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504 Martes 20 de mayo de 2014 • Año 8

AL INGRESAR EN LA EDAD DE JUBILACIÓN

RETIRO DE APORTES Pags. 4 y 5 César Abanto Revilla

Págs. 2-3 Técnicas procesales idóneas. Actuación de la sentencia civil y las garantías constitucionales. ÎRoberto Obando Blanco Págs. 6-7 y 8 Recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas. Aspectos generales del beneficio tributario. ÎPierre Nalvarte Salvatierra


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Suplemento de análisis legal

DERECHO PROCESAL

Martes 20 de mayo de 2014

ACTUACIÓN DE LA SENTENCIA CIVIL Y LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

Las técnicas procesales ROBERTO OBANDO BLANCO

Jurisprudencia

Abogado y Magíster por la UNMSM. Profesor de la UNMSM, PUCP y Amag. Juez superior titular del Callao. Miembro del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal.

Las medidas cautelares en proceso constitucional de amparo no pueden ser utilizadas con la simple intención de prolongar en el tiempo la ejecución de una sentencia ordinaria o de resistirse a su efectivo

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a valoración y el desarrollo del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho al debido proceso hacen ver la prevalencia del derecho sustancial. La palabra clave en la definición del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva es la de "técnicas procesales idóneas" para la efectiva tutela de los derechos materiales, siguiendo la doctrina italiana, española y brasileña. Este derecho fundamental es una garantía constitucional, ya que no admite violación, no admite colisión con otra garantía, dado que es el presupuesto de la existencia de un Estado constitucional de derecho, bajo la forma de límites al ejercicio del poder estatal, como ocurre también con la garantía de la cosa juzgada. En este contexto, la tutela jurisdiccional no será efectiva hasta que se efectúe el mandato judicial. En virtud de la garantía constitucional de la cosa juzgada, existe el derecho a que se respeten y ejecuten las resoluciones judiciales firmes en sus propios términos. La hipotética posibilidad de alterar los términos de las resoluciones a ejecutar ocasionaría una gravísima inseguridad jurídica. La inmodificabilidad de las resoluciones firmes de los tribunales constituye un valor jurídico consustancial a una tutela judicial efectiva, que no ha de verse como un mero aspecto formal y accesorio del derecho fundamental garantizado por la Constitución. Como sabemos, el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en este sentido señala que: "No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales con autoridad de cosa juzgada, ni modificar su contenido, ni retardar su ejecución, ni cortar procedimientos en trámite, bajo responsabilidad política, administrativa, civil, penal que la ley determine en cada caso..." normatividad que guarda conformidad con lo establecido en el inciso 2 del artículo 139 de la Constitución cuando se menciona que: "Ninguna autoridad puede [...] dejar sin efecto resoluciones que han pasado en autoridad de cosa juzgada [...] ni retardar su ejecución".

jurídica

cumplimiento. Así lo ha establecido el Tribunal Constitucional como doctrina constitucional vinculante mediante la STC N° 00978-2012PA/TC, por la cual se declara infundada la demanda de amparo contra resolución judicial.

sobre la excepción) es razón del fallo (determina su sentido), basándose en el hecho probado (fundamento determinante). En las líneas jurisprudenciales del Tribunal Supremo se ha precisado, tomando la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que la cosa juzgada se concreta en el derecho que corresponde a todo ciudadano de que las resoluciones judiciales sean ejecutadas o alcancen su plena eficacia en los propios términos en que fueron dictadas; esto es, respetando la firmeza e intangibilidad de las situaciones jurídicas allí declaradas.

La cosa juzgada guarda íntima relación con la actuación o ejecución de las resoluciones judiciales firmes. La cosa juzgada es un elemento distintivo de la actividad jurisdiccional, es decir, que no puede hallarse este concepto en otro ámbito del poder político que no sea el judicial. El fundamento de la cosa juzgada es la seguridad jurídica y evitar procesos contradictorios o repetitivos. Para recono-

cerle fuerza de resolución inmutable, debe haber sido precedida de un proceso contradictorio, en que el vencido haya tenido adecuada y substancial oportunidad de audiencia y de prueba. Se conjuga con la garantía de la defensa en proceso. La cosa juzgada surge como fruto de una necesidad social de seguridad jurídica. El pronunciamiento sobre la causa petendi (también

