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una norma que protege las tierras de la Amazonía prohibiendo gravar dichas tierras y evitar así un libre mercado de sus tierras. Pero introduce la figura del abandono de tierras, es decir, si el propietario de un terreno no lo trabaja durante dos años consecutivos, pasa al dominio público. De este modo los pueblos de la selva que por la baja calidad de los suelos dejan descansar su tierra tres o cuatro años se quedan sin territorio. Así el decreto viene a resultar totalmente injusto y perjudicial.

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La nueva constitución aparece el año 1993 y presenta avances y refuerzos importantes en cuanto a la cultura y educación de los nativos, reconocimiento de su lengua propia, existencia legal y personería jurídica, territorio propio, pero establece normas que dejan muy desprotegidos los derechos indígenas sobre la posesión de sus territorios. Acepta la libre disponibilidad de sus tierras; ya pueden embargar, vender sus tierras y ponerlas como garantías para operaciones comerciales, se acabó la protección del estado. Suena a modernidad, autonomía, independencia, libertad de los pueblos, pero si somos prácticos y realistas hay que temer seriamente que la constitución pone en manos de las comunidades nativas su autodestrucción. Estos pueblos admirables en la cultura del buen trato de la naturaleza, del cuidado ambiental, de las riquezas ecológicas, no han llegado aún a conseguir habilidad suficiente para negociar sus bienes, sus tierras en el campo del libre comercio, en los intrincados caminos del mercado. Por eso después de aprobarse esta constitución del 1993 aparecieron abusos, engaños y atropellos haciéndonos pensar que detrás de los constituyentes había grupos poderosos mirando con gran codicia los territorios amazónicos. La Constitución dice que el estado respeta la identidad cultural y las tradiciones de las comunidades campesinas y nativas, pero afirma el abandono legal, de modo que si el nativo deja de cultivar dos años su terreno pasa al dominio del estado para su adjudicación en venta, como vimos que ya señalaba el Decreto 635. Este respeto es falso porque en la Amazonía se emplea desde tiempo inmemorial, y es parte de su cultura, el rozar y quemar dejando descansar los terrenos por la debilidad de los suelos de tres a cinco años y poderlos recuperar después. Por el desconocimiento de esta realidad se crea una forma de destrucción de estos pueblos, una agresión a su identidad cultural, que tiene sus raíces en la relación tierra-pueblo. Tierra-subsistencia. A identidad diferente corresponden leyes distintas. Cuántos atropellos, abusos y engaños se vienen cometiendo amparados en esta trampa de la Constitución del 1993. Los legisladores, dándose cuenta de estos errores crean la Ley 26505 del 17 de julio de 1995 y en sus

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176 2009  

Boletín Misioneros Dominicos, 176 (2009)

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