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captar capitales radican en "ofrecer previsibilidad, seguridad jurídica y un clima favorable a las inversiones".l

l. La previsibilidad El compromiso de desmonte arancelario que se establece en el capítulo tercero del tratado constituye el primer programa a largo plazo de reestructuración productiva que ha asumido la República Dominicana. El calendario de desgravación iniciado en 2006 con la puesta en marcha del tratado por parte de El Salvador otorga plazos de protección de 5, 10 y 20 años para modernizar, adecuar y transformar la estructura productiva dominicana, obligándola a definir sus potencialidades industriales y agropecuarias para triunfar en la hipercompetencia global. El calendario de desgravación obliga al diseño de políticas de estado que sean respetadas por los gobiernos de turno y que tengan por objetivo el incremento de la productividad en la industria y la agropecuana. En cuanto a los servicios y las inversiones, el capítulo 11 dispone que: a) Cada parte establecerá o mantendrá mecanismos adecuados para responder a las consultas de personas interesadas referentes a sus regulaciones relativas a las materias objeto de este capítulo;l b) Al momento de adoptar regulaciones definitivas relativas a la materia objeto de este capítulo, cada parte responderá por escrito, en la medida de lo posible, incluso bajo solicitud, los comentarios sustantivos recibidos de personas interesadas con respecto a las regulaciones en proyecto.

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c) En la medida de lo posible, cada parte dará un plazo razonable entre la publicación de regulaciones definitivas y la fecha en que entren en VIgencIa. Además de esta previsión que obliga a la publicidad, el debate y la transparencia; los criterios sobre los cuales se exige la autorización de la autoridad para suministrar un servicio deberán "asegurarse de que las medidas relativas a las prescripciones y procedimientos en materia de títulos de aptitud, normas técnicas y prescripciones en materia de licencias no constituyan obstáculos innecesarios al comercio de servicios" (artículo 11.8: Reglamentación Nacional) y por ende que: a) Se basen en criterios objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de suministrar el serVICIO; b) No sean más gravosas de lo necesario para asegurar la calidad del servicio.

c) En el caso de los procedimientos en materia de licencias, no constituyan de por sí una restricción al suministro del servicio. 2. La seguridad jurídica Se puede abordar el tema de la seguridad jurídica que implica el tratado como documento legal desde varias perspectivas. La primera es que el DR-CAFTA garantiza el acceso al mercado de Estados Unidos bajo un esquema preferencial que no podrá ser alterado unilateralmente. Cabe recordar que el 65% de las exportaciones dominicanas ingresan a Estados Unidos por vía de las concesiones unilaterales que podían expirar o serles retiradas al país en cualquier momento; tal y como se anticipa que sucederá con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe en el año 2008, que no será renovada. En el ámbito de los serVICIOS, por igual, el efecto del tratado consistió en congelar la legislación vigente en los países parte. Aunque esta posición aparenta en principio pocas conquistas, permite que, frente a las tendencias proteccionistas que concurren con la tendencia globalizadora, el régimen vigente al momento de firmado el acuerdo no pueda ser restringido por leyes posteriores que intenten proteger a algunos sectores. En el área de servicios, donde la tendencia a la tercerización de operaciones u outsourcing ha beneficiado netamente a los países en vías de desarrollo y provocado severas críticas dentro de Estados Unidos, las disposiciones contenidas en el capítulo 11 aseguran a nuestro país un nivel de acceso que mañana puede serle negado a India, China

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Énfasis Carlos Dore Cabral

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