la formulación del presupuesto y la planificación. Sin embargo, la dirección corporativa no debe limitarse a expresar su visión sobre la futura composición y posicionamiento del negocio, sino a liderar el cambio hacia el mismo. En efecto, el director ejecutivo y su equipo participan en todas las iniciativas encaminadas hacia la renovación de la compañía. Bajo su responsabilidad directa se encuentra la generación y reconocimiento de nuevas ideas para fomentar el crecimiento. Para ello, reúnen, lideran y protegen equipos de especialistas cuyo objetivo es verificar y desarrollar estas innovaciones. La dirección debe crear las condiciones para que se lleven a cabo los cambios internos y defender la reputación de la compañía en calidad de socio de la misma. También le incumbe la interrupción de aquellos proyectos que han dejado de ser rentables. Todas estas cuestiones son analizadas en un plan que el directivo europeo, una vez nombrado, elabora para el conjunto de su mandato. Este plan ha de contener una evaluación de la progresión del trabajo y de sus iniciativas. Las propuestas de discontinuidad de los programas heredados deben justificarse adecuadamente. Asimismo, el plan debe incluir unos objetivos cuantitativos: el flujo de movimiento para la unidad de negocio y el incremento de valor económico que la misma experimentará a lo largo del periodo. En cuanto a los objetivos de tipo cualitativo, el plan señalará hitos que guíen proyectos internos y esfuerzos de colaboración con terceras partes. Este plan proporciona la base para un diálogo continuo con los superiores. No debe ser modificado 8


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con frecuencia, sino tan sólo cuando los hitos se vayan alcanzando, resulten apropiadas nuevas iniciativas o ciertos desarrollos externos fuercen al cambio. De esta manera, la planificación se convierte en un concepto vivo, sin que en adelante exista discrepancia alguna entre los criterios de negocio y el éxito personal. El desarrollo organizativo. En el modelo europeo, la empresa es, ante todo, la comunidad de trabajadores que crean la plusvalía económica, por lo que estos no pueden ser considerados meros recursos en el mismo orden que los medios de producción o la propiedad intelectual. Dentro de este marco, el director ejecutivo y los altos directivos de la empresa deben dedicar tiempo y esfuerzo a evaluarla, construirla y decidir sobre la división de tareas y responsabilidades entre las distintas unidades y departamentos. Las formas organizativas han de ser flexibles; en el modelo europeo corporativo, la superposición de responsabilidades no resulta mal vista en unas empresas en las que se ha reintroducido la colegialidad y en las que los incentivos financieros ya no constituyen un motivo de discordia. El nuevo estilo de dirección debe conscientemente construir una cultura corporativa y proporcionar modelos para los individuos y los equipos, apoyando aquellas actitudes que conduzcan a la cooperación. El fomento de una cultura corporativa es especialmente importante para la toma de decisiones. En la elección de unas opciones frente a otras influyen la creatividad, la cooperación, la toma de riesgos, la persistencia y la disciplina corporativas, a las que no pueden sustituir ni los cursos de gestión ni los consultores. El desarrollo organizativo ha de tener como su punto de partida la confianza mutua entre la dirección y el personal, que debe sentir que su contribución individual se valora. La razón de ser de esto es que la integración social y organizativa del personal basada en la confianza contribuye significativamente a la eficacia corporativa. Por otro lado, los efectos negativos de las tensiones organizativas que surgen por la falta de confianza en las relaciones dentro y fuera de la empresa, a menudo se infravaloran y ante ellas hay que reaccionar desde el principio. De ahí que los directivos deban prestar una especial atención a la comunicación en todos los niveles. En otro orden de cosas, otro de los rasgos característicos del modelo corporativo europeo tiene que ver con el papel de la selección y la organización. En efecto, más que limitarse a rellenar puestos vacantes, los líderes corporativos deben construir y evaluar equipos de gestión para la organización. Deben asegurarse de que todos los campos esenciales de especialidad están cubiertos para cada unidad de negocio, y de que los equipos cuentan con una fuerte orientación e interrelación. Además, si un grupo deja de operar como un equipo, debe ser desmantelado tan pronto como sea posible, con el objeto de limitar el daño. Bajo la responsabilidad del líder corporativo europeo está también aquel personal cuya formación y experiencia hayan quedado obsoletas. A estas personas hay que ayudarles a encontrar una salida profesional fuera de la empresa manteniendo con ellas vínculos sociales. Es una política que convierte a empleados en embajadores de buena voluntad para la empresa. En un contexto laboral donde el trabajo fijo ya no es el modelo dominante, los directivos deben intentar retener a su personal en la órbita de la empresa, aun después de haber finalizado con ellos la relación laboral propiamente dicha, volviendo a contratarles -en su caso- en el futuro y aprovechando la experiencia que hayan adquirido en otras empresas.

