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No hay que olvidar una debilidad importante en esta lucha nativa por la defensa de sus territorios: la división de las dos federaciones nacionales, Conap y Aidesep. Todos los nativos están de acuerdo en defender sus territorios, no ceder nunca porque en ello les va su existencia. Pero hay planteamientos distintos, Conap dialoga con el gobierno, con el cual tiene buenas relaciones y sustanciosas ganancias. Puede ser un diálogo sin fin mientras los Decretos Legislativos avanzan en su cumplimiento. Con este diálogo infructuoso no se hubiera llegado a los tristes sucesos de Bagua, pero es posible que aguarunas, machiguengas, yines, etc. puedan terminar en una gran reserva como los apaches, Xius y otros indios jerónimos.

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Los dirigentes de Aidesep han exigido tenazmente que antes de iniciar cualquier diálogo con el ejecutivo deben derogarse los Decretos Legislativos cuestionados. Esta premisa no la aceptó el ejecutivo. Este lamentable desencuentro precipitó un desastre sangriento que ni Aidesep ni el gobierno buscaban ni querían. Durante esta larga controversia entre Pueblos nativos y ejecutivo-congreso han aparecido influencias extranjeras queriendo entorpecer la búsqueda de soluciones, pero hay que destacar que han sido numerosas las instituciones y centros de estudios sociales que han apoyado la defensa de los derechos nativos. Señalamos la actuación de la Defensoría del Pueblo que ha cumplido su deber constitucional indicando con claridad y respeto que los indicados Decretos están en desacuerdo con la Constitución. Aquí tenemos al estado frente al estado, prueba que la cuestión nativa es muy seria y complicada. En este mismo sentido se han pronunciado los representantes de la OIT y de Naciones Unidas. La Iglesia Católica, presente en la vida de los pueblos indígenas, después de un largo estudio de los decretos citados, divulgó un documento pidiendo al ejecutivo y congreso la revisión de los mismos. Insiste la Iglesia en trabajar juntos por un desarrollo basado no sólo en indicadores económicos, sino que debe responder también a indicadores sociales y culturales. Hay que destacar que la Iglesia ha apoyado la parte legal de las principales reclamaciones de Aidesep, mientras que esta asociación ha mantenido, durante años, una campaña difamatoria contra la acción evangelizadora de los misioneros católicos. De todos modos ha sido evidente que el ejecutivo y el partido oficialista han considerado como algo molesto el trabajo de la Defensoría del Pueblo y de otras instituciones serias y responsables. Voy a reseñar brevemente las vicisitudes y acontecimientos que comprende un paro indígena para entender aunque sea aproximadamente cómo se llega a posiciones extremadamente radicales. En la Comunidad de Timpía, afiliada a Aidesep, se inició el paro el 13 de abril con la aceptación unánime de la Asamblea Comunal. Quedó establecido que el paro no sería desactivado hasta lograr que los Decretos Legislativos atentatorios de sus territorios fuesen derogados. El ambiente de la Asamblea era de gran exaltación. Se formó el Comité de lucha y se

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176 2009  

Boletín Misioneros Dominicos, 176 (2009)

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