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COSA JUZGADA La resolución que adquiere la autoridad de cosa juzgada es inmutable, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 178 y 407 del Código Procesal Civil, norma sustantiva que debe entenderse a la luz de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial antes acotado. Por consiguiente, se ha motivado en la Casación procesal N° 1262-2012-Junín sobre mejor derecho a la propiedad (entiéndase declaración de propiedad) de fecha 17 de mayo de 2013 expedida por la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República: "[...] Si la Segunda Sala Mixta de Huancayo, al emitir la resolución de vista ha considerado no estar de acuerdo con lo resuelto en la sentencia recaída en el proceso de nulidad de acto jurídico, la que constituye cosa juzgada, e interpretando sus alcances ha procedido a resolver el presente proceso judicial, la causal de infracción normativa procesal se ha configurado, situación que justifica nulificar la

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las resoluciones judiciales y de las situaciones jurídicas allí declaradas(4).

LA PALABRA CLAVE EN LA DEFINICIÓN DEL DERECHO A LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA ES LA DE "TÉCNICAS PROCESALES IDÓNEAS" PARA LA EFECTIVA TUTELA DE LOS DERECHOS MATERIALES.

sentencia de vista con el fin de que la Sala Superior de origen renovando el acto procesal dicte nueva resolución con arreglo a Derecho" (Fundamento jurídico undécimo, última parte)(1). Añade el Tribunal Constitucional Español que ese derecho a la ejecución de la sentencia en sus propios términos no impide que en determinados supuestos ésta devenga legal o materialmente imposible, lo cual habrá de apreciarse por el órgano judicial en resolución motivada, pues el cumplimiento o ejecución de las sentencias depende de las características de cada proceso y del contenido del fallo(2). El derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales exige una ausencia de condicionamientos que dificulten o entorpezcan que lo resuelto

por los órganos judiciales sea cumplido en sus propios términos, de manera que los requisitos o limitaciones legales impuestas al ejercicio de este derecho deberán responder a razonables finalidades de protección de valores, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardar debida proporcionalidad con dichas finalidades(3). Se trata de un derecho fundamental a la cosa juzgada, que es corolario de la ejecución, porque esta ha de respetar escrupulosamente el fallo o parte dispositiva, y porque el derecho a la ejecución impide que el órgano judicial encargado de ella se aparte de lo mandado en el pronunciamiento a cumplir; y, aún más, puede decirse que el derecho a la ejecución tiene como presupuesto lógico y constitucional la intangibilidad de la firmeza de

LA MEDIDA CAUTELAR La medida cautelar es un contenido básico o componente esencial del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. No hay sector que no esté cubierto con la tutela cautelar. El objeto de la medida cautelar es asegurar que el tiempo del proceso no aumente el agravio o lo haga devenir en irreparable. La función de la tutela cautelar no es satisfactiva sino asegurativa, en tanto busca afianzar la eficacia del proceso. La medida cautelar de anotación de demanda es la medida cautelar más importante regulada en el Código Procesal Civil, la misma que se encuentra dirigida a inscribir el acto procesal con la finalidad de que todos tomen conocimiento de la existencia de un proceso en que se encuentra ventilándose una pretensión referida a derechos inscritos, que puede afectar su libre disponibilidad por estar sujetos de una u otra manera al resultado del proceso, es decir, se encamina principalmente a preservar la pretensión misma, haciendo uso de la publicidad registral que evite la invocación de buena fe por parte de un tercero. Los efectos de sentencia firme sobre nulidad de acto jurídico, según criterio adoptado por Resolución del Tribunal Registral, se ha señalado: "La sentencia firme que declara la nulidad de una transferencia de dominio, cualquiera sea el rubro en que se encuentre inscrita, retrotrae sus efectos a la fecha del asiento de presentación de anotación de la demanda respectiva, enervando los asientos registrales incompatibles que hubieran sido extendidos luego de la referida anotación, tales como transferencia de propiedad, embargos, hipotecas, etcétera. En consecuencia, en la expedición de certificados de dominio y de gravámenes no serán considerados dichos asientos enervados" (Resolución N° 136-2007-SUNARP-TR-L del 05 de marzo de 2007)(5). La anotación de demanda de otorgamiento de la escritura pública reserva prioridad para la inscripción de la escritura pública que se otorgue en ejecución de sentencia, inscripción que retrotraerá sus efectos a la fecha del asiento de presentación de la anotación de demanda(6). En el tema de "calificación de parte notarial proveniente de un proceso judicial de otorgamiento de escritura pública", es precedente registral de observancia obligatoria aprobado en el X Pleno del Tribunal Registral de la Sunarp (7): "La escritura pública otorgada en ejecución de sentencia en el proceso de otorgamiento de escritura pública no constituye título judicial, no resultando aplicables las limitaciones a la calificación contenidas en el segundo párrafo del artículo 2011 del Código Civil". Z

