Apuesta # 2 (2007) Revista Alternativa de Política y Cultura

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Num 1 • Enero 2006 • apuesta@yahoo.com

Editor Ramón Rosario Luna Coordinador Raúl Guadalupe de Jesús Secretaria Melissa Figueroa Fernández Correctoras de estilo Melissa Figueroa Fernández Tania A. Ramos González Administración y Finanzas Carmen Campos Esteve Raúl Guadalupe de Jesús Junta editora: Rafael Bernabe Riefkohl Carmen Campos Esteve Antonio Carmona Báez Raúl Guadalupe de Jesús Melissa Figueroa Fernández Tania A. Ramos González Ramón Rosario Luna Junta asesora: Idsa Alegría Ortega María del Carmen Baerga Wilfredo Mattos Cintrón Héctor Meléndez Lugo Francisco Moscoso Luis Rivera Pagán Josue Walter Quinteros Salazar Carlos Rojas Osorio Diseñográfico, diagramador e ilustraciones Raúl Ramos González

Apuesta es una revista alternativa de política y cultura creada por profesores universitarios que inserta la realidad puertorriqueña dentro de la cultural mundial. Por lo tanto, nuestros intereses se centran en el desarrollo de investigaciones críticas sobre la dialéctica dominación/liberación y sobre propuestas radicales ante los problemas creados por la formación social capitalista. Incluye también diversas manifestaciones artísticas como literatura, arte, teatro, danza y música.

Todo colaborador deberá enviar dos copias de sus artículos a las siguientes direcciones:

Revista Apuesta PMB 586 · 497 Ave. Emiliano Pol. San Juan, PR 00926-5639 revistaapuesta@yahoo.com La revista Apuesta se funda en 2005 y contará con una periodicidad semestral.

Sumario Editorial Artículos generales

Banco Popular: un conglome rado económico criollo Antonio Carmona Vínculo social: violencia, culpa y deseo Wanda Ramos

Dossier:

Universidad neoliberal “Introduction: The Neoliberal University” Stephen Germic La reestructuración neoliberal de la Universidad de Puerto Rico y el aumento en los costos de matrícula y cuotas Waldemiro Vélez Cardona Las condiciones de trabajo de los profesores en la universidad neoliberal: 1 (bases teóricas) Alba Montes Bello La nueva derecha intelectual y la privatización de la educación universitaria en Puerto Rico Luisa Gutiérrez

Apuesta a la s artes Apuesta al autor

Poesía César Vallejo: “Masa” Tania Anaid:“Tenía tantas cosas”, “Aprieto los ojos” Raúl Guadalupe: “Fue enorme”

Música

Ramón Rosario Luna: Re-composición de “Giant Steps”, de John Coltrane..

Gráficas

Gazir Sued: No en mi nombre (selección) Pablo Picasso: Guernica Mauritius Cornelius Escher: Manos que dibujan Goya: El sueño de la razón produce monstruos

Reseña

Christian Laval. La escuela no es una empresa: El ataque neoliberal a la enseñanza pública. Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2004 Por Raúl Guadalupe

Juegos

Decálogo del pensamiento neoliberal……

Quiz/mapa político……………………

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¿Crisis?

“...los eventos de abril y mayo de 2006 expresan la más reciente debacle de un modelo de desarrollo económico sometido al capitalismo del imperio”.

1- En la colonia n sistema está en crisis cuando sufre un cambio brusco o dificultades mayores; en ese momento se revela lo que típicamente queda oculto. ¿Fue el cierre gubernamental solo una crisis fiscal o es síntoma de algo más profundo? Esa pregunta guía el artículo de Félix Córdova, quien plantea que los eventos de abril y mayo de 2006 expresan la más reciente debacle de un modelo de desarrollo económico sometido al capitalismo del imperio. El azúcar zozobró en los años treinta y las petroquímicas en los setenta; hoy palidece el modelo que combinó farmacéuticas exentas de impuestos con estado benefactor. Tras el supuesto gigantismo Junta editora gubernamental criticado por los intereApuesta ses corporativistas-neoliberales se esconde una economía de enclave de exportación que siempre ha tenido una base de empleos raquítica y que ve fugarse parte sustantiva de la riqueza producida en Puerto Rico. Pero, debido a que el orden jurídico-político colonial es el marco de operación de las relaciones económicas en crisis, es prácticamente imposible solucionar este problema dentro de la colonia.

Rafael Bernabe nos expone que esta es también una crisis política en la que los partidos burgueses-coloniales incómodamente logran ejecutar los deseos de las clases dominantes de avasallar las clases trabajadoras para imponer las condiciones de un nuevo auge capitalista. Esos partidos son incapaces de articular una economía dinámica y un orden político, social y ético que legitime al orden vigente. Nos preguntamos si, ante la crisis en cuestión, (1) el movimiento obrero podrá asumir un sindicalismo social y de clase y (2) si los socialistas lograrán definir alternativas que sean acogidas e implantadas por la clase trabajadora.

Ante esto, ¿logrará el independentismo salir de la arrogancia que los escinde de las luchas del pueblo?

Algunos plantean que la sociedad civil puede resolver esta crisis. Raúl Guadalupe cuestiona esto en su artículo, en el que muestra la incapacidad del concepto de sociedad civil para entender y superar el problema. ¿Ignoran los defensores de la teoría de la sociedad civil que ésta incluye a los capitalistas, cuyas propuestas neoliberales o corporativistas impondrían a los trabajadores unas condiciones de existencia similares a las del capitalismo del siglo XIX? Apostamos con Guadalupe a las concepciones clasistas como fundamento del entendimiento y superación de este caos del capital.

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2- En la UPR La crisis de la colonia incluye a su universidad pública. El deterioro de la planta física del Recinto de Río Piedras (múltiples edificios enfermos, Centro de la Facultad cerrado, biblioteca central deteriorada), el fiasco de “Plaza Universitaria” y la extrema dilación de la restauración del teatro del recinto son algunos de los síntomas. ¿No es la apertura del teatro en términos semi-privatizados un claro índice de la corporativista estructura subyacente que genera aquellos síntomas? Al ver que las posibilidades de usar el teatro se desvanecen en el aire, muchos estudiantes protestaron la inauguración del mismo ante la alta alcurnia criolla. Ante la represión administrativa hacia los estudiantes y el simulacro de vistas públicas en torno al funcionamiento del teatro, ¿no debemos motivarnos a reorganizar las estructuras universitarias en términos democrático-participativos? ¿No será “corporativismo” el mejor término para describir la actual síntesis universidad-capital? En noviembre de 2006, bajo el auspicio de Lilly, Inc., la UPR celebró un “Congreso de Biotecnología” cuyo precio de admisión era $150 y que contó con el jefe de Fomento Industrial y el jefe tecnológico de Abbot, Inc entre sus principales deponentes. Esta nueva colonización capitalista de la universidad es parte del “nuevo” proyecto de pseudodesarrollo económico del PPD: Puerto Rico como “bioisla”. Ante eso, el artículo de Janice A. Newson, examina cómo los códigos de ética investigativa, aunque parecen moderar la relación universidad-corporaciones, realmente facilitan el dominio corporativo. ¿Qué currículo sería el apropiado para esta universidad corporativista? Uno de tendencia técnica-especialista que reduzca los cursos que promueven el debate y la crítica. Eso implanta el Recinto de Río Piedras al reducir los requisitos de humanidades de 12 a 6 créditos. Una alternativa a la especialización requerida por el corporativismo sería la perspectiva integradora propia de

los estudios interdisciplinarios. Jorge Giovannetti explora las posibilidades de una propuesta de convertir el Departamento de Ciencias Sociales General de la Facultad de Ciencias Sociales en uno de Estudios Interdisciplinarios. Es menester superar la división técnica del trabajo intelectual reificada en departamentos organizados desde categorías decimonónicas. ¿Pero basta la simple intención? ¿No sería la degradación de las condiciones de trabajo de los profesores la apoteosis del capitalismo académico? Esto examina el texto de Alba Montes. La política laboral asumida por la administración de la UPR durante los últimos años ha llevado a un déficit de 700 plazas a nivel sistémico, a que en el Recinto de Río Piedras el 37% de los profesores trabajen sin plaza y a que el 25% lo haga a tiempo parcial. ¡Estos últimos reciben casi 70% menos paga por la misma tarea! El desempleo estacional, la incertidumbre de quedar desempleados al final de cada periodo académico, la carencia de plan médico, las jornadas de trabajo extraordinariamente largas y la amenaza a la libertad de cátedra van convirtiéndose en condiciones de trabajo desgraciadamente normales. ¿Es adecuada esta anti-intelectual política laboral para un recinto que pretende ser doctoral-investigativo?

Ante esto, el profesor Walter Quinteros preguntaba, ¿qué tiene que pasar para que los docentes hayan permitido que sus condiciones de trabajo se hayan degradado hasta el punto en el que lo están? Sucedió que, atados a una autoimagen pequeñoburguesa, o frustrados por la crisis del socialismo autoritario, o cooptados por puestecitos burocráticos, excluyeron las relaciones de clase como concepto clave para el entendimiento del orden social. En Apuesta, por el contrario, asumimos la crítica al orden capitalista; apostamos a revelar aquello fundamental que típicamente está oculto, a estudiar la crisis de la colonia y de su universidad como crisis del capital.

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El cierre gubernamental:

¿crisis fiscal o algo más profundo?

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Quién hubiese pensado en la posibilidad de un cierre gubernamental, en los años dorados de Operación Manos a la Obra, y que su comienzo fuese el día internacional de los trabajadores? La pregunta resulta pertinente precisamente por la forma en que representantes del capital, y economistas a su servicio, han enfocado la actual crisis fiscal. Algo positivo ha salido de la reciente experiencia. Se ha generalizado la visión, incluso en los sectores más conservadores, de que la reciente crisis no es coyuntural ni pasajera. Tiene un carácter estructural profundo y responde a contradicciones acumuladas durante décadas. El cierre gubernamental duró Félix Córdova Iturregui solamente dos semanas, pero a nadie Apuesta se le ha ocurrido minimizar el acontecimiento. Representantes del capital han destacado que su costo económico fue elevado y el gobierno no economizó nada. Por consiguiente, existe una expectativa de crisis en el panorama y los síntomas son motivo de seria preocupación: 1) la economía está estancada, 2) el desempleo va en aumento, 3) el costo de la vida ha subido escandalosamente, 4) el alza del petróleo ha tenido un efecto devastador, y 5) tanto el gobierno como el capital ha demostrado una total incapacidad en la búsqueda de alternativas. El Caribbean Business ha sido lapidario en su expresión de seria preocupación: “So, you see, the government fiscal crisis is far from over. And although thankfully we seem to have overcome the worst, we find little reason to celebrate.”1 EL GOBIERNO DIVIDIDO Y NO COMPARTIDO: NUEVO MARCO DE VISIÓN DE LA CRISIS. El reciente cierre gubernamental ha obligado a mirar con mayor cuidado las últimas décadas de nuestra historia económica. Sin embargo, las observaciones han tendido a quedarse en el ámbito de la estructura del gobierno. No se

ha visto el problema fiscal como el espacio de manifestación de contradicciones más profundas. Si bien ha sido imposible negar que Puerto Rico vive una situación crítica muy compleja, el impacto del cierre gubernamental no ha provocado una búsqueda profunda sobre las causas de la actual situación fiscal. Aunque parezca evidente la contestación, vale la pena preguntarse, ¿por qué las contradicciones salieron a la superficie con tanta violencia en la forma de una crisis fiscal? La pregunta es necesaria porque obliga a pensar en la dimensión política de la crisis económica. Si en las elecciones pasadas el Partido Popular Democrático (PPD) hubiese obtenido la mayoría de la Cámara y del Senado, la dimensión fiscal de la crisis no hubiese tenido el estallido que tuvo. Hubiese sido ocultada, como se hizo en los pasados años del gobierno de Sila Calderón. Por consiguiente, los conflictos políticos en su despliegue fueron los que hicieron posible un nuevo marco de visión sobre los alcances de la crisis

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fiscal. La batalla enconada entre la Cámara de Representantes dominada por el Partido Nuevo Progresista (PNP) y el gobernador estadolibrista (PPD) impusieron nuevas condiciones de reflexión sobre la situación económica de Puerto Rico.

No parece exagerado afirmar que como resultado de esa batalla, y de la relación profunda que existe entre la crisis del bipartidismo, la crisis del estado colonial, y la situación económica, se generalizado y se ha profundizado, tanto en el gobierno como entre los representantes del capital local, la idea de que la crisis económica tiene una dimensión histórica muy seria. Una visión superficial de la historia del siglo pasado permite concluir que cuando en Puerto Rico se abre paso una situación económica crítica, los conflictos políticos se acentúan, las fuerzas políticas tienden a equilibrarse y surge lo muchos consideran un tranque político. ¿Qué razones hay para pensar que la intensa división política existente se va a debilitar? Todo indica que el camino a seguir para entender la situación actual tendrá que considerar cómo los dos partidos de gobierno articulan sus propuestas con el capital y con la población asalariada y marginada del país. Varios empresarios han expresado su consternación en la prensa sobre el carácter maligno de la lucha política para el desenvolvimiento de la economía.

Es de esperarse, por consiguiente, dado el panorama político del país, que la dimensión estructural de la crisis siga un curso visible. En este contexto político, se entiende la renovada preocupación por el agotamiento del modelo económico actual, por parte de los grandes empresarios privados y su clamor por un nuevo modelo económico. No hay que olvidar que la crisis fiscal de mayo de 2006 era previsible desde el año anterior, cuando el recién electo gobernador, Aníbal Acevedo Vilá, no pudo llegar a un acuerdo con la Cámara de Representantes dominada por el PNP y prefirió mantener el presupuesto del año fiscal anterior.

Ya en enero de 2006, varios representantes de la empresa privada insistieron en la necesidad de vincular una profunda reforma fiscal con la necesidad de un nuevo modelo económico. Miguel Ferrer, por ejemplo, presidente de UBS Financial Services, insistió en vincular estos dos aspectos. Pero su propuesta se redujo a afirmar que tenemos “que exportarlo todo”. Llama la atención este señalamiento porque expresa la esterilidad del capital en la oferta de soluciones a los serios problemas económicos del país. ¿No ha sido históricamente la economía de mercado en Puerto Rico una acentuación progresiva de exportaciones e importaciones? ¿No se considera que es una de las economías más abiertas del mundo? Ferrer propone atender la crisis con más de lo mismo. Por otra parte, Iván Méndez, director ejecutivo de la Alianza para el Desarrollo de Puerto Rico, vinculó la reforma fiscal con la necesidad de reducir el tamaño del gobierno. Propuso crear las condiciones para que la empresa privada pudiera absorber la fuerza de trabajo que el gobierno deje libre en su reducción.2 Destaco estas dos propuestas patronales - aumentar las exportaciones y reducir el tamaño del gobierno - porque se repiten continuamente y porque son representativas de la visión empresarial local. En marzo de 2006, el Caribbean Business destacó que en medio de una crisis fiscal el gobierno seguía aumen-

tando su fuerza laboral. El editorial de este periódico señaló que el sector privado era el que tenía la responsabilidad de crear los empleos.3 Sobre cómo el sector privado iba a cumplir con este propósito, nada se dice.4 Existe en el ambiente empresarial la idea de que el llamado gigantismo gubernamental se ha convertido en un impedimento al desarrollo de la empresa privada.

El señalamiento es cómodo porque facilita la huida del estudio serio de la crisis fiscal. La atención, por consiguiente, se reduce al espacio de manifestación de la crisis: el gobierno. ¿No es evidente el problema? Basta mirar las estadísticas. El Nuevo Día proveyó algunas significativas el pasado abril: en el año 1969 había 157,000 empleados públicos y en el año 1999, la cifra había aumentado a 302,000. Se había doblado el empleo público en prácticamente tres décadas. Además, el otro síntoma, la deuda pública, había ascendido de $2,596,000,000 en 1972, hasta llegar a $39, 419, 700, 000 en 2005. Es decir, mientras el empleo público casi se dobla en esas tres décadas, la deuda pública se multiplicó por más de 15 veces.5 El deslizamiento por el plano más fácil y evidente del problema ha cristalizado en planteamientos realmente alucinantes.

Manuel Morales, presidente de la firma de consultores Quality for Business Success, por ejemplo, en la 78va convención anual de la Asociación de Industriales, según la prensa, señaló que “la proporción de empleados públicos debe ser uno por cada 36 habitantes, en vez de uno por cada doce como es ahora”.6 Es decir, dos tercios del empleo público deberían desaparecer. Aún cuando se trate de un error de la prensa, se pueden encontrar múltiples ejemplos que van en esta misma dirección. Lo que procede, por el contrario, es cuestionar e indagar sobre el llamado gigantismo gubernamental. Más todavía cuando la misma prensa que representa los intereses del capital ha abierto la posibilidad de una reflexión más cuidadosa.

La otra cara del llamado gigantismo gubernamental.

Para comprender la obsesión del sector de los grandes empresarios con el gigantismo gubernamental, es necesario observar lo que ha sucedido durante los últimos años con la deuda pública. No son pocas las voces en la prensa que han destacado el escandaloso crecimiento de la deuda durante el gobierno de Sila Calderón. El Caribbean Business señaló el crecimiento excepcional de la deuda durante el período entre diciembre de 2000 y diciembre de 2005: de $26, 183 billones a $42,448 millones. Un incremento de $16, 265 millones durante esos cinco años.7 Miguel Díaz Román, por otra parte, destacó que mientras la deuda “tuvo un alza de $3,262 millones anuales”, durante el gobierno de Calderón, la nómina del gobierno central se incrementó en 12,748 plazas durante ese cuatrienio.8 ¿Cómo puede explicarse este proceder?

Para entender la conducta del gobierno hay que considerar varios elementos: el ataque del 11 de septiembre de 2001 a las torres gemelas en Nueva York, la recesión que se comenzó a manifestarse ya en 2001 y tuvo su punto más intenso en 20022003, y el cierre de fábricas como resultado de la liquidación de la Sección 936. El aumento del empleo gubernamental fue,

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entonces, la respuesta del gobierno a una situación económica crítica, caracterizada precisamente por la pérdida de empleos en el sector privado. Desde la decisión de terminar la Sección 936, en 1995, se han perdido decenas de miles de empleos manufactureros en Puerto Rico. Ante esta realidad, ¿cómo es posible que los grandes empresarios y sus representantes ideológicos hablen con tanta superficialidad sobre la posibilidad de que el sector privado cree los empleos que se deben eliminar en el gobierno?

El propio Caribbean Business ha señalado en múltiples ocasiones que Puerto Rico ha tenido, desde el establecimiento del Estado Libre Asociado, dos válvulas de seguridad y estabilidad social: la emigración y el empleo público. La emigración masiva fue necesaria en la época de oro de Operación Manos a la Obra, de 1950-1960, y el crecimiento del empleo público se impuso como medida inevitable para contrarrestar los efectos de la recesión de 1974-75 y el descalabro del proyecto petroquímico durante esa misma década. Es evidente que ambas válvulas de seguridad pública, destacadas por el Caribbean Business, apuntan a serias deficiencias de la empresa privada desde el punto de vista de la creación de empleos. Como puede notarse, tales deficiencias tienen una larga historia: llegan hasta los orígenes del ELLA. ¿Por qué entonces no se abre un análisis serio con respecto al carácter de la economía privada existente en Puerto Rico? Una vez se reconoce que se ha agotado la válvula del empleo público, se entiende la pertinencia patronal de hablar de un nuevo modelo económico para la isla, así como los ataques virulentos al llamado gigantismo gubernamental.

Ahora bien, con respecto a qué medida se ha establecido el carácter gigantesco del gobierno de Puerto Rico. En agosto 26 de 2004, el Caribbean Business publicó un extenso artículo comparando la economía de Puerto Rico, como territorio, con la economía de varios estados de Estados Unidos. Presentaron una gráfica con información sobre Puerto rico y ocho estados, indicando el número de empleados públicos por cada 10,000 habitantes. Puerto Rico alcanzó la cifra de 771 empleados públicos y excedió por bastante a los tres estados más cercanos: Nuevo México con 650, Mississippi con 645, y Nueva York con 627.9 La información recogida parecía indicar que había razón para hablar del gigantismo gubernamental.

El Caribbean Business amplió su búsqueda de información y recientemente publicó dos pequeñas gráficas en las que compara a Puerto Rico con los cincuenta estados de Estados Unidos.

La primera gráfica publicada establece el por ciento de los empleados públicos en relación con la población de Puerto Rico y los estados. El resultado de este primer acercamiento no reveló la existencia del llamado gigantismo gubernamental. Puerto Rico, con su 7.4%, si bien se encuentra sobre el promedio de los cincuenta estados, no tiene el gobierno más grande en relación con la población. “That claim goes to Wyoming, also the least populous state, while PR ranks 14th, tied with Mississippi.”10 Si se compara a Puerto Rico con los diez estados que tienen una población similar, la isla ocupa la cuarta posición. Sin embargo, su proporción entre empleados públicos y población está por encima del promedio de estos diez estados. Para que Puerto

Rico coincida con el promedio de estos diez estados, habría que eliminar el 5% de los empleados públicos. Esta cifra no está muy lejos de la cantidad de empleos que fueron añadidos durante el gobierno de Sila Calderón como una forma de lidiar con la recesión de 2001-2002. Es decir, que esta primera gráfica no permite llegar a la conclusión de que en Puerto Rico existe una situación de gigantismo gubernamental.

La segunda gráfica resulta todavía más reveladora. Establece el por ciento del empleo gubernamental en su relación con el empleo total. El empleo gubernamental en Puerto Rico asciende al 27.9% comparado con la cifra total de empleos. Este porcentaje es mucho más elevado que el prevaleciente en la totalidad de los estados. Los diez estados que más se acercan a Puerto Rico apenas llegan al 18.4%. Es decir, que cuando se compara el total de empleos públicos con el total de los empleos existentes en la economía de la isla, se puede concluir que existe el llamado gigantismo gubernamental. ¿Qué revela entonces el tamaño excesivo del gobierno? Algo que no puede negar el Caribbean Business: “That it is not so much that Puerto Rico’s government is overly large, but that the private sector is too small.”11 Estamos ante el encuentro de lo que se ha dicho hace décadas, desde una perspectiva laboral. Ahora representantes del capital, en la búsqueda de datos concretos para justificar su propaganda, descubren la amarga realidad de que el sector privado tiene una capacidad pequeña como generador de empleos. Ahora bien, es preciso señalar lo que el Caribbean Business no se propone hacer: el raquitismo del sector privado no comenzó con el ELA Ha sido una propiedad inherente a la dominación imperialista que se le ha impuesto a la isla. La economía de Puerto Rico ha sido incapaz, desde 1898, de proveer los empleos suficientes para garantizar, bajos las premisas del capital, la reproducción normal de la clase trabajadora puertorriqueña.

Para salir de la trampa ideológica del llamado gigantismo gubernamental es necesario considerar que las contradicciones exacerbadas que se expresan en el sector público responden a fuerzas económicas que operan en un contexto económico más amplio. Están determinadas por la manera en que fueron impuestas en Puerto Rico, en su forma más desarrollada, las relaciones de producción inherentes al dominio del capital. En otra palabras, para comprender los problemas actuales, es imprescindible someter a un estudio riguroso la forma en que se generalizó el mercado en Puerto Rico. No se puede dar por sentada la estructura de la economía de mercado existente, como hace Joaquín Villamil en unas observaciones hechas en medio de la crisis del pasado mayo, oponiéndose a la retórica de la lucha de clases: “The fact is that we live in a market economy that operates by the rules of the market”.12 Por el contrario, si algo resulta urgente es hacer un estudio sobre cómo llegó a establecerse tal estructura de mercado.

La última conquista del capital: la agricultura.

Lo primero que habría que considerar con precisión fue la forma en que se desarrollo la división del trabajo en Puerto Rico en su forma más general a partir de 1898. Me refiero a la división social del trabajo en sus grandes sectores: la relación entre la

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agricultura y la industria, por ejemplo. “La base de todo régimen de división del trabajo un poco desarrollado y condicionado por el intercambio de mercancías es la separación entre la ciudad y el campo.” 13 Si se considera la primera mitad del siglo XX, a grandes rasgos, lo que evidenciamos es la subordinación de la agricultura puertorriqueña a los intereses del capital estadounidense. La agricultura, que en la forma clásica del desarrollo, según señaló Marx, es la última conquista del capital, en Puerto Rico se convirtió en la primera. Para que quede claro, cuando Marx se refirió a la última conquista, ésta consiste en la transformación de la agricultura en una rama más de la gran industria urbana. La agricultura puertorriqueña, por consiguiente, quedó subordinada a los intereses reproductivos de un conjunto muy pequeño de grandes compañías monopólicas cuyo centro de operaciones se encontraba en ciudades estadounidenses. Si el capital no pudo entonces barrer con todos los intereses agrícolas locales fue porque el monopolio de la tierra no se lo permitió. Por tanto, tuvo que articular su dominio económico contando con grandes y medianos intereses azucareros locales como importantes socios subordinados.

La conquista de la agricultura tuvo, por consiguiente, un aspecto significativo: el aparato industrial que se proyectó sobre la isla lo hizo desde ciudades industriales externas a Puerto Rico. En Puerto Rico existía un vacío relativo de desarrollo industrial moderno con una base en los pueblos y las ciudades. Hay que tener presente también que la conquista de la agricultura isleña se hizo cuando el capital estadounidense había entrado ya con firmeza en su etapa monopolista. El resultado fue la liquidación de la pequeña y mediana producción agrícola, además de cerrarle el espacio al desarrollo industrial interno, debido a la competencia directa que el aparato industrial desarrollado de la metrópoli le hizo, al quedar la isla incorporada al sistema tarifario estadounidense.

Como consecuencia de ese tipo de desarrollo capitalista, la clase trabajadora de la isla nació en unas condiciones muy desventajosas. La proletarización campesina, con todos sus aspectos intermedios, conllevó el surgimiento de un mercado de trabajo que se caracterizó por la superabundancia de trabajadores para los escasos empleos que proveía la nueva economía. Es decir, el capital no pudo establecer una base económica amplia capaz de absorber la fuerza de trabajo que él mismo generaba con sus acciones. Las primeras cuatro décadas fueron de una pobreza generalizada espantosa: salarios de hambre y desempleo, acompañados ambos de una verdadera plaga de enfermedades que minaron la salud de grandes sectores de la población..

Ahora bien, lo característico de la reducida y estrecha estructura económica que el imperialismo le impuso a Puerto Rico, con su conquista de la agricultura sin una presencia significativa de desarrollo industrial urbano, fue el dominio abrumador que tuvo el azúcar en nuestra economía. En 1940, por ejemplo, el azúcar y las mieles constituyeron el 62.9% del valor de las exportaciones.14 No fue exagerado considerar todo este largo período como el reinado del azúcar. ¿Puede acaso concebirse una economía amplia y desarrollada con este tipo de estructura?

Podría pensarse que la industrialización de la isla a partir de

1947, una vez finalizada la segunda guerra mundial, superó esta estrechez. Varios economistas han destacado que en Puerto Rico la industrialización se dio en 25 años, cuando en países hoy desarrollados, como los de Europa occidental, el proceso duró varios siglos. Ya en 1955 los ingresos netos de la manufactura habían superado los de la agricultura. La realidad fue que la industrialización llevada a cabo en Puerto Rico a partir de 1950 fue una prolongación del complejo aparato industrial estadounidense. La orientación del desarrollo industrial estuvo, por consiguiente, en función del mercado de la metrópoli. Además el ritmo impresionante del desarrollo industrial urbano se combinó perversamente con un ritmo también impresionante del deterioro de la producción agrícola que había dominado durante las primera mitad del siglo. El rápido desarrollo industrial y la rápida debacle agrícola son dos caras de un mismo desarrollo histórico. Durante la primera década del proceso de industrialización se perdieron más empleos en la agricultura que lo que fueron creados por la manufactura. El resultado fue que Puerto Rico se vio otra vez con una economía fragmentada e insuficiente para proveer los empleos que la población trabajadora, sometida al salario, necesitaba para su reproducción.

Es evidente que con el proceso de industrialización moderna no pudo dársele un nuevo contenido a la división social del trabajo en su aspecto más general, propiciando la vinculación efectiva de los grandes sectores de la economía: la agricultura y la industria, con sus correspondientes formas de distribución y circulación de la producción. No puede sorprender, entonces, que el modelo económico de la Administración de Fomento Económico, desde su origen, fuese incapaz de propiciar un desarrollo industrial con unidades productivas vinculadas entre sí, eslabonadas a través de un complejo tejido de intercambios. Si la velocidad de la industrialización de Puerto Rico fue posible debido a la falta de determinaciones internas de las unidades de producción, a la falta de vínculos con el mercado interior y a una separación definitiva de tales industrias con la actividad agrícola, ¿cómo podía esperarse que generaran una economía coherente y diversa? El éxito de la edad de oro de Operación Manos a la Obra no puede desligarse, además, del proceso de emigración masiva de puertorriqueños a las ciudades estadounidenses durante la década de 1950-1960.

Puerto Rico entró al capitalismo moderno a partir de 1950 y vivió el espejismo de salir del monocultivo azucarero y de la dominación de grandes compañías monopólicas, como las que controlaban el azúcar y el tabaco, consideradas como “colmillús” por el propio Luis Muñoz Marín. Pero la dominación del capital extranjero, al despegarse de la agricultura y superar el monopolio de la tierra, lo que ha hecho es avanzar con paso firme de forma progresiva y alarmante. El avance se ha extendido, durante las últimas décadas hacia el dominio del comercio al detalle. La mayor fuente de empleos privados, hoy día, es Wal Mart. Pero si observamos el aparato industrial existente en Puerto Rico en la actualidad, no es difícil establecer un parentesco profundo con la época del reinado del azúcar. Veamos una curiosa y significativa expresión reciente que resulta iluminadora.

El 13 de agosto, El Nuevo Día, en la página 17, publicó un

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artículo de Daneris Fernández, presidenta del Conglomerado Industria Farmacéutica. Comienza su artículo celebrando el pacto firmado recientemente entre sistemas universitarios y el sector farmacéutico de la isla. Expresa, en primer lugar, un gran optimismo por la calidad de “nuestros científicos, la mayor parte de los cuales son egresados de algunos de los mejores programas del mundo.” Pero es su segunda observación la que resulta sorprendente: “En segundo lugar, porque hemos demostrado durante las pasadas cinco décadas, que podemos reinventarnos desde ser uno de los mejores productores de azúcar, a uno de los polos de procesamiento de petróleo más productivos, hasta ser el centro de producción farmacéutica más eficiente del mundo.”

La relación que establece Daneris Fernández entre la actual industria farmacéutica y la producción azucarera que dominó las primeras cinco décadas del siglo pasado debe causarle horror a Luis Muñoz Marín en su tumba. Es posible que Daneris Fernández no tenga una consciencia clara de todas las implicaciones de su comparación. Pero sabe lo que está diciendo y no parece importarle. Añade lo siguiente: “Nuestra industria suple el 72% del mercado de los Estados Unidos, manufactura 16 de los principales 20 y 44 de los principales 100 medicamentos del mundo, y genera una actividad económica que representa el 24% de nuestro Producto Nacional Bruto y el 67% de nuestras exportaciones.”

