El uso de la justicia penal en los casos de graves violaciones pareció entrar en un punto muerto después de 1946. La opción por los tribunales internacionales y casos como el argentino y el chileno mostraban la dificultad de la realización de juicios nacionales en los casos en los que los victimarios, en esos casos las Fuerzas Armadas, conservaban cuotas de poder tan importantes como para evitar que las nuevas élites gobernantes quisieran comprometer la paz o la estabilidad democrática a cambio de la justicia. Al mismo tiempo, el marco normativo que imponía la obligación de enjuiciamiento no estaba suficientemente desarrollado o no se daban los consensos internacionales necesarios para considerarlas normas de obligatorio cumplimiento.
INFORMES 03/2011 Justicia en épocas de transición. Conceptos, modelos, debates, experiencias
Sin embargo esta situación cambió como consecuencia de los graves crímenes cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia y en Ruanda. La Comisión creada por el Consejo de Seguridad de la ONU para investigar los hechos acaecidos en la antigua Yugoslavia, pese a los múltiples obstáculos que encontró, entregó un informe en 1994 en donde documentaba la magnitud del genocidio. Debido a las presiones internacionales para que el caso no alcanzara una dimensión internacional, la comisión fue cesada en sus funciones a partir del 30 de abril de 1994. Previamente se había creado el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia, mediante la Resolución 827 de 1993 del Consejo de Seguridad y con jurisdicción para investigar crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y el crimen de genocidio cometidos en el territorio de la antigua Yugoslavia desde el 1º de enero de 1991, sin importar el bando que lo hubiera cometido (Bassiouni, 1999a). Dada la magnitud de los crímenes y la baja capacidad de actuación de la fiscalía y del tribunal, su efectividad ha sido limitada y no se percibe que dentro de Serbia y Croacia se vean estos enjuiciamientos como legítimos. En un análisis de los tribunales penales internacionales para la antigua Yugoslavia y para Ruanda, Paul Tavernier sostiene que con “la necesidad de garantizar el mantenimiento de la paz se podría favorecer, tal como se ha hecho resaltar en muchas ocasiones, la impunidad de algunos altos cargos y obstaculizar la eficacia de los tribunales. De hecho, para llegar a un acuerdo de paz, la comunidad internacional debe negociar con las mismas personas que han asumido responsabilidades más amplias y que han sido objeto de una acusación formal ante el Tribunal (es característico el caso Karadzic y el de Mladic, a quienes no se ha podido arrestar, a pesar de haber sido descartados de la escena política oficial tras los acuerdos de Dayton)” (Tavernier, 1997). Es importante destacar que Karadzic fue arrestado en Serbia el 21 de julio de 2008 y en este momento enfrenta cargos por genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. En todo caso, tanto el arresto de Karadzic como el de Milosevic, quien murió en prisión sin alcanzar a ser juzgado, sólo fueron posible gracias al cambio de gobierno en Serbia y a la necesidad de legitimidad internacional que el nuevo presidente tenía (Milanovic, 2009). Mediante la Resolución 935 de 1994 el Consejo de Seguridad de la ONU creó el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, con el fin de investigar y sancionar a los responsables de los graves crímenes cometidos en los enfrentamientos entre los Hutus y los Tutsis en el año 1993 en Ruanda. Pese a la importancia y a la magnitud de los crímenes cometidos, la Comisión de Investigación de los hechos solo tuvo un periodo de cuatro meses de existencia y, lo que es peor, la Fiscalía del Tribunal es la misma Fiscalía del Tribunal para la antigua Yugoslavia, por lo que la capacidad de investigación y de enjuiciamiento del tribunal se ve seriamente afectada. Son varias las críticas
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