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La planificación de resultados, la evaluación y la remuneración La unidad de negocio es la principal fuerza motriz de una empresa europea. Los posibles conflictos entre los distintos niveles del mando corporativo se resuelven reforzando su estricta alineación con los objetivos económicos de la empresa. La planificación coordinada cubre las actividades existentes, su mejora y la renovación de la empresa. Asimismo, todos los niveles de mando participan en el conjunto global de los campos de actividad, aunque su contribución varía. La evaluación del rendimiento de los directivos de las unidades de negocio en el modelo europeo suele ser cuantitativa, en función del valor que añade a la empresa y de su contribución a la innovación. La evaluación cuantitativa toma en consideración el uso que se ha hecho de los activos disponibles (instalaciones, equipamiento, propiedad intelectual, marcas, ventas, etc.), las variables exógenas (tipos de interés, crecimiento económico, precios de la energía, etc.) y su incidencia en el movimiento de efectivo. El valor que el directivo añade se evalúa considerando las mejoras estructurales, el fortalecimiento de la empresa, la calidad de la toma de decisiones, el nombramiento de directivos mejor preparados y el fomento de la cultura corporativa. Se evalúa el progreso alcanzado en la ejecución de los programas heredados de su predecesor, la calidad y desarrollo de su propio programa y la cartera de proyectos existente al final de su mandato. La contribución en innovación es evaluada según los pasos dados hacia la fundación de nuevas unidades de negocio a partir de ideas frescas o la reestructuración o el abandono del negocio existente. Por su parte, la remuneración puede adoptar diferentes formas. Por ejemplo, a un directivo se le puede remunerar mediante un ingreso extra en efectivo por el funcionamiento de una unidad de negocio, un porcentaje de la subida del cash flow, un contrato de mayor duración, un salario fijo más alto, una determinada promoción o alguna combinación entre todas estas posibilidades. En cuanto al personal de niveles inferiores, resulta preferible evitar un modelo de remuneración basado únicamente en el rendimiento, cuyos efectos se han mostrado más bien contraproducentes para la motivación en estos niveles, por cuanto reduce la confianza y puede minar la credibilidad del empleado en el sistema y en sus supervisores. El modelo europeo de empresa puede competir con el americano por la flexibilidad de sus regímenes de administración y gestión, la convergencia de sus intereses internos y su capacidad de crecimiento interno. Su capacidad de establecer colaboraciones basadas en acuerdos marco, la gestión conjunta y la confianza es mayor para identificar diferentes fuentes de valor en el momento adecuado que la del modelo americano, cuyos contratos con sus socios son más detallados y restringidos y lo convierten así en un modelo más rígido. Por otro lado, el modelo europeo justifica las fusiones por el valor que crea la unión de actividades y la combinación de activos, no meramente por la optimización de los parámetros financieros, como sucede en el caso americano.

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Conclusión Es lícito esperar que el modelo europeo de empresa prevalezca sobre el americano por varias razones: por un lado, la economía americana es mucho menos pujante de lo que se cree; la confianza en el dólar decae, como han mostrado las medidas tomadas por los bancos centrales de China y Japón para proteger la tasa favorable de sus respectivas monedas frente al dólar; además, las inversiones extranjeras en la economía estadounidense han caído de manera espectacular; y, por otro lado, aquellas empresas europeas que han intentado mejorar el rendimiento de sus adquisiciones norteamericanas, se han enfrentado a las limitaciones del modelo norteamericano de empresa que intentaban emular (así ha sucedido, por ejemplo, con Ahold Vivendi Bertelsmann). A mayor abundamiento, el consumidor norteamericano tendrá que enfrentarse a la subida de los precios, a costes más altos de la deuda y a un mayor riesgo de desempleo, de forma que se verá obligado a emplear sus ahorros decrecientes en cubrir unos costes de sanidad y de jubilación cada vez más elevados: y es que el norteamericano medio apenas se ha beneficiado del crecimiento de la economía de su país. Por otro lado, existen al menos cuatro rasgos de la economía europea y su modelo empresarial que garantizarán en el futuro su competitividad frente a la norteamericana: • Europa es lo suficientemente grande como para poder fijar sus propios objetivos y políticas y dar forma a su sector privado. De hecho, después de la integración de los nuevos países miembros de la Unión Europea, su mercado es ya el mayor del mundo. • Europa todavía no ha desplegado todo su potencial económico. Aunque posee un mercado de bienes común, todavía no ha unificado su mercado de trabajo y servicios ni ha eliminado por completo todas las restricciones formales e informales para la inversión dentro de sus fronteras. • Los valores culturales europeos son coherentes con los modelos europeos de empresa. El trabajo en equipo y la participación máxima de todos los miembros de la empresa se fundamentan en el comunitarismo de las sociedades europeas. • El surgimiento paulatino de una visión del mundo europea contribuirá al desarrollo de modelos europeos empresariales y viceversa.

fin del resumen

Donald Kalff es licenciado en Ciencias Empresariales por la Wharton Business School. Ha ocupado puestos directivos en el Royal Dutch/Shell Group y en KLM. Actualmente ocupa el puesto de Director Ejecutivo de Immpact, una empresa de biotecnología, además de ser el consejero estratégico para Roland Berger y profesor visitante en la Escuela Universitaria de Gestión de Leiden, en los Países Bajos.