[1] Ver Página web del Poder Judicial: Jurisprudencia Nacional Sistematizada 2013. [2] Ver STC 153/92, citada por Carlos Ciment Durán, "Tribunal Constitucional. Doctrina en materia civil y penal". Valencia, Editorial General de Derecho, 1994, Tomo I, p. 529. [3] STC español 73/2000, de 14 de marzo, citada por José Garberí Llobregat, "Constitución y Derecho Procesal. Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal". Navarra, Civitas, 2009, p. 203. [4] Ver SSTC 1/1997, de 13 de enero, 286 y 289/2006, de 9 de octubre, 121/2007, de 21 de mayo, citadas por José Garberí Llobregat, "Constitución y Derecho Procesal. Los fundamentos constitucionales del Derecho Procesal". Navarra, Civitas, 2009, p. 218. [4] Extraído del XXV Pleno Sesión Ordinaria realizada los días 12 y 13 de abril de 2007, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 15 de junio de 2007. [6] Criterio aprobado en el Décimo Quinto Pleno del Tribunal Registral y que dio mérito a la emisión de la Resolución N° 713-2005-SUNARP-TR-L del 14 de diciembre de 2005. [7] Llevado a cabo los días 8 y 9 de abril de 2005, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 9 de junio de 2005.


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NO HAY JUBILADO QUE VIVA 110 AÑOS, NI FONDO QUE LO RESISTA...

Acceso a las pensiones CÉSAR Profesor de Derecho Previsional. Maestría de Derecho del Trabajo PUCP y USMP. Miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo

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l sistema de pensiones del Perú es una moneda de dos caras, por un lado tenemos al régimen público, integrado –a la fecha– por cuatro regímenes, a saber: el de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales (D.L. N° 19846); el Sistema Nacional de Pensiones SNP (D.L. N° 19990); el de los funcionarios públicos (D.L. N° 20530); y, el de los servidores diplomáticos (D. Leg. N° 894). Por el otro, tenemos al régimen o Sistema Privado de Pensiones (SPP) de las AFP, que es supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Mientras los públicos se rigen por el sistema de reparto, en el cual todos los afiliados o asegurados (trabajadores en actividad) aportan a un fondo común –administrado por el Estado– del cual se extraen los recursos para el pago de las prestaciones previsionales, el régimen privado se maneja bajo el sistema de capitalización, en el que cada afiliado es titular de una cuenta individual en la que se depositan sus aportes, la rentabilidad que la AFP genere por la inversión de dicho fondo, y el bono de reconocimiento que le pueda corresponder por sus contribuciones previas al SNP, de cumplir los requisitos de ley. El aporte es el porcentaje mensual de la remuneración de los trabajadores que mes a mes cotizan al régimen al cual pertenecen. En el SPP el porcentaje vigente es de 10%, al cual hay que sumar el pago de la comisión a la AFP, por sus servicios, y la prima del seguro previsional de invalidez y sobrevivientes. Como hemos mencionado en el pasado, el tema pensionario es un asunto complejo, pues tiene implicancia social –millones de asegurados y beneficiarios–, económica –solo en el SPP tenemos un fondo de más de 100,000 millones de soles–, jurídica –las demandas en lo previsional representan el 50% de la carga total del Poder Judicial– y política –en las dos últimas elecciones presidenciales se usaron instituciones como la libre desafiliación o los regímenes no contributivos (Pensión 65) como propuestas centrales de campaña.

En efecto, hace unos días, con ocasión de unos informes de IDL Reporteros y del Banco Interamericano de Desarrollo, el presidente de la Asociación de AFP y el ministro de Economía formularon declaraciones cruzadas con cifras que preocupan a quienes formamos parte de los regímenes previsionales más numerosos: el SPP y el SNP. En cuanto al SPP, se ha cuestionado la utilización de tablas de mortalidad importadas de Chile, que por la flexibilidad de sus variables –fijan en 110 años el tope de edad para percibir una pensión– inciden negativamente en el monto de la prestación jubilatoria, al punto que un porcentaje de nuestro fondo –20% a 50%, según IDL Reporteros– no sería cobrado por el beneficiario; asimismo, que el Estado –según la Asociación de AFPs– le debe al SPP más de 10,000 millones de soles por concepto de aportes (e intereses) impagos.