Es decir, que después de más de 50 años de transformación industrial, cuando se analiza la actividad de esta economía muy abierta, una de las más abiertas del mundo, como dicen los economistas, tenemos una estructura de exportaciones parecida a la del capitalismo agrícola de principios de siglo. Claro, la diferencia representa un grado elevado de sofisticación; en lugar de azúcar, tenemos medicamentos. Tiene razón Daneris Fernández al comparar la industria farmacéutica con la vieja industria azucarera: la estructura profunda del coloniaje se ha mantenido a lo largo de las décadas. Existe, no obstante, una diferencia enorme.

En ese 67% de las exportaciones farmacéuticas no hay prácticamente presencia de capital local, mientras que en las cifras equivalentes de las exportaciones azucareras, un porcentaje elevado le correspondía a terratenientes y productores locales. En otras palabras, ha sido significativo, en el tránsito del azúcar a las farmacéuticas, la pérdida de control sobre la economía existente en Puerto Rico.

Referencias 1 Caribbean Business, “Editorial”, 18 de mayo de 2006, p. 28 2 El Nuevo Día, 6 de enero de 2006, p. 38.

3 Caribbean Business, 30 de marzo de 2006, p. 38.

4 Caribbean Business, “Editorial”, 18 de mayo de 2006, p. 28 5 El Nuevo Día, 17 de abril de 2006, p. 4.

6 Ibid, 3 de junio de 2006, p. 46.

7 Caribbean Business, 4 de mayo de 2006, p. 2. El editorial de este mismo día hace también observaciones contundentes sobre estos cinco años: “In 2005, the debt reached a record 80% of the island’s $53 billion gross product and 87% of the island’s $48.8 billion personal income. By comparison, in 1970 these

Si la economía de Puerto Rico entró en su proceso moderno de industrialización urbana desvinculándose totalmente de la agricultura y se desarrolló sobre las cenizas de la anterior agricultura capitalista, ¿sorprende que tenga un sector privado raquítico desde el punto de vista de la creación de empleos? ¿Puede decirse que ha sido el gigantismo gubernamental un obstáculo al desarrollo del sector privado? Otra vez Daneris Fernández puede ilustrarnos. La industria farmacéutica representa 67% de las exportaciones de Puerto Rico, pero solamente 24% del Producto Nacional Bruto. Bajo esta economía de exportaciones, de alta tecnología, de alta composición orgánica del capital, la creación de empleos exige grandes inversiones de capital, haciéndose cada día más problemática en el sector manufacturero.

Además, como hemos visto, un tema clave sigue ardiendo en el centro de las contradicciones acumuladas en nuestra historia económica: el olvido de la agricultura. Este olvido ha venido acompañado de una agresiva destrucción de terrenos agrícolas productivos. Recientemente José Molinelli hizo la advertencia del peligro que representa este abandono, considerando la protección de las tierras agrícola como “un asunto de seguridad nacional”. Su advertencia va dirigida contra las fuerzas dominantes en la historia del mercado en Puerto Rico. “El dedicar nuestros mejores terrenos a la siembra de estacionamientos, centros comerciales, urbanizaciones y carreteras conlleva la delegación de nuestra responsabilidad alimentaria a manos extranjeras cuya obligación primaria es hacia ellos mismos.” Y añade más adelante: “Presupone no solamente el que siempre podremos pagar el precio de los alimentos importados y su transportación, sino que siempre habrá alimento disponible para importar.” Molinelli termina su artículo con la siguiente interrogación: “La pregunta fundamental es si podemos darnos el lujo insensato de perder nuestro potencial agrícola por seguir políticas erradas que siguen erosionando los cimientos de nuestra tierra.”15 Meses antes El Nuevo Día había publicado una gráfica que recoge el número de cuerdas agrícolas disponibles en Puerto Rico desde 1910 hasta el 2002. El cuerdaje total en 1910 era de 2,085,162 cuerdas, mientras el de 2002 se reducía a 690,687. La alarmante disminución, en una isla relativamente pequeña, ofrece una figura de la radical disociación que tuvo el programa de Operación Manos a la Obra con respecto a la agricultura. El precio de ese abandono se encuentra escondido en el costo social que tiene la crisis actual.

ratios were 35% and 44%, respectively.” (p. 24) El Nuevo Día, 20 de marzo de 2006, p. 10.

Caribbean Business, 26 de agosto de 2004, p. 33.

Ibid, 4 de mayo de 2006, p. 15.

Ibid, 11 de mayo de 2006, p.15.

Ibid, 11 de mayo de 2006, p.18.

Carlos Marx, El capital, Tomo primero, La Habana: ediciones venceremos, 1965, p.307.

14 James L. Dietz, Historia económica de Puerto Rico, Río Piedras: Ediciones Huracán, 1989, p. 191.

15 El Nuevo Día, 15 de julio de 2006, p77.

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Ilustración por Raúl Ramos

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Puerto Rico 2006:

cinco crisis en una Una sensación de crisis atraviesa a todo Puerto Rico. No está demás hacer un intento de orientarnos en este laberinto. Ese es el objetivo de lo que sigue, que necesariamente tiene un carácter esquemático. Es apenas el esbozo de un mapa que nos ayude a orientarnos desde una perspectiva más amplia. Hago críticas y auto-críticas, creo que el momento lo exige. Callar para no ofender sería irresponsable. Pero vamos al tema.

Cinco crisis en una o cinco aspectos de la crisis a crisis actual puede describirse como cinco crisis en una.

Las cinco crisis se refieren a: (1) crisis de la estructura económica construida a partir de 1947 y, más específicamente, de los intentos de reorganizarla a partir de la década del setenta; (2) crisis del estado, es decir del Estado Libre Asociado instalado en 1950-52; (3) crisis del sistema de partidos políticos dominantes, caracterizado por la alternancia PPD-PNP en funciones desde la década del setenta; (4) crisis de las estructuras del movimiento obrero, surgidas también desde fiRafael Bernabe nales de la década setenta y principios de los Apuesta ochenta, y, más específicamente, de su reciente re-alineamiento bajo la Ley 45; (5) crisis del independentismo y de la izquierda socialista. Quisiera tomar cada una de estas crisis, o elementos de la crisis, una por una.

L

Crisis de la estructura económica El primer aspecto al que hice referencia es la crisis de la estructura económica del periodo post-guerra. Esta es la cuarta estructuración de la economía de Puerto Rico desde la invasión norteamericana en 1898. La primera fue la época de la especialización en la producción de varios productos agrícolas semielaborados para exportación (azúcar crudo, hojas de tabaco) y manufacturados (aguja y otros), estructura que entró en crisis a raíz de la gran depresión. La segunda fue la depresión misma y los intentos de responder a ella con reformas de diverso tipo, así como el esbozo de un proyecto de desarrollo más orientado al mercado interno y una reducción del control del capital extranjero. La tercera fue el viraje de “Manos a la obra” desde 1947 que centró la estrategia económica del gobierno en la atracción de inversión norteamericana con el incentivo de exención contributiva, bajos salarios y acceso al mercado de Estados Unidos.

Como ya se sabe, la estructura económica colonial surgida de este proceso nunca pudo reducir el desempleo en Puerto Rico a menos del 10% y buena parte de su éxito se debió a la salida de cientos de miles de trabajadores hacia Estados Unidos. De hecho, durante la década del cincuenta se redujo el número total de empleos en Puerto Rico, a pesar de que el nivel de vida de la mayor parte de la población mejoró visiblemente.

La crisis que ahora vivimos implica un agotamiento de este es-

quema basado en la exención contributiva o más específicamente, del intento de reorganizarla a partir de la recesión de 19731974, bajo el manto de la Sección 936. Esta reorganización (la tercera desde 1947, algo que no vamos a detallar aquí) se caracterizó por la expansión de la industria electrónica, farmacéutica y otras de alta inversión capital por mano de obra empleada.

Pero está política reformulada no logró lanzar una nueva expansión vigorosa de la manufactura. El desempleo se mantuvo por lo general por encima del 15%, la tasa de participación laboral por debajo del 50%. Tan sólo un incremento del flujo de fondos federales permitía proveer a buena parte de la población con un ingreso mínimo. Quienes señalan esto como muestra de las bondades del colonialismo olvidan que la necesidad de tal flujo es precisamente una muestra de las insuficiencias de la estructura económica que el colonialismo ha creado en Puerto Rico.

Por otro lado, la incapacidad de esa economía capitalista-colonial, de la cacareada empresa privada, de enfrentar el problema del desempleo ha conllevado un aumento considerable del sector público. No es cierto que el estado haya “sofocado a la empresa privada” como dicen los ideólogos del capital privado y la mal llamada “libre empresa”. Al contrario: tan sólo la expansión del sector público ha evitado niveles catastróficos de desempleo, dadas las insuficiencias de la empresa privada. No obstante, esa expansión del empleo público tiene sus límites: dada la política de no cobrar impuestos a las grandes empresas, depende del impuesto a individuos, de ayudas federales y de un creciente endeudamiento. Ese mecanismo llegó al límite: los fondos federales aumentan poco o se reducen. El crédito del gobierno está al límite. El gobierno tiene entonces dos opciones: aumentar los impuestos a la clase trabajadora y despedir empleados públicos o realizar una reforma que le meta el diente a las grandes ganancias. El peso de la deuda, al igual que en el resto del mundo, permite a los centros financieros imponer sus condiciones que incluyen: reducir el sector público, cero concesiones a empleados públicos, privatización, cobro por servicios del estado, aumento de tarifas, etc.

Por otro lado, la sección 936 ya no existe. Se han perdido cerca de 30 empleos en la manufactura, los llamados depósitos o fondos 936 en la banca del país se han reducido igualmente. El

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gobierno necesita una nueva estrategia económica y no la tiene.

La empresa privada, con el apoyo de las casas acreditadotas de Wall Street exigen eliminar protecciones del trabajo y reglamentación de sus operaciones: su horizonte es inmediato y se limita a exprimir más al trabajador y trabajadora. No se trata de nuevas estrategias de crecimiento y prosperidad: se trata de asegurar que mientras el país se hunde en una crisis cada vez más grave, sean los desposeídos quienes acarreen las consecuencias, mientras unos pocos se aprovechan del desastre para consolidar sus privilegios.

Crisis del estado La segunda crisis a que hice referencia es la crisis de la estructura política, es decir del Estado Libre Asociado instalado en 1952. Esta ha sido la tercera organización de la estructura colonial desde 1898. La primera fue el gobierno militar de 1898 a 1900, la segunda fue la estructura de tutela directa con participación insular bajo las leyes Foraker primero y la ley Jones después. La tercera fue la creación del ELA en 1950-52. Bajo el manto de la adopción de una constitución propia y de la realización de un pacto bilateral con Estados Unidos y cimentada en la indudable prosperidad económica del periodo de post-guerra y mejoramiento de condiciones de vida, el ELA gozó de considerable legitimidad y apoyo. Pero, como indicamos, la prosperidad que le sirvió de fundamento empieza a erosionarse según la expansión de post-guerra da paso a la onda depresiva a mediados de la década del setenta. La economía del ELA entra en crisis.Ya vimos los lineamientos generales y más recientes del proceso en el apartado anterior.

La sociedad puertorriqueña entera se sumerge cada vez más en un ambiente de tensión y violencia, cuya manifestación más dramática es la expansión de la economía informal –causadas por las insuficiencias de la economía formal- y, sobre todo su sector vinculado al narcotráfico, en el que la competencia típica de toda economía de mercado adquiere un carácter particularmente violento.

Por otro lado, a la vez que el apoyo al ELA se desgasta en Puerto Rico con el crecimiento del movimiento estadista, crecen en los sectores dominantes en Estados Unidos la preocupación sobre la viabilidad del ELA y sus crecientes costos para el gobierno federal. Hay que recalcar que los fondos federales que llegan a la isla no son una deducción a la economía norteamericana, pues la mayor parte se usa para comprar productos norteamericanos: se trata de un subsidio a los exportadores norteamericanos.

Aunque ciertamente es una carga al gobierno federal. Por otro lado, tampoco está claro que haya consenso en las altas esferas del poder en Estados Unidos sobre qué hacer con Puerto Rico, si moverlo hacia la estadidad, a la independencia o a la libre asociación. Lo más probable es que cada solución cuente con sus partidarios. Pero no hay duda de que el tema está en debate y de que, más aún, cada vez es más difícil encontrar funcionarios o figuras prominentes en Washington que defiendan o abracen el ELA como ha sido defendido históricamente por el PPD, es decir, como una mezcla de “unión permanente” y “pacto bilateral”. El ELA es ya casi universalmente descrito como una versión de

territorio no incorporado, es decir una colonia, lo cual no puede menos que acelerar su ya avanzada pérdida de legitimidad. El hecho de que líderes claves del PPD como José Aponte, alcalde de Carolina, empiecen a coquetear con la libre asociación es síntoma de que incluso entre sus defensores el ELA empieza a presentarse como una estructura en crisis.

Crisis del sistema de partidos La tercera crisis a la que hice referencia es la crisis del sistema de partidos políticos dominantes, caracterizado por la alternancia PNP-PPD. Este es el cuarto sistema de partidos políticos que ha surgido en Puerto Rico desde 1898. El primero se caracterizó por el dominio del Partido Unión de 1904 a 1930, retado con cada vez más éxito por el Partido Republicano y el Partido Socialista. El segundo implicó la reorganización y crisis de los partidos durante la década del treinta y que concluyó con el surgimiento y ascenso del PPD. El tercero fue el dominio casi absoluto del PPD durante la época de gloria de “Manos a la Obra” y bajo el recién creado ELA durante el periodo de expansión de post-guerra. El cuarto ha sido la pérdida de dominio absoluto del PPD y la alternancia política con el PNP desde los setenta.

Este rejuego de ambos partidos se hace ahora inoperante. El balance de fuerzas entre ambos sectores no se traduce ahora en alternancia en el gobierno sino que produce un gobierno dividido, incapaz de actuar con un mínimo de coherencia, ni siquiera en términos de un funcionamiento cotidiano de las estructuras existentes. Claro está, las crisis que hemos señalado se combinan de manera compleja: la crisis de la estructura económica se combina con el tranque de los partidos, en el contexto de forcejeos ante posibles iniciativas sobre el status, para producir una crisis fiscal y una parálisis de parte del gobierno como la que acabamos de vivir. (Parte de esto es la posible estrategia del caos de Rosselló de desarticular el ELA, confiado en que ello redundará en beneficio de la estadidad.)

Ante todo esto crece la crisis de los partidos existentes: el PNP se divide en dos bandos y uno expulsa al otro que aún así retiene control de un cuerpo legislativo en alianza con el PPD. El PPD, por su lado, sabe bien que no puede ganar elecciones sin el apoyo de un sector del independentismo y que en la crisis actual ha tenido que contar con el sector estadista en el Senado. Así mismo crece el rechazo de los políticos y hasta de la política, sin que surja por otro lado, una clara opción de nueva política, de nueva forma de hacer política o de reemplazo de los viejos partidos.A esto se suma la degradación del personal político surgida de lo que Perry Anderson ha llamado el “encanallamiento” de la burguesía en la época del neoliberalismo. Incluso el personal de la política burguesa imperial se degrada: Bush es el ejemplo más notorio. En Puerto Rico son tantos los ejemplos de políticos sin visión y sin más compromiso que la politiquería entendida en la forma más pedestre que no sabría uno por donde empezar.

La crisis del sindicalismo La cuarta crisis a que hice referencia toca las estructuras del movimiento sindical según se reorganizaron a partir de 1998, es decir, del desenlace negativo de la lucha contra la privatización (cuyo momento culminante fue la Huelga del pueblo) y la apro-

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bación de la Ley 45. Este es el cuarto momento de la historia del movimiento sindical desde 1898. El primero estuvo dominado por las organizaciones en lo fundamental de obreros diestros agrupados en la Federación Libre de Trabajadores y el Partido Socialista. El segundo correspondió a la crisis de la FLT y el Partido Socialista en el década del treinta y la búsqueda de nuevos vehículos de organización sindical, proceso que culminó en la creación de la Confederación General del Trabajo en 1940-45. El tercer momento implicó la división y desarticulación de la CGT en 1945-46 y el predominio de las internacionales vinculadas a la AFL-CIO que a su vez sufrían un rápido proceso de burocratización luego de las grandes luchas de la década del 1930. El cuarto momento lo conforma la fragmentación del movimiento sindical en varias corrientes (básicamente la AFL-CIO, la CPT, otras corrientes: el CGT, luego la coordinadora sindical) luego de la desarticulación de los intentos de crear un nuevo movimiento obrero unido a principios de los setenta. Además de la fragmentación, esta etapa se ha caracterizado por la retirada del sindicalismo del sector privado y de la manufactura en particular y su creciente concentración en el sector público. No tenemos aquí el espacio para hacer la historia de los intentos de coordinar esta fragmentación sindical ante las embestidas del gobierno patrono, desde el COS en los ochenta y noventa a la creación del CAOS en 1997. Sin embargo, el momento actual, como indicamos, es la crisis de las estructuras surgidas de dos hechos: la desaparición del CAOS como frente unido anti-privatización y la reorganización de buena parte del movimiento sindical bajo la ley 45.

Un sector del liderato sindical actual tiene como único horizonte la administración de convenios colectivos, para lo cual apuesta sobre todo al cabildeo en sus mil variantes. Esta corriente está ante una pared, pues la crisis fiscal implica que las negociaciones difícilmente pueden avanzar normalmente. Es desde esta perspectiva que se enfrentan a la crisis fiscal: aceptan cualquier solución que a corto plazo permita (o aparente facilitar) negociar los convenios. Aceptan de entrada, como han hecho algunos, el impuesto de ventas de 7% propuesto por el Gobernador Aníbal Acevedo Vilá, o, en cambio, acabarían por aceptarlo como mal menor o inevitable (más allá de algunas protestas verbales). Todo con tal de evitar el cierre, volver al trabajo y volver a la normalidad de administrar sus convenios. El problema, claro está, es que Acevedo Vilá propone pero no dispone y el 7% no ha podido legislarse. Por ello, incluso este sector del liderato sindical se ve empujado a regañadientes a la movilización. Para que sea efectiva, esa movilización requiere amplitud y este sector del liderato sindical se inclina por ello a buscar aliados con otros sectores sindicales. Así, en la medida que el cierre se extendía y el PPD no era capaz de imponer su solución se llegó a considerar algún tipo de movilización, e incluso consignas como “que la crisis la paguen los ricos”. Pero, como indicamos, la orientación de este sector no deja de ser la búsqueda de la salida más rápida posible: por ello gravitaban a movilizarse para presionar al PNP para que aceptara la propuesta de Acevedo Vilá. Y estas vacilaciones se traducen en consignas vagas como ¡Basta de abusos!, ¡A resolver el tranque!, ¡Si no responden van pa’fuera en el 98!,

que sin abrazarlo, tampoco rechazan las soluciones que propone el Gobernador, con el cual, por otro lado, no dejan de abrazarse públicamente y contra el cual no organizan protesta alguna, concentrando su fuego sobre la Cámara de Representantes. Atrapados en esta oscilación este sector fluctúa de día en día: el jueves 4 de mayo proponen el paro nacional para el lunes 8 y hay que convencerlos de esperar hasta el martes. El viernes 5 deciden, amparándose en que se anunció prematuramente, que no han de participar en el paro. El sábado 6 lanzan una campaña contra el sector sindical que rechaza las propuestas tanto del PNP como del PPD tildándolos de ser traidores, extremistas, y mil pecados más. El jueves 11 realizan una movilización exigiendo el regreso al trabajo, sin decir claramente que solución fiscal favorecen, aunque como marcha al Capitolio la actividad correspondía a la lógica de presionar a la legislatura y de presentar a dicho cuerpo como la causante de la crisis, en consonancia con la orientación política del PPD. Un segundo sector, vinculado a la corriente que recientemente se separó de la AFL-CIO en Estados Unidos para crear la coalición Change to Win, se inclina a la movilización, pero se trata todavía de una reacción a medias, producto de la parálisis del gobierno: esta corriente se une al llamado del paro nacional el viernes 5, acude a Fortaleza a exigir una salida al Gobernador, denuncia la intransigencia del último al salir de la reunión, insiste en las consignas de que la crisis la paguen los ricos. Pero, al igual que el primer sector, da la retirada ante el brutal embate publicitario del PPD y sus aliados que acusan a todo el que no apoye al Gobernador contra la legislatura de ser “monigote del PNP”, de ayudar a Aponte a mantener el tranque, de alargar la crisis fomentando la división social.Y a última hora el lunes 8 se retiran también del llamado al paro nacional.

Pero repito: todas estas corrientes enfrentan un problema, pues la administración de convenios se ha convertido y seguirá siendo en el futuro una ruta escabrosa, en que el patrono exigirá más y más concesiones. Es necesario un cambio de funcionamiento o las consecuencias serán terribles, incluso para los líderes sindicales implicados, para no hablar de sus matrículas.

De poco van a servir los aplausos que hoy les da El Nuevo Día por ser responsables (contrastándolos con los líderes sindicales ¨ irresponsables¨ Rafael Feliciano y Ricardo Santos), a la hora de negociar convenios en el futuro o de evitar despidos, producto de la política de privatización que promueve El Nuevo Día. En esa hora lo único que podría salvarlos es la unidad del movimiento obrero a partir de un programa opuesto a la defensa de las prerrogativas de la empresa privada y el mercado que defiende El Nuevo Día. No tengo duda que la necesidad de supervivencia empujará al movimiento sindical a la unidad en la acción. La pregunta es: ¿cuantos golpes será necesario recibir para dar ese paso y cuán desfavorable será la situación en que al fin se haga?

Llegamos entonces a los sectores sindicales más orientados a la movilización y a asumir posiciones independientes de ambos partidos dominantes. No hay duda de que este sector, incluyendo los actuales presidentes de la Federación de Maestros y de la UTIER actúa bajo una presión extraordinaria. Bestial es la única palabra que describe la campaña que se ha desplegado

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en su contra por una amplia gama de actores que incluyen: el liderato de la AFL-CIO y de la CPT, la Fortaleza y el PPD y sus acólitos y repetidores en la prensa radial y escrita, buena parte del independentismo favorecedor de acuerdos o alianzas con el autonomismo. Todos coinciden en denunciarlos como “socialistas sectarios”, monigotes del PNP, etc. Se trata de un poderoso frente, que, en su flanco sindical, incluye a los mismos que en 1997 se opusieron a la creación del CAOS, y en 1998 hicieron campaña contra la dirección de Alfonso Benítez en la UIET, obstaculizaron la huelga del pueblo y acabaron por desarticularla y desbaratar el CAOS. Pero lo cierto es que el sector a que ahora nos referimos no ha respondido efectivamente al momento actual. Ha imperado la improvisación, las acciones de vanguardia sin apoyo masivo, la falta de preparación adecuada de procesos como un paro nacional, la ausencia de espacios importantes, como los campamentos frente al Capitolio. Pero sobre todo ha faltado un programa claro de cómo salir de la crisis: es necesario un proyecto fiscal, presupuestario y económico propio que la izquierda sindical no tiene, pues no ha dedicado los recursos necesarios a su elaboración.

Tanto el tema de los ataques del PPD y sus aliados en el independentismo hacia este sector como la falta de un programa amplio de este último nos llevan al tema de la crisis del independentismo y el socialismo.

Crisis del independentismo y del socialismo Ya que al Frente Socialista y sus militantes se les achacan tantas cosas equivocadas o falsas, no está demás aclarar cuál ha sido nuestra posición durante esta crisis. Ha tenido dos aspectos fundamentales: un llamado a la unidad y un programa mínimo propio, es decir, no subordinado a ninguno de los partidos existentes. Hemos insistido en todas nuestras intervenciones en que no basta con exigir que se resuelva el tranque o se pongan a trabajar los legisladores. Hay que decirles la salida a que aspiramos.

Hay que decirles que medidas rechazamos. Pero insistimos igualmente que es necesaria la acción unida de toda la clase obrera, empezando por todos los sectores del movimiento sindical, para lograr una salida a la crisis favorable a los intereses del pueblo trabajador. A los que, no importa el sector, nos planteaban que tal unidad es imposible dadas las rencillas pasadas y presentes contestamos: en ese caso está asegurada la derrota de la clase obrera en esta jornada. La crisis en ese caso la van a pagar los pobres. Las grandes empresas y detrás de ellas Wall Street están presionando y cabildeando día a día para que no se adopte medida alguna que afecte sus privilegios. Si no podemos poner del otro lado la fuerza del movimiento obrero unido no hay duda que los primeros se saldrán con la suya.

Por eso, para dar un ejemplo, cuando hicimos un piquete al mensaje del gobernador a la legislatura no tuvimos reparo en dar nuestros micrófonos a líderes del CPT que allí protestaban cerca de nosotros. Pero, ¿qué reacción tuvo el liderato de la CPT y AFL-CIO cuando asistimos a una actividad que realizaron en el lado norte del Capitolio? A pesar de que estábamos repartiendo una hoja suelta llamando a la unidad sindical, explicando por qué era necesaria y sin entrar en ataques a nadie, desde la

tarima se hizo un llamado a no tomar la hoja suelta y no hacer caso a grupos que no auspiciaban la actividad. Es un ejemplo típico del verdadero terror que tienen algunos líderes sindicales al contacto de sus matrículas con otras uniones, con llamados a la movilización, para no hablar de la movilización misma, la organización de comités regionales autónomos o cualquier proceso que amenace escapar su vigilancia y control. Es una política que llevará al movimiento obrero a la parálisis: es poco lo que podrá arrancar a un gobierno que se cantará en quiebra, y no estará lejos el momento en que los trabajadores desmoralizados se pregunten para que tener una unión si no sirve para nada.

Nada de esto nos alegra. Por eso insistimos que la crisis apenas comienza. El debate sobre el sales tax y sobre los impuestos a la corporaciones aún no se decide. La pregunta de quién pagará por la crisis sigue sobre el tapete. Sigue siendo necesaria la unidad bajo la consigna general de que la crisis la paguen los ricos, que el sales tax no pase del 1% que ya van a imponer y se reemplace cuanto antes por un impuesto a las grandes empresas.

Defender este programa no es ser monigote del PNP. Defender este programa no es ser títere del PNP, es defender más bien una orientación independiente, tanto del PPD como del PNP. Claro, a los que apoyan la política del PPD, o piensan que en todo enfrentamiento un patriotismo mal entendido nos obliga a apoyar el PPD contra el PNP, tal política independiente se les presenta como alianza con el PNP. Pero no podemos ceder a este chantaje que nos obligaría a apoyar a Fortaleza con tal de no aparecer como aliados de la Cámara de Representantes.

Hay que reconocer que el PIP en la coyuntura actual ha presentado los proyectos de ley que más se acercan a la orientación aquí esbozada. Echar al PIP en el mismo saco que los partidos dominantes sería equivocado. Pero lo cierto es que el bloque que ha favorecido una salida alterna a la crisis, que comprende al PIP, el Frente Socialista, parte del liderato sindical no hemos coordinado esfuerzos, ni hecho el trabajo para crear un polo amplio de atracción a los muchos sectores que sin duda simpatizan o simpatizarían con nuestras propuestas.

Las cinco crisis señaladas exigen respuesta. Las líneas generales de estas respuestas no son difíciles de formular. El problema está en dar los pasos concretos inmediatos que a mediano plazo las hagan viables.

La crisis de la estructura económica, construida sobre la empresa privada y el capital norteamericano, requiere un nuevo modelo económico centrado en el sector público, los imperativos del bienestar social y la protección ecológica, la determinación democrática de prioridades y la gestión participativa, algo que no es posible sin atacar los privilegios y prerrogativas del gran capital y desafiar la lógica del mercado. Nada de esto es posible en un Puerto Rico aislado: ha de ser parte de proyectos similares que se emprendan o ya estén en curso en otras tierras y debe contar con el apoyo de fuerzas progresistas en Estados Unidos. Los procesos en curso en Venezuela y Bolivia, y el movimiento de los inmigrantes en Estados Unidos son síntomas positivos en ese sentido.

La crisis del ELA exige la descolonización de Puerto Rico y la conquista de la soberanía política que facilite una nueva economía, que a su vez es necesaria si es que esa soberanía ha de

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constituir un cambio liberador. Esto, como indicamos, hay que pensarlo como parte de un proyecto de carácter internacional.

La crisis de los partidos exige la constitución de un vehículo político nuevo: un partido de los trabajadores, comprometido con los intereses de las mayorías, enemigo de todas las formas de opresión, dotado de un programa que integre los elementos políticos y económicos precedentes. Parte de eso es la exigencia de un sistema electoral que facilite la creación de nuevos agentes políticos y debilite el monopolio de los partidos existentes.

La inmediata crisis del movimiento obrero exige la acción conjunta, a pesar de las divergencias y rencores, a veces justificados, ante un enemigo que actúa con decisión. La crisis del independentismo, convertida una parte en satélite del PPD, y otra parte

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en aparato electoral desvinculado de las luchas sociales exige una reformulación a partir de las necesidades del pueblo trabajador ante una brutal ofensiva del capital en el contexto de la crisis de la colonia.

La debilidad de la izquierda socialista exige una reconsideración del pasado y reformulación de su proyecto más allá de la visión de la construcción de los respectivos kioscos. ¿Podría pensarse en momento más propicio para presentar al país un proyecto político nuevo que el momento actual en Puerto Rico?

Sin embargo, cuán lejos estamos de poder articularlo: acortar la distancia entre lo necesario y lo viable es la tarea que el momento nos impone.

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Forma parte de nuestros “Apostadores” Apuesta es una revista alternativa de política y cultura creada por profesores universitarios que inserta la realidad puertorriqueña dentro de la cultural mundial.

Por lo tanto, nuestros intereses se centran en el desarrollo de investigaciones críticas sobre la dialéctica dominación/liberación y sobre propuestas radicales ante los problemas creados por la formación social capitalista.

Incluye también diversas manifestaciones artísticas como literatura, arte, teatro, danza y música.

Todo colaborador deberá enviar dos copias de sus artículos a las siguientes direcciones: Revista Apuesta · PMB 586 · 497 Ave. Emiliano Pol · San Juan, PR 00926-5639, y al correo electrónico revistaapuesta@yahoo.com.

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Se utilizará el formato MLA de forma consistente en las notas al final del texto, tamaño 10 puntos y a espacio sencillo. Los títulos de libros o revistas se escribirán en bastardilla. La remisión a la nota se indicará en el texto con un número volado¹. Ejemplos: Libros: Apellidos, Nombre. Título. (Ciudad: Casa editora, año) Braunstein, Néstor. Psicología: ideología y ciencia. (México: Siglo XXI, 1974) 15.