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Ficha t茅cnica Editorial: Kogan Page Fecha de publicaci贸n: 01/02/2006 ISBN: 9780749450151

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Una crisis y cinco errores por Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo Una explicación de la crisis económica internacional iniciada en 2007

Introducción Las crisis económicas no sólo son fenómenos dañinos en sí mismos, sino también por los peligros que se derivan de la forma en que se afrontan. Un naufragio reduce de manera drástica las opciones de los pasajeros, pero además multiplica los perjuicios que pueden ocasionar las decisiones equivocadas del capitán. Ante la crisis, por tanto, es urgente adoptar justo la actitud contraria a la de la precipitación y el pánico que, de forma natural, promueve la situación. A la hora de hablar de la presente crisis económica se imponen con marcada insistencia cinco puntos de vista -tres diagnósticos generales y dos recomendaciones específicas- que suscitan un acuerdo casi universal: 1. La culpa política de la crisis es del liberalismo. 2. La codicia es la culpable moral. 3. Las finanzas y la banca son actividades caracterizadas por la libertad de mercado. 4. Los rescates bancarios son medidas inevitables e incuestionables. 5. La necesidad de aumentar el gasto público para crear empleo es una estrategia adecuada de política económica para salir de la crisis. En su conjunto, se trata de una interpretación que adolece de una doble debilidad: no son tan sólo cinco errores, sino que, además, todos ellos apuntan en una misma dirección: la de justificar el recorte de la libertad de los ciudadanos.

© 2013 Leader Summaries. Resumen autorizado de: Una crisis y cinco errores, por Carlos Rodríguez Braun y Juan Ramón Rallo, © 2009 LID. 1


Resumen del libro: Una crisis y cinco errores

La culpa política de la crisis es del liberalismo A propósito de la crisis económica que, iniciada a mediados de 2007 en Estados Unidos, se extiende hoy por buena parte del mundo, los ciudadanos reciben desde todas partes el mismo mensaje: la crisis se ha producido porque los gobiernos han renunciado a gobernar, han abdicado de sus responsabilidades, se han retirado o se han reducido, dedicándose a privatizarlo todo y a desregularlo todo, concediendo así a sus súbditos una libertad excesiva que estos no han podido o no han sabido administrar correctamente. En última instancia, el culpable no es otro que el liberalismo, al haber apostado los gobiernos por una reducción del papel y el peso de la Administración Pública. No obstante, es cuestionable que la política realmente haya dado esos pasos atrás que los antiliberales de izquierdas y de derechas denuncian. Consideremos, para empezar, el caso de la privatización. No hay duda de que antes existían muchas y grandes empresas públicas y que en las últimas décadas su propiedad ha pasado del Estado a los individuos. Pensemos, por ejemplo, en empresas petrolíferas o en líneas aéreas que dejaron de depender de la política y saltaron al mercado. Sin embargo, después de todo, en no pocos casos los Estados mantuvieron mecanismos de control en las empresas privatizadas; además, no cabe hablar de una auténtica privatización cuando el estado privatiza, pero no desmonopoliza, al conceder privilegios anticompetitivos a algunas empresas o al reservarse el control de las tarifas, tal y como sucede con bastantes de los servicios públicos privatizados. La supuesta economía liberal sólo existe en la imaginación, porque en la práctica los gobernantes controlan empresas y mercados. Prueba de ello es la práctica generalizada de la presión sobre las autoridades para obtener favores y el habitual trasiego de personajes de la vida política que pasan a ocupar jugosos cargos en la empresa o en las finanzas privadas, sin que nadie se escandalice por ello. La prédica políticamente correcta sobre la reducción del estado de bienestar es poco más que pura propaganda. El estado redistribuidor no se contrajo en ninguna parte y en España aumentó significativamente. Cualquier medida de gasto redistributivo -sanidad, educación, pensiones- está ahí para probarlo. El argumento de la redistribución, que justifica una amplia intervención en los mercados, también guarda correspondencia con otras intervenciones que, en medio de una pretendida epidemia de servidumbre hacia el mercado, permanecieron intactas y en muchos casos se expandieron. Así, resulta significativo que la construcción haya sido señalada como culpable de la crisis y ejemplo de la ineficiencia del mercado libre, cuando se trata de un sector profundamente intervenido, con toda suerte de inspecciones y gravámenes, sin contar con la manipulación monetaria y crediticia. Para contrastar la supuesta ola liberal con la realidad se puede pensar en la impresionante cantidad de actividades que el Estado no sólo realiza y controla, sino que también protagoniza. En efecto, un somero vistazo a lo que significa el peso público en la educación, la sanidad y las pensiones, y a las crecientes regulaciones que afectan a toda la vida de los ciudadanos -desde la fábrica que montan o el comercio que abren o la vivienda que adquieren o reforman, hasta su forma de comer, beber y fumar- basta para ver lo disparatada que es la idea de que el liberalismo de nuestro tiempo haya cometido excesos. Esto resulta aún más visible en el campo monetario. Recordemos que, aunque el protagonismo de las Administraciones Públicas es enorme en la educación, la sanidad o las pensiones, cabe concebir la 2


