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COOPERACIÓN ECONÓMICA INDIRECTA DEL ESTADO CON LAS CONFESIONES: RÉGIMEN FISCAL DE LAS CONFESIONES

Javier Marina Bartolomé, a 26 de Mayo de 2011


INTRODUCCIÓN: Las personas jurídicas están sometidas a las obligaciones tributarias establecidas por el ordenamiento, haciendo distinción entre las lucrativas y las no lucrativas, y dentro de las no lucrativas, las que persiguen objetivos de interés general y las que persiguen objetivos de interés particular. Las lucrativas se someten al régimen fiscal común y las no lucrativas con fines de interés general a un régimen especial porque participan en la consecución de fines compartidos con el Estado. El problema se plantea con respecto a las confesiones de fines exclusivamente religiosos, que son entidades no lucrativas pero de interés particular. El ordenamiento tiene dos opciones: someter las actividades religiosas al régimen de Derecho común o al de Derecho especial. Según el ordenamiento sea confesional, laico o laicista. Si se opta por la opción del Derecho especial, el problema es la necesidad o no de competencia de la Administración para la calificación de esos fines como auténticamente religiosos. Dos posibilidades: -

O la Administración acepta la autocalificación como religiosa de la entidad declarante, pero con presunción iuris tantum (que admite prueba en contrario o control a posteriori).

-

O la entidad solicitante prueba la naturaleza religiosa de esos fines (control a priori), y de no obtener un resultado satisfactorio se le denegaría el acceso al status social solicitado.

En el control a posteriori, de probarse que la autocalificación era falsa, se pierde ese status privilegiado y se acompaña o no, de una sanción si se prueba que cometieron fraude de ley por dedicarse a fines distintos a los estatutariamente calificados como religiosos. En el caso del control a priori, se impide de entrada el acceso a ese estatus más favorable, pero esto genera un riesgo, y es que la denegación no suficientemente justificada, provoca la vulneración del Derecho a la libertad de conciencia. Este riesgo se subsana con la aplicación de un concepto amplio de lo religioso, que se trate de fines con fundamento en la fe y que no sean de interés general.

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Del control a posteriori decir que es el modelo adoptado por países como EE.UU., de tradición inmigrante, donde conviven varias minorías. El control a priori se da fundamentalmente en sociedades donde históricamente ha existido esa confrontación entre mayoría y minorías (Europa hasta mediados del s. XX). Nos planteamos aquí el estudio de dos temas: apoyo del principio de cooperación de las exenciones y desgravaciones que benefician a entidades religiosas y no religiosas de un lado, y del otro su compatibilidad con los principios de igualdad y laicidad. Régimen fiscal de las confesiones religiosas en el Derecho comparado: Tres son los posibles regímenes fiscales aplicables: de Derecho común o de Derecho especial, Favorable o desfavorable Directamente o por equiparación. En los ordenamientos laicos es común someter a los bienes y actividades no lucrativos a un régimen fiscal más favorable respecto al Derecho común, con independencia de su carácter religioso. Los ordenamientos laicistas someten a un régimen fiscal más gravoso que el común a las confesiones religiosas y en los confesionales su régimen fiscal es normalmente más favorable incluso que el del resto de bienes y actividades sin ánimo de lucro (porque se equiparan a los fines del Estado). En ALEMANIA el fundamento del régimen fiscal que se aplica a las Confesiones religiosas es distinto del que se aplica a las entidades dependientes de ella, según sean asociaciones de Derecho privado sometidas a Derecho común (fines caritativos o de utilidad pública con tal de que sus destinatarios no sean solamente los miembros de la Confesión) o corporaciones de Derecho público, y en cuanto a sus fines religiosos, benéficos o de interés general, que se equiparan fiscalmente al resto de entidades públicas. El régimen general es el siguiente: - Las Confesiones y sus entidades se someten al régimen impositivo general en cuanto a sus actividades lucrativas. - Las actividades no lucrativas están exentas de impuestos estatales, con independencia de que sean civiles o confesionales. - Las actividades religiosas también están exentas del pago de impuestos sobre ingresos. - No están exentas del impuesto sobre el consumo (IVA). - Son deducibles los impuestos sobre las personas físicas (IRPF) y del de sociedades las cantidades donadas a las Confesiones para fines religiosos.