Revistas: Apellidos, Nombre. “Título entre comillas”. Nombre de Revista (Ciudad) Número y/o volúmenes. Fecha: p. ³ Margaret Randall, “Escritura y testimonio,” Plural (México) 10.120 (Septiembre 1981): 26.

En el caso de la bibliografía también se seguirá el formato MLA. Ejemplos: Internet: Apellidos, Nombre (año), “Título entre comillas”, Información sobre la publicación, Fecha de acceso, Dirección electrónica.

“Semiótica de la cultura”. Tomado de Semiótica Rusa. La Escuela de Tartu. 12/98 1 de abril de 2002, <http:www.pucsp.br/~cos-puc/cultura/tartu.htm>.

Periódicos: Apellidos, Nombre. “Título del artículo” Nombre del periódico. Volumen. Fecha: p. Rama, Ángel. “ La construcción de una literatura”. Marcha XXII 30 de diciembre de 1960: 24-26.

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Sujeto a cambio:

la sociedad civil y los asalariados en la política puertorriqueña actual

E

n las últimas décadas del siglo XX el concepto de sociedad civil se ha convertido en el concepto común para invocar los nuevos movimientos sociales. Parecería que toda la terminología tradicional de la izquierda política de los años sesenta y setenta, ante el fracaso de su primer proyecto de transformación social, había sido superada. Hablar de imperialismo, proletariado, revolución, etc., parecía un anacronismo. Ciertamente, el lenguaje, como organismo social, se transforma en el tiempo pero no a la velocidad de la luz. El lenguaje como toda estructura cultural posee su autonomía que está evidentemente permeado por la dinámica de otras estructuras sociales como el estado, la religión, la escuela y la economía.

Los distintos fragmentos de la izquierda puertorriqueña se han visto sacudidos o estremecidos por la ola neoconservadora que se ha vertido sobre el mundo Raúl Guadalupe De Jesús luego de la caída de los estados soApuesta cialistas burocratizados. Algunos líderes históricos (patricios), que ya no cuentan con bases organizativas concretas, asumieron su rol providencial vaticinando la necesidad de nuevas estrategias y tácticas organizativas para la consecución de mayores poderes soberanos desde las tribunas mediáticas y los periódicos.

Echando por la borda la necesidad de un análisis profundo sobre nuestra realidad social, y siguiendo la ola esnobista del juego de palabras, ya no hablan de la importancia de la clase obrera o asalariada ni de los sectores marginados para la construcción de un orden social superior. El concepto de moda a utilizar es el de sociedad civil. Parecería que un nuevo Prometeo surgiera en la palestra de las luchas sociales y políticas. Ante la crisis de los partidos coloniales y la crisis de la izquierda radical emerge el nuevo Prometeo con las consignas de ciudadanía y conciliación de clases por el bien de la patria. Las formas organizativas de dichas consignas se han proyectado en organizaciones como la Sociedad Civil en Marcha y la Cumbre Social, entre otras.

El sujeto histórico llamado a transformar la sociedad de mercado se ha desdibujado en el mundo de las especulaciones ideológicas. La clase trabajadora y los marxismos se envejecieron en el mercado de ideas en el que se han transformados las universidades, con la anuencia y la ayuda de la prensa corporativa, siendo desplazadas por nuevos posmarxismos y las teorías posmodernas. En sus inicios estas ideas comenzaron con las intenciones de confeccionar nuevos análisis sobre la clase trabajadora en

el mundo del capitalismo tardío. De ese proceso surgieron en reacción trabajos importantes en el campo de la sociología del trabajo.1 Hoy, en las postrimerías del nuevo milenio la clase trabajadora y los sectores populares vuelven a presentarse en escena y a protagonizar grandes movimientos como el de los trabajadores indígenas en Ecuador y Bolivia, produciendo el resultado de varias renuncias de presidentes. En Francia, la clase trabajadora ha demostrado de forma contundente su oposición a la legislación antiobrera que el parlamento burgués ha aprobado. La clase trabajadora puertorriqueña aun con la división que permea al sindicalismo local, el independiente y el asociado a las internacionales, ha demostrado su fortaleza social cuando se ha enfrentado, en distintas circunstancias, al gobierno patrono.

La fragmentación y el deslinde en el movimiento sindical puertorriqueño se ha agudizado con la nueva ofensiva de las sindicales internacionales vinculadas con la American Federation of Labor-Congress for Industrial Organization (AFL-CIO). No obstante, la presencia vigorosa y determinante del movimiento obrero se ha hecho sentir en algunas coyunturas históricas de fin de siglo. La huelga de los trabajadores de la telefónica, más de allá de sus resultados sindicales, motorizó un espíritu de lucha y resistencia que se proyectó no sólo en la coyuntura del 98 sino que creó el clima de lucha, conciencia y movilización que se evidenció en la lucha contra la salida de las Marina norteamericana de Vieques.

En ese sentido, las fuerzas que se movilizaron en apoyo a la salida de la Marina no fue resultado único de la llamada sociedad civil. La clase trabajadora jugó un papel determinante en ese proceso. Así, vemos como el muerto resucita librando las batallas más importantes de la sociedad puertorriqueña a fines de siglo XX. El concepto de sociedad civil, por un lado, se ha utilizado para empañar el espíritu combativo de la clase trabajadora puertorriqueña y los sectores políticos que defienden sus intereses. Algunos líderes obreros de la AFL-CIO junto a viejos líderes del independentismo tradicional han empuñado los términos casi inofensivos como sociedad civil y ciudadanía para encubrir su apoyo al programa neoliberal de gobierno del Partido Popular Democrático.

Curiosamente, la definición en la práctica de los llamados sectores de la sociedad civil es una puertorriqueñista y de alianzas de los sectores sociales bajo el manto jurídico burgués del

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concepto de ciudadano. Esa defensa del ciudadano burgués se ha ligado con el nacionalismo cultural del independentismo tradicional y ha dado como resultado la defensa del programa ppd de gobierno reconceptualizando, a la altura de los tiempos, el viejo concepto unionista de la gran familia puertorriqueña.

Iré por parte. Primero, someteré a un juicio crítico marxista el concepto de sociedad civil y segundo analizaré los resultados prácticos de los sectores de la sociedad civil en la política puertorriqueña actual.

El concepto de sociedad civil en la filosofía política burguesa El marxismo revolucionario en su análisis de la sociedad capitalista ha considerado el concepto de sociedad civil desde la perspectiva de la hegemonía política del estado. La sociedad civil es producto del estado de desarrollo de las fuerzas productivas que imprimen su marca sobre el comercio y el consumo. Supongamos, parafraseando a Marx, momentos particulares de desarrollo de las fuerzas productivas del comercio y del consumo, y podemos visualizar su orden social correspondiente que permea a su vez una particular forma de organización familiar, una particular relación entre géneros y entre clases sociales, en otras palabras, una correspondiente sociedad civil.2 Los conceptos de sociedad civil y ciudadanía son parte inherente de la sociedad burguesa. Los ideólogos principales de la misma trazaron en su filosofía política los fundamentos jurídicos del modo social capitalista. John Locke, Thomas Hobbes, J.J. Rousseau, Monstesquieu, etc. en sus tratados dejaron claro sus concepciones del ser humano y el modo social que debería regir las relaciones entre los hombres y las mujeres. Para estos pensadores el estado burgués tiene que mantener la naturaleza egoísta de los seres humanos, que son definidos como mónadas independientes. El derecho positivo burgués va a reforzar ese egoísmo humano donde el individuo se repliega sobre sí mismo. Mis derechos están protegidos como individuo en tanto yo pueda operar para satisfacer mis intereses, si mis intereses no se pueden satisfacer debido a los derechos de otro individuo alguien queda fuera del marco jurídico en tanto se elimina, se margina o se liquida. La anarquía que determina la dinámica del mercado capitalista donde los productores compiten libremente y el más fuerte sobrevive parecería trasladarse al terreno de lo jurídico.

Sin embargo, el ciudadano como miembro de la sociedad civil queda escindido del político de forma sofística, en apariencia, asumiendo la cualidad moral necesaria para el mantenimiento del orden burgués. El divorcio entre el ciudadano como sujeto político y su ciudadanía se reduce según Marx al divorcio entre el estado político y la sociedad civil. Para Marx ¨la vida dentro del estado es solo apariencia o una excepción momentánea de la esencia y la regla. Cierto que el bourgeois, como el judío, sólo se mantiene sofísticamente dentro de la vida del estado, del mismo modo que el citoyen sólo sofísticamente sigue siendo judío o bourgeois pero esta sofística no es personal. Es la sofística del estado político mismo. La diferencia entre el hombre religioso y el ciudadano, es la diferencia entre el comerciante y el ciudadano, entre el jornalero y el ciudadano, entre el terrateniente y el ciudadano, entre el individuo viviente y el ciudadano. La contradicción entre el hombre religioso y el hombre político es la misma

contradicción que existe entre el bourgeois y el citoyen, entre el miembro de la sociedad burguesa y su piel de león polítca.¨3 En otras palabras, la ciudadanía es la piel de león política de la sociedad burguesa que persigue encubrir la posición social de los individuos en la estructura económica de la sociedad capitalista. Encubriendo al burgués, al pequeño burgués y al trabajador bajo el manto de ciudadano, miembro de la sociedad civil, que goza de los mismos derechos ante el estado. La sociedad civil se convierte en la esfera social donde interactúan esos ciudadanos despojados de forma sofística de su ubicación social. El orden social burgués desde su origen ha encubierto a los ojos de la sociedad su verdadera naturaleza bajo el manto moral del ciudadano y la sociedad civil. Como hemos visto ambos conceptos son inherentes a la filosofía política y al derecho positivo burgués, afirmarlos como espacios sociales vitales es reproducir y querer sanear los conceptos fundacionales del orden burgués y su estructura de opresión y explotación social.

En la actualidad, el propio gobierno ha manifestado que quienes determinan la política pública en el país son ese fragmento de la clase burguesa de los bancos y los bonistas, tanto el gobierno PPD como la legislatura PNP responde a este sector.

No obstante, los miembros de la Sociedad Civil en Marcha, la Cumbre Social y algunos sectores independentistas insisten en la manifestación de esa categoría sofística de la sociedad civil y el accionar de los ciudadanos.

Sería un error partir del estado para definir la sociedad civil debido a que la misma es un todo heterogéneo y contradictorio que se define bajo la categoría de ciudadanía burguesa que imprime el estado de Derecho, y que sabemos que es un sofisma que tiene como resultado la legitimación del poder político burgués. Como sostiene Antonio Gramsci, la sociedad civil se organiza como un estado ético (idelológico) ¨... que corresponde a las necesidades de desarrollo de las fuerzas productivas y, por consiguiente, a los intereses de las clases dominantes. La escuela como función educativa positiva y los tribunales como función educativa represiva y negativa son las actividades más importantes en tal sentido. Pero, en realidad, hacia el logro de dicho fin tienden una multiplicidad de otras iniciativas y actividades denominadas privadas, que forman el aparato de la hegemonía política y cultural de las clases dominantes.¨ (154)4 La sociedad civil en el contexto político puertorriqueño actual A la llamada sociedad civil puertorriqueña la vimos actuando para la coyuntura de los pivazos (defendiendo los votos del PPD) y su nombre se enarboló en el proceso de lucha por la salida de la Marina de los Estados Unidos de Vieques. No obstante, en la coyuntura de la crisis presupuestaria, de los aumentos en los costos de vida esenciales y de despidos de trabajadores públicos la llamada sociedad civil no se ha manifestado. De ahí, que un mal llamado politólogo, vinculado con el anexionismo, Luis Dávila Colón acierte cuando lanza estas interrogantes en su columna en el periódico El Vocero; ´´¿Dónde ha estado la mal llamada sociedad civil durante este último año? ¿Acaso han defendido desinteresadamente y de forma objetiva los mejores intereses del país? ¿Se han constituido durante estos duros años en la formidable fuerza fiscalizadora que fueron de los gobiernos

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del PNP? ¿Tienen bando los civilistas? ¿Son extensiones del régimen?´´.5 El uso y definición que en el contexto político puertorriqueño actual se le ha impreso a la sociedad civil es uno que se dirige a la total legitimación del orden social burgués y no puede ser de otra manera por lo antes indicado. El ¨nuevo sujeto histórico¨ que sectores del independentismo y el socialismo tradicional, junto a sectores liberales del Partido Popular Democrático, han enarbolado no hace sino empañar el conflicto fundamental que traspasa la sociedad burguesa que es la lucha de clases sociales.

También, oscurece la relación entre la producción económica como una relación social, que impulsa el comercio y consumo de mercancías, y las luchas políticas. El planteamiento político de los llamados sectores de la sociedad civil no trata de transformar el estado burgués sino más bien de reformarlo, de hacerlo funcionar adecuadamente, de devolverle la forma correcta de lo que Gramsci llama su cualidad ética. Por ello algunos independentistas han defendido incluso la Constitución colonial del Estado Libre Asociado.6 Uno de los fundamentos del estado burgués, una vez convertido en instancia independiente de la sociedad y en instrumento de la clase dominante (la clase burguesa en sus diversas manifestaciones: industriales, banqueros, bonistas, terratenientes, etc.), es precisamente, por medio de su función ética, la de oscurecer las relaciones de la economía y la política por lo que rápidamente erige una ideología en ¨... los políticos profesionales, en los teóricos del Derecho público y en los juristas que cultivan el Derecho privado, (en donde) la conciencia de la relación con los hechos económicos desaparece totalmente.¨ (649)7 Y en esa línea de accionar político es en la que opera la denominada sociedad civil puertorriqueña.

En la coyuntura de la crisis presupuestaria, que no es sino un reflejo de una crisis económicopolítica del orden burgués colonial en Puerto Rico, los teóricos del Derecho público, los asesores económicos gubernamentales y los politólogos de la prensa corporativa han reducido el análisis de la crisis a una disputa partidista entre los dos partidos burgueses coloniales de mayoría. Mientras tanto la política neoliberal contra los intereses de la clase trabajadora se implanta de igual forma desde Fortaleza que desde la Legislatura. Los politólogos identificados con la sociedad civil reproducen ese análisis fofo de la realidad puertorriqueña fortaleciendo su apoyo al Partido Popular Democrático.

En lo antes expuesto no quiero que se malentienda que no debemos analizar ni discutir las disputas entre los partidos burgueses coloniales. Todo lo contrario, debemos discutirlo esclareciendo sus vínculos de clase, que en la coyuntura de la crisis presupuestaria han sido bastante claros.

Sobre el concepto de sociedad civil el compañero César Rosado ha escrito algunos artículos al respecto donde somete a análisis las categorías de sociedad civil y de clases sociales. En su artículo ¨Apuntes para una concepción clasista de la sociedad civil¨ 8pretende modificar algunos de sus señalamientos anteriores y busca definir lo que él llama una sociedad civil obrera para ello recurre a definiciones elaboradas por el Lic. Alejandro To-

rres y por el profesor universitario Ángel Israel Rivera. Rosado cita al profesor Rivera cuando éste define a la sociedad civil de la siguiente manera ¨... todo el conjunto de los ciudadanos que en cada momento particular participan de la deliberación pública sobre los asuntos colectivos con el propósito expreso de incidir tanto en la opinión pública como en las decisiones autoritativas que finalmente adopta el gobierno y en las decisiones de acción colectiva que adoptan los diversos grupos particulares que se interesan en los asuntos públicos y que influyen sobre ellos.¨ (2) El compañero Rosado muy bien concluye que para Rivera la sociedad civil es cualquier grupo de ciudadanos que delibere sobre asuntos de política pública para tener un impacto social y político. Es decir, que da lo mismo que sea la junta de accionistas del Banco Popular, la Asociación de Industriales o los sindicatos, todos son parte de eso que se llama la sociedad civil en donde su ubicación de clase con respecto a la producción económica queda desdibujada, oscurecida y sin importancia a la hora de la lucha política.

Rosado añade más adelante que la definición trazada por Alejandro Torres tiende hacia la posibilidad de radicalizar el concepto de sociedad civil. Nos dice, que para Rivera la sociedad civil no es otra cosa que la acción de esos grupos incidiendo en la sociedad con el objetivo de hacerla más democrática. Ciertamente, he discutido que esa es la función inherente de la sociedad civil burguesa en tanto estado ético como lo definiera Gramsci.

Sin embargo, el compañero Rosado arguye que la visión de Alejandro Torres radicaliza esa concepción al definir a la sociedad civil como las ¨fuerzas vivas de la sociedad¨ ,y sostiene, ¨Cuando se crean estas fuerzas vivas, el ciudadano común que participa en ellas recobra su lugar de influencia, sino su autoridad, en la sociedad. Así podemos llegar a una ¨democracia deliberativa¨ en donde todos los ciudadanos tienen voz y voto en el día a día de la sociedad.¨ (2-3) Hemos vistos que estas visiones jurídicas burguesas sobre la sociedad civil lo que persiguen es reproducir y sanear el orden burgués. Sostener que los militares ni los sublevados ni los partidos políticos no son parte de la sociedad civil es caer en la definición negativa del mismo sofisma. Todas las dimensiones de la sociedad burguesa están interrelacionadas entre sí para el mantenimiento y saneamiento de sí misma.

Rosado sostiene que el planteamiento del compañero independentista Alejandro Torres busca la radicalización de la sociedad civil con respecto al estatus político de la isla. Torres sostiene, según Rosado, que para la emancipación política de Puerto Rico hay que construir un frente policlasista ¨en donde una sociedad civil no exclusivamente obrera ayude a mover los procesos históricos de Puerto Rico hacia delante¨, en otras palabras primero se lucha por la independencia y luego por el socialismo. (4) Para Torres, los sectores de la burguesía y pequeña burguesía podrían apoyar un posible giro hacia la independencia política o hacia un estatus político de mayor soberanía. Con el respeto que se merecen los compañeros, eso es no entender la naturaleza del desarrollo social y económico de la colonia capitalista por el imperialismo norteamericano en Puerto Rico. La única clase social capaz de romper con el imperialismo en Puerto

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Rico y construir un nuevo orden social es la clase trabajadora asalariada y los sectores populares vinculadas a la misma. Los vínculos dependientes y parasitarios de la burguesía y la lumpenburguesía local al mercado norteamericano es de tal magnitud que romper con el mismo pone en juego su propia existencia.

A lo más que se le permitiría aspirar a esa clase social es a un estatus de mayor soberanía en donde los fundamentos del orden capitalista quedarían intactos.

Con estos intentos de reformular el concepto de sociedad civil se mantienen intactos los sofismas jurídicos burgueses y se intenta dar un nuevo contenido político en la dirección de despojar a la clase de los asalariados de su potencial político en la colonia. Entonces, ¿quién dirigirá el proceso de autodeterminación en Puerto Rico? ¿quién construirá la posibilidad de la independencia y el socialismo? La clase social que tenga el timón de ese proceso será la que definirá los contenidos del mismo.

En ese sentido, el concepto de sociedad civil que han intentado redefinir algunos sectores del socialindependentismo tradicional y populares liberales podemos entenderlo como una reformulación de la idea de la gran familia puertorriqueña. Este concepto esbozado por el Partido Unión de Puerto Rico a principios de siglo ( ¨la gran familia de padres amorosos o condescendientes, esposas dedicadas y hacendosas, e hijos respetuosos y obedientes¨ )9 tenía como premisa el fundamento cultural del ser puertorriqueño. Al ser puertorriqueños la unidad tiene que darse para la consecución de los objetivos políticos de un sector de clase organizado políticamente. A esta concepción el movimiento obrero de principios de siglo le opuso la definición internacionalista de la patria socialista. El concepto de ¨Fuerzas Vivas¨ , utilizado por el compañero Torres, es problemático si recordamos que en el contexto político de la década de 1920, dicho nombre lo utilizaban para identificarse e incidir políticamente la Cámara de Comercio, la Asociación de Productores de Azúcar y la Asociación de Agricultores.10 Una especie de gran familia puertorriqueña es el encuentro denominado como Cumbre Social (que también se define como parte de la sociedad civil)11, auspiciado por la Federación del Trabajo de Puerto Rico, capítulo local de la AFL-CIO. En esos eventos, los líderes sindicales de la Federación han establecido un diálogo con los sectores empresariales y otros sectores del país. No obstante, los diálogos de buena convivencia con los industriales y banqueros, las políticas de privatización se han seguido implantando afectando adversamente a la clase obrera puertorriqueña. La ofensiva antiobrera del gobierno compartido ha tenido la anuencia de los industriales y los banqueros del país.

El sujeto histórico para la transformación social de Puerto Rico El trabajo político con los asalariados debe ser el objetivo de los marxistas revolucionarios en Puerto Rico. La clase trabajadora es la única que posee las cualidades para crear un orden social superior, la posesión de su fuerza de trabajo para la venta.

En los tiempos del capitalismo tardío esa cualidad, que al decir de Marx nos hace una mercancía peregrina, ha tomado otras formas y mediaciones que en este momento no podré discutir pero que tienen que ver con la apariencia e ilusión de posesión

de bienes privados que han creado los ideólogos del capital para sostener su legitimación. Aun así el trabajador asalariado, de seguro, solo posee su fuerza de trabajo para su reproducción. Esa cualidad hace de la clase trabajadora la clase social apta para la socialización de los medios de producción y la democratización de la sociedad en general. Es la única clase social capaz, por su propia naturaleza, de erradicar la existencia de las clases sociales y el Estado. Por ello mismo, es la clase social que junto a los sectores populares puede construir una república democrática de los trabajadores en Puerto Rico.

Pensar en la posibilidad de un frente policlasista para la independencia, y ni se piense para el socialismo, es no entender la naturaleza de la burguesía colonial. La burguesía colonial se ha vinculado con mayor concentración, sobre todo en las últimas décadas del pasado siglo, al sector financiero, de los servicios y a la renta de edificios, de las comunicaciones y al saqueo del erario público. Es una burguesía alejada de la creación de medios de producción nacionales y cada vez mucho más dependiente de los circuitos económicos de la economía norteamericana. Aun así, su ubicación dentro de ese mercado es una subordinada. Por lo que es responsable de la situación política colonial de la isla.

De hecho, debido a esta economía política del coloniaje es que la riqueza excedente que produce nuestra clase trabajadora en los sectores industriales y farmacéuticos no se retiene en Puerto Rico trasladándose a los centros industriales de las multinacionales en la metrópolis. La naturaleza de nuestra economía es única dentro de los circuitos económicos metropolitanos pues como decía Pedro Albizu Campos: ´´Puerto Rico es país doméstico en lo internacional, y es extranjero en lo nacional doméstico.´´12 A esa burguesía la vimos cabildeando y creando opinión pública en apoyo a la aprobación de mayores impuestos a la economía de los trabajadores. A esa burguesía la vemos apoyando las medidas antiobreras de los gobiernos coloniales y saqueando por múltiples mecanismos legales e ilegales al erario público. Con esa clase social no se puede construir un nuevo orden social de justicia social y libertad radical. La clase trabajadora no puede confiar en la misma. Debe operar de forma independiente a los partidos burgueses coloniales y a sus rabizas como la llamada sociedad civil.

La labor de los marxistas revolucionarios en el seno de la clase trabajadora es luchar por la emancipación de todos los sectores oprimidos: luchar contra la colonia, contra la homofobia, la xenofobia, contra la opresión de la mujer, contra el maltrato infantil, contra la pena de muerte, etc. De ahí, la importancia de operar políticamente defendiendo las conquistas de los trabajadores y los sectores oprimidos en esta sociedad para radicalizarlas en la sociedad futura. Defender los derechos democráticos, conquistados a sangre y fuego por los diversos sectores oprimidos, no significa necesariamente legitimar el actual estado de derecho burgués, significa mantener nuestras conquistas en lucha para radicalizarlas y construir una sociedad marcada por los designios de la plena libertad humana.

En ese sentido, la clase trabajadora no debe permitir que la actual ofensiva patronal del gobierno compartido atente contra

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sus derechos ni los derechos de los sectores populares. Los sectores socialistas del movimiento obrero deben trazar un programa político junto a los trabajadores para comenzar a hablar de cómo podemos dirigir al país y transformarlo. Nuestro lenguaje y accionar político debe distinguirse de los sectores que aspiran a mayores poderes soberanos atentando o marginando los intereses de los oprimidos. Sí, todos somos puertorriqueños pero no somos los mismos puertorriqueños.

La llamada sociedad civil, incluyendo a algunos líderes sindicales, que apuesta a una alianza con los populares y que se reúne a dialogar con los industriales y banqueros, sin distinguirse a veces de los mismos, no puede ser la alternativa de clase para los asalariados. Estos sectores se han convertido en rabiza del proyecto patronal del gobierno compartido reproduciendo nuevamente lo que el compañero Rafael Bernabe ha llamado ¨la patria colonial del autonomismo.¨13

Referencias 1. Los trabajos de Harry Braverman y de Nicos Poulantzas, entre otros. También, quiero hacer referencia a los debates que se estan desarrollando entre marxistas sobre la naturaleza objetivista y subjetivista de los análisis marxistas que se han desarrollado a lo largo del siglo XX y su pertinencia para la coyuntura política actual. Un fragmento de ese debate se recoge en el texto Marxismo abierto: Una visión europea y latinoamericana compilado por Alberto Bonnet, John Holloway y Sergio Tischler.

2. Karl Marx y Federico Engels. Carta de Marx a P.V. Annenkov. Correspondencia.

Editora Política, La Habana, 1988, pág. 8.

3. Karl Marx y Federico Engels. La cuestión judía. Sobre la religión. Ediciones Sígueme, Salamanca, 1974, pág. 116.

4. Antonio Gramsci. Notas sobre Maquiavelo. Sobre política y sobre el Estado moderno. Ediciones Nueva Visión, Buenos Aires, 1984.

5. Luis Dávila Colón.“Suciedad Civil”, El Vocero, sábado, 8 de julio de 2006, pág.23.

6. Deseo aclarar que hay derechos en la constitución colonial que los marxistas

revolucionarios debemos defender como el derecho a la fianza y la negación de la pena de muerte.

7. Federico Engels. Ludwig Feurbach y el fin de la filosofía clásica alemana. Marx y Engels, Obras Escogidas. Editorial Progreso, Moscú, 1983.

8. César Rosado, Apuntes para una concepción clasista de la sociedad civil, Bandera Roja, 20 de septiembre de 2005 y ¿Multitud, Sociedad Civil o Lucha de clases y Frente Amplio?, publicado en Pensamiento Crítico, año XXVII, verano 2005.

9. Ángel G. Quintero, José Luis González, Ricardo Campos, Juan Flores. Puerto Rico: identidad nacional y clases sociales, (Coloquio de Princeton). Ediciones Huracán, Río Piedras, 1981. p.31 10. Rafael Bernabe. Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña, 1899-1929. Ediciones Huracán, Río Piedras, 1996.

11. Memorias de la Cumbre Social, 2 y 3 de marzo de 2000, Hotel Cerromar, Dorado, Puerto Rico.

12. Pedro Albizu Campos. Obras Escogidas, Vol. I, editadas por Benjamín Torres.

Editorial Jelofe, San Juan, 1975.

13. Bernabe.

POSIBLE ANUNCIO

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Codes of Ethics Regimes and the Commercialization of University-based Research Introduction: ver the past two decades or so, words such as “marketization”, “corporatization” and “commercialization” have entered the discourse of both scholarly analysts and activist critics of higher education. They point to a dramatic shift in the way universities and colleges conceive of and pursue their objectives of teaching, learning and scholarly advancement.

Central to this shift has been the tendency of governments to subordinate higher education policies to, if not conflate them with, economic strategies for advancing their nation’s competitiveness in the context of globalization.

Universities and colleges, propelled on a parallel course by this tendency, have modified if not entirely abandoned their previous stance of maintaining an “arms length distanJanice A. Newson ce” from private sector economic interests.

Coolaboradora They have entangled themselves in commercially motivated collaborations with corporate partners as well as initiated their own entrepreneurial endeavours in order to increase their market share of students, public research monies and lucrative contracts with paying clientele.

In other words, universities and colleges have not only placed themselves in the service of corporate objectives, they have also developed interests as knowledge businesses in their own right.

It has thus become commonplace in government policy, university mission statements and popular discourse to uncritically state that universities and colleges are “wealth creating” institutions, that higher education is a business which offers commercial opportunities for investors to exploit, and that knowledge created even in publicly funded universities and colleges is a commodity to be marketed as privately owned intellectual property.

These developments have not been achieved without costs, however. One cost that is recurringly lamented in critical discussions of the state of the contemporary university is the loss of the degree of academic autonomy that is essential for freely pursuing critical inquiry in the public interest. In the context of higher education’s new rapprochement with private sector businesses, there are many ways of accounting for this loss of autonomy and assessing its effects on the ability of academics to pursue critical inquiry in the public interest (Newson and Polster 55-56).This paper seeks to explore the workings of one particular policy development — the establishment of mandatory ethics protocols for research involving human subjects — which, I will argue, threaten to narrow the scope of critical inquiry while also facilitating the

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development of knowledge as a commercial commodity.

The Recent Evolution of Ethics Protocols.

The development of guidelines and procedures for regulating the ethicality of research practices when human subjects are involved has a complex history. Professional associations have featured significantly in this history, in that any occupation’s successful claim to professional status has tended to require that practitioners be guided by an agreed code of ethics (Haskell). Recently, however, ethics guidelines have moved out of the domain of individual self-governing professional associations and into the domain of broader regulatory frameworks overseen by funding agencies and, in some national contexts, by quasi-governmental bodies— arguably constituting ethics regimes1.

Many explanations have been suggested to account for this shift.

One is that research involving human subjects is on the increase, a trend that some analysts broadly associate with the growth of the knowledge society. Another offered by Canada’s Inter-agency Panel on Research Ethics is that organizations which fund research or whose members are involved in research need to protect themselves from legal liability. In a related vein, Ross Coomer, a British criminology researcher, locates the development of research ethics protocols in attempts to mitigate against the abuses of a minority of primarily medical researchers and others, who involve participants in “surgical procedures, drug trials or experiments that may be a physical or psychological danger to them” (Coomer 1). Canadian sociologist Will van den Hoonard proposes that the increased concern with ethics guidelines is indicative of a moral panic2.Yet another account offered by U.S. journalist Christopher Shea is that the recent mandatory imposition of ethics guidelines in the U.S. has origins in political motivations to crack down on social science scholarship.

While all of these explanations have validity, with the exception of Christopher Shea’s account, they are not specific to academic research activities. Consequently, they do not take into account possible relationships between new approaches to ethics monitoring and the changes that have simultaneously taken place in higher education. Moreover, Shea’s discussion of research ethics monitoring in the academe is focused on its implications for certain kinds of social science research. It does not offer an account of the implications of these changes for all research conducted in universities and colleges.

The project of this paper, therefore, is to add to the growing scholarship on research ethics by connecting the increased re-

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gulation of ethical conduct in academic research to the changes in higher education policy and institutional practice identified in the introduction. I do not propose to argue that these changes have caused the development of new mechanisms of ethics oversight. The processes associated with recent changes in higher education are more complex, contingent, and interactive than straightforward cause-effect accounts tend to capture. As well, this discussion will be exploratory and suggestive rather than definitive. More research is needed on the workings of new ethics regulatory regimes before their potential implications can be confirmed. Ironically, such research may be more difficult to pursue precisely because the application of current ethics protocols may impede the ability to access the practices that academics are employing for conforming to protocol guidelines3.