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prestación privada de tales servicios. Dicho protagonismo es virtualmente total en la policía, la defensa y la justicia, y sin embargo no está prohibido el suministro por parte de empresas privadas de servicios de defensa, seguridad y arbitraje. Por otra parte, en las finanzas, la oferta de crédito está controlada también universalmente por entidades públicas -los bancos centrales-. Pero cuando estalla una crisis financiera, el culpable casi siempre se busca en el sector privado. En ese mundo políticamente correcto de cálidas contradicciones, muchos se sienten cómodos en la imposible persecución de objetivos incompatibles. Una contradicción típica es el hecho repetido de que todas las crisis económicas se superan con menos libertad y más regulación, pero al llegar la siguiente crisis, el pensamiento prevaleciente la atribuye sistemáticamente a un exceso de libertad y a una falta de regulación.

La culpa moral de la crisis es de la codicia La crisis económica ha desatado varias y antiguas propensiones antiliberales. Una de ellas es la de atribuir los desastres colectivos no a los errores y vicios de los poderosos, sino exclusiva o fundamentalmente a los de la gente corriente. Según esta teoría, los ciudadanos habrían incurrido en un materialismo y un consumismo extravagantes, en una degradante búsqueda insaciable del lucro y del dinero fácil, alimentando una burbuja ostentosa y vana y endeudándose irracionalmente por encima de sus posibilidades. Las muestras más groseras de estos vicios corresponden, en el campo legal, a los ingresos millonarios de algunos; y en el campo ilegal, a las escandalosas estafas que hemos conocido en tiempos recientes. Al sumar todo ello, algunos llegan a la conclusión de que la crisis probaría que el culpable moral es la codicia. Sin embargo, para que este vicio tuviera alguna responsabilidad en la crisis actual, tendrían que darse alguna de las siguientes dos circunstancias o ambas: primero, la codicia tendría que haberse ahondado y generalizado; segundo, las conductas normales de los ciudadanos tendrían que poder ser calificadas clara y específicamente de inmorales. La primera circunstancia conduce a la formulación de hipótesis verdaderamente disparatadas sobre la naturaleza humana. Si fueran ciertas, tendríamos que suponer que lo que ha sucedido en tiempos recientes es un incremento significativo de la codicia, y no parece sensato admitirlo. Por el contrario, lo que sí ha ocurrido desde tiempos inmemoriales es que, ante cada calamidad que asola al género humano, siempre se levantan las voces de los moralistas de turno, que reprenden a sus semejantes por ver en las tragedias sociales la consecuencia directa de los pecados personales. Pero la reiteración de estas prédicas no certifica su veracidad. Lo que vemos en las últimas décadas es más bien que las muestras de generosidad, lejos de retroceder, han aumentado. Lo evidencian los numerosos casos de colaboración ciudadana con instituciones religiosas y laicas, empresariales y sindicales, privadas y públicas, para toda suerte de causas humanitarias. Es interesante constatar que esas muestras no han disminuido a pesar del notable incremento de la presión fiscal, justificada por el supuesto egoísmo de los individuos y su reticencia a ayudar al prójimo. En cuanto a la segunda circunstancia, es decir, determinar la inmoralidad de lo hecho por los ciudadanos para estipular desde ello la culpa global de la codicia, sólo se puede hacer desde un fundamentalismo radical. En la codicia, como en otros pecados, la clave es el exceso. El comer, sólo el comer, no es de por sí gula, igual que el deleite carnal no es de por sí lujuria. Actuar conforme a nuestro propio interés, trabajar para mejorar nuestra propia condición, establecer tratos y contratos 3