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En ITALIA según su Constitución, el carácter eclesiástico de una asociación o institución no puede ser motivo de especiales gravámenes fiscales. Quedando así excluida por la Constitución la posibilidad de someter a las confesiones y sus entidades a un régimen tributario mayor que el común (que era justamente la postura laicista). Es posible su sometimiento a un régimen fiscal más favorable. Se equiparan las entidades con fines de beneficencia y gozan de todas las exenciones tributarias vistas para éstos. Esto es aplicable a la Iglesia Católica, a las Confesiones que hayan firmado acuerdo con el Estado y a las Confesiones que sigan estando sometidas a la ley de culti ammessi de 1929. En cuanto al resto de las actividades de las Confesiones, éstas se someten al Derecho común sin más, y las donaciones hechas a la mayor parte de las Confesiones que no superen una cierta cantidad (no especificada) son deducibles del IRPF. En FRANCIA se va a exigir una definición de culto y una distinción entre Confesiones reconocidas y no reconocidas para el disfrute de un estatuto fiscal más favorable, tanto en el caso de congregaciones como en el de asociaciones culturales, a cambio del sometimiento a tutela administrativa (pérdida de autonomía interna). Se distingue aquí entre varios regímenes tributarios para las entidades religiosas: A las asociaciones confesionales de Derecho común, se les aplica el régimen fiscal común. -

Las Asociaciones culturales que tienen por finalidad exclusiva el culto, pueden recibir legados y donaciones con la exención del impuesto de transmisiones a título gratuito y según la LM de 1987, un tratamiento fiscal favorable a las donaciones autorizadas.

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Las congregaciones reconocidas (que cumplan con los requisitos de asociación legal, finalidad religiosa y no lucrativa, que tengan un significado arraigo social por su antigüedad y número de adeptos) se equipararán como las asociaciones culturales, a las asociaciones de utilidad pública pudiendo así recibir donaciones y legados, y estando exentas del impuesto sobre transmisiones.

-

A las asociaciones y fundaciones de origen confesional de utilidad pública, les es de aplicación el régimen fiscal especial.

En EE.UU. su nota característica es la tensión entre dos cláusulas de la primera enmienda. Una dice que si deberían disfrutar (las Confesiones) de un régimen fiscal más favorable, y la otra que no. Su solución es la equiparación a efectos fiscales con las entidades benéficas sin ánimo de lucro, aunque con diferencias que implican un trato favorable a las entidades religiosas. Están exentas del pago del Impuesto de 4


Sociedades siempre que tengan un destino religioso, y no lo están de los impuestos sobre el consumo (IVA). Sus donantes se pueden desgravar la totalidad de la donación.

Restricciones: -

Las donaciones no pueden superar el 20% de los ingresos del donante.

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Todas las demás entidades no lucrativas están obligadas a solicitar expresamente ese status fiscal favorable. Las Confesiones religiosas no están obligadas aunque la mayor parte de ellas la realizan. La Agencia acepta la autocalificación como entidades religiosas que les da derecho a un régimen fiscal más favorable.

-

Es obligación de todas las entidades presentar anualmente a la Agencia tributaria un informe contable sobre ingresos, expresando su procedencia y su destino. (Quedan liberadas de esta obligación las Confesiones religiosas). El Tribunal Supremo Federal emitió una sentencia en 1989 que decía, que el tratamiento desigual se considera inconstitucional, declaró inconstitucionales las leyes que violaban ese principio al no hacer extensiva esa exención a las organizaciones benéficas seculares, convirtiéndose así el Estado en promotor de la religión.

En el Derecho español: Precedentes históricos. Régimen fiscal de la IC: En su momento la Corona contó con una importante ayuda proveniente de las rentas eclesiásticas, en especial la de la cruzada, pero había de más tipos: Las tercias reales consistían en la participación de la Corona de una determinada proporción (2/9) en los ingresos procedentes del impuesto eclesial de los diezmos, a los que el Rey respaldó. El subsidio consistía en un impuesto directo de carácter excepcional que también afectaba a la Iglesia, y que contribuía a ayudar a la Corona a costear determinados negocios, aunque terminarían haciéndose permanentes. La bula de cruzada era una bula por la que el Papa concedía determinados privilegios de naturaleza espiritual, liberando a quien la adquiera del cumplimiento de ciertos deberes eclesiales. La más significativa fue la de la cruzada, cuyos ingresos se destinaban a la lucha contra el Islam en España.