My hope is that academics who are concerned that the new mandate given to Research Ethics Committees (RECS) pose a threat to their academic autonomy and ability to engage in research that serves a widely defined public interest, will become more aware of the relationship between these ethics regulations and the new corporate face of universities and colleges. I hope that their increased awareness will inspire them to intervene in the politics of research ethics review in their own institutions as well as elsewhere, to challenge and eliminate its negative effects on serving the public interest.

The New Shape of Research Ethics Regulation: Carole Truman captures well one of the more significant features of new research ethics monitoring mechanisms. She says that in the U.K. and North America, “the process of ethical review has become re-institutionalised under proposals for research governance proposed by government” (italics mine) (1). Although there are important differences among national settings in how re-institutionalization has occurred, two common features are the involvement of governments in the process and the view that research is an area to be governed from outside local institutions.

The discussion of re-institutionalization here will draw primarily from Canadian and to a lesser degree, U.S. experience. The Canadian and U.S. focus is useful because research ethics monitoring has become more highly centralised and strongly sanctioned in these countries than has take place to date in many other contexts including the U.K.4 In this sense, these cases represent the extreme on a continuum. However, it is important to emphasise that some form of over-arching system for regulating research ethics is underway in many different nations, thus reinforcing the argument that it is related in some way to changes in higher education which have arisen not solely because of national or regional peculiarities: it thus points to processes affecting higher education that are global in scope (Currie and Newson).

Using the Canadian and U.S. cases as exemplars, important features that distinguish the new forms of research ethics monitoring in universities and colleges from previous forms include the following: (a) Ethics monitoring mechanisms have been centralised at the national level;

(b) A common set of specific rules and guidelines has become the standard for all research involving human participants, regardless of the disciplinary origins or the methodology of the research; (c)The common regulatory structure for monitoring and overseeing all research involving human subjects applies, whether or not funding is involved; and (d)Not only individual researchers but also entire institutions are now compelled to comply with the mandated standards or face the loss of public funding.

The U.S. Case In the U.S. case, the movement toward this system of mandatory and strongly sanctioned ethics review has involved direct government intervention. Christopher Shea tracks the history of the U.S. governments’ involvement, beginning in 1974 when the U.S. Congress passed the National Research Act requiring ethics reviews of research conducted on human subjects in U.S. universities. The Act was updated in 1981 and “enshrined as ‘45 CFR 46’ — shorthand for Title 45, Code of Federal Regulations, part 46, Protection of Human Subjects” (28).

Even so, prior to the 1990s, according to Shea, securing formal ethics approval appeared to be a mainly uneventful bureaucratic routine carried out by local ethics committees (IRBs) whose role was to guide, advise and educate more than to impose requirements. Reviews did not take place at all in many cases and many researchers proceeded with their projects without securing official approvals from their local committees. As Shea points out, since the individual researcher or research group initiates the review process, researchers had no reason to submitt their research proposals to the review process unless they were applying for research funds which required that an ethics protocol be submitted as part of the application. In fact, some categories of researchers, such as historians, did not believe that ethics reviews applied to their research at all.

Around the middle of the 1990s, Shea argues, tensions between researchers and newly mandated Ethics Review Committees became a noteworthy issue in U.S. universities. He cites cases that mainly emerged in the 1990s as evidence of a growing controversy over ethics review. In 1998, the National Institute of Health, a major source of public funding for U.S. researchers in the natural sciences as well as social sciences, shut down several prominent research programmes because they had violated the provisions for conducting ethics reviews of projects carried out by researchers in their institutions.

Up until the end of the 1990s, the National Institute of Health — a research grant agency that is one step removed from government — was responsible for establishing the standards for ethics review. However, in the summer of 2000, according to Shea, the governing Administration in the United States shifted this responsibility to a body that is part of government itself, the Department of Health and Human Services. At this time, this Department of government was given “new powers to levy fines” (28).

In the U.S. case, then, the shift that took place in the 1990s invol-

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ved significant changes at two levels of ethics review oversight.

First, at the federal government level, political oversight was tightened and penalties to ensure compliance were imposed . Second, at the local institution level, the provisions of the 1974 and 1981 legislation began to be more carefully applied to, and made mandatory for, all research, whether federally funded or not.

The Canadian Case: The development of the research ethics review process in Canada is both similar to, and different from, the U.S. experience.

For several decades prior to the 1990s, ethics review of human subject research was carried out by universities in various ways and to varying degrees, often through local ethics committees and often involving, if not supervised by, academic Senates. However, researchers were not required to submit their projects for ethics approvals unless they were funded by granting bodies that required an ethics protocol as part of the application.

In fact, individual academic researchers tended to look to their Learned Societies and professional accrediting bodies for formulating guidelines and monitoring ethical research practices, since the research orientations and objectives of each academic discipline were assumed to be paramount in determining which specific research practices were appropriate for each discipline5. Even when academic departments in universities took up ethical research practice, what was deemed appropriate in one discipline might not be in another. In other words, while ethical practices were acknowledged to be a necessary concern for all academic researchers to observe, which ethical practices were appropriate to specific disciplines was generally understood to be within the purview of the discipline or disciplinary groups in question However, in the 1990s, initiatives were taken from within the national research infrastructure to centralise, standardise and generally tighten up the enforcement of ethics review processes in universities because, according to Wayne Kondro, they were perceived to be insufficiently systematised and coordinated.

The initial impetus came from the Biothetics community. The National Council on Bioethics undertook a review of research ethics monitoring from 1992-1995, which concluded, “there’s too much variance in research ethics board operations ” (7). In 1994, Canada’s three national research grant councils, the Medical Research Council (MRC, now the Canadian Institutes of Health Studies (CIHS) with an expanded mandate), the Natural Sciences and Engineering Research Council (NSERC) and the Social Science and Humanities Research Council (SSHRC) issued a Tri-Council Policy Statement on “Integrity in Research and Scholarship,” which prescribed expectations for the personal integrity of researchers. Until this time, the three research councils functioned independently of each other even they often collaborated and adopted and modified each others programmes and approaches. More to the point, each council had its own ethical code to apply to the research projects and researchers they funded. This first joint effort was soon followed by the establishment in 1994 of a Tri-Council Working Group to develop a Code of Ethics, to be a set of common guidelines to replace the three councils separate existing guidelines and to be applied

to all areas of human participant research. In 1996, a draft of the proposed new code was distributed widely in the academic research community for comment.

The 1996 draft of the code generated much debate and criticism, not only from Learned Societies to which many academic researchers belong, but also from university administrations. In fact, the critique was sufficiently intense and widespread that some academics thought the code might be withdrawn altogether. Wayne Kondro summarises the debate as it stood in 1998.

Arguments for adopting a common code included the growing interdisciplinarity of research, the relative lack of regulation governing human participants research, the out datedness of current granting councils’ guidelines and the need to provide measures of accountability to research participants and the Canadian government (7).

On the opposing side, criticism from university administrations focused on the financial and administrative burden being imposed upon them. The policy mandated that all local ethics review committees (referred to in the Canadian policy documents as Ethics Review Boards, REBs) would adopt a common structure. For example, membership requirements specified at least two members with broad expertise in the methodologies or areas of science covered by the REB; at least one member knowledgeable in the discipline of ethics; at least one member knowledgeable in the discipline of law; and at least one member unaffiliated with the institution but drawn from the community served by the institution or potential research subjects (TriCouncil Working Group 3-3&4). Rules of order and record keeping practices of REBs were also specified, such as their schedule of meetings, the nature of an appeal process as well as the REBs terms of reference and authority to act.

The criticisms from academic researchers covered a variety of other issues. Some argued that quick response research and research addressing issues and events that could not be anticipated would be obstructed and even prevented by the highly bureaucratised process and the need to wait for an ethics approval that can take several months to secure. Associations representing the professional interests of university-based researchers, such as the Canadian Association of University Teachers, argued that the Code posed serious threats to academic freedom and could be used to block politically contentious research. Many challenged the suitability of the code to their own disciplinary practices. Most of these challenges came from humanities and social science disciplines reflecting, as previously stated, the view that the proposed ethics review protocol is particularly discriminatory toward social science research, especially qualitative methods of data collection. van den Hoonard’s article in the Canadian Review of Sociology and Anthropology in 2001 reflects many of these same concerns.

In response, several important changes were made to the proposed code. To the relief of historians, the negative implications of the first draft to archival research were removed.

As well, a highly controversial guideline requiring researchers to secure the informed consent of an entire collectivity, rather than individual members who agree to participate in a study, was

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modified. The highly controversial provision that REBs are mandated to assess the scientific “validity” of projects was removed entirely6.. These successes in securing important changes in the final draft of the Tri-Council Code of Ethics demonstrates that the academic community can sometimes intervene with effect in the policy development process and prevent at least some deleterious effects of specific policies. Nevertheless, in spite of the many other serious criticisms, the code was not withdrawn as some academic researchers had hoped and expected. In January 2000, the Tri-Council Code was put into effect and made mandatory for all Canadian universities to implement.

The evolution of the ethics review process did not end with the imposition of the Tri-Council Code. For one thing, in Canada, as in the U.S. and elsewhere, researchers continue to secure further modifications since, as they try to follow, and are subject to, the provisions of standardised, mandatory ethics review guidelines and protocols, researchers become more aware of effects on their research7.

For another thing, and perhaps more central to this paper, the re-institutionalization of research ethics review has extended well beyond the development of mandatory standardised guidelines. Bodies that were initially created as ad hoc drafting panels have become permanent regulatory structures at the national level, with ongoing roles for developing “expertise” on research ethics, educating researchers about ethical conduct and supervising their research practices. In Canada for example, the now permanent Interagency Advisory Panel on Research Ethics announced in April of 2003 an initiative to develop a national governance system for research ethics involving humans. The proposed raison d’etre of this endeavour is to develop and support a “shared vision” for overseeing and enforcing the application of the Tri-Council Policy on Research Involving Humans, either through a common system of accreditation or a national public assurance system. The three granting councils endorsed this initiative as a response to the Federal Minister of Health’s decision to investigate the establishment of such a governance system.

Consequently, although government is not directly overseeing the extension of the re-institutionalization of ethics review in Canada, as is the case in the U.S., it is clear that the hand of government is not far removed. In other words, this regulatory framework has begun to assume the form of an ethics regime.

Ethics Review Regimes and Commercialization: As can quickly be discovered by visiting the websites of the major government funded research grant agencies, forms of ethics review very similar to the one’s established in the U.S. and Canada have been re-institutionalised over the past decade or so in a range of national contexts. While they differ from each other in some important details, these new forms of review and oversight have features in common which distinguish them from earlier forms of ethics review. Rather than being developed and modified by local universities and colleges or professional bodies and Learned Societies, a single protocol is mandated for the review, and it is monitored and modified for all institutions by the national level oversight body. Research projects from all discipli-

nes are subject to the same protocol and all projects involving human participants must be reviewed, whether or not they are funded. In the Canada, for example, ethics review must be conducted on research projects carried out by undergraduate and graduate as part of their training. Responsibility for ensuring that the protocol is followed falls not on individual researchers and research groups, nor on academic departments, faculty councils or senates but rather, under the threat of heavy sanctions, on university administrations. Public research funding will be cut to institutions that fail to comply with the standards and procedures of the official code.

The question remains, why at this time have these standardised, mandatory, heavily sanctioned national systems of research ethics review emerged? The scholarly and policy discourse has tended to account for (or justify, as the case may be) this shift in ethics review processes in terms of (a) renewed concerns about potential and actual abuse perpetrated by unethical or ethically unrefined researchers on disadvantaged or uninformed subject populations; (b) research institutions’ concerns about legal liability for the conduct of their researchers; (c) a perceived need to build public confidence in science and technology; and (d), a perceived desire to exercise political control over knowledge production.

While each of these accounts reflect the reasons given by people and groups of people for promoting and supporting the renewal of research ethics review in universities and colleges, they fail to pay adequate attention to the current context in which higher education functions. I propose that this context has significantly influenced the re-institutionalization of ethics review and therefore, that it needs to be taken into account, not only when examining how the changes in ethics review processes and protocols have taken place, but also when assessing their implications, particularly for the ability of academics to participate in creating knowledge that serves diverse public interests.

This current context of higher education is reflected in changes in the role and the face of higher education as briefly summarised in the introduction. I suggest that these changes significantly helped to instigate and influence the re-energised interest in, and the development of new forms of, ethics review. They have influenced, for example, (a) the politics of re-institutionalising the ethics review process; (b) the design of “one-size-fits-all” ethics protocols; (c) the imposition on all research conducted in public academic institutions of a single mandatory and strongly sanctioned form of ethics review and (d), the shift of responsibility for ethical conduct in research from local institutions, disciplines and professions to a hierarchical, nationally-centralised ethics governance structure. Equally important, this re-institutionalised ethics review processhas the potential, in turn, to instigate and influence further changes in the role and face of higher education. In other words, I suggest that much can be gained from understanding the new forms of ethics review, as neither an effect or cause of other events or conditions, but rather as part of a mutually reinforcing, contingent and ongoing process of change in what Polster refers to as the social relations of academic research. Polster puts it this way:

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“ … social relations … are not easily captured by linear exposition, given that they work on many levels and in many directions simultaneously. … shifts in social relations are often subtle, slow to emerge and/or volatile: hence, they can be difficult to perceive and to predict with certainty, particularly when an entire university system is concerned” (276).

In the space of this paper, I cannot track all of the complex interactions and relationships between the development of new research ethics review protocols and oversight structures, and other changes in higher education systems taking place over the same time period. My more limited objective is to show how the development of a research ethics regulatory framework can be seen as potentially contributing to, and interacting with, one aspect of these changes — the commercialization of academic research.

As noted in the introduction, national governments and private sector corporations have become conjoined in the belief that the foundation for future economic development lies with developing and marketing knowledge products. As a consequence, government policies in recent decades have tended to treat universities and colleges almost exclusively as resources for accomplishing their economic strategies. As a further extension of these economic strategies, governments have even more recently displayed an active interest in commercialising the research carried out in academic institutions. There are several reasons ways in which a well co-coordinated, centrally managed, compulsory and standardised method of research ethics review can serve the interests of this economic agenda. Without being comprehensive, I will list some here.

Ethics reviews can help to certify the ownership of intellectual property. In fact, the methodology of signed consent forms ensures that the rights of the researcher or funder to the “intellectual property” that is gleaned from participants are sound and defensible. Secondly, the requirements for maintaining standardised records helps to alleviate the risk of patent challenges and the considerable expense incurred from fighting them. Not only do they ensure that a reliable paper trail will be developed on which a patent defenses can be made, but also that the researchers and the data will be closely monitored. It thus opens the possibility for funders to require, and subsequently certify, that the data has not been shared in ways that might interfere with their claims to commercialisable intellectual property. It is worth noting that, in the early 1980s in the U.S. and Canada, advocates of closer ties between universities and industry often described the differences between the research cultures of industry and universities as being obstacles to effective collaborations. University research culture, it was argued, encouraged researchers to be too open and cooperative in sharing their research findings. Thirdly, through their new role in ensuring compliance with ethics protocols, university administrations are able to closely monitor research activities that used to be solely in the hands of, and known only to, researchers, to ensure that the research practices being employed will clearly support the institution’s claims, and private funder’s claims, to intellectual property.

Finally, and perhaps most important, a closely monitored, na-

tionally supervised system of ethics oversight helps to buttress the legitimacy of engaging in commercial endeavours in publicly funded institutions. Among other things, private funders increasing support to academic research projects from which they can profit has created considerable uncertainty about the integrity of academic science. A section of the October 2002 issue of the New England Journal of Medicine focuses on this very concern, apparently sparked by the infamous case involving Dr. Nancy Olivieri, a physician and medical researcher, the Toronto Hospital for Sick Children, the University of Toronto, and the multi-national pharmaceutical company, Apotex. Though mainly focused on biomedical research in the U.S., the issue attempts to describe the dangers to academic science posed by the increased commercialization and corporatization of university-based research and to suggest closer regulatory oversight of research as a means of ensuring that the dangers will be reduced if not eliminated, thus restoring public confidence in science.A contribution from Moses, Braunwald, Martin and Thier lists a number of “critical choices” that Academic Medical Centers need to make, in the face of the “negative implications” of the fact that the “relationship between academic institutions and private companies are strengthening (1371).” They describe these negative implications as follows: “Articles in the popular and scientific press have discussed concerns about patient safety in clinical trials, issues related to privacy, conflicts of interest on the part of researchers and their institutions, a shift of priorities in academic research from the public good to private commercial gain, and the potential for the disruption of the historical compact between physicians and their patients” (1371).

The authors argue that these concerns have led some organizations to recommend a number of “safeguards and institutional procedures for the management of academic-commercial ties” (1371) but that many questions are left unanswered and they have failed to address non-clinical research. They describe and justify a number of proposals of their own which they believe necessary to fill in gaps in the safeguards currently recommended.

What is striking about the article by Moses, Braunwald, Martin and Thier, as well as about the editorial introduction to this section of the journal issue (1362-1363), is the unquestioned acceptance of academic-commercial ties and of the assumption that their benefits outweigh their costs. In a section headed “The Forces Changing Biomedical Research”, Moses et. al. describe current conditions that make it “desirable” for universities to seek industry support or collaboration (1372). That commercial relationships between academic institutions and corporate funders should continue to grow apace and that public trust in scientific research not be eroded by the failure to address some of the dangers, are clearly reflected in the conclusion to their article: “Although policies will vary — separation of institutional review boards [of which Research Ethics Boards are an example] from economic influences, management of institutional and personal conflicts at arm’s length, and consistent treatment, and consistent treatment of all faculty members, regardless of rank— must be immutable. In the words of one senior observer, ‘We must get this right, or we will all lose in the process’ ” (1375).

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A sure sign that a significant aspect of the push in the United States for ethical regulation comes from those who strongly support the commercialization of academic science, and who view ethical regulation as necessary for ensuring that its dangers do not undermine support for commercialization, is that the Business-Higher Education Forum, one of the major advocates of university-corporate linking, has collaborated with the Association of American Universities and the Association of American Medical Colleges to recommend institutional safeguards and procedures for “managing” commercial ties between academic institutions and corporations.8 A similar conclusion is supported by the convergence of two recent developments in Canada involving the federal government, on the one hand, and the national research community, represented in one instance by the Association of Universities and Colleges of Canada (AUCC), and in the other, by the three research grant councils (the sponsors or the Tri-Council Policy Statement: Ethical Conduct for Research Involving Humans).

In the first instance, the federal Minister of Trade and Industry announced in November of 2002 that a framework agreement had been signed with the presidents of Canadian universities through the Association of Universities and Colleges of Canada to support the Canadian government’s innovation policy. Canadian university presidents committed themselves and their university faculty to doubling research productivity and tripling the commercialization of research in their universities by 2010.

Six months later in April 2003, the Interagency Advisory Panel on Research Ethics, apparently in response to the Minister of Health’s decision to investigate the establishment of a national ethics governance system for research ethics involving humans, announced an initiative (described previously) to develop such a governance system.

While I recognise that governments are complex entities and they do not necessarily act in unitary or co-coordinated ways, nevertheless it is not unreasonable to propose a relationship between these two recent developments. As the pressures increase on academic institutions and academics themselves to engage in partnership research with corporate funders and in producing research that will result in commercial applications, so too the powers of regulatory bodies expand for overseeing and enforcing the application of formalised codes such as ethics review protocols and conflict of interest guidelines, thus creating the appearance that the public interest is being safeguarded.

Conclusion To some extent, I am suggesting in this paper that the development of mandatory, standardised ethics review processes at least in part has something to do with appearances. I argued in the introduction that changes in the context in which higher education now functions are reflected in both the role and the face that universities and colleges present to the public in general and more crucially, to potential funders and partners in commercial projects. On their websites and in the plethora of promotional materials that they now produce, universities and colleges increasingly present themselves as “open for business”. Their resources

for doing business, which many of them list on their websites, include research ethics codes and conflict of interest guidelines. It is as though these codes and guidelines serve, on the one hand, as a “good housekeeping seal of approval”, ensuring potential partners that their intellectual property claims will be secure and their investments in particular knowledge quests will not be threatened by allegations of unethical conduct on the part of the researchers; and on the other hand, as an assurance to the general public that by “going into business”, universities will not compromise their obligations to serve the public interest.

A closer look at the substance of ethics protocols themselves provides some support for these speculations9 It reveals that, other than providing assurances that ethics reviews are carried out, the reviews themselves do not provide for assessments of all ethical issues that may arise in the conduct of a given research project. For one thing, the protocols which guide the reviews focus on the relationship between the researchers and their socalled “subjects”. They do not cover, or they inadequately cover, other relationships that are also involved, such as the relationship between the researchers or the research institution and the funders of the research. Typically these other relationships are covered by conflict of interest guidelines. But conflict of interest guidelines are not assessments of ethical conduct per se. For another thing, the arrangements between funders and researchers and their institutions are prescribed in contracts customised to the situation.They are not constrained by a “one-size-fitsall” set of ethical standards. Moreover, contracts with funders are typically considered proprietary and are therefore not open to scrutiny. Finally, because the protocol limits the principle of “doing no harm” to the relationship that is constituted during the research process between researchers and participants, it does not assess whether a particular project’s findings, when translated into a commercial application, may have potentially deleterious effects, such as effects on the environment, on human beings’ social, emotional or physical health, or on human communities and their cultures. In other words, even if ethics protocols are successful at ensuring ethical conduct in the relationships between researchers and participants, they do not cover all ethical issues that a given research project may present. David Ehrenfeld describes this situation as making ethical decisions in unethical contexts. He argues that deciding about the ethicality of a knowledge quest through these forms of assessment involves narrowing the issues of concern so that the questions that are asked and answered become a formula for approving something as ethical when, in fact, broader ethical implications remain unexamined.

I stated earlier that this discussion of new forms of ethics review is suggestive and exploratory and that more research is needed to document how these reviews are working in practice and with what effects. Such research, I have argued, needs to give serious attention to the current context in which these reviews have been developed and are being applied. Moreover, any assessment of these forms of review needs to consider, among other things, even if they are highly effective at ensuring that

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researchers conduct themselves ethically in their relationships with their participants, whether the gains of this limited degree of ethical oversight are sufficient to outweigh their negative

affects on researchers’ ability to adopt research strategies that are appropriate to their objectives and to pursue research that serves the public interest.

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1. The term “regime” has been employed in international studies and urban studies scholarship. I am not implying that all of the assumptions of “regime theory” apply to ethics oversight. I am tentatively suggesting that the kind of regulatory frameworks being developed to carry out ethics reviews of research can be thought of as “regimes” in the sense that regime theory proposes.

2. Van den Hoonard’s argument that increased attention to ethics reviews signal moral panics has been applied in some depth by the Australian anthropologist, Maureen Fitzgerald, to findings of a recent ethnographic study conducted

by Fitzgerald and Yule of ethics review processes in Australia, Britain, Canada, New Zealand and the U.S. (64).

3. The ethnographic study of ethics review processes initiated in 2003 by two Australian researchers, Maureen Fitzgerald and Elisa Yule is a case in point. I am doubtful, however, that this study will provide the full range of information on how academics are responding to mandatory ethics reviews: for example, whether or not researchers are fully conforming to the guidelines and what changes they are making in their research decisions in the face of these guidelines.

4. Based on an e-mail communication with R. Coomer in March 2006 (see also bibliographic references) 5. Ethics committees of Learned Societies develop ethics guidelines for members of the discipline and in some cases receive “complaints” concerning the violation of such guidelines. In Canada, when the new Tri-Council Code of Ethics was first tabled in 1994, it was often the ethics committees of the disciplines that responded to the call for comment and, in a number of cases, challenged the suitability of the new code for the practice of their own discipline.

6. This aspect of the REBs’ mandate made the proposed code most vulnerable to the charge that the code posed a violation to researchers’ academic freedom, since assessments of validity in research are largely dependent on the particular epistemological and ontological assumptions of the assessor.

7. I don’t have space in this paper to discuss these effects in any detail. The application to social sciences, humanities and some forms of natural science research, of procedures that are suited to medical research, especially to drug trials, is a focus of much criticism. Social science researchers such as Ross Coomber are especially troubled by the way the requirement to obtain signed consent forms impedes the study of politically, socially, and culturally marginal peoples. Carole Truman argues that the standardised ethics review protocol is fundamentally incompatible with the idea of collaborative research. Although much of this critique comes from researchers who employ qualitative research methodologies, J. Paul Grayson and Richard Myles argue that the current form of ethics review also impedes quantitative studies.

8. The Business-Higher Education Forum was founded in the U.S. in 1979, followed by the founding of a parallel organization in Canada in 1983, The Corporate-Higher Education Forum.

9. Several observations about the content of the protocols challenge the claim that they are effective means for ensuring ethical conduct in research, thus safeguarding the public interest. However, I do not have space here to pursue all these observation and have limited my discussion to a few in order to illustrate my point

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Impensar la interdisciplinariedad en la Universidad de Puerto Rico:

limitaciones de una propuesta Introducción

A

través de su historia, la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras (UPR) ha tenido la peculiaridad de estar tanto resagada como a la delantera de los desarrollos académicos. Si pensamos en la consolidación de las ciencias sociales como disciplinas académicas en las universidades del llamado mundo occidental durante el siglo XIX, el establecimiento de la Facultad de Ciencias Sociales en 1943 parecería un desarrollo tardío. Fue precisamente en los años 40 cuando las distinciones disciplinarias previamente establecidas estaban siendo cuestionadas. No obstante, en su propio contexto y tiempo, ésto no pudo haber sido de otra forma, pues Puerto Rico no era parte “Occidente” y su universidad sólo fue creada en 1903. Ahora bien, en sus vínculos con la formación estatal, la creación de la Facultad de Ciencias Sociales ciertamente evoca a sus contrapartes en Occidente, en la medida en que respondió a la necesidad del estado de conocimiento específico para los procesos de “desarrollo” y cambio que experimentaba el país a mediados del Jorge L. Giovannetti siglo XX.1 Por otro lado, mientras la orCoolaborador ganización de las ciencias sociales puede ser vista como un desarrollo “tardío”, la UPR tomó la delantera en otros desarrollos académicos globales convirtiéndose en una institución pionera en los estudios de área. En los años 40 el Centro de Investigaciones Sociales (CIS) apoyó el proyecto del antropólogo Julian Steward, quien redactó la monografía Area Research (1950) para el Social Science Research Council y dirigió el proyecto The People of Puerto Rico (1956). Este último proyecto contó con la participación de Sidney Mintz, que se convertiría en uno de los investigadores más destacados en los estudios caribeños. En 1958 se creó el Instituto de Estudios del Caribe (IEC) que fue posiblemente la primera unidad académica dedicada exclusivamente al estudio de la región caribeña a nivel mundial. El IEC se convirtió en el lugar de trabajo de distinguidos académicos, fundó su propía revista en 1961 (Caribbean Studies), publicó libros, y desarrolló un programa graduado de corta duración, convirtiendose así en un lugar para entrenamiento e investigación interdisciplinaria y una plataforma para la divulgación efectiva del conocimiento sobre el Caribe.2 De manera que, contrario al argumento de que los “Estudios caribeños, como una empresa académica, tuvieron una llegada tardía a la vida intelectual en Puerto Rico” (Ramos 3, mi traducción), me parece que la UPR fue pionera en el desarrollo de los estudios caribeños, desarrollando los estudios de área paralelamente con otras instituciones a nivel global.

En virtud de las historias de la institucionalización de las cien-

cias sociales y del desarrollo de los estudios de área, la UPR parece tener una historia paradójica. Institucionalizó las disciplinas tradicionales cuando las mismas –y sus fronteras– estaban siendo cuestionadas, y fue de las primeras universidades en institucionalizar los estudios de área. Una reciente propuesta para “crear” un Departamento de Estudios Interdisciplinarios con un componente de estudios de área dentro de la Facultad de Ciencias Sociales resalta nuevamente esta paradoja.3 ¿Cuál es el propósito y la relevancia de esta iniciativa a principios del siglo XXI? ¿Es acaso otro desarrollo tardío, tratando de alcanzar las modas académicas que tuvieron su apogeo hace décadas atrás?

Este “nuevo” Departamento remplazaría al Departamento de Ciencias Sociales General que existe actualmente dentro de una Facultad que ya cuenta con departamentos en las disciplinas tradicionales y unidades de investigación de naturaleza interdisciplinaria. El propuesto Departamento, de acuerdo a la propuesta, ofrecerá cuatro concentraciones, en métodos de investigación, estudios puertorriqueños, estudios latinoamericanos y caribeños, y estudios internacionales (Stinson-Fernández). Considerando el auge de los estudios interdisciplinarios y de área en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial; ¿Qué función cumplirá este “nuevo” Departamento?

Queda claro que los estudios interdisciplinarios y de área no son algo nuevo en la UPR. El IEC continúa activo en proyectos de investigación, intercambio académico, y publicando una revista reconocida internacionalmente. El CIS también existe, recientemente re-estructurado y bajo nueva dirección, y la universidad cuenta, desde los años setenta, con un Programa de Estudios Interdisiciplinarios en la Facultad de Humanidades. ¿Qué hay de nuevo, entonces, en el propuesto Departamento? ¿Cómo se inserta el mismo en el estado actual de los debates sobre interdisciplinariedad y estudios de área? Este breve ensayo examina la viabilidad del programa, esperando generar una discusión que ayude a identificar maneras en las que la UPR puede desarrollar e implementar una agenda verdaderamente interdisciplinaria para el desarrollo de los estudios de área.4 Se cuestiona la razón de ser del “nuevo” programa, y se hace una crítica de sus posibilidades reales de desarrollo, exponiendo la necesidad de una gerencia institucional eficiente y responsable que, con el criterio académico de investigación como norte, pueda evaluar los recursos disponibles en la UPR y desarrollar los estudios interdisciplinarios de una manera efectiva.

De las Ciencias Sociales Generales a los Estudios Interdisciplinarios El Departamento de Ciencias Sociales General se originó como un programa experimental vinculado al Decanato de

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Ciencias Sociales en los años 50 y adquirío estatus departamental en 1965. El catálogo indica que el Departamento ofrece cursos enfocado en temas generales pertinentes a las ciencias sociales de un contenido multidisciplinario, con unos modelos de (a) areas históricas y geográficas (incluyendo Puerto Rico, América Latina, y el Caribe), (b) metodología y técnicas de investigación en las ciencias sociales, y (c) el “estudio de problemas”. Su espíritu, según el catálogo es que el estudiante seleccione de “una combinación relevante en términos teóricos-filosóficos, históricos, y contemporáneos” (UPR 302, mi traducción). No se explica qué significa la aseveración exactamente, ni tampoco queda clara la manera en la que la “relevancia” es determindada. En la práctica, no obstante, la contribución principal del Departamento a la Facultad ha sido su ofrecimiento de cursos de técnicas y métodos de investigación que son requisito para estudiantes en otros departamentos.