ACLARACIÓN NECESARIA Ambos temas nos llevan a la necesidad de aclarar algunos conceptos. En principio, cuando un afiliado al SPP llega a la edad jubilatoria (65 años, a menos que cumpla los requisitos para acceder a una modalidad anticipada) tiene la posibilidad de cobrar su prestación bajo una de las siguientes modalidades: Primero, el retiro programado. En este, el afiliado, manteniendo la propiedad sobre los fondos de su cuenta, efectúa retiros mensuales contra el saldo de la misma hasta que se extinga. El monto de la pensión se calcula en función a su expectativa de vida y a la de su grupo familiar. Es administrada por la AFP, que –junto al afiliado– fija el programa de pagos. El saldo que pudiera quedar al fallecer el pensionista pasa a sus herederos; a falta de estos será distribuido –en montos iguales– entre los pensionistas de dicha AFP. Segundo, la renta vitalicia (personal o familiar). Aquí el afiliado contrata con una empresa de seguros una renta que se otorgará hasta el fallecimiento del último de sus beneficiarios con derecho a pensión de sobrevivencia. El saldo de su cuenta debe ser trasladado a dicha empresa para el cálculo y pago de la prestación. A diferencia del retiro programado, en la renta vitalicia el saldo final no constituye masa hereditaria. Existen otras tres modalidades de pago (renta temporal con renta vitalicia diferida; renta mixta; y, renta vitalicia bimoneda) que, en la práctica, son variaciones y combinaciones de las antes mencionadas. El cuestionamiento surge a partir del uso de tablas de mortalidad con datos que se importaron de Chile y se usaron desde el


PENSIONES

El régimen público Q En el caso del régimen público, creemos que el SNP debe subsistir, como un sistema paralelo al SPP, al constituir una alternativa previsional válida para los trabajadores que perciben ingresos bajos, para quienes el modelo de capitalización de las AFP –ahorro en cuenta individual, cuyos fondos determinarán el monto de su pensión– no resulta una solución adecuada. Q El Estado es el último garante de la seguridad social, por tanto,

le corresponde asumir el destino (y reajuste) del sistema pensionario, que pasa por una reestructuración en la cual debería tenerse en cuenta el modelo multipilar elaborado por el Banco Mundial en 1994, agregando un pilar solidario (régimen no contributivo) con base en el programa Pensión 65. Q Las medidas políticas que en el plano financiero se tomen para recomponer el SNP, en tanto se reestructura el sistema pensionario de manera íntegra,

deberían dirigirse a una simplificación del proceso administrativo de calificación, que siguiendo los precedentes jurisprudenciales fijados por el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema no solo reduzcan los plazos, sino que reduzcan la carga judicial. Ello debe ir de la mano con una implementación efectiva de sanciones penales para los empleadores que se apropian de los aportes pensionarios. Q Cualquier propuesta de

reforma del modelo previsional debe incorporar una solución al problema de la informalidad, pero ello requiere la participación conjunta de los sectores de Trabajo, Economía, Producción e Inclusión Social. Q La seguridad social no solo se refiere al pago de las pensiones ni tampoco es un tema que recién nos deba preocupar en la vejez, pues comprende a todas las prestaciones que se nos otorgan para cubrir necesidades que se producen a lo largo de

“EN PRINCIPIO, CUANDO UN AFILIADO AL SPP LLEGA A LA EDAD JUBILATORIA (65 AÑOS, A MENOS QUE CUMPLA LOS REQUISITOS PARA ACCEDER A UNA MODALIDAD ANTICIPADA) TIENE LA POSIBILIDAD DE COBRAR SU PRESTACIÓN BAJO UNA DE LAS SIGUIENTES MODALIDADES: EL RETIRO PROGRAMADO O LA RENTA VITALICIA." inicio (1992) y hasta hoy (22 años después de la implementación del SPP en el Perú), entre los cuales figura como edad tope para el pago de pensión en 110 años, a pesar que el INEI precisa que la esperanza de vida para los peruanos de 65 años es de 81 años, para el hombre, y 84, para la mujer. En la medida que en el SPP se utiliza la tabla para determinar cuánto tendrá que hacerse durar el fondo (o cuenta del afiliado), a un mayor tiempo de vida el monto de la pensión será más bajo. Esto demuestra una clara incongruencia o contradicción en la protección previsional, pues a más edad es necesaria una mayor prestación para atender las variadas y diversas necesidades –principalmente médicas– requeridas en la vejez. Algunos funcionarios indican que la tabla es un referente que fija probabilidades que

nuestras vidas, de ahí la importancia que cada persona comprenda –desde la infancia– que este descuento que se le impone constituye la base para el financiamiento de dichos beneficios y la garantía de un fondo que le permitirá contar con un ingreso –aunque sea mínimo– al llegar la vejez. Q Será la historia la que juzgue estas omisiones, pero seremos nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, quienes las tengamos que padecer.