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con nuestros semejantes en beneficio recíproco no sólo no es moralmente condenable, sino que tampoco es condenado por ninguna confesión religiosa. Aparentemente, este razonamiento valdría para el beneficio normal, pero no para el beneficio extraordinario o rápido. Ello supone un sinsentido, pues en condiciones de competencia el beneficio nunca lo determinan en última distancia quienes ofrecen sus servicios en el mercado, sino su interacción con los demandantes. Cualquiera que obtenga un beneficio abultado y rápido es porque ofrece algo cuya demanda aumenta de modo intenso a corto plazo: su beneficio indica precisamente que está satisfaciendo esa demanda. Reprobar desde la ética a quien logra legítimamente un beneficio veloz y voluminoso equivaldría a aplaudir el beneficio siempre que sea pequeño y tarde muchas décadas en acumularse, lo cual carece de sentido. Tampoco hay nada de malo en apreciar las cosas materiales y consumirlas. El desdeñoso reproche a los consumistas suele ocultar una actitud paternalista hacia los ciudadanos, que a menudo precede a la pretensión de someterlos a los arbitrios de una élite poderosa que sabe “lo que es bueno para el pueblo”. Al consumismo se le imputa también el hecho de que los ciudadanos nos hemos endeudado en exceso, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y, por tanto, hemos alimentado la burbuja especulativa. No obstante, en esta conducta hubo un ingrediente fundamental, que no siempre se subraya adecuadamente: no fue la libre competencia del mercado privado la que forzó artificialmente a la baja los tipos de interés, sino la política monetaria llevada a cabo por entidades públicas y monopólicas como son los bancos centrales. Es absurdo, desde cualquier perspectiva, incentivar primero el endeudamiento de las personas, entregándoles dinero prácticamente gratis y creando una burbuja merced a la cual aquello que compraban se revalorizaba sin cesar, y después reprocharles el que se hayan endeudado en exceso. Los bajos tipos de interés fueron fuente de la crisis: pero no por ser bajos (pues si hubiesen sido consecuencia de un mayor ahorro voluntario, no habrían generado crisis alguna), sino por la intervención política en los mercados. La burbuja financiera, que entre otras cosas permitió que algunos acumulasen salarios, comisiones y beneficios extraordinarios, pudo animar la codicia, pero no tuvo originalmente nada que ver con los ciudadanos libres y sí –y mucho- con sus autoridades.

La culpa económica de la crisis es del mercado libre Muchas personas piensan que el origen económico de la crisis financiera hay que buscarlo entre unos ávidos banqueros estadounidenses que concedieron hipotecas a gente pobre y sin capacidad para pagarlas, de modo que la mayoría de estos banqueros quebraron y cortaron el crédito a familias y empresas. La conclusión inapelable es que el mercado libre ha sido incapaz de generar un crecimiento sostenido y estable para todo el mundo. Además, se repite con frecuencia que si los estados de todo el mundo no hubiesen intervenido para rescatar a esos banqueros golosos, la crisis hubiera sido incluso peor. Esta versión, sin embargo, sólo subraya algunos aspectos parciales de la realidad y, sobre todo, omite otros de importancia esencial para comprender lo sucedido. Antes de culpar al mercado habría que analizar si los bancos se comportan como empresas privadas o si, por el contrario, son un modelo de

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negocio cuya supervivencia depende fundamentalmente de que el Estado intervenga permanentemente en la economía. El negocio bancario se basa en una inestable y peligrosa estrategia: los bancos invierten a largo plazo el dinero que podrían necesitar a corto plazo, con lo que corren el riesgo de caer en suspensión de pagos. Dicho de otra manera: el banco tiene deudas con cada uno de sus depositantes que pueden vencer a muy corto plazo y, de hecho, vencen en el momento en el que cada depositante decide ir a sacar su dinero. En principio, el banco debería tener disponible en todo momento el dinero que nos debe, pero lo que suele hacer es, por el contrario, prestarlo en forma de hipotecas a 15 o 30 años. Esto significa que sus deudas vencen a muy corto plazo, pero sus inversiones son a un plazo muy extenso. En consecuencia, es casi imposible que un banco pueda atender puntualmente el cumplimiento de todas sus deudas si el dinero lo tiene invertido a plazos muy extendidos: por ello podría verse sometido a una suspensión de pagos. Para evitar esta última contingencia, los bancos suelen prestarse dinero entre sí a diario. Si un banco cree que tiene más efectivo del que necesitará en las próximas semanas, puede decidir prestárselo a otro banco que se lo demande con el fin de evitar tenerlo parado. Sin embargo, aun con estos préstamos mutuos, sería fácil que los bancos no pudieran hacer frente a sus deudas en cualquier momento dado. Por ello, desde hace varios siglos han ido desarrollándose unas instituciones semipúblicas llamadas bancos centrales. Estas instituciones, como el Banco Central Europeo en la zona del euro, la Reserva Federal en EE.UU. o el Banco de Japón se encargan de ser los prestamistas de última instancia para los bancos. Es decir, refinancian continuamente su deuda a corto plazo para evitar que entren en suspensión de pagos. De esta manera, los bancos centrales crean temporalmente dinero en función de los fondos que han prestado los bancos privados. Cuantos más fondos hayan invertido estos últimos, de mayor margen disponen los bancos centrales para expandir el crédito. Esto es importante, ya que si por cualquier motivo el valor de las inversiones de los bancos aumenta, también lo hará la capacidad del banco central para crear dinero y, por tanto, para prolongar la situación de suspensión de pagos de los bancos privados. La manera en la que los bancos registran el valor de sus inversiones se establece según las normas contables. La práctica contable más tradicional para valorar las inversiones es hacerlo según el coste de éstas -técnica que se conoce como coste histórico-, y permite a los acreedores distinguir lo que son beneficios de lo que son simples revalorizaciones transitorias. Para ilustrar lo que significa esto en la práctica, supongamos que invertimos 1.000 euros en un paquete de acciones que mañana pasan a valer 20.000, pero no las vendemos. ¿Acometeríamos un gasto extraordinario de, por ejemplo, 10.000 euros por nuestra mayor riqueza? No deberíamos, ya que si gastamos esa cantidad y al día siguiente las acciones vuelven a caer a 1.000, nos habríamos gastado un dinero que no teníamos. Esta es la lógica prudencial de valorar las inversiones (los activos) al coste histórico. Sin embargo, la disciplina contable está desde hace años, como muchas otras cosas, sujeta al intervencionismo estatal. Uno de los recientes cambios ha consistido en imponer que determinadas inversiones se registren por su valor de mercado, el llamado valor razonable. De esta manera, la revalorización de las inversiones permite al banco central crear todavía más dinero para los bancos privados, lo que a su vez redunda en un incremento de precios aún mayor y la realimentación de todo el proceso. Por consiguiente, los bancos comerciales, gracias a los bancos centrales, pueden prestar a tan largo plazo como quieran y a un interés muy bajo, con independencia del vencimiento de sus deudas: un

