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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-P AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LEYES EN MATERIA DE PATERNIDAD RESPONSABLE Y ALIMENTOS, QUE TENGAN POR OBJETO DETERMINAR LAS COMPETENCIAS Y UNIFORMAR LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL, QUE DEBERÁN SER OBSERVADAS POR LA FEDERACION, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ESTADOS, A FIN DE GARANTIZAR EL INTERES SUPERIOR DE LA INFANCIA, PRESENTADA POR LA DIPUTADA AUGUSTA VALENTINA DÍAZ DE RIVERA DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. CC. PRESIDENTE DE LA CAMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN

PRESENTE La que suscribe, diputada federal a la LXI Legislatura del H. Congreso de la Unión, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional , con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 55 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, someto a consideración de esta Honorable Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que ADICIONA LA FRACCIÓN XXIX-P AL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CON LA FINALIDAD DE FACULTAR AL CONGRESO DE LA UNIÓN PARA EXPEDIR LEYES EN MATERIA DE PATERNIDAD RESPONSABLE Y ALIMENTOS, QUE TENGAN POR OBJETO DETERMINAR LAS COMPETENCIAS Y UNIFORMAR LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN EL TERRITORIO NACIONAL, QUE DEBERÁN SER OBSERVADAS POR LA FEDERACION, EL DISTRITO FEDERAL Y LOS ESTADOS, A FIN DE GARANTIZAR EL INTERES SUPERIOR DE LA INFANCIA, bajo el tenor del siguiente:


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Los alimentos, al igual que la filiación conforman entre otros, derechos reconocidos a la infancia, mismos que se encuentran plasmados en instrumentos jurídicos nacionales, así como en instrumentos de carácter internacional vinculantes para el Estado Mexicano. Los alimentos conforman una categoría conceptual y legal que engloba las distintas necesidades que en el caso de las niñas y los niños, deben ser satisfechas para posibilitar el desarrollo de sus potencialidades, su regulación se encuentra plasmada en los códigos civiles de las entidades federativas y en el Código Civil Federal. Por su parte, la figura jurídica de la filiación forma parte del derecho de familia, y es determinada por la secuela del parentesco en línea ascendente o descendente de una persona o por voluntad declarada (Ávalos, 2005:2), y constituye un acto natural que produce efectos jurídicos. Para Rojina Villegas, esta figura representa un estado jurídico; es decir, una situación permanente que el derecho reconoce por virtud del hecho jurídico de la procreación, por mantener vínculos constantes entre el padre o la madre y el hijo. (Villegas, 1980: 591) Con relación a los derechos de filiación y alimentación, es necesario recalcar la gama de responsabilidades que se entrelazan para su cumplimiento. Por un lado, existe el reclamo privado, nacido de las normas civiles y por el otro, una exigencia social que dimana de normas de orden público. Sin embargo la legislación civil en el tema de alimentos, reconocimiento de la paternidad y en general los derechos civiles, al ser un tema reservado a los Estados abre la posibilidad de que existan tantas maneras de regular esta rama


del derecho como legislaciones estatales existen, complicando en muchos de los casos los trámites que se realizan con respecto al derecho familiar. El tema de los alimentos a las hijas y los hijos constituye un aspecto crucial, ya que las niñas y los niños requieren una asistencia inmediata destinada a cubrir sus necesidades apremiantes, las que, por cierto no pueden esperar el transcurso de un proceso judicial de reconocimiento de la paternidad, por más efectivo que este sea. El no contar con esta certeza de protección jurídica a los derechos de la infancia y de la madre, constituye una forma de violencia que debe ser erradicada como un imperativo del Estado y de la sociedad. Para el caso de los hijos e hijas no reconocidos por su padre, como consecuencia directa de haber nacido fuera del matrimonio según la legislación civil vigente, la insuficiencia alimenticia no es la única pérdida que sufre el niño, en espera de una resolución judicial o un acto de voluntad paternal, sino que además el abandono o la ausencia de estímulos provocan la pérdida del potencial de desarrollo; es decir no sólo se trata de desnutrición, sino que el desentendimiento del padre constituye un elemento que contribuye a colocar al niño en un situación de exclusión social que conduce al empobrecimiento evolutivo. (Müller, 1991: 56) Al mismo tiempo, la renuencia del padre a satisfacer las necesidades del hijo o hija, dentro de sus posibilidades económicas, perjudica

de manera directa el

derecho a la madre a la igualdad de oportunidades para su desarrollo personal, porque se ve obligada a hacer un esfuerzo multiplicado para poder criar a sus hijos o hijas, con jornadas laborales extensas y asumiendo la responsabilidad del padre.