se utiliza en diversos países (Chile, México y Colombia), y que otros fijan topes mayores (115 años en Argentina, Brasil y Costa Rica), incluso, precisan que de reducir el tope a 100 años, el monto de la pensión mensual solo se elevaría en S/. 0.8 céntimos por cada mil nuevos soles, lo que resultaría intrascendente.

TABLA DE MORTALIDAD La tabla de mortalidad es un instrumento indispensable para fijar un monto de pensión, por tanto, los datos consignados deben ser los más cercanos a la realidad demográfica nacional. Si bien el uso de un modelo foráneo fue la respuesta a la falta de información propia, en 1992, hoy, 22 años después de la implementación del SPP, es necesario que se utilicen cifras internas. En tal sentido, debe evaluarse la viabilidad de utilizar la tabla de mortalidad SP-2005, aprobada para el SNP por la RM N° 757-2006-EF/15, que –en teoría– reflejaría la evolución y comportamiento demográfico de los afiliados peruanos. En el mismo sentido, consideramos que de existir un saldo en la cuenta del afiliado o pensionista del SPP, y ante la ausencia de beneficiarios de prestación de sobreviventes (viudez, orfandad o ascendientes) y/o herederos, dicho monto debería ser destinado para una finalidad formativa previsional, como el Fondo Educativo del Sistema Privado de Pensiones (FESIP), creado por la Ley N° 29903. Creemos que en la interpretación y aplicación de algunas instituciones del SPP están siendo utilizados solo perspectivas financieras, al punto que a las prestaciones y otras figuras previsionales se les denomina "productos". Si bien es fundamental que exista un equilibrio presupuestal que permita el reconocimiento y pago de las prestaciones de la seguridad social, privada o pública, no estamos solamente frente a estadísticas o factores de redistribución de la renta. Para los trabajadores, afiliados a un régimen previsional, su pensión es el fruto de una vida de esfuerzo y sacrificio que tienen derecho a cobrar, en su totalidad. Z


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INVERSIONES

ASPECTOS GENERALES DEL BENEFICIO TRIBUTARIO

Recuperación anticipada del IGV PIERRE NALVARTE SALVATIERRA Abogado por la Universidad de Lima. Magíster en Administración de Empresas con mención en Finanzas de la Universidad ESAN. Abogado asociado sénior de Rosselló Abogados.

DIANA RUIZ TARAZONA Estudiante del décimo segundo ciclo de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres.

L

a recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) es un beneficio tributario que permite que una empresa 'recupere' el IGV correspondiente a sus compras y adquisiciones en un período de tiempo mucho menor (algunos meses) frente a la alternativa de 'recuperarlo' por la vía tradicional de aplicación del crédito fiscal (lo cual puede tomar varios años). Esta recuperación 'acelerada' del IGV le proporcionará al inversionista un beneficio desde el punto de vista financiero, debido al valor del dinero en el tiempo. Cada uno de estos conceptos se explicará en el presente documento. Q El crédito fiscal. Para comprender en qué consiste la recuperación anticipada del IGV es necesario comprender, primero, cómo funciona el sistema común de 'recuperación' del IGV a través del crédito fiscal. Así, por ejemplo, si tenemos a la empresa ABC que compra una mercadería X a un valor de S/. 100 más IGV, tendremos que el precio total a pagar será de S/. 118 (aplicando la tasa del 18%). Luego, si esta empresa ABC vende el bien X a un valor de 120, tendremos que el IGV ascendería a S/. 21.60 y el precio de venta ascendería a S/. 141.60. Ahora bien, la pregunta es ¿cuánto tiene que pagar de IGV la empresa ABC? Para responder a esta interrogante tenemos que considerar el IGV correspondiente a la venta (débito fiscal)

“ ESTA RECUPERACIÓN 'ACELERADA' DEL IGV LE PROPORCIONARÁ AL INVERSIONISTA UN BENEFICIO DESDE EL PUNTO DE VISTA FINANCIERO, DEBIDO AL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO. CADA UNO DE ESTOS CONCEPTOS SE EXPLICARÁ EN EL PRESENTE DOCUMENTO.”


