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QUERELLA PENAL COADYUVANTE PODER Y LIBELO

SEÑOR

PRESIDENTE

DE

LA

CORTE

SUPREMA

DE

JUSTICIA,(PLENO) PANAMA: E S. D. Quien suscribe MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, varón, panameño, mayor de edad, Abogado en ejercicio, con cédula de identidad personal No. 8-1532773, con domicilio profesional ubicado en el Edificio Lezcano & Co, Abogados, ubicado en calle 53 del Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá. Por este medio concurro ante su despacho, con nuestro habitual respeto, con el propósito de interponer QUERELLA PENAL COADYUVANTE, para lo cual otorgo poder al Licenciado VICENTE ARCHIBOLD BLAKE, varón, panameño, mayor de edad, Abogado en ejercicio, con numero de idoneidad, 1931, y cédula No. 1-212195 ,con domicilio profesional ubicado en el Edificio, Edificio Lezcano & Co, Abogados, ubicado en calle 53 del Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá consistente en que se investigue, como es que LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, han incidido, incentivado y permitido, (a través de sus actos u omisiones, que se haya perjudicado mis legítimos derechos como PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA), al ordenarse, eliminarse las FIRMAS DE RESPALDO, de los Libros que debidamente fueron entregados a la Dirección de Organización Electoral, del Tribunal Electoral. Sin haberse cumplido con los procedimientos legales que establece el Código Electoral y el Decreto 10 de 3 de julio de 2017, formal QUERELLA CRIMINAL contra los señores HERIBERTO ARAUZ SANCHEZ, EDUARDO VALDES ESCOFFERY, Y ALFREDO JUNKA WENDEHAKE, de generales desconocidas, quienes ocupan

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los cargo de Magistrados del Tribunal Electoral de Panamá, Y CONTRA CUALQUIERA OTRA PERSONA (S) QUE RESULTE VINCULADA a los hechos que aquí se querellan, por la comisión de los delitos genéricos de Abuso de Autoridad e infracción de los deberes de los Servidores Públicos, Omisión en el cumplimiento de deberes, por lo que pedimos, desde este momento, que se inicie con la presente investigación y se impongan las sanciones a quienes resulten responsables, de los delitos querellados y de aquellos que se acrediten en la investigación penal.

______________________ Dr. Miguel Antonio Bernal Ced. 8-153-2773

1. QUERELLANTE. Está constituida por, MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, varón, ciudadano panameño, mayor de edad, portador de la cédula 8-153-2773, en mi condición de PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, y con domicilio profesional, en el Edificio Lezcano & Co, Abogados, ubicado en calle 53 del Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá. Representado por VICENTE ARCHIBOLD BLAKE, varón, panameño, mayor de edad, Abogado en ejercicio, con numero de idoneidad, 1931, y con cédula No. 1-21-2195 con domicilio profesional en el Edificio Lezcano & Co, Abogados, ubicado en calle 53 del Corregimiento de Bella Vista, Distrito y Provincia de Panamá.

2. QUERELLADO. Está constituido por los señores: el señor, HERIBERTO ARAUZ

SANCHEZ, EDUARDO VALDES ESCOFFERY, Y ALFREDO JUNKA

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WENDEHAKE, de generales desconocidas, pero ubicable para los efectos de notificación en la Provincia de Panamá, en el Edificio del Tribunal Electoral, sede Panamá Centro. quienes ocupan los cargo de Magistrados del

Tribunal Electoral de Panamá, Y CONTRA CUALQUIERA OTRA PERSONA (S) QUE RESULTE VINCULADA a los hechos que aquí se querellan, en el desarrollo de la presente investigación, a título de cómplices primarios, secundarios e instigadores. 3. DELITOS POR LOS QUE SE QUERELLA: 3.1 DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCCIÓN DE LOS DEBERES SERVIDORE PÚBLICOS CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS SIGUIENTES: 3.1.1 Artículo 355 del Capítulo VI del Título X (Delitos contra la Administración Pública), del Libro Segundo del Texto Único del Código Penal que señala: “Artículo 355. El Servidor Público que, abusando de su cargo, ordene o cometa en perjuicio de alguna persona un hecho arbitrario no calificado específicamente en la ley penal será sancionado con prisión de uno a dos años o su equivalente en días-multa o arresto de fines de semana.”

4. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA NUESTRA QUERELLA. 4.1 LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, han incidido, incentivado y permitido, (a través de sus actos u omisiones, que se haya perjudicado mis legítimos derechos como PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA), de Panamá al ordenar, eliminar las FIRMAS DE RESPALDO, de los Libros que debidamente fueron entregados a la Dirección de Organización Electoral, del Tribunal Electoral. Sin haberse cumplido con los procedimientos legales que establece el Código Electoral y el Decreto 10 de 3 de julio de 2017. Publicado en abierta violación de las disposiciones legales que rigen la materia. Y realizando de

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esta manera la conducta de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos. PRIMERO: Desde el 17 de agosto de 2017, mediante Resolución No. 027, ha sido acreditado como PRECANDIDATO PRESIDENCIAL A LA REPUBLICA DE PANAMÁ. Que en virtud de tal condición, se me fueron entregados Los Libros Necesarios para la recolección de Las Firmas de Respaldo, así como la Acreditación de los respectivos Activistas. SEGUNDO: El día 28, de septiembre, 2017, hicimos entrega a la Dirección de Organización Electoral, del Libro de Firmas, No. 0110, con 500 firmas; El día 17 de octubre de 2017, se hizo entrega del Libro No. 011, con 500 firmas; El día 1 de diciembre de 2017, se hizo entrega de los Libros No. 001, 004, 012, 096 y 109, Con el cumplimiento de todas las condiciones legales exigidas, a efecto de que se llevase a cabo el proceso de verificación de firmas, tal como lo establece el artículo 5 del Decreto 10 de 3 de julio de 2017, del Tribunal Electoral, publicado en el Boletín Tribunal Electoral Edición Oficial, No. 4049. TERCERO: Que el día 27 de marzo de 2018, el Tribunal Electoral, nos comunica mediante Nota fechada el 8 de marzo de 2018, acompañada de un disco compacto, que contenía las firmas rechazadas y aceptadas al 28 de febrero de 2018, de los Libros de Firma de Respaldo, entregados, el 28 de septiembre de 2017 y el 17 de octubre de 2017. El día 26 de abril del año en curso, se nos entrega un informe actualizado al 31 de marzo de 2018, en la que se contiene el informe de los libros entregados al 1 de diciembre de 2017, como de los anteriores a esta fecha. En el mismo se indica que han sido RECHAZADAS, un total de 794 firmas. Al calcularse el porcentaje de firmas rechazadas, versus aceptadas, la eliminación representa un total de 35% de firmas rechazadas, de las que han sido contabilizadas. Y decimos contabilizadas, porque del total de firmas presentadas en los libros, existe mas de un 10% de las firmas, que no fueron ni rechazadas ni aceptadas. En pocas palabras, no fueron contabilizadas.

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Los argumentos esgrimidos para las Firmas Rechazadas, son del tenor siguiente: motivo del rechazo firmas rechazadas a. Firma no coincide con la firma de la cédula 590 b. Nombre no coincide con la cédula 95 c. Ciudadano ya tiene firmas aceptadas para el mismo candidato 13 d. ciudadano ya tiene firmas aceptadas para otro candidato 27 e. Cedula no existe 1 f. ciudadano inhabilitado por delito electoral 1 g. numero de cédula no legible 31 h. numero de cédula pertenece aun menor de edad 1 i. ciudadano no tiene firma registrada 12 k. cédula vencida 23 Total

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Observese que el mayor porcentaje de las firmas rechazadas, lo constituye el de que las firmas no coinciden con la firma de la cedula. Es claro que no existe, ningún criterio científico, con el que se haya determinado esta situación, y es que el Fiscal investigador, debe tener en cuenta que los ciudadanos panameños, cuando vamos a estampar la firma ante el Tribunal Electoral, la misma se realiza en un dispositivo tablero electrónico, sobre una superficie distinta del papel u hoja en la que esta llamado a firmas en los Libros.