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privilegio del que no goza ningún otro grupo de empresas en el mercado, porque estas deben intentar que sus inversiones a corto plazo sean superiores a sus deudas a corto plazo, lo que se conoce como fondo de maniobra. En definitiva, los bancos se endeudan a corto plazo para invertir a largo, pues se trata de una estrategia financiera muy lucrativa y porque el banco central, un organismo semipúblico y monopolístico, les refinancia constantemente sus deudas a corto plazo creando nuevo dinero. Teniendo en cuenta este funcionamiento del sistema financiero actual, difícilmente podríamos calificarlo de libre mercado. En dicho sistema tienen lugar cuatro violaciones fundamentales de los derechos de propiedad, ya sea por parte del Estado o por parte de los bancos con complicidad del Estado: apropiación indebida de los depósitos por parte de los bancos privados; inaplicación a los bancos de las leyes generales de suspensión de pagos y quiebra; intervención y regulación de las normas contables en contra de los principios tradicionales sobre los que habían venido asentándose en el libre mercado y, por último, existencia de unos bancos centrales que crean nuevo dinero de curso forzoso para refinanciar a los bancos privados. En todo ello se observa el esquema de un ciclo económico clásico: cuando los bancos prestan a bajos tipos de interés se genera una demanda artificial (todo el mundo se endeuda, se crean nuevos puestos de trabajo, se sigue consumiendo a un ritmo elevado) que termina inevitablemente estallando en una crisis donde se abandonan todos los proyectos que no eran auténticamente rentables, tal y como está ocurriendo en el momento actual.

Es necesario rescatar a los bancos En septiembre de 2008 los estados optaron por rescatar a sus bancos de la quiebra. Lo hicieron mediante tres estrategias, de menor a mayor intervención. La primera fue el llamado modelo irlandés: garantizar depósitos, de modo que si quebraban, los ciudadanos pudieran reembolsarse su dinero. Segunda, conocida como el modelo estadounidense o español, adquirir parte de los activos bancarios con el fin de recapitalizarlos. Y tercera, o modelo inglés, adquirir acciones de los bancos para recapitalizarlos y tomar su control. Podría añadirse una cuarta, conocida como modelo sueco, que no es más que una combinación del modelo inglés con el irlandés: nacionalización de algunos bancos y garantía de los depósitos (y del resto de deudas) de los otros bancos. Aunque la forma que adoptó cada plan fue distinta, todas atendían a una finalidad común: evitar la quiebra del banco por considerar que este suceso podría convertir la recesión en una segunda Gran Depresión. Los bancos han utilizado el dinero de los ciudadanos sin su consentimiento para realizar inversiones a muy largo plazo, de modo que si quebraran se procedería a una venta masiva y desordenada de esas inversiones, lo que significaría que los individuos sólo recuperarían una fracción de los fondos que depositaron. Los efectos empobrecedores y depresivos de estos acontecimientos son tan grandes que la gente tendería a paralizar todas sus inversiones hasta un punto que podría terminar agravando aún más la crisis. Fue por este motivo por el que los estados acudieron al rescate de los bancos y no por un supuesto deseo de ayudar a las élites económicas del capitalismo. En las diferentes modalidades de los planes de rescate público no suele preocupar si los bancos rescatados tienen inversiones de calidad o, si por el contrario, su balance está lleno de agujeros negros. Simplemente se rescatan todas sus inversiones con la esperanza de que así la economía se 6


