AUTONOMÍAS Y EMANCIPACIONES. AMÉRICA LATINA EN MOVIMIENTO
Entre 1973 y la actualidad se produjo una profunda inflexión, una verdadera contrarrevolución urbana. Entre 1980 y 2000 se construyeron en Santiago 202 mil «viviendas sociales» para trasladar a un millón de personas que vivían en poblaciones autoconstruidas, la quinta parte de la población de la capital, a conjuntos habitacionales segregados, alejados del centro (Rodríguez y Sugranyes, 2005). Interesa mirar más de cerca este proceso para ver cómo están operando los estados y el capital para intentar frenar y revertir la «toma de posiciones» de los sectores populares en las ciudades. El 65% de los habitantes instalados en esos conjuntos quiere irse ya que al hacinamiento en pequeñas viviendas se suma el aislamiento por estar confinados lejos del centro de la ciudad. Se constata cómo las políticas de la dictadura, continuadas y profundizadas por la democracia desde 1990, han provocado cambios regresivos que se resumen en el paso de «la complejidad espacial de los campamentos a la uniformidad de los conjuntos de viviendas sociales», de «la organización a la fragmentación» y, muy en particular, de «la toma como acto de integración a la ciudad, a la expulsión de la ciudad que perciben los habitantes de las villas» (Rodríguez y Sugranyes, 2002: 17)69. Todo el proceso debe considerarse como la destrucción de un poder popular territorial que se plasmaba en los campamentos. Ese fue el objetivo trazado por el capital, ejecutado por la dictadura y proseguido por la democracia. Para los pobres se construyó una enorme masa de viviendas de bajo estándar en todo el país. La forma como se fue procesando esta construcción, que de forma explícita buscaba erradicar los campamentos, es sintomática. Al comienzo del plan, la producción de viviendas subsidiadas durante los años de la década de los 80, «se aplicó casi en forma exclusiva a los programas de erradicación de «campamentos» –asentamientos irregulares localizados en los sectores de mayores ingresos–, particularmente en las comunas de Santiago y Las Condes» (Rodríguez y Sugranyes, 2005: 30). Se procedió en primer lugar a «limpiar» los barrios ricos. Con ello se buscaba un doble objetivo: eliminar las distorsiones que los asentamientos creaban sobre el valor del suelo en los sectores centrales y consolidar la segregación espacial de las clases sociales como medida de seguridad. Entre 1979 y 1983 unas 120 mil personas fueron objeto de traslados forzados de los campamentos que habían ocupado en los años 60 y 70 69
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En Chile se denomina «toma» a la ocupación ilegal de un predio, «campamento» al asentamiento irregular y «villa» al conjunto habitacional construido por el estado.