INVERSIONES

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y sustraer el IGV correspondiente a la compra (crédito fiscal). El resultado será el IGV a pagar (S/. 3.60). Pero, ¿por qué la empresa ABC solo debe pagar un IGV de S/. 3.60? Ello se explica porque al momento de hacer su adquisición ya pagó un IGV de S/. 18.00. Es por esto que solo deberá pagar la diferencia ante la Sunat. De lo contrario, habría una doble tributación: el proveedor que le vendió la mercadería X pagaría el IGV de S/. 18.00 por la venta (compra) de ese bien y la empresa ABC volvería a pagar el mismo IGV por la venta al consumidor final. La lección que se puede extraer de toda la explicación anterior es que la empresa ABC 'recupera' el IGV pagado en sus compras, pues al momento de pagar el IGV correspondiente a sus ventas deduce el IGV ya pagado en sus compras (crédito fiscal). QEl costo financiero y el valor del dinero en el tiempo. Ahora bien, cuando una empresa realiza sus compras y sus ventas en el mismo período (mensual) o con una diferencia temporal pequeña (por ejemplo, compro en abril y vendo en mayo), el efecto financiero por el 'retraso' en la recuperación del IGV pagado en las compras se hace poco relevante. Sin embargo, existen proyectos de inversión en los que el período durante el cual se hacen las compras y adquisiciones es bastante largo, que se puede prolongar por 2, 3 o más años, y en los que las ventas (o percepción de ingresos gravados) no se producen sino hasta después de culminado el período de compras y adquisiciones señalado anteriormente. Ello ocurre, por ejemplo, en la ejecución de un proyecto de infraestructura, como un nuevo terminal portuario o un aeropuerto, donde el período previo a la explotación, al cual llamaremos etapa preproductiva, puede tener una duración de cuatro años. En dicho caso, el IGV correspondiente a las compras o adquisiciones del año 1 no se podrá compensar sino hasta el inicio de la explotación en el año 5. Esta diferencia temporal en la 'recuperación' del IGV, desde el punto de vista financiero, resulta muy importante, pues incide significativamente en la rentabilidad del proyecto. Para un inversionista no es lo mismo invertir 100 en el año 1 y recuperarlos en el año 2, que gastar 100 en el año 1 y recuperarlos en el año 5. Para entender cuánto perjudica a una empresa recuperar 100 dentro de un año que dentro de cinco años debemos acudir al concepto del valor presente. Si nos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué es mejor: recibir 100 hoy o recibir 100 dentro de un año? La respuesta es evidente, lo mejor es recibir 100. Si planteamos la siguiente interrogante: ¿si tengo 100 hoy y lo deposito en el banco que paga una tasa del 10% anual, cuánto tendré dentro de un año? La respuesta también es sencilla: dentro de un año tendré 110, que es el equivalente de mis 100 iniciales más el interés generado. Ahora bien, si planteamos esta interrogante: ¿si voy a recibir 100 dentro de un año, a cuánto equivale hoy en día? La respuesta ya no es tan obvia. Para hallar el valor presente tendríamos

“EN ESTE MUNDO NO SE PUEDE ESTAR SEGURO DE NADA, SALVO DE LA MUERTE Y DE LOS IMPUESTOS.” (BENJAMIN FRANKLIN) que encontrar una cifra tal que depositada en un banco a una tasa del 10% genere, dentro de un año, una cifra total de 100. Luego de realizada la operación matemática respectiva, encontramos una cifra aproximada: 90.9. Esta cantidad, a una tasa de 10%, genera un interés de 9.09. Sumado el capital inicial y el interés generado obtenemos una cifra de 99.99, lo que redondeando daría igual a 100. Lo importante, más que la operación matemática,

es el concepto: 90.9 es el valor presente de 100 (a una tasa de 10% anual y a un período de un año). Habiendo entendido el concepto del valor presente, podemos comparar el valor presente de 100, a ser recibido dentro de 1 año y de 100 a ser recibido dentro de 5 años. Efectuando las operaciones matemáticas respectivas encontramos los siguientes resultados: i) Valor presente de 100 a 1 año a una tasa anual de 10%: 90.9; y ii) Valor presente de 100 a 5 años a una tasa anual de 10%: 62.1. Como se puede apreciar, la diferencia es bastante notoria. Si estuviéramos hablando de 100 millones de dólares, entenderíamos que el costo financiero de recuperar 100 dentro de 5 años es muy significativo.