En la actualidad, el Departamento cuenta con 13 miembros: un antropólogo, un especialista en supervisión y currículo, dos especialistas en métodos cuantitativos y estadísticas, tres historiadores (uno de ellos con entrenamiento en geografía), dos científicos políticos, y cuatro sociólogos (dos de los cuales tienen concentraciones en estudios latinoamericanos).5 A partir de un examen de las publicaciones disponibles del Departamento, las especialidades de investigación del Departamento incluyen: procesos políticos y nacionalismo en Puerto Rico, historia, sociedad, y geografía puertorriqueña, religión en Puerto Rico y América Latina, y la historia de las poblaciones indígenas en Puerto Rico y las Antillas.6 Para este ensayo, se realizó una revisión de las publicaciones, incluyendo libros y monografías disponibles en bibliotecas, y artículos en revistas y libros.7 Esta revisión demostró que un 60% de los libros y monografías publicadas por los miembros actuales del departamento son sobre Puerto Rico o temas puertorriqueños. Un 35% de las publicacions son sobre temas generales caribeños o latinoamericanos, pero 50% de los mismos son libros editados en los que la contribución del miembro departmental –en aquellos casos en que ésta existe– es sobre Puerto Rico. El restante 50% son monografías publicadas por dos miembros del departamento (es decir, un 15% de la facultad). Casi todos los libros y monografías fueron publicados en Puerto Rico y por editoriales puertorriqueñas, y la evaluación de artículos indica que la mayoría de ellos fueron publicados en revistas locales. Sólo 7% de los libros y monografías fueron publicados por una editorial universitaria (de la UPR), un 40% por una editorial comercial académica o instituto de investigación, y un 51% fue publicado por editoriales comerciales o publicaciones privadas (conocidas como vanity press) en Puerto Rico.8 Esta información nos provee una idea de cómo esta constituído el Departamento de Ciencias Sociales General tal y como existe hoy en día, pero también de cómo continuará existiendo si el propuesto cambio de nombre es aprobado. Más allá de una reorganización de los cursos (muchos de los cuales estaban ya creados antes de 1990), la composición de la facultad no cambiará mucho en los próximos años, puesto que –contrario a otros países– no existe edad de retiro compulsorio. Se remplazará un miembro retirado especializado en estadísticas por alguien en la misma área, y la propuesta solicita dos nuevas plazas docentes, una para cubrir

las demandas de los cursos de métodos de investigación y la otra para una de las áreas geográficas de estudio que se proponen.9 En la práctica, esto significa que habrá sólo una nueva contratación para cubrir las áreas de concentración de la propuesta.10 La propuesta, tal y como existe actualmente, cuenta con problemas más sustantivos que deben ser considerados.A pesar de su voluminosa extensión (191 páginas), la misma no contiene una discusión filosófica, conceptual, teórica, y de los elementos prácticos detrás de la concepción departamental de interdisciplinariedad y los estudios de área. El escrito tampoco discute los estudios de area, en virtud de debates recientes sobre su validez, ni cómo ésto afecta la concepción del Departamento y su agenda curricular e investigativa. La propuesta, además, obvia la historia local de la UPR, y de la Facultad en particular, con respecto a los estudios de área. Peor aún, a pesar de haber sido redactado por un antropólogo, el documento ignora completamente la literatura sobre estudios de área producida por influyentes antropólogos en los años 40 y 50, al igual que los escritos más recientes sobre el estatus de los estudios de área con respecto con respecto a los debates del transnacionalismo y la globalización (desde Melville Herskovits, Julian Steward, Sidney Mintz, y Charles Wagley, hasta los escritos de Jane Guyer, Michel-Rolph Troullot, y Kevin Yelvington). La propuesta, de más esta decir, deja muchos asuntos sobre la mesa, y muchas preguntas sin contestar. Estos asuntos son importantes al momento de considerar y reflexionar el desarrollo de programas académicos en instituciones de educación superior. Los asuntos son conceptuales, pero también se relacionan a cómo se justifican los programas académicos, asuntos de gerencia universitaria y financiamiento. A continuación, trataré de discutir estos asuntos con mayor detenimiento.

La propuesta no define interdisciplinariedad y de manera indiferenciada utiliza el concepto de multidisciplinario, sin relacionar ninguno de ellos con los estudios de área. Debe quedar claro que colocar un grupo de personas de diversas disciplinas en un cuarto, no convirte el cuarto en uno interdisciplinario de manera automática (Steward 7-8). El efecto del entrenamiento disciplinario de las culturas de las facultades es muchas veces subestimado cuando se piensa en la creación de programas interdisciplinarios (Gaff y Wilson 198), y una cosa es certera con respecto al caso que nos ocupa; después del cambio de nombre, el Departamento considerado aquí continuará teniendo tres historiadores, cuatro sociólogos, dos científicos políticos, dos expertos en métodos de investigación y estadísticas, un especialista en supervisión y currículo, y un antropólogo. El Departamento no va a tener, de un plumazo, a 13 profesores/as interdisciplinarios/as. Y a pesar de que las posibilidades de desarrollo de estudios interdisciplinario son mayores entre las humanidades y las ciencias sociales (como sería el caso del Departamento) (Gaff y Wilson 200-201), la propuesta no expone una metas claras de manera explícita, y tampoco demuestra los valores compartidos en la experiencia académica y profesional de sus miembros. Esto tendrá su efecto en la oferta curricular que se propone.

Lo que la propuesta define como áreas temáticas calificaría (con la excepción del área de métodos de investigación, que no discutiré aquí) bajo lo que se ha conocido históricamente como estudios de

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área.Tres de estas concentraciones serán Estudios Puertorriqueños, Estudios Latinoamericanos y Caribeños, y Estudios Internacionales.

En este caso, como en muchos centros e institutos alrededor del mundo, Latinoamérica y el Caribe se unen convirtiendo al último en un apéndice del primero. Los problemas de estas tres áreas temáticas son en términos de conceptualización, justificación, y viabilidad práctica de la implantación de la propuesta.

Los estudios de área tuvieron su apogeo inicial luego de la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría como una respuesta a la necesidad de los países del Atlántico Norte (particularmente E.U.) de conocimiento específico de diversas regiones del mundo (Steward xi-xvii, Duroselle 636, Wallerstein et al. 36-40). En la práctica, los estudios de área ayudarían a educar personas sobre regiones que eran importantes por razones geopolíticas, ya bien fuera para el comercio exterior, servicios diplomáticos y consulares, agencias de inteligencia y espionaje, o trabajo misionero (Powers 88).11 Dado que no existe una justificación en la propuesta examinada aquí sobre el por qué América Latina y el Caribe son importantes, y debido a que Puerto Rico no tiene ni servicio diplomático, ni agentes de la CIA que entrenar, las razones para estudiar estas regiones deben –suponemos– ser académicas. El conocimiento sobre otras regiones del mundo para crear conciencia global y de relatividad cultural es bienvenido en cualquier programa de educación liberal (Powers 83-88). No obstante, la propuesta no nos dice por qué debemos estudiar el Caribe y Latinoamérica, en lugar de, digamos, el Oriente Medio (dada la situación global actual) o hasta los mismos Estados Unidos (desde el marco de los Estudios Américanos). Después de todo, dada la relación particular de Puerto Rico y Estados Unidos, haría sentido estudiar a la metrópoli, contribuyendo así a una perspectiva crítica internacionalista en los Estudios Americanos (Desmond y Domínguez 475-490).

La manera en que dos de las concentraciones se organizan en la propuesta (Puerto Rico y Latinoamérica y el Caribe) presenta otro problema. ¿Cómo uno trabaja a nivel curricular e investigativo con lo que es, en la práctica, tres áreas de estudio, pero que puede ser, a la misma vez, una sóla? Si Puerto Rico es parte del Caribe, y el Caribe es parte de América Latina, ¿qué justifica su separación (en el caso de Puerto Rico de Latinoamérica y el Caribe) o su unión (en el caso de América Latina y el Caribe)?12 Esto es un debate complejo y quizás interminable, pero uno necesario, que ni siquiera se asoma entrelíneas en el texto de la propuesta, creando así escepticismo hacia la manera en que se implementará un programa curricular de estudios de área.

Inclusive los Estudios Puertorriqueños, como estudios de área, podrían no tener justificación para algunos. El Departamento de Ciencias Sociales General ciertamente cuenta con especialistas en este campo, y los Estudios Puertorriqueños se han desarrollado en la isla y fuera de ella, particularmente en estados con comunidades puertorriqueñas como Nueva York, New Jersey, y Connecticut (Rodríguez 1990).13 No obstante, siendo la UPR una universidad ubicada en Puerto Rico, donde la mayoría de los investigadores trabajan sobre Puerto Rico desde diferentes disciplinas, el establecimiento de un área de estudios sobre Puerto Rico puede ser para muchos cuestionable. ¿Qué tendría que

contribuir el nuevo programa curricular, que no se provea en la práctica a través de todo el Recinto? De materializarse tal programa curricular; ¿no caería acaso dentro del mismo gran parte de la investigación realizada en otros departamentos y facultades? ¿Se insertarían los Departamentos de Historia (que tiene una concentración en Puerto Rico y el Caribe) y de Estudios Hispánicos a esta iniciativa interdisciplinaria? Debe quedar claro que la justificación de un programa de Estudios Puertorriqueños en una institución de educación superior debe ser sustentada por criterios académicos y de investigación (como es el caso de los programas mencionados en la Facultad de Humanidades), no exclusivamente por las tendencias políticas e ideológicas de miembros de un Departamento. Las ideologías políticas pueden tener su lugar en partidos y organizaciones, el Capitolio, y hasta en programas de radio, pero la universidad debe mantenerse como un espacio de investigación, estudio, e intercambio académico, fundamentado en el ejercicio intelectual investigativo –que, por supuesto, puede tener un elemento político, pero de otra naturaleza. Académicos dentro de los Estudios Caribeños y Latinoamericanos nos han advertido de los problemas de mezclar lo que deben ser áreas eminentemente académicas con el compromiso político y la proselitización (Lewis 8, Bray 35).

El área del Caribe y América Latina es un campo de estudio perfectamente justificado,14 como lo ilustra su consolidación en instituciones de educación superior alrededor del mundo, a pesar de que la propuesta no provea una razón de ser para su desarrollo. Pero el desarrollo de estudios de área, según Marshal K. Powers, demanda de unos requisitos mínimos para su implementación a nivel curricular, que incluyen (1) “una residencia en la región a ser estudiada de suficiente tiempo”, (2) un “excelente manejo del lenguaje o los lenguajes a ser encontrados” en la región estudiada, (3) un amplio conocimiento de la literatura, (4) un “trasfondo sólido en el entrenamiento en disciplinas más allá de el área de competencia,” (5) las cualidades personales que faciliten el funcionamiento de un programa integrado, y (6) la creencia firme en el valor de los estudios de área (Powers 89).

Evidentemente, este no es el lugar para evaluar todos los elementos delineados por Powers. Asuntos como las cualidades personales para el funcionamiento del programa deben ser determinados por los gerentes académicos, y vamos a asumir que el hecho de que gran parte de la facultad tiene grados doctorales garantiza algún tipo de entrenamiento disciplinario y manejo de literatura. No obstante, voy a seguir a Gordon K. Lewis en su planteamiento de que, “debemos juzgar al académico, en cualquier campo, por lo que el o ella publica; más particularmente, por la publicación de un libro realmente fundamental que amplía de forma significativa nuestro cuerpo de conocimiento, o que por el poder de su análisis, arroja nueva luz sobre lo que ya sabemos” (Lewis 13). Sobre esa base, vuelvo a analizar las publicaciones de los miembros de la Facultad del Departamento para ponderar la capacidad del mismo para desarrollar las áreas de estudio propuestas. En principio, no habría problemas con el desarrollo de los Estudios Puertorriqueños –además de los ya planteados. La mayoría de los miembros del Departamento son especialistas en Puerto Rico (85%).15 La contraparte de

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esto es un asunto preocupante, si se considera que una unidad con ese grado de especialización en un país estaría a cargo de enseñar y administrar un programa curricular de Estudios Latinoamericanos y Caribeños. Fundamentado en una evaluación de las publicaciones que consideró 84 títulos, sólo 4% trata sobre otros países del Caribe y América Latina. Un 65% de los trabajos son sobre Puerto Rico, y 29% son ensayos que trabajan con el Caribe y America Latina en términos generales, pero de manera significativa sobre Puerto Rico en un contexto regional (algo que si bien indica alguna conciencia regional, no es evidencia de investigación más allá de Puerto Rico). Sólo uno de los libros de uno de los miembros del departamento se puede considerar “fundamental” en el campo de los Estudios Latinoamericanos.16 Más allá de aquellos miembros del Departamento que realizaron estudios en México (6 de 13), no parece ser que ninguno de los miembros ha vivido por tiempo extendido para investigar en, y sobre, otro país de América Latina y el Caribe. Es decir, que más allá de Puerto Rico y México, no existe investigación o experiencia de residencia en ninguno de los otros 42 territorios latinoamericanos y caribeños. Con la excepción de tesis doctorales escritas en inglés (para los 3 miembros del Departamento que realizaron grados en los Estados Unidos), practicamente todas las publicaciones son en español, y la mayoría en revistas puertorriqueñas, un factor que cuestiona el manejo excelente de otros idiomas que destaca Powers y otros autores (Morton 142-147) (esto es de importancia particular para el Caribe, aunque no necesariamente para América Latina). No hay evidencia de conocimiento de otros lenguajes utilizados en el Caribe y América Latina (francés, lenguajes criollos, holandés, papiamento, quechua, y portugués), ni hay un componente de entrenamiento en lenguajes como parte integral de la propuesta. Esto cancela un grupo significativo de países de las regiones a estudiarse, y cuestiona por lo tanto la competencia en el área señalada por Powers. La ausencia de un conocimiento de la literatura sobre estudios de área que se refleja en la propuesta coloca en tela de juicio la creencia firme en el valor de los estudios de área, también destacada por Powers.

Finalmente, se ha argumentado que proponentes de los estudios de área “aspiran de forma típica a generalizaciones que, al ir fuera del país o region, descansan en un uso sofisticado del método comparativo y se construye sobre un conocimiento contextual e histórico relativamente profundo” (Katzenstein 789). La información disponible a través de las publicaciones examinadas ilustra que el “conocimiento contextual e histórico” se mantiene esencialmente en, y sobre, Puerto Rico. La concentración en América Latina y el Caribe que se propone confronta entonces un reto; el de la ausencia de un conocimiento de área, fundamentado en la experiencia investigativa, que permitirá a los miembros de la facultad enseñar adecuadamente sobre estas regiones, como regiones, en toda su complejidad socio-cultural. Más aún, de la misma forma en que el historial de publicaciones no indica mucha investigación más allá de Puerto Rico, existe poca evidencia del uso de metodologías de investigación comparada.17 La investigación de algunos de los miembros del Departamento parece trascender las fronteras de Puerto Rico sólo en

el análisis de las relaciones de la isla con los Estados Unidos. Esto nos lleva a otra de las concentraciones propuestas, la de Estudios Internacionales. Aquí, nuevamente, el Departamento, tal y como está constituído actualmente, tiene una deficiencia en miembros que puedan enseñar cursos fundamentados en investigación que trasciendan las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos.

Es decir, no hay, digamos, estudios comparados sobre el crimen y la drogadicción entre Puerto Rico y Trinidad y Tobago, o sobre la democracia racial entre Puerto Rico y Brasil.18 La concentración propuesta en estudios internacionales es problemática al no salir del esquema de Puerto Rico/Estados Unidos, debido a que dada la relación colonial y subordinada de Puerto Rico con los Estados Unidos, cualquier estudio de ambos territorios podría muy bien ser considerado por algunos como un estudio de relaciones “nacionales” –después de todo, los puertorriqueños cargamos para bien o para mal, el pasaporte estadounidense. Pero esto no queda claro, pues no se hace distinción entre estudios internacionales y relaciones internacionales en la propuesta.

En conclusión, el Departamento propuesto no es factible, y según el historial de publicaciones, su facultad no cuenta con el entrenamiento y trasfondo investigativo necesario para garantizar el éxito de las áreas temáticas propuestas, y a su vez, el carácter competitivo del programa. El Departamento puede ser muy capaz de enseñar métodos de investigación y Estudios Puertorriqueños, pero su capacidad en las áreas de Estudios Latinoamericanos y Caribeños y Estudios Internacionales es cuestionable. La aprobación del programa significa duplicación de recursos y de oferta académica, teniendo un efecto contraproducente desde el punto de vista institucional y financiero. Dada la excases de fondos para los estudios de área (Smith 7, Guyer 502-503, Katzenstein 789), esto es de particular importancia para una universidad con problemas fiscales y administrativos serios, y significaría que la UPR tendría que asumir los costos de las aventuras y desventuras del nuevo programa (algo que se magnifica con la limitada cultura de solicitud y obtención de fondos externos). Más importante aún (y este es un asunto que no he considerado), la propuesta no contempla en lo absoluto una discusión del estado actual de los estudios de área en el mundo académico, ni debates relacionados; no asume una posición al respecto, ni plantea cómo esta situación afectaría el Departamento propuesto.

Conclusión Para el presente autor, la propuesta de un Departamento de Estudios Interdisciplinarios parece más una desesperada operación de rescate para una unidad académica que perdió su razón de ser. Cuando los programas interdisciplinarios comenzaron a emerger hace 40 años atrás,W. B. Cameron indicó la necesidad de un entrenamiento disciplinario sólido para luego realizar trabajo interdisciplinario fructífero. Señaló que: “If you do not have firm fundamental knowledge and skills in the basic areas, and choose problems appropriate to these skills, all you can do is talk about this areas. The entrepreneurial type of interdisciplinarian talks about interdisciplinary work; he does not do it” (Cameron 310).

En una universidad que aspira a mantener un estatus de universidad de investigación (donde la enseñanza debe ser informada por

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trabajo investigativo), el hablar en lugar de hacer es inaceptable.

Pero son a veces los administradores quienes deciden sobre estos asuntos, y en ocasiones, por miedo a “parecer anticuados,” pueden terminar apoyando lo que ven (y se les presenta) como una “empresa prometedora nueva” (Cameron 309). Cameron ilustró esto diciendo que:“…like the emperor who willingly put on transparent clothes because those around him assured him that they were modern, the administrator is tempted to put on hyphenated programs because he is told that they are the latest thing” (311).

En el caso de la UPR, seguramente no haran falta lacayos rodeando al Emperador (o Emperadora) para decirle que la interdisciplinariedad es la última moda, aunque no le digan que eso fue hace décadas atrás. El trabajo académico e investigativo que cruce las fronteras disciplinarias debe ser ciertamente estimulado y apoyado por la administración universitaria, y el presente autor apoya

cualquier gestión en esa dirección. Lo que no se debe apoyar es la mera impresión de trabajo interdisciplinario, que habla sobre el mismo, pero no hace investigación interdisciplinaria. El trabajo interdisciplinario real, Cameron concluyó, puede tomar lugar sin la necesidad de nuevos membretes, iniciativas, fundaciones, o revistas, en el momento en que académicos de diversas disciplinas encuentren un problema común el cual resolver (312). En su informe luego de evaluar la UPR, el Comité de la Middle States Comission on Higher Education y el Consejo de Educación Superior concluyó que la universidad se encontraba en una encrucijada en su transición hacia el siglo XXI y que para que la misma fuera exitosa era necesario tomar “decisiones difíciles” (López et al. 11, 29). ¿Quizás la decisión con respecto a qué hacer con ésta propuesta de un Departamento de Estudios Interdisciplinarios (y todo en ella hay implicado) sea una de esas primeras decisiones difíciles?

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(Footnotes) * Jorge L. Giovannetti cursó estudios en sociología, historia, y estudios caribeños en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad del Norte de Londres en Inglaterra. Sus investigaciones en el Caribe incluyen estudios sobre música y la cultura popular, migración intra-regional, relaciones raciales y racismo. Es autor del libro Sonidos de condena: Sociabilidad, historia, y política en la música reggae de Jamaica (Siglo XXI Editores, 2001), y sus artículos más recientes han sido publicados en el libro Contemporary Caribbean Cultures and Societies in a Global Context (University of North Carolina Press, 2005), y las revistas Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism (abril 2006) y Latin American and Caribbean Ethnic Studies (febrero 2006). Actualmente se desempeña como British Academy Visiting Fellow en Londres y en la primavera del 2007 será Visiting Scholar en el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton.

1. Sobre la institucionalización de las ciencias sociales en el mundo occidental, véa Wallerstein et al. (1996). Sobre este proceso en Puerto Rico, véa Quintero Rivera (1993).

2. El IEC estuvo inicialmente asociado al Centro de Investigaciones Sociales, que había sido creado en 1945, y luego se convirtió en una unidad académica independiente (Roca de Torres, et al. 17). En la práctica, el primer número de la revista Caribbean Studies, fue un número especial de la Revista de Ciencias Sociales publicada por el CIS (el volumen 4, número 1 de marzo de 1960).

3. La propuesta redactada por el John H. Stinson-Fernández en el Departamento de Ciencias Sociales general, se titula “Propuesta de revisión curricular para el Departamento de Ciencias Sociales General y la creación del Departamento de Estudios Interdisciplinarios,” (manuscrito, Río Piedras: Universidad de Puerto Rico, 2005).

4. Una elaboración más abarcadora al respecto se encuentra en un manuscrito en inglés bajo preparación por el presente autor.

5. El director departamental se dedica a tiempo completo a tareas administrativas y dos miembros del departamento están destacados en otras tareas, en el Centro Académico de Computos de la Facultad de Ciencias Sociales y en el Programa de Estudios de Honor de la UPR. Otros miembros dedican su tiempo a activismo politico e intervensiones regulares en la radio local de país. En virtud del estatus nominal de la UPR como universidad de investigación, esta situación evidentemente afecta la capacidad departamental para mantener una oferta curricular académica fundamentada en la investigación de forma efectiva.

6. La lista de publicaciones esta contenida en el libro Roca de Torres et al. (179218), pero la misma no es confiable por contener omisiones y publicaciones no

existentes. Una lista de las “publicaciones recientes” de la Facultad revisada en el 2005, esta disponible en la página electrónica de la Facultad (http://cs.uprrp. edu/publicaciones.htm), pero la misma está incompleta y no cuenta con publicaciones para el Departamento de Ciencias Sociales General. Por tal razón se examinaron más de 40 títulos en la biblioteca de la Universidad de Puerto Rico.

7. Para la búsqueda de libros y monografías se examinaron las publicaciones contenidas en la Biblioteca General de la Universidad de Puerto Rico, y par alas búsqueda de artículos se utilizaron varias bases de datos, incluyendo CONUCO (el índice de revistas puertorriqueñas), Caribbean Abstracts (del Royal Institute of Linguistics and Anthropology en los Países Bajos), el Hispanic American Periodical Index (HAPI), el Handbook of Latin American Studies, Journal Storage: The Scholarly Journal Archive (JSTOR), and EBSCOhost: Electronic Journals Service (EBSCO). Las tesis doctorales, manuales de trabajo, reseñas, reportes, o proyectos legislativos trabajados en equipo no fueron considerados en esta evaluación.

8 . El por ciento restante de (4%) luego de considerar aquellas relevantes a Puerto Rico, América Latina y el Caribe, son publicaciones sobre temas generales de las ciencias sociales. Para estas consideraciones, estoy utilizando las categorias editoriales contenidas en Beth Luey ([1987] 1997). Evidentemente, las categorías han sido tomadas con cierta flexibilidad, dado la naturaleza precaria y particular de la industria editorial en Puerto Rico.

9. Debido al énfasis que se quiere prestar en este ensayo a los asuntos interdisciplinarios y de estudios de area, no discutiré el area de métodos de investigación que, en efecto, se mantendra igual con la nueva propuesta y continuará contribuyendo al programa curricular de la Facultad.

10. Esto es un asunto importante a considerar, debido al peculiar patrón de convocatorias y contrataciones en el Departamento, que no necesariamente garantizaría el desarrollo de especializaciones propuestas.

11. En un giro interesante, una de las cosas que sucedió con los estudios de área es que si bien crearon los diplomáticos, agentes, y políticos, también generaron el conocimiento para para diferir de, y atacar, las políticas implementadas en las regiones por poderes económicos metropolitanos a través de aquellos también entrenados en estudios de área. Véa Michiel Baud (2004) y Smith (2002).

12. Esto es, sin nisiquiera considerar el paradigma del estudio de “las Americas” que complicaría aún más el asunto para los autores de la propuesta. Véase Aníbal Quijano e Immanuel Wallerstein (1992), Enrique C. Ochoa et al. (2004), y Diana Paton et al. (2004), Kate Masur (2004).

13. Se debe señalar que el Programa de Estudios Interdisciplinarios de la Facultad de Humanidades creado décadas atrás, ya contaba con una concentración de Estudios Puertorriqueños.

14. Para los Estudios del Caribe, véase los ensayos de Lewis (1983) y de Anthony Maingot (1983) y para los Estudios Latinoamericanos véase Lewis Hanke (1947), Magnus Mörner (1973), Richard M. Morse ([1964] 1989), Martin C. Needler y Thomas W. Walter (1971), y Joseph Tulchin (1983).

15. El otro 15%, además de cubrir otras areas, también investiga y escribe sobre Puerto Rico.

16. Me refiero al texto del distinguido científico social Samuel Silva Gotay (1981), que ha sido traducido al portugués y al alemán.

17. Esto, con la possible excepción del trabajo temprano de dos miembros del Departamento que han trabajado con las Antillas y América Latina, pero que su trabajo actual se concentra en Puerto Rico, y que no obstante, deja muchas subregiones y países fuera del mundo hispanoamericano sin ser contempladas.

18. Sólo existen cuatro ensayos breves en revistas sin evaluación de pares que aparentan trascender a otros países caribeños y latinoamericanos; dos escritos sobre Cuba, uno sobre Grenada, y uno sobre las mujeres haitianas. Quizás una excepción podría ser, el reciente trabajo comparativo de figuras políticas en Puerto Rico y Jamaica por uno de los miembros del departamento, que si bien innovador (y prometedor) no está libre de problemas interpretátivos y de análisis, y además, no convierte a su autor en un especialista sobre en Caribe no hispánico. Véa Juan Manuel Carrión, (2005).

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APUESTA • Num 1 • Enero 2006

Las condiciones de trabajo de los profesores en la universidad neoliberal: 2 (superexplotación) 0- (Re)introducción En la primera parte de esta investigación1 concluimos que: (1) dentro de la relación capital/trabajo, los profesores son no-propietarios de medios de producción, son trabajadores asalariados; (2) realizan un trabajo experto en un contexto manufacturero (no mecanizado); (3) existe una tendencia de los patronos universitarios a incrementar la proporción de los profesores que trabajan bajo contrato precario y (4) las universidades están en un incipiente proceso automatización que descalifica la fuerza de trabajo de los profesores y que incrementa la explotación.

En esta segunda parte revisaremos Por Alba Montes Bello el proceso de intelectualización del Colaboradora proletariado en el neocapitalismo, la transformación de la universidad para producir ese trabajador intelectual, la degradación de las condiciones de trabajo de los profesores inmanente a esta reestructuración universitaria y algunas rutas de acción.

1- Proletarización del intelectual e intelectualización del proletariado en el neocapitalismo Durante las primeras fases históricas del capitalismo, el trabajo intelectual lo realizaban los mismos burgueses al dirigir sus empresas, los burócratas en el gobierno, o intelectuales independientes (artistas o científicos). Pero desde inicios de la subsunción real del trabajo al capital2 la relación entre ciencia y producción cambia: “En la medida […] en que la gran industria se desarrolla, la creación de la riqueza efectiva se vuelve menos dependiente del tiempo de trabajo y del cuanto de trabajo empleado […] depende más bien del estadio general de la ciencia y del progreso de la tecnología […].”3 Este desarrollo de fuerzas productivas inicia con la revolución industrial de siglo XIX, pero encuentra su despliegue luego de la segunda guerra mundial4.

Ernest Mandel, mediante el concepto de “neocapitalismo”, y Michel Aglietta mediante el concepto de “fordismo”, han explicado esta reconfiguración. Esta puede resumirse como la combinación de organización de la producción industrial en líneas de ensamblaje, intervención anticíclica-keynesiana del Estado en la economía, revolución tecnológica permanente, carrera armamentista, incremento de los niveles de consumo (resultado de luchas sindicales economicistas y Estado benefactor) y empresas monopólicas transnacionales.

Ernest Mandel planteó que “son las superganancias monopólicas, fundadas sobre las rentas tecnológicas, las que ocupan el primer lugar entre las superganancias”5. Esta crucial producción de tecnología exige una inversión masiva en investigación y desarrollo y “un crecimiento no menos sensacional del personal

encargado de la investigación y sus aplicaciones tecnológicas”6.

Proliferan los centros de investigación que compran fuerza de trabajo intelectual que realiza investigaciones de las que brotan invenciones tecnológicas que venden al gran capital. Las universidades están íntimamente ligadas a la industrialización de la producción de conocimiento científico: muchas de las investigaciones universitarias se realizan mediante coordinación/financiamiento del gran capital.

Otro generador de un trabajadores no-manuales, no-propietarios, es la recomposición de la fuerza laboral requerida por el gran capital para trabajo en fábricas altamente sofisticadas. El desarrollo de las fuerzas productivas reorganizó la producción: ahora el capital ahora necesita trabajadores con alto nivel de preparación académica para manejar las tecnologías de punta con las que se produce, como las farmacéuticas y las empresas productoras de equipo electrónico y médico de alta tecnología.

El desarrollo del trabajo administrativo en las empresas es otro promotor del creciente carácter intelectual de los trabajadores asalariados. “Lo que antes correspondía a la actividad de un único patrón-administrador […] se ha convertido en una organización estructurada y jerarquizada”7. Ingenieros industriales, gerentes de producción, gerentes y técnicos de personal, especialistas en relaciones laborales, especialistas en finanzas, relacionistas públicos, abogados, contadores, psicólogos industriales y secretarias forman parte de un conjunto de trabajadores que realizan la tarea de organizar el funcionamiento de la empresa. Los gerentes y supervisores son parte de este grupo, pero no son clase trabajadora; no son propietarios de medios de producción y son asalariados, pero reciben ese salario a cambio de dirigir el proceso de producción (controlar-explotar a los trabajadores, ejecutar los intereses de los propietarios). Esto es lo que Erik Olin Wright llama “lugar de clase contradictorio” y excluye a secretarias, mensajeros, los que sacan copias y a profesionales sin autoridad sobre otros8.

De gran importancia también en este proceso son los trabajadores cuyo rol es garantizar la realización del capital. Desarrollar técnicas que permitan manipular-diseñar las necesidades y los sueños de los trabajadores9 es imprescindible para valorizar (vender) la (super)producción. Diseñadores de campañas publicitarias, investigadores de mercadeo, diseñadores de campañas de mercadeo y vendedores conforman este grupo de asalariados del neocapitalismo.