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El excusado era una atribución directa a favor de la Corona de la totalidad de los diezmos de cada casa que más pagara dentro de cada parroquia (casa diezmera) y no sólo los 2/9 de los diezmos correspondientes a las tercias reales. Durante el reinado de Felipe II aparece un nuevo impuesto, el servicio de millones al que también va a contribuir la Iglesia. En la primera mitad del s. XIX tienen lugar dos sucesos que cambiarán completamente el panorama: las sucesivas desamortizaciones de los bienes de la Iglesia y la desaparición tanto del subsidio como del excusado en el Concordato de 1851. Son justamente estos hechos los que provocan la aparición de dos nuevas tendencias: la financiación de la Iglesia con fondos públicos y el sometimiento de la Iglesia al pago de impuestos estatales con notables exenciones, con lo que la Iglesia dejaba de ser una de las fuentes más importantes de ingresos de la Hacienda pública para convertirse en un gasto para ella. Entre esas exenciones de las que se beneficiaba la Iglesia, estaban: la exención de los prelados y cabildos que la Iglesia fue consiguiendo de los monarcas aprovechando los períodos de inestabilidad política y de debilidad de la Corona, y que a partir de 1868 se someten a un impuesto del 5% todas las rentas, sueldos y asignaciones que se satisficieran con fondos públicos. Este régimen fiscal, se vería interrumpido por la II república, cuya Constitución sometió a todas las Confesiones y órdenes religiosas al régimen fiscal común. Con el régimen franquista se repuso el sistema anterior que se completó y consolidó con el Concordato de 1953, desapareciendo además toda referencia a la donación de culto y clero, que equivalió a la desaparición del impuesto al que estaban sometidas desde 1868 las percepciones de la Iglesia y de los eclesiásticos con cargo a los fondos públicos. El Estado actualizó este régimen situando a la Iglesia en condiciones más ventajosas que las entidades benéficas y docentes. El sistema impositivo del Concordato se mantuvo hasta el Acuerdo de 1979, que introdujo el IRPF al que han de someterse todos los ciudadanos (también los eclesiásticos). Derecho vigente:  El régimen fiscal de las asociaciones de utilidad pública y de las fundaciones de

interés general y sin ánimo de lucro:

Las razones que justifican las exenciones fiscales como las desgravaciones de las donaciones se destinen a: 6


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Fomentar la iniciativa privada en la satisfacción de necesidades de interés general.

-

Abrir cauces para que todos los ciudadanos, tanto individualmente como en grupo, puedan participar con el Estado en la realización de esas actividades en beneficio de los demás.

Entran aquí en juego el principio de libertad de conciencia, cooperación y participación como fundamento, y los de igualdad y laicidad como límite. El principio de libertad de conciencia es el respeto, protección y promoción del correspondiente derecho fundamental. El principio de participación, participación pasiva y activa, siendo protagonistas en la consecución de esos fines. Finalmente el principio de cooperación, es la obligación de los poderes públicos de ayudar a las organizaciones sociales a hacer posible esa participación. El tratamiento fiscal favorable a las fundaciones sin ánimo de lucro de interés general y a las asociaciones declaradas de utilidad pública responde a estos deberes de los poderes públicos. El objetivo último es conseguir para todos los ciudadanos unas condiciones básicas de igualdad en el ejercicio de su propia libertad de conciencia (justicia). La pregunta que debemos hacernos es: ¿están equiparadas en su tratamiento fiscal las entidades religiosas y las entidades sin ánimo de lucro?  Exenciones de impuestos:

En primer lugar decir que los impuestos en el caso de las fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de interés general que coinciden con los estatales no tendría razón de ser, porque la finalidad del impuesto es la de financiar el coste de ese servicio. Es más, lo que tiene sentido es que las Administraciones públicas, contribuyan aportando ayuda financiera (subvenciones) para fomentar la participación de todos los ciudadanos y evitar que quienes realizan la prestación del servicio tengan que soportar además sus gastos de financiación. Están exentas de los impuestos de sociedades, de transmisiones patrimoniales, del IVA, del IBI, sobre actividades económicas y sobre el incremento del valor de los terrenos. Impuestos estatales: El impuesto de sociedades: es un impuesto de carácter directo y personal que grava la renta de las sociedades y demás entidades jurídicas y que engloba también el 7


impuesto de sucesiones y donaciones. Según la LM, en relación con las exenciones del IS aplicable a las fundaciones sin ánimo de lucro y de interés general, la Ley del IS será de aplicación subsidiaria en relación con la LM. La exención no es total sino parcial; sólo las que cumplan con las características señaladas en la LIS o en la LM, lo que quiere decir que en el caso de las sujetas a la LM sólo las que son calificadas en su art. 6 como rentas exentas y en el art. 7 como explotaciones económicas exentas. Las rentas exentas (art. 6 LM) son las procedentes de: . Ingresos: -

Donativos o donaciones recibidos para colaborar en los fines de la entidad.

-

De las cuotas de los asociados, colaboradores o benefactores.

-

De subvenciones, salvo las destinadas a financiar la realización de explotaciones económicas no exentas.