CUARTO: Como puede observarse del hecho anterior, de todos los argumentos señalados, ninguno de ellos, responden a razones objetivas o científicas, en las que se pueda determinar cual fue el mecanismo de descarte utilizado. Pero el mas grave de todos, lo constituye el de que LA FIRMA NO COINCIDE CON LA DE LA CÉDULA. Y es precisamente en este procedimiento, en donde impera de manera escandalosa la SUBJETIVIDAD, y el OSCURO procedimiento establecido por los Magistrados del Tribunal Electoral, para descalificar tanto a candidatos independientes, como a partidos, tal como ha sido el caso del Partido en formación Unión Nacional Independiente (UNI) a quienes se les fue eliminada mas de diez y seis mil firmas, sin ninguna explicación. QUINTO: Al no desarrollarse un procedimiento, establecido con objetividad, a través de un reglamento, que contenga los pasos y condiciones para verificar las coincidencias de las firmas con las estampadas en las cedulas, que son producto de un proceso electrónico y no manual, como lo hacen nuestros los ciudadanos, la

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revisión y verificación, son realizados por personas que no poseen ningún tipo de experticia, en las ciencias de la GRAFOLOGIA. Y quienes sin duda, al no responder a ningún criterio científico; responden más al criterio de exclusión de candidatos, que puedan afectar el posicionamiento de los partidos políticos, entidades protegidas por el Tribunal Electoral, o bien eliminarlas, para desalentar al ciudadano de apoyar a las candidaturas independientes y forzarlos a inscribirse en los partidos.

SEXTO: Los Magistrados del Tribunal Electoral, han violado de manera flagrante, lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 10 de 3 de julio de 2017, con el claro propósito de controlar de manera arbitraria y abusiva, el procedimiento o proceso de verificación de las Firmas, al no establecer un método científico, sino basado en la mera opinión especulativa de verdaderos inexpertos, tal como lo demostramos en las pruebas que aportamos junto con esta QUERELLA, en la que acompañamos denuncia, presentada ante la Fiscalía Electoral. Es sintomático, la razón y ausencia de un método debidamente reglamentado, si tomamos en cuenta que el mismo Decreto, fue construido y redactado, con el propósito de atrapar a los Precandidatos independientes, en el vicio de la subjetividad. El último párrafo del Artículo 5, dispone que de no estar de acuerdo, con los resultados de la verificación, deberá uno solicitar de la Dirección de Auditoría Interna, la confirmación del resultado. Fíjese bien lo que dice la norma, LA CONFIRMACIÓN DEL RESULTADO. Porque iría uno a solicitar la confirmación del resultado. Lo que uno solicitaría es todo lo contrario. Pero ello nos confirma, la inexistencia de un procedimiento científico de verificación. Y porque sería la Dirección de Auditoria Interna, la que confirmaría los resultados? La pregunta es, ¿Cuál es el método científico que utilizaría la Dirección de Auditoria Interna, para “CONFIRMAR LOS RESULTADOS”; Y que no fueron utilizados por los verificadores de la Dirección de Organización Electoral.

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Y por demás cual sería el procedimiento, al que acudiría la Dirección de Auditoria Interna, para remitir, los casos de no coincidencia, a la Fiscalía General Electoral, para la investigación respectiva. Y en los casos en los que el ciudadano no tiene firma registrada, y se impone la huella dactilar, como hicieron para verificarla. Queda claramente demostrado el Delito por el que presentamos la presente Querella, en contra de los Magistrados y quienes resulten responsable, de los hechos aquí cometidos, durante l proceso de verificación y la no existencia de método alguno de verificación, que constituye un claro delito también de omisión en el cumplimiento de sus deberes. Quedó probada la evidente conducta arbitraria e ilícita. Respecto a las acciones mencionadas en apartados precedentes, la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente (Ponente.: José Almengor, Sala Segunda de lo Penal, 15 de julio de 2010): “En torno al delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, la Sala tiene a bien señalar que esta figura delictiva se configura cuando el funcionario público que debe ser guardián de la Constitución y las Leyes, dicta o ejecuta órdenes, o bien, no ejecuta las leyes que le incumbe, lo cual va en detrimento de la administración pública”. 5. LEGITIMIDAD PARA SER QUERELLANTE. La condición de legitimidad para ser querellante, viene dada por ser el afectado de los hechos denunciados PRECANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Tal como consta en la Resolución No. 027, de 17 de agosto de 2017, expedida por el Director Nacional de Organización Electoral. 6. SOLICITUD ESPECIAL. Por todo lo antes expuesto, solicito respetuosamente se admita la presente querella

coadyuvante y se ordene la práctica de la correspondientes

diligencias de la investigación del delito que hemos querellado, a fín de que se cumpla con lo dispuesto en el artículo 2031 y 2046 del Código Judicial y, desde este momento solicitamos se imponga las sanciones HERIBERTO