El desarrollo de fuerzas productivas también rearticuló las formas y la importancia de la comunicación. Así, los trabajadores de los medios de comunicación masiva también son producto de este sistema. Reporteros, periodistas, redactores y correcto-

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APUESTA • Num 1 • Enero 2006

res trabajan con “la mente” a cambio de un salario. También en este momento histórico, a mediados de siglo xx, surge un Estado keynesiano/benefactor de gran tamaño que regula la actividad económica e interviene en múltiples procesos sociales. Entonces el sector público incorpora una diversidad de trabajadores diestros (en planificación, psicología, trabajo social, educación, salud…).

Este es el cambio de estatus del intelectual: de patrono o profesional independiente, a trabajador asalariado10. Es “la tendencia a la amplificación constante del trabajo intelectual calificado, tanto en la esfera de la producción como en la de la reproducción y superestructura –tendencia característica del neocapitalismo-, es al mismo tiempo la tendencia a la proletarización creciente del trabajo intelectual.”11 2- La universidad en el neocapitalismo: de benefactora a neoliberal-tecnocrática ¿Cuál es la relación de las universidades con este proceso? Previo al neocapitalismo, la universidad burguesa era un centro de reproducción de las élites; de allí procedían sus integrantes y se formaban los burgueses y allí se cultivaba la perspectiva de clase que permitía a los patronos manejar sus asuntos. La filosofía social se debatía entre el conservadurismo de las viejas clases dominantes (terratenientes) y el liberalismo de nuevos sectores dominantes (burguesías y sus funcionarios). Proveer lo necesario para los escasos estudiantes de esta exclusiva institución era fácil, tanto para sus acaudaladas familias como para el Estado.12 Pero el advenimiento del neocapitalismo a mediados de siglo veinte confeccionó otra universidad. El reclutamiento aristocrático era insuficiente para formar los trabajadores intelectuales antes descritos. El Estado benefactor facilitó una apertura pluriclasista de la universidad, la que se convirtió en vía de ascenso social y de la que surgirían pequeñoburgueses clásicos (pequeños empresarios) y nuevos pequeñoburgueses (profesionales funcionarios del capital privado o burócratas de Estado) formados en un contexto político social-reformista y una filosofía social humanista-liberal. La demanda de profesores aumentó junto con esta masificación, por lo que su reclutamiento se abrió a sectores medios. Dentro del relativo auge económico de los años cuarenta a los sesenta, un recaudo fiscal-estatal grande posibilitaba financiar la universidad masiva que incluyera buenas condiciones de estudio y profesores bien pagados.

Desde los años setenta, el neocapitalismo requirió crecientemente una universidad que provea desarrollo tecnológico13 y los trabajadores intelectuales necesarios para esos procesos de trabajo: el modelo tecnocrático desplazó al humanista-liberal.

Por un lado el gran capital se expandió hacia industrias basadas en alto desarrollo de conocimiento científico como ingeniería aerospacial, electrónica, computación, materiales, telecomunicaciones y bioingeniería. Las universidades se tornaron en un lugar importante para ese desarrollo tecnológico14 y los recintos universitarios fungieron como un lugar de acumulación de capital15 mediante una mercantilización explícita e intensa de la educación y la investigación universitaria. En este contexto, algunos profesores aparecen como coordinadores de proyectos de

investigación financiados por los intereses corporativos (colectores de “fondos externos”). En este pacto universidad-capital, las ganancias van a manos privadas y los costos a la universidades públicas, por lo que una creciente proporción de los recursos universitarios se dirige hacia los centros de investigación y se dificulta sufragar la educación.

Pero esta universidad, que destina cada vez menos recursos a la educación, es ya una universidad masiva. Allí se forman esos trabajadores intelectuales: maestros, enfermeras, secretarias, contables, gerentes, periodistas, trabajadores sociales, biólogos, químicos, periodistas, traductores y músicos. Esta mano de obra cualificada surge de estudiantes de origen proletario o de sectores marginales de la pequeña burguesía, los que dependen de que el Estado financie sus estudios mediante becas o subsidios16.

Estamos ante la contradicción entre una masificación que requiere grandes desembolsos para costear los estudios de estas grandes cantidades de estudiantes y la reducción de fondos al componente educativo inmanente a la orientación tecnocrática de la universidad.

Esta contradicción se intensifica por las crisis económicas acaecidas recurrentemente desde los años setenta. Estas crisis disminuyeron el recaudo fiscal y limitaron el presupuesto disponible para educación superior, achicamiento que degradó la calidad de la educación recibida por los estudiantes: empeoró la planta física, escasearon los materiales y los profesores tuvieron peores condiciones de trabajo.17 Al inicio de la crisis surgió un profesor orgánico a los sectores sociales dominados; era un sujeto de procedencia y ubicación de clase pequeñoburguesa que, ante los embates que recibe del capital, se alía a las clases dominadas. Pero, ante la degradación de las condiciones de trabajo de los profesores, ya no podemos hablar de pequeñoburgueses radicalizados; hablamos de profesores con origen de clase proletario (hijos de enfermeras, de obreros de energía eléctrica, de maestros…), que trabajando 40 horas por semana18 ingresan entre $10,000 y $15,000 al año, o trabajando 50 ó 60 horas por semana ingresan unos $20,000 al año: hablamos de profesores proletarios19.

La lucha de clases dentro de la universidad tecnocrática-neoliberal incluye también una dimensión filosófica. Un empirismo que sistematice lo evidente sin hacer críticas profundas es cónsono con los intereses de quienes quieren que los aprendices de trabajadores intelectuales y los trabajadores de la investigación orgánica al gran capital desarrollen sus habilidades y logren sus hallazgos sin cuestionar premisas, objetivos o usos de esas tecnologías. El neopositivismo reemplaza al humanismo liberal en la universidad tecnocrática. Así, la universidad empieza a organizarse como una fábrica de diplomas en la que los cursos que proveen una cultura amplia y la capacidad de entender el sentido de la acción humana (filosofía, historia, antropología, ciencias políticas, literatura, artes…) periclitan20. Pero de esta fábrica de diplomas y de tecnología también brota la disidencia. Al empirismo tecnocrático se le anteponen humanistas liberales (retrogradación cronológica a la vez que sobrevivencia de cierto espíritu crítico), radicales (marxistas y anarquistas) que cuestionan los intereses del triunvirato capital-Estado-universidad y cristianos

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Tipos de contratos de los docentes en el Recinto de Río Piedras de la UPR (Datos provistos por la Oficina de Planificación Académica del Sistema UPR) Año académico

Total de docentes

Docentes con plaza (total)

Docentes sin plaza a tiempo completo

Docentes sin plaza a tiempo parcial

Docentes sin plaza disponible

Tipo de puesto no con plaza

% docentes con plaza

% docentes sin plaza (total)

% docentes sin plaza a tiempo completo

% docentes sin plaza a tiempo parcial

1999-2000

1,386

942

408

168

240

34

68.0

29.4

12.12

17.32

2000-2001

1,421

941

462

211

251

15

66.0

32.5

14.85

17.66

2001-2002

1,459

966

486

184

302

6

66.2

33.3

12.61

20.70

2002-2003

1,475

972

490

178

312

9

65.9

33.2

12.06

21.15

2003-2004

1,475

968

496

175

321

8

65.6

33.6

11.86

21.76

2004-2005

1,366

961

390

164

266

7

70.4

28.6

12.01

16.54

2005-2006

1,506

944

554

177

377

3

62.7

36.8

11.75

25.03

Tasa de aumento anual

8.7%

0.2%

35.8%

5.4%

57.1%

n.a.

-7.8%

25.2

-3.05%

44.5%

Comentarios:

1- Durante los últimos seis años académicos, el patrono no ha aumentado la cantidad de plazas en términos absolutos; en relación a la totalidad de los docentes las ha reducido en casi 8%.

2- Durante éste periodo, el patrono ha aumentado los contratos de servicio (docentes sin plaza) en casi 36% en términos absolutos; en términos relativos las ha aumentado en 25%.

3- El tipo de contrato que más incrementó fue el que impone las peores condiciones de trabajo: el de los docentes a tiempo parcial, quienes cobran 70% menos por la misma tarea que los que tienen plaza. El patrono incrementó éste tipo de contrato en 57% en términos absolutos y en más de 44% en términos relativos.

4- El análisis preliminar hecho por el Comité de Docentes sin Plaza de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios concluye que el Sistema UPR tiene un déficit de 500 plazas.

5- El general fascista José Milán Astray felicitaría a este superexplotador patrono por implantar su consigna ¡muerte a la inteligencia¡

que repudian la mecanización-insensibilización y el egoísmo contemporáneo.

3- Condiciones de trabajo de los profesores: precariedad y superexplotación Desde Marx, definimos la relación capital/trabajo así: el capital paga un salario por el uso de la fuerza de trabajo, el trabajador usa el salario para reproducirse y el capitalista usa la fuerza de trabajo para producir una cantidad de valor superior al costo de la fuerza de trabajo21. Hay explotación si el trabajador produce más allá del equivalente en valor a su salario y el patrono se apropia de esa plusproducción-plusvalor22. Normalmente, el salario es el costo de la reproducción de la fuerza de trabajo.

Sin embargo, es posible “la reducción del salario del obrero por debajo del valor de su fuerza de trabajo” […] “de éste modo se opera una reproducción insuficiente de su fuerza de trabajo”23.

Aunque el capital puede generar plusvalor sin esta explotación extraordinaria, en ocasiones lo hace y “produce plusvalor mediante la reducción violenta del salario por debajo de valor de la fuerza de trabajo”24. Así, “una parte del fondo necesario para el consumo del obrero se transforma en fondo para la acumulación del capital”.25 Esto es lo que Marini ha llamado superexplotación, o explotación extraordinaria26. ¿Le sucede esto a los profesores? En el sistema UPR, un profesor con plaza, con grado doctoral, empezando, recibe un salario anual de $49,57227. Si estimamos la aportación patronal al seguro médico en $300 mensuales, el salario anual es $53,172.

Pero si el patrono contrata profesores a tiempo parcial, a los que les paga $1,968 por sección, las ocho secciones anuales que son la carga completa del profesor le cuestan solo $15,744. Entonces los profesores a tiempo parcial cobran 71% menos que los

que tienen y su pago por hora baja de $25.56 a $7.57.

En el Recinto de Río Piedras de la UPR, los contratos a tiempo parcial han aumentado durante los últimos seis años de 17 por ciento a 25 por ciento28. Esto significa que una cantidad creciente de profesores están en la pobreza. Por ejemplo, un profesor ingresa $7,872 por año si enseña 2 secciones por semestre (trabajando alrededor de 20 horas a la semana) e ingresa el 15% del salario por hacer el 50% de la tarea. Si enseña 3 secciones por semestre (trabaja unas 30 horas a la semana) ingresará $11,808 al año: percibe el 22% del salario por hacer el 75% de la tarea. Si el profesor lograra que lo contraten en más de un recinto, de modo que logre enseñar 4 secciones por semestre, tendría un ingreso anual de $15,744: realizaría el 100% de la tarea por el 30% del salario. Recordemos (1) que estos profesores no cobran durante el verano, (2) que el salario mínimo anual es $10,712 y que (3) el Negociado del Censo de Estados Unidos define pobreza como un ingreso menor de $15,720 al año para una familia de tres o un ingreso menor de $19,806 al año para una familia de cuatro personas29. Así trata la principal cede del conocimiento a la elite intelectual del país: arrojándolos a la pobreza.

Algunos esgrimirán el dislate de que a los profesores que trabajan bajo contrato precario no se les requiere participar en un comité ni realizar investigaciones y a los que tienen plaza sí.

Sin embargo, en la práctica, los profesores en contrato precario participan de comités y realizan investigaciones. Puesto que esa es su profesión, tienen el objetivo de “conseguir una plaza”.

Por lo tanto, al igual que los que tienen plaza, dedican tiempo a investigar-publicar y a participar en actividades institucionales (comités) para desarrollar un buen resumé.

Para salir de la pobreza, muchos profesores intentan trabajar

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APUESTA • Num 1 • Enero 2006

simultáneamente en varias instituciones, dando 5, 6 ó 7 secciones en un semestre. Así su jornada de trabajo se extiende a cincuenta o sesenta horas semanales para lograr unos $24,000 al año (si enseñan seis secciones por semestre en el sistema UPR). Aunque en una jornada de trabajo semanal de 40 horas también hay plusvalor, la peculiaridad de lo aquí descrito es la extensión extraordinaria de dicha jornada para extraer cantidades extraordinarias de plusvalor.30 Esto es más duro aún para los profesores de las universidades privadas: allí pagan unos $1,600 por sección, lo que significa unos $6,272 anuales por 20 horas a la semana, alrededor de $9,408 por 30 horas a la semana, $12,544 por jornada a tiempo completo ¡y $18,816 por trabajar 60 horas por semana! La superexplotación en las universidades privadas se complementa con el tipo de tarea que el patrono requiere: trabajar con grupos de 40 ¡y hasta 50 estudiantes! no es raro en las universidades privadas31.

Esto es más difícil si las secciones que enseñas durante un semestre están dispersas por varias instituciones; y se agrava si enseñas varios cursos diferentes durante el semestre, pues la preparación de las clases toma parte significativa del tiempo de trabajo. Hay múltiples ejemplos de profesores que por años enseñan simultáneamente en varias instituciones, trabajaban seis y siete secciones por semestre y enseñan de tres o más preparaciones diferentes cada semestre (preparaciones que varían cada semestre). Trabajan unas sesenta horas semanales… y a veces el director de departamento no los contrata para el próximo semestre. Así llegan a enseñar doce, quince y hasta veinte cursos diferentes en su “carrera”. Sin embargo, los comités de personal los menosprecian porque no tienen suficientes investigaciones, ¡debido a que se han dedicado a enseñar!

Lo anterior es una forma de lo que Gregory Bateson llamó “doble vínculo”: penalizar el cumplimiento de una orden ineludible (condenar a educadores por haberse dedicado a educar)32; o castigar el incumplimiento de una orden irrealizable (imposibilitar la investigación y luego despreciar por no haber investigado). El doble vínculo, promotor de esquizofrenia en quien se le impone, se institucionaliza perversa-sádicamente con las políticas laborales académicas neoliberales. El estudio de esta agresión psicológica en el trabajo se ha desarrollado mediante el concepto de “mobbing”, o psicoterror laboral.33 En las universidades abunda el “mobbing” porque, como la Iglesia o el Ejército, tienen una estructura muy jerárquica. Algunos efectos comunes del “mobbing” son desconfiar de sí mismo, temerle a su contexto y someterse plenamente a sus superiores. Las condiciones precarias aquí descritas son psicoterror laboral.34 Pero subestimamos el grado de precariedad y psicoterror de estos profesores si obviamos que estos trabajan sin derecho a seguro médico, licencia por enfermedad licencia por maternidad o paternidad, descargues académicos, plan de retiro o vacaciones. El ahorro de la universidad-patrono es la pobreza del profesor.

El origen técnico-burocrático de esta atrocidad radica en pagar cada sección que enseña el profesor que trabaja a tarea parcial como si fuera una “compensación adicional”. Para el profesor con plaza que ya tiene preparado el curso, enseñar una

o dos secciones más pudiera parecer poco esfuerzo adicional. ¡Pero esto también es superexplotación!: tomando en cuenta que el profesor enseña cuatro secciones, participa en un comité y realiza una investigación, asumir una “compensación adicional” es trabajar 16.67% más a cambio de 8.71% más de ingreso, ¡el tiempo extra se paga a mitad de salario por unidad de tiempo!

Pero la hiper-pauperización viene cuando se aplica esa estructura de pagos “por compensación adicional” a profesores que no tienen contrato a tiempo completo. Esta es la cúspide universitaria de la acumulación flexible, del post-fordismo, del neoliberalismo: pagar solo $1,968 por sección a los profesores que trabajan a tiempo parcial.

Si las universidades están funcionando como empresas capitalistas, este proceso de explotación crecería en frecuencia. ¿Con qué frecuencia ocurre esto en Puerto Rico? Según el Consejo de Educación Superior, el 40% de los profesores universitarios trabajaban a tarea parcial durante el año académico 1998-199935: el 19% de los profesores del sistema público y el 58% de los de las instituciones privadas trabajan “part-time”36.

En el Recinto de Río Piedras, estos profesores a tiempo parcial fueron el 25% para el año 2005-2006. El campeón de la explotación extraordinaria es el sistema Ana G. Méndez: en el conjunto de la Universidad Metropolitana y la Universidad del Este ¡solo el 7% de los profesores tienen plaza! El 93% no la tiene, y ¡¡¡el 79% de sus profesores trabaja a tiempo parcial!!! Esto es parte de una tendencia general de la academia capitalista. Según Curtis37, en Estados Unidos la proporción de profesores con plaza (permanente o probatoria) bajó, de 57% en 1975, a 25% en 2003.

La proporción de profesores en contratos semestrales o anuales aumentó, de 43% en 1975, a 65% en 2003.

En resumen, estos patronos neoliberales han impuesto simultáneamente las tres vías de superexplotación: (1) la intensificación extraordinaria del trabajo mediante secciones excesivamente grandes, (2) la prolongación extraordinaria de la jornada de trabajo (enseñar más de cinco secciones por semestre) y (3) la reducción extraordinaria de los salarios de los profesores (degradar las condiciones de reproducción de la fuerza de trabajo del profesor).

4- Capitalismo de Estado, subsidio y explotación A pesar de esta brutal evidencia, algunos argumentarán que no puede hablarse de explotación en la UPR porque, debido a que dicha institución es una empresa estatal y no un patrono privado, allí no hay relación capital/trabajo. Entonces es preciso recordar lo que Marx planteó sobre la relación entre modo de producción y Estado. “Toda forma de producción engendra sus propias instituciones jurídicas, su propia forma de gobierno, etc.

La rusticidad e incomprensión consisten precisamente en no relacionar sino fortuitamente fenómenos que constituyen un todo orgánico, en ligarlos a través de un nexo meramente reflexivo”.38 Cuando la sociedad se escindió entre en propietariosexplotadores y expropiados-explotados, emergió entre estos un antagonismo irreconciliable que requirió una institución que protegiera las nuevas relaciones de propiedad/producción (mantener a raya a la clase dominada, regular y limitar los conflictos

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APUESTA • Num 1 • Enero 2006

de clase): surgió el Estado39. Así, el Estado capitalista protege las relaciones de producción-propiedad capitalistas. Pero también el carácter interno del Estado está determinado por el modo de producción que defiende. ¿Qué significa lo anterior con respecto a la relación capital/trabajo dentro de las empresas públicas del Estado burgués?

Engels planteó que la contradicción entre trabajo y capital no desaparece: “[…] las fuerzas productivas no pierden su condición de capital al convertirse […] en propiedad del Estado.”40 ¿Por qué?, porque “[e]l Estado moderno, cualquiera que sea su forma, es una máquina esencialmente capitalista, es el Estado de los capitalistas, el capitalista colectivo ideal. Y cuantas más fuerzas productivas asuma en propiedad, tanto más se convertirá en capitalista colectivo y tanta mayor cantidad de ciudadanos explotará. Los obreros siguen siendo obreros asalariados, proletarios.

La relación capitalista, lejos de abolirse con estas medidas, se agudiza, llega al extremo, a la cúspide.”41 Entonces los profesores del sistema público son trabajadores intelectuales asalariados, que son explotados por una empresa del Estado capitalista que reproduce (1) relaciones de dominación trabajo intelectual/ trabajo manual (burócratas/trabajadores) iguales a las del modo de producción capitalista y (2) relaciones salariales piramidales capitalistas (altos burócratas en opulencia y profesores y otros trabajadores en pobreza).

Surgirá quien señale que, debido a que la universidad subsidia el precio de la mercancía que vende, los profesores cuestan más de lo que producen. Quizás esto es cierto para los profesores con plaza, pero no lo es para los que trabajan según contrato de tiempo parcial. Si la universidad vende su unidad mínima de mercancía, los créditos, a $40, un curso de tres créditos con 25 estudiantes genera $3,000. Si la institución de paga al profesor $1,968, cada curso en estas condiciones genera un plusvalor de $1,032. Sin embargo, existe una diferencia entre el precio real de una mercancía y el precio subsidiado por el Estado. Si estimamos el precio de mercado del crédito en $150, ¿cuánto produce un profesor al enseñar una sección? $150/crédito por 3 créditos por 25 estudiantes = $11,250. ¿Cuánto recibe un profesor a tarea parcial al enseñar una sección? $1,968. ¿Cuánto plusvalor produce un profesor a tarea parcial al enseñar una sección? $9,282.

Esta es la pulsión que dirige el inconsciente capitalista de los patronos universitarios: aumentar el nivel de explotación al que someten a los profesores, degradar sus condiciones de trabajo y de existencia, aniquilar el bienestar del intelecto, atropellar a los intelectuales42. Estimamos el salario anual del conjunto de los profesores si no hubiera trabajo precario en $232,627,500 (salario básico de profesores por la cantidad de profesores que trabajarían si no hubiera trabajo precario = $53,172 x 4,375). Si el impulso de superexplotar se apoderara de la totalidad de sus actos, los patronos intentarían que la totalidad de los profesores trabajaran a tiempo parcial. Esta pulsión anti-intelectual lograría que el gasto anual en salarios de profesores fuera solamente el 29% del actual: $68,880,000; así lograría una reducción en salarios de $163,747,000: se alcanzaría la generalización de la superexplotación.

5- Posibilidades y obstáculos ¿Qué hacen los profesores ante esto? Muchos combinan dos o más subempleos: trabajan a jornada parcial en la universidad y a jornada parcial en empresas no universitarias. Otros se van de la academia a fungir como gerentes o especialistas en empresas públicas o privadas, o intentan desarrollar su pequeño negocio.

Entonces esta política laboral neoliberal del patrono ahuyenta muchos buenos cerebros y degrada la calidad de la educación ofrecida (por pobreza o por sobrecarga de trabajo de los profesores).

A la vez, estas condiciones de trabajo y de existencia tienen un efecto en la posición subjetiva de los profesores: esta superexplotación facilita su reconocimiento como proletario; el neoliberal maltrato del patrono promueve una mayor disposición a una crítica de las relaciones económico-políticas. Ante esto, las preguntas claves son ¿cuáles son los intereses objetivos de los profesores en contrato precario (PECP)?, ¿cuál es la conciencia posible de estos profesores?, ¿qué pudieran demandar? En lo inmediato: (1) triplicar el pago por sección enseñada por los profesores a tiempo parcial: $6,000 a los profesores con doctorado y $5,220 a los profesores con maestría; (2) plan médico para todos los docentes sin plaza; (3) otorgar plazas probatorias a los que llevan más de cinco años trabajando en un departamento. A mediano plazo las demandas serían: (1) eliminar la política administrativa de congelar plazas; (2) determinar la cantidad de plazas de profesores según la fórmula: tantas plazas como secciones ofrecidas semestralmente por el departamento entre cuatro; (3) reducir la cantidad máxima de estudiantes por sección a 20. ¿Qué organización pudiera instrumentar el logro de estos objetivos? La más grande de las organizaciones de profesores, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU), no ha podido detener los atropellos mencionados por varias razones. A nivel jurídico-externo, el Tribunal Supremo decidió en 1994 que los profesores no tendrán derecho a negociación colectiva porque somos dizque gerenciales. Para esto se basaron en el caso de la Universidad de Yeshiva, institución en la que los profesores co-gobiernan. Pero en el sistema UPR los profesores no co-gobiernan43. A nivel interno, la situación de los PECP no ha sido importante para la APPU porque su dirección, compuesta por profesores con plaza, no vive esta precariedad. Sin embargo, durante 2006, miembros del Grupo de Trabajo Universitario (GTU, organizador de la revista “Apuesta”) lograron que la APPU actúe en pos de los PECP. Bajo el aval de la APPU, docentes en contrato precario constituyeron un Comité de Docentes Sin Plaza que está trabajando con el asunto. En una asamblea de docentes sin plaza celebrada en mayo de 2006 se definieron reclamos parecidos a los mencionados en el párrafo anterior. Además, este comité ha realizado varios foros sobre condiciones de trabajo de los profesores.

Las condiciones subjetivas también son factor crucial en este proceso. Por un lado, la conciencia real44 de estos profesores contiene elementos que dificultan el desarrollo de sus intereses de clase. El temor a represalias, el chantaje (pactos de protección por docilidad), el individualismo (origen y/o aspiración de clase pequeñoburguesa, el carácter individual del proceso de trabajo del profesor), la inexperiencia en trabajo sindical y la ausen-

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cia de una izquierda política fuerte dificultan el reconocimiento de la superexplotación y la organización-movilización necesaria.

Por otro lado, los patronos también generan ideas que reproducen la superexplotación. Estas incluyen desconocer la situación, ser insensible ante ella, justificarla, sadismo, metafísica expiatoria (el perdón como permiso para oprimir), metafísica minimizante (lo terrenal no es importante), pseudoprimermundismo (“no se quejen, fastidiados están en Haití”), pseudoelitismo (“no te quejes, en las universidades privadas, o para la clase trabajadora, es peor”), cooptación (dirigir departamentos o participar en comités de personal para adelantar posiciones “no corruptas”, depuración ética de la superexplotación).

Esta investigación ha intentado entender cómo: (1) la universidad produce el trabajador intelectual crecientemente exigido por el neocapitalismo; (2) los profesores son trabajadores asalariados intelectuales expertos que producen esos trabajadores intelectuales; (3) desde los años setenta, junto con la economía

capitalista, la universidad de masas entró en crisis; (4) los patronos han afrontado esa crisis degradando las condiciones de trabajo de los profesores; (5) los patronos universitarios están iniciando una automatización que descalifica a los profesores e incrementa su explotación; (6) existen rutas de acción que encuentran obstáculos como la conciencia pequeñoburguesa de la mayoría de los profesores y la relativa debilidad de sus organizaciones.

Hasta ahora los profesores no han transformado su realidad porque no la entienden; y no la entienden porque apenas han intentado transformarla. Se (mal)entienden como no-trabajadores, lo que les impide actuar en pos de sus intereses de clase; y al no actuar según sus intereses de clase, el orden que los explota queda intacto e incomprensible. Estudiar profundamente nuestra participación en este sistema económico-político es imprescindible para cualquier intento de alterarlo; pero solo al intentar modificar ese orden de relaciones lograremos comprenderlo.

1 Montes Bello, Alba. “Las condiciones de trabajo de los profesores en la universidad neoliberal: 1 (bases teóricas)” Apuesta. Revista alternativa de política y cultura. (San Juan) 1 (febrero de 2006): 33-40.

2 Marx definió subsunción real del trabajo al capital como un modo de producción específicamente capitalista. Allí la producción se realiza con maquinaria, que el capitalista introduce como desarrollo de las fuerzas productivas para incrementar la extracción de plusvalor relativo. El incremento del plusvalor relativo es la reducción del tiempo de trabajo necesario (salario): disminuir la proporción de la jornada laboral en la que el obrero produce su salario y aumentar la proporción de la jornada laboral en la que el obrero produce plusvalor. Marx, El capital, tomo I, vol. 2, p. 617-618.

3 Marx, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador). (México: Siglo veintiuno, 1971) 227-228.

4 Ver Mandel, Ernest. El capitalismo tardío. (México: Ediciones Era. 1980) y Aglietta, Michel. A Theory of Capitalist Regulation: The U.S.Experience. (Londres: Verso.

1976).

5 Mandel, Ernest. “La proletarización del trabajo intelectual y las crisis de la producción capitalista” (México, n.p.: 1972 ) 5. Incluido en Mandel, Ernest “Les étudiants, les intellectuels et la lutte des classes”. (París: Ediciones La Brèche, 1979).

6 Ibid., 6.

7 Ibid., 8.

8 Wright, Erik Olin. Class Counts. Comparative Studies in Class Analysis. (Nueva York: Cambridge University Press, 1977) 1-90.

9 Mandel (1972), 9.

10 Ibid., 7.

11 Ibid., 9.

12 Ibid., 25.

13 Ibid., 18, 26. Mandel habla de ‘fábricas de conocimientos científicos”.

14 Noble, David (1998) “Digital Diploma Mills: The Automation of Higher Education”. Revista “First Monday”, vol. 3, #1, enero de 1998. 3 de enero de 2005. <http:// www.fisrtmonday.dk/issues/issue3_1/noble/index.html>.

15 Noble (2005).

16 Mandel (1972), 25.

17 Noble (2005).

18 Hay quien arguye que el profesor nunca deja de trabajar mientras está en vigilia. Al ver arte, películas, deportes, escuchar música, leer noticias…, ¿no estamos, aun sin quererlo, recopilando material empírico para discusión en el salón de clases o para investigaciones? Mas allá de esto, los psicoanalistas dirían que aun durmiendo trabajamos, pues entonces organizamos las experiencias diurnas. Si

le cobramos al patrono por 24 horas de trabajo diario, a $5.15 por hora cobraríamos $45,114 al año. ¿Es coincidencia que esta cantidad sea similar al salario base de los profesores en el sistema UPR? 19 Destinar fondos suficientes para la universidad pública hubiera posibilitado mantener buenos salarios para los profesores. Pero, hacer esto en tiempos de crisis económicas recurrentes, en un país sin otro proyecto de desarrollo que el impuesto por el capital estadounidense y en un contexto histórico-cultural en el que “lo intelectual” ha perdido el prestigio que portaba en tiempos de auge económico relativo, aparece como casi imposible.

20 Ver el “Nuevo bachillerato” del Recinto de Río Piedras de la UPR. Este reduce los créditos de humanidades de 12 a 6.

21 Marx, Karl (1971) 215.

22 Plusvalor = valor nuevo producido – salario 23 Marx, Karl. El capital. Crítica de la economía política (México: Siglo veintiuno, 1975) 381. (Énfasis en el original).

24 Marx, (1975) 741.

25 Marx, (1975) 741.

26 Marini, Ruy Mauro.“Dialéctica de la dependencia”, 12 de enero de 2006. <http:// mx.geocities.com/gunnm_dream/dialectica_dependencia.html>.

27 Según la “Escala retributiva general del personal docente. Efectivo al 1ro de julio de 2005”.

28 Comité de Asuntos Claustrales del Senado Académico…, (2006).

29 U.S. Census Bureau (2005) “Poverty Thresholds for 2005 by Size of Family and Number of Related Children Under 18 Years”, <http://www.census.gov/hhes/ www/poverty/threshld/thresh05.html>.

30 Marx (1975) 617.

31 Marx (1975) 617-618. De esto hablaba Marx mediante plusvalía relativa: la intensificación del proceso de trabajo de modo que, dentro de los límites de una jornada laboral aumente la producción. En la subsunción real del trabajo al capital se incrementa la productividad mediante la mecanización del trabajo. Pero, en los procesos de trabajo no mecanizados (como los de tipo artesanal de la educación universitaria) es posible incrementar la productividad requiriendo mayores cuotas de producción.