. Las procedentes del patrimonio mobiliario o inmobiliario de la entidad (rentas). Las explotaciones económicas exentas (art.7 LM) son: -

Las que tienen por objeto la prestación de servicios de promoción y gestión de acción social, asistencia en inclusión social de infancia, juventud, tercera edad, minorías étnicas, marginados…

-

Las destinadas a la prestación de servicios de hospitalización o asistencia sanitaria.

-

Las relativas a bienes de interés cultural.

-

Organización de exposiciones, seminarios, conferencias, etc.

En el caso de que no fuese aplicable la LM por no reunir las rentas las condiciones y características requeridas, será posible aplicar la exención parcial (gravamen del 25%) establecida por la Ley del IS en relación con los siguientes ingresos: -

Los procedentes de actividades que constituyan su objeto social.

-

Los derivados de adquisición a título lucrativo, siempre que unas y otras se obtengan o realicen en cumplimiento de su objeto social.

-

Y los que se pongan de manifiesto en la transmisión onerosa (con contraprestación) de bienes afectados a la realización de su objeto social.

No alcanzará esta exención a los rendimientos de explotaciones económicas, ni a las rentas derivadas del patrimonio, ni a las rentas obtenidas en transmisiones distintas a las señaladas en él. 8


Impuestos indirectos: En Transmisiones patrimoniales (ITP) y Actos jurídicos Documentados (ADJ), donde la exención se refiere al impuesto sobre operaciones de sociedades aplicable a las personas jurídicas. Como regla general, sólo se benefician de estas exenciones el Estado y las Administraciones públicas, y para que se beneficien de esas exenciones los establecimientos particulares con los mismos fines se exige, que sus cargos sean gratuitos y que rindan cuentas a la Administración, y que en el caso de las asociaciones la exención alcance solamente a las declaradas de utilidad pública. En cuanto al IVA es necesario distinguir entre IVA soportado e IVA repercutido: Ejemplo del soportado -> Las prestaciones de servicios efectuadas por entidades de Derecho público o entidades privadas de carácter social. No tendría sentido la repercusión del impuesto en los receptores de esos bienes y servicios, ni lo tendría que lo soportaran quienes están prestando un auténtico servicio público (sustituyendo al Estado en el cumplimiento de sus propias obligaciones). Ejemplo del repercutido -> Las importaciones de bienes por entidades públicas u organismos privados autorizados de carácter caritativo/filantrópicos o a favor de personas necesitadas -tanto si se trata de bienes de primera necesidad, como de bienes de cualquier clase destinados a la colecta de fondos organizadas en el curso de manifestaciones ocasionales de beneficencia, o de materiales de equipamiento y de oficina- con tal de que, en ninguno de esos caso, constituyan el objeto de una actividad lucrativa remitidos, a título gratuito, por personas o entidades establecidas fuera de la Comunidad. Impuestos municipales: La exención alcanza, tanto a los impuestos obligatorios (IBI, IAE), como los voluntarios (IIVT) cuya existencia depende de la decisión de cada Hacienda local. Obligatorios: Se reconoce la exención de los impuestos sobre bienes inmuebles y sobre actividades económicas, tanto a las fundaciones inscritas en el registro correspondiente como las asociaciones declaradas de utilidad pública. La exención del IBI alcanza a todos los bienes de los que sean titulares -en los términos previstos según las Haciendas locales- exceptuando las explotaciones económicas no exentas del impuesto sobre sociedades. La exención del IAE es aplicable a las asociaciones económicas exentas del impuesto sobre sociedades.

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Además esta exención afecta con carácter general a las fundaciones, y a las asociaciones sólo cuando su fin sea la atención pedagógica, científica-asistencial y de empleo de disminuidos psíquicos, físicos o sensoriales, siempre que se dedique exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del establecimiento y no reporte utilidad para ningún particular. Voluntario: su existencia depende de la decisión del Ayuntamiento y es el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos (IIVT).  Incentivos fiscales al mecenazgo:

La LM distingue entre donaciones (hechas por personas físicas o jurídicas) y supuestos de colaboración empresarial. Régimen de las donaciones hechas a las entidades sin ánimo de lucro: Dan derecho al donante a deducir un porcentaje de su cuota líquida del IRPF: -

Los donativos y donaciones dinerarias, de bienes o derechos.

-

Las cuotas de afiliación a asociaciones.

-

La constitución de un derecho de usufructo sobre bienes sin contraprestación.

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Los donativos o donaciones de bienes que formen parte del Patrimonio Histórico Español.