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recupere. Sin embargo, es más probable que ocurra lo contrario: tirar dinero bueno sobre dinero malo tiende a destruir el bueno sin conseguir cambiar la naturaleza del malo. Cuando el Estado entrega continuamente dinero a quienes han invertido desacertadamente, la imprescindible reestructuración de la actividad productiva se bloquea y los recursos de parte de la sociedad se destruyen para financiar esa política contraproducente. Los planes de rescate puestos en práctica por estados como el irlandés, el español, estadounidense e inglés tomaron esta dirección equivocada, aunque unos en mayor grado que otros. El modelo irlandés, por ejemplo, donde el estado avala el 100% de los depósitos bancarios, es poco nocivo si la banca es prudente y si ha invertido su dinero de manera más o menos acertada. Si los activos de los bancos tienen valor, podrían recuperar ese dinero. Pocos estados tienen músculo financiero suficiente como para garantizar el 100% de los depósitos de su sistema bancario. En España, por ejemplo, los depósitos son 2,3 veces superiores al PIB, con lo que el gobierno necesitaría conseguir fondos muy por encima de todo lo que se produce en el país anualmente si quisiera hacer efectiva esa garantía. Por su parte, en el modelo español y estadounidense la idea es adquirir ciertos activos de los bancos y quedarse con ellos hasta que la situación económica se normalice y puedan venderse a un precio al menos tan alto como al que fueron adquiridos. La operación no es en principio arriesgada siempre que el estado se limite a adquirir activos de calidad. El plan español afirma explícitamente que ese es su objetivo, mientras que el estadounidense pretende adquirir activos de mala calidad para sanear los balances de los bancos. El modelo español parece, a primera vista, más sensato, siempre y cuando sea cierto que se adquieren sólo activos de calidad. Aun así, la operación no está exenta de riesgos relativos a la valoración adecuada de los activos, por su valor propagandístico para el gobierno o por la posible aplicación del criterio político en la selección de los valores que se adquirirán. La suma de todas estas circunstancias ha dado lugar a que muchas voces pidan directamente una especie de nacionalización de los bancos mediante la compra por parte del Estado de todas sus acciones. De este modo, el gobierno lograría un triple objetivo que muchos consideran imprescindible: participar en los beneficios del banco, despedir a la dirección y volver a expandir el crédito a los ciudadanos. Éste sería el modelo inglés de rescate que, por desgracia, va abriéndose camino en el resto del mundo. La situación excepcional así creada da lugar a que las empresas insolventes sobrevivan y puedan seguir repartiendo dividendos o remunerando a sus directivos a costa del erario público; es decir, el Estado quiere mantener la normalidad del mercado evitando la desaparición abrupta de las grandes empresas, pero precisamente por ello les impide funcionar con normalidad. En definitiva, ninguno de los tres modelos de rescate (irlandés, español-estadounidense e inglés) contribuye a mejorar la situación económica, aunque al irlandés se le puede considerar el menos pernicioso, mientras que el inglés es el más perjudicial, especialmente cuando la nacionalización se efectúa con la finalidad de forzar a los bancos a expandir nuevamente el crédito. La actual crisis económica es precisamente consecuencia de que se haya concedido demasiado crédito a demasiada gente para demasiados proyectos, muchos de los cuales arrastraron a los bancos a la bancarrota. El hecho de que ninguno de los tres modelos sea adecuado no significa que haya que dejar quebrar a los bancos. Aunque nada se puede hacer para revertir el proceso en el cual el dinero de los clientes a largo plazo se ha invertido en hipotecas, empresas y préstamos al consumo (y cuyo impago puede

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provocar en cualquier momento la quiebra del banco), queda la posibilidad de convertir a dichos clientes en sus nuevos accionistas. De ese modo, si el banco sobrevive y vuelve a ser rentable, los clientes podrían revender sus acciones y recuperar la totalidad de su inversión. Con esto ya se lograría una recapitalización adecuada de los bancos para seguir funcionando sin dinero público. Por último, los acreedores a corto plazo (los que han depositado su dinero a la vista) deberían adquirir una condición mixta: por un lado, conservar en la medida de lo posible sus depósitos y, en la parte que sea imprescindible para garantizar la viabilidad del banco, convertirse en acreedores a largo plazo. De esta manera se evitaría una negativa y desordenada quiebra de las entidades financieras, se favorecería la liquidación de los activos de mala calidad, se minimizarían las pérdidas para los acreedores del banco y se permitiría a estos últimos decidir sobre la conveniencia de pagar dividendos o de mantener a la dirección actual. En resumen, se permitiría que los bancos siguieran adoptando decisiones como empresas privadas, al servicio del consumidor, en lugar de como apéndices del poder político.