32 Bateson, Gregory, Steps to an Ecology of Mind, (Nueva York: Paladin Books, 1973).

33 Molina Navarrete, Cristóbal (2006) “Una nueva patología de gestión en el empleo público: El acoso institucional (mobbing)” 1 de mayo de 2006. <http://mobbing.nu/unanuevapatologia.htm>.

34 Sin embargo, la firmeza de carácter de los profesores en contrato precario es

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sorprendente. Sería más certero buscar la patología psicosocial (esquizofrenia, sadismo…) en los que operan las cámaras de gas psicológicas y los hornos económicos del (neo)fascismo laboral.

35 Consejo de Educación Superior La educación superior en Puerto Rico. (San Juan: Consejo de Educación Superior: 2004) 31.

36 Consejo de Educación Superior La educación superior en Puerto Rico. (San Juan: Consejo de Educación Superior: 2004) 31.

37 Curtis, John W. (2006) “Trends in Faculty Status, 1975-2003”, American Association of University Professors, 8 de marzo de 2006. <http://www.aaup.org/research/FacStatTrends.htm >.

38 Marx, Karl. Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (borrador). (México: Siglo veintiuno, 1971) 8.

39 Engels, Friedrich. El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. (Moscú: Editorial Progreso: 1970) 172-173 40 Engels, Friedrich. Del socialismo utópico al socialismo científico (en Rúa, Pedro Juan (ed.) Introducción a las ciencias sociales: Antología. Río Piedras: Huracán, 1982) 114.

41 Ibid., 114.

42 Los patronos universitarios realizan una versión moderada de lo que el fascismo asume con respecto a los intelectuales. El 12 de octubre de 1936, en una celebración del “día de la raza”, Miguel de Unamuno hizo unas críticas al franquismo.

El general franquista José Millán Astray replicó al maestro con el grito “¡Muerte a la inteligencia!”. <http://es.geocities.com/dfsandin/Miguel.htm>.

43 Algunos (ex)profesores realizan funciones patronales: son miembros de comité de personal, directores de departamento, decanos de facultad o rectores.

La APPU ha manejado parte de esta contradicción definiendo como miembros asociados/inactivos, que no tienen derecho al voto, a los que “ocupen puestos de confianza dentro de la organización administrativa universitaria”; ver la páginas 3 y 4 de “Propuesta de enmiendas al reglamento APPU. Enmendado por la Asamblea General el 23 de enero de 2004”. Sin embargo, los miembros de los comités de personal permanecen como miembros de la APPU, lo que es una contradicción porque cumplen un rol patronal a la vez que son miembros de una organización que pretende sindicalizarse.

44 Tomamos este concepto de Lucien Goldmann, “Conciencia real y conciencia posible, conciencia adecuada y conciencia falsa”, en Zúñiga, R. y López, M. Perspectivas críticas de la psicología social. (San Juan: Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1988) 205-209. Sin embargo, el entendimiento de la relación entre la conciencia y la reproducción de las relaciones sociales puede desarrollarse mediante las siguientes vías: (1) el concepto de ideología según propuesto por Antonio Gramsci y desarrollado por Louis Althusser; (2) las investigaciones psicológicas de Lev S. Vygotsky sobre el desarrollo de la conciencia mediante la interiorización del lenguaje; (3) el psicoanálisis, entender que la estructura psíquica incluye y supera la consciencia y que el inconsciente es la principal determinación de la actividad del sujeto.

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“Manifiesto de los Docentes Sin Plaza - APPU” Ante la degradación de las condiciones de trabajo de los docentes, la Asociación de Profesores Universitarios (APPU) organizó el Comité de Docentes Sin Plaza a inicios del 2006.

Este comité intenta mejorar las condiciones de trabajo de los docentes que laboran en esas precarias condiciones. Este manifiesto expresa unos elementos iniciales de su propuesta.

Vieques

Por cuanto: Los/las docentes sin plaza estamos comprometidos con una educación universitaria de excelencia; Los/las docentes sin plaza hacemos un esfuerzo extraordinario para brindar esa educación realizando nuestras tareas en condiciones de pobreza; La gerencia académica de UPR ha establecido condiciones de trabajo inadecuadas para realizar nuestras tareas; La gerencia académica de la UPR ha asumido una política de eliminación de plazas docentes que se traduce en un déficit de más de setecientas plazas Los/las profesores/as a tiempo parcial reciben 70 porciento menos salario por la misma tarea académica que realizan colegas en plazas regulares a tiempo completo; Los/las profesores/as que trabajan a tiempo completo sin plaza reciben un salario significativamente menor por realizar la misma tarea que los que tienen plaza; Los docentes sin plaza estamos ante la incertidumbre de quedar desempleados debido a que nuestros contratos terminan en un periodo de cuatro, diez o doce meses.

Esto significa que un número considerable de docentes no cobran sueldo durante el verano; Las condiciones de trabajo descritas son un acto de violencia institucional hacia los docentes sin plaza; La política laboral asumida por la gerencia académica menosprecia el trabajo intelectual al someterlos a estas condiciones; La UPR, como principal centro de actividad intelectual del país, debe de estimar el trabajo intelectual, promover el bienestar de sus docentes y establecer condiciones dignas de trabajo.

Por tanto: Exigimos al presidente de la UPR revisar la escala salarial a la luz del principio igual paga por igual trabajo; Exigimos al presidente de la UPR que pague la aportación patronal al seguro médico de los docentes sin plaza de modo proporcional a la tarea realizada. Esta medida ya ha sido endosada por el Senado Académico en su Certificación 82 de 1995-96; Exigimos que se le otorguen plazas a los profesores que han trabajado a tiempo completo durante cinco años o más, que cuentan con buenas evaluaciones y con los requisitos necesarios para ocupar una plaza regular; Exigimos al presidente de la UPR que cese de inmediato la política institucional de cerrar plazas y que abra las plazas necesarias para cumplir con la oferta académica de la institución.

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Dos, tres, cuatro…

Foros sociales de Puerto Rico El primer Foro Social de Puerto Rico se llevó acabo el pasado 17, 18 y 19 de noviembre en los predios de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en algunos espacios del casco urbano adyacente y en los centros comunitarios del caserío Manuel A. Pérez. Antonio Carmona Báez, de la Junta Editora de Apuesta y cofundador del Foro Social de Puerto Rico, ofrece esta reflexión.

A

través de la participación de los movimientos sociales del cuchar testimonios de las víctimas de exclusión, el primer Foro país, y la exclusión de los partidos políticos tradicionales Social de Puerto Rico fracasó en la misión de articular y manie intereses corporativos, el primer Foro Social de Puerto festar propuestas alternativas y concretas; sobre todo no cumRico representó la victoria de una batalla que el pueblo de Puer- plió en fomentar las alianzas permanentes. Todavía la izquierda to Rico tenía hace tiempo contra el sistema socio-económico de Puerto Rico está trabajando en kioscos, con miedo de unir y político de la colonia. Aprendimos que sí, se puede construir esfuerzos contra la dictadura bipartidista del PNP y PPD actualespacios propios del pueblo sin la presencia de la elite política y mente manejando el aparato colonial, camina sobre cáscaras de sin el mercadeo y auspicio de las corporaciones multinacionales. huevos con miedo de insultar y llamar al sistema por su nombre.

De igual forma, evidenció la existencia de un movimiento de mo- Podemos constatar que de este primer Foro Social de Puerto vimientos que potencialmente pueda organizarse para triunfar Rico, salieron iniciativas para apoyar las comunidades en peligro contra la globalización neoliberal, creando de este terruño ca- de extinción, y otros ánimos para fundar una estación de radio ribeño una trinchera del movimiento anti-capitalista. En Puerto de la izquierda. Pero estos ejemplos, ameritando aplausos, fueron Rico este movimiento de movimientos más bien la excepción a la regla.

Antonio Carmona Báez fue representado por trabajadores y No nos debe extrañar lo grande pero módico que fue esta Apuesta líderes comunitaexperiencia, ya que algo similar ocurrió en rios, inmigrantes ese primer Foro Social Mundial en Porto dominicanas, antirracistas y feministas, Afortunadamente la experiencia de Alegre (2001) y el primer Foro Social del ambientalistas, las diversidades sexuales, cinco años de foros sociales nos ha Caribe en Martinica (2006). En estas inssocialistas y anarquistas, raperos, músicos tancias se congregaron los líderes de los y artistas, ciclistas y jardineros, el movi- llevado a creer en el creciente pro- movimientos sociales para conocerse, miento contra los transgenéticos, la diás- ceso, pues cada año se articula más pero la participación de las matrículas de pora puertorriqueña en Estados Unidos, el el carácter plural (en composición) sus organizaciones fue limitada. Afortunamovimiento ecuménico y los ciudadanos la experiencia de cinco años de pero unitario de la sociedad civil damente contra la guerra y la pena de muerte. foros sociales nos ha llevado a creer en el Con más de 1,300 inscripciones pagaglobal que se opone a la domi- creciente proceso, pues cada año se articudas y 200 actividades en formas de tallenación del humano por el capital. la más el carácter plural (en composición) res, paneles y mesas redondas, este primer pero unitario de la sociedad civil global que Foro Social de Puerto Rico fue, en términos se opone a la dominación del humano por generales, un gran éxito para aquellos que se apuestan por ese el capital. Esto fue nada más que un primer intento: hemos creado otro mundo posible. Ligado al Foro Social Mundial (FSM), pro- el contexto, ya es hora de estimular el contenido. ceso iniciado en Porto Alegre, Brasil en 2001, la aspiración de los Podemos aspirar a que en una próxima edición, el Foro Social organizadores del Foro Social de Puerto Rico fue crear un espacio de Puerto Rico pueda contar con una Asamblea de Movimiendemocrático de reflexión y profundización de ideas, intercambio tos Sociales donde se articulan las prioridades políticas del país de experiencias, articulación de movimientos y redes y la formu- y donde se cimientan estrategias contundentes para cambiar el lación de propuestas. El FSM y los foros relacionados es un fenó- rumbo de nuestra sociedad hacia una dirección más democrática, meno en continuo crecimiento y transformación global, regional sostenible, inclusiva e igualitaria. Anhelamos a que la composición y local. Los foros sociales deberán proveer para la formación de del comité coordinador del Foro Social de Puerto Rico sea mucho alianzas entre las distintas organizaciones y grupos e individuos más inclusiva, con representación de intereses fuera de la acadede la sociedad en busca de alternativas ante el actual proceso de mia y aquellos sectores menos privilegiados. Ojalá que el segundo globalización neoliberal. [www.forumsocialmundial.org.br] Foro Social de Puerto Rico preceda a las elecciones de 2008, para No obstante, si fue exitoso en exponer la diversidad de mo- que aplasten a la dictadura bipartidista, blanca y elitista que con su vimientos contestatarios en el país y crear ese espacio para es- política única neoliberal está acabando con el país.

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Catolicismo y política en Puerto Rico bajo España y Estados Unidos, siglos XIX y XX de Samuel Silva Gotay Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 2005.

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ste nuevo libro del profesor Samuel Silva Gotay es lectura obligada para los estudiosos de las instituciones religiosas en Puerto Rico y América Latina. Proviene de los afanes de un académico que desde hace años ocupa un lugar de honor en los estudios latinoamericanos sobre religión y sociedad.

En 1981 Silva Gotay publicó El pensamiento cristiano revolucionario en América Latina: Implicaciones de la teología de la liberación para la sociología de la religión, que tiene la distinción de haberse traducido al portugués y al alemán, y que muchos consideran el estudio matriz de los orígenes de la teología latinoamericana de liberación. En 1997 publicó Protestantismo y política en Puerto Rico, 1898-19300: Hacia una historia del protestantismo evangélico en Puerto Rico, Luis N. Rivera Pagán texto clave para el análisis de los compleColaborador jos enlaces entre la política diseñada en Washington de americanizar a los puertorriqueños y el avance de las misiones protestantes en la isla.

Ambos libros son fundamentales para la conversación académica sobre las relaciones laberínticas entre política y religión en Amé-

rica Latina.

Autor de un gran libro por década, Silva Gotay asume ahora, en Catolicismo y política en Puerto Rico, un riesgo considerable.

Pocos escritores tienen la audacia de intervenir en un tema tan complejo y delicado como el de la religión y la política, asunto en el que las pasiones eclipsan con excesiva frecuencia la serenidad del pensamiento. El riesgo es mayor en el caso que aquí nos atañe, ya que el autor en cuestión, Silva Gotay, es de linaje y herencia protestante, lo que no le impide adentrarse en corral ajeno para husmear tendencias, complicidades y aspiraciones.

Y ciertamente Silva Gotay asume una tarea muy delicada y compleja. Se trata de analizar con seriedad académica los siguientes temas: 1)Los conflictos internos al catolicismo español en el siglo diecinueve y sus repercusiones en la política colonial ibérica.

2)Las dificultades de la jerarquía romana de la Iglesia Católica, en el siglo diecinueve, para asimilar y aceptar el auge creciente del liberalismo político en Europa y los Estados Unidos.

3) Los dilemas de la Iglesia Católica estadounidense ante la

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inminente guerra de los Estados Unidos contra España, nación católica por antonomasia.

4) Las enormes contrariedades que enfrenta la Iglesia Católica en Puerto Rico al perder en 1898 el apoyo que hasta entonces recibía del gobierno metropolitano.

5) Los conflictos agudos que atraviesa la nueva jerarquía católica en Puerto Rico, la cual es, hasta la década de los sesenta, de origen estadounidense, al adoptar una doble estrategia: mantener la hegemonía de la cultura religiosa católica a la vez que propicia la asimilación de los puertorriqueños al lenguaje y los hábitos sociales de los Estados Unidos.

6) Los retos que las vigorosas incursiones proselitistas protestantes, con el aparente visto bueno de las autoridades coloniales estadounidenses, presentan a la Iglesia Católica en Puerto Rico, por centurias acostumbrada a disfrutar del monopolio de legitimidad eclesiástica.

7) El surgimiento de una fuerte corriente nacionalista católica que pretende retar la autoridad del imperio y la colaboración de la jerarquía católica con éste.

8) La decisión del Vaticano de conferir a la Iglesia Católica puertorriqueña un estatuto autónomo de la estadounidense al mismo tiempo que intenta evitar fricciones con Washington.

9) El desarrollo de una impresionante red de escuelas católicas que asume la encomienda de educar una élite social y política puertorriqueña que permita conciliar americanización y catolicismo.

10) Los conflictos entre aquellos sectores populares de la Iglesia Católica puertorriqueña, atentos a la vocación solidaria con los pobres y oprimidos que resuena en los textos proféticos y evangélicos de las escrituras judeocristianas, y la jerarquía eclesiástica abocada generalmente a una política de prudente conformidad.

Como puede verse por esta apretada sinopsis, esta obra de Silva Gotay es una exploración abarcadora y desafiante de asuntos de primordial importancia en las relaciones entre las instituciones religiosas y la política de control colonial de Puerto Rico, en las postrimerías del imperio español y en los albores del estadounidense. Es encomiable la erudición que adorna este libro al lidiar con asuntos que inspiran intenso debate entre ópticas distintas y lecturas, en ocasiones, opuestas. Es, además, admirable la audacia intelectual de Samuel Silva Gotay de poner sobre la mesa de diálogo su interpretación y someterse así al debate crítico ineludible que sucederá a la primera ola de elogios y encomios.

Permítaseme contribuir a ese debate con una pregunta sobre un asunto significativo para los historiadores de la esclavitud afroamericana. Silva Gotay se admira ante la defensa que de la esclavitud hacen algunos jerarcas católicos en la segunda mitad del siglo diecinueve a pesar de que el papa Gregorio XVI la había condenado, según él, “de forma absoluta y definitiva” en su carta apostólica In Supremo Apostolatus, emitida en 1939. Pero, ¿es cierto que Gregorio XVI condenó “de forma absoluta y definiti-

va” la esclavitud o era su objetivo inmediato más bien reprobar el tráfico trasatlántico de africanos esclavizados? En mi opinión, tanto el contenido de la carta apostólica como el contexto histórico específico en que se emitió la sitúan más bien como un episodio clave en la lucha por abrogar el comercio internacional de esclavos africanos. Por ello un jerarca católico podía, posterior a In Supremo Apostolatus, defender la esclavitud e incluso poseer esclavos sin percibir contradicción alguna con la postura papal. El lenguaje, sin embargo, que emplea Gregorio XVI al censurar el comercio de esclavos y reclamar el reconocimiento de parte de las naciones cristianas de la plena humanidad de los africanos, tiende a subvertir la restricción contextual del decreto papal y propicia las aspiraciones abolicionistas de la esclavitud.

Igual que sus dos otros libros anteriores, esta nueva obra de Samuel Silva Gotay hace a su autor merecedor de nuestro pleno reconocimiento como un intelectual de excepcional valía en el estudio de los dilemas y las complejidades sociales que afrontan las instituciones religiosas latinoamericanas. Afortunados somos de que no será su última palabra sobre estas cuestiones.

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Balada transgénica:

biotecnología, globalización y el choque de paradigmas de Carmelo Ruiz Marrero San Juan: Proyecto de Bioseguridad de Puerto Rico, 2005

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l periodista y educador ambiental Carmelo Ruiz Marrero nos brinda en este libro una mirada abarcadora al mundo de la biotecnología de cultivos transgénicos a nivel mundial y en Puerto Rico en medio de la globalización neoliberal de finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI. Resulta interesante ubicar la publicación de este importante libro dentro del contexto de los proyectos actuales de desarrollo económico del gobierno de Puerto Rico y los planes de la Universidad de Puerto Rico (UPR) para apoyarlos.

Ante representantes locales o mundiales de la industria biotecnológica el Gobernador de Puerto Rico Anibal Acevedo Vilá se refiere a Puerto Rico como la “Bio Island”. El apelativo surge porque su política pública de desarrollo económico basado en la “economía del conocimiento” propone desarrollar y promover la biotecnología en Puerto Rico. La biotecnoPor Jorge L. Colón logía es el uso de organismos vivos para la Colaborador creación de medicamentos o productos.

Puerto Rico, aunque continúa siendo un centro mundial de la manufactura farmaceútica (se hacen 16 de los 20 medicamentos de mayor venta en el mundo y las compañías obtienen sobre $20 mil millones en ganancias anuales), ha logrado colocarse entre los primeros cinco líderes globales de la manufactura de productos biotecnológicos. Este desarrollo se ha logrado como parte de la transformación reciente de la industria farmaceútica que ha pasado a crear una mayor cantidad de medicamentos usando procesos biotecnológicos (se espera que dentro de los próximos 20 años, cerca de la mitad de todas las nuevas medicinas que surjan serán basadas en la biotecnología). La inversion de capital de la industria biotecnológica en Puerto Rico sobrepasó los $3,600 millones en los pasados cinco años, con más de 2 millones de pies cuadrados de espacio de manufactura, y la creación de más de 3,000 empleos directos. La UPR ha comenzado la construcción de nuevos centros de investigación y desarrollo en Mayagüez y Río Piedras con un costo de decenas de millones de dólares y ha aprobado nuevos currículos en biotecnología para apoyar la industria biotecnológica en Puerto Rico. La biotecnología es el uso de organismos vivos para la creación de medicamentos o productos.

Ruiz Marrero explica en el texto que dentro de la biotecnología se incluye la ingeniería genética la cual permite la creación de organismos transgénicos. Los organismos transgénicos son organismos (plantas, animales o bacterias) que poseen en su genoma (el conjunto de sus genes, el material para la transmisión de los ca-

racteres hereditarios) por lo menos un gen de alguna otra especie ( p o r ejemplo, genes de bacterias y virus en el maíz, genes de pescado en el tomate, genes humanos en el arroz), por lo que los transgénicos forman parte de los llamados organismos genéticamente modificados (OGM).

Contrario a la gran controversia que se ha generado en otras partes del mundo sobre los impactos económicos, ecológicos y a la salud humanas al introducir alimentos de cultivos transgénicos, en Puerto Rico no se ha generado gran discusión. La falta de debate sobre este tema sorprende, al considerar, como informa el texto de Ruiz Marrero, que Puerto Rico tiene más cultivos transgénicos experimentales a campo abierto por milla cuadrada que cualquier otro estado o territorio de Estados Unidos excepto Hawaii (las compañías que han sembrado en la Isla maíz, soya, algodón, arroz, tomate, papaya y tabaco transgénicos vienen a Puerto Rico atraidas tanto por su buen clima y suelos tropicales como por su “buen clima político”) y al considerar que el plan de desarrollo económico para el País que impulsa el actual gobierno descansa en el desarrollo de la biotecnología.

El texto de Ruiz Marrero trata sobre la manipulación genética para desarrollar productos agrícolas y las controversias y resistencias que ha generado en todo el mundo. En abierto desafío a la propaganda del complejo biológico industrial mundial, Ruiz Marrero declara que “…este libro no es para presentar los supuestos beneficios de la ingeniería genética sino para presentar las objeciones contra ésta de la manera más completa y abarcadora posible.” (4). El autor logra muy bien su cometido en dieciseis capítulos cortos y dos apéndices de fácil y rápida lectura gracias a que utiliza un lenguaje sencillo sin recurrir a términos demasia-

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do técnicos.

El libro abarca desde la revolución verde y la revolución genética, los posibles efectos de la contaminación genética en mariposas monarcas, la biopiratería y el biocoloniaje, la semillas suicidas, las cosechas biofarmaceúticas y las verdaderas causas del hambre, hasta la nanotecnología (donde el autor ve indicios de problemas parecidos a los que ya se han visto con los alimentos transgénicos), los movimientos de desobediencia civil contra estos cultivos, la esperanza de un otro mundo posible que ofrecen los foros sociales mundiales, y la posibilidad de lograr una agricultura ecológica sustentable tanto a nivel mundial como en Puerto Rico. Termina el libro con una excelente sección de recursos en Internet para quien desee proseguir la lectura de estos temas desde la perspectiva de los grupos activistas.

Ruiz Marrero presenta en el libro cómo las grandes corporaciones multinacionales que dominan la industria biotecnológica (Monsanto, Syngenta, Aventis, Pioneer (Dupont), entre otras) proclaman los supuestos beneficios de la agricultura transgénica que logrará eliminar el hambre en el mundo al aumentar el rendimiento por acre cultivado para la producción de alimentos, que permitirá el desarrollo de nuevas medicinas, de plantas resistentes a plaguicidas y herbicidas que reducirán el uso de estos productos químicos con la consecuente disminución de la contaminación del suelo, el aire y el agua, y que añadirán otras características favorables a los cultivos tales como las que redunden en mejores propiedades nutricionales y de sabor para los alimentos.

El texto de Ruiz Marrero contesta estas alegaciones y al presentar las verdades sobre cada una de esta supuesta ventajas, advierte que el desarrollo descontrolado y sin reglamentación de los cultivos transgénicos presenta grandes peligros que debemos conocer para participar activamente en las decisiones sobre su desarrollo. Presenta documentación que demuestra que los cultivos transgénicos contaminan los cultivos naturales cercanos (y no tan cercanos) incluyendo los cultivos orgánicos, impidiendo el desarrollo de una agricultura ecológicamente sustentable y perjudicando a los pequeños productores y agricultores orgánicos. Además, presenta graves acusaciones sobre las posibles consecuencias a la salud humana de la introducción de alimentos transgénicos para consumo humano. Igualmente narra las persecuciones y las graves consecuencias que han tenido que sufrir científicos que

han presentado públicamente estudios con conclusiones que contradicen las de los estudios de las compañías trasnacionales (como han sido los casos de Arpad Pusztai e Ignacio Chapela).

El libro hace una exposición documentada donde critica este modelo de agricultura industrial en el cual el desarrollo de estos productos está dictado por el mercado, siendo el afán de lucro lo que ha llevado a las principales compañías farmaceúticas transnacionales a desarrollar cultivos trangénicos para poder comercializar sus propios herbicidas tales como el “Roundup” de Monsanto o apoyar el comercio internacional de alimentos trasgénicos sin que tengan que identificar con etiquetado los alimentos que son genéticamente modificados o no.

Igualmente presenta la oposición mundial a las patentes de organismos vivos y semillas desarrolladas por estos métodos, que las disposiciones de la Organización Mundial de Comercio obliga a los países firmantes a honrar.

La biotecnología podría ofrecer alternativas reales a problemas agrícolas y biomédicos, pero su desarrollo tiene que darse bajo estrictas medidas de control regulatorio por las agencias pertinentes para evitar riesgos al ambiente y a la salud humana, que no parecen que se hayan tomado todavía. Para un científico como el autor de esta reseña, el texto de Ruiz Marrero carece de fuentes primarias de revistas científicas revisadas por pares que ayudarían a conocer mejor cuál es el consenso entre los cientíticos que trabajan estos temas sobre los cultivos transgénicos. Sin embargo, eso no quita que este libro sea una excelente introducción al tema que presenta una excelente oportunidad para comenzar la discusión de estos temas entre todos los sectores del país y que motiva a seguir leyendo sobre los mismos.

Permite al lector poder entender los debates que se están dando en el mundo sobre el tema y que aparecen publicados en los medios noticiosos locales e internacionales. Recomendamos su lectura con urgencia. Si ya se agotó en las librerías, exijan que se imprima una nueva edición.

Nota: Para una puesta al día de los temas presentados en el libro hasta mediados del 2006, pueden consultar el artículo de Ruiz Marrero “Transgénicos y agricultura orgánica: una perspectiva progresista y ecologista” en la Revista Pensamiento Crítico (San Juan), Año XXVIII, #97, Otoño 2006, 16-29.

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reseñas

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El pan nuestro - a modo de embocadura

C

uando “El Pan Nuestro” de Ramón Frade fue visto por millares de visitantes del país y del extranjero en la exposición inaugural del Museo de Arte de Puerto Rico sin duda resultó la más celebrada, la que apeló a todo gusto, la que provocó más comentario y admiración. ¿Qué tiene esta imagen que este año cumple cien años que la hace merecedora de tanta mirada atenta y apreciadora, que ha provocado variedad de versiones y homenajes de artistas puertorriqueños de ambas orillas del Atlántico, que sigue siendo aún hoy un icono, referente obligado de una identidad nacional tan afirmada como cuestionada?

En Cayey, su cuna, queremos celebrar este centenario y la curadora del Museo de Arte Pío López Martínez en este Recinto de la Universidad de Puerto Rico, Mariel Quiñones ha concebido una exposición donde “El Pan Nuestro” es acompañado de otros panes nuestros, casi todos ellos sobre papel como en las mesas de fonda, cada pan revelando su historia, su origen y destino, su particular sabor, dulce, salado o amargo, duro o blando, fresco o rancio.

Si el racimo de plátanos o guineos que porta el jíbaro de Frade, más que bajando, levitando jalda abajo, era el pan de entonces, el que el padre de familia cargaba “loco de contento para la ciudad” con la melancolía anticipada en el rostro, que retornaría con las manos vacías y el bolsillo también vacío, o casi, hoy el pan es de otra naturaleza y el modo de ganarlo diferente.

Mucho ha cambiado en la fuerza trabajadora del país en un siglo y esta exposición pretende mostrar esos cambios en cómo se reflejan mediante la imagen impresa sobre el papel, en el papel que juega esa

“El pan nuestro”, Ramon Frade, Oleo sobre lienzo, 1906

imagen cuando nos impresiona su testimonio de estos cambios. Porque el jíbaro no constituye ya la principal mano de obra del país que se ha transformado en industrial y de servicios, la fuerza laboral femenina ha crecido hasta equipararse a la masculina y en algunos renglones a superarla, el escenario dejó de ser la ruralía y la montaña y ahora es la ciudad y la costa, la emigración ha llevado a la mitad de nuestra población a los Estados Unidos donde amasan otro pan en otros climas y con otros sabores.Ya tampoco es la pintura al óleo sobre lienzo

la que plasma con su intención de permanencia una imagen imperturbable. Los distintos medios reproductores de la imagen como la xilografía, el grabado en linóleo y metal, la litografía y las nuevas técnicas fotográficas y digitales, cinematográficas y videográficas nos develan multiplicadas y cambiantes la visión de un mundo laboral agitado, conflictivo, tan variado como los seres humanos que lo constituyen. Conglomerados multinacionales en conflicto con gremios y uniones sustituyen al latifundio y al pequeño propietario.Al colonialismo político y militar se unen el económico y cultural, inseparables los unos de los otros.

La mirada inicial de nuestros artistas bautizando en la imagen un mundo hasta entonces inédito, esta mirada enternecida o acusadora, celebradora o lastimera se torna ahora irónica cuando no desencantada. ¿Pan nuestro?, nos preguntamos hace más, mucho más de un siglo. ¿Pan sobao o de agua? ¿Pan o galleta? ¿Plátano o yautía?, ¿Pan nuestro o de quién?

Esta exposición, como toda imagen amerita una lectura y nos toca a cada uno de los espectadores reconocer los signos, armar el alfabeto y con ellos las palabras que nos relaten, que nos lleven a formular la narrativa que juntos y por separado haremos de esta historia nuestra compuesta por las acciones conducentes a llevar el pan a la mesa, evidenciar la fuerza o la debilidad laboral del país, su realidad o su fantasía, su idealización y crítica.

El pan está servido.

Cortesía del Museo de Arte Dr. Pío López Martínez Fotos de Jack Delano

apuesta a las artes

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Gráficas Gráficas “en Puerto Rico no hay pobreza”

ANUNCIO

“esto ta’ malo”

Ilustracion por Raúl Ramos

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Apuesta a las artes

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En febrero de 2007 se cumple un año en el cual la profesora Doña Lotti Tischer, nuestra primera representante de ballet, se nos ha fugado. A ella va nuestro homenaje póstumo y reconocimiento merecido por su contribución y labor.

“Pero [ella] estaba hecha de presentes…”

J.B.

Lotti Tischer

T

odos albergamos sueños, corazonadas, dudas… pero en esta mujer el afán y la esperanza de abrir nuevos caminos, no tan sólo para ella, sino para su país, la llevó a darle forma y textura a nuestra historia y desarrollo del ballet; porque ella fue cómplice, testigo y hacedora de esos rumbos vanguardistas que el ballet proponía para nosotros.

En medio de la crisis económica que arropaba al país (1930) y del escudriñamiento insistente de una identidad, aún cuestionada y lacerada; se hacía a la luz, entre un grupo muy selecto, la candidez y el virtuosismo de una jovencita que amaba la danza y fraguaba en ella sus sueños más preciados. Educada con maestros de primera, en y fuera de Puerto Rico, Doña Lotti emprendió su camino, para ser la mejor y compartirlo con los suyos.

Me contaba un día cómo se había lanzado por primera vez en un “Pas de deux” desde una plataforma en los brazos de su pareja de baile: “A mí me dijeron que me tirara y eso hice”. Esa menuda bailarina no tan sólo se lanzó esa vez, con el miedo momentáneo que provocaría en cualquiera una caída, sino que le tomó gusto al precipicio: ella confiaba plenamente en su bailarín.