Por otro lado, esta búsqueda de recursos para suplir la irresponsabilidad paterna, daña doblemente al niño o niña, pues a las carencias en la subsistencia se suma la privación del cuidado materno, con el riesgo de quedar expuesto a contingencias peligrosas. Podemos decir pues que en algunos casos el marco jurídico nacional vigente en materia de alimentos y reconocimiento de la filiación, se vulneran tanto los derechos de la mujer como los de la infancia. Es decir, que la construcción conjunta de los derechos de las mujeres y de las niñas y los niños y adolescentes se observan de manera transparente en el problema alimentario. El artículo 73 Constitucional establece las facultades del Congreso de la Unión, así como las materias sobre las cuales éste puede expedir leyes, y ha sido un catálogo de temas que evidencian los intereses de las y los legisladores, y es preciso decir que el tema del interés superior de la infancia y el reconocimiento de la paternidad no pueden ser la excepción. Pese al gran abanico de temas en los cuales el Congreso de la Unión

está

facultado para dictar leyes, el tema de los derechos de la infancia sigue siendo uno de los que menos trabajo legislativo se ha procesado, aun y cuando las y los niños merecen una preocupación extrema por las condiciones de abandono en la que muchas veces se encuentran incluso desde el momento de nacer, al no ser reconocidos por sus padres. La inclusión de este tema en el artículo 73 Constitucional tiene una gran importancia pues abrirá la puerta legislativa para que puedan ser aprobadas iniciativas de Ley en materia de paternidad responsable, alimentos y adopción que tienen como único y principal objetivo el reconocimiento y exigibilidad de los


derechos de la infancia, compromisos que también el Estado mexicano tiene hacia el exterior al haber ratificado instrumentos jurídicos internacionales en la materia. Es de suma importancia adicionar este artículo 73, pues los derechos de las niñas y los niños mexicanos no pueden seguirse postergando y aplazando, ya que sus temas y sus derechos son los derechos de todas y todos los mexicanos. Por lo anteriormente expuesto someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa:

“ÚNICO.- Se adiciona la fracción XXIX-P, del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de facultar al Congreso de la Unión para expedir leyes en materia de paternidad responsable y alimentos, que tengan por objeto determinar las competencias y uniformar las disposiciones aplicables en el territorio nacional, que deberán ser observadas por la Federación, el Distrito Federal y los estados, a fin de garantizar el interés superior de la infancia, PARA

QUEDAR COMO SIGUE:

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: Artículo 73. … I a XXIX-O… XXIX-P. Para expedir leyes en materia de paternidad responsable y alimentos, que tengan por objeto determinar las competencias y uniformar las disposiciones aplicables en el territorio nacional, que deberán ser observadas por la Federación, el Distrito Federal y los estados, a fin de garantizar el interés superior de la infancia.


XXX. . . Transitorios Primero.- La presente reforma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo.- El Congreso de la Unión deberá expedir las leyes que den cumplimiento al presente mandato constitucional, en un plazo máximo de un año contado a partir de la entrada en vigor de esta reforma. Tercero.- Las disposiciones en materia de paternidad responsable y alimentos, en los estados y el Distrito Federal, continuarán en vigor hasta en tanto el Congreso de la Unión expide la ley respectiva.

Dado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, a los 11 días del mes de abril del 2010

Suscribe Dip. Augusta Valentina Díaz de Rivera

Reforma Constitucional para que el Congreso legisle en materia de Paternidad Responsable  

Presentada el 11 de abril del 2010

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