BENEFICIARIOS El literal e) del artículo 1 del Decreto Legislativo N° 973 señala como "beneficiario" a las personas naturales o jurídicas que: a) Se encuentran en la

etapa preproductiva del proyecto; b) Suscriban un contrato de inversión para la realización de dicho proyecto y; c) Cuentan con la resolución ministerial respectiva.

REQUISITOS El numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973 establece que las personas naturales o jurídicas deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) Suscripción de un contrato de inversión con un monto no menor a US$ 5'000,000.00. El literal a) del numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973 indica que se deberá suscribir un contrato de inversión con el Estado para la realización de inversiones en cualquier sector de la actividad económica que genere renta de tercera categoría. El monto de la referencia no se aplicará a los proyectos en el sector agrario. b) Contar con un proyecto que requiera de una etapa preproductiva igual o mayor a dos años.


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INVERSIONES

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¿Cómo acceder al beneficio? A continuación el procedimiento para acceder al beneficio de la recuperación anticipada del IGV, el cual se resume en el siguiente gráfico.

SOLICITANTE

PROINVERSIÓN 5 días

SECTOR

MEF

SUNAT

20 días

20 días

7 días

Cronograma Solicitud

Admisibilidad

Aprueba

Lista de Bienes

Aprueba

Verifica

0 días 20

Informe

Conformidad

Proyecto de Contrato

Opinión 5 días

Suscribe

Aprueba Suscribe Suscribe e Resolución Ministerial

5 días

Caso Práctico. Para ilustrar el beneficio financiero que se obtiene gracias a la aplicación de la recuperación anticipada del IGV en un proyecto de inversión se utilizará un ejemplo con los siguientes supuestos: a) Se trata de una concesión para la construcción de un aeropuerto; b) El plazo de concesión es de 10 años; c) La etapa preproductiva es de 5 años; d) El período de explotación es de 5 años; e) El monto de inversión es de 1,000 millones (+IGV); f) Se considerará en cada año una inversión de 200 millones; g) Durante los 5 años de explotación se generan ingresos por 500 millones (+IGV) y egresos por 50 millones (+IGV); h) El costo de capital de la empresa concesionaria es de 15%; i) La tasa del IGV es de 18%. Q Proyecto sin recuperación anticipada del IGV. En el siguiente cuadro se resume el flujo de caja del proyecto de inversión, considerando sus inversiones, ingresos y egresos más el IGV correspondiente.

Durante el período preproductivo, la persona natural o jurídica no percibe ingresos durante la fase de inversión.

CONTRATO DE INVERSIÓN El numeral 4.1 del artículo 4 del Decreto Legislativo N° 973 indica que la persona natural o jurídica presentará ante Proinversión una solicitud para la suscripción del contrato de inversión. A la solicitud se deberá agregar la siguiente información(1): a) Cronograma y monto propuesto de las inversiones requeridas para la ejecución del proyecto; b) Copia del contrato sectorial; c) Lista propuesta de bienes de capital y bienes intermedios; y d) Escritura pública de constitución social del solicitante, inscrito en Sunarp; e) Declaración jurada del solicitante de no haber iniciado operaciones; y f) Poder del representante legal. RESOLUCIÓN MINISTERIAL De acuerdo con lo prescrito por el numeral 3.3 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 973, mediante resolución ministerial del sector competente se aprobará a las personas naturales o jurídicas que califiquen para el goce del régimen, así como los bienes, servicios y contratos de construcción que otorgarán la recuperación anticipada de IGV, para cada contrato. EL PROCEDIMIENTO Conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 973, para obtener el beneficio de la recuperación anticipada del IGV se deberá presentar primero una solicitud para la suscripción del contrato de inversión ante Proinversión. Dicha

