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Opinión

Acreedores en problemas La ley 26.684 atenta contra la tutela del crédito de los acreedores concursales.

Por Sebastián Borthwick. Abogado (UBA) y Master en Derecho y Economía (UTDT). Abogado senior especializado en derecho corporativo en el estudio Richards, Cardinal, Tützer, Zabala & Zaefferer.

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El 29 de junio de 2011 se promulgó la ley 26.684 que modificó la ley de Concursos y Quiebras (LCQ). Esta reforma riñe contra la tutela del crédito de los acreedores, un pilar sobre el que reposa el Derecho Concursal. La inquietud que formulamos, cuya respuesta no será develada en el corto plazo, es si la reforma podría ser susceptible de generar una contracción al crédito empresario en virtud de la mayor debilidad de la garantía que pudiera ofrecer el deudor (máxime si se considera otorgar una garantía real sobre el establecimiento fabril o bienes ubicados en el mismo). La ley 26.684 habilita, en la hipótesis de una quiebra, a que una cooperativa de trabajo formada por las dos terceras partes de los trabajadores en relación de dependencia con la persona fallida o de los acreedores laborales continúe con la explotación de la empresa quebrada. Los acreedores titulares de créditos garantizados con hipoteca o prenda están habilitados en la quiebra a reclamar el pago de sus créditos mediante la venta de la cosa sobre la que recae el privilegio (conforme arts. 126 y 209 de la LCQ), sin embargo dichos acreedores no pueden ejercer tal facultad si hay continuación de la explotación de la empresa. Asimismo, a pedido de la cooperativa de trabajadores el juez por decisión fundada puede suspender las ejecuciones hipotecarias o prendarias por hasta dos años. Además, el nuevo art. 203 bis autoriza a que una cooperativa de trabajo, conformada por trabajadores de la empresa fallida, solicite la adquisición de la empresa pudiendo compensar total o parcialmente el precio de venta con los créditos de las indemnizaciones de los trabajadores, calculadas conforme al art. 245 de la LCT, que sean cedidos a la cooperativa de trabajadores. Como resultado de esta reforma, los acreedores titulares de créditos con hipoteca sobre el inmueble fabril o prenda sobre la maquinaria situada en la fábrica verán postergada la posibilidad de cobrar sus créditos con la venta de los bienes sobre

los que se asienta su privilegio por un tiempo prudencial (al menos dos años durante la quiebra). El proceso concursal es un juicio universal que se estructura sobre la base de principios jurídicos y económicos relacionados con la tutela del crédito. Cuando el crédito nace, su titular asume en el confronte de todo el patrimonio del deudor una posición jurídica de legítima expectativa. La credibilidad de los ordenamientos jurídicos modernos se asienta en su capacidad concreta de tutelar el derecho de crédito, que es un soporte indefectible de la libertad y del crecimiento (Pajardi P. “Radici e ideologie del fallimento” E. Giuffrè, Milán, 2002, pág. 66 y 6). La afectación de los derechos del acreedor podría generar una disminución del monto del crédito disponible en la economía y aumentar su costo. Dos son los principales elementos a considerar: los derechos del acreedor propiamente dichos (ej. ejecutar garantías; ser oídos en los procesos de reestructuración, respetar estrictamente el orden de prioridades pactado; derecho de información; etc.), y el enforcement del contrato de deuda (Villegas, Marcelo “Una visión financiera del derecho de la insolvencia. La reestructuración de la deuda privada”, publicado en Suplemento especial de Acuerdo Preventivo Extrajudicial de revista La Ley, noviembre de 2004, pág. 19). Entiendo que la reforma de la LCQ debe ser analizada de acuerdo a la coyuntura actual del país. El cooperativismo es un fenómeno social que ha crecido aceleradamente en el último lustro y su explicación excede el objeto de este artículo. La reforma busca proteger la fuente de trabajo, pero tal búsqueda es en detrimento del derecho de los acreedores concursales, algunos que, incluso, podrían haber coadyuvado, como dadores de capital, a la subsistencia de la empresa. El análisis del comportamiento de los agentes económicos del mercado demostrará si, en definitiva, la reforma de la LCQ efectivamente tuvo alguna consecuencia en el financiamiento externo de las empresas o no.

Auno 2011 nro 04  

Revista Auno Abogados 04 2011

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