La determinación de las actividades destinatarias y beneficiarias del mecenazgo queda abierta a través de la modificación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado; y lo mismo hay que decir de los porcentajes de deducción. A las personas físicas el 25% del IRPF. Y a las personas jurídicas el 35% de la base de la donación. Otras formas de mecenazgo: Son los convenios de colaboración empresarial en actividades de interés general. Entendiendo por convenio de colaboración al acuerdo entre una empresa y una de sus entidades sin ánimo de lucro y de interés general en el que, a cambio de una aportación económica de la empresa, esas entidades se comprometen a difundir esa participación de colaboración, sin que se configure como una prestación de servicios. Requisitos que deben cumplir las entidades beneficiarias de este régimen fiscal y de los incentivos del mecenazgo: carácter no lucrativo, fines de interés general y estar inscritas en el Registro correspondiente, pero además:

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-

Destinar a la realización de sus fines específicos el 70% de las rentas e ingresos procedentes de las explotaciones económicas que desarrollan, las derivadas de la transmisión de bienes o derechos de su titularidad y cualquier otro ingreso.

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Que los fundadores, asociados… y los cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de cualquiera de ellos no sean los destinatarios de las actividades de la entidad.

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Que los cargos de patrono, representante estatutario y miembros del órgano de gobierno sean gratuitos.

-

Obligación de rendir cuentas de acuerdo con la legislación específica.

 Régimen tributario de las Confesiones religiosas y aplicación a ellas de los

incentivos del mecenazgo:

Exenciones fiscales: es el principio de cooperación del 16.3 CE interpretado de acuerdo con el art. 9.2 CE quien convierte a esa cooperación como obligada, siempre que sea necesaria para hacer reales y efectivos los derechos de igualdad sin discriminación y de libertad religiosa, con tal de que no se extienda de manera que pueda entrar en contradicción con el principio de laicidad. La obligación de pagar impuestos por las actividades religiosas o por los bienes exclusivamente dedicados a fines religiosos entraña además una violación del principio de igualdad (art. 14 CE). Los creyentes religiosos estarían sometidos a una obligación que no tendrían los no religiosos, de manera que los impuestos vendrían a penalizar el ser creyente. La pregunta que nos hacemos se refiere al régimen fiscal de las actividades y bienes con un fin religioso. El régimen impositivo vigente de las Confesiones religiosas en España coincide en gran medida con el previsto en el Concordato de 1953 para la Iglesia católica con los ajustes que han ido exigiendo las modificaciones del sistema tributario. Están exentas, no porque sus fines sean de interés general o equiparados a ellos, sino porque así lo exigen los derechos de igualdad y libertad religiosa, ya que sólo así se garantiza que ambas sean reales, efectivas y plenas. Incentivos fiscales al mecenazgo: su fundamento es fomentar la participación de los ciudadanos en la consecución de fines de interés general, con lo que también las confesiones religiosas pueden ofrecer posibilidades de equiparación para ese 11


encauzamiento, y en tal caso tendrían el mismo tratamiento fiscal porque estarían contribuyendo a la participación en la consecución de objetivos de interés general. El problema se plantea cuando la equiparación se refiere a actividades encaminadas a la realización de sus fines específicos (fines religiosos), donde se entra en absoluta colisión con la laicidad del Estado. Se trata de fomentar que sean los propios fieles de cada confesión quienes contribuyan a su financiación, eliminando la financiación pública del modelo de asignación tributaria. Equiparación con entidades no lucrativas de interés general: No existe una declaración expresa*, general, de equiparación de las actividades religiosas con las actividades sin ánimo de lucro y de interés general, aunque sí son consideradas como no lucrativas: exención del IVA siempre que se cumplan los requisitos de objetivos (exclusivamente religiosos), para la consecución de fines específicos de la confesión, prestaciones hechas directamente a sus miembros, y que no perciban de los beneficiarios ninguna contraprestación. *Se reconoce expresamente esa equiparación en relación con determinados impuestos a las confesiones con acuerdos de cooperación. El régimen aplicable a las confesiones religiosas es distinto según se trate de confesiones con o sin acuerdo, las que tienen acuerdo se equiparan a las entidades sin ánimo de lucro y de interés general y son destinatarias de todos los beneficios fiscales de esas entidades, y las que no lo tienen, no. A raíz de los acuerdos, las Confesiones religiosas firmantes que se someten a ese régimen no están obligadas a presentar -para la obtención de la exención- la documentación que sí se exige a las entidades no lucrativas. También las Iglesias y confesiones -al igual que sus fundaciones- tienen derecho a optar entre el Régimen fiscal de los Acuerdos y el regulado por la LM. Las asociaciones y entidades de las confesiones (que son no lucrativas y de interés general) para que puedan acogerse al régimen fiscal de la LM, se les exige que cumplan los requisitos del art. 3 de la misma. Las fundaciones propias de las Iglesias y Confesiones, para el cumplimiento de sus fines religiosos pueden optar por ese régimen fiscal con dos requisitos: inscripción en el RER y gratuidad en el cargo de patrono o miembro del órgano de gobierno, requisitos que también tienen que cumplir si quieren optar por el régimen de los art. 5 al 15. Se equiparan las Confesiones a las entidades no lucrativas sin ánimo de lucro, pero no a la inversa, es decir, que las confesiones pueden gozar de otras exenciones 12