ARAUZ

SANCHEZ,

EDUARDO

ejemplares a los Señores VALDES

ESCOFFERY,

Y

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ALFREDO JUNKA WENDEHAKE, quienes ocupan los cargo de Magistrados del Tribunal Electoral de Panamá, Y CONTRA CUALQUIERA OTRA PERSONA (S) QUE RESULTE VINCULADA a los hechos que aquí se querellan, por la comisión de los delitos genéricos de Abuso de Autoridad y Extralimitación de Funciones Públicas. Delito de infracción de los deberes de los Servidores Públicos, Omisión en el cumplimiento de deberes y a quienes resulten vinculados de los delitos que se querellan.

7. MONTO DEL DAÑO CAUSADO: El monto del daño causado, asciende hasta la actualidad, a la suma de veintiocho mil

(B/.28,000) dólares americanos, que pueden computarse, como el tiempo

invertido por cada activista para la recolección de las firmas que injusta e irregularmente han sido rechazadas. 8. PRUEBAS SUMARIAS: Con el propósito de que se tenga una mejor claridad de los hechos que hemos querellado aportamos las siguientes pruebas sumarias dada la calidad de Servidores Públicos de los Querellados. A. PRUEBAS DOCUMENTALES: 1.1. Nota de 8 de marzo de 2018, entregada el 27 de marzo de 2018, 1.2.

CD original del informe actualizado y entregado el 26 de abril de 2018,

con las firmas rechazadas y aceptadas. 1.3

Denuncia presentada

el día nueve (9) de mayo de 2018, contra la

funcionaria DAYANARA DARYLIS PORTOCARRERO JIMÉNEZ, recepcionista en el Tribunal Electoral. Una de las Peritos Expertas en GRAFOLOGÍA, que llevo a cabo la verificación de las Firmas de Respaldo, de los libros de mi representado. 1.4. Resolución N. 027 del 17 de agosto de 2017 del Tribunal Electoral. B. PRUEBAS DE OFICIO:

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1.1. Solicitamos, requerir de los Magistrados del Tribunal Electoral, copia del procedimiento, debidamente reglamentado, utilizado para la verificación de las Firmas de Respaldo de mi representado el Dr. MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ, en el que se haga constar todos los pasos y la certificación de los peritos utilizados , así como sus nombres y cargos que ocupan dentro de la institución, y los años de experticia. Acción de Personal, de cada uno de los que se dedicaron a verificar y a la tarea de eliminar las firmas de mi representado. C. PRUEBAS TESTIMONIALES. Que se llame a declarar a las siguientes personas: 1. Indira A. Polo Vega, con cédula de identidad personal No.6-79-982 2. Laura Lynne Pedreschi Janson, con cédula de identidad personal No. 4103-1698.

Para lo que solicitamos se expida, las respectivas boletas de citación para nosotros notificárselas.

C. PRUEBAS SOLICITADAS, para los delitos que requieren querella y para los delitos cuyo procedimiento es de Oficio: Al no poder obtener como particular algunos documentos públicos que reposan en el Tribunal Electoral, es por lo que se solicita se ordenen de oficio. 1.1. Solicitamos al Fiscal Investigador, requerir de los Magistrados del Tribunal Electoral, presentar las pruebas que se hicieron, de las firmas rechazadas, a fin de que puedan ser verificadas por peritos grafólogos, durante el proceso de investigación. Al mismo tiempo que solicitar los documentos que reposan en la sección de Recursos Humanos del Tribunal Electoral, de la experticia de los que verificaron las firmas en los Libros entregados por el Dr. Miguel Antonio Bernal.

8. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 220, 329, 338, 340, 342, 355 y 366

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del Código Penal y Artículos 2464, 2465 y 2467 del Código Judicial.

Convención americana de Derechos Humanos Pacto de San José y sus protocolos.

A su fecha de Presentación

LIC. VICENTE ARCHIBOLD BLAKE.

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