Es necesario aumentar el gasto público para crear empleo Según este argumento, si los agentes privados no utilizan su dinero para consumir, el Estado tendrá que hacerlo. Lo cual significa imaginar la economía como si fuera una máquina a la que darle cuerda para que no se detenga y explote. Muchos políticos y economistas nos venden a diario la necesidad de incrementar el gasto público apelando a tres beneficios resultantes de esa medida: aumentaría el consumo, se crearían puestos de trabajo y se despejaría la incertidumbre en la economía. Sin embargo, esto no está en absoluto tan claro. El primer objetivo de los planes de gasto público es aumentar el consumo. Sin embargo, no es evidente que su estímulo vaya a ser positivo. La crisis actual se ha producido porque los bancos se han endeudado a corto plazo y han prestado a largo. El problema es que, si bien toda inversión necesita estar respaldada por un ahorro, no existe suficiente ahorro a largo plazo para financiar todas las inversiones que se han hecho a dicho plazo. Por consiguiente, si la crisis se ha producido por falta de ahorro, no parece muy lógico que, incrementando el consumo, reduzcamos aún más el escaso ahorro del que disponemos. A una familia que esté muy endeudada y que prácticamente no pueda llegar a fin de mes, nadie le recomendaría pedir otro préstamo para irse de vacaciones creyendo que ese incremento del consumo mejoraría su situación financiera. En estas circunstancias, el sentido común dicta que la familia en cuestión se apriete el cinturón, elimine sus gastos superfluos y empiece a amortizar parte de su deuda, igual que el resto de la economía. Por tanto, lo que necesitamos es ahorro para sufragar la reconversión y transformación de las economías occidentales, que se han centrado excesivamente en la construcción y en ciertos bienes de consumo duradero y no en mejorar su eficiencia energética o la competitividad de sus industrias exportadoras. Podría pensarse que el incremento del consumo, aun siendo dañino, genera más empleo y despeja las incertidumbres de la economía. Pero el objetivo de una economía no es crear puestos de trabajo, sino riqueza. Los puestos de trabajo, los salarios altos o las mejores condiciones laborales son sólo

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una consecuencia de que se esté creando riqueza correctamente; en caso contrario, el puesto de trabajo sólo sería temporal. Los políticos, sin embargo, en lugar de preocuparse por que la economía se recupere, vuelva a generar riqueza y con ella puestos de trabajo, siguen el curso opuesto: crean puestos de trabajo en cualquier proyecto sin que importe su rentabilidad. Dado que estos puestos de trabajo no pueden ser remunerados con la riqueza que generan, una vez que se corte el gasto público que los financia estarían condenados a desaparecer. En cuanto al último objetivo del gasto público, despejar incertidumbres, difícilmente puede pensarse que el Estado sea capaz de aportar seguridad: los estados muy endeudados suelen generar desconfianza entre los inversores internacionales. Al fin y al cabo, mucha deuda pública significa mayores impuestos futuros, y nadie quiere invertir allí donde le vayan a quitar un alto porcentaje de lo que gana. No obstante, esto no significa que el Estado no pueda hacer nada para aliviar los efectos de la crisis y favorecer la recuperación. En concreto, el Estado tiene una influencia decisiva sobre las tres condiciones de la reactivación de la economía: ajuste de los precios relativos, recolocación de factores productivos y ahorro. Sobre el ajuste de precios relativos hay dos medidas señaladas que puede adoptar. La primera es agilizar los procedimientos concursales en los tribunales. Cuando una empresa quiebra, sus activos se liquidan a bajos precios para tratar de darles salida con rapidez; sin embargo, si la justicia es lenta este proceso y el consecuente ajuste de precios se retrasan. La segunda es no rescatar sectores productivos en quiebra, ya que esto retiene los factores productivos cuyos precios tienen que bajar en líneas empresariales que no son rentables y que sólo sobreviven gracias al subsidio. Aquí se incluye tanto el rescate a los bancos, como los subsidios a las inmobiliarias, que impiden que el precio de la vivienda caiga. Sobre la recolocación de factores productivos, el Estado puede liberalizar la legislación de determinados sectores y mercados para no crear barreras artificiales que los retengan en empresas que no generan riqueza y que deben liquidarse. Por último, sobre el volumen de ahorro disponible para financiar los nuevos proyectos empresariales, el Estado puede llevar a cabo una enérgica reducción de impuestos a familias y empresas, especialmente de aquellas figuras tributarias que graven el ahorro.

Conclusión Las cinco supuestas verdades que el pensamiento único predica a propósito de la crisis están lejos de ser ciertas. Si, tal y como se demuestra en este libro, el culpable político de la crisis no es el liberalismo, entonces la solución no debe pasar por aumentar el intervencionismo. Si el culpable moral de la crisis no es la codicia, entonces la solución no se encuentra en el arrinconamiento de la libertad ciudadana. Si el culpable de la crisis no es el mercado, entonces no hay que limitar aún más la propiedad privada y los contratos voluntarios. Si existen alternativas a los planes de rescate bancario con dinero público, entonces la salida no debe consistir en hacer pagar a los ciudadanos la cuenta de lo que no han tomado. Y si hay alternativas al aumento del gasto público, la solución entonces no está en el incremento generalizado de la presión fiscal.

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fin del resumen

Carlos Rodríguez Braun es licenciado en Economía por la Universidad de Argentina, doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento en dicha universidad. Es además conferenciante, analista y colaborador habitual de prensa, radio y televisión. Pertenece a la red de LID Conferenciantes. Juan Ramón Rallo es profesor de Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y director del Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana. Colabora habitualmente en prensa, radio y televisión.

Ficha técnica Editorial: LID Fecha de publicación: 01/05/2009 ISBN: 9788483561348

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La nueva empresa europea / Una crisis y cinco razones