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De igual forma confió en el proceso de desarrollar esta disciplina en nuestro país, por eso se lanzó en esta gesta ardua y compleja que es educar con disciplina y amor a nuestros hoy maestros y bailarines.

La técnica del ballet, que ha seguido evolucionando con el pasar del tiempo, siempre ha requerido de cuerpos particulares que puedan ejecutar las difíciles maniobras y traslaciones que hermosamente se han codificado desde la Opera de París. Esa rigurosidad y perfección de lo bello es uno de los cuestionamientos que trae consigo la danza moderna posteriormente, pero es que nosotros no teníamos formas que cuestionar, ni movimientos desgastados con los que incursionar en la modernidad. Así, pues, Doña Lotti (que muy bien conocía los planteamientos y movimientos que se estaban dando a nivel mundial con respecto a la danza contemporánea) sabía que nosotros debíamos empezar por el principio, además, el Ballet clásico ha tenido desde sus orígenes una relación íntima con la música “clásica”, y ella estaba religada con ese mundo que le venía de linaje. De esta forma Doña Lotti, asidua maestra, concentró sus energías en educar al pueblo con su Escuela de Ballet y la primera compañía de esta disciplina en Puerto Rico, cuyo nombre en sus inicios, muy a pesar de ella fue El cuerpo de Ballet de Lotti Tischer (1952), y que, posteriormente le conoceríamos como Ballet Concertantes (1962). Se le iluminaba el rostro a Doña Lotti cuando hablaba de sus estudiantes, de aquellos días; y también entre suspiros resumía la alegría de vivir para la danza. Doña Lotti era toda una filántropa… con el alma hecha movimiento se ganó el respeto de varias generaciones, y es que ella supo darle el justo valor a este arte, ensanchando nuestras posibilidades históricas en la disciplina del ballet en Puerto Rico.

Nuestra Doña Lotti Tischer se ha ido a danzar entre los espacios innominados de la existencia, pero sabiendo que ha sembrado el amor necesario para seguir cultivando las distintas manifestaciones de la danza. No es posible que el olvido de algunos sea más poderoso que muchos años de dedicación al desarrollo de este arte, ni tampoco que la ingratitud de muchos pueda borrar de nuestros pasos tanta pasión, tanta vocación y tanta sensibilidad.

Si bien es cierto que el ballet clásico debe privilegiar la rigurosidad de la técnica ante todo, pues en ella radica gran parte de su belleza, también es cierto que privilegiar la construcción de máquinas insensibles para bailar, ha provocado una fuga, nos ha dejado casi sin bailarines clásicos.

Doña Lotti nos enseñó que se podían entrelazar respeto y amor en la misma disciplina, que la capacidad del ser humano para expresarse a través del movimiento es infinita y toda ella, también muy valiosa; por eso dedicó muchos años de su vida a enseñar ballet a adultos y a apoyar todos los trabajos presentados en el país a pesar de las diferencias. Con Doña Lotti se nos van memorias sobre la conformación del ballet en Puerto Rico, historias hermosas y también muy tristes de nuestros hoy maestros de ballet. Aunque nuestro único testimonio serio sobre los inicios y desarrollo de este arte en el país será su libro, aún inédito, esperamos que no tan lento como el futuro dé a luz ese texto que un día tuve el privilegio de hojear y que documenta la historia de nuestros pasos .

Muchos países han tenido sus propulsores, sus iniciadores en este arte: Italia y más propiamente Francia tuvo a Phillipe Taglioni y a Carlos Blasis; Rusia a Michel Fokine; Estados Unidos acogió como propio a George Balanchine; Inglaterra a Marie Rambert; Dinamarca, importó a Vicenzo Galleoti, y vio nacer a August Bourneville; Cuba ha tenido su Alicia y Fernando Alonso.

Con Doña Lotti Tischer hemos recuperado el mito que nos ha faltado, para reconstruirnos en el panorama mundial de la danza, porque nosotros también tenemos nuestra leyenda, porque aquí la danza ha tendido en ella representación inagotable, porque ella seguirá siendo maestra de maestros en Puerto Rico; y fue su vocación por la enseñanza lo que permitió que esta experiencia fuera única e imborrable. ¡Gracias, Doña Lotti!, en nombre de todas las que te conocimos y te debemos tantos amaneceres, tantos trigales.

Tania A. Ramos González Apuesta

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Música Guitarra

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© 2006 Renaldo Guadalu

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“Incógnita” interroga qué hacer ante un problema sentimental. Intenta reflexionar sobre la situación, explorar lo que ella provoca en el interior del compositor y buscar una solución; a la vez expresa una ilusión y una búsqueda de paz y armonía.

La pieza inicia con una introducción lenta y amable en La Mayor, luego de la cual expone la situación adentrándose en

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Poesía La queja de los besos negros (fragmentos) ¡Exvoto.

Cadalsos de la rosa.

Anticristo, Antibelzebú, mandrágoras que nacen a mi alrededor, druídicos corceles del poema, libro travestido oscuros crisantemos del hermoso verso vistiéndose de draga, loca, mala, peeeerrra, bincha, diva, como la sensación de nunca ser amado transformista que logra aparecer o desaparecer, que se oculta en la lira macharrana, y en el fondo del lago el perfume se enrosca en su dragón invicto.

Como si fuera éste el final de los tiempos.

Como si Tú pudieras derrotar otra vez mi existencia que vuelve a reescribirte.

Arden en los escaparates los globales libros, repletos intestinos, vacíos sepelios y ratones que huyen de la computadora.

Arden Bibliotecas virtuales.

Antólogos promiscuos, apotegmas del hambre, cómo surgen del dólar y el performance los poetas del nuevo vaticinio, nepotismos que alargan el escorzo incauto del poema ebrio, del poema sin versos que vuela en el nuevo día, la poesía que arde en la mitad del cosmos y la zorra se aleja eternamente del racimo arrimado a los sepulcros, de las uvas cubiertas de lepra y de un Amor perdido.

Arden senderos, luminosos candelabros que tiemblan en la mano indecisa del ocaso y de los sacerdotes que huyen en esos laberintos del deseo, ermitas en las que Satanás irrumpe destruyendo la muerte como si fuese el Arte la Historia, la Verdad y la Rosa en que la Realidad realiza una promesa de volver del infierno a encontrarse en la tumba de Polimno; construyendo la vida, nuestra carne perversa, derramando su sangre en el calvario inverso hasta que se detiene la impresora y esta tinta continua del orgasmo…

Miguel Ángel Náter

Paraíso perdido (1947) Lejano infancia paraíso cielo oh seguro seguro paraíso Quiero pedir que no y volver. No quiero oh no quiero no quiero madre mía no quiero ya no quiero no este mundo.

Harta es la luz con mano de tristeza harta la sucia sucia luz vestida hartas la voz la boca la catada y regustada inercia de la forma.

Si no da para el día si el cansancio si la esperanza triturada y la alta pesadumbre no dan para la vida si el tiempo arrastra muerto de un costado si todo para arder para sumirse para dejar la voz temblando estarse el cuerpo destinado la Mirada golpeada el nombre herido rindan cuentas.

No quiero ya no quiero hacer señales mover la mano no ni la Mirada ni el corazón. No quiero ya no quiero la sucia sucia sucia luz del día.

Lejano infancia paraíso cielo oh seguro seguro paraíso.

Idea Vilariño

Pobre mundo Lo van a deshacer va a volar en pedazos al fin reventará como una pompa o estallará glorioso como una santabárbara o más sencillamente será borrado como si una esponja mojada borrara su lugar en el espacio.

Tal vez no lo consigan tal vez van a limpiarlo.

Se le caerá la vida como una cabellera y quedará rodando como una esfera pura estéril y mortal o menos bellamente andará por los cielos pudriéndose despacio como una llaga entera como un muerto.

Idea Vilariño

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Instrucciones rápidas para una sociedad patriarcal clásica Alba Montes Bello Coolaboradora “Machismo” foto de Juan Rosco. Tomado de iwww.cabrasola.com/visuales

Sexo no marital: el hombre puede y debe tener tantas conquistas sexuales como le sea posible; la mujer debe llegar virgen al matrimonio.

“Cuernos”: el hombre puede tener aventuras sexuales; para la mujer es imperdonable tenerlas.

Militarismo: exalte y promueva todo lo que envuelva competencia y agresividad, ya sea la milicia o su metáfora, el deporte.

Crianza 5 (educación afectiva): los hombres no lloran; eso es cosa de nenas.

Crianza 6.1 (modelo masculinos a emular): ser el poderoso.

Esto tiene varias versiones: (1) campeón de boxeo (el agresor), (2) hombres de negocios (explotador) y (3) el soldado (asesino a sueldo legal, conquistador militar) y (4) ser el donjuán (el conquistador sexual).

Crianza 6.2 (modelo femenino a emular): ser la sometida. Esto tiene varias versiones: (1) ser reinas de belleza (ser objeto sexual extraordinario), (2) ser ama de casa y niñera (empleada doméstica sin salario) y (3) estar listas para cuando llegue el marido (sirvienta sexual sin salario).

Crianza 7 (pensión alimenticia): no la pague; quien la manda a no seguir con usted.

Domine la Tierra: utilice los recursos del planeta para acumular poder.

Relaciones sexuales 1 (zonas erógenas): concentre la actividad en los genitales.

Relaciones sexuales 2 (posiciones): el hombre arriba, la mujer abajo.

Relaciones sexuales 3 (orgasmo): el hombre buscará su orgasmo; el orgasmo de la mujer no es importante.

Nombre: los hijos llevarán el apellido del padre; si llevan el de la madre, será en segundo lugar.

Homofobia: desarrolle intolerancia hacia los hombres que rehúsan su lugar de privilegio y hacia las mujeres que rechazan someterse al poder sexual masculino.

Lenguaje: puede referirse a colectivos mixtos a través del género gramatical masculino, pero no a través del femenino (el masculino es universal).

Tareas domésticas: las tareas de la casa son asunto de la esposa, especialmente cocinar, fregar y lavar ropa.

Crianza 1 (distribución de la tarea): cuidar los hijos es cosa de mujeres; el padre no tiene que colaborar en esto, puede quedarse mirando deportes por televisión.

Crianza 2 (educación sexual): pregúntenle a los niños cuántas novias tienen; jamás le pregunten esto a las niñas.

Crianza 3 (juguetes): muñecas y princesas para ellas; carritos, monstruos y armas para ellos.

Crianza 4 (actividades extracurriculares): deportes para los niños, ballet y modelaje para las niñas; si fuera imposible impedir que ellas hagan deporte, asigne estas disciplinas: baloncesto, béisbol o boxeo a los niños, voleibol y gimnasia a las niñas.

Insultos: la mayoría de los máximos insultos serán los que indican que una mujer no sigue las restricciones sexuales del patriarcado; “puta’ (mujer no monogámica), “hijo de puta” (hijo de mujer no monogámica), “cabrón” (tu esposa no es monogámica).

Fuerza: apréndase, cante y aplique según necesario, la canción “Si te cojo”, de Ismael Rivera.

Profesiones: las profesiones y posiciones sociales de mayor prestigio y poder estarán en manos masculina.

Divinidad. Dios es padre (hombre, no mujer); es omnipotente (invencible), omnisapiente (incuestionable) y eterno (perpetuo).

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Mapa ideológico

Defendiendo su lugar social como capitalista, o pidiendo perdón al amo por haberlo criticado, algunos arguyen que no existen diferencias entre izquierda política [socialistas] y derecha política [capitalistas]. Pero un análisis menos saboteado por la culpa permite distinguir socialismo autoritario [como la Unión Soviética a partir de Stalin,] de socialismo libertario [colectivos anarquistas españoles de 1936-39]; también permite distinguir capitalismo defendido mediante dictadura [Hitler, Pinochet...] de capitalismo legitimado por democracia representativa.

Precisando veremos que hay gradaciones en el eje izquierdasocialismo / derecha- capitalismo.

Estableciendo una escala que va de derecha a izquierda podemos clasificar los sistemas económicos como corporativismo [capitalismo en el que el estado interviene solo a favor de los capitalistas]; liberalismo [capitalismo sin intervención del estado en la economía]; keynesianismo/nuevo trato [capitalismo con intervención del estado tanto a favor de los trabajadores como a favor del capital], socialismo moderado [hacer reformas a favor de la clase trabajadora para llegar gradualmente al socialismo] y socialismo radical [revolución que expropie a los capitalistas y socialice la propiedad de las empresas].

Similarmente podemos distinguir el grado de libertades individuales y de participación en las decisiones políticas que existan en un sistema social.

Así definimos una escala que va de dictadura a democracia representativa a democracia participativa. Examinar el desempeño de los actores internacionales más importantes revelaría el siguiente mapa ideológico internacional.

Mapa ideológico-político internacional Ejército Zapatista de Liberación Nacional: Movimiento político-indígena con fuerte apoyo internacional anticapitalista, dirigido por el Sub-comandante Marcos, figura misteriosa y símbolo del Socialismo del Siglo XXI. Pro-democrático, promueve los derechos de las minorías étnicas y sexuales y derecho a la libre expresión. Se opone a todo tipo de imperialismo y a los acuerdos de libre comercio. A favor de una sociedad de libre asociación, tipo socialista antiautoritaria, la redistribución equitativa de las riquezas y un modelo económico sustentable que respeta al medio ambiente. Ocupó brevemente a partes importantes del Estado de Chiapas, México.

Estado Libre Asociado de Puerto Rico: Territorio no incorporado (colonia) de Estados Unidos. Instituyó una

economía mixta desde los años 40 que promovió la industrialización del país por medio de inversión extranjera y la emigración puertorriqueña hacia Estados Unidos. Mientras, extendió derechos democráticos a los residentes de la Isla, incluyendo autonomía administrativa. Modelo económico orientado hacia la exportación que depende de fondos federales de Estados Unidos, con alta presencia militar, represión política hacia los separatistas y exención de impuestos para las corporaciones. Contrarreformas neoliberales desde los años noventa.

Evo Morales: Primer presidente indígena de la República de Bolivia (2006), del Movimiento al Socialismo -una fusión de movimientos indígenas y grupos políticos de la izquierda y antiimperialistas. Ex-campesino cocalero, promueve los de-

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rechos democráticos de todos los ciudadanos, campesinos y trabajadores; opuesto a la guerra norteamericana contra el narcotráfico y favorece una política de reducción de daños. Favorece la nacionalización de todos los recursos nacionales y las ideas del Socialismo de Siglo XXI; formó alianza con la Revolución Bolivariana de Venezuela y la Revolución Cubana. Aboga por la integración de sectores pobres y excluidos en los procesos democráticos y una reforma constitucional tipo socialista-democrática.

Fidel Castro Ruz: Comandante-en-Jefe de la Revolución Cubana desde 1959, actual presidente de la República socialista. Defensor de las tradicionales ideas marxistas-leninistas-martianas y antiimperialista. En 1975, instaló una constitución socialista-democrática, con elecciones no partidistas celebradas cada cinco años. Defiende el autoritarismo del Partido Comunista Cubano frente a actividades contra-revolucionarias y los derechos democráticos y civiles limitados. Promueve la redistribución equitativa de las riquezas nacionales, los derechos de las mujeres e internacionalmente las reparaciones relacionados a crímenes históricos.A favor de la unidad de América Latina y países tercermundistas frente al imperialismo europeo y norteamericano. Cree que la educación y medicina son derechos humanos.

George W. Bush II: Presidente de Estados Unidos por dos términos (2001-2008), del Partido Republicano. Iniciador de la permanente “Guerra contra el Terrorismo” comenzando con la suspensión de los derechos civiles en su país mediante la “Patriot Act” y el “Department of Homeland Security”. Dirigió la guerra imperialista en Afganistán e Irak. Defensor de un capitalismo neoliberal dominado por la burguesía norteamericana. Fundamentalista evangélico: a favor de la pena de muerte y opuesto a los derechos reproductivos de la mujer; opuesto al derecho de matrimonio para los homosexuales e intolerante a la inmigración indocumentada. Indiferente a los convenios internacionales sobre el medio ambiente (Kyoto 2001) y el racismo (Durban, África del Sur, 2001).

Hugo Chávez Frías: Primer presidente de la República Bolivariana de Venezuela desde 1999; dirigente de la revolución bolivariana: antiimperialista, popular y latinoamericanista. Ex-militar que promueve las ideas de Socialismo del Siglo XXI y la integración y participación de sectores pobres de la sociedad en los procesos democráticos. Apoyado por los militares y los círculos bolivarianos: redes de ciudadanos activistas basados en las comunidades. Promueve la creación de economías pre-socialistas para la integración caribeña. Defiende los derechos democráticos para los ciudadanos incluso la oposición en la prensa nacional, y una redistribución de la riqueza nacional. En respuesta al Acuerdo de Libre Comercio de la Americas, iniciado por Estados Unidos, propone una Alternativa Bolivariana para las Americas. Formó alianzas con Fidel Castro, presidente de Cuba y Evo Morales, presidente de Bolivia.

Luís Ignacio “Lula” da Silva: Presidente de la República de Brasil desde 2002, por el Partido de los Trabajadores. Combina elementos socialdemócratas y neoliberales; promueve políticas que favorecen los pobres del país, apoyado por la burocracia sindical y comunidades de base. Favorece un acuerdo de libre comercio controlado con Estados Unidos. Defensor del movimiento anti-racista y apoya los derechos democráticos logrados después de los años de dictadura: libertad de expresión, derechos de la mujer, libertad de orientación sexual. Promueve la integración económica de América Latina; mantiene buenas relaciones con la OMC, Banco Mundial y el

FMI. Promueve la privatización de empresas públicas no rentables.

Autoritario dentro del Partido de Trabajadores.

Michelle Bachelet: Primera presidente de la República de Chile y primera socialista elegida desde la dictadura de Pinochet. Socialdemócrata moderada, feminista, promueve los derechos del movimiento sindicalista. Comenzando su carrera presidencial en uno de los primeros países neoliberales, su gobierno tiene muy poco para privatizar. Promueve los acuerdos de libre comercio con excepciones en ciertas industrias y la integración económica de América Latina. Preocupada por el medioambiente y los derechos democráticos básicos y minoritarios. Apoya la reconstrucción de un Estado benefactor. Indiferente a los asuntos territoriales y derechos de los indígenas.

República Islámica de Irán: Estado teocrático desde la revolución Islámica de 1979 dirigido por el Ayatolá Khumeini; gobierno jerárquico de cleros musulmanes chiítas y legisladores y presidente elegidos. Estado benefactor keynesiano, con servicios de educación y salud disponibles para toda la población. País miembro de OPEP. País conservador en temas de la sexualidad e igualdad entre los sexos, a la misma vez una alta integración de la mujer en la política, los puestos profesionales, la universidad y en el ejército. Libertad de prensa muy limitada y controlada por los cleros. Aspira ser una potencia nuclear para la defensa y la energía eléctrica.

República Popular de China: País que a partir de la revolución 1949 fue gobernado por el Partido Comunista de China de Mao Ze-dong, el que implantó un sistema socialista burocrático.

Desde los años 70 estableció una economía mixta que se abrió a inversión capitalista extranjera y mantuvo un Estado benefactor.

Estructura política jerárquica y sumamente autoritaria (libertad de expresión limitada), igualdad de derechos para hombres y mujeres, libre acceso a la salud y la educación, derechos reproductivos reducidos y vigilados por el Estado. Participa en la economía global, miembro de la OMC desde 2002. Participa en convenios internacionales como el protocolo de Kyoto. Su desarrollo económico se nutre de, e influye en, la región asiática del Este.

Tony Blair: Primer ministro del Reino Unido desde 2000, del ahora neoliberal Partido Laborista. Defensor de la privatización de los servicios públicos y otras políticas neoliberales; seguidor del desmantelamiento del Estado benefactor en Gran Bretaña. En 2003, junto con el conservador primer ministro de España, Aznar, y el primer ministro de Italia, Berlusconni, formó una alianza con el presidente de Estados Unidos, George W. Bush II, en la guerra imperialista contra Irak. Opuesto a la pena de muerte, a favor de los derechos civiles como la libertad de expresión, el matrimonio gay, los derechos reproductivos de las mujeres.

Antonio Carmona Báez y Ramón Rosario Luna Apuesta

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Apostadores Rafael Bernabe Riefkohl posee un bachillerato historia de

Princeton University y maestría y doctorado en sociología de la State University of New York-Binghamton. Es autor del libro Respuestas al colonialismo en la política puertorriqueña, 1899-1929 (Huracán, 1996), La maldición de Pedreira.Aspectos de la crítica romántico-cultural de la modernidad en Puerto Rico (Huracán, 2001) y Manual para organizar velorios.Apuntes sobre la muerte de la nación (Huracán, 2003). Próximamente publicará, junto a Cesar Ayala, Puerto Rico in the American Century: a History Since 1898 (North Carolina University Press). Ha publicado múltiples artículos de análisis económico-político en los periódicos Diálogo y Claridad y en la revista Pensamiento Crítico. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y es uno de los portavoces del Frente Socialista.

gía, historia, y estudios caribeños en la Universidad de Puerto Rico y la Universidad del Norte de Londres en Inglaterra. Sus investigaciones en el Caribe incluyen estudios sobre música y la cultura popular, migración intra-regional, relaciones raciales y racismo. Es autor del libro Sonidos de condena: Sociabilidad, historia, y política en la música reggae de Jamaica (Siglo XXI Editores, 2001). Sus artículos más recientes han sido publicados en el libro Contemporary Caribbean Cultures and Societies in a Global Context (University of North Carolina Press, 2005) y en las revistas Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism (2006) y Latin American and Caribbean Ethnic Studies (2006). Actualmente se desempeña como British Academy Visiting Fellow en Londres y en la primavera del 2007 será Visiting Scholar en el Programa de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Princeton.

Antonio Carmona Báez hizo su doctorado en Economía Política

Renaldo Guadalupe Álamo posee un doctorado en música

Internacional en la Universidad de Amsterdam. Es profesor en el Departamento de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Es especialista en temas de globalización y movimientos sociales. Entre sus artículos se encuentran Scholar-Activism and the Global Movement for Socio-economic Justice (2003), El Banco Popular: un conglomerado criollo (Apuesta, 2006) y otros sobre el Foro Social y nueva política en el semanario Claridad.

Fue investigador en el Transnational Institute 2000 a 2003. Autor del libro State Resistance to Globalisation in Cuba (2004).

Jorge Colón tiene un doctorado en Química de la Universidad de

Texas A&M, College Station y postdoctorados de esa institución y de California Institute of Technology. Autor de dieciséis artículos sobre química inorgánica y bioinorgánica, ecología y ambientalismo, publicados en revistas científicas internacionales de su disciplina.. Es coautor de los libros Salud y Paz para Vieques, Proyecto de Divulgación de las Guías para el Desarrollo Sustentable de Vieques (2001), Guías para el Desarrollo Sustentable de Vieques (2005), Vieques ante el 2003: Posibilidades y Peligros, (2003) y Universidad y (Anti)Militarismo: Historia, Luchas, y Debates (2005) entre otros. Ha asesorado diversos grupos comunitarios de Vieques y de múltiples grupos profesionales en pro del desarrollo sustentable de Vieques. Miembro y Portavoz de la Coalición Ciudadana Contra el Militarismo y de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Miembro del Colegio de Químicos de Puerto Rico y de la Sociedad Americana de Química, cuyo capítulo de Puerto Rico presidió en 1997. Es profesor del Departamento de Química de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Presidió la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios en el 1999.

Félix Córdova Iturregui es doctor en literatura española mo-

derna de la Universidad de Princeton. Ha publicado los libros de poesía Canto a la desobediencia (1988), Militancia contra la soledad (1987) y Para llenar de días el día (1985). Publicó los libros de cuentos El rabo de la lagartija de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla (1988) y Sobre esta difícil tierra (1993) y la novela El sabor del tiempo (2006). Ha publicado los siguientes ensayos de análisis literario: La peregrinación de Bayoán: construcción de un punto de vista (revista Hostos Hoy, 1988), El radicalismo democrático de Eugenio María de Hostos: su periodo español (en Hostos: sentido y proyección de su obra en América, 1995), Los trovadores puertorriqueños: algunas consideraciones sobre el arte de improvisar (en La décima popular en la tradición hispana, 1994), y El jíbaro de Manuel Alonso: las texturas de los silencios elocuentes (Huracán, 2001). Ha escrito numerosos artículos sobre análisis económico-político, movimiento obrero e historia de Puerto Rico, que se han publicado en el periódico Claridad y en la revista Pensamiento Crítico. Fue presidente de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y actualmente investiga sobre poesía puertorriqueña del siglo veinte.

Jorge L. Giovannetti completó estudios graduados en sociolo-

de la Universidad de Miami y una maestría en música de la Universidad del Estado de Arizona, ambas con concentración en guitarra clásica de concierto. Profesor universitario de guitarra clásica, ha enseñado en la Universidad de Miami, en la Universidad de Arizona, en la Universidad de Puerto Rico y en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Es concertista de rango internacional que ha dado conciertos en España (2004),Venezuela (1995), Martinica (1995) y México (1992) y que ha ganado varios premios en competencias internacionales. Director artístico y organizador del Festival de Guitarra y del Dúo García Guadalupe. Ha continuado estudiando su instrumento con Manuel Barrueco, David Russell, Alirio Díaz, Carlos Barbosa Lima, Leo Brower y Stanley Jordan. Pronto publicará su investigación “A Compilation of Selected Calisthenic Exercises Designed to Address Specific Technical Aspects in Guitar Performance.”

Su album “Incógnita” (2006) incluye composiciones de Joaquín Rodrigo, Héctor Campos Parsi, José Ignacio Quintón y propias. También cultiva el arte de la guitarra flamenca.

Raùl Guadalupe de Jesús es doctor en Literatura Hispanoame-

ricana de la Universidad de Texas en Austin y una Maestría en Historia de América Latina y el Caribe de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente, estudia una Maestría en Religión en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. Es profesor de Español en la Universidad de Puerto Rico en Bayamón. Ha realizado investigaciones sobre literatura y cultura puertorriqueña e hispanoamericana y sobre la historia del movimiento obrero y los procesos políticos en Puerto Rico. Poeta, autor de Los alfileres del ingenio (1998) y El tierno vidrio de la noche (2006).

Alba Montes Bello tiene un doctorado en Sociología de la Uni-

versidad Nacional Autónoma de México. Es profesora a tarea parcial en varias universidades del área metropolitana de San Juan. Investiga sobre el paso del keynesianismo/fordismo al neoliberalismo, sobre las transformaciones de la clase trabajadora en el capitalismo contemporáneo y sobre los actuales procesos de trabajo de los profesores universitarios. Su publicación más reciente es Las condiciones de trabajo de los profesores en la universidad neoliberal: bases teóricas (Apuesta, 2006).

Miguel Ángel Náter obtuvo su doctorado en Estudios Hispánicos

de la Universidad de Puerto Rico. Entre sus investigaciones están diversos ensayos analíticos sobre los escritores Jorge Cuesta, Pablo Neruda, Octavio Paz, Fedor Dostoievski, Francisco Matos Paoli, Luis Hernández Aquino, José María Arguedas, René Marqués y José Donoso. Su tesis doctoral, El espacio apocalíptico en las novelas iniciales de José Donoso, fue premiada por la Academia Puertorriqueña de la Lengua. Ha publicado dos libros de poesía: Ceremonial (1993) y Esta carne proscrita (2004); también Los demonios de la duda: teatro existencialista hispanoamericano y La queja de los besos negros (2004). Es profesor del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.

Janice Newson completó su bachillerato en teología y su maestría

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y doctorado en sociología, estos dos últimos de la Universidad de Toronto. Es profesora de la Universidad de York desde 1971. Ha presidido la Asociación Canadiense de Sociología y Antropología y es miembro del Governing Council of the Canadian Association of University Teachers, de cuyo comité de asuntos de mujeres ha sido jefa. En la Universidad de York dirigió la Asociación de Profesores cuando negociaron el primer convenio colectivo. Ha sido miembro del Senado Académico de la Universidad de York y directora del Programa Graduado de Sociología. Coordinó el comité de comunicaciones del sindicato de profesores durante la huelga de 1997. Desde 1985 ha investigado y escrito sobre la relación universidad-corporaciones. Es coautora del libro The University Means Busine×ss: Universities, Corporations and Academic Work (Toronto: Garamond, 1988) y coeditora de Universities and Globalisation: Critical Perspectives (Thousand Oaks, Cal.: Sage Press, 1998). Sus más recientes investigaciones versan sobre regímenes éticos, tecnología, educación y universidad y sobre la destrucción de la universidad. Actualmente escribe, junto con Claire Polster (University of Regina), dos libros sobre los cambios sufridos por las universidades durante las últimas tres décadas.

Tania A. Ramos González completó su Maestría en Estudios

Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico. Es profesora a tarea parcial en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Facultad de Humanidades del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico.

Su principal tema de investigación es la poesía. Su tesis de maestría, La idea de muerte en la poesía de Idea Vilariño, le valió el premio de mejor investigación en poesía. Es poeta que ha publicado algunos de sus poemas en el semanario Claridad (varios años) y para el Centro de Estudios Poéticos en Madrid (2003). Maestra de Ballet clásico por dieciocho años e instructora certificada del método Stott Pilates. Coreógrafa cuyas sus creaciones han ganado premios y menciones a nivel internacional.

Luis N. Rivera Pagán posee un doctorado en teología de la Uni-

versidad de Yale. Actualmente ocupa la Cátedra Henry Winters Luce de Ecumenismo del Seminario Teológico de la Universidad de Princeton. Es el autor de los libros A la sombra del armagedón: reflexiones críticas sobre el desafío nuclear (1988), Senderos teológicos: el pensamiento evangélico puertorriqueño (1989), Evangelización y violencia: La conquista de América (1990), A Violent Evangelism: The Political and Religious Conquest of the Americas (1992), Los sueños del ciervo: Perspectivas teológicas desde el Caribe (1995), Entre el oro y la fe: El dilema de América (1995), Mito exilio y demonios: literatura y teología en América Latina (1996), Diálogos y polifonías: perspectivas y reseñas (1999), Fe y cultura en Puerto Rico (2002), Essays From the Diaspora (2002).

Ramón Rosario Luna es doctor en Psicología Social de la Univer-

sidad de Puerto Rico. Ha realizado múltiples investigaciones sobre la epistemología de la creación musical, especialmente sobre los sistemas armónicos tonales y post-tonales. Profesor a tarea parcial en el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Estudios Generales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Trabaja desde 2000 como consejero en un centro correccional. Compositor y guitarrista.

Gazir Sued Jiménez realizó su doctorado en Filosofía del De-

recho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado Utopía Democrática: reflexiones sobre el imaginario político (pos)moderno y el discurso Democrático (2001) y El Espectro criminal: reflexiones teóricas, éticas y políticas sobre la imaginería prohibicionista, las alternativas despenalizadoras y el Derecho en el Estado de Ley (2004).

Profesor a tarea parcial en la Facultad de Ciencias Sociales del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico. Artista gráfico, autor del fotomontaje “No en mi nombre” (Apuesta, 2006).