entidad remitirá la solicitud ante el sector correspondiente (por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones) para efectos de que verifique el cronograma de inversiones y la lista de bienes propuesta. También se remitirá la lista de bienes y servicios al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que a su vez solicitará a la Sunat que haga la verificación de la clasificación Cuode de los bienes y servicios. Con la aprobación del sector correspondiente, Proinversión emitirá un informe y remitirá al solicitante un proyecto de contrato de inversión para que manifieste su conformidad. Luego de la conformidad del solicitante y previo análisis del sector, se procederá a la suscripción del contrato de inversión, lo cual constituye un requisito indispensable para acceder al citado beneficio. El siguiente paso es obtener la publicación de la resolución ministerial por parte del MEF, mediante la cual se aprueba el acceso al beneficio de la recuperación anticipada a favor de la empresa solicitante y se aprueba también la lista de bienes y servicios que podrá adquirir el solicitante durante la etapa preproductiva. Luego de lo anterior, contando con la resolución ministerial respectiva, la empresa beneficiaria procederá a la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución de su proyecto de inversión y solicitará, periódicamente a la Sunat, la devolución del IGV correspondiente a dichas adquisiciones (las cuales también pueden incluir, como es lógico, importaciones y contratos de construcción). Para efectos de solicitar la devolución se deberán cumplir los requisitos y formalidades establecidos por dicha entidad. Z

Año 1 2 3 4 5 6 Inversión -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 IGV -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 -36.00 Ingresos 500.00 IGV 90.00 Egresos -50.00 IGV -9.00 Pago del IGV Flujo -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 -236.00 531.00 TIR 15.88% VAN 34.75

7

500.00 90.00 -50.00 -9.00 531.00

8

9

10

500.00 500.00 500.00 90.00 90.00 90.00 -50.00 -50.00 -50.00 -9.00 -9.00 -9.00 -63.00 -81.00 -81.00 468.00 450.00 450.00

En el cuadro se puede apreciar lo siguiente: a) En cada año de la etapa preproductiva el costo de inversión es de 200 millones y el IGV de 36 millones. Por tanto, la salida de dinero total es de 236 millones; b) En cada año de explotación se tendría que pagar un IGV de 81 millones, que es el resultante de deducir el crédito fiscal (9) del débito fiscal (90); c) Sin embargo, durante los 2 primeros años de explotación no se pagará IGV porque existe un crédito fiscal acumulado durante los 5 años de la etapa preproductiva (36x5=180); d) En el año 8 se pagará un IGV de 63 millones, pues todavía queda un poco de crédito fiscal acumulado; e) En los años 8 y 9 se pagará el IGV teórico de 81 millones, dado que ya se agotó el crédito fiscal acumulado durante la etapa preproductiva. Bajo estos supuestos, el proyecto arroja una Tasa Interna de Retorno (TIR) o Tasa de Rentabilidad del 15.88% y un Valor Actual Neto (VAN) de 34.75 millones. Q Proyecto con recuperación anticipada del IGV. En el siguiente cuadro se resume el flujo de caja del proyecto de inversión, bajo el supuesto de que se hubiera aplicado la recuperación anticipada del IGV.

Año 1 2 3 4 5 6 Inversión -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 IGV Ingresos 500.00 IGV 90.00 Egresos -50.00 IGV -9.00 Pago del IGV -81.00 Flujo -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 -200.00 450.00 TIR 17.61% VAN 91.48

7

500.00 90.00 -50.00 -9.00 -81.00 450.00

8

9

10

500.00 500.00 500.00 90.00 90.00 90.00 -50.00 -50.00 -50.00 -9.00 -9.00 -9.00 -81.00 -81.00 -81.00 450.00 450.00 450.00

En el cuadro se puede apreciar lo siguiente: a) En cada año de la etapa preproductiva el costo de inversión es de 200 millones. No se incluye el egreso del IGV pues, en teoría, el IGV pagado se recupera en un breve período, aplicando el beneficio de la recuperación anticipada; b) En cada año de explotación se paga un IGV de 81 millones, que es el resultante de deducir el crédito fiscal (9) del débito fiscal (90); c) Dado que el IGV de la etapa preproductiva se recuperó de manera anticipada; por tanto, ya no puede ser utilizado como crédito fiscal. Bajo estos supuestos, el proyecto arroja una TIR de 17.61% y un VAN de 91.48 millones. Como se puede apreciar, gracias a la recuperación anticipada del IGV, el VAN del proyecto de inversión se incrementa de 34.75 millones a 91.48 millones, es decir, un incremento bastante significativo del VAN que hace mucho más interesante el proyecto para los inversionistas privados. Nótese que en ambos casos el IGV pagado al Estado es el mismo. La recuperación anticipada no se trata de una exoneración. Lo único que cambia es el momento o la oportunidad en que se paga el IGV: sin el beneficio tributario se deberá asumir el costo financiero de pagar el IGV durante la etapa preproductiva y con el beneficio tributario, el Estado devolverá ese IGV a la empresa pero, a cambio, ya no podrá utilizar dicho IGV como crédito fiscal en el futuro.


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