adicionales, de ámbitos de la exención diferentes y de otros supuestos de no sujeción expresa o implícitamente contemplados en los acuerdos. Sería recomendable que el Estado hiciese un control sobre la procedencia de los ingresos hechos por donaciones de los fieles de las confesiones a las mismas, o que fuese necesaria una autorización expresa del Ministerio competente, porque ni el derecho de libertad de conciencia ni el principio de laicidad del estado pueden justificar la falta de ese control. El principio de inclusión: El orden según el tratamiento fiscal más beneficioso entre las confesiones es: 1º Iglesia Católica, 2º confesiones religiosas con acuerdo y 3º el resto de confesiones. Aquí se plantea un PROBLEMA, y es que si quien firma los acuerdos es una Federación de asociaciones que puede decidir sobre la incorporación de nuevas confesiones a la Federación, esa decisión determina que confesiones pueden disfrutar de los beneficios fiscales previstos en el Acuerdo y cuáles no. Para poder acogerse al régimen fiscal de las Federaciones firmantes del Acuerdo de cooperación hacen falta dos requisitos: estar inscrita en el RER y ser miembro de una de las Federaciones firmantes del Acuerdo. Parece haberse dejado a merced de las Federaciones firmantes la competencia para decidir sobre qué confesiones inscritas en el RER pueden incorporarse a la Federación. Debería resolverse esta laguna, estableciendo que la decisión de la Federación sea recurrible en la vía contencioso-administrativa, tanto por el fiscal como por la confesión solicitante. Exenciones: son sobre el impuesto de Sociedades, de transmisiones patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, exención total sobre el IVA en el caso de la IC, y parcial en el caso de las demás, IBI, IAE, y sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. Las Confesiones religiosas gozan de las mismas exenciones que las entidades no lucrativas con fines de interés general, el régimen fiscal no depende de esas actividades sino de la cualidad de ellas, con independencia de quien las realice. En relación con la exención de IVA, la equiparación no tiene la misma extensión. Las exenciones previstas por la legislación comunitaria, deben interpretarse restrictivamente puesto que el Tratado de Adhesión es anterior a los Acuerdos con estas Confesiones minoritarias, aunque no a los Acuerdos con la IC. Las Confesiones, tanto si tienen como si no tienen Acuerdo, gozan de un supuesto de exención, no previsto en la legislación comunitaria a favor de las entidades no lucrativas, exentas del IVA si se cumple con las condiciones de que sean directamente prestados a sus miembros, fines exclusivamente religiosos, que se realicen para la 13


consecución de sus actividades específica y que la confesión no perciba contraprestación alguna de los beneficiarios. Las fundaciones creadas por las confesiones con Acuerdo, pueden beneficiarse también de este régimen fiscal más favorable, pero solamente está expresamente regulada, el régimen de inscripción en el RER de las fundaciones católicas. Una legislación similar debería dictarse para la constitución y funcionamiento de las fundaciones religiosas no católicas con Acuerdo. La diferencia fundamental está aquí (y esto quiero subrayarlo) en que para las confesiones con acuerdo de cooperación la exención es total, mientras que para las entidades no lucrativas con fines de interés general es parcial. Además, las diferencias entre Acuerdos y LM son: -

Que en virtud de los Acuerdos, las confesiones religiosas no gozan sólo de exenciones sino también de supuestos de no sujeción en los que la obligación tributaria no llega a surgir respecto a tributo alguno, ni sobre la renta (IS, IAE, IIVT) ni sobre el gasto (IVA).

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Que en virtud de los acuerdos, las confesiones religiosas están exentas de las contribuciones especiales, exención que no alcanza a las entidades sin ánimo de lucro y de interés general. (No se dice nada respecto a las tasas, por lo que los Ayuntamientos no los consideran exenciones).

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La exención de IBI en el caso de las confesiones con acuerdo, alcanza a las viviendas de los ministros confesionales, a los huertos y dependencias (salvo los judíos). Esta exención no tiene correspondiente en el caso de las entidades sin ánimo de lucro y de interés general.

