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Escuela Nacional de Archiveros “Somos la primera institución educativa del Perú especializada en archivos” Volumen 1 Nº 4

EDICIÓN ESPECIAL

Lima, febrero de 2011

VÉÅâÇ|vtÇwÉ COMUNICADO OFICIAL DEL AGN A LA OPINIÓN PÚBLICA

“Cierre Temporal del Archivo General de la Nación por reorganización” Jefe Institucional del AGN: Joseph Dager Alva Directora Nacional de la ENA: Roisida Aguilar Gil Redacción y Edición: Guillermo Rodríguez Quispe Diseño y Diagramación: Danny Avila Varas


Habiéndose producido en los últimos dos meses importantes incautaciones y recuperación de manuscritos de los siglos XVII al XIX (en acción conjunta con el Ministerio de Cultura y la SUNAT); existiendo denuncias, incluso periodísticas, hechas principalmente entre los años 2006 y 2009, sobre deterioro sistemático, mutilación y sustracción de documentación de nuestros fondos históricos; y frente a la imposibilidad presupuestal de llevar a cabo las acciones necesarias para instalar un sistema de seguridad adecuado y tecnología apropiada para garantizar un cuidado de la documentación sostenible en el tiempo, la Jefatura Institucional en uso de las atribuciones que la ley le confiere y en concordancia con la política sectorial, ha decidido aplicar un conjunto de medidas de emergencia en el Archivo General de la Nación, en salvaguarda del Patrimonio Documental. Nuestra institución es la memoria histórica del país, este año se conmemoran siglo y medio desde su fundación por el Mariscal Ramón Castilla. Ocasión que presenta la oportunidad para dar a conocer la riqueza de nuestro trabajo en pro de la identidad nacional y merecería grandes celebraciones, sin embargo, es tiempo propicio también para reflexionar sobre nuestra realidad y reconducir los recursos que nos asignan, humanos y materiales, a cumplir nuestra función principal: conservar nuestro invalorable e irremplazable Patrimonio. En este marco, las primeras medidas son: 1. Cerrar la atención al público, por un plazo de 90 días, a partir del 4 de marzo del presente año, en el Archivo Colonial y el Archivo Republicano, a fin de emitir un claro diagnóstico situacional sobre los fondos documentales, sus instrumentos descriptivos, las condiciones de seguridad y tecnológicas mínimas necesarias para la conservación del patrimonio. 2. Suspender, también por 90 días, en ejecución de las atribuciones que como Ente Rector del Sistema Nacional de Archivos nos corresponde, las labores referidas a asesorías y supervisiones. Queda entendido que, no obstante ello, continúa rigiendo para las entidades públicas la prohibición de eliminación documental que expresamente les exige la Ley. 3. Continuar con el servicio en las secciones de Archivos Públicos, Archivo Notarial y Archivo Judicial, en consideración a que la sociedad civil accede allí a documentación que le permite ejercer derechos fundamentales como el de la identidad ciudadana, la propiedad y la debida defensa en el sistema judicial. 4. Proseguir las gestiones y demandas iniciadas ante el Ministerio de Economía y Finanzas y el Congreso de la República para que se aumente significativamente la asignación anual del Archivo General de la Nación, lo que le posibilitará cumplir a cabalidad con sus funciones y proporcionar condiciones laborales mínimamente adecuadas. El presupuesto actual de S/. 4,300,000.00 anuales resulta absolutamente insuficiente e impide contar con un sistema de seguridad adecuado y tecnología apropiada para garantizar el más correcto resguardo del patrimonio documental. 5. Determinar, durante los mencionados 90 días, si será necesario suspender la atención en otras secciones del Archivo General de la Nación. Apelamos a la comprensión y apoyo de la ciudadanía pues resulta absolutamente imprescindible mejorar nuestras actuales condiciones para la correcta protección de la memoria histórica de todos los peruanos. Para finalizar, invocamos a los Gobiernos Regionales para que sostengan económicamente, de un modo adecuado, a los Archivos Regionales, depositarios de valiosísimos testimonios históricos. Asimismo, solicitamos al Ministerio Público y al Poder Judicial que otorguen la importancia debida y resuelvan oportunamente los procesos abiertos en contra de quienes trafican ilegalmente con los documentos integrantes del patrimonio nacional. De igual modo, instamos a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto de la investigación iniciada el año 2009 en lo referido a la situación de nuestros fondos históricos. La labor individual y conjunta que puedan efectuar el Ministerio Público, el Poder Judicial y la Contraloría resulta fundamental para individualizar y en su momento sancionar- a los presuntos responsables de los supuestos hurtos y las desapariciones de documentación de nuestros fondos, o de otros Archivos, se encuentren donde se encuentren. Sin memoria histórica no hay progreso ni aún presente que pueda ser recordado. Lima, 28 de febrero de 2011 JOSEPH DAGER ALVA Jefe institucional


Boletín Comunicando ENA 04