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La exención del IVA aplicable a todas las confesiones inscritas en el RER, con o sin acuerdo, pero no a favor de las entidades sin ánimo de lucro y de interés general.

Supuestos de no sujeción: La aplicación de un régimen más favorable a las confesiones sólo podría justificarse en el caso en de estimar que para el Estado sea más importante el servicio religioso a sus ciudadanos que los considerados como de interés general por sus propias leyes; lo que no parece armonizable ni con la igualdad ni con la laicidad. Lo que más favorece el ejercicio de la libertad de los ciudadanos realizando las actividades de solidaridad que les reclama su propia conciencia, son los supuestos de no sujeción. 14


Así parece que la equiparación de futuro debería consistir en extender a todas las entidades no lucrativas y de interés general la técnica de los supuestos de no sujeción en lugar de la exención en esos tres casos. Pero en todo caso los supuestos comunes de no sujeción son: -

Los ingresos recabados libremente por sus fieles en forma de colectas públicas o limosnas.

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La entrega a sus miembros de publicaciones y boletines pastorales internos.

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La actividad de la enseñanza de formación de sus ministros en los centros destinados a ello.

La exención del IBI: la extensión de esta exención no se aplica únicamente a los edificios destinados directa y principalmente al culto y a otras actividades merecedoras del calificativo de religiosas, sino que se extiende según la interpretación que la propia Administración ha hecho de los Acuerdos, a los huertos, jardines y dependencias de los inmuebles enumerados en el correspondiente artículo de los acuerdos. La exención de bienes inmuebles no es otro que el destino directo e inmediato de esos inmuebles a fines religiosos. Exención de contribuciones especiales: Si no hay exención de las tasas, con mucha mayor razón debería desaparecer la de contribuciones especiales que, en realidad, supone un enriquecimiento del sujeto pasivo por el incremento del valor de sus bienes afectados por lo que se paga la contribución (aceras, pavimento, alcantarillado), de ahí la difícil justificación también del IIVT, impuesto que grava un enriquecimiento patrimonial. No sólo quiebra aquí el derecho de igualdad de los demás ciudadanos, sino que también se abre una grieta para que las Iglesias y confesiones terminen tomando parte en el mercado inmobiliario, ya que el ordenamiento ni siquiera exige en este caso que el producto de la venta sean unos fines exclusivos. Lo razonable sería eliminar esas restricciones en relación con las entidades sin ánimo de lucro y de interés general, no privando a las confesiones de esa exención, sino atribuyéndosela también a las entidades no lucrativas de interés general.  Diferencias entre la IC y otras confesiones minoritarias con acuerdos de

cooperación. Son cuatro: -

Dependiendo de la naturaleza de los Acuerdos: todas las leyes del Estado reiteran el principio de que han de entenderse sin perjuicio de lo dispuesto en Tratados y Acuerdos internacionales que hayan pasado a formar parte del 15


ordenamiento interno. Los Acuerdos con las demás confesiones no gozan de esa estabilidad y está prevista incluso su modificación unilateral por parte del Estado. -

Respecto a los supuestos de no sujeción: tres diferencias entre el régimen aplicable a la Iglesia Católica y el aplicable a las demás confesiones con acuerdo. En estos acuerdos aparecen exigencias que no existen en el acuerdo con la IC, como las cantidades recabadas libremente por sus fieles y la entrega de publicaciones y boletines pastorales, que han de realizarse a título gratuito y directamente a sus miembros, en los centros de formación de ministros confesionales se exige como condición que se impartan exclusivamente disciplinas eclesiásticas. Si no cumplen estas exigencias, esas actividades realizadas por las confesiones con acuerdo de cooperación son declaradas sujetas y no exentas.

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En relación con el IVA: tiene la IC un supuesto más de no sujeción a este impuesto; la adquisición de objetos de culto. La Dirección General de Tributos y la jurisprudencia han matizado el concepto de culto optando por un concepto restrictivo del que quedan excluidos, desde los suministros de energía eléctrica, gas y otras energías, hasta los libros destinados a dar a conocer las enseñanzas de una confesión, ya que eso no es propiamente culto.

Este régimen privilegiado de la IC entra en contradicción con la sexta directiva de la UE en la que se desautoriza toda exención no expresamente prevista en las normas comunitarias, que ha motivado la queja de la Comisión Europea al Gobierno español; a la que éste ha contestado que se trataba de una obligación contraída por España con la Santa Sede con anterioridad a la firma del Tratado de adhesión a las Comunidades. Lo que no dice el Gobierno español es que una de las obligaciones que suscribió al firmar el tratado fue la de solucionar estas situaciones de divergencia con el Derecho comunitario cuanto antes y que habían pasado ya demasiados años sin que se hubiese hecho nada, ni siquiera iniciar conversaciones con la Santa Sede. Es más, las cosas siguen igual, de manera que puede considerarse incumplida esa obligación. Siempre regirán los principios de aplicación directa y primacía del Derecho comunitario sobre el Derecho interior, de manera que de llegar el tema hasta el Tribunal de Luxemburgo, no parece demasiado arriesgado aventurar una condena para España.

 Confesiones sin Acuerdo de cooperación:

Nos referimos sólo a las confesiones inscritas en el RER y en el RNA. 16


La Ley de Haciendas locales ha optado por la interpretación según la cual la equiparación requiere inexcusablemente estar inscritas en el RER y haber firmado Acuerdo de cooperación con el Estado. Pero de acuerdo a la legislación vigente, las confesiones inscritas en el RER no pueden acogerse a los beneficios fiscales previstos en la Ley de fundaciones, ni el impuesto de sociedades, ni los impuestos locales, ni el IBI, ni el Impuesto sobre actividades económicas…y tampoco les sería de aplicación las deducciones previstas por la LM como incentivos al mecenazgo. Solamente hay tres supuestos en que las confesiones inscritas y sin acuerdo de cooperación se pueden beneficiar fiscalmente: -

Para el desarrollo de las actividades de hospitalización, asistencia sanitaria y demás directamente relacionadas con ellas, las de asistencia social, las de educación, enseñanza, formación y reciclaje profesional.

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Las prestaciones de servicios y las entregas de bienes accesorias a ellas efectuadas directamente a sus miembros siempre que no perciban de los beneficiarios de tales operaciones contraprestación alguna distinta de las cotizaciones fijadas en sus estatutos.

Las confesiones inscritas como asociaciones de Derecho común en el RNA del Ministerio del Interior son consideradas no como religiosas sino como no lucrativas de interés general. Sólo si reúnen los requisitos exigidos por el Derecho aplicable a las entidades no lucrativas y de interés general, pueden disfrutar de esa equiparación pero no en cuanto entidades religiosas. La expresión “legalmente reconocidas” podría hacer pensar que las confesiones inscritas en el RNA se pudieran beneficiar también de las de una confesión inscrita en el RER. Crítica del Régimen vigente y propuestas de iure condendo: A las confesiones inscritas en el RNA se les deniega la posibilidad de acogerse a los beneficios fiscales de que disfrutan las que han firmado Acuerdo con el Estado. Lo que es insostenible es que sólo a través de los acuerdos con el Estado es posible extender a ellas esos beneficios fiscales. Ese es un camino posible, pero no el único. Nada impide que el legislador ordinario unilateralmente decida extender esa equiparación a otros supuestos. El problema es la posibilidad legal y razonabilidad de equiparar los fines religiosos a los de interés general y sus actividades a las no lucrativas, sólo a efectos fiscales y sobre la

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base de fundamentos distintos de un lado, y del otro la posibilidad de someter a un control eficaz el cumplimiento de los requisitos legales. El art. 7 de la LOLR, admite la posibilidad de que los acuerdos de cooperación hagan esa equiparación, pero con una condición -respetando siempre el principio de igualdad- puede querer decir dos cosas: o que realizada esa equiparación en un acuerdo hay que realizarlo en todos, o que si los acuerdos optan por esa equiparación, extenderla a todas las confesiones inscritas en el RER. De todos modos, nada se opone a que la equiparación se extienda a otras confesiones inscritas, por vía de acuerdo, no necesariamente, aprobada por Ley que exige el notorio arraigo, sino por decisión unilateral de la Administración, sobre la base del no lucro y de inscripción en el RER. La equiparación tiene que ser biunívoca de manera que se asegure la igualdad fiscal entre confesiones religiosas y entidades sin ánimo de lucro con fines de interés general. (Postura defendida por la doctrina). Conclusiones: Todas las Confesiones inscritas deberían equipararse, a efectos fiscales, a las que tienen suscritos acuerdos de cooperación con el Estado, debe ser biunívoca, ya que no existe ninguna razón que justifique la diferencia de tratamiento. Además, el sentido de la equiparación no puede ser otro que el de eliminar las diferencias existentes favorables a las Confesiones con Acuerdo de cooperación, aplicando a todas el régimen existente para las entidades no lucrativas y de interés general. Así el sistema ganaría coherencia, transparencia y simplicidad.

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Cooperación económica indirecta del Estado con las Confesiones: Régimen fiscal